Según el informe de Peter Wagner y Bernadette Rabuy Following the Money of Mass Incarceration, del Prison Policy Institute de Estados Unidos, el sistema de encarcelamiento masivo cuesta al gobierno y a las familias de los individuos involucrados con la justicia un mínimo de 182 billones [1] de dólares anuales.

Los costes asociados con el sistema de encarcelamiento incluirían:

• 80,7 billones de dólares correspondientes a las agencias públicas correccionales, incluidas las prisiones, los centros de detención y el coste de las libertades condicionales.
• 5,8 billones de dólares por el enjuiciamiento.
• 63,2 billones de dólares que corresponden a la policía (solo se cuentan las actuaciones relacionadas con el derecho penal).
• 12,3 billones de dólares correspondientes a la sanidad dentro de las prisiones y de los centros de detención.

Este estudio se considera un primer paso hacia una mejor comprensión de quién se beneficia del sistema de encarcelamiento en masa norteamericano y, por consiguiente, podría ser resistente a cualquier reforma en este ámbito. Sin embargo, los autores consideran que se han despreciado algunos costes, ya que estos serían relativamente poco relevantes [2] o, incluso, desconocidos.

No obstante, puntualizan que las corporaciones de prisiones privadas no serían las únicas que se beneficiarían del encarcelamiento en masa.

Los Estados Unidos tienen un sistema penitenciario federal, 50 sistemas estatales y miles de sistemas de gobierno local. A veces, estos sistemas trabajan juntos, aunque a menudo no lo hacen; y fijando la atención solamente en la imagen nacional, se podría ocultar la importancia de las decisiones políticas en el ámbito estatal y local. Por ejemplo, mientras que el gasto del gobierno estatal constituye la mayor parte de los costes de las prisiones (57%), los gobiernos locales representan casi un tercio del total del gasto (32%).

Los gobiernos locales están aplicando en gran medida las leyes estatales, y las políticas discrecionales de detención y fianza locales podrían tener una influencia enorme tanto en el presupuesto del estado como en los resultados de la justicia. Por ejemplo, más de la mitad (13,6 billones de dólares) del coste de funcionamiento de las prisiones locales se gasta en detener a personas que posteriormente no son condenadas.

Casi la mitad del dinero gastado en el funcionamiento del sistema penitenciario se destina pagar al personal. Este colectivo constituye un grupo de presión influyente que, a veces, impide la reforma.

Otros elementos a destacar son:

. Sistema público/privado: El sistema de justicia criminal es abrumadoramente un sistema público, con compañías de prisiones privadas que actúan únicamente como extensiones del sistema público. La nómina del gobierno para los empleados de prisiones es 100 veces mayor que las ganancias de la industria de prisiones privadas.

. Aunque la Constitución exige que se designe un letrado de oficio a aquellas personas que no puedan pagarse un abogado, el sistema solo gasta 4,5 millones de dólares en este derecho. Además, en la última década, los estados han reducido esta figura, aunque el número de casos ha crecido.

. La alimentación y la asistencia sanitaria a 2,3 millones de personas –para una población mayor que la de 15 estados diferentes– es muy cara.

[1] En el contexto norteamericano, “billones” se refiere a miles de millones de dólares.

[2] En este estudio, todos los costes inferiores a un billón de dólares se han despreciado, por la dificultad en contabilizar escrupulosamente todos los gastos.

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