Según publica un informe reciente del Vera Institute of Justice de los Estados Unidos, la mayoría de los estados han introducido reformas legislativas en el ámbito de la policía.

El discurso norteamericano de la justicia penal se ha centrado en gran medida en la policía a lo largo de los últimos años. Cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden –frecuentemente con resultado de muertes– y con su aplicación desproporcionada a las personas de color han centrado el debate real y virtual y han convertido casos reales y puntuales en fenómenos virales que son incomparables con ningún otro momento de la historia reciente.

Al mismo tiempo, “los homicidios” de policías que han tenido lugar en Nueva York, Dallas y Baton Rouge aumentaron los temores por la seguridad de los agentes. En respuesta, las partes interesadas del gobierno y las comunidades han empezado a buscar maneras de aumentar la confianza del público en el cumplimiento de la ley, que es básica para la seguridad pública.

Existen más de 18.000 departamentos de policía en los Estados Unidos, que se rigen por ciudades y condados. Tradicionalmente, los esfuerzos de la reforma policial han tenido como motor principal las jurisdicciones locales.

Últimamente, la acción local en seguridad se ha visto también complementada y reforzada en el ámbito estatal, como se evidencia en el aumento precipitado del número de normativa estatal que se aprobó durante los años 2015 y 2016. En general, 34 estados y el Distrito de Columbia hicieron al menos 79 cambios legislativos en ámbitos que rigen las actuaciones policiales.

Los objetivos principales de estos cambios legislativos fueron los siguientes:

• Mejorar las prácticas policiales: obligación de hacer formación en uso de la fuerza; capacitación para tratar personas vulnerables, con enfermedades mentales o demencia; cautelas para evitar el racial profiling, con prohibiciones expresas en diversos casos; restricciones a las técnicas de control, etc.
• Documentar las operaciones de la policía: 31 de las nuevas leyes regulan el uso de cámaras de vídeo en el uniforme de la policía; muchas de ellas introducen medidas de protección para los ciudadanos que registran acciones policiales y regulan el uso y el almacenaje de datos por parte de la policía.
• Aumentar la rendición de cuentas en casos de uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente en los casos con resultado de muerte: se aumenta la independencia de las investigaciones en estos casos, obligando a que las lleven a cabo agencias externas o fiscalías especiales. En algunos estados, las reformas obligan a la fiscalía a hacer públicas las resoluciones en que deciden no perseguir este tipo de casos. Tres de los estados han hecho reformas en el funcionamiento del Gran Jurado para facilitar la investigación de estos casos.

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