El Observatorio Nacional Ciudadano de México publicó, a finales de junio de 2017, el estudio Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016, en el cual analiza los registros públicos de los seis hechos delictivos que considera que impactan de una manera más acentuada en la ciudadanía: homicidios dolosos y homicidios culposos (negligentes), secuestros, extorsiones, robos violentos y robos de vehículos.

Por todo el país los hechos conocidos o investigados fueron:

• 20.792 homicidios dolosos, con 22.935 víctimas (un 21,55% más que en el año anterior), 18,76 víctimas por cada 100.000 habitantes.
• 15.170 homicidios culposos, con 16.878 víctimas (un 5,15% menos que en el año anterior), 13,80 víctimas por cada 100.000 habitantes.
• 1.865 víctimas de secuestros (0,26% menos que en el año anterior), 1,53 por cada 100.000 habitantes.
• 5.240 casos de extorsión, con 5.375 víctimas, 4,40 por cada 100.000 habitantes. En este caso, el número de víctimas bajó un 0,57% respecto al año anterior, pero el número de casos aumentó un 1,14%.
• 171.555 robos con violencia (un 3,6% más que en el año anterior), 140,30 por cada 100.000 habitantes.
• 161.567 robos de vehículo (un 2,33% más que en el año anterior), 389,11 por cada 100.000 vehículos o 132,14 por cada 100.000 habitantes. De estos robos de vehículo, el 72% fue con violencia y el 38%, sin violencia.

Además de los datos de todo el país, el estudio también presenta las cifras por diferentes divisiones y subdivisiones territoriales, destaca algunas alertas a partir de la incidencia o la variación de alguna de estas tipologías delictivas, y dedica todo un apartado al papel de la ciudadanía y las organizaciones civiles relacionadas con la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, Justicia y Legalidad.

El informe es muy crítico con las instituciones mexicanas, tanto en lo que se refiere a las políticas de seguridad implementadas como en cuanto a los aspectos referentes a la recogida de datos. Por una parte, considera que el Gobierno mexicano centra su actividad en el ataque frontal a la criminalidad organizada y deja de lado, entre otros, las políticas preventivas y la lucha contra el tráfico de armas, el lavado de dinero y la corrupción. Por otra, manifiesta que los datos públicos generan desconfianza por varios motivos: en algunos casos, hay municipios con pocos o nulos registros de algunas tipologías, como los robos a peatones. En otros casos, algunas demarcaciones tienen grandes cambios en sus cifras en un corto espacio de tiempo. Eso se añade a la baja confianza de la ciudadanía en la denuncia policial, que tiene como consecuencia una cifra oscura o negra que llega al 93,7% según la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) de 2016 (hechos de 2015). Las extorsiones son uno de los ilícitos que tienen un porcentaje más alto de no denunciados. Según el ENVIPE de 2016, era el segundo delito más habitual y representaba un 24,2% del total de hechos que pasaron en el 2015, únicamente por debajo de los robos o atracos en la calle o en el transporte público, que fueron el 28,2%.

Entre las recomendaciones finales que hace el estudio se encuentran mejorar los indicadores de seguridad, crear mecanismos que fomenten la denuncia y reduzcan la cifra negra, combatir y priorizar la lucha contra el tráfico de armas y el lavado de dinero, fundamentar las políticas públicas de seguridad (tanto preventivas como reactivas) en diagnósticos e información de confianza, y vincular a la sociedad civil con las instituciones de seguridad.

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