El Centro para la Información sobre la Pena de Muerte (DPIC en las siglas en inglés) acaba de publicar un informe sobre las penas de muerte dictadas y ejecutadas en el año 2017 que lo sitúa en el segundo más bajo desde 1973, aunque significa un pequeño repunte en relación con 2016, que presenta la cifra más baja del mismo periodo.[1] En el mismo sentido, las penas de muerte dictadas han pasado de las 279 del año 1999 a las 39 de 2017 (con el año anterior en el mínimo histórico del periodo, 31). Además, estas condenas están muy concentradas geográficamente. Hay tres condados (Riverside, CA, Clark, NV y Maricopa, AZ) que concentran el 31% de las sentencias dictadas este año. Estos condados no aparecen precisamente como ejemplares en materia de justicia criminal (la policía de Riverside es la novena en el ranking de civiles muertos por la policía). En sentido contrario, el condado de Harris, en Tejas, tradicionalmente prolífico en penas de muerte, este año no ha dictado ninguna, circunstancia que se valora como un cambio de tendencia. Las ejecuciones están también muy concentradas, concretamente el 75% de las que se han aplicado este año tuvieron lugar en cuatro estados: Tejas, Arkansas, Florida y Alabama.

Todo eso coincide con las tasas de apoyo a la pena de muerte de los últimos tiempos, que todavía, sin embargo, se sitúan en el 55% de la población (el porcentaje había llegado al 80% a mediados de los años noventa). El año 2010, una encuesta de Like Research Partners mostraba que el 61% de los entrevistados prefería penas diferentes a la muerte para los delitos de homicidio y asesinato.

Una de las razones del supuesto desprestigio de esta medida habría sido la evidencia de actividad probatoria deficiente, fiscales excesivamente agresivos y defensas de los acusados poco profesionales que conducen, de manera no aislada, a la condena de personas que no está probado que hayan cometido los hechos de que se les acusa. De hecho, desde 1973, 160 personas han sido liberadas cuando estaban en el corredor de la muerte por haberse probado su inocencia.

Otro factor es el evidente sesgo racial de la aplicación y ejecución de la pena de muerte. Mientras los negros y los hispanos constituyen un 15 y un 7%, respectivamente, de los condenados a muerte, son efectivamente ejecutados en un porcentaje superior (34,3 y 8,3%, respectivamente). En el 75% de los casos que acaban efectivamente en una ejecución, la víctima era una persona blanca (aunque estas sólo representan la mitad de las víctimas de homicidio y asesinato). En coherencia con estos datos, la inmensa mayoría de estas ejecuciones (1.195) han tenido lugar en estados del sur. Los ejecutados en el condado de Riverside entre 2010 y 2015 eran en un 76% de raza negra.

De todos modos, a pesar de esta tendencia a la baja, 31 estados todavía la mantienen en vigor.[2] En total, desde 1976 han sido ejecutadas 1.465 personas[3] y a 1 de julio de 2017, 2.817 personas estaban todavía en el corredor de la muerte esperando la ejecución.

[1] Vid. https://deathpenaltyinfo.org/documents/2017YrEnd.pdf

[2] Vid. https://deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty

[3] Vid. https://deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf

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