Las situaciones de crisis y escasez a menudo implican un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Con esta premisa, investigadores británicos han estudiado si la policía podía hallar información adicional y reducir la cifra oscura de algunos hechos delictivos a partir de los datos generados por otro servicio público: las ambulancias.

Según el registro policial, los delitos violentos contra personas aumentaron un 19% en Inglaterra y Gales entre 2015 y 2016. Esta cifra puede estar condicionada por la mejora en el cambio de sistema de recogida de datos, ya que los datos de la encuesta de victimitzación de Inglaterra y Gales (Csew) muestran incrementos del 4%, que no se consideran estadísticamente significativos.

Además, los cuerpos policiales de Inglaterra y Gales se han visto afectados por grandes recortes presupuestarios. En este contexto, y con la filosofía de hacer más con menos, la policía de West Midlands y la sección europea de la Rand Corporation consiguieron una beca de investigación para la innovación policial con el fin estudiar si podían utilizarse los datos recogidos por ambulancias al vigilar las agresiones y si podrían aprovecharse para diseñar planes de prevención de la violencia.

Se han analizado los datos de servicios de emergencia relacionados con violencia de las ciudades de Birmingham, Coventry y Wolverhampton en el periodo 2012-2015, así como los datos policiales de estas ciudades en el mismo plazo de tiempo.

El principal resultado a que han llegado ha sido la implementación exitosa de un sistema que ha mejorado el modo en que se comparten los datos entre el servicio de ambulancias y la policía de West Midlands. Además, la comparativa entre los datos de ambas fuentes ha permitido detectar que:

• Los datos recogidos por las ambulancias proporcionan información sustancial sobre los hechos violentos. Más del 66% de los incidentes recogidos por las ambulancias no se hallaba en el registro policial.
• En West Midlands hay una media de 16 avisos diarios en ambulancias por hechos violentos, y eso implica un alto volumen de datos que habitualmente no quedan recogidos en el registro policial.
• Una parte de los datos relacionados con las ambulancias se recogen de forma automática, como la localización de cada llamada. Eso implica que puede ser trabajada y compartida sin un esfuerzo adicional.
• La policía no registra todos los casos violentos en que intervienen. Esta es la explicación al hecho de que sólo se han podido relacionar el 34% de los servicios de ambulancia con registros policiales, mientras que el 55% de los avisos a las ambulancias provenían de agentes de policía.

Aunque los resultados parecen prometedores, los investigadores destacan que todavía queda demostrar la efectividad de los datos de las ambulancias con respecto a la prevención de la violencia, y proponen ampliar el debate en el ámbito nacional y profundizar en el cruce de datos de incidentes en que ha habido presencia de ambulancias y de policías. Además, también plantean líneas de investigación futura, incluso con alguna línea de experimentación.

En junio de 2016, ya recogíamos en este blog otra iniciativa parecida, también en el contexto británico. En aquel caso, la información no era de ambulancias sino de hospitales. La información pretendía analizar la evolución en el número de víctimas atendidas en los hospitales, y compararla con las evoluciones de la delincuencia violenta en la encuesta de victimización y al registro policial.

Fuente: Shuterland, Alex; Strang, Lucy; Stepanek, Martin; Giacomantonio, Chris; Boyle, Adrian. Using Ambulance Data for Violence Prevention. Rand Corporation

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2216.html

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La plataforma SIRIUS es una solución práctica e innovadora destinada a hacer frente a los retos actuales a que hace frente la aplicación de la ley en las investigaciones en el ámbito de internet.

Los delincuentes que operan en internet cada vez utilizan más herramientas y servicios fácilmente accesibles y creados por otros (el conocido Crime-as-a-Service). Eso provoca que las autoridades policiales se enfrenten a un reto muy complejo cuando se llevan a cabo investigaciones criminales en línea.

Para hacer frente a este desafío y para dar un mejor apoyo a las investigaciones de los estados miembros de la UE en internet, Europol lanzó oficialmente la plataforma SIRIUS durante una reunión en La Haya en el mes de octubre de 2017.

SIRIUS es una plataforma web segura para los profesionales de la aplicación de la ley que les permite compartir conocimientos, buenas prácticas y conocimientos técnicos en el campo de las investigaciones de delincuencia favorecidas por internet, con especial atención a la lucha contra el terrorismo. Su innovador enfoque colaborativo ofrece a los investigadores una plataforma para intercambiar de forma rápida y eficaz conocimientos técnicos, manuales y consejos, así como herramientas para ayudarlos a analizar la información recibida por los distintos proveedores de servicios en línea. La plataforma también aborda otros retos en las investigaciones criminales, como racionalizar las solicitudes a los proveedores de servicios en línea y mejorar la calidad del registro de respuesta.

SIRIUS pretende fomentar el co-desarrollo de herramientas y soluciones que puedan servir de base a investigaciones basadas en internet. Con esta finalidad, Europol organizará una reunión bianual en La Haya, que prevé reunir policías expertos en programación informática para desarrollar conjuntamente herramientas y soluciones comunes.

El impulso político del Foro de Internet de la UE y el trabajo de la Comisión Europea sobre el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas, generó que se propusiera la plataforma SIRIUS como una solución práctica que responde a la demanda de un portal de información y apoyo en línea en el ámbito de la UE.

La reunión inicial de SIRIUS, celebrada en la sede de Europol, reunió a más de 100 profesionales de 30 países y más de 60 organizaciones diferentes, incluyendo la aplicación de la ley y las autoridades gubernamentales de los estados miembros de la UE y terceros socios, así como representantes de Facebook, Google, Microsoft, Twitter y Uber.

Esta reunión anual de SIRIUS y los acontecimientos bianuales demuestran el compromiso de Europol de estar a la vanguardia de la innovación para dar apoyo a las investigaciones delictivas que favorece internet.

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Las organizaciones policiales, por su actividad diaria, generan, almacenan y procesan grandes cantidades de datos, en el ámbito de los macrodatos (Big Data). Desgraciadamente no siempre disponen de las tecnologías y técnicas que permiten obtener un valor añadido. Esta es una de las conclusiones a las que llega Alexander Babuta en su informe Macrodatos y trabajo policial. Una valoración de las necesidades, expectativas y prioridades de los cuerpos de seguridad [1]  [británicos], publicado por el Instituto de Servicios Reales Unificados para los Estudios de Defensa y Seguridad [2]  (RUSI por sus siglas en inglés).

El autor destaca que la investigación relacionada con los macrodatos es prolífica, pero existe una falta de estudios sobre el uso en el trabajo policial en el Reino Unido. Babuta intenta contribuir a llenar este vacío. Su investigación empezó con una revisión de la documentación (tanto académica como institucional) de las estrategias policiales y de los informes del sector privado sobre la utilización de los datos por la policía. A continuación entrevistó a 25 trabajadores de cuatro cuerpos policiales (entre policías y personal de apoyo) y 5 expertos de los sectores tecnológico y académico. Finalmente, condujo un grupo de trabajo con representantes de cinco cuerpos policiales, así como del Ministerio del Interior [3] , de la Academia Superior de Policía [4]  y del ámbito universitario.

Los dos grandes problemas que identifica el investigador son la falta de un espacio único donde guardar e ir a recuperar los datos y la ausencia de una tecnología que dé sentido a los datos. También destaca cuatro ámbitos prioritarios en los que la tecnología relacionada con los macrodatos se puede aplicar al trabajo policial:

• Aprovechar los mapas de predicción de delincuencia para destinar a las patrullas allí donde hay mayor probabilidad de que sucedan los delitos.
• Utilizar la analítica predictiva para identificar los riesgos asociados a determinadas personas, tanto potenciales autores como potenciales víctimas.
• Utilizar la analítica avanzada para intentar aprovechar todo el potencial de los sistemas de grabación de imagen (circuitos de videovigilancia) y de los datos de los sistemas de reconocimiento automático de matrículas.
• Aplicar la tecnología de los macrodatos a las fuentes de datos abiertos, para obtener un mejor conocimiento de algunos problemas de delincuencia.

El autor plantea 14 recomendaciones dirigidas a cuerpos policiales y responsables de seguridad; a los organismos nacionales (Ministerio del Interior, Academia Superior de Policía y Police ICT Company[4]), y a desarrolladores de software, incluyendo tres futuras líneas de investigación.

Las propuestas de Babuta que pueden resultar más relevantes de cara a las ciencias sociales son:[6]

• Priorizar la exploración de la potencialidad del software de los mapas destinados a hacer predicción.
• Utilizar los datos nacionales, no solo los locales, cuando se quiera predecir los riesgos asociados a individuos.
• Incluir en todas las aplicaciones de datos un registro que permita documentar cualquier cambio realizado en el conjunto de datos.
• Profundizar en la investigación sobre el software de predicción de la delincuencia para poder generar modelos de predicción por segmentos de calle.
• Explorar los usos potenciales de la modelización del terreno en base al riesgo (RTM)[7] para identificar las áreas donde hay mayor riesgo de sufrir delitos.
• Explorar el uso de matrices de daños para valorar los daños causados por diferentes tipos de delitos.

El informe se presentó públicamente el 6 de septiembre de 2017 y se puede ver una presentación en el siguiente enlace:

https://rusi.org/event/paper-launch-%E2%80%93-big-data-and-policing-assessment-law-enforcement-requirements-expectations-and

[1] El título original es “Big data and Policing. An Assessment of Law Enforcement Requirements, Expectatins and Priorities”

[2]Royal United Services Institute for Defence and Security Studies

 [3]Home Office

 [4]College of Policing

[5] Police ICT Company es una empresa con capital público creada y gestionada por los responsables de seguridad para mejorar las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de mejorar la seguridad de la ciudadanía.

[6] Según la red de investigadores Method Space.

[7] El RTM es una metodología de trabajo derivada del análisis de los riesgos de determinados espacios, formulado por los profesores Caplan y Kennedy de la Universitat Rutgers. Se puede ampliar la información en http://www.riskterrainmodeling.com/.

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El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) y la Universidad de Leiden han publicado materiales para formar a los profesionales que trabajan con los operadores de la justicia en un tema complejo como es el de la participación de los niños infractores en la justicia juvenil. Con el título ¿Puede escucharme a alguien?, hasta ahora han editado un manual para adaptar los sistemas europeos de justicia juvenil a los menores y una guía para programar sesiones de formación a profesionales.

El manual trata sobre los aspectos legales de los derechos de los niños, las técnicas de interrogatorio, la comunicación, la psicología del niño y las habilidades pedagógicas. Dado que en 2016 se publicó una nueva Directiva europea relacionada con la justicia juvenil [1], el manual incluye información sobre su contenido y sobre cómo aplicarla de acuerdo con los estándares europeos e internacionales en este ámbito. También se puede utilizar para formar profesionales en los ámbitos de la justicia restaurativa y de la mediación. La base del documento son las prácticas y técnicas consideradas prometedoras relacionadas con la justicia adaptada a los niños. Los cinco capítulos del manual tratan los siguientes temas:

• La normativa internacional y europea sobre justicia juvenil y desarrollo adolescente
• Los requisitos generales con respecto a tres ámbitos:
  • Los procedimientos en que participan niños en conflicto con la ley
  • El derecho a la asistencia legal o a otros tipos de asistencia
  • El papel de los padres en la justicia juvenil
• La participación efectiva de los niños, tanto con respecto al derecho a la información como al derecho a ser escuchados
• Las habilidades comunicativas de los actores que intervienen en el procedimiento y que tienen que tratar con los niños en conflicto con la ley
• El seguimiento y apoyo, focalizados en cómo incorporar las opiniones de los niños en conflicto con la ley a las decisiones y cómo explicar estas decisiones

La guía, que complementa el manual, está destinada a los instructores que tengan que elaborar y ejecutar programas formativos. Por lo tanto, la estructura es muy parecida a la del manual, pero añade elementos para preparar estas actividades didácticas, con preguntas y respuestas en las distintas secciones del documento que pueden servir de ejercicios en las actividades formativas.

Estas publicaciones son el resultado del proyecto “Mejorando los sistemas de justicia juvenil en Europa: Formación para profesionales”, coordinado por el OIJJ, en el que han participado también doce entidades más, públicas y privadas, de varios países miembros del Consejo Europeo de Justicia Juvenil. El objetivo principal del proyecto ha sido mejorar los sistemas de justicia juvenil en la Unión Europea y comprender en qué aspectos pueden ser más eficientes o adaptarse mejor a los niños, centrándose en aplicar mejor las directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los niños y a los estándares internacionales.

[1] Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en procesos penales

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Utilizar unas gafas puede ayudar a evitar que las personas sean identificadas por sistemas de reconocimiento facial. Lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, que ha diseñado unas gafas que consiguen este objetivo.

El engaño se plantea como un ataque a estos sistemas y el punto de partida de los académicos era conseguir un método discreto y físicamente realizable, dos factores que no se habían tenido en cuenta en investigaciones previas. El primero, la discreción, implicaba que el sistema no tenía que detectar que alguien estaba intentando burlarlo. Con el segundo factor, pretendían que el método se pudiera llevar a cabo contra sistemas de identificación actuales (estudios anteriores se basaban en tecnología obsoleta), especialmente los que utilizan algoritmos de aprendizaje automático.[1]

Con unas gafas de colores impresas en papel fotográfico, en algunos casos colocadas sobre fotografías y en otros utilizadas por los investigadores, han conseguido que cuando la persona es captada por un sistema de reconocimiento facial, o bien no sea identificada o incluso sea identificada como otra persona. Los resultados se han logrado tanto contra un programa de reconocimiento facial comercial, como contra sistemas genéricos basados en algoritmos de aprendizaje automático.

Los autores reconocen que la efectividad de su sistema se puede ver condicionada por factores externos que influyan en la manera como se captan las imágenes, como la iluminación o la distancia a la cámara. También admiten que las gafas pueden resultar discretas para los sistemas de reconocimiento, pero no para los humanos, que percibirían extrañas las gafas. No obstante, quieren poner sobre la mesa el hecho de que estos sistemas no son infalibles y que hay que estar atentos a sus vulnerabilidades. Por otra parte, también aclaran que una de las líneas de trabajo futuras es la de explorar el modo de reducir los riesgos que este tipo de ataques suponen para los sistemas de reconocimiento facial.

Investigaciones como esta nos demuestran que los avances tecnológicos, aunque ayudan claramente a la gestión de la seguridad, aun son falibles y que hay que ser conscientes de sus debilidades cuando se decide implantarlos o cuando se utilizan.

Fuentes:

• ¿“Want to beat facial recognition? Get some funky tortoiseshell glasses”. The Guardian, 4 de noviembre de 2016
• Sharif, M.; Bhagavatula, S.; Bauer, L. & Reiter, M. “Accessorize to a Crime: Real and Stealthy Attacks on State-Of-The-Art Face Recognition”. In Proc. CCS, 2016. [PDF | VIDEO]

[1] Los algoritmos de aprendizaje automático parten de una base de datos con un conjunto de imágenes etiquetadas, con múltiples imágenes por persona. Para cada persona, analizan todas las imágenes disponibles y obtienen un patrón o modelo que las caracteriza, diferencia e identifica. Cuando reciben una nueva imagen, la comparan con los patrones para decidir si corresponde a alguna de las personas de la base de datos o no.

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“¿Cómo ha influido en el comportamiento policial relacionado con el uso de la fuerza la omnipresencia de dispositivos de grabación en vídeo entre los ciudadanos y la capacidad que cualquier persona pueda difundir directamente a las redes sociales sus grabaciones”?. Esta es la pregunta que pretendía responder la investigación publicada por la British Journal of Criminology y realizada por Gregory R. Brown, policía e investigador de doctorado en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Carleton (Canadá) [1].

La hipótesis de partida es que la relación entre la policía y la ciudadanía se ha visto condicionada por tres factores relacionados con la tecnología: la proliferación de dispositivos que permiten hacer grabaciones en vídeo, la implicación de buena parte de la población en el denominado ‘periodismo ciudadano’ y la proliferación de nuevos medios de comunicación o espacios donde los ciudadanos pueden publicar sus contenidos. Eso ha provocado que la tarea policial sea hoy día mucho más visible y que los agentes tengan la sensación de estar siendo permanentemente observados y cuestionados cuando tienen que utilizar la fuerza en sus actuaciones.

Con el fin de conocer el alcance de esta percepción entre los policías, Brown utilizó una doble metodología, cuantitativa y cualitativa. Para la parte cuantitativa, encuestó a 231 policías (129 de la Policía de Toronto y 102 de la Policía de Ottawa), que tenían que cumplir el requisito de tener una experiencia mínima de 10 años de patrullaje en entornos urbanos. Para la parte cualitativa, hizo 20 entrevistas semiestructuradas a 20 de estos policías (10 de cada cuerpo), además de otras entrevistas a responsables políticos y sindicales, mandos policiales y expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía. Este trabajo de campo se hizo entre finales de 2012 y comienzos de 2013.

Los resultados fueron lo bastante claros en la mayoría de los casos.

• El 94% de los policías encuestados manifestaron que eran conscientes de haber sido grabados en vídeo por ciudadanos mientras realizaban su tarea (sólo el 6% manifestaba que lo habían sido antes del año 2000).
• Más de la mitad dieron la máxima puntuación a su preocupación de ser grabados en cualquier momento de su tarea policial.
• Casi el 70% de los agentes respondieron que a menudo o con bastante frecuencia las grabaciones en vídeo eran el tema principal en las conversaciones de trabajo.
• El 74% de los participantes en la encuesta informaron de que habían cambiado algunas pautas de actuación ante la posibilidad de que los ciudadanos los pudieran grabar, y para 128 de los agentes estos cambios estaban relacionados con actuaciones en que tenían que utilizar la fuerza.

Estos resultados cuantitativos se ratificaban en todos los casos con la información cualitativa obtenida a través de las entrevistas.

[1] Brown, G. (2016). The Blue Line donde<A[donde|dónde]> Thin Ice. Police Use of Force Modifications in the Era of Cameraphones and YouTube. British Journal of Criminology, 56 (2). Pág. 293-312. DOI:10.1093/bjc/azv052

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En el año 2015 se puso en marcha el llamado Murder Accountability Project (Proyecto Responsabilidad de los Asesinatos, MAP por sus siglas en inglés), que pretende educar a los norteamericanos sobre la importancia de contar con precisión los homicidios o asesinatos no resueltos en los Estados Unidos.

Su impulsor es el periodista jubilado Thomas Hargrove. En su última etapa profesional empezó a analizar los datos que publicaba el FBI en los informes suplementarios sobre homicidios que anualmente se difundían con la estadística sobre delincuencia. Trabajando con esta información, detectó algunos casos no resueltos que podrían estar relacionados con un asesino en serie en la ciudad de Gary (Indiana). Aunque en el año 2010 se puso en contacto con la policía de esta localidad, no le hicieron caso. En 2014, detuvieron en la localidad vecina de Hammond a un hombre que reconoció ser autor de múltiples homicidios, pero todavía no se ha podido determinar si es el autor de alguno de los casos que Hargrove atribuía a un asesino en serie.

Convencido de que con la información de que disponía se podían detectar otros casos parecidos, Hargrove siguió analizando los datos hasta que obtuvo unos resultados esperanzadores. Filtrando los datos de mujeres asesinadas de entre 20 y 50 años, y seleccionando el lugar y la forma como habían sido asesinadas, obtenía unos resultados según los cuales buena parte de los homicidios resueltos coincidían con casos atribuidos a asesinos en serie. Por lo tanto, con estas mismas variables, era altamente probable que los casos no resueltos de este perfil de víctimas, que habían sido asesinadas en un lugar próximo de la misma manera, también hubieran sido cometidos por asesinos en serie.

El MAP, actualmente, analiza cerca de 900.000 homicidios ocurridos entre 1965 y 2015. Entre estos casos se incluyen más de 22.000 de los cuales el proyecto ha obtenido información directamente de los municipios, gracias a la Ley de libertad de información (Freedom of Information Act), ya que algunos municipios o ciudades no informan al FBI por diversos motivos (entre ellos, la falta de recursos económicos, materiales o personales). Esta gran cantidad de datos también se pone a disposición de quienquiera que desee analizarlas por su cuenta con cualquier programa estadístico.

Aunque también existen otras fuentes de información (el Centro Nacional de Información sobre la Delincuencia, del FBI; el Sistema Nacional de Información sobre Muertes Violentas y los centros de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU.), el MAP no las utiliza porque no siempre permiten saber qué casos no han sido resueltos.

En los últimos años han surgido también otros proyectos que analizan datos abiertos sobre los homicidios en los EE.UU. desde puntos de vista diversos. Dos ejemplos, centrados en las muertes por arma de fuego, son los que llevaron a cabo Periscopic y FiveThirtyEight. El primero, U.S. Gun Deaths in 2013, 2010, presenta una visualización de los datos para evidenciar los años de vida perdidos por los homicidios causados por arma de fuego en los EE.UU., y lo hace a partir de datos sobre homicidios (obtenidos del FBI y de la cuenta de twitter @GunDeaths, que ha derivado en el proyecto Gun Violence Archive) y sobre la esperanza de vida (con datos de la Organización Mundial de la Salud). El segundo, Gun Deaths in America, es un gráfico interactivo que utiliza los datos del Sistema Nacional de Información sobre Muertes y presenta de manera visual el diferente peso que tienen las más de 33.000 personas muertas por arma de fuego según las diversas casuísticas, y que evidencia que los hechos que merecen más atención mediática sólo son una pequeña parte de una realidad muy compleja.

Los datos de los informes suplementarios sobre homicidios del FBI también pueden consultarse en una página de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia de los Estados Unidos: Easy access to the FBI’s Supplementary Homicides Reports (EZASHR).

Más información en:

• Serial Killers Should Fear This Algorithm. <www.bloomberg.com>. [Consulta: 8 de febrero de 2017].
• La policía los pasó por alto, pero este algoritmo no: es capaz de encontrar asesinos en serie.<www.xataca.com>. [Consulta: 14 de febrero de 2017].

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El Parlamento valenciano acaba de aprobar la ley de creación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Aunque la Agencia ya estaba funcionando en la práctica, la nueva ley la crea formalmente como organismo autónomo adscrito al departamento del Consejo con competencias en materia de seguridad y gestión de las emergencias (actualmente, al de Justicia) y establece su régimen jurídico de forma completa.

La nueva agencia tiene como finalidad llevar a cabo una respuesta eficaz y eficiente a los retos de la seguridad, de una manera integrada. Pretende una mayor participación y asunción de responsabilidades de todos los actores y también más participación de la ciudadanía.

Por una parte, la Agencia asumirá las competencias de la Generalidad en materia de policía:

1. Con respecto a las policías locales, la coordinación con todas las funciones que incluye:[1] criterios básicos de la organización, formación,[2] dotación y actuación.
2. Con respecto a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía: la dirección, la gestión, el personal y las actuaciones. En este punto, se incluye la obligación de estudiar el diseño de una policía autonómica dependiente del Consejo (que el preámbulo de la ley insinúa, a partir de las policías locales existentes).

Por otra parte, todas las competencias en materia de protección civil, emergencias, incendios y salvamentos, donde hay que incluir:

1. La dirección de las políticas de la Generalidad en los ámbitos mencionados
2. La selección, formación y gestión de sus miembros (incluidos los voluntarios)
3. Las competencias en materia de seguridad nuclear
4. La realización de los mapas de riesgos (análisis de vulnerabilidad) y la planificación en materia de protección civil
5. La gestión del servicio 112
6. El fomento de la autoprotección de los ciudadanos

Con el fin de posibilitar la gestión de un abanico tan grande de competencias, en cuyo ejercicio deben participar actores muy diversos, la ley establece dos órganos básicos de dirección:

1. El Consejo de Dirección, como órgano deliberante y decisorio, presidido por la consejera y con participación de numerosos departamentos de la Generalidad (Presidencia, Hacienda, Sanidad, Territorio, Tecnología e Información, Energía, Prevención de Riesgos Laborales, Educación y, obviamente, Seguridad y Justicia). También forman parte de él el delegado del Gobierno del Estado, el jefe de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía, los jefes de las policías locales de las tres capitales de provincia y los representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
2. La Dirección, como órgano ejecutivo, ejercida por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de seguridad y emergencias.

Además, se prevén diversos órganos de participación adscritos, entre los cuales cabe destacar el Observatorio de la Seguridad de la Comunidad Valenciana. Este órgano fue creado años atrás como un órgano consultivo y deliberante, de análisis, estudio, asesoramiento y prospectiva en materias relacionadas con la seguridad. Están representados en él la administración local, la autonómica, los entes locales, los cuerpos de policía, la seguridad privada, las universidades públicas valencianas y el poder judicial. Otros órganos de participación adscritos son la Comisión de Coordinación de Policías Locales, la de Protección Civil y de Emergencias, y la de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extensión de Incendios y Salvamentos.

[1] Por eso se adscribe el Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad.

[2] Por eso se adscribe el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), que es la institución encargada de llevar a cabo la formación en materia de policía, protección civil y prevención de incendios.

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El Premio Presidencial de Investigación Doctoral de la Universidad de Manchester ha financiado un proyecto de investigación destinado a profundizar en la aplicación de técnicas de estimación en áreas pequeñas para conocer la distribución de variables provenientes de encuestas de victimización en un espacio geográfico pequeño. El proyecto permitirá al investigador David Buil Gil desarrollar su tesis doctoral bajo la dirección de Juan José Medina Ariza y Natalie Shlomo.

Las personas implicadas en el proyecto aseguran que cuando se diseñan políticas públicas focalizadas en la prevención del crimen y el incremento de la seguridad percibida por los ciudadanos, no se puede valorar únicamente la criminalidad detectada por los cuerpos de seguridad, ya que esta solo recoge una parte del total de los delitos. También se tienen que considerar otras variables de interés que únicamente son detectadas a través de las encuestas de victimización, como el miedo al delito, la percepción de desórdenes o el grado de confianza en las administraciones públicas.

El problema surge cuando las muestras pequeñas utilizadas por estas encuestas no permiten observar las diferencias existentes entre las áreas pequeñas de las ciudades, impidiendo el diseño de políticas públicas focalizadas y basadas en las diferencias existentes entre zonas. En otras palabras, las muestras utilizadas por las encuestas de victimización preguntan por término medio a menos de una persona por barrio y, por lo tanto, no se pueden conocer, a partir de métodos convencionales, las diferencias entre las áreas pequeñas.

Según aseguran los investigadores, la utilización de una nueva generación de técnicas estadísticas, denominadas estimación en áreas pequeñas, permite calcular estimaciones de las variables de interés en el ámbito de zonas geográficas reducidas. A partir de combinar los datos recogidos por las encuestas con información detallada del censo poblacional y otros datos públicos, se generan modelos estadísticos que permiten explicar, siempre a partir de estimaciones, las diferencias entre áreas pequeñas. Tal como lo describen, aunque existen modelos estadísticos para la estimación en áreas pequeñas tanto respecto a individuos como a áreas, en el caso de las encuestas de victimización la mayoría de los estudios se tendrán que basar en modelos a nivel de áreas, ya que los datos raramente se publican a nivel de individuo por criterios de anonimato y confidencialidad.

Concretamente, el proyecto desarrollado en la Universidad de Manchester permitirá estimar en esa ciudad, a nivel de área muy pequeña, algunas de las variables que recoge la Encuesta de victimización de Inglaterra y Gales. Tal como aseguran los investigadores de la universidad, las estimaciones resultantes del proyecto permitirán diseñar tanto políticas públicas como estrategias de prevención del crimen que conozcan las diferencias en la distribución de multitud de variables a nivel de área muy pequeña, y harán posible una aproximación basada en la ciencia a los problemas sociales detectados en las diferentes zonas de las ciudades.

Enlaces de interés

Small Area Estimation for Targeting Hot-Spot Policing Interventions, publicado en la British Society of Criminology Policing Network.

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• Blog del proyecto SIVIVO
• Twitter del proyecto SIVIVO
• Web de los Mossos d’Esquadra: Lluitem contra l’odi i la discriminació. T’escoltem
• Entrada Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de los delitos de odio y discriminación
• Entrada El proyecto europeo Prism analiza el discurso del odio a las redes sociales

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