Según un estudio publicado por el European Union Institute for Security Studies, en los próximos años la inteligencia artificial (IA) estará presente en casi todos los ámbitos de la vida diaria: comunicación, asistencia sanitaria e incluso en seguridad y defensa.

En el ámbito de la defensa, la IA puede representar una oportunidad y a la vez un peligro. Por una parte, tenemos la falta de la perspectiva humana en el funcionamiento de armas, la cual puede producir violaciones de las normas internacionales en relación con la conducta de guerra. Por otra parte, se habla de la IA como mejora en la toma de decisiones en procesos militares. La cuestión aquí es la siguiente: en una situación de tensión y emoción, ¿la IA supone un valor añadido o un hándicap en la toma de decisiones? ¿La UE dejará perder la oportunidad de que intervenga la revolución de la inteligencia artificial?

Sin embargo, desarrollar una estrategia en defensa basada en la IA dependerá de la actitud de los gobiernos de cada país. Ellos decidirán si se debe invertir suficiente capital en procesos de I+D y robótica.

La IA puede ser utilizada como una herramienta destinada a las misiones y operaciones de CSDP (EU’S Common Security and Defence Policy), en las fases de detección, preparación y protección.

En la primera fase (detección), la IA podría permitir que la UE recopilara información y datos de países geográficamente lejanos en vez de enviar personal técnico a la zona. También la interpretación de información podría ser interesante, ya que proporciona una visión más amplia del conflicto o de las dinámicas de la crisis que se esté viviendo en el país o región. Este nuevo fenómeno podría ayudar a otros órganos de la UE, como SIAC (Single Intelligence Analysis Capacity), a solucionar el vacío entre la detección y la primera acción. Además, la IA mejoraría la detección de capacidades a nivel más táctico. Por ejemplo, podría apoyar la elección de localizaciones para llevar a cabo asistencia humanitaria, o la mejor localización en la que establecer campos de refugiados o identificar suministros de agua, etc.

En la segunda fase (preparación), la IA puede tener un rol significativo en los procesos de decisión bajo la CSDP. La IA se utilizaría para clasificar o priorizar políticas en función de un criterio preprogramado y así permitir que los legisladores tengan unos conocimientos de los factores y costes más precisos. Por lo tanto, la IA puede promover una mejor distribución de recursos durante las misiones y operaciones y también daría al Comité Político y de Seguridad (PSC) una visión más amplia de la crisis y su contexto. El estudio también habla sobre otras habilidades que este tipo de inteligencia podría ofrecer. Como por ejemplo, intervenir en procesos de grabación de acciones de individuos y de grupos terroristas, en los que los datos estén basados en acciones pasadas, doctrinas y/o estrategias. En esta fase, también entraría todo aquello relacionado con el transporte y la asistencia, entendiendo que la IA puede ser útil para crear vehículos semiautónomos para así proteger convoyes enviados a territorios hostiles, o trabajadores de ONG, personal sanitario o diplomáticos.

En la tercera fase (protección), la IA tendría como objetivo principal facilitar ayuda a la UE para proteger a su personal y mejorar su resistencia en el campo, en el caso de cuerpos militares del CSDP. Investigaciones actuales sobre esta inteligencia prueban que en el ámbito tecnológico hay más posibilidades de uso, como sensores de imagen en zonas oscuras u hostiles, y orientación médica tanto por humanos como por robots médicos.

El interés actual en esta nueva disciplina se vuelve importante como contramedida para combatir los delitos cibernéticos, ya que estos van en aumento. A través de la IA se podría proteger al personal europeo de campañas desinformadoras (fake news, imágenes, vídeos falsos…)  y ciberataques.

Fuentes de información:

• https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2010%20AI.pdf

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El 28 de febrero del año pasado, la EUROPOL publicó la octava edición del SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment), un informe que se publicó cada año desde el 2004 hasta el 2009 y cada cuatro desde entonces. El documento no solo describe, sino que también anticipa, las principales y emergentes amenazas del crimen organizado. En esta edición, se destaca el rol de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los grupos de crimen organizado y la capacidad que estos tienen para adaptarse a la innovación tecnológica. Los cambios en las estructuras y características de los mercados criminales y el esfuerzo de los delincuentes por esquivar a las autoridades policiales y los cambios de legislación han hecho incrementar el comercio de bienes y servicios ilegales a través de internet.

En esta última edición del SOCTA, la EUROPOL identifica las siguientes actividades criminales como principales amenazas del crimen organizado:

• Cibercrímenes
• Producción, tráfico y distribución de drogas ilegales
• Tráfico de migrantes
• Crimen organizado contra la propiedad
• Tráfico de personas (para trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de niños)

Además, señala tres prácticas ilegales transversales que tienen un impacto importante en las actividades criminales de mayor gravedad, anteriormente mencionadas.

• Delitos financieros y blanqueo de capital
• Falsificación de documentación
• Comercio en línea de bienes y servicios ilegales

El informe explora también los vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo y destaca la necesidad de cooperación entre las fuerzas policiales de los diferentes países de la Unión, tanto entre ellas como entre ellas y la EUROPOL.

Además, presenta un análisis extenso sobre la situación actual de los grupos de crimen organizado en relación con varios aspectos y describe las tendencias. En este sentido destaca:

• Más de 5.000 grupos de crimen organizado que operan a escala internacional están actualmente bajo investigación en la UE.
• Estos grupos están formados por miembros de más de 180 nacionalidades diferentes. El 60% de los sospechosos de estar involucrados o pertenecer a grupos de crimen organizado son, sin embargo, nacionales de alguno de los países de la Unión.
• La mayoría de los grupos criminales funcionan con una estructura jerarquizada.
• Entre un 30% y un 40% cuentan con una estructura flexible y descentralizada.
• Aproximadamente un 20% de los grupos de crimen organizado se crean con un único objetivo concreto o para complementar otra actividad criminal y existen tan solo durante un periodo de tiempo limitado, después del cual se disuelven.
• El 76% están formados por seis miembros o más, mientras que el 24% restante son grupos de menos de seis personas.
• 7 de cada 10 de las organizaciones son activas en más de 3 países.
• El 45% de los grupos de crimen organizado se dedican a más de una actividad criminal a la vez. En este sentido, el incremento de la demanda de bienes y servicios ilícitos durante la crisis migratoria ha favorecido la diversificación de las actividades criminales llevadas a cabo por una misma organización. No es un hecho extraño, ya que una gran parte de los grupos de crimen organizado se caracterizan por la flexibilidad de adaptación de las actividades ilegales de acuerdo con la demanda del mercado.
• Ha aumentado el número de criminales que actúan de forma individual. Estos, sin embargo, cooperan entre ellos para desarrollar el negocio y maximizar los beneficios.
• Más de un 75% de los grupos de crimen organizado se dedican a la producción, el tráfico y/o la distribución de drogas, lo que hace que esta sea la actividad criminal en la que más organizaciones están involucradas. Otras actividades a las que las organizaciones se dedican mayoritariamente son los crímenes contra la propiedad privada, el tráfico de migrantes, el tráfico de personas (para trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de niños) y el fraude fiscal.
• Para facilitar las actividades criminales y la obtención de información, la corrupción mediante la infiltración de miembros de los grupos de crimen organizado tanto en el sector público como el privado es una práctica habitual.

A partir de los resultados obtenidos y las conclusiones del SOCTA 2017, el Consejo de Justicia y los ministros de Interior de la Unión Europea trazarán las líneas de investigación y actuación prioritarias para luchar contra el crimen organizado de cara al segundo EU Policy Cycle (2018-2022), un plan   establecido en el 2010 y puesto en práctica 3 años más tarde con el objetivo de asegurar una cooperación efectiva entre los actores involucrados en la lucha contra el crimen organizado en los diferentes países de la Unión Europea y una actuación dirigida hacia las principales amenazas que afectan a la Unión.

Para consultar el informe entero: https://www.europol.europa.eu/socta/2017/

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El informe provisional de esta comisión -a la espera del definitivo, que verá la luz en otoño-, elaborado a partir de los resultados del trabajo de la comisión hasta ahora -que incluye encuestas, entrevistas con jóvenes afectados, padres, policías, asistentes sociales, líderes comunitarios y otros expertos-, apunta seis áreas clave de actuación con el fin de atacar las causas que favorecen el uso de la violencia entre los jóvenes. Son las siguientes:

• Desarrollar un modelo nacional de salud pública. Ratifican los principios seguidos en Escocia, donde el tratamiento de la violencia juvenil ha recibido un tratamiento epidemiológico (siguiendo el modelo de tratamiento de la violencia por parte de la Organización Mundial de la Salud). Es muy importante, remarca, que esta aproximación sanitaria al problema requiere que todo el sistema integre este cambio cultural y que cuente con un consenso político suficiente.
• Centrarse en los años de la infancia y en la intervención más precoz posible. Han hallado evidencias de la importancia de las experiencias infantiles de violencia física, sexual, emocional, abusos, desatención o bien crecer con padres drogadictos en la aparición de conductas violentas en los jóvenes y adolescentes. Haber vivido o sufrido violencia en los primeros años de su vida les hace considerar la violencia como una cosa habitual y banalizarla (un porcentaje nada despreciable de jóvenes violentos manifiesta haberse sentido inseguros en casa).
• Reformar los servicios de atención a los jóvenes. Implicaría establecer una política nacional de juventud que sirviera de marco, la revisión de la distribución de los fondos -un incremento de los casos de enfermedad mental y comportamientos desordenados ha coincidido con una reducción de la financiación puesta a disposición de estos servicios y se han financiado demasiados proyectos a corto plazo-, así como fomentar la intervención de los grupos religiosos. Creen que las personas a quienes llaman líderes de fe –curas, pastores, etc.- están en condiciones de llevar a cabo una contribución positiva a la prevención de la violencia juvenil.
• Incrementar el apoyo a las escuelas. Hay que intentar reducir a cero el fracaso escolar. Los alumnos que son excluidos del sistema educativo porque obtienen resultados ineficientes presentan un porcentaje bastante más alto de comportamientos violentos que los que completan el ciclo formativo. Señalan la relevancia de revisar cómo se distribuyen los consejos sobre los perfiles curriculares que debe seguir cada niño, de enseñar cuestiones en torno al sexo y a las habilidades relacionales de los alumnos, y de integrar mejor los diversos servicios existentes en las escuelas (asistentes sociales, psicólogos, etc.).
• Aumentar las oportunidades de acceso al trabajo. Las escuelas tendrían que enseñar a los niños las habilidades y los conocimientos que les facilitarán el acceso al mercado de trabajo. Los centros de tratamiento de jóvenes deberían elevar las aspiraciones de los jóvenes y dejar de considerar que solo pueden acceder a trabajos poco cualificados. Un incremento de los aprendizajes a disposición de los jóvenes les ayudaría a romper con el ciclo de paro que muy a menudo es tradicional en su familia.
• Profundizar en las estrategias de policía comunitaria y revisar las políticas relativas al consumo de drogas. El informe remarca que la encuesta pasada a los jóvenes mostraba que un 46% no recurriría a la policía aunque tuvieran miedo de ser víctimas de un delito. Sería importante que cada centro escolar tuviera un policía en concreto como punto de referencia para sus estudiantes. También habría que tener en cuenta que los jóvenes que consumen algún tipo de drogas presentan una tendencia más alta a comportamientos violentos.

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“Las estadísticas sobre criminalidad son fundamentales para reflejar las políticas llevadas a cabo, pero no es menos importante la interpretación que hacemos de ellas. Trabajar sin datos sería hacer un trabajo a ciegas, pero no nos podemos dejar cegar por los datos.” Estas eran las palabras del nuevo comisario general de la Policía Federal Marc De Mesmaeker.

La Policía Federal belga publicó el pasado mes de julio los datos policiales sobre criminalidad correspondientes al año 2017, que contabilizan tanto los hechos consumados como los hechos en grado de tentativa. Fueron un total de 860.604 hechos, que corresponden a una tasa de 76 ilícitos por cada 1.000 habitantes.[1]

¿Qué explican las cifras?

Bélgica ha experimentado un descenso progresivo en las cifras de criminalidad desde el año 2011. En el periodo 2007-2017, se observa que hasta el año 2012 el total de ilícitos superaba el millón, pero a partir de entonces y hasta 2017 los hechos contabilizados han ido disminuyendo siempre por debajo de este umbral.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.002.857	1.006.950	1.023.984	1.026.312	1.063.271	1.040.233	997.805	977.514	920.490	888.735	860.604

Este descenso de la criminalidad se ha calificado como International Crime Drop.[2] En los Estados Unidos, al inicio se detectó especialmente en los ilícitos patrimoniales, y, más concretamente, en la ciudad de Nueva York, en los homicidios. Esta tendencia se observa también en la mayor parte de los países occidentales. Probablemente es el resultado de la interacción de varios factores: la mejora de las técnicas y estrategias policiales, el desarrollo tecnológico de medidas preventivas, la videovigilancia, el abaratamiento de los bienes de consumo electrónicos, el envejecimiento de la población, las penas que se aplican, etc.[3]

Los top 5 de las infracciones totales a nivel nacional, año 2017[4]

Del total de 41 grandes tipologías delictivas, las cinco que acumulan más ilícitos, en orden descendente, son:

	2011	2016	2017
Robos y extorsiones	451.716	330.895	313.006
Daños en la propiedad	123.759	83.304	80.398
Infracciones contra la integridad física	90.130	79.001	77.859
Drogas	48.143	54.833	55.944
Fraudes	39.344	41.900	40.921

Aunque las grandes cifras apuntan hacia una tendencia descendente, no es menos cierto que algunas tipologías delictivas evolucionan de forma ascendente a partir del año 2011, como se puede comprobar incluso en las “tipologías top 5”, concretamente en las infracciones relativas a drogas y fraudes, que el año 2017 llegaron a unas tasas de 4,94 y 3,61 hechos por cada 1.000 habitantes respectivamente.

El informe mencionado sobre estadísticas policiales de criminalidad en Bélgica (2000-2017) dedica la parte III, p. 45, específicamente a la criminalidad informática, categoría que pasa de los 26.552 hechos el año 2011 a los 43.800 el año 2016 y 44.165 el año 2017, y experimenta, por lo tanto, un incremento superior al 65%. Entre las subcategorías que registran un mayor número de hechos, destacan los fraudes informáticos y mediante tarjetas de pago, las estafas por internet y el ciberacoso.

Para ampliar la información se pueden consultar los siguientes enlaces:

• Police Féderale: Les statistiques de criminalité au point le plus bas depuis 2000
• Police Féderale: Rapports statistiques de criminalité

Noticias relacionadas en el blog “Notas de seguridad”

• “Notable descenso de la delincuencia en Alemania” publicada el 11 de julio de 2018 http://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2018/07/11/notable-descenso-de-la-delincuencia-en-alemania
• “Los homicidios se desploman a mínimos históricos en la ciudad de Nueva York” publicada el 14 de febrero de 2018

http://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2018/02/14/los-homicidios-se-desploman-a-minimos-historicos-en-la-ciudad-de-nueva-york

• “Siguen disminuyendo los hechos delictivos registrados por la Ertzaintza” publicada el 20 de noviembre de 2017

http://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2017/11/20/siguen-disminuyendo-los-hechos-delictivos-registrados-por-la-ertzaintza

• “Notable descenso de los delitos contra la propiedad en Suiza” publicada el 24 de mayo de 2017 http://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2017/05/24/notable-descenso-de-los-delitos-contra-la-propiedad-en-suiza
• “Los delitos conocidos en España bajaron un 1,2% con respecto al 2015” publicada el 22 de marzo de 2017

http://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2017/03/22/los-delitos-conocidos-en-espana-bajaron-un-12-con-respecto-al-2015

• “Descenso persistente de la delincuencia en Suiza” publicada el 15 de junio de 2016 http://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2016/06/15/descenso-persistente-de-la-delincuencia-en-suiza

[1] La población belga a 1 de enero de 2017 era de 11.322.088 habitantes. Fuente consultada: https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population

[2] Van Dijk, JJM.; Tseloni, A. & Farrell, G. (Ed.). (2012). The International Crime Drop: New Directions in Research. Basingstoke: Palgrave Macmillan; Farrell: Five tests for a theory of the crime drop. Crime Science 2013.

[3] http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/notes/tendances_2016_2017_SPC.pdf, p. 29.

[4] Statistiques policières de criminalité. Belgique 2000-2017. Police fédérale – DGR/DRI/BIPOL. Estadísticas policiales de criminalidad obtenidas con la ayuda del repositorio Datawarehouse (fecha de cierre: 23 de abril de 2018). http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/nationaal/rapport_2017_trim4_nat_belgique_fr.pdf

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Esta es la duodécima edición del Índice Mundial de la Paz (GPI), que engloba 163 estados independientes y territorios según su nivel de paz. El GPI es la principal medida global del mundo producido por el Instituto de Economía y Paz (IEP). Este informe presenta un análisis integral basado en datos actualizados sobre tendencias en el ámbito de la paz, su valor económico y la manera de desarrollarse en el seno de sociedades pacíficas.

El GPI cubre el 99,7% de la población mundial, utiliza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos de fuentes altamente respetadas y mide el estado de la paz a partir de tres dominios temáticos: el nivel de seguridad y la seguridad de la sociedad; el alcance de continuidad de los conflictos internos e internacionales, y el grado de militarización.

Los resultados del GPI de 2018 denotan que el nivel global de la paz se ha deteriorado un 0,27 por ciento el último año, lo que supone el cuarto año consecutivo de deterioro de los datos. Se deterioró en 92 países, mientras que en 71 ha mejorado.

El impacto económico de la violencia incrementó un 2% durante el 2017 a causa del aumento de los conflictos y del gasto de la seguridad interna, con los mayores incrementos en China, Rusia y Sudáfrica. Desde el año 2012, el impacto económico de la violencia ha aumentado un 16%, correspondiendo al inicio de la guerra siria y al aumento de la violencia con las secuelas de la primavera árabe.

El nivel medio de la paz global ha disminuido por cuarto año consecutivo y ha caído un 0,27% el año 2017. Entre las principales dinámicas mundiales que llevaron a estos resultados, hay que destacar las siguientes:

• El Oriente Medio y el norte de África permanecieron como las regiones menos pacíficas del mundo. Tienen cuatro de los diez países menos pacíficos del mundo.

• Europa, que ha sido la región más pacífica del mundo desde el comienzo del índice, se deterioró por tercer año consecutivo, a causa del aumento de la inestabilidad política, el impacto del terrorismo y la percepción de criminalidad.
• En Europa, el referéndum por la independencia en Cataluña hizo aumentar las tensiones políticas, que provocaron una caída de España de diez lugares en el ranking. Catorce países europeos tienen ahora una intensidad de puntuación de conflicto interno más alta.

• El gasto militar como porcentaje del PIB continuó en decadencia, con 88 países sumando una mejora con respecto a los 44 que tuvieron un deterioro.
• Desde entonces, el gasto militar medio del país ha disminuido ligeramente: del 2,28 por ciento del PIB al 2,22 por ciento en 2018, con 102 países que gastan menos en el ejército como porcentaje del PIB a lo largo de la década.

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El año 2017, 68 personas perdieron la vida como consecuencia de ataques terroristas en la Unión Europea. Aunque el número de bajas disminuyó el año pasado respecto al año 2016, el número de ataques en Europa aumentó. El Informe 2018 sobre la situación y la tendencia del terrorismo (TE-SAT) elaborado por Europol proporciona una visión general del carácter de la amenaza terrorista que afronta la UE en 2017.

Nueve estados miembros de la UE informaron de un total de 205 ataques terroristas frustrados, fallidos y consumados en 2017 (2016: 142). Se trata de un incremento del 45% respecto al año 2016 y de un cambio de la tendencia a la baja que empezó en 2014.

Estos ataques mataron a 68 personas y causaron 844 heridos. Casi todas las bajas (62) fueron resultado de ataques terroristas yihadistas. El número de ataques terroristas yihadistas creció de 13 en 2016 a 33 en 2017.

975 individuos fueron arrestados en la UE por delitos relacionados con el terrorismo (2016: 1.002). La mayoría de estas detenciones estaban relacionadas con el terrorismo yihadista: sospechosos de participar en actividades de algún grupo terrorista, de planificar y preparar ataques, y de llevar a cabo actividades de facilitación como difundir propaganda, reclutar y financiar el terrorismo.

El informe destaca algunas de las tendencias principales:

Los atentados recientes a manos de los terroristas yihadistas han seguido tres vías diferentes:

• La preferencia por atacar personas, en vez de otros objetivos, para provocar una respuesta emocional del público en general (París, mayo de 2018; Barcelona, agosto de 2017)
• Ataques a símbolos de autoridades (Lieja, mayo de 2018; Trèbes, marzo de 2018)
• Ataques a símbolos de estilo de vida occidentales (Manchester, mayo de 2017)
• Los nuevos atentados en la UE por parte de los terroristas yihadistas que siguen alguno de estos patrones, o una combinación de estos, son muy probables.
• Además del aumento de los ataques yihadistas, su preparación y ejecución se han vuelto menos sofisticados.
• A menudo los terroristas yihadistas son actores solitarios, ya estén preparándose a sí mismos o facilitados por su entorno más inmediato.
• No obstante, la propaganda online y la creación de nodos a través de las redes sociales son todavía medios esenciales para reclutar, radicalizar y recaudar dinero. El conocimiento a menudo rudimentario del Islam hace que los atacantes potenciales sean vulnerables a la influencia y la manipulación.
• Los ataques yihadistas recientes fueron cometidos principalmente por terroristas domésticos, radicalizados sin haber viajado para unirse a un grupo terrorista en el extranjero. Entre la gran variedad de atacantes, algunos fueron conocidos por la policía, pero no por actividades terroristas, y la mayoría no tenían vínculos directos con ninguna organización yihadista.
• La degradación de las llamadas “estructuras organizativas del Estado Islámico” (IS) no implica una reducción de la amenaza del terrorismo yihadista. Las actividades terroristas en la UE ordenadas, guiadas o inspiradas por IS, Al Qaeda u otras organizaciones yihadistas siguen siendo una posibilidad real.

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El proyecto para el estudio de la adquisición de armas ilegales por parte de los terroristas en Europa (SAFTE por sus siglas en inglés) es un proyecto internacional de investigación que creó la Comisión Europea con el objetivo de luchar contra el acceso de los grupos terroristas al mercado ilícito de armas en Europa. El estudio analiza el comercio ilegal de armas en ocho estados europeos: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda, Rumania y Reino Unido.

Este estudio quiere contribuir a mejorar la experiencia y el conocimiento de los mercados ilegales de armas en la UE; a conocer las redes que utilizan los terroristas para acceder a estos mercados y las políticas que han estado desarrollando los estados miembros para luchar contra este fenómeno, y a proponer nuevas políticas para los estados estudiados y otros de la UE, con el objetivo de luchar contra la venta ilegal de armas y recoger las buenas prácticas que se detecten en los estados miembros para que puedan servir a otros estados.

En marzo de 2018, se han publicado los resultados de los trabajos llevados a cabo durante el proyecto. Estos trabajos han demostrado la existencia de varios mercados ilícitos de armas en el territorio de la UE, cada uno con sus características y dinámicas específicas. Estos mercados han ido facilitando la conexión entre los grupos criminales y los terroristas, provocando que los terroristas puedan acceder a armas de fuego e incluso a material militar.

Las redes terroristas también pueden involucrarse en el desvío directo de armas que inicialmente son legales, a través de robos selectivos de armas de propiedad estatal o privada. Eso pasa cuando no encuentran el tipo específico de armas de fuego que buscan, ya sea porque no tienen las conexiones criminales necesarias o porque no hay disponibilidad en el mercado ilegal de armas.

El estudio muestra conocimientos bastante concretos sobre el tema, como, por ejemplo, que las armas que provienen de Croacia son utilizadas principalmente por grupos que actúan en Holanda, Suecia, Alemania y el Reino Unido, mientras que los grupos que actúan en el resto de Europa Occidental provienen de rutas a través de España. En ningún caso el estudio excluye la posibilidad de origen de Serbia y Bosnia-Herzegovina.

Para luchar contra estas actividades criminales, recomiendan tener una actitud proactiva para mejorar el conocimiento del tráfico ilegal de armas, adaptar las políticas y las normas reguladoras sobre armas, y optimizar las capacidades operativas y la cooperación, estableciendo un nivel de intercambio a escala nacional, otro a escala de la UE y otro a escala internacional.

Enlace de interés:

http://terrorism.flemishpeaceinstitute.eu/

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El pasado mes de febrero el Transnational Institute y los académicos Arun Kundnani y Ben Hayes publicaron el informe The globalisation of Countering Violent Extremism policies. Undermining human rights, instrumentalising civil society. El documento hace un repaso de cuáles han sido las políticas asociadas a la lucha contra el extremismo violento (Countering Violent Extemism – CVE) y sus consecuencias en el ámbito del respeto de los derechos fundamentales y el rendimiento de cuentas.

Las políticas CVE pretenden ser una aproximación más progresista, holística y preventiva en contraposición a la naturaleza reactiva de la llamada guerra contra el terrorismo. Los primeros a implantarlas fueron los Países Bajos y el Reino Unido (a mediados de la década anterior), y posteriormente se extendieron a otros países europeos, a los EE.UU. y a instituciones supranacionales como la Unión Europea y la ONU.

A pesar de todo, los autores del informe consideran que los planteamientos de las CVE tienen varios elementos que generan controversia. A pesar de tener una vocación holística y de buscar los factores subyacentes a la violencia radical, los promotores de estas políticas han apuntado como causa principal la difusión de una ideología extremista como factor detonante de la radicalización. Eso hace que, a pesar de tener un ámbito de acción[1] amplísimo, se focalice especialmente en controlar y erradicar la difusión del mensaje, así como en hacer un esfuerzo por modelarlo.

Así pues, según los autores esta aproximación puede llevar a una expansión de políticas de vigilancia y a un exceso de celo que comporte censura en internet o a una criminalización de diferentes colectivos por una simple cuestión ideológica. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que las CVE hacen un gran esfuerzo por involucrar diferentes actores públicos y privados, resulta casi imposible que los agentes de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, pero con perspectivas diferentes, se distingan de las campañas gubernamentales. Y, finalmente, las iniciativas CVE se llevan a cabo desde ámbitos públicos de ejecución de políticas públicas, pero lejos del control de las cámaras legislativas, de modo que derivan hacia un debilitamiento de los controles democráticos y de rendimiento de cuentas.[2]

En definitiva, los autores señalan el peligro de que la voluntad de llegar a todos los ámbitos sociales para prevenir el radicalismo violento se convierta finalmente en una herramienta de ingeniería social y de estigmatización si los elementos de control democrático y rendimiento de cuentas no se ponen en práctica.[3]

[1] Entre los tipos de acciones de las CVE hallamos actividades de participación y divulgación, fomento de capacidades y ayuda al desarrollo, educación y formación, campañas publicitarias y de relaciones públicas y colaboraciones entre organismos policiales y no policiales.

[2] Los autores proponen varios ejemplos, entre los cuales, en el ámbito de la Unión Europea, el Radicalisation Awareness Network (RAN) que, según el estudio, no somete su actividad a un control democrático relevante y mantiene de modo opaco su extensa red de afiliación.

[3] Los autores proponen hasta doce puntos para valorar si una política CVE se ajusta a los criterios democráticos y de derechos fundamentales.  Destacaríamos una aproximación basada en el respecto a los derechos fundamentales, así como de igualdad de género y de derechos de los menores; un control democrático y judicial; evitar tener como objetivo un solo colectivo racial o religioso que pueda incurrir en discriminación; evitar a la vez intrusiones en la privacidad o acciones de censura y, finalmente, no desbaratar los esfuerzos de la sociedad civil en este campo.

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Recientemente, la Casa de los Comunes del Reino Unido (House of Commons), en el marco de sus actividades de investigación, publicó Rough Sleepers and antisocial behaviour. El documento nos ofrece un breve análisis de los usos y abusos de la normativa que llevan a una criminalización y victimización del colectivo de los sin techo.

El breve ensayo presenta la disyuntiva de unos colectivos especialmente vulnerables y con indicadores de victimización altísimos,[1] ante los cuales las autoridades tienen que hacer frente a un uso de la norma que los victimiza y criminaliza. Al mismo tiempo, subraya la contradicción entre la voluntad de tratar la problemática desde las raíces del conflicto[2] y el uso sesgado de la normativa relacionada con el incivismo a fin de encontrar una solución rápida al problema de la gente en la calle.

Este abuso se ve reflejado en dos ámbitos de acción. En primer lugar, con respecto a las herramientas legales disponibles y, acto seguido, por otras medidas de disuasión sin un marco legal de referencia.

Entre las herramientas legales a disposición de las autoridades, hallamos las del derecho civil y las de carácter penal. Estas últimas se enmarcan en la sección 3ª de la Vagrancy Act 1824, por la que mendigar puede sancionarse. Las denuncias a partir de esta norma han aumentado los últimos años, pasando de unas 1.500 en 2006-2007 a situarse por encima de las 2.300 en 2015-2016. Fuera del ámbito penal, encontramos las herramientas que se desprenden del Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, entre las cuales, Civil injuctions, Criminal Behaviour Orders (CBO), Community Protections Notices (CPN), Disperal Powers y Public Spaces Protection Order (PSPO). Todas ellas implican aspectos de prohibición de una acción o posible acción, y aspectos de requerimiento para evitar la reincidencia. Su vocación es sancionadora, y dirigida a actividades claramente incívicas y que pueden alterar la convivencia.[3]

Por otra parte, encontramos varias acciones menos formales y disuasivas, con las que se busca inhibir o incomodar. Entre otras, hay la llamada arquitectura defensiva, donde se utiliza el mobiliario urbano, como los bancos segregados o curvilíneos, para dificultar la estancia de los sin techo. Otras medidas menos evidentes son la wetting down, es decir, la limpieza con agua o productos de limpieza de espacios susceptibles de estar ocupados. También la contaminación sonora o simplemente el dar indicaciones de abandonar la zona. En este sentido, las iniciativas son variadas y más utilizadas que las vías formales de denuncia.[4]

Finalmente, el ensayo destaca que, a pesar de disponer de una amplia retahíla de medidas, han demostrado ser poco eficaces. Entre otras consecuencias perniciosas, destacan un desplazamiento de las actividades en el territorio, así como un cambio hacia determinadas actividades ilícitas, en qué se pasa de mendigar a cometer delitos menores de hurto o robo.[5]

[1] El informe nos indica que los sin techo tienen hasta diecisiete veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que la media.

[2] El sector del voluntariado celebró la actualización que hizo el Hombre Office el septiembre pasado de la guía para el uso de la normativa en el ámbito de los comportamientos incívicos. Al mismo tiempo, el gobierno británico también ha activado varios mecanismos para evitar caer en la indigencia o ayudar a salir de ella. Por una parte, la Homelessness Reduction Act de 2018 (a pesar de las fuertes críticas) y, por otra parte, más inversión pública en sistemas como el Housing First. Se espera invertir más de mil millones de libras (unos mil ciento treinta millones de euros) en este ámbito hasta el año 2020.

[3] Un estudio llevado a cabo por la entidad británica Crisis indica que un 36% de los municipios están utilizando los poderes legales y de disuasión ante los sin techo.

[4] Un 73% de los sin techo han experimentado alguna medida sancionadora o de disuasión. De estas medidas, un 70% eran informales.

[5] Joseph Rowntree Foundation. The impact of enforcement on<A[donde|dónde]> street users in England. 2007

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El mes de febrero de 2018, Frontex[1] publicó su informe anual Risk Analysis for 2018. Como cada año, el informe nos ofrece varios elementos de análisis y una serie de datos relevantes sobre la situación en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

En esta ocasión, el documento destaca porque es el primer informe post-crisis migratoria a raíz del conflicto sirio y el primero que deja entrever, en sus datos, el resultado del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. A grandes rasgos, Frontex nos presenta un escenario que recupera, parcialmente, el flujo de migrantes en las fronteras exteriores de la Unión anteriores a la gran crisis migratoria de los años 2015-2016.

Este retorno a la situación anterior se visualiza en las fronteras del Mediterráneo central (Libia e Italia), en las del Mediterráneo oriental (Turquía y Grecia) y en las fronteras terrestres de los Balcanes (repúblicas de ex-Yugoslavia). Con relación al año 2016, presentan un descenso espectacular del 34%, el 77% y el 90% respectivamente, y vuelven a cifras parecidas a 2014, pero lejos todavía de las de 2012.[2]

A pesar de estos datos tan contundentes, los analistas determinan que la presión no ha descendido en las fronteras europeas y que todavía existen casos de preocupación. Encontramos, por ejemplo, que en las fronteras del Mediterráneo occidental (Marruecos/Argelia y España) la detección de cruces ilegales de la frontera se ha multiplicado por 2,3 este último año.[3]

En otros ámbitos relacionados con el movimiento ilegal de personas,[4] si bien los datos de conjunto mejoran con respecto a 2015-2016, Frontex incide en el hecho de que la presión no disminuye si se compara con los años 2013-2014. Al mismo tiempo, en algunos puntos geográficos los datos no apuntan ningún descenso. Por ejemplo, con respecto al refusal of entry, en países de la Europa del Este los datos se mantienen estables y, en algunos casos, incrementan.[5]

Los elementos de preocupación en su análisis son varios. Por una parte, la eficiencia en las políticas de control como las órdenes de retorno, una preocupación ya expresada en años anteriores.[6] Por otra parte, las actividades criminales asociadas al cruce de fronteras, como las de contrabando de productos ilegales, de tráfico de personas y de actividades terroristas.[7]

Finalmente, se plantean varios escenarios de futuro. Frontex prevé que la presión en la frontera sur aumente[8] y que se produzca un impacto negativo en los Balcanes por el acuerdo de Serbia con China, India y e Irán para la liberalización de visas para sus ciudadanos. También destacan que las rutas marítimas seguirán siendo las más importantes, sin olvidar el peso que alcanzarán áreas de tráfico como los Balcanes y el aeropuerto de Atatürk como hub aeroportuario para migrantes ilegales. Finalmente, señalan la amenaza latente del terrorismo yihadista, con una naturaleza más descentralizada y donde el uso de documentación fraudulenta será central.

[1] European Border and Coast Guard Agency.

[2] Cabe destacar que las nacionalidades que protagonizaron la crisis migratoria en estas fronteras los años 2015 y 2016 fueron, por orden, la siria, la afgana y la iraquí. En cifras absolutas, en el Mediterráneo central, en 2016 fueron detectadas 181.376 personas, frente a las 118.962 de 2017; en el Mediterráneo oriental se ha pasado de 182.277 a 42.305, y, finalmente, en los Balcanes se ha pasado de 130.261 a 12.178.

[3] Se ha pasado de unas 10.000 detecciones en 2016 a unas 23.000 en 2017, y las nacionalidades más habituales son las de Marruecos, Argelia y Costa de Marfil.

[4] Entradas clandestinas (clandestine entries), denegación de entrada (refusal of entry), uso de documentación falsa (fraudulent documents) u órdenes de retorno (returns orders).

[5] Las tres nacionalidades a quien más se deniega la entrada ─por encima de los 30.000 casos en 2017─ son Ucrania, Rusia y Albania. Los motivos de la denegación varían según el país.

[6] Hay un sesgo notable entre el número de órdenes de retorno y los retornos efectivos. En 2017 se ejecutaron un 46% de todas las órdenes de retorno. Los problemas principales son la identificación y la obtención de la documentación necesaria de los países terceros.

[7] El informe de Richard Barret Beyond the caliphate: Foreign fighters and threat of retunrees, del think tank The Soufan Center, destaca que las pérdidas territoriales de Daesh y Al-Qaeda han provocado la descentralización de su actividad y una diáspora de sus combatientes. Calculan que un 30% (1.700 aprox.) de los europeos que combatieron en Siria e Irak han vuelto al continente.

[8] Especialmente por la situación inestable en Libia en contraposición a Turquía, Europa del Este y Marruecos.

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