Un estudio reciente del Institut for Security Studies de la Unión Europea pone sobre la mesa el cambio de orientación de las políticas migratorias de estos dos países magrebíes. Hasta no hace mucho, no existía una política migratoria en sentido estricto debido al hecho de que se consideraban simplemente países de tránsito entre el centro y el sur de África y Europa. Los inmigrantes eran personas en tránsito que, eso sí, habían doblado su número en los últimos años (aunque las rutas principales de inmigración ilegal hacia Europa se sitúan en el este y en el centro del continente).

Últimamente Argelia, siguiendo el camino iniciado por Marruecos en el año 2013, ha anunciado planes para conceder derechos de residencia a los inmigrantes subsaharianos ilegales, aunque no ha anunciado la cantidad de regularizaciones que se ofrecerán (se calcula que ese país hay entre 25.000 y 100.000 inmigrantes irregulares). Marruecos ya había regularizado 25.000 inmigrantes en 2013 y ahora prepara una segunda campaña. Las ventajas de estas campañas pueden ser varias:

• Los dos países necesitan mano de obra en varios sectores. Los inmigrantes pueden llenar este hueco y contribuir al crecimiento de la economía del país.
• Fortalece la posición de los dos países a la hora de negociar con los estados miembros de la Unión, ya que uno de los objetivos de esta campaña es contener a los inmigrantes en origen, antes de que lleguen a Europa. Las facilidades para regularizar su situación en los países de tránsito podría disuadirles de continuar el trayecto migratorio. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en febrero de este año 1.100 subsaharianos entraron en España en tres días, la posibilidad de contener a estos contingentes en Marruecos o Argelia parece atractiva.
• Esta regularización puede facilitar una cierta integración de los inmigrantes, circunstancia que dificultará que sean influenciados por grupos como ISIL o Al Qaeda, presentes en la zona, ya que las personas desarraigadas son más fácilmente seducibles por los discursos de estos grupos. Esta situación permitiría afrontar la amenaza terrorista con más garantías de éxito.
• Las regularizaciones fortalecerían las relaciones de los dos países con los del ámbito subsahariano y aumentaría su rol de liderazgo en la zona.

Curiosamente, estas regularizaciones se están llevando a cabo con algunas reticencias, con grupos que se oponen a ellas, al considerar que los inmigrantes irregulares sólo traerán influencias negativas. Por ejemplo, en Argelia, el anuncio de la regularización estuvo seguido del lanzamiento de una campaña online bajo el título “Ningún africano en Argelia”, con los argumentos que estos inmigrantes pueden quitarles los puestos de trabajo y difundir la sida.

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La Oficina del Alcalde de la ciudad de Nueva York ha publicado recientemente un estudio sobre el tratamiento de los homicidios íntimos perpetrados por la pareja en las noticias publicadas en prensa entre 2013 y 2016 (442 artículos publicados en medios de comunicación). El estudio apunta que las informaciones superficiales o irresponsables sobre la violencia infligida por la pareja revictimizan a las personas que la han sufrido y que leen la noticia. Además, este tratamiento puede contribuir a perpetuar los ciclos de abuso. En concreto, el informe subraya la perspectiva sensacionalista utilizada en las situaciones especialmente extremas, como son los asesinatos de las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, es decir, los feminicidios.

El estudio News Coverage of Intimate Partner Homicides in New York City (2013-16), elaborado por Sandhya Kajeepeta, Kara Noesner y Edward Hill, destaca principalmente que:

• Sólo diez de los 442 artículos (2,3%) que cubrieron los homicidios íntimos de pareja sucedidos en Nueva York en el periodo 2013-2016 contaron como fuente experta con un abogado o abogada con experiencia en este tipo de homicidio.
• Sólo el 15% de los artículos utilizaron términos específicos como “violencia doméstica”, “violencia íntima de pareja” o “abuso doméstico”, y menos del 8% describen el homicidio como íntimo relacionándolo con la violencia.
• Menos del 6% de los artículos encuadran el homicidio dentro de un problema social más amplio de la violencia íntima de pareja.
• Sólo siete artículos (1,6%) incluyeron información sobre servicios y recursos para las víctimas de esta violencia.
• El estudio también señala que se hizo una cobertura diferente de la noticia entre los homicidios en que las víctimas eran hombres y las perpetradoras eran mujeres, y los que implicaban víctimas mujeres y perpetradores hombres, más habituales.

En nuestro país, en 2004 el Colegio de Periodistas de Cataluña y la Concejalía de las Mujeres del Ayuntamiento de Barcelona elaboraron, en el seno de una comisión constituida al efecto, el documento Recomendaciones. El tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación, que ponía énfasis en el caso de los programas informativos y de entretenimiento.

El año 2009, para dar cumplimiento a la Ley catalana 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, cuyo artículo 23 regula el tratamiento de la información, y recuperando el trabajo iniciado en 2004, estas recomendaciones se actualizaron, mediante una nueva comisión formada por las entidades que ya participaron en el grupo de trabajo anterior, a la que se sumaron el Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona, el Programa de Seguridad contra la Violencia Machista del Departamento de Interior y el Observatorio de las Mujeres en los Medios de Comunicación. El resultado fue un documento de recomendaciones para el tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación que establece diferentes ejes que deben tenerse en cuenta a la hora de tratar una noticia de este ámbito, que destacan la importancia de dar una información contrastada y rigurosa, así como de hacer un seguimiento, respetando la dignidad e intimidad de las personas afectadas y evitando detalles de sensacionalismo o dramatismo en la noticia.

En esta línea de trabajo, desde el año 2006, la Asociación de Mujeres Periodistas lleva a cabo un análisis anual sobre cómo tratan los medios de comunicación la información sobre violencia machista en el ámbito de la pareja y cómo aplican en su día a día informativo estas recomendaciones. Pueden consultar el último estudio Impacto de las recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación (2016) en su web.

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La ola de refugiados acogidos en Alemania los últimos años (más de un millón) parece haber provocado un cierto desgaste en la tradicional predisposición de los alemanes a recibir a recién llegados.

Los resultados de una encuesta publicados recientemente aportan mucha luz al estado de la cuestión sobre este tema por tierras alemanas, sobre todo si se comparan con los de las encuestas de 2012 y 2015. En primer lugar, hay que decir que todavía hoy la predisposición a dar la bienvenida a gente de fuera es mayoritaria. Sin embargo, existen diferencias entre la actitud hacia los refugiados y hacia los inmigrantes. Estos últimos son todavía vistos como positivos de forma mayoritaria (un 74% de la población en los länder occidentales y un 53% en los orientales). Con los refugiados la situación empieza a tambalearse, sobre todo en el este, donde sólo un 33% de los encuestados los ven de forma positiva. En el oeste, todavía un 65% responden que, para ellos, los refugiados son bienvenidos en el país.

En el caso de los refugiados aparece una crítica muy clara al resto de socios de la Unión Europea, que no han asumido un número de refugiados comparable ni de lejos al de Alemania. Este es un factor que ha provocado mucha decepción entre la población.

Los síntomas de agotamiento se muestran claramente. La mayoría de la población (54%) cree que la capacidad de Alemania de acoger a más refugiados está al límite y sólo dos de cada cinco encuestados estarían dispuestos a aceptar más por razones humanitarias. La mayoría de los alemanes piensa que los refugiados tendrían que ser autorizados a trabajar mucho más rápidamente que ahora. Asimismo, creen que todos los estados miembros de la Unión tendrían que tener un número concreto de refugiados, que deberían aceptar necesariamente. No llegan a la cuarta parte de los encuestados los que piensan que los refugiados son visitas temporales y, por lo tanto, el gobierno no debería hacer ningún esfuerzo por integrarlos.

En estos momentos, sólo los más jóvenes (entre 14 y 29 años) mantienen, por una ajustada mayoría, que Alemania tendría que seguir aceptando refugiados por razones humanitarias. En el resto de franjas de edad, no llegan a la mayoría los partidarios de seguir recibiendo refugiados. En general, la percepción de las ventajas que comporta la población llegada ha disminuido y los inconvenientes son ahora más visibles.

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Este es el noveno informe mensual sobre los progresos realizados en la construcción de una Unión de seguridad efectiva y genuina y estudia la evolución de los dos pilares principales: el abordaje del terrorismo y la delincuencia organizada y los medios que les dan apoyo.

El informe expone las conclusiones que la Comisión estudia con la evaluación integral de la acción de la Unión en el ámbito de la seguridad interior. La evaluación examina la relevancia y la eficacia de las políticas y los instrumentos de la UE para dar apoyo a los países miembros en la lucha contra el terrorismo y la prevención de la radicalización, el abordaje de la delincuencia organizada y la lucha contra el ciberdelito.

En cuanto a las medidas adoptadas en el ámbito de la UE respecto a la seguridad interna, la evaluación se basa en el análisis interno de los servicios de la Comisión, las encuestas realizadas con las autoridades de los estados miembros y las agencias de la UE, y un diálogo inclusivo con una amplia gama de actores, incluidos el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, la sociedad civil, los grupos de reflexión, los académicos y los representantes de la industria.

Aunque el resultado conjunto de la evaluación global es positivo y confirma la aceptación y la relevancia de los principales instrumentos de la política de seguridad de la UE, la evaluación también identifica los desafíos y lagunas que impactan en la cooperación efectiva en la Unión de seguridad. Eso incluye la necesidad de desarrollar y ajustar aún más las políticas y las herramientas existentes para responder a la amenaza en evolución del terrorismo, como también destaca las conclusiones del Consejo Europeo del 22 al 23 de junio de 2017, el Plan de acción del G20 para combatir el terrorismo de 7 de julio de 2017 y la declaración de la Cumbre de Taormina G74 sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento de 26 de mayo de 2017.

Este informe proporciona, asimismo, una actualización sobre los progresos alcanzados en la implementación de los ficheros prioritarios de seguridad, con los próximos pasos para evitar la financiación del terrorismo a través del tráfico de bienes culturales y mejorar el intercambio de información a través de la interoperabilidad de los sistemas de información y su plena implementación.

Entre los principales retos para una política efectiva de seguridad de la UE, el informe destaca que:

• La implementación incompleta de algunas políticas e instrumentos de la UE a nivel nacional reducen su efectividad. Hay que revisarlo.
• La complejidad de algunos instrumentos y herramientas de la UE hace que para las autoridades nacionales sean más difíciles de utilizar.
• Las capacidades limitadas a nivel nacional requieren una agrupación mayor de recursos y conocimientos sobre la UE y las sinergias en todos los ámbitos políticos.
• La evolución de las amenazas exige que la UE actualice sus instrumentos y herramientas.

La evaluación integral demuestra que, para una serie de políticas e instrumentos clave de la UE en materia de seguridad interna, los estados miembros no tienen una aplicación plena a nivel nacional. Son ejemplos de ello la legislación en materia de crimen organizado o el marco Prüm para el intercambio de datos de ADN, los datos de huella digital y los datos de registro de vehículos. La falta de aplicación completa de estos instrumentos impide su eficacia y evita que los estados miembros exploten todo su potencial.

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El Observatorio Nacional Ciudadano de México publicó, a finales de junio de 2017, el estudio Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016, en el cual analiza los registros públicos de los seis hechos delictivos que considera que impactan de una manera más acentuada en la ciudadanía: homicidios dolosos y homicidios culposos (negligentes), secuestros, extorsiones, robos violentos y robos de vehículos.

Por todo el país los hechos conocidos o investigados fueron:

• 20.792 homicidios dolosos, con 22.935 víctimas (un 21,55% más que en el año anterior), 18,76 víctimas por cada 100.000 habitantes.
• 15.170 homicidios culposos, con 16.878 víctimas (un 5,15% menos que en el año anterior), 13,80 víctimas por cada 100.000 habitantes.
• 1.865 víctimas de secuestros (0,26% menos que en el año anterior), 1,53 por cada 100.000 habitantes.
• 5.240 casos de extorsión, con 5.375 víctimas, 4,40 por cada 100.000 habitantes. En este caso, el número de víctimas bajó un 0,57% respecto al año anterior, pero el número de casos aumentó un 1,14%.
• 171.555 robos con violencia (un 3,6% más que en el año anterior), 140,30 por cada 100.000 habitantes.
• 161.567 robos de vehículo (un 2,33% más que en el año anterior), 389,11 por cada 100.000 vehículos o 132,14 por cada 100.000 habitantes. De estos robos de vehículo, el 72% fue con violencia y el 38%, sin violencia.

Además de los datos de todo el país, el estudio también presenta las cifras por diferentes divisiones y subdivisiones territoriales, destaca algunas alertas a partir de la incidencia o la variación de alguna de estas tipologías delictivas, y dedica todo un apartado al papel de la ciudadanía y las organizaciones civiles relacionadas con la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, Justicia y Legalidad.

El informe es muy crítico con las instituciones mexicanas, tanto en lo que se refiere a las políticas de seguridad implementadas como en cuanto a los aspectos referentes a la recogida de datos. Por una parte, considera que el Gobierno mexicano centra su actividad en el ataque frontal a la criminalidad organizada y deja de lado, entre otros, las políticas preventivas y la lucha contra el tráfico de armas, el lavado de dinero y la corrupción. Por otra, manifiesta que los datos públicos generan desconfianza por varios motivos: en algunos casos, hay municipios con pocos o nulos registros de algunas tipologías, como los robos a peatones. En otros casos, algunas demarcaciones tienen grandes cambios en sus cifras en un corto espacio de tiempo. Eso se añade a la baja confianza de la ciudadanía en la denuncia policial, que tiene como consecuencia una cifra oscura o negra que llega al 93,7% según la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) de 2016 (hechos de 2015). Las extorsiones son uno de los ilícitos que tienen un porcentaje más alto de no denunciados. Según el ENVIPE de 2016, era el segundo delito más habitual y representaba un 24,2% del total de hechos que pasaron en el 2015, únicamente por debajo de los robos o atracos en la calle o en el transporte público, que fueron el 28,2%.

Entre las recomendaciones finales que hace el estudio se encuentran mejorar los indicadores de seguridad, crear mecanismos que fomenten la denuncia y reduzcan la cifra negra, combatir y priorizar la lucha contra el tráfico de armas y el lavado de dinero, fundamentar las políticas públicas de seguridad (tanto preventivas como reactivas) en diagnósticos e información de confianza, y vincular a la sociedad civil con las instituciones de seguridad.

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El Centro Criptológico Nacional español (CCN) publicó a principios de junio, a través del CCN-CERT, la edición 2017 de su Informe sobre ciberamenazas y tendencias. Este organismo forma parte del Centro Nacional de Inteligencia y es el encargado de gestionar los ciberincidentes que afecten sistemas del sector público, empresas y organizaciones de interés estratégico y cualquier sistema clasificado.

El informe evidencia la complejidad de la delincuencia en internet: los autores tienen perfiles y motivaciones diversas, en función de las cuales atacan al sector público, a las organizaciones privadas o a la ciudadanía, con unas técnicas y unos objetivos diferentes en cada caso. Por ejemplo, las organizaciones criminales que buscan un beneficio económico atacan para robar, publicar o vender información, manipular la información, interrumpir sistemas o tomar el control. Por su parte, los cibervándalos o script kiddies[1] sólo quieren evidenciar vulnerabilidades, divertirse o tomarse los ataques como retos, y sus acciones pretenden robar información o interrumpir sistemas. Los demás actores identificados son estados, organizaciones privadas, ciberterroristas, ciberyihadistas, ciberactivistas, actores internos o ciberinvestigadores.

Buena parte de los ataques se centran en el software, pero también los usuarios se identifican como vulnerabilidad, poniendo énfasis en la utilización de dispositivos móviles y de la ingeniería social (de la cual se habló en una entrada anterior). También merece una atención especial la emergencia de la internet de las cosas (IoT por las siglas del inglés internet of things), ya que muchos de los fabricantes de estos dispositivos conectados no implementan medidas de seguridad y se detectan en ellos grandes carencias que les hacen muy vulnerables a ataques que pueden facilitar que los controlen en remoto terceros no autorizados.

Para el año 2017, se prevén amenazas más sofisticadas y dirigidas a objetivos concretos (en lugar de ataques indiscriminados). Más allá de esta previsión, se mencionan una veintena de tendencias, tanto con respecto a las amenazas como a la respuesta a estas amenazas, entre las que destacan:

• Nuevos tipos de ataques complejos
• Infecciones efímeras, sin la voluntad de persistir en el tiempo, pero que causan un gran daño mientras están activas
• Dispositivos móviles como objetivo del ciberespionaje
• Ataques contra sistemas de control industrial, focalizados en infraestructuras críticas
• Seguridad débil de la internet de las cosas
• Aprendizaje automático como catalizador de ataques de ingeniería social
• Ataque a la privacidad como herramienta del ciberactivismo

Se puede consultar un resumen ejecutivo del informe en la web del CCN.

[1] Definidos como “aquellos que, con conocimientos limitados y haciendo uso de herramientas construidas por terceros, llevan a cabo acciones como desafío, sin ser, muchas veces, plenamente conscientes de sus consecuencias”.

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El informe sobre la situación de las drogas en Europa 2017 estima el volumen económico del mercado minorista de todas las drogas ilegales en la Unión Europea en unos 24.000 millones de euros en 2013. Los últimos diez años se han desarrollado mercados online gracias a la aparición de las nuevas tecnologías de Internet, que coexisten con el mercado de drogas físico.

Las principales drogas estimulantes ilegales disponibles en Europa actualmente son la cocaína, la anfetamina, la metanfetamina y el MDMA. El valor del mercado minorista de estimulantes en la UE se estima entre 6.300 y 10.200 millones de euros. Existen marcadas diferencias entre regiones respecto al estimulante más intervenido, a causa de la ubicación de los puertos de entrada y las rutas de tráfico, los principales centros de producción y los grandes mercados de consumidores.

La cocaína es el estimulante del cual se realizan más intervenciones en muchos países del oeste y del sur, lo que refleja claramente los puntos por donde entra la droga en Europa. En total, en el año 2015 se notificaron en la UE cerca de 87.000 intervenciones de cocaína. Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal concentraron el 78% de las 69,4 toneladas intervenidas. El país donde se interviene más cocaína es España, con 22 toneladas en 2015.

El consumo por vía parenteral disminuye, pero sigue siendo un reto para las políticas de salud pública.

La hierba de cannabis –la marihuana– y la resina de cannabis –el hachís– son los dos principales productos de cannabis vendidos en el mercado de drogas europeo. Los productos de cannabis representan el mayor porcentaje –38%– del mercado minorista de drogas ilegales en Europa, con un valor estimado de 9.300 millones de euros.

La marihuana que se encuentra en Europa procede tanto del cultivo interior como de otros países. El hachís se importa mayormente de Marruecos. Según estimaciones, el mercado minorista de estas drogas en la Unión Europea se valora en unos 24.000 millones de euros en el año 2013.

Anualmente, en la Unión Europea se producen más de un millón de intervenciones de drogas ilegales. Numéricamente, la mayoría corresponden a pequeñas cantidades decomisadas a los consumidores, aunque las intervenciones de varios kilos a traficantes y productores representan la mayor parte del total.

El cannabis es la droga que más se interviene, ya que supone más del 70% de las intervenciones en Europa. La cocaína ocupa el segundo lugar, con un 9%; las anfetaminas un 5%, igual que la heroína, y finalmente el MDMA con un 2%.

En 2015, más del 60% de las intervenciones de drogas realizadas en la Unión Europea se concentraron en solo tres países: España, Francia y Reino Unido. También llegaron a cifras considerables Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia y Suecia.

Enlaces:

Informe EMCDDA 2016 sobre perspectivas del ámbito de las drogas: http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis

Documento EMCDDA http://emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ESN.pdf

Documento EMCDDA sobre cambios recientes en el mercado europeo de éxtasis y MDMA http://www.emcdda.europa.eu/publications/rapid-communications/2016/mdma

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En mayo del 2017, el Bureau of Justice Statistics (BJS) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha publicado el informe “Police Response to Domestic Violence, 2006-2015”, sobre la evolución de la violencia doméstica y la respuesta policial ante esta problemática. Los datos han sido extraídos de la National Crime Victimitzation Survey (NCVS).

Cabe destacar que el informe conceptualiza la violencia doméstica como aquellos hechos que tienen lugar en el seno de la pareja y en las relaciones familiares, ya sean graves o ataques simples, e incluye hechos contra las personas y contra el patrimonio. No se puede comparar la situación con el territorio catalán, ya que aquí se presta una atención especial a aquella violencia en que la víctima es una mujer y el agresor, un hombre ¾violencia machista¾, a diferencia de otros tipos de violencia, como por ejemplo en el ámbito doméstico o social y comunitario.

En el periodo 2006-2015, la media anual de casos de violencia doméstica en los Estados Unidos es de 1,3 millones y la policía ha conocido poco más de la mitad. Según la NCVS, se estiman 582.000 victimizaciones no reportadas a la policía. No se incluyen las víctimas mortales.

Las víctimas exponen las siguientes razones para no informar: agresión como una cuestión privada (32%), protección del agresor (21%), percepción de la agresión como leve o sin importancia (20%), miedo a las represalias del agresor u otros (19%) o desconfianza hacia la policía (8%).

La victimización femenina presenta la misma frecuencia tanto si comporta lesiones graves (54%) como si no comporta lesiones (55%).

En un 64% de los casos, la policía se ha presentado en el lugar del incidente dentro de los 10 minutos posteriores a ser informados. Casi la totalidad de las víctimas aseguran la presencia policial en el plazo de una hora después del suceso (94%).

Las actuaciones policiales más comunes han sido la redacción de un informe sobre los hechos (78%), el interrogatorio (36%) y la búsqueda de evidencias (11%).

La detención del agresor se produce en un 32% de las victimizaciones femeninas graves y en un 44% cuando la víctima es hombre. Cuando no hay lesiones, el porcentaje de arresto es del 16% para ambos sexos.

Un 48% de las víctimas y familiares han informado de los hechos a la policía y han interpuesto denuncia penal contra el agresor. La mayor frecuencia se encuentra en la victimización femenina (21%), en el ámbito de la pareja (52%) y cuando supone violencia grave (56%).

El seguimiento policial ha tenido lugar en la mitad de casos en que la violencia se ha denunciado y en un tercio de las victimizaciones sin denuncia.

Casi todos los departamentos de policía local de los Estados Unidos que sirven a 250.000 o más habitantes disponen de una unidad especializada en violencia doméstica a tiempo completo. Estas unidades se encargan de investigar los casos más graves de violencia doméstica, cooperar en la prevención de la delincuencia, dar asistencia física y psicológica a las víctimas, preparar a los agentes de policía, ofrecer protección ante futuras victimizaciones, hacer recomendaciones en el proceso de justicia criminal y dar asistencia para obtener la reparación, entre otros.

Aproximadamente el 21% de las victimizaciones conocidas por la policía sobre violencia doméstica han sido atendidas por la unidad de asistencia a las víctimas.

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El ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales) y el INSEE (Instituto national de la statistique et dese études économiques) explotan la encuesta anual de victimización Cadre de vie et sécurité (CVS) desde hace casi 10 años (2007-2015), que parte de una muestra anual de aproximadamente 16.500 personas de 14 años y más obtenida entre las familias francesas.

En el ámbito de las victimizaciones individuales, se contabilizan el último y el penúltimo insulto sufrido. La persona perjudicada puede precisar si el tipo de comentario es de tipo racista, antisemita, xenófobo, homófobo, sexista o de otro tipo (existe la opción de no saber clasificar el tipo de insulto). La encuesta también permite reproducir literalmente el último insulto sufrido, lo que posibilita realizar una clasificación más objetiva.

Principales resultados de la encuesta CVS

Del total de personas encuestadas entre 2007 y 2015, el 12,4% declararon haber sufrido algún insulto a lo largo de los dos años anteriores en el momento de responder la encuesta. Un 14% dijeron que este insulto tenía carácter racista, antisemita o xenófobo.

Perfil de las víctimas

La mitad de las víctimas de insultos racistas tenía menos de 38 años y un 24%, entre 14 y 24 años. Entre los más jóvenes, los hombres han sido más victimizados que las mujeres: en la franja de edad de los 14-24 años, el 27,9% de las víctimas eran hombres, ante el 22,4% de mujeres. La franja de edad de los 35-44 años también registró victimizaciones del 21,1% entre los hombres, ante el 19,5% de mujeres. Las agresiones verbales con connotaciones racistas van disminuyendo a medida que aumenta la edad de los individuos. Por lo tanto, los hombres jóvenes resultan más victimizados por agresiones de tipo racista; no obstante, cuando la agresión verbal tiene otras motivaciones, las mujeres resultan más victimizadas en todas las franjas de edad.

Perfil de los autores

En un 59% de los casos, los autores van solos, y, en este supuesto, raramente se trata de menores (un 15% de los casos); en cambio, este porcentaje de menores infractores se dobla cuando actúan en grupo. Para un 89% de hombres victimizados y un 62% de mujeres victimizadas, los autores eran de sexo masculino.

Vinculación entre autor y víctima

 Cerca de dos tercios de los casos indican que autor y víctima no se conocían. Cuando hay conocimiento previo, este es superficial, se conocen de vista (22%). Hay un vínculo de amistad, familiar o similar en el 13% de los casos.

Canal utilizado para la discriminación  

La mayoría de insultos racistas se produjeron en horario diurno y día laborable (para un 79% y 86% de las víctimas). Según expresaron las víctimas, la gran mayoría de los infractores no estaba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas.

La mayoría de víctimas de insultos racistas han expresado que se han producido cara a cara (97%) y sólo de forma marginal el medio ha sido el correo postal o electrónico o por teléfono.

Espacio donde se produce la agresión verbal

El insulto de carácter racista se produce principalmente en la calle (38%); el espacio público (transportes públicos y establecimientos comerciales) registra la mayoría de víctimas (58%). El 42% de las víctimas declaran haber sido ofendidas en un espacio privado, principalmente en el puesto de trabajo o de estudio.

Puede ampliarse esta información consultando los documentos siguientes:

• Las injures à caractère raciste, antisémite ou xénophobe
• Las injures racistas, antisémites ou xénophobes

Otros apuntes del blog relacionados:

• El proyecto europeo Prism analiza el discurso del odio a las redes sociales
• Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de delitos de odio y discriminación
• SIVIVO, Sistema de Vigilancia de Violencia de Odio

Web de los Mossos d’Esquadra: Odio y discriminación [en catalán]

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Según publica un informe reciente del Vera Institute of Justice de los Estados Unidos, la mayoría de los estados han introducido reformas legislativas en el ámbito de la policía.

El discurso norteamericano de la justicia penal se ha centrado en gran medida en la policía a lo largo de los últimos años. Cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden –frecuentemente con resultado de muertes– y con su aplicación desproporcionada a las personas de color han centrado el debate real y virtual y han convertido casos reales y puntuales en fenómenos virales que son incomparables con ningún otro momento de la historia reciente.

Al mismo tiempo, “los homicidios” de policías que han tenido lugar en Nueva York, Dallas y Baton Rouge aumentaron los temores por la seguridad de los agentes. En respuesta, las partes interesadas del gobierno y las comunidades han empezado a buscar maneras de aumentar la confianza del público en el cumplimiento de la ley, que es básica para la seguridad pública.

Existen más de 18.000 departamentos de policía en los Estados Unidos, que se rigen por ciudades y condados. Tradicionalmente, los esfuerzos de la reforma policial han tenido como motor principal las jurisdicciones locales.

Últimamente, la acción local en seguridad se ha visto también complementada y reforzada en el ámbito estatal, como se evidencia en el aumento precipitado del número de normativa estatal que se aprobó durante los años 2015 y 2016. En general, 34 estados y el Distrito de Columbia hicieron al menos 79 cambios legislativos en ámbitos que rigen las actuaciones policiales.

Los objetivos principales de estos cambios legislativos fueron los siguientes:

• Mejorar las prácticas policiales: obligación de hacer formación en uso de la fuerza; capacitación para tratar personas vulnerables, con enfermedades mentales o demencia; cautelas para evitar el racial profiling, con prohibiciones expresas en diversos casos; restricciones a las técnicas de control, etc.
• Documentar las operaciones de la policía: 31 de las nuevas leyes regulan el uso de cámaras de vídeo en el uniforme de la policía; muchas de ellas introducen medidas de protección para los ciudadanos que registran acciones policiales y regulan el uso y el almacenaje de datos por parte de la policía.
• Aumentar la rendición de cuentas en casos de uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente en los casos con resultado de muerte: se aumenta la independencia de las investigaciones en estos casos, obligando a que las lleven a cabo agencias externas o fiscalías especiales. En algunos estados, las reformas obligan a la fiscalía a hacer públicas las resoluciones en que deciden no perseguir este tipo de casos. Tres de los estados han hecho reformas en el funcionamiento del Gran Jurado para facilitar la investigación de estos casos.

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