Recientemente se han publicado los resultados de un estudio [1] que tenía como objetivo determinar la influencia de las variables derivadas de los enfoques de disuasión, influencia social y legitimidad en la transgresión de cuatro de las normas de tráfico que más preocupan a las autoridades en esta materia:

• el uso del cinturón de seguridad
• la manipulación del teléfono móvil mientras se conduce
• el exceso de velocidad
• el exceso de alcoholemia en el volante

Para conseguir este objetivo, se realizó una encuesta a 1.500 conductores. Los resultados obtenidos muestran que:

• La influencia social es un factor determinante para el cumplimiento de todas las normas de tráfico.
• Las variables de legitimidad tienen un peso importante para predecir la probabilidad de transgresión.
• Ninguno de los factores derivados del modelo de disuasión presentan influencia sobre estos comportamientos.

En los últimos años, con la mejora progresiva tanto de las vías como de la seguridad de los vehículos, la investigación científica ha subrayado que actualmente la causa principal de la accidentalidad vial es el factor humano, que incluye, entre otros comportamientos, la transgresión de las normas viales.

Según las autoras del estudio, con las políticas públicas que se están desarrollando y aplicando, parece asumirse que la clave para prevenir la transgresión radica en el aumento de los castigos formales, dejando de lado otros elementos que podrían ser más eficientes, como por ejemplo las normas y sanciones sociales informales o el propio sistema de valores del individuo.

Los resultados del estudio manifiestan la necesidad de una revisión de los planteamientos en que actualmente se basan las políticas públicas en materia de prevención de los comportamientos peligrosos al volante.

Consideran que el comportamiento de los conductores ante cada una de las normas de tráfico estudiadas presenta diferencias que aconsejarían la diversificación de las estrategias de control social formal para fomentar los comportamientos responsables al volante y, así, conseguir una mayor eficacia preventiva.

La probabilidad de cumplir las normas dependerá fundamentalmente de dos factores, que son, por una parte, el comportamiento adoptado por el grupo de referencia y, por otra parte, que los preceptos formales se consideren moralmente aceptables.

Por lo tanto, concluyen que las normas formales impuestas y el trato que dan las autoridades legales tendrían que corresponderse con el sistema de valores compartido por los miembros de la sociedad.

[1] Estudio elaborado por Rebeca Bautista Ortuño y Esther Sitges Macià de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Financiado por la Dirección General de Tráfico estatal. Revista Española de Investigación Criminológica. Artículo 5, Número 14 (2016). ISSN: 1696-9219. www.criminologia.net

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