La percepción de la seguridad fue uno de los temas sobre los que respondieron 28.093 ciudadanos en la ola de junio del Eurobarómetro. Esta encuesta se llevó a cabo en los 28 países de la Unión Europea, de forma presencial en los domicilios de las personas encuestadas (todas ellas de 15 años o más). En España, las personas encuestadas fueron 1.007.

Los resultados muestran que la percepción de seguridad se reduce a medida que el espacio sobre el que se pregunta es mayor. Así, la gran mayoría de los ciudadanos europeos consideran que su entorno más próximo es seguro: un 91% consideran seguro su barrio y un 90% creen que su ciudad lo es. Esta amplia mayoría se reduce al 80% cuando se pregunta si consideran que su país es seguro. Y cuando la pregunta es si la UE es un lugar seguro, el porcentaje se reduce a un 68%.

Además, se da la paradoja que, respecto a los años anteriores, la percepción de seguridad en los entornos próximos (barrio y ciudad) ha aumentado ligeramente,[1] mientras que la percepción que la Unión Europea es un espacio seguro ha bajado más de 10 puntos (era del 79% el año 2015).

En el informe de presentación de los resultados, publicado en diciembre de 2017, se mencionan los ataques terroristas (sin contar los que tuvieron lugar en Cataluña, ya que la encuesta se hizo dos meses antes) como una de las razones de esta reducción en la sensación de seguridad. El motivo es que, mientras en la mayoría de los países la sensación de seguridad es elevada, en aquellos que han sufrido problemas de seguridad más graves, especialmente los relacionados con el terrorismo, estas puntuaciones han bajado y afectan más a la seguridad en la UE que la de los entornos más próximos.

La encuesta también preguntaba sobre la importancia de cinco fenómenos que suponen un reto para la seguridad en la UE (terrorismo, criminalidad organizada, desastres naturales causados por el hombre, ciberdelincuencia y las fronteras exteriores de la UE) y todas ellas eran consideradas importantes para más del 85% de los encuestados.

Los resultados sobre la valoración de las acciones que lleva a cabo la policía para combatir determinados ámbitos delictivos no son tan positivos. Así, mientras la lucha contra el terrorismo o el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia son mayoritariamente valoradas como suficientes, la mayoría de los encuestados consideran que su policía no hace lo bastante para combatir el lavado de dinero y la corrupción.

En la misma ola del Eurobarómetro de junio, también se preguntó a los ciudadanos sobre sus actitudes respecto a la ciberseguridad. Entre los resultados, que se publicaron en septiembre, destacaba el aumento de la preocupación de la ciudadanía por este problema.

El portal de datos abiertos de la Unión Europea también permite acceder y descargar datos sobre otras ediciones del Eurobarómetro.

[1] La Encuesta de seguridad pública de Cataluña (ESPC) también pregunta sobre la percepción de la seguridad en el municipio. Aunque la formulación de la pregunta es diferente a la del Eurobarómetro, los resultados de 2015 también muestran que la percepción de seguridad en el municipio ha ido aumentando desde el año 2011. El trabajo de campo de la edición de 2017 se hizo en noviembre de 2017, pocos meses después de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto. Habrá que esperar los resultados de las próximas ediciones de la ESPC para poder valorar la incidencia de los ataques terroristas sobre la percepción de seguridad de las personas residentes en Cataluña.

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Un equipo integrado por miembros del Instituto de Investigación Criminológica de la Baja Sajonia y la Escuela Superior de Ciencias Aplicadas de Zürich han publicado recientemente un estudio[1] sobre la evolución de la violencia en Alemania en la última década, con referencia a la influencia que tienen los jóvenes y los refugiados.

Los datos policiales entre los años 2007 y 2015 muestran un descenso continuado de los jóvenes entre 14 y 18 años que han sido detenidos por la policía. La cifra se ha reducido un 50% en números absolutos. Los datos del seguro escolar obligatorio también muestran un descenso de los incidentes causados por actos de violencia de los alumnos, que han pasado de un 14,9 por cada 1.000 escolares en el año 1999 a sólo un 8,7 en el año 2015.

Entre las razones que fundamentan este descenso, los investigadores han constatado las siguientes:

• El incremento del número de jóvenes que se gradúan ha subido del 24,5 al 34,1% y el paro juvenil ha bajado del 15,3% al 6,8%.
• Los niños que no sufren ninguna violencia por parte de los padres ha aumentado del 43,3% al 60,8%.
• Se ha constatado un incremento en el cuidado de los padres hacia los hijos, haciéndose explícitas muestras de estima con más frecuencia que antes.
• El consumo de alcohol entre los jóvenes ha disminuido notablemente. Un 21,6% de los jóvenes declaraban en 2007 consumir alcohol una vez por semana como mínimo, mientras que en 2010 la cifra se había reducido al 10%.
• La popularidad de la violencia entre los jóvenes ha disminuido notablemente.
• El porcentaje de jóvenes que ayudan a personas necesitadas, que participan en actividades políticas y que respetan el medio ambiente ha subido de un 5% al 12%.
• El absentismo escolar se ha reducido notablemente.

Por otra parte, en el caso de la Baja Sajonia, en los años 2015 y 2016 se ha producido un aumento de la delincuencia violenta en un 10,4%. Un 92,1% de estos casos adicionales de violencia tienen como protagonistas a jóvenes con estatuto de refugiados. Entre las razones que justifican estos hechos citan las siguientes:

• El porcentaje de refugiados que se encuentran en la edad con más propensión a conductas violentas (hombres entre 14 y 30 años) es superior al de la población autóctona.
• Los grupos que tienen pocas perspectivas de obtener un permiso de residencia permanente se ven involucrados más frecuentemente en actos violentos.
• La mayoría vienen de países con culturas muy masculinas, donde la violencia es una prueba de esta masculinidad.
• El porcentaje de mujeres entre los refugiados es muy bajo (22,3%), en comparación con la población global en la Baja Sajonia (50,9%).
• Las víctimas de actos violentos tienden a denunciar con más frecuencia cuando los autores son visiblemente extranjeros.

Finalmente, el informe pone de relieve que un 12,6% de estos actos violentos se producen entre personas pertenecientes a un mismo grupo étnico o nacional, un 19,6% tienen lugar entre refugiados pertenecientes a varios grupos y un tercio de las víctimas son extranjeros de otros orígenes (no refugiados) y alemanes.

[1] Puede encontrarse un resumen en http://www.sueddeutsche.de/panorama/studie-zur-jugendkriminalitaet-mehr-liebe-weniger-hiebe-1.3811190!amp.

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En diciembre de 2017 se publicó un estudio sobre Políticas y leyes de la UE y los estados miembros sobre personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, que había sido encargado por el Departamento de políticas del Parlamento Europeo para los derechos de los ciudadanos y los asuntos constitucionales.

El estudio presenta un resumen sobre el marco legal y las políticas de la UE y 10[1] estados miembros (elegidos por haber sufrido el terrorismo o por particularidades de su legislación antiterrorista) y destaca la falta de homogeneidad en dos cuestiones clave. La primera es que la Directiva 2017/541 ofrece una definición de “terrorismo” suficientemente amplia para que los estados miembros la interpreten de manera discrecional. En este sentido, recomienda que los estados miembros sigan intercambiando puntos de vista sobre esta definición y como se interpreta en la práctica.

La segunda, y el aspecto principal, es que en la mayoría de los estados miembros el concepto de “sospechoso” engloba una gran variedad de supuestos y con un amplio margen de derechos reconocidos. Por tanto, en función del momento procesal en que se encuentre la persona investigada, estaría protegida, como mínimo, por los derechos individuales que cada persona tiene antes de estar bajo sospecha y, como máximo, por los derechos garantizados para las personas sobre las que se ha iniciado un procedimiento (pasando por estadios intermedios, como los derechos que corresponden a “personas de interés” o los reconocidos a personas que han sido sujetos de una medida administrativa).

El estudio recomienda a los estados miembros regular de forma más clara las distintas categorías de sospechosos, así como el marco legal y los derechos que les corresponden para cada supuesto. También considera que la UE debería actualizar el conjunto de derechos de las personas sospechosas e incluir que el concepto de “sospechoso” debe entenderse de forma amplia, por lo que cualquier persona que empiece a ser investigada ya tenga garantizado un conjunto de derechos.

El estudio también ha detectado carencias, como que en el ámbito europeo hay poca información más allá del informe anual de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea. Los autores proponen fomentar desde la UE alguna iniciativa similar a la Base de Datos Globales sobre Terrorismo, liderada por el Consorcio para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo, con sede en EEUU.

En cuanto al intercambio de información, destacan que existen demasiados niveles que se solapan. Así, tanto en los estados como en la Unión Europea existen varios organismos con competencias concurrentes en materia de información sobre terrorismo. Además, no hay que olvidar el papel de los acuerdos bilaterales entre países y la gran cantidad de relaciones informales que también generan intercambio de información. A consecuencia de estos problemas, hay poca información pública disponible sobre las prácticas de intercambio de información formales y la eficiencia de estos mecanismos.

Como solución, recomiendan una mayor transparencia y que los datos relacionados con el intercambio de información sean recogidos y publicados para mejorar la eficacia y eficiencia de estos instrumentos. Si se consiguiera este objetivo, con más transparencia y más información disponible, se abrirían nuevas líneas de investigación en relación con la protección de los derechos de las personas sospechosas o los mecanismos de intercambio de investigación.

[1] Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia.

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Según un informe estimativo publicado por el Brennan Centre for Justice,[1] los homicidios en la ciudad de Nueva York se habrán situado en el año 2017 por debajo de los trescientos (entre 273 y 286, según las fuentes). Si tenemos en cuenta que en el año 1990 se habían registrado 2.245, el descenso es sorprendente y se sitúa en el nivel más bajo desde los años cincuenta,[2] después de un ligero repunte los dos años anteriores, debido sobre todo a la situación de algunas grandes ciudades, entre las que destacan Chicago y Baltimore.[3] La tasa de homicidios se sitúa en un 3,1 por 100.000 habitantes, cifra que para los Estados Unidos es realmente baja.

En general, en Nueva York es toda la delincuencia la que disminuye en un 3,3% en relación con el año anterior, y la delincuencia violenta lo hace en un 7,4%.[4] La tendencia a la baja se experimenta en todo el país con un descenso del 1,8% en el global de la delincuencia, situándose en el segundo punto más bajo desde 1990. La delincuencia violenta baja un 0,6%, gracias sobre todo a la estabilización de Chicago (que todavía presenta cifras preocupantes, por encima de los 750 homicidios) y Washington D.C. Como ciudades donde los homicidios siguen creciendo, hay que remarcar los casos de Baltimore (375) ¾que lidera el ranking de tasa de delitos violentos, seguido de muy cerca por Memphis¾ y de Filadelfia (de 271 a 291), donde los resultados del famoso experimento de 2009[5] parecen haberse desvanecido totalmente. En el global del país, se proyecta que los homicidios experimentarán un descenso del 2,5%, sobre todo debido al descenso proyectado en Detroit (25,6%), Houston (20,5%) y Nueva York (19,1%).

Mientras el descenso de la criminalidad parece evidente, no lo es la causa que ha facilitado este descenso. Con frecuencia se había recurrido a la mano dura (tolerancia cero), puesta en marcha por algunos cuerpos policiales (muy emblemáticamente por el de Nueva York en los años noventa) para justificar el freno a la delincuencia. Ahora bien, en los últimos años el número de detenciones y de uso de la fuerza por parte de la mayoría de cuerpos policiales ha bajado notoriamente (especialmente en Nueva York, donde ahora presumen de policía comunitaria), con un uso más moderado de las armas de fuego y un incremento del uso de armas menos letales, y las cifras siguen bajando. Desde la policía de Nueva York se apunta a una estrategia que se centra en los delincuentes potencialmente más peligrosos, al mismo tiempo que se profundiza en las relaciones con la comunidad, que generan confianza y seguridad. La criminología, sin embargo, no es ni mucho menos unánime a la hora de aceptar este argumento como única causa del descenso continuado de la criminalidad.

[1] Vid. https://www.nytimes.com/2017/12/27/nyregion/new-york-city-crime-2017.html

[2] Vid. https://www.brennancenter.org/analysis/city-graphs-crime-2017-preliminary-analysis

[3] Vid. https://www.brennancenter.org/publication/crime-2017-preliminary-analysis

[4] Vid. http://www.cla.temple.edu/cj/files/2015/11/PFPE_research_summary.pdf

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Más allá de los informes estadísticos oficiales, de los que nos hacemos eco habitualmente en este blog, los portales de datos abiertos y las normativas de transparencia facilitan que académicos, investigadores y periodistas analicen los datos para obtener información sobre evoluciones y tendencias, ya sea de la delincuencia en general o de algunos hechos en concreto. A continuación exponemos dos ejemplos de estos análisis que aprovechan los datos abiertos de los EE.UU.

Aumentan los homicidios de blancos

El portal de noticias The Crime Report se hacía eco de un estudio que utilizaba los informes suplementarios sobre homicidios del FBI para analizar el incremento de las víctimas de homicidios en los EE.UU. entre los años 2014 y 2016 (que fue del 22%). Mientras la opinión pública mayoritaria relacionaba este aumento con las tensiones de la policía con las comunidades afroamericanas y la dejadez de la policía en algunos barrios, este estudio centraba la atención en el incremento de muertes de personas de raza blanca, el mayor desde comienzos de los años noventa. La hipótesis que plantean es que este incremento estaría relacionado con el incremento del consumo de heroína en los EE.UU., que ha provocado un aumento considerable de las muertes homicidas de personas blancas.

No obstante, reconocen que la violencia relacionada con el mercado de las drogas está lejos de la que provocaba el mercado del crack en los años noventa, y que habría que confirmar su hipótesis con estudios más detallados en el ámbito local o de barrios.

Avance de los datos sobre criminalidad

El FBI publica los datos oficiales sobre la criminalidad en los EE.UU. entre septiembre y octubre, pero la mayoría de las grandes ciudades de aquel país tienen portales de datos abiertos donde publican de manera habitual sus propios datos. Aprovechando esta mayor frecuencia, y haciendo algunas peticiones adicionales en algunas ciudades, el Centro Brennan para la Justicia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York publica análisis estimatorios sobre la evolución de la delincuencia (y que va actualizando durante el año). En este análisis, recogen los datos de las 30 ciudades mayores de los EE.UU. y los comparan con los datos oficiales del año anterior. Hay que remarcar el carácter estimatorio de este estudio, ya que realiza las proyecciones de los datos anuales del año en curso a partir de los datos de los primeros seis meses y en base al peso que han tenido en años anteriores los hechos de los primeros semestres.

Así, el primer informe estimatorio de 2016 (del mes de septiembre) proyectaba un incremento global de la delincuencia de un 1,3%. La actualización (del mes de diciembre) reducía este aumento al 0,3%, mientras que los datos finales (en el informe publicado en junio de 2017) mostraban un incremento del 0,9%.[1]

Aunque puedan parecer grandes las diferencias entre la evolución estimada en los dos momentos diferentes y la cifra final, hay que tener en cuenta que la fuente oficial, el FBI, publica también a principios de año un informe preliminar con algunos datos semestrales, en los que las evoluciones también difieren bastante de las evoluciones anuales.

[1] Las dos últimas publicaciones corresponden a la estimación de datos de 2017 a partir de los datos del primer semestre y la actualización a mediados de diciembre de 2017.

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El Centro para la Información sobre la Pena de Muerte (DPIC en las siglas en inglés) acaba de publicar un informe sobre las penas de muerte dictadas y ejecutadas en el año 2017 que lo sitúa en el segundo más bajo desde 1973, aunque significa un pequeño repunte en relación con 2016, que presenta la cifra más baja del mismo periodo.[1] En el mismo sentido, las penas de muerte dictadas han pasado de las 279 del año 1999 a las 39 de 2017 (con el año anterior en el mínimo histórico del periodo, 31). Además, estas condenas están muy concentradas geográficamente. Hay tres condados (Riverside, CA, Clark, NV y Maricopa, AZ) que concentran el 31% de las sentencias dictadas este año. Estos condados no aparecen precisamente como ejemplares en materia de justicia criminal (la policía de Riverside es la novena en el ranking de civiles muertos por la policía). En sentido contrario, el condado de Harris, en Tejas, tradicionalmente prolífico en penas de muerte, este año no ha dictado ninguna, circunstancia que se valora como un cambio de tendencia. Las ejecuciones están también muy concentradas, concretamente el 75% de las que se han aplicado este año tuvieron lugar en cuatro estados: Tejas, Arkansas, Florida y Alabama.

Todo eso coincide con las tasas de apoyo a la pena de muerte de los últimos tiempos, que todavía, sin embargo, se sitúan en el 55% de la población (el porcentaje había llegado al 80% a mediados de los años noventa). El año 2010, una encuesta de Like Research Partners mostraba que el 61% de los entrevistados prefería penas diferentes a la muerte para los delitos de homicidio y asesinato.

Una de las razones del supuesto desprestigio de esta medida habría sido la evidencia de actividad probatoria deficiente, fiscales excesivamente agresivos y defensas de los acusados poco profesionales que conducen, de manera no aislada, a la condena de personas que no está probado que hayan cometido los hechos de que se les acusa. De hecho, desde 1973, 160 personas han sido liberadas cuando estaban en el corredor de la muerte por haberse probado su inocencia.

Otro factor es el evidente sesgo racial de la aplicación y ejecución de la pena de muerte. Mientras los negros y los hispanos constituyen un 15 y un 7%, respectivamente, de los condenados a muerte, son efectivamente ejecutados en un porcentaje superior (34,3 y 8,3%, respectivamente). En el 75% de los casos que acaban efectivamente en una ejecución, la víctima era una persona blanca (aunque estas sólo representan la mitad de las víctimas de homicidio y asesinato). En coherencia con estos datos, la inmensa mayoría de estas ejecuciones (1.195) han tenido lugar en estados del sur. Los ejecutados en el condado de Riverside entre 2010 y 2015 eran en un 76% de raza negra.

De todos modos, a pesar de esta tendencia a la baja, 31 estados todavía la mantienen en vigor.[2] En total, desde 1976 han sido ejecutadas 1.465 personas[3] y a 1 de julio de 2017, 2.817 personas estaban todavía en el corredor de la muerte esperando la ejecución.

[1] Vid. https://deathpenaltyinfo.org/documents/2017YrEnd.pdf

[2] Vid. https://deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty

[3] Vid. https://deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf

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En los Estados Unidos, el porcentaje de denuncias y de hechos que no llegan al conocimiento de las autoridades –la denominada “cifra oscura” o “negra”– es una de las informaciones que se obtienen de las encuestas de victimización.

• • En el año 2016 se denunciaron aproximadamente la mitad (el 51%) de los delitos violentos más graves (agresiones sexuales, robos violentos y agresiones violentas graves).
  • Los porcentajes de denuncia bajan al 42% para el conjunto de los delitos violentos, y al 36% para los delitos contra el patrimonio.
  • El tipo de hechos con una cifra oscura más baja es el de la sustracción de vehículos a motor, ya que se denuncian el 80% de los casos.
  • Por el contrario, las agresiones sexuales son las que tienen la cifra oscura más alta, ya que el porcentaje de denuncia es tan solo de un 23%, el más bajo de todos.

Las tasas de victimización

La tasa de victimización fue de 21,1 delitos violentos por  cada 1.000 habitantes de doce años o mayores. De estos, 7 de cada 1.000 corresponden a delitos graves, y los 14,1 restantes, a agresiones leves. Del total de delitos violentos, la tasa fue más alta por las agresiones de desconocidos (8,2) que por la violencia ejercida por la pareja (2,2 victimizaciones por 1.000 habitantes). Entre las agresiones violentas, se produjeron casi 1,8 victimizaciones causadas por arma de fuego por cada 1.000 habitantes, de las cuales se denunció el 61% (se cuantifican tanto si se ha utilizado el arma como si solo se ha mostrado).

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, los resultados de los encuestados dieron la cifra de 119,4 hechos por cada 1.000 viviendas, de los cuales 90,3 corresponden a hurtos o sustracciones sin violencia y sin entrada al hogar, 24,7 a robos en el domicilio o entradas al domicilio sin autorización, y 4,4 a sustracciones de vehículos.

Metodología

Estos son algunos de los resultados que proporciona la última edición de la encuesta de victimización de los EE. UU., que ha publicado el Departamento de Justicia de los EE.UU. en diciembre de 2017. Las encuestas se realizaron, durante el año 2016, en 224.520 residentes en los EE. UU. a partir de los doce años y en 134.690 hogares, y se preguntaba sobre hechos ocurridos en los seis meses anteriores. Este año la muestra se ha rediseñado para recoger los cambios que se han producido en el censo de población y para poder realizar estimaciones en los 22 estados con más población y en algunas áreas metropolitanas de estos estados. En consecuencia, los resultados no se pueden comparar de manera directa con los de años anteriores. A pesar de ello, los responsables afirman que en aquellas áreas en las que la muestra es la misma, los cambios no son estadísticamente significativos.

Estos datos complementan los obtenidos de la estadística policial y que recogimos hace unas semanas en Notes de Seguretat.

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Europol acaba de publicar el Informe estratégico sobre los delitos de tráfico y venta de drogas ilegales, y como estos sirven para financiar la delincuencia organizada en la UE.

Se calcula que el comercio de drogas en la UE genera al menos 24 mil millones de euros en ingresos cada año, lo que le convierte en el mayor mercado criminal de la UE. El informe proporciona una visión general del mercado de las drogas ilícitas en la UE.

• Cerca del 35% de los grupos de delincuencia organizada en la UE participan en la producción, el tráfico o la distribución de drogas ilegales. El 75% de estos grupos utiliza más de una tipología diferente de estupefaciente.
• El mercado de las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas (NPS) sigue siendo el mercado de drogas más dinámico de la UE; durante los últimos 5 años se han detectado 620 nuevas sustancias.
• Se ha producido un gran aumento en la disponibilidad de estupefacientes en el mercado europeo de drogas ilegales. Desde el año 2012, se han identificado un total de 24 nuevos tipos de drogas.
• Las drogas se comercializan ampliamente online a través de varias plataformas. La venta de medicamentos a través de los mercados de la web oscura es una amenaza importante y sigue expandiéndose.
• Poco éxito en la lucha contra el blanqueo de capitales: las actividades de blanqueo de dinero en la UE son significativas, reflejando los beneficios generados por el comercio de las drogas. Sin embargo, el marco global contra el blanqueo de dinero ha demostrado tener una tasa de resolución deficiente. A duras penas el 1% de los recursos ilícitos son confiscados por las autoridades competentes en el ámbito de la UE.

El 6 y 7 de diciembre de 2017,  los Jefes de las unidades de Drogas de todos los estados miembros de la UE, representantes de la Comisión de la UE y agencias de la UE, como Eurojust y el Observatorio Europeo para la Droga y las Toxicomanías (OEDT), así como la Agencia de Drogas de los Estados Unidos (DEA), otros socios operativos y 10 países terceros con acuerdos operativos con Europol, se reunieron en la sede de Europol para identificar y discutir sobre la implementación de nuevas maneras de abordar el comercio de drogas ilegales, que es uno de los fenómenos penales más amenazadores de la UE. Esta conferencia complementa la evaluación de la implementación de la Estrategia de drogas de la UE 2013-2020 y el Plan de acción de la UE sobre drogas 2013-2016 por parte de la Comisión Europea.

Según esta evaluación, se demuestra que ha habido algunos avances en todas las acciones del Plan de acción de la UE destinadas a la reducción de la oferta de drogas, pero en los últimos años no se ha registrado una reducción significativa de la oferta de estupefacientes. Partiendo de los resultados de la evaluación, el nuevo Plan de acción sobre drogas 2017-2020 proporciona una respuesta reforzada a los nuevos retos de salud y seguridad emergentes en materia de uso y tráfico ilícitos de drogas.

Europol es la agencia de la UE que ayuda a los estados miembros a luchar contra la delincuencia internacional grave y el terrorismo. Establecida como una agencia de la UE en el año 2010, Europol, la Agencia de Cooperación para la Aplicación de la Ley de la Unión Europea, está en el centro de la arquitectura europea de seguridad y ofrece una gama única de servicios. Europol es un centro de apoyo para las operaciones del ámbito de la seguridad, un núcleo de información sobre actividades delictivas y un centro de experiencia en aplicación de la ley. Europol colabora estrechamente con el Observatorio Europeo para la Droga y la Drogodependencia (OEDT) en la lucha contra las drogas ilegales.

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El último número de la Polizei Newsletter se hace eco de un estudio sobre la relación entre las desigualdades económicas y el miedo al delito en Europa.[1]

A partir de investigación previa, ya se había constatado con creces que había relación entre desigualdades según el nivel de ingresos tanto en los niveles de miedo al delito como en el uso de la violencia. No así según los niveles de riqueza de una sociedad, considerada globalmente, que no parecen relacionarse directamente con niveles concretos de miedo al delito. En el mismo contexto social, la investigación también había señalado que la estructura social (el grado mayor o menor de inmigración y minorías) y el capital social existente en un país podía contribuir a un mayor o menor grado de miedo al delito (cuanto más control social informal, menos miedo).

Individualmente, género, edad y minusvalía o enfermedades también se habían relacionado como factores con gran influencia en el miedo al delito, aunque los niveles de victimización de estas personas están por debajo del resto de la población. El hecho de sentirse débiles para hacer frente a las consecuencias del delito los hace sentirse más inseguros. También había estudios que hablaban de un miedo mayor al delito por parte de los miembros de minorías étnicas. El estilo de vida también influye en el nivel de seguridad; curiosamente, aquellos que hacen actividades con más riesgo son los que se sienten más seguros.[2]

Este estudio se hizo a partir de preguntas de la Encuesta social europea (ESS), en la cuarta edición del año 2008. Se tuvieron en cuenta las preguntas relacionadas con la seguridad y el delito: “¿Cómo de seguro te sientes andando solo por la noche?”, “¿Con qué frecuencia tienes miedo de que te entren a robar en casa?”, “Con qué frecuencia tienes miedo de ser víctima de un delito violento?”. Para tener referencias sobre la desigualdad de los ingresos utilizaron el coeficiente de Gini d’Eurostat, los datos de delincuencia también eran de Eurostat y el desarrollo socioeconómico lo obtuvieron del índice de desarrollo humano (IDH, en inglés HDI).

Los resultados fueron que un 90,9 por ciento de las diferencias eran debidas a diferencias de los individuos, pero el resto −un 9,1 por ciento− eran debidas a las peculiaridades de los países. La mayoría de países con un nivel alto de desigualdad presentan niveles altos de miedo al delito y de poca seguridad subjetiva. Pero es importante remarcar que, en los países con más desigualdad, son las mayorías autóctonas las que tenían más miedo al delito y no las minorías, que, en principio, son más vulnerables. Si se toma como referencia únicamente el nivel de riqueza del país, no se encuentran diferencias sustanciales en el miedo al delito en niveles lo bastante diferentes. Parece como si, en casos de máxima desigualdad, la mayoría temiera que las minorías que están en los peldaños más bajos tiendan a la delincuencia contra las mayorías con más facilidad. Pero no es la mera existencia de minorías la que genera este miedo, como lo muestra el hecho que el porcentaje de no comunitarios en el país no afecta, por si solo, el miedo al delito de la mayoría.

[1] Publicado en el European Journal of Criminology (2017), vol. 14 (2) 221-241.

[2] Vid. Crowl, J.N. i Battin, J.R. (2017). “Fear of crime and the police: Exploring lifestyle and individual determinants among university studies”, a Police Journal: Theory, Practice and Principles. Vol 90(3), pàg. 195 a 214.

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El FBI publicó, a finales de septiembre, la edición de 2016 del informe Delitos en los Estados Unidos (Crime in the United States – CIUS), con las estadísticas sobre delincuencia conocida por la policía en este país, correspondientes a hechos que ocurrieron durante el año pasado. El mayor número de ilícitos corresponde a los hechos contra el patrimonio, 7,9 millones de delitos entre hurtos y sustracciones (el 71,2%), robos en domicilios (el 19,1%) y sustracciones de vehículos a motor (9,7%). El conjunto de estos hechos contra el patrimonio baja por decimocuarto año consecutivo, aunque de las tres tipologías las sustracciones de vehículos a motor aumentaron un 7,4%.

El dato más destacado es el aumento, por segundo año consecutivo, de los delitos violentos. En concreto, en un 4,1% hasta llegar a más de 1,2 millones de delitos. En este grupo de hechos, los más numerosos son las agresiones (64,3%), seguidas de robos (26,6%), agresiones sexuales (7,7%) y homicidios y asesinatos (1,4%). También destaca que los homicidios y asesinatos han aumentado un 8,6% respecto al 2015 (cuando ya habían aumentado casi un 11%  respecto al 2014).

Los datos publicados no solo hacen referencia a estos siete tipos penales, entre otros ámbitos; también se puede encontrar información sobre:

• Incendios intencionados
• Sustracciones de mercancías
• Tráfico de seres humanos
• Delitos de odio
• Detenciones
• Efectivos de los cuerpos policiales
• Agentes policiales muertos o agredidos

El informe CIUS convive, desde junio de 2017, con el portal de exploración de datos sobre delincuencia (Crime Data Explorer – CDE), que ofrece estos datos tanto a los cuerpos de seguridad como a la ciudadanía. Como consecuencia de esta convivencia entre los dos recursos (CIUS y CDE) y de la modernización de las herramientas, los responsables del CIUS han decidido reducir el número de tablas publicadas, manteniendo 29 de las 81 previas, ya sea porque aportan una información diferente o porque son las más consultadas en este espacio.

Hay que recordar que el FBI no recoge los datos directamente, sino que son las diferentes policías y cuerpos policiales (de ámbito municipal, condal, universitario, estatal, tribal y federal) los que introducen sus estadísticas en un sistema nacional. Este sistema actualmente está en proceso de cambio, motivo por el cual el detalle de los datos que se pueden consultar en el CDE es diferente para cada uno de los estados.

 https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2016/11/07/se-confirma-el-incremento-de-los-delitos-violentos-y-el-descenso-de-los-delitos-contra-la-propiedad-en-los-ee-uu/

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