Categoria: Innovación e investigación

Los países miembros de la INTERPOL apoyan la ampliación del sistema I-Checkit al sector marítimo

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La Asamblea General del OIPC-INTERPOL celebró la 85ª reunión en Bali (Indonesia) del 7 al 10 de noviembre de 2016, y, entre otras actuaciones, apoyó la ampliación del programa I-Checkit a la industria marítima como parte de las medidas orientadas a aumentar la seguridad fronteriza y el control de pasajeros.

I-Checkit es una herramienta que complementa y mejora los sistemas nacionales de seguridad fronteriza y permite a los socios de confianza del sector privado llevar a cabo controles avanzados de pasajeros en tiempo real en colaboración con la comunidad policial.

Esta herramienta se creó para permitir que las líneas aéreas pudieran comprobar de manera instantánea si una persona que tiene previsto embarcar en un vuelo internacional está utilizando un pasaporte registrado en la base de datos de la INTERPOL (SLTD)* como sustraído o perdido. Cuando se escanea el pasaporte, se envía información relativa al número y tipo de documento y el país emisor, pero no se incluyen datos personales. El resultado de la comprobación con la base de datos de la INTERPOL se recibe en menos de medio segundo. En junio de 2014, AirAsia fue la primera aerolínea que confrontó la información de documentos de viaje con la base de datos de la INTERPOL.

Los 190 países miembros de la INTERPOL aprobaron la Resolución 5 AG-2016-RES-05, sobre la aplicación del sistema de control I-Checkit al sector marítimo. Su socio principal en este sector es la empresa  Carnival Corporation, que aplicó el sistema en una fase piloto a lo largo de tres meses (de agosto a octubre de 2016) a cuatro de sus barcos Princess Cruises.

A lo largo de la fase piloto se contrastaron los documentos de viaje de 34.000 pasajeros con la base de datos de la INTERPOL, para demostrar la capacidad del sistema a la hora de reforzar la seguridad mundial de la industria de los cruceros.

Carnival Corporation incorporará a partir de ahora el sistema I-Checkit a su procedimiento mundial de registro de viajeros, el cual permitirá llevar a cabo una verificación segura de los documentos de viaje en la base de datos SLTD, que contiene más de 69 millones de registros aportados por 175 países. Gracias a la ampliación del acuerdo de colaboración, se pretende ir aplicando por etapas el sistema I-Checkit a diez líneas de cruceros de Carnival Corporation de Norteamérica, Europa, Australia y Asia.

Michael O’Connell, director de Apoyo Operativo y Análisis en la INTERPOL y jefe del programa I-Checkit, manifestó que este sistema constituye una herramienta policial de investigación y prevención de inestimable valor para las fuerzas del orden de todo el mundo y que el suministro de la iniciativa I-Checkit en Carnival Corporation proporciona un grado más de seguridad al sector turístico, mediante el establecimiento de una norma internacional para los controles de seguridad.

Por su parte, Bill Burke, director marítimo de Carnival Corporation, afirmó que la alianza con la INTERPOL les permite aumentar sin problemas la seguridad de su flota mundial, lo que supone un avance importante para la empresa y para el sector en la línea de incrementar la seguridad y la protección de los pasajeros y tripulantes.

[*] El SLTD (Database of Stolen and Lost Travel Documents) es la base de datos de documentos sustraídos o perdidos que se creó en el año 2002, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, para ayudar a los países miembros a dar seguridad en sus fronteras y para proteger a sus ciudadanos de los terroristas y de otros criminales peligrosos que utilizan documentos de identidad fraudulentos.

Vídeo: I-Checkit – For Your Security (INTERPOL. Centro de Prensa)

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En los EE.UU., falsas evidencias en juicios por incendios intencionados han enviado a la prisión a muchas personas

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El número 199 de la revista Polizei Newsletter el mes de septiembre pasado se hace eco del escándalo que ha estallado en los Estados Unidos por el hecho de que una investigación ha demostrado que algunas evidencias utilizadas en juicios donde se sospechaba que los acusados habían provocado incendios de forma intencionada no tienen base científica y, en todo caso, no determinan de manera inequívoca si un fuego ha sido intencionado o no. Teniendo en cuenta que, en algunos casos, en los incendios objeto de juicio han muerto personas y que, en caso de que resulten culpables, los acusados pueden ser condenados a prisión de por vida o, incluso, ejecutados, el escándalo todavía es mayor.

Dos son, básicamente, los nexos causales que se habían aceptado, de manera generalizada y unívoca, como evidencias de incendios intencionados:

  1. La existencia de ciertos patrones y daños en los restos de los incendios se habían identificado con la presencia de productos acelerantes del fuego, como, por ejemplo, la gasolina. La presencia de estos acelerantes era considerada como una evidencia irrefutable de que el incendio era intencionado. Además, en algunos casos, la ausencia de restos de los productos acelerantes no evitaba la condena del acusado, ya que se consideraba que la sustancia correspondiente podía haberse evaporado con el transcurso del tiempo.
  2. Una temperatura anormalmente alta del fuego se consideraba como prueba irrefutable de que el incendio había sido provocado.

Ya en los años 90, la investigación científica puso en evidencia la falta de base de estos mitos de la investigación de incendios. Un estudio reciente llevado a cabo en el marco del Arson Research Project ha demostrado que la presencia de acelerantes y la temperatura del fuego no tienen relación entre sí y que tampoco conducen, inequívocamente, a la evidencia de un fuego intencionado.

Durante décadas, muchas personas han sido condenadas a partir de estas verdades absolutas que ahora se evidencian como falacias. Concretamente, este proyecto de investigación ha demostrado que, en el caso de Cameron Todd Willingham, que fue condenado a muerte y ejecutado en el estado de Tejas en el año 2004 por provocar un incendio que causó la muerte de sus tres hijos, las evidencias que determinaron la sentencia son las que ahora se demuestran sin fundamento. Actualmente, en California un juez está a punto de dictar una sentencia que determinará que George Souliotes fue condenado a cadena perpetua en el año 1997 como causante de un fuego con resultado de tres personas muertas, que ahora se demuestra accidental (mientras tanto, George Souliotes ha pasado casi veinte años en la prisión).

Los investigadores están convencidos de que hay muchas personas en las prisiones americanas que han sido condenadas como autoras de incendios intencionados en casos en que los incendios eran puramente accidentales. Parece inevitable la revisión de muchos de estos procesos para determinar la justicia o la injusticia de las condenas.

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El proyecto europeo Prism analiza el discurso del odio en las redes sociales

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El proyecto europeo Prism (Preventing, redressing, inhibiting hate speech in new media) tiene como objetivo analizar el discurso del odio en internet y apuntar estrategias para sensibilizar sobre este tema.

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Los delitos de odio y la incitación al odio están directamente conectados. Tienen un gran impacto sobre las víctimas: las palabras son armas para los grupos minoritarios y los inmigrantes son golpeados por el discurso del odio en línea: con estas palabras empieza la presentación del proyecto en la web The Prism Project.

El proyecto se basa en una estrategia interdisciplinaria: combina investigación, las mejores prácticas y actividades formativas dirigidas a agentes de policía, abogados, blogueros, administradores de redes, profesores y monitores de juventud.

Los objetivos del proyecto se concretan en los siguientes puntos:

  • Dar a conocer las expresiones de odio con estudios nacionales y europeos.
  • Identificar, investigar y luchar contra las expresiones de odio y los delitos de odio cartografiando la incidencia en sitios web y en los medios de comunicación social.
  • Controlar las expresiones de odio en línea a través de una recopilación constante de datos sobre el fenómeno.
  • Desarrollar herramientas eficaces dentro de la normativa nacional y corregir los mecanismos para contrastar la discriminación en línea, la hostilidad y la violencia.

Los cinco países implicados en este proyecto son: Italia, Francia, España, Rumanía y el Reino Unido, y lo hacen a través de varias entidades.1)

En el marco del proyecto Prism, se han realizado entrevistas en profundidad a 150 usuarios jóvenes de redes sociales y a profesionales de los ámbitos de la justicia, la educación o las fuerzas de seguridad. También se ha analizado el uso de las redes sociales por parte de grupos xenófobos y de extrema derecha de los cinco países implicados en el proyecto.

Algunas conclusiones

  • La pasividad es la respuesta más común entre los colectivos que sufren el discurso del odio en internet. Predomina la actitud permisiva respecto a los contenidos de la red, a veces por miedo a las reacciones si responden a los insultos. Eso se ve reforzado por la pasividad de los gestores de las redes sociales a la hora de responder a las quejas de los usuarios. En el transcurso del proyecto, se llevó a cabo el experimento de denunciar ante los responsables de Facebook un centenar de comentarios con incitaciones inequívocas al odio y la violencia, y solamente se suprimieron nueve.
  • Tampoco se presentan denuncias a la policía, ni a las instancias judiciales ni a las organizaciones antirracistas.
  • La legislación contra el discurso del odio no está suficientemente estandarizada y falta formación específica para las personas que tienen que actuar contra este tipo de mensajes desde las administraciones (por eso Prism organizó talleres dirigidos a profesores y educadores sociales, policías y juristas).

Para difundir su tarea de investigación, Prism ha elaborado el informe para las instituciones europeas Hate Crime and Hate Speech in Europe: Comprehensive Analysis of International Law Principles, EU-wide Study and National Assessments y diseña cuñas publicitarias contra el discurso del odio. La página web del proyecto se presenta como un blog, y se complementa con una página de Facebook y la cuenta de Twitter @prism_eu, que pretenden ser un punto de referencia fiable sobre el discurso del odio.

Fuente: Universidad de Barcelona

1) Las entidades colaboradoras son: la Asociación Recreativa y Cultural Italiana (ARCI), SOS Racismo de Guipuzkoa, la Liga de la Enseñanza (Francia), Raza en la Agenda (ROTA, Reino Unido), la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial (UNAR, Italia), el Consejo Nacional de Investigación (CNR, Italia), la Fundación de Investigación Cittalia (Italia), la asociación Carta de Roma (Italia), la Fundación para el Desarrollo de las Personas (Rumanía), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y laUniversidad de Barcelona (UB), desde donde coordina el proyecto la profesora Olga Jubany, directora de la Unidad de Investigación Social Europea (ESRU).

Puede descargar el Manual pràctic per a la investigació i enjudiciament dels delictes d’odi i discriminació

Contenido relacionado en la web de los Mozos d’Escuadra: Lluitem contra l’odi i la discriminació. T’escoltem

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Videocámaras corporales en la policía: resultados contradictorios

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Hace unas semanas se recogían en este blog los beneficios y retos que el exjefe de la policía del contado de Spokane (Washington) relacionaba con el uso de videocámaras corporales en los cuerpos policiales. La proliferación de este tipo de dispositivos ha generado la necesidad de evaluar su utilidad y eficacia a partir de evidencias empíricas.

23_bodycamEl pasado mes de mayo se publicaron en las revistas European Journal of Criminology y Journal of Experimental Criminology los primeros resultados de una investigación que analiza el uso de estos dispositivos en ocho cuerpos policiales del Reino Unido y de Estados Unidos. Los investigadores consideran que las motivaciones básicas para introducir estos dispositivos son reducir el uso de la fuerza por parte de la policía y reducir las denuncias contra la policía. Por lo tanto, el objetivo del estudio ha sido valorar si la grabación de imágenes y sonidos en las interacciones entre policías y ciudadanos influía en el uso de la fuerza de los policías hacia los ciudadanos o de los ciudadanos hacia la policía.

Para conseguirlo, llevaron a cabo diez ensayos o experimentos controlados aleatorios durante los cuales recogieron información de casi 2,2 millones de horas de trabajo de 2.122 agentes de policía pertenecientes a ocho cuerpos policiales diferentes (en dos de los cuerpos analizaron dos zonas distintas). Al inicio de cada semana, se asignaban de forma aleatoria en qué turnos de trabajo los policías llevarían cámaras y en cuáles no, y se recogían los datos sobre las detenciones realizadas, el número de casos en los que los policías habían utilizado la fuerza y aquellos en los que los policías habían recibido algún tipo de agresión.

Aunque los resultados preliminares conjuntos de esta investigación destacan que no se ha detectado un efecto significativo de las cámaras en el uso de la fuerza por parte de la policía, sí que hay algunas conclusiones destacables. Por una parte, analizando los casos aisladamente, hay lugares en los que el uso de la fuerza ha aumentado y otros en los que ha disminuido; por otra parte, se ha detectado que los agentes tenían más probabilidades de ser agredidos cuando llevaban cámaras que cuando no las llevaban.

Según parece, la discrecionalidad a la hora de encender o apagar el dispositivo es un parámetro a tener en cuenta, ya que en los casos en los que los agentes tenían siempre el dispositivo conectado, el uso de la fuerza se reducía un 37% respecto a los agentes que no llevaban cámaras, mientras que en los casos en los que los agentes utilizaban la discrecionalidad para encender o apagar las cámaras, el uso de la violencia aumentaba un 71% respecto a los agentes que no llevaban cámara.

En el futuro, los investigadores esperan poder ofrecer resultados más destacados a partir de los datos recogidos.

Los estudios publicados son los siguientes:

Ariel et al. «Report: increases in police use of force in the presence of body-worn cameras are driven by officer discretion: a protocol-based subgroup analysis of ten randomized experiments». Journal of Experimental Criminology. 2016. 1-11. DOI: 10.1007/s11292-016-9261-3

Ariel et al. «Wearing body cameras increases assaults against officers and does not reduce police use of force: Results from a global multi-site experiment». European Journal of Criminology. 2016. 1-12. DOI: 10.1177/1477370816643764

En la web de la RAND Corporation se ha publicado un resumen de la investigación.

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El ‘brainprint’: un método para verificar la identidad más eficaz que las huellas dactilares o el escáner ocular

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El Basque Center on Cognition, Brain and Language de San Sebastián, junto con la Binghamton University de Estados Unidos, están desarrollando una tecnología biométrica basada en el brainprint, el escáner de reacciones cerebrales a determinados estímulos (la lectura de palabras o la observación de fotografías). El escáner se lleva a cabo con electrodos colocados en la cabeza que registran diferentes reacciones encadenadas en forma de ondas cerebrales, las cuales, según parece, son únicas para cada individuo.

En mayo de 2015, los centros que colaboran en la investigación publicaron en la revista Neurocomputing que la exactitud en el reconocimiento de los 32 individuos que se habían sometido a las pruebas había sido del 97%. En esta fase, se había testado la reacción a acrónimos como DVD o FBI y a una serie de imágenes de medio segundo de duración (por ejemplo, un trozo de pizza, un barco o la actriz Anne Hathaway).

Con todo, en una entrevista concedida unos meses después a una publicación en línea de la misma Universidad de Binghamton, uno de los coordinadores del proyecto, el profesor Zhapeng Jin, señaló que ya habían alcanzado el resultado del 100% de exactitud. Según el profesor, este incremento se debe al hecho de que las pruebas posteriores se habían centrado en partes del cerebro no volitivas y no en las del pensamiento activo, que son menos estables a los procesos de aprendizaje o experimentación.

Este método se presenta como una alternativa más segura que las utilizadas hasta ahora para identificar individuos, porque, a pesar de la precisión del análisis de las huellas dactilares (que según un estudio norteamericano de la National Academy of Sciences es del 99,8%), los equipos policiales y de seguridad han detectado una serie de casos que hacen posible suplantar una identidad. Un ejemplo que expone al profesor Jin, quizás un poco extremo pero ilustrativo, es utilizar un dedo cortado a una persona para identificarse en su lugar. También se ha señalado la posibilidad de crear moldes después de obtener la huella de una determinada persona en un objeto. Los escáneres de iris presentarían, de acuerdo con el mismo estudio, un problema similar. En ambos casos, se podría forzar a una persona a identificarse. Sin embargo, en el caso del escáner cerebral no se puede comprometer la identidad de una persona de esta manera, porque si la forzaran “a punta de pistola” le causarían un estado de estrés que alteraría su capacidad cerebral.

El problema obvio que presenta actualmente el brainprint es la necesidad de disponer de un casco con electrodos, lo que resulta caro y poco disponible para el uso cotidiano. Precisamente por eso, y dado el estado de desarrollo de esta tecnología, no se presenta como un identificador para utilizar, por ejemplo, en cajeros automáticos o para desbloquear el teléfono móvil. La propuesta que se plantea a medio plazo es utilizar el brainprint como verificador en controles de seguridad en centros de alto riesgo, como centros militares, centros de inteligencia o centrales nucleares.

Puede consultar el estudio del Basque Center on Cognition, Brain and Language y la Binghamton University publicado en la revista Neurocomputing: Brainprint: Assessing the uniqueness, collectability, and permanence of a novel method for ERP biometrics.

La entrevista al professor Zhapeng Jin está disponible en la página web de la Universidad de Binghamton.

También puede leer el estudio sobre el uso de huellas dactilares que llevó a cabo en 2011 la National Academy of Sciences de Estados Unidos: Accuracy and reliability of forensic latent fingerprint decisions.

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Medidas para controlar el aumento de delitos y amenazas en el espacio aéreo cometidos con drones

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Cuando en el año 2013 un dron se situó sobre el escenario durante una conferencia de la canciller alemana Angela Merkel, el incidente concluyó como un hecho anecdótico. Pero desde entonces ha aumentado el número de casos y delitos registrados relacionados con el uso de estos artefactos, muchos de los cuales han sido sobradamente mediatizados: en 2014, un dron sobrevoló siete centrales nucleares francesas; en abril del 2015, un dron aterrizó en la oficina del primer ministro japonés; en octubre del 2015, un dron se estrelló cerca del monumento de la Casablanca, y en el pasado mes de julio un avión de la compañía Lufthansa con 108 pasajeros a bordo se vio obligado a modificar su ruta para no chocar con un dron.

Ha sido en 2015 cuando las estadísticas han mostrado un aumento muy destacable en el uso de drones en muchos países europeos y, sobre todo, en Estados Unidos, donde 28 de un total de 241 denuncias relativas a drones están relacionadas con pilotos que tuvieron que maniobrar para evitar un choque.

El caso del Reino Unido resulta bastante ilustrativo del crecimiento de los datos. La Thames Valley Police registró un aumento de 21 incidentes en 2014 y de 80 en 2015; la Metropolitan Police de Londres, un aumento de 1 caso delictivo en 2014 y de 21 en 2015, y la Greater Manchester Police, los primeros 58 incidentes en 2015. Según Scotland Yard, algunos de los crímenes relacionados con drones en el país incluyen delitos sexuales y transporte de drogas a una prisión.

Como consecuencia de estos hechos, varios países, como España, Francia, Alemania o el mismo Reino Unido, han intensificado la regulación del uso de drones, aumentando las distancias de seguridad o controlando el peso y la altitud permitidos.

Otras medidas, en el caso de Estados Unidos, han incluido el acuerdo firmado en septiembre del 2015 entre la Administración Federal de Aviación (FAA) y la empresa California Analysis Center, Inc. (CACI) para desarrollar una tecnología que permita monitorizar la conexión entre un dron y la persona que lo dirige. La misma FAA afirma recibir cerca de 100 quejas mensuales de pilotos que avistan artefactos volando cerca de aeropuertos o en el espacio aéreo en el que los drones no tienen permitido transitar.

En un esfuerzo por prevenir riesgos y combatir posibles incidentes, la policía de los Países Bajos ha hecho público un vídeo, fruto de la colaboración con la compañía Guard From Above, en el que aves rapaces interceptan drones, procedimiento que se valora como uno de los posibles mecanismos para controlar las amenazas.

Para más información sobre el acuerdo de la FAA con CACI, puede consultar el comunicado oficial.

También puede consultar el Informe de 2005 de la Metropolitan Police de Londres respecto a los drones.

Y si desea más información sobre la compañía que ofrece el servicio de adiestramiento de aves para capturar drones, Guard From Above, puede visitar su web.

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