Recientemente se han publicado los resultados de un estudio [1] que tenía como objetivo determinar la influencia de las variables derivadas de los enfoques de disuasión, influencia social y legitimidad en la transgresión de cuatro de las normas de tráfico que más preocupan a las autoridades en esta materia:

• el uso del cinturón de seguridad
• la manipulación del teléfono móvil mientras se conduce
• el exceso de velocidad
• el exceso de alcoholemia en el volante

Para conseguir este objetivo, se realizó una encuesta a 1.500 conductores. Los resultados obtenidos muestran que:

• La influencia social es un factor determinante para el cumplimiento de todas las normas de tráfico.
• Las variables de legitimidad tienen un peso importante para predecir la probabilidad de transgresión.
• Ninguno de los factores derivados del modelo de disuasión presentan influencia sobre estos comportamientos.

En los últimos años, con la mejora progresiva tanto de las vías como de la seguridad de los vehículos, la investigación científica ha subrayado que actualmente la causa principal de la accidentalidad vial es el factor humano, que incluye, entre otros comportamientos, la transgresión de las normas viales.

Según las autoras del estudio, con las políticas públicas que se están desarrollando y aplicando, parece asumirse que la clave para prevenir la transgresión radica en el aumento de los castigos formales, dejando de lado otros elementos que podrían ser más eficientes, como por ejemplo las normas y sanciones sociales informales o el propio sistema de valores del individuo.

Los resultados del estudio manifiestan la necesidad de una revisión de los planteamientos en que actualmente se basan las políticas públicas en materia de prevención de los comportamientos peligrosos al volante.

Consideran que el comportamiento de los conductores ante cada una de las normas de tráfico estudiadas presenta diferencias que aconsejarían la diversificación de las estrategias de control social formal para fomentar los comportamientos responsables al volante y, así, conseguir una mayor eficacia preventiva.

La probabilidad de cumplir las normas dependerá fundamentalmente de dos factores, que son, por una parte, el comportamiento adoptado por el grupo de referencia y, por otra parte, que los preceptos formales se consideren moralmente aceptables.

Por lo tanto, concluyen que las normas formales impuestas y el trato que dan las autoridades legales tendrían que corresponderse con el sistema de valores compartido por los miembros de la sociedad.

[1] Estudio elaborado por Rebeca Bautista Ortuño y Esther Sitges Macià de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Financiado por la Dirección General de Tráfico estatal. Revista Española de Investigación Criminológica. Artículo 5, Número 14 (2016). ISSN: 1696-9219. www.criminologia.net

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El National Gang Center[1] de Estados Unidos publica semestralmente, desde el año 2012, un boletín con información sobre diferentes aspectos relacionados con los grupos juveniles o bandas criminales (gangs). El número de otoño de 2016 trata especialmente de las particularidades de las chicas en los grupos juveniles.

Por una parte, presenta algunos resultados de un estudio que pretendía mejorar la comprensión de las experiencias de las chicas involucradas en grupos juveniles, incluyendo sus razones para entrar o salir de los grupos, los papeles que juegan en ellos y las estrategias de desistimiento. Los autores de este estudio recomiendan cuatro acciones para dar apoyo a la tarea de ayudar a las chicas a desistir de la actividad criminal y a salir de los grupos:

• Tener en cuenta cómo interconectan diferentes factores personales.
• Entender que las chicas pueden estar atrincheradas en sus vidas dentro de la banda.
• Proporcionar servicios a medida, como tener en cuenta las necesidades específicas que pueden tener las chicas embarazadas.
• Trabajar con las fortalezas de las chicas.

Por otra parte, también se presenta una recopilación de programas que han demostrado su efectividad en la delincuencia femenina. El motivo de esta aproximación es que en los últimos 20 años ha aumentado el número de chicas que han pasado por el sistema de justicia juvenil, un sistema diseñado en su origen para trabajar con chicos y no con chicas. Así, mientras que la mayoría de factores de riesgo pueden ser parecidos para chicos y chicas, existen otros que son más específicos de ellas. En consecuencia, las especificidades de los caminos que han llevado a las chicas a tener conductas delictivas tendrían que suponer también oportunidades para llevar a cabo programas de tratamiento diferenciados.

Además de estas cuestiones relacionadas con la participación femenina en las bandas, el boletín contiene una recopilación de recursos vinculados al tráfico de personas y una aproximación a la ruptura del ciclo de la violencia entre bandas desde un doble punto de vista: el del Modelo Integral sobre Bandas y el del Modelo de Salud Pública para el tratamiento informado de hechos traumáticos.

[1] El Centro Nacional sobre Bandas es un proyecto financiado de forma conjunta por dos organismos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos: la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia y la Oficina de Asistencia Judicial. Su misión es ofrecer la información y los recursos sobre grupos a las jurisdicciones estatal, local y tribal. También lidera el intercambio de información, la formación y la asistencia técnica a profesionales y académicos.

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Hay una impresión generalizada de que la confianza y el respeto hacia la policía son extremadamente frágiles entre los jóvenes. El uso intensivo del espacio público y sus contactos conflictivos con la policía serían la causa (además de un antiautoritarismo propio de la edad). A fin de comprobar esta impresión, Sindall, McCarthy y Brunton-Smith han llevado a cabo un estudio a partir de una muestra de 1.500 jóvenes (10-15 años) y sus padres, en el marco de la Encuesta de victimización de Inglaterra de los años 2010 a 2012.

El estudio partía de dos premisas: a) que existen grandes similitudes en la opinión que padres e hijos tienen de la policía, y b) que los contactos de los jóvenes con la policía pueden condicionar su opinión y que, en este sentido, si la policía trata justamente a los ciudadanos, los adolescentes tienen una opinión más favorable. De hecho, hay muchos estudios que identifican los grupos entre los cuales la policía recibe una valoración más negativa como aquellos que son objeto preferente y frecuente de su atención (jóvenes, minorías, vagabundos y pobres en general).

Los resultados de este trabajo muestran que los jóvenes de entre 10 y 15 años en Inglaterra y Gales tienen mayoritariamente una opinión favorable de la policía (53%), solo un 5% tiene una opinión abiertamente negativa y un 42% tiene una opinión neutra. En general, independientemente de las características individuales de los jóvenes y del entorno donde viven, hay una alta correspondencia entre el punto de vista de los padres y el de los hijos. Los que llevan una vida con pocas conexiones con los padres y la escuela tienen un nivel de cinismo mayor y relativizan las virtudes de la policía. Las chicas confían más en la policía que los chicos, y el aumento de la edad implica una reducción de la confianza de 20 puntos por cada incremento anual. El contacto con la policía no afecta a la opinión que tienen cuando es positivo, pero sí que lo hace cuando es negativo, porque disminuye la valoración.

La influencia de los padres en la opinión de los hijos sobre la policía es más alta en las zonas donde la policía es muy visible y más débil en las zonas donde la policía prácticamente no tiene presencia. Los hijos de padres casados y los que valoran el lugar donde viven como una buena zona para vivir tienen una opinión mejor sobre la policía.

Los autores del trabajo advierten que el hecho de que la mayoría de los jóvenes entrevistados lo fueran en presencia de alguno de sus padres (el 88% de los que tenían 10 años y el 63% de los que tenían 15) puede haber sesgado los resultados, ya que es posible que los jóvenes intentaran decir aquello que creían que esperaba el progenitor presente.

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Un estudio reciente de la Police Foundation americana, mencionado en el último número de la Polizei Newsletter, llevado a cabo por Brett M. Cowell y Anne L. Kringen, intenta profundizar en los efectos de la patrulla a pie, así como en sus retos de cara al futuro.

Se trata de un tema muy debatido en el mundo de la criminología, fundamentalmente americana. A partir de los ya antiguos experimentos de Kansas City y de la patrulla a pie de Newark, ha sido un tema recurrente, e incluso se llegó a teorizar sobre el tiempo que duraba el efecto disuasivo de la presencia policial. En los últimos años, el experimento de patrullas focalizadas a pie de Filadelfia combinó el efecto de las patrullas a pie con los principios de lo que se conoce como smart policing.

La discusión en todos estos casos se centra, por una parte, en la capacidad preventiva de la presencia policial, y, por otra, en determinar si esta presencia es más efectiva en vehículo o a pie. Como muy bien dicen los autores del trabajo, “aunque la patrulla a pie puede ser entendida como una estrategia para reducir la delincuencia, no hay conclusiones definitivas en relación con su efectividad en este punto”. En muchos casos, la efectividad varía en función de cómo se llevan a cabo las patrullas.

A fin de obtener conclusiones más claras y detalladas, el estudio ha trabajado con cinco servicios de policía en los que se llevaban a cabo patrullas a pie de distintas formas: el Cambridge Police Department, el New Haven Police Department, el Kalamazoo Department of Public Safety, el Evanston Police Department y el Portland Police Bureau. El equipo investigador llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con policías, grupos focalizados con miembros de la comunidad y técnicas de observación.

Los resultados del estudio apuntan beneficios claros de las patrullas a pie:

• La patrulla a pie facilita el establecimiento de relaciones entre policías y ciudadanos.
• La patrulla a pie promueve la aplicación efectiva de la capacidad de los agentes de resolver problemas.
• Las relaciones establecidas a través de la patrulla a pie pueden cambiar cómo la población percibe a los agentes de policía.
• Estas relaciones entre policía y ciudadanos tienen potencial para mejorar la legitimidad de la policía a los ojos de la comunidad.
• La patrulla a pie recompensa y beneficia psicológicamente a los agentes involucrados.

El estudio también detecta retos futuros a afrontar respecto a este tipo de patrullas:

• Las patrullas a pie requieren altas dotaciones de personal.
• Los indicadores tradicionales de medida de la actividad policial pueden ser inadecuados para medir la eficacia de las patrullas a pie.
• La patrulla a pie centrada en los contactos con la población puede ser vista como antiética por el modelo tradicional policial, centrado en el control del delito, y puede ocasionar disfunciones y contradicciones internas en la organización policial.

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La revista Polizei Newsletter, en su último número, recoge información sobre una encuesta del Instituto de Encuestas de Opinión alemán que evidencia las tendencias dispares de la seguridad subjetiva y la delincuencia. Así, los datos de la criminalidad continúan estables —como ya señalamos en un apunte anterior —, e incluso los robos con violencia, los delitos de lesiones en los espacios públicos y el uso de armas de fuego han disminuido últimamente (en este último caso, está bajando desde el año 2003). Solo los robos a domicilio y las infracciones contra la normativa de extranjería presentan un crecimiento significativo (sobre todo en el último caso, un 157% en el último año).

Sin embargo, dos de cada tres alemanes entrevistados manifiestan que la seguridad ha empeorado en los últimos tres años. Si nos centramos en el grupo de edad de personas mayores de 55 años, la cifra sube hasta el 75% de los entrevistados, que ven un empeoramiento de la seguridad a su alrededor. Las mujeres ven la tendencia de la seguridad un poco más negativa que los hombres (el 70% dice que ha empeorado, frente al 67% de los hombres). Los jóvenes de entre 18 y 24 años están muy divididos, pero son más optimistas que el conjunto de los entrevistados (solo un 51% considera que hay un empeoramiento), como también lo son los adultos de entre 25 y 34 años (el 58% cree que ha empeorado). El grupo más optimista de todos es el de los estudiantes (solo un 48% considera que la situación va a peor). Únicamente una cuarta parte de las personas entrevistadas creen que las estadísticas policiales sobre criminalidad se corresponden con la realidad.

Por länder (distribución territorial equivalente a las comunidades autónomas españolas), tampoco se da coincidencia entre delincuencia y seguridad subjetiva. Así, mientras que el land con menos delincuencia es Baden-Württemberg (que en 2015 ha desbancado a Baviera), un 67% de los entrevistados manifiesta que la inseguridad va en aumento, mientras que en la ciudad-estado de Hamburgo, con cifras delincuenciales más altas (una tasa por  mil habitantes que duplica la de Baden-Württemberg), solo un 59% es pesimista en relación con la evolución de la seguridad en los últimos años.

En este contexto, la lucha contra la inseguridad (seguridad subjetiva baja o negativa) ha dejado de estar relacionada con la lucha contra la delincuencia. La inseguridad ha entrado en el mercado de la política, ya que parece producir dividendos, y empieza a despertar un populismo que puede propugnar medidas muy radicales (a menudo restrictivas de derechos) con el fin de apaciguar el sentimiento de inseguridad, aunque no comporten ninguna reducción del riesgo de victimización. Según el informe, las organizaciones defensoras de los derechos humanos no han valorado lo suficiente la peligrosidad de estas políticas respecto a los derechos de los ciudadanos.

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Un informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, en sus siglas en inglés) constata que anualmente miles de personas tienen que ser atendidas en urgencias hospitalarias a causa de la ingesta de diversos tipos de drogas. El informe está basado en el análisis realizado por la Red Europea de Emergencias por Drogas (Euro-DEN Plus), que sigue en 20 hospitales de referencia los ingresos en los servicios médicos de emergencia debidos al consumo de drogas. El informe recoge casos entre el mes de octubre de 2013 y el mes de septiembre de 2015. En este periodo, se registraron 10.956 casos, de los que tres cuartas partes (76%) fueron dados de alta desde el mismo servicio de urgencias y un 45%, en un periodo no superior a cuatro horas. En 49 casos la intoxicación produjo la defunción de las personas ingresadas. La mayoría de los afectados (un 68%) llegaron al centro hospitalario en ambulancia.

Fuente: Informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA)

La mayor parte de los casos eran adultos de entre 20 y 39 años. Los hombres dominan todos los grupos de edad y constituyen un 76% del total. En un 62% de los casos, una única sustancia fue la causante de la intoxicación, mientras que en un 26% se detectaron dos y, en el resto, más de dos. La mayoría de las sustancias detectadas (64%) eran drogas ilegales. La heroína era la más común (un 24% de los casos), pero también se encontró cocaína (1.816 casos), cannabis (1.741 casos), anfetaminas y MDMA. Las nuevas sustancias psicoactivas (NPS) estaban presentes en un 11% del total de emergencias por drogas. En un cuarto del total de casos, la causa fueron fármacos de prescripción médica (opiáceos y benzodiacepinas).

Los síntomas más comunes eran agresividad (26%), dolores en el pecho (7%) y psicosis (6%). El 84% de los casos de muerte fueron hombres con una edad media de 29 años. En 23 casos, la droga causante de la muerte fue un opiáceo; en 15, sustancias estimulantes, y en el 9%, nuevas sustancias psicoactivas.

Los meses con un mayor número de ingresos fueron junio, julio y agosto (por encima de 1.000), mientras que en invierno (diciembre, enero y febrero) el número se situaba por debajo de los 800. Los centros con más ingresos se encontraban en Alemania, Irlanda, Polonia y Reino Unido.

La cantidad de ingresos hospitalarios evidencian el daño que las drogas causan en las personas que las consumen, y el Observatorio quiere darle difusión a fin de concienciar a la ciudadanía del peligro y reducir, así, su consumo.

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El Ministerio del Interior francés acaba de publicar un informe en el que explica cómo organizó el despliegue de seguridad en torno a las selecciones nacionales en la pasada Eurocopa de fútbol, que tuvo lugar en Francia entre los meses de junio y julio de este año.

Existía una gran preocupación por la posibilidad de que algún grupo terrorista (especialmente del entorno de Daesh) llevara a cabo algún ataque durante el desarrollo de la Eurocopa de fútbol. La gran trascendencia mediática del acontecimiento y de algunas selecciones en particular planteaba como muy atractiva, en términos de resonancia informativa, la comisión de actos terroristas en ese contexto.

Se movilizaron todas las unidades de élite disponibles: la Brigada de Búsqueda de Información (BRI) de la Jefatura de Policía de París; el Grupo de Investigación, Asistencia, Información y Disuasión (RAID) de la Policía Nacional, y los grupos de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN).

Se consideró que había una selección que presentaba un riesgo especial, la selección española, y se le asignó la BRI de manera exclusiva. También participaban en la protección miembros de la policía española y un oficial de enlace de la Policía Nacional francesa. Todos los movimientos de cualquier miembro de la expedición tenían que ser planeados y conocidos por los responsables de la seguridad. Durante el partido contra Croacia, que se consideró de alto riesgo porque grupos de aficionados croatas habían amenazado con invadir el terreno de juego, miembros de la BRI se posicionaron en lugares clave del estadio para detectar cualquier movimiento peligroso de los aficionados desde el momento en el que el equipo español llegó al estadio.

El RAID se encargó de la seguridad de once equipos nacionales: Francia, Inglaterra, Rusia, Turquía, Albania, Croacia, Gales, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Suiza.

EL GIGN se encargó de la seguridad de las doce selecciones restantes: Alemania, Bélgica, Portugal, Austria, Hungría, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Polonia, Suecia y Ucrania.

El otro equipo que, por razones obvias, fue objeto de especial protección (posiblemente al máximo nivel) fue el de Francia, que fue protegido por el Grupo RAID H24. Esta protección era total: durante los desplazamientos, los partidos y los entrenamientos, y en los alojamientos. Los Bleus iban seguidos y precedidos por los vehículos de los hombres de negro. Los vestuarios de los estadios se inspeccionaban en todos los partidos antes de que llegaran los jugadores. Este seguimiento exigía una gran capacidad de adaptación a los movimientos de los jugadores en todo momento.

Obviamente, además de proteger a las selecciones nacionales, había otras unidades encargadas del orden público (Compagnies Républicaines de Sécurité y grupos de la Gendarmerie Mobile) y de la seguridad ciudadana en las ciudades donde tenían lugar los partidos de competición, circunstancia que implicó a las patrullas uniformadas de los cuerpos estatales y también a las policías locales (en las ciudades donde había).Todas estas unidades tuvieron que trabajar con la máxima coordinación posible entre ellas y con las unidades de élite encargadas de proteger a los miembros de las selecciones.

El Home Office británico acaba de publicar una segunda edición de su informe de este año sobre uso de drogas ilegales entre personas de 16 a 59 años. Los datos provienen de la encuesta de victimización para Inglaterra y Gales (CSEW en sus siglas en inglés) del periodo 2015-2016. Los resultados más significativos son los siguientes:

• Un 8,4% de los adultos entre 16 y 59 años han consumido alguna droga ilegal durante el último año (cerca de 2,7 millones de personas). Este dato significa un descenso muy ligero en relación con el año anterior (8,6%), pero más de un 10% de descenso si se compara con los datos de 2005-2006.
• Un 18% de los jóvenes adultos (entre 16 y 24 años) han consumido alguna droga en el último año. Aquí también hay un ligero descenso en relación con el año anterior (19,5%), pero más considerable si nos remontamos a 2005-2006 (25,2%).
• Un 4,3% de los adultos (entre 16 y 59 años) y un 9,1% de los jóvenes adultos (entre 16 y 24 años) han consumido alguna droga en el último mes. La cifra es similar a la del año anterior, pero superior en relación con la encuesta de 2005-2006.
• Un 53% de los adultos (entre 16 y 59 años) han tomado alguna droga ilegal en el transcurso de su vida, cifra similar a la del periodo 2005-2006, pero cinco puntos superior a la del año 1996.

La droga más consumida es el cannabis; un 6,5% de los adultos encuestados ha consumido en el último año, cifra similar a la del año anterior (6,7%), pero significativamente inferior a la de hace diez años (8,7%) y a la del año 1996 (9,4%). Los adultos jóvenes (entre 16 y 24 años) también consumen principalmente cannabis (15,8%, porcentaje que implica casi un millón de consumidores), y siguen la tendencia del año pasado, pero lejos de los resultados de 2005-2006 (21,4%) y de 1996 (25,8%).

La segunda droga más consumida entre los adultos es la cocaína en polvo (un 2,2% de los adultos), pero no es así en el caso de los jóvenes adultos, que consumen un poco más de éxtasis (4,5%) que cocaína en polvo (4,4%). En relación con el año anterior, la cocaína en polvo se estabiliza a la baja (2,3% y 4,8% el año anterior). Desde los años 2008-2009, en los que se produjo el punto más alto en el consumo de esta droga (3% entre 16 y 59 años y 6,5% entre 16 y 24 años), se mantiene una tendencia ligera al descenso. En relación con el periodo 2005-2006, las cifras son similares, pero siguen siendo altas si las comparamos con las del año 1996, que en el caso de los adultos no llegaba al 1% y en el de los adultos jóvenes era por debajo del 2%.

Un 3,3% de los adultos (entre 16 y 59) fueron clasificados como consumidores habituales (cerca de 1.100.000 personas), mientras que los adultos jóvenes (entre 16 y 24) consumían en una proporción más alta (4,7%, 292.000 personas). La mayoría de estos consumidores habituales lo son de cannabis (37%). En cambio, la mayoría de consumidores de cocaína en polvo (61%) y de éxtasis (69%) solo consumen una vez al año. Los consumidores frecuentes de estas drogas han disminuido del 24,5% en la encuesta de 2005-2006 al 11,1% en la encuesta de 2015-2016.

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La Oficina de Estadísticas de Justicia de los Estados Unidos (BJS por sus siglas en inglés) ha publicado los resultados de la última edición de la National Crime Victimization Survey, que presenta los resultados de encuestas a 95.760 hogares, en los que han entrevistado a 163.880 personas de 12 años o mayores. Los resultados más destacados, respecto a los hechos del año 2015, son los siguientes:

• Se produjeron 18,6 victimizaciones por delitos violentos (violación o agresión sexual, robo violento y agresión grave o leve) por cada 1.000 personas de 12 años o mayores.
• El 0,98% de la población de 12 años o mayores sufrió un hecho violento o más.
• Se produjeron 110,7 victimizaciones por delitos contra la propiedad (allanamientos de morada, hurtos y sustracciones de vehículo) por cada 1.000 hogares.
• El 7,60% de los hogares de los EE. UU. sufrieron un delito o más contra la propiedad.
• Tanto la tasa de victimización por delitos violentos como la tasa de delitos contra la propiedad han bajado respecto al año anterior, aunque de forma poco significativa, según las estadísticas del BJS (de 20,1 a 18,6 los hechos violentos y de 118,1 a 110,7 los hechos contra el patrimonio).
• Se denunciaron a la policía el 47% de los delitos violentos y el 35% de los delitos contra la propiedad.
• Salvo las violaciones y agresiones sexuales, de las que se denuncian el 32,5%, los hechos más graves tienen un porcentaje de denuncia superior al 50% (robos con violencia, un 61,9%, y delitos violentos graves, un 54,9%).
• En el último año se ha producido un descenso significativo en el porcentaje de denuncia de los robos a domicilio (del 60,0% al 50,8%) y de las sustracciones de vehículo (del 83,3% al 69,0%).

Además de presentar el informe, el BJS también ha actualizado la herramienta de análisis de los datos de victimización (NCVS Victimization Analysis Tool (NVAT), con la que se puede acceder a las encuestas realizadas desde 1993, a la metodología, a las definiciones y a otros documentos de apoyo.

A pesar de que los datos del año 2015 todavía no están disponibles para la descarga, sí que se pueden consultar, tanto a través de tablas ya configuradas como por otras que el usuario puede personalizar (se pueden seleccionar hasta cinco criterios diferentes: tipo de victimización —personal o en el hogar—; período temporal —entre 1993 y 2015—; tipo de delito, y dos variables de análisis, entre las cuales se puede escoger, entre otras, la edad, el sexo, el origen de la víctima, si lo ha denunciado a la policía, el lugar de los hechos, etc.).

Estos resultados vienen a complementar los datos obtenidos a partir del registro policial de los que se habló en este blog, Notes de seguretat aunque la comparativa no resulta fácil porque en cada uno de los registros se ha utilizado una metodología diferente.

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Según un estudio publicado por el diario The Washington Post, en el año 2015, las intervenciones con arma de fuego llevadas a cabo por agentes de servicio en Estados Unidos causaron la muerte de 991 personas. La mayoría (942) eran hombres; en 782 casos, habían amenazado a la policía con armas letales; la raza de las víctimas era mayoritariamente blanca (495), y el grupo de edad más común, entre los 18 y los 44 años (684).

Llama la atención el elevado número de personas que iban desarmadas cuando la policía les disparó (93) o que llevaban un arma de juguete (34), circunstancia que implica que un 12% de las personas muertas no representaban ningún peligro efectivo para la policía ni para terceras personas. El número de negros e hispanos (430) también es significativamente alto (casi iguala al de blancos), dato que significa una clara sobrerrepresentación de estos grupos en comparación con el peso que tienen en el total de la población. Un dato a tener en cuenta es que 251 de esas personas presentaban síntomas de enfermedad mental (más del 20% del total) y que 277 tenían más de 45 años. En la mayoría de los casos, la policía justifica su actuación porque la persona objeto de la intervención atacaba a la policía (o a terceras personas).

Destaca el número exageradamente elevado de casos en el estado de California (177), en comparación con otros estados también con altos niveles de población. Así, por ejemplo, en el estado de Nueva York solo se registraron 19 víctimas. Tejas también presenta cifras muy relevantes de incidentes (95), con mayoría de ciudadanos negros e hispanos (50 contados conjuntamente). El tercer lugar de este ranking lo ocupa Arizona, con 39 casos, en este caso mayoritariamente ciudadanos blancos (27). Rhode Island —con una población de cerca de un millón de habitantes— es el único estado en el que no se produjo ningún muerto como consecuencia de intervenciones policiales.

Según la misma fuente, en fecha 24 de octubre de 2016, 776 personas han perdido la vida en manos de la policía desde el 1 de enero. No se trata, ciertamente, de datos oficiales, sino que se recogen a partir del seguimiento de noticias, páginas web de policías, redes sociales y otras bases de datos independientes que también recopilan esta información. Los únicos datos oficiales son los correspondientes a los homicidios justificados que publica el FBI, que en el año 2015 ascendían a 442. Hay que tener presente, sin embargo, que los casos no justificados no están incluidos. Además, el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho ningún intento de rebatir los datos de esta investigación. [*]

Muy posiblemente el supuesto derecho a llevar armas reconocido en la segunda enmienda de la Constitución americana, que favorece que haya mucha gente armada en las calles, sería la causa de que la policía tenga una predisposición excesiva a utilizar el arma de fuego. Además, no es infrecuente que comisiones o autoridades policiales dictaminen un uso indebido del arma por parte de los agentes, como apuntan Los Angeles Times y NBC New York. Otras investigaciones —como la del diario The Guardian— todavía ofrecen cifras más elevadas (1.146 personas muertas en el año 2015), ya que no solo contabilizan muertos por arma de fuego y causados por agentes de servicio, sino que también incorporan a personas fallecidas por el uso de armas eléctricas o bajo custodia policial.

[*] Esta investigación, por otra parte, ha sido reconocida por las organizaciones periodísticas. The Washington Post y The Guardian han sido nombrados finalistas en el Goldsmith Prize for Investigative Reporting del año 2016 por sus investigaciones sobre muertos a causa de intervenciones policiales.

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