Recientemente, el Institute for Criminal Policy Research (ICPR) ha publicado el informe Prison: Evidence of its use and over-use from around the world, [1] que pretende ofrecer un estado de la situación a partir de los datos disponibles y los usos y abusos que tienen lugar en las políticas de encarcelamiento.

Las autoras destacan, desde un primer momento y por cada uno de los países, cuáles son los déficits más importantes a los que se enfrentan los sistemas penitenciarios y de detención.

Agrupándolos por países, de los que se pueden considerar entre los países en desarrollo,[2] destacan los déficits que suponen la masificación de los centros penitenciarios y aspectos relacionados con una debilidad institucional que puede derivar hacia las malas condiciones de los presos, la corrupción o el control de las prisiones por parte de grupos de crimen organizado. El ejemplo más paradigmático es el de Brasil,[3] que reúne todos estos déficits.

Un segundo grupo de países, los desarrollados, también tienen algunos déficits a menudo compartidos con el resto de países que analiza el informe. El más importante y evidente es el sesgo étnico o de población extranjera que existe entre la población penitenciaria y la del país. Otro elemento, que va estrechamente ligado al anterior, es la penalización de la población vulnerable. Los casos que más llaman la atención en este ámbito son los de Estados Unidos, [4] Australia [5] y Hungría. [6]

Pero, más allá de los déficits del sistema, las autoras centran parte del debate en las ratios de presos por cada cien mil habitantes, los motivos que las explican y algunas soluciones para tratar de reducir estas ratios.

Entre los 10 países del estudio, los EE.UU. son el país con más población penitenciaria del mundo (2.145.100 presos) y el segundo con la ratio más alta, 666 presos por cien mil habitantes. Otros países que lo siguen de cerca en cifras absolutas son Brasil, cuarto en el mundo, y la India y Tailandia, quinto y sexto del ranking, respectivamente. Con respecto a las ratios, ya lejos de los EE.UU. encontramos Tailandia, en el décimo lugar, y Brasil, en el trigésimo segundo.

Finalmente, en relación con los motivos que explican estas ratios, las autoras los agrupan por aspectos de criminalidad, de marco legal, institucionales, sociales y de política doméstica e internacional. Paradójicamente, entre los múltiples aspectos que se presentan, se desarrollan varios que, si se trabajan, pueden ayudar a racionalizar el número de presos. Destacamos la politización de la justicia, [7] el encarcelamiento de delincuentes de perfil bajo, la sobrerrepresentación de grupos étnicos, nacionales o sociales en las prisiones, el endurecimiento de las políticas contra delitos de salud pública (drogas), el abuso del tiempo de detención antes del juicio [8] y, finalmente, las alternativas a la prisión a la hora de alcanzar el objetivo por el cual se encarcela. [9]

[1] Los países tratados son: Kenia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, India, Tailandia, Inglaterra y Gales (en este caso, no se trata del Reino Unido), Hungría, Holanda y Australia.

[2] Kenia, Brasil, Sudáfrica, India y Tailandia.

[3] Tiene la tercera ratio más alta de presos de los 10 países estudiados (301/100.000 h.); aplica una legislación dura contra los delitos de salud pública (drogas), que penaliza a las poblaciones más vulnerables; una opinión pública y política a favor de una respuesta dura; un 68% de población penitenciaria negra o mulata, cuando representa el 51% de la población; masificación de las prisiones y el control de estas por parte de bandas organizadas.

[4] En el año 2000, había 7,7 presos negros y 2,7 hispanos por cada preso blanco. Los últimos datos disponibles en el informe son de 2015 y presentan una cierta mejora, 5,7 presos negros y 2,3 hispanos por cada preso blanco.

[5] En el 2016, el 27% de la población penitenciaria era “aborigen australiana”, cuando solo representa el 2% de la población.

[6] Destaca el caso húngaro por el giro político hacia la derecha de su gobierno y la acumulación de problemas, que ha merecido los avisos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH), con sus recomendaciones respectivas, y un informe muy negativo del Departamento de Estado norteamericano, ambos de 2015. Según estos informes, los problemas más destacables son la corrupción policial, la brutalidad especialmente hacia la etnia gitana, la intimidación a la sociedad civil, y la masificación y las malas condiciones de las prisiones.

[7] En el sentido de que las opiniones públicas, publicadas y políticas desplazan a los expertos a la hora de diseñar la legislación y las políticas penitenciarias.

[8] En Holanda, un 24% de la población penitenciaria lo es sin que haya empezado el juicio, que tiene un plazo máximo de 104 días. Sin embargo, no es el periodo más largo de tiempo; en Francia, Eslovaquia y España, puede llegar a ser de 4 años, y Rumanía y Suecia no tienen ningún límite máximo de detención.

[9] En este caso, los expertos hablan de hasta cinco objetivos: denuncia del error, castigo o reparación, disuasión, incapacitación o rehabilitación.

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En el marco del proyecto de investigación Europeo RECPOL, se acaba de publicar el estudio Recruitment, Education and Career in the Police sobre la percepción de los aspirantes a policía en relación con las competencias necesarias para ejercer su profesión. Lo han llevado a cabo los investigadores de la Universidad sueca de Umeå Thomas Bäck y Mojgan Padyab y del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña Lola Vallès. Todos ellos desarrollan su actividad investigadora en las organizaciones encargadas de la formación inicial de policía en ambos países.

El artículo tiene como objetivo fundamental, como lo indica el título, comparar cómo de necesarias ven los aspirantes a policía en Cataluña y en Suecia tres tipos de competencias para llevar a cabo de manera adecuada las funciones policiales. El estudio está basado en la administración de cuestionarios idénticos a los aspirantes a policía de ambos países en dos momentos: al inicio y al final de su formación inicial para ser policía. El cuestionario les pregunta cómo de necesarios ven para su ejercicio profesional los conocimientos específicos (competencia técnica), las habilidades prácticas (iniciativa y autonomía) y la reflexión sobre la acción (competencias éticas y actitudes).

El estudio, sin embargo, hace mucho más que limitarse a comparar la percepción de los estudiantes de policía en Cataluña y en Suecia, ya que empieza por describir tanto los sistemas de policía como de formación en ambos países y hace un resumen interesante del estado de la investigación en puntos muy relevantes en el proceso de formación de policía, como son:

1. La relevancia que deben tener el conocimiento, las habilidades y las actitudes en el proceso de formación de los policías.
2. Hasta qué punto los aspirantes a policía cambian su perspectiva sobre la importancia de los diversos tipos de competencias en su profesión y, por lo tanto, en la profesión de policía.
3. La incidencia del origen social, del nivel de estudios y del sexo de los aspirantes en el proceso formativo.

Con respecto al objeto manifiesto de estudio, tras analizar los resultados de los cuestionarios, concluye que hay patrones comunes en ambos casos. Así, los conocimientos específicos de la profesión y de las normas reciben en la mayoría de casos (excepto en el primer cuestionario en Suecia) la valoración más alta (por encima del 4 en una escala de 1 a 5), circunstancia que evidencia que los estudiantes de policía valoran como importante, tanto al inicio como al final de la formación inicial, la consecución de conocimientos. Existen, sin embargo, diferencias entre los estudiantes de ambos países. Así, en el caso de Suecia, la importancia de los conocimientos, aunque alta, es inferior a la de Cataluña y se reduce levemente al finalizar la formación inicial. De hecho, los alumnos suecos puntúan más bajo los tres grupos competenciales al finalizar el curso. En el caso catalán, los alumnos mantienen su alta valoración de los conocimientos, pero incrementan significativamente la valoración de las habilidades prácticas y la capacidad de reflexión. La importancia de la práctica permanece siempre levemente más alta en el caso de los aspirantes suecos.

En relación con el factor sexo, en ambos casos las mujeres valoran más alto que los hombres la importancia de la capacidad de reflexión.

El estudio acaba ofreciendo un gran repertorio de bibliografía sobre formación policial, ineludible, en la mayoría de los casos, para cualquier estudio consistente sobre la materia.

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José Martínez Espasa, jefe de la Policía Local de Dènia, acaba de publicar un libro que es relevante para el sector de la seguridad. Se trata de la obra Las políticas públicas de seguridad ciudadana. Análisis y propuestas desde la Criminología,[1] que recoge el trabajo realizado en su tesis doctoral y resulta interesante por diversos motivos.

Plantea un concepto moderno e integrador de la seguridad en que la policía tiene un papel relevante, pero no es el único actor. Nos dice el autor: “Las políticas de seguridad no exigen siempre la utilización del recurso a la organización policial. Seguridad no es sinónimo de policía” (p. 37). Su insistencia sobre la necesidad de políticas públicas de seguridad que tengan en cuenta todos los factores y actores que inciden en ella tiene que acabar convenciendo el lector de su mensaje. La policía es presentada como un actor fundamental en el plano de la prevención.

 Las políticas públicas de seguridad, y esta es la gran aportación que él quiere hacer, tienen que estar basadas en el conocimiento que la investigación criminológica y otras disciplinas puede ofrecer para facilitar los procesos de toma de decisiones en este ámbito. Pero no es sólo el diagnóstico el que debe tener una base empírica, sino que la evaluación también debe ser muy rigurosa y objetiva. No se puede avanzar si no se establecen mecanismos fiables de medida del impacto de las estrategias y acciones dirigidas a mejorar la seguridad de los ciudadanos.

La obra ofrece pautas concretas tanto para la diagnosis como para la evaluación. Pero no lo hace sólo en el campo teórico, sino que presenta una recopilación de 20 políticas y estrategias de seguridad, que empieza por experiencias recomendables en el campo de la auditoría y el diagnóstico, para pasar a analizar políticas centradas en varios ámbitos materiales (jóvenes, drogas, deterioro urbano, bandas, ocio nocturno, violencia en la escuela, mediación y prevención de la reincidencia).

También dedica un espacio a la recopilación de experiencias de colaboración entre el sector privado y las administraciones públicas, ofreciendo una aproximación a la situación del tema en el ámbito internacional. De hecho, esta perspectiva global, teniendo en cuenta tanto los fenómenos como las experiencias internacionales, es una constante de la obra. Nos dice que las actuaciones tienen que hacerse a nivel micro (local) para dar respuesta a los problemas concretos de seguridad existentes, pero teniendo en cuenta los marcos regional, nacional e internacional, tanto con respecto a la movilidad de los fenómenos como a la necesidad de compartir experiencias que puedan ser de utilidad.

En resumidas cuentas, es un libro recomendable como buena introducción a las políticas públicas de seguridad ciudadana, que ofrece muchos ejemplos de cómo la criminología ha servido de apoyo a políticas públicas de seguridad que han sido efectivas. Puede interesar especialmente a actores de seguridad necesitados de ideas donde inspirarse para diseñar nuevas estrategias de seguridad.

[1] Vid. Martínez Espasa, J. (2016). Las políticas públicas de seguridad ciudadana. Análisis y propuestas desde la Criminología. Tirant lo Blanco. Valencia. Puede leer una reseña en el blog de criminología Iter Criminis.

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Según un informe de Emma Disley publicado en el Criminal Law & Justice Weekly, el servicio penitenciario del Reino Unido parece estar atravesando una situación difícil los últimos meses. El Ministerio de Justicia (MoJ) ha hecho públicas las cifras del año 2016 en las prisiones de Inglaterra y Gales, algunas de las cuales resultan comprometedoras, como por ejemplo las 119 muertes por suicidio, que suponen 29 más que en el año 2015 y son la cifra más alta desde que empezaron los registros en el año 1978.

Del año pasado también destacan los 37.784 heridos por autolesiones y 25.049 incidentes por ataques y peleas dentro de los centros penitenciarios.

Cabe mencionar que, en fecha 1 de marzo de 2017, las prisiones de Inglaterra y Gales atienden a 85.519 internos, 81.559 de los cuales son hombres y 3.960, mujeres. La capacidad máxima actual de las prisiones sería de 86.720 internos, con lo cual la situación estaría muy próxima al límite.

Otro de los problemas añadidos sería el de la escasez de trabajadores, sobre todo en una docena de centros penitenciarios, que necesitan funcionarios de prisiones de otros centros para ayudar a mantener el orden.

Atendiendo a todos los retos que afronta el servicio de prisiones británico, la Comisión de Justicia inició una investigación sobre el programa del Gobierno del Reino Unido para implementar reformas en los centros penitenciarios. RAND Europa fue una de las organizaciones llamadas a responder basándose en investigaciones previas sobre los bonos de impacto social (SIB) en la prisión de Peterborough. La presentación de RAND Europa se centró en las lecciones de estos estudios sobre cómo los programas de la prisión y su rendimiento pueden medirse con eficacia.

Una primera lección sería evitar centrarse en los delincuentes del sistema penitenciario que son más fáciles de ayudar con el fin de conseguir los objetivos de rendimiento, por ejemplo, a las medidas destinadas a reducir la reincidencia entre los reclusos. Eso puede hacer olvidar individuos que son más difíciles de comprometer –por ejemplo, los que tienen muchas condenas anteriores–, en favor de los “objetivos fáciles”.

Una segunda lección sería intentar no concentrarse en los resultados a corto plazo durante periodos breves de medición. Es más importante captar los impactos a largo plazo en vez de realizar una retroalimentación rápida y, por lo tanto, habría que estudiar periodos más realistas y apropiados.

Finalmente, junto con la implementación de cualquier nuevo régimen de prestaciones para las prisiones, hay una necesidad de evaluaciones sólidas e independientes para entender los efectos de los programas, tanto positivos como negativos.

Las prisiones del Reino Unido están viviendo un periodo muy difícil. La forma en que se mide el cumplimiento de los programas de la prisión puede tener un papel importante en su eficacia e impacto sobre los delincuentes, así como sobre los profesionales.

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El Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), en su última nota sobre problemáticas ligadas a la delincuencia, realizada a partir de los resultados de las encuestas de victimización “Cadre de vie te securité” (CVS), trata de la problemática de cuáles son los interlocutores de referencia una vez la víctima ha sufrido una violación.[1]

El primer dato a resaltar es el bajo porcentaje de víctimas que se desplazan a una dependencia policial, un 19% del total. Y el porcentaje todavía menor, un 13%, que presentan denuncia. El resto se limita a presentar un “main courante”[2] (4%) o ni siquiera declara (2%).

Tradicionalmente, la violación es uno de los delitos menos denunciados. Los motivos por los que no se denuncia son múltiples y no excluyentes. En un 67% de los casos, las víctimas prefieren hallar la solución en otro ámbito y en un 66% ven inútil la denuncia para resolver su problema. Por otra parte, un 62% de las víctimas alega que no recurre a la policía para evitar añadir sufrimiento y, a destacar, el 31% no considera lo bastante graves los hechos ocurridos.

Los niveles de interlocución mejoran cuando la persona de referencia pasa a ser un médico (21%), un psicólogo o psiquiatra (29%) y especialmente alguien próximo, ya sea familiar o amigo (63%).

Otro dato significativo es que un porcentaje importante de víctimas, un 19%, no ha hablado nunca con nadie de los hechos ocurridos. Estos datos aumentarían si la violación ha tenido lugar en el hogar, aunque la limitada muestra de casos no permite afirmarlo con rotundidad.

Más allá de los resultados estadísticos obtenidos, hay algunas observaciones que resultan interesantes desde el punto de vista de las políticas de seguridad en este ámbito. En primer lugar, cabe destacar que quien recurre a la policía tiende a recurrir en porcentajes mucho más altos a otros interlocutores (especialmente a médicos y psicólogos).[3]

Esta lógica también se reproduce en los casos en que la víctima recurre a una asociación. Por ejemplo, el 71% de las víctimas que han recurrido a una asociación también lo han hecho a un médico, contra el 21% por término medio entre el resto de víctimas. Por el contrario, quien se dirige a su círculo más próximo (amigos o familiares) tiende a no hablar con otros interlocutores. Hay un 30% de víctimas que sólo hablan con sus allegados y con nadie más.

[1] La violación (una de las formas de agresión sexual) se define como acto sexual violento con penetración, impuesto de forma violenta, con coacción, amenaza o por sorpresa (art. 222-22 y 222-23 del Código penal francés). La muestra consta de 290 casos de personas que declaran haber sido víctimas de violación en los últimos dos años. Entre estos casos, un 84% de las víctimas eran mujeres y un 16%, hombres de entre 18 y 75 años. Entre los interlocutores a quienes se dirige la víctima hay el médico, el psiquiatra o psicólogo, la línea telefónica de ayuda a las víctimas, una asociación, los servicios sociales, los familiares y personas próximas, y la policía. La respuesta puede ser múltiple, es decir, la víctima puede dirigirse a más de un interlocutor.

[2] A diferencia de una denuncia, sólo se trata de dejar constancia de los hechos, sin que ello implique perseguir al autor de los hechos o el inicio de una investigación.

[3] Hay que decir que, una vez hecha la denuncia, la víctima es orientada hacia una unidad médico-judicial.

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La Encuesta de seguridad pública de Cataluña (ESPC) es una herramienta de consulta sobre el estado de la seguridad pública en Cataluña que se lleva a cabo cada dos años. La última encuesta se realizó a un total de 6.214 personas mayores de 16 años, entre el 17 de noviembre y el 30 de diciembre de 2015. Entre los puntos a destacar cabe mencionar los siguientes:

• La percepción de seguridad en Cataluña mantiene la tendencia al alza de los últimos años.
• El recuerdo espontáneo de haber sido víctima de un delito ha disminuido de forma notoria en los últimos años, pasando de la cifra más alta del 2010 (8,9%) al 6,6% del año 2015.
• Dentro de la victimización, de los hechos registrados por la ESPC 2015, solo un 12% son hechos contra las personas, mientras que el 88% son hechos contra el patrimonio, donde destacan los hechos contra vehículos (27,7%), los engaños, fraudes y estafas (21,6%) y los hechos de proximidad: atracos, tirones, robos de bolso, de cartera, de móvil… (19,9%).
• Cerca del 15% de los hechos contra las personas han comportado lesiones a las víctimas. En un 10% de los casos, se ha requerido atención médica o medicación.
• Entre los motivos de los hechos contra las personas (agresiones físicas, amenazas, coacciones o intimidaciones) sobre los cuales se ha preguntado, destacan las agresiones por razón de sexo (12,6%) y por ideología (12,2%).
• La tasa de denuncia baja ligeramente respecto a la ESPC 2013 (del 39,9% al 39,3%).
• Tras una fase de bastante estabilidad, es el tercer año consecutivo que la percepción de seguridad experimenta una mejora. Ahora se sitúa en 6,9 puntos, como en el año 2001.
• La valoración de las policías catalanas sigue mejorando, lo que consolida la tendencia remarcada en los últimos años. Este año se alcanzan las valoraciones más altas de la serie (7,3 puntos), con niveles similares a los del año 2000 respecto a los Mossos, e incluso más altas en relación con las policías locales (6,9 puntos).

• La visibilidad de las patrullas uniformadas de los Mossos d’Esquadra, que había sido bastante estable a lo largo de los últimos años, registra este año una notoria mejora: aumenta la proporción de personas que consideran que es suficiente (pasan del 49,3% al 57,7%).
• La valoración con el servicio de recepción de denuncias de los Mossos d’Esquadra sigue mejorando y ya supera de largo los siete puntos de valoración media (7,7).
• La opinión mayoritaria es que la vigilancia de los Mossos en las carreteras es suficiente (se mantiene en el 53,1%).
• Los encuestados han opinado mayoritariamente que las administraciones tienen que hacer más de lo que hacen. Sobre todo se pide más intervención frente a los conductores que conducen hablando por el teléfono móvil (76,5%) o que han bebido más alcohol de lo que la ley permite (74,5%).
• Entre las novedades que incorpora la ESPC 2015 hay que destacar:
  • La colaboración de los servicios de seguridad privada con los Mossos d’Esquadra: Los encuestados están más bien de acuerdo con la colaboración, sobre todo en actuaciones en barrios o zonas comerciales.
  • Las revisiones médicas y psicológicas que se hacen para renovar el permiso de conducir: La mayoría de las personas entrevistadas consideran que no son suficientes y que deberían ser más rigurosas (58,6%).

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Según el informe de Peter Wagner y Bernadette Rabuy Following the Money of Mass Incarceration, del Prison Policy Institute de Estados Unidos, el sistema de encarcelamiento masivo cuesta al gobierno y a las familias de los individuos involucrados con la justicia un mínimo de 182 billones [1] de dólares anuales.

Los costes asociados con el sistema de encarcelamiento incluirían:

• 80,7 billones de dólares correspondientes a las agencias públicas correccionales, incluidas las prisiones, los centros de detención y el coste de las libertades condicionales.
• 5,8 billones de dólares por el enjuiciamiento.
• 63,2 billones de dólares que corresponden a la policía (solo se cuentan las actuaciones relacionadas con el derecho penal).
• 12,3 billones de dólares correspondientes a la sanidad dentro de las prisiones y de los centros de detención.

Este estudio se considera un primer paso hacia una mejor comprensión de quién se beneficia del sistema de encarcelamiento en masa norteamericano y, por consiguiente, podría ser resistente a cualquier reforma en este ámbito. Sin embargo, los autores consideran que se han despreciado algunos costes, ya que estos serían relativamente poco relevantes [2] o, incluso, desconocidos.

No obstante, puntualizan que las corporaciones de prisiones privadas no serían las únicas que se beneficiarían del encarcelamiento en masa.

Los Estados Unidos tienen un sistema penitenciario federal, 50 sistemas estatales y miles de sistemas de gobierno local. A veces, estos sistemas trabajan juntos, aunque a menudo no lo hacen; y fijando la atención solamente en la imagen nacional, se podría ocultar la importancia de las decisiones políticas en el ámbito estatal y local. Por ejemplo, mientras que el gasto del gobierno estatal constituye la mayor parte de los costes de las prisiones (57%), los gobiernos locales representan casi un tercio del total del gasto (32%).

Los gobiernos locales están aplicando en gran medida las leyes estatales, y las políticas discrecionales de detención y fianza locales podrían tener una influencia enorme tanto en el presupuesto del estado como en los resultados de la justicia. Por ejemplo, más de la mitad (13,6 billones de dólares) del coste de funcionamiento de las prisiones locales se gasta en detener a personas que posteriormente no son condenadas.

Casi la mitad del dinero gastado en el funcionamiento del sistema penitenciario se destina pagar al personal. Este colectivo constituye un grupo de presión influyente que, a veces, impide la reforma.

Otros elementos a destacar son:

. Sistema público/privado: El sistema de justicia criminal es abrumadoramente un sistema público, con compañías de prisiones privadas que actúan únicamente como extensiones del sistema público. La nómina del gobierno para los empleados de prisiones es 100 veces mayor que las ganancias de la industria de prisiones privadas.

. Aunque la Constitución exige que se designe un letrado de oficio a aquellas personas que no puedan pagarse un abogado, el sistema solo gasta 4,5 millones de dólares en este derecho. Además, en la última década, los estados han reducido esta figura, aunque el número de casos ha crecido.

. La alimentación y la asistencia sanitaria a 2,3 millones de personas –para una población mayor que la de 15 estados diferentes– es muy cara.

[1] En el contexto norteamericano, “billones” se refiere a miles de millones de dólares.

[2] En este estudio, todos los costes inferiores a un billón de dólares se han despreciado, por la dificultad en contabilizar escrupulosamente todos los gastos.

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El Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York acaba de publicar una actualización de la prospectiva sobre la delincuencia en Estados Unidos, realizada el pasado mes de septiembre por los profesores Friedman, Grawert y Cullen. Este informe pronosticaba una cierta estabilidad de la delincuencia y alertaba sobre la crítica situación de la violencia en ciudades muy concretas. El nuevo documento actualiza y matiza algunos de los puntos de aquel informe, aunque confirma las tendencias más importantes. Los puntos destacables de dicho informe son:

• La tasa de delitos en las 30 ciudades más grandes del país se habría mantenido estable, con un ligero incremento del 0,3%. El factor fundamental para estas tasas bajas es el reducido nivel de delincuencia contra la propiedad.
• La delincuencia violenta se habría incrementado un 3,3% (y no un 5,5%, como se pronosticaba en septiembre). Contribuirían a esta subida global los incrementos del 23% en San Antonio, del 17,7% en Chicago y del 13,4% en Charlotte. De manera global en todo el país, sin embargo, esta violencia se mantiene en su punto más bajo desde los últimos 30 años.
• La tasa de homicidios podría ser un 14% más alta que en el año anterior en las 30 ciudades más grandes del país. Una vez más, es la situación de Chicago (un incremento del 43,7%) la que impulsa al alza la tasa general. De hecho, no es una situación nueva, porque ya en el año 2015 un grupo de tres ciudades (Baltimore, Chicago y Washington D.C.) acumularon más de la mitad del incremento del número de homicidios.
• La ciudad de Nueva York se mantendría en mínimos históricos respecto a los delitos con violencia (545 por 100.000 habitantes), incluso con un descenso del 2,3% en relación con el año anterior. Concretamente, los homicidios habrían disminuido un 4,6% y se habrían quedado en 336, muy por debajo de los 2.000 del año 1991, con una ratio histórica por debajo de los 4 por 100.000 habitantes. De hecho, si estos datos se confirman, cuando se computen las estadísticas policiales, la ciudad de Nueva York tendrá la segunda tasa más baja de homicidios entre las 30 ciudades más grandes del país, tan solo superada por Seattle, que tiene una tasa prevista del 2,4 por 100.000 habitantes.

El informe concluye que no existe base para sostener que la delincuencia esté fuera de control. Sin referirse directamente, el informe intenta contrarrestar algunas informaciones interesadas surgidas en el transcurso de la última campaña electoral a la presidencia, que hablaban de un incremento desaforado de la delincuencia, debida fundamentalmente a la inmigración.

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La Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) llevó a cabo, durante el 2016, el primer Informe anual de las policías locales de Cataluña, que recoge datos referentes a los recursos humanos y materiales de las policías locales. Este documento supone una primera aproximación a la realidad de las policías locales en Cataluña, y pretende iniciar un camino de recopilación de los datos de estos cuerpos con el que poder alcanzar el máximo nivel de coordinación y de ordenación.

En este primer informe se recoge información sobre los recursos humanos, materiales y organizativos y su actividad a partir de los datos registrados por el Sistema de Información Policial (SIP).

En diciembre del 2015 había en Cataluña 10.888 efectivos en los 213 cuerpos de policía local de Cataluña. Esta cifra suponía, por una parte, un incremento del 2,4% respecto a los efectivos del año anterior y, por otra, la recuperación de efectivos a los niveles del año 2011 (que eran 10.894). Las 1.221 mujeres policías locales representaban el 11,2% del total de los efectivos. Esta infrarepresentación de las mujeres en las organizaciones de policía local de Cataluña es aún más acentuada en las categorías de mando, y solo había cinco mujeres jefes de policía, tres cabos y dos sargentos, que representaban el 2,3% sobre el total de mandos existentes.

La media de edad de los efectivos de las policías locales, en diciembre de 2015, era de 44,4 años, con 96 cuerpos con una media entre los 41 y los 45 años y 185 cuerpos con una media entre los 46 y los 50 años.

Los datos que mejor evidencian la complejidad y la diversidad de las policías locales en Cataluña son los que hacen referencia al número de efectivos, ya que cerca del 50% de los cuerpos de policía local tienen 20 efectivos o menos, y casi el 40% tiene de 21 a 75, mientras que hay 28 cuerpos policiales con más de 75 efectivos. Así, en un extremo hay dos policías locales con un efectivo, tres con tres efectivos y tres más con 4, 5 y 6 efectivos, mientras que en el otro extremo la Guardia Urbana de Barcelona cuenta con 2.926 efectivos.

Un elemento a destacar es la formación continua de los agentes de las policías locales. De esta manera, durante el año 2015 las diferentes administraciones ofrecieron cursos a los que asistieron 22.007 personas, especialmente sobre materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el tráfico, pero también sobre policía asistencial, policía administrativa y apoyo administrativo.

En cuanto a la actividad de colaboración y coordinación de los diferentes cuerpos de policía, durante el año 2015 tuvieron lugar 193 juntas locales de seguridad de 128 municipios. A finales del 2015, 207 municipios habían firmado algún tipo de convenio con el Departamento de Interior y 11 tenían aprobados sus planes locales de seguridad (tres más lo hicieron durante el año 2016). Además, en estos momentos se han firmado cinco acuerdos de colaboración intermunicipal para la prestación de los servicios de policía local.[1]

El Informe anual de las policías locales de Cataluña del 2015 es un primer paso, y la voluntad de la DGAS es ir ampliándolo en ediciones sucesivas. Una de las vías sería recoger datos de otras fuentes de información, de manera que la fotografía obtenida sea cada vez más fiel a la realidad de las policías locales y resulte útil para fundamentar las estrategias y decisiones que las afecten.

[1] Los cinco acuerdos de colaboración firmados hasta ahora son entre los siguientes municipios:

• Santa Maria de Palautordera y Sant Esteve de Palautordera
• Sant Fruitós de Bages, Sallent y Santpedor
• Martorelles y Montmeló
• Calella, Canet de Mar y Sant Pol
• Callús y Sant Joan de Vilatorrada

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El Observatorio Nacional de la Delincuencia y las Respuestas Penales (ONDRP) acaba de publicar un estudio basado en los datos de la encuesta Cadre de vie et sécurité de los años 2013 a 2016. Este estudio recoge las opiniones mostradas por los encuestados (personas de 14 años o mayores) sobre la acción de la justicia en el tratamiento de la delincuencia. La media del número de entrevistados se sitúa por encima de las 15.000 personas por edición de la encuesta.

La mayoría (64%) se manifiesta poco o nada satisfecha con la actuación de la justicia. Solo un 21% se declara satisfecha, mientras que un 15% no lo sabe o no contesta. La edad es un factor que parece influir en el grado de satisfacción con la justicia. Así, solamente un 48% de las personas de entre 14 y 25 años tienen una opinión negativa de la justicia (aunque el porcentaje que no opina es superior a las otras franjas de edad), mientras que cerca de dos tercios de los mayores de esa edad no están satisfechos con la acción de la justicia. Entre los jóvenes, los grupos que presentan más opiniones positivas son los estudiantes (31,7%) y los solteros (26%), mientras que solo un 20% de los que tienen trabajo y un 18,5% de las personas que viven en pareja tienen una opinión positiva de la justicia.

El nivel de estudios también resulta importante de cara a la opinión sobre la justicia, ya que un 55% de los que no tienen el bachillerato manifiestan una opinión negativa sobre la justicia, mientras que en el resto de casos la opinión negativa es de cerca del 70%. Los que menos ingresos tienen también son más moderados en sus opiniones negativas (solo un 54,5%), mientras que los que tienen más ingresos muestran una disconformidad mayor (entre el 65 y el 69%).

Esta opinión negativa es estable en el tiempo en el periodo de  2013 a 2106 (siempre en torno al 64%). Sorprende tanto esta opinión negativa como su estabilidad si la comparamos con la opinión de los encuestados sobre la policía y la Gendarmería. En los dos primeros años del estudio (2013-2014), un 48% de los encuestados se manifestaron satisfechos con la actuación de estos cuerpos policiales. Al año siguiente, el porcentaje de satisfechos se incrementó hasta el 59%, porcentaje que se ha mantenido en 2016. La población que valora positivamente la policía casi triplica a la que lo hace con la justicia, y la diferencia se ha incrementado de manera notable en los dos últimos años.

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