Los Estados Unidos y El Salvador han firmado una carta de cooperación en materia de seguridad y migración, en la cual El Salvador se compromete a mejorar el control en las fronteras y a intercambiar información sobre crimen organizado en un trabajo conjunto con fuerzas norteamericanas.

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, rubricaron el acuerdo después de una reunión en la que trataron aspectos relacionados con bandas juveniles, migración y desarrollo económico.

La mejora del control de las fronteras salvadoreñas pretende conseguir disminuir el flujo de personas que migran de manera irregular pero también luchar contra la actuación de las bandas juveniles, así como el tráfico ilegal de menores.

Otro de los aspectos destacados del acuerdo firmado es que los Estados Unidos se comprometen a colaborar en la lucha contra las bandas juveniles y el crimen, entendido desde un punto de vista amplio: traficantes de seres humanos, contrabandistas que venden órganos, secuestradores de personas para venderlas como esclavas, etc.

El Salvador se compromete a compartir información biométrica y en tiempo real con respecto a movimientos sospechosos que suceden en las fronteras tanto terrestres como aéreas. Podría ser el caso de personas que intentan ingresar en el país con documentos falsificados o que son buscadas por la justicia de otros países, a menudo relacionadas con crímenes vinculados al narcotráfico.

Por parte norteamericana, se reconocieron los esfuerzos de las autoridades salvadoreñas en la lucha y la reducción de los flujos de migración irregular. En este ámbito, se  concretó que la ayuda de los Estados Unidos se proporcionará a través de diferentes frentes, entre los cuales la ayuda a la policía para mejorar su capacidad de actuación y la ampliación del acceso a visados de trabajo para los salvadoreños.

Sin embargo, los representantes norteamericanos subrayaron que el acuerdo firmado no implica que El Salvador se haya convertido en el tercer país seguro, tal como pasó antes con México y Guatemala.

McAleenan concluyó que mantendrían reuniones con representantes del sector privado y que están interesados en dialogar sobre las tablas tarifarias, con la intención de que estas sean más proclives a atraer inversión extranjera.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a principios de julio decretar la emergencia máxima, por tiempo indefinido, en las prisiones del país como medida de presión a fin de que las pandillas pongan fin a los homicidios. Y es que supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) asesinaron a otro policía. Paralelamente, a finales del mes de junio, miembros de la MS13 retuvieron un autobús con unas 40 personas a las que robaron, además de violar a dos mujeres.

Con la muerte del policía ya son 23 los agentes de la Policía Nacional Civil asesinados este 2019, además de los homicidios de 12 militares y dos funcionarios de prisiones, todos a manos de las pandillas.

Así pues, una de las medidas que supone este estado de emergencia es que se mantenga a los internos en el interior de sus celdas las 24 horas del día. Además, se trasladaron más de mil pandilleros a prisiones más seguras procedentes de un complejo penitenciario exclusivo para miembros de la pandilla Barrio 18. De esta manera se acaba con la decisión de ubicar en prisiones diferentes a los miembros de las pandillas rivales Barrio 18 y MS13, a causa de la rivalidad existente. Así se rompe con la existencia de prisiones exclusivas de una sola pandilla, donde al final acababa imponiendo sus reglas.

Paralelamente, el gobierno ha obligado a las empresas telefónicas que operan en el país a cortar la señal telefónica en todas las prisiones para evitar las comunicaciones con pandilleros de fuera, a los que dan órdenes.

Con estos traslados de presos se intentan abortar las órdenes de los jefes de las pandillas en sus territorios y desmantelar posibles atentados.

Una de las medidas que pide el presidente del país es la aprobación de la solicitud de más de 30 millones de dólares para financiar los planes de seguridad para hacerles frente. Esta partida se intenta aprobar después de la primera etapa de un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas en 16 municipios, incluida la capital, donde se intentaba atacar las finanzas de estos grupos criminales. También se ha anunciado que se enviará a las fuerzas especiales de la policía y de la fuerza armada para perseguir a los pandilleros.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, con unos datos que han llegado los últimos años a picos de 103 muertos, atribuidos principalmente a la actuación de las pandillas.

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó en el Congreso Nacional el denominado “Plan Calle Segura”, destinado a prevenir los delitos en los espacios públicos de las ciudades y que amplía el control preventivo de identidad y lo autoriza a aplicarlo a partir de los catorce años.

Una de las justificaciones de sacar adelante este Plan es porque se considera que la primera preocupación de los chilenos es la delincuencia y el narcotráfico y hay que hacerle frente.

Como parte del Plan #CalleSegura se desplegó una intensa agenda de seguridad ciudadana, que incluye la modernización de los Carabineros y PDI, el aumento del despliegue en las calles de más de 3.000 carabineros, importante inversión en tecnología con cámaras y drones y la llamada “Ley antiportonazos”.

Esta Ley tiene que permitir a los Carabineros practicar controles en las calles con mayor facilidad, incluyendo la inspección de ropa, mochilas y accesorios cuando corresponda para evitar, según esta Ley, los delitos con mayor eficacia. También se incluirá a los jóvenes mayores de catorce años, ya que según las estadísticas policiales chilenas entre el 20 y el 30% de los delitos violentos –robos con violencia, emboscadas, etc.– los cometen los jóvenes.

A pesar de las bajas tasas de reclamaciones por conductas inapropiadas de los Carabineros en estos procedimientos, también se incluyen en la Ley medidas para evitar abusos y discriminaciones. Y es que la Ley llega con numerosas voces que han cuestionado la legitimidad y la utilidad de esta medida.

Uno de los aspectos más cuestionados de la nueva Ley es que, bajo un gran plan que prevé la disuasión de las conductas criminales, se espera que la tecnología –cámaras, drones, portales lectores de matrículas…– colabore a controlar los delitos que suceden en las calles.

En este sentido, la experiencia comparada y lo que destaca la criminología urbana son los límites que tienen este tipo de iniciativas, no solo en materia de percepción de inseguridad, sino sobre todo en relación con la reducción de los delitos en el espacio urbano. Por lo tanto, apostar como política de gobierno solo por la inversión tecnológica puede resultar insuficiente.

Algunas voces han alertado a los defensores del Plan Calle Segura de que el control del delito no solo pasa por la vigilancia de las calles y el control tecnológico del ambiente, sino por una adecuada y equilibrada planificación de los espacios públicos y las ciudades.

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La Estrategia fue presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que tuvo la responsabilidad de presentar por primera vez en el Senado de la República el documento que contiene las medidas que tomará el Gobierno federal para garantizar la seguridad de los mexicanos.

El documento establece que el objetivo de la Estrategia es atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y, en general, todos los aspectos que puedan suponer un riesgo para la seguridad pública.

Esta Estrategia pretende alinear los esfuerzos en materia de seguridad y establece que se hará uso de la fuerza legítima del Estado en un marco de legalidad, principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.

La Estrategia consiste en ocho ejes de acción, que incluyen el combate a la corrupción, la promoción de los derechos humanos o reformular el debate contra las drogas, considerando la legalización de algunas.

También prevé un enfoque social y de pacificación del país, con la creación de un Consejo de Construcción de la Paz, para trabajar en torno a esta temática. Entre otras acciones, también plantea la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios del país.

La Estrategia en el ámbito de la Seguridad Pública y Seguridad Nacional prevé la dignificación y mejora de los cuerpos de seguridad para reforzar la coordinación estados-municipios, junto con la conformación y el uso de la Guardia Nacional con una concepción de mando civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta podrá reforzar la atención en aquellos municipios que presenten situaciones de violencia o riesgo inminente.

Con la oposición de los senadores del PAN y el PRI, el dictamen aprobado por mayoría plantea que la violencia política y social solo se resolverá a través del diálogo, la racionalidad, la transparencia y con decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.

Además, reconoce que la emergencia que vive el país requiere el compromiso y la responsabilidad del Estado mexicano, con la participación y coordinación de los tres niveles y poderes del Gobierno.

Se plantea contar también con una mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla, imponiendo orden en el Gobierno para acabar con la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias.

También se prevén mejoras en el ámbito de la protección civil, en el que se ejecutarán acciones de recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre, y se potenciará el ámbito de la inteligencia, buscando preservar la cohesión social y fortalecer las instituciones de gobierno.

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Para la mayoría de la gente, el desistimiento del delito es un proceso, todo un acontecimiento. Rand Corporation se hace eco de un proyecto que elaboró  un cuestionario fácil de usar para las personas que trabajan con infractores para obtener “respuestas intermedias”: indicadores de cambios positivos que pueden ser una señal de progreso hacia un futuro sin delitos.

La investigación muestra que, especialmente para los delincuentes con problemas sociales y personales profundamente arraigados, el desistimiento del delito no es un hecho puntual. A menudo, es un proceso a largo plazo de cambio fundamental en la propia identidad, valores y estilo de vida, que implica periodos de abstención de delinquir interrumpidos por recaídas.

La eficacia de los servicios para los delincuentes normalmente se calcula sobre la base de las tasas de reincidencia. No obstante, estos resultados se miden mejor durante largos periodos de tiempo y requieren acceso a datos fiables sobre las condenas u otras medidas de infracción. Eso no es factible para muchas intervenciones a corto plazo sobre delincuentes entregados por organizaciones sin suficiente tiempo y recursos para llevar a cabo un análisis de la reincidencia. Además, algunas intervenciones, como los programas artísticos en la prisión o las tutorías, tienen como objetivo dar apoyo al proceso de desistimiento, más que conducir a estas personas directamente a dejar de delinquir.

Este estudio tenía como objetivo identificar y desarrollar una herramienta de medición para obtener respuestas intermedias. Estas se basan en cambios en las habilidades y el pensamiento asociados directa o indirectamente con las reducciones de la reincidencia, cosa que podría indicar que un delincuente está haciendo cambios positivos hacia un futuro sin delitos, pero que todavía no ha dejado de delinquir. Por ejemplo, las respuestas intermedias pueden incluir una mejora en las habilidades de resolución de problemas, una mejor gestión del tiempo y un aumento de la resiliencia.

El proyecto se centró en desarrollar una herramienta de medición dirigida a las personas implicadas en programas artísticos y tutorías para los delincuentes. En particular, organizaciones voluntarias y del sector comunitario.

El proyecto se basó en una amplia colaboración y cooperación con una serie de organizaciones proveedoras de tutorías y programas artísticos para los delincuentes. Mediante un proceso iterativo de búsquedas bibliográficas, consultas, pruebas de validez y análisis, el equipo de investigación elaboró un cuestionario de base teórica de 29 puntos, denominado “Instrumento de medición de respuestas intermedias (IOMI)”. Junto con el IOMI, los investigadores también desarrollaron una herramienta de estimación de costes, un documento de orientación y una herramienta de introducción de datos.

El instrumento de medición del IOMI y los otros materiales que configuran el kit de herramientas proporcionan un paquete fácil de usar que los proveedores de proyectos artísticos y de tutoría (y posiblemente muchos otros tipos de intervención) pueden utilizar  para evaluar el impacto de su propio trabajo de una manera relativamente rápida y directa.

El IOMI no es un instrumento totalmente validado, pero las pruebas preliminares han mostrado fuertes indicios de que el instrumento tiene validez, consistencia interna, estabilidad y el potencial para reflejar el cambio a través de la mayoría de las respuestas intermedias que mide.

El IOMI tiene una base teórica y está anclado en un análisis detallado de pruebas y en una amplia consulta con los proveedores de programas artísticos y de tutoría.

https://www.rand.org/randeurope/research/projects/reduce-reoffending.html

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En agosto del 2017 se hizo efectiva la Convención de Minamata sobre la utilización del mercurio. Un elemento que causa grandes impactos a escala mundial y concretamente en 15 estados del oeste de África. En la Convención, los estados acordaron reducir, y si era posible eliminar, el uso del mercurio y sus derivados, y también las emisiones de este provocadas sobre todo en el campo de la minería. Durante el proceso de extracción del oro en la región, se utilizan técnicas muy sencillas y de poca inversión económica. El mercurio se usa a menudo para separar el metal del mineral y generalmente aquellas personas que tratan con este elemento están expuestas a tener problemas de salud como intoxicaciones y quemaduras. El oeste de África es una de las zonas más ricas en depósitos de oro, y el mercurio desempeña un papel esencial en esta actividad, ya que 2-3 millones de mineros artesanos lo utilizan para extraer oro, y la venta de este supone grandes ingresos para las economías del país. La mayoría de los países que forman parte de la región del oeste de África han firmado y ratificado esta Convención.

Un estudio publicado por Global Iniciative against transnational organized crime subraya que el uso del mercurio y sus emisiones tienen consecuencias negativas para los países africanos implicados. Casi todo el mercurio es exportado del oeste de África. Aunque mucho producto es importado de manera legal, hay mucho comercio informal, no registrado y clandestino, el cual va en aumento. Para dar un ejemplo, nacionales de Burkina Faso se consideran responsables de la mayoría de comercio ilegal de mercurio de la región y países como Costa de Marfil, Ghana o Senegal son los principales consumidores. Datos sobre las importaciones de mercurio están por debajo de los datos estimados del consumo de mercurio. Es decir, que la mayoría de flujos de mercurio son ilícitos. Así que si se suministran cantidades de mercurio se aseguran también los flujos de oro. De esta manera, las cadenas de suministro tanto de oro como de mercurio crean un círculo fuerte que es muy difícil de romper.

Los países de ECOWAS (la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) recalcan la necesidad de incluir diferentes instituciones y actores gubernamentales para discutir medidas para coordinar los flujos de mercurio y combatir los flujos ilegales. Togo, por ejemplo, destaca la necesidad de mejorar la cooperación entre países. Desde el estudio de Global Iniciative proponen las recomendaciones siguientes:

• Mejorar el conocimiento sobre flujos de mercurio.
• Estandarizar marcos reguladores específicos de mercurio.
• Incentivo para aquellos mineros que extraen oro sin el uso de mercurio.
• Centrar los esfuerzos regionales en los hubs de las líneas de suministro.
• Armonizar los regímenes de exportación de oro.
• Fortalecer la supervisión reguladora de las importaciones del oro en hubs finales de destino.

Enlaces de interés:

http://globalinitiative.net/gold_mercury_ecowas/

https://www.verite.org/wp-content/uploads/2018/01/SSA-Verite-Commodity-Report-Gold.pdf

https://ige.org/archivos/IGE/mercurio_en_la_Mineria_de_Au.pdf

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El creciente interés de los máximos representantes de la Unión Europea y sus estados miembros en fortalecer la autosuficiencia europea en materia de defensa, e incluso en la creación de un ejército europeo, ha suscitado preocupaciones en Estados Unidos, por ahora el máximo socio de los países europeos en el ámbito militar y de defensa. La iniciativa, promovida sobre todo por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido vista por el gobierno presidido por Donald Trump como una amenaza para la OTAN. Una reacción en parte contradictoria teniendo en cuenta que el actual presidente de Estados Unidos ha reprochado en repetidas ocasiones a los países de la Unión Europea la insuficiente contribución al presupuesto de defensa común y la excesiva dependencia de estos con respecto a la OTAN.

Ante la reacción americana, Europa ha desmentido que el posible futuro ejército de la Unión sea una alternativa a la OTAN, sino que ambos serían complementarios. Con el fin de compartir opiniones e iniciativas con respecto a la reactivación de la defensa común de la Unión Europea y solucionar malentendidos con el socio transatlántico, así como para tratar otros temas que afectan a la seguridad global, el Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, el Instituto Neerlandés de Relaciones Internacionales (el Instituto Cligendael) y el Centro por la Nueva Seguridad Americana organizaron una mesa redonda en Bruselas el pasado 3 de octubre. El objetivo era el de debatir y diseñar estrategias comunes a sucesos recientes que tienen un impacto en la seguridad global y especialmente en las relaciones transatlánticas, como el rol de la Unión Europea en las negociaciones por la desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos y la postura de Turquía en la OTAN.

Tanto los ponentes de Estados Unidos como los de los países europeos estuvieron de acuerdo en que es necesario seguir trabajando en la misma dirección con el fin de afrontar las cuestiones que amenazan al orden internacional acordado y establecido.

En la primera mesa redonda, dedicada a debatir el futuro de las relaciones transatlánticas en materia de defensa, los ponentes europeos destacaron que la misión de la Unión de ser más autónoma no podía ser interpretada en ningún caso como un deseo de aislamiento y distanciamiento de los Estados Unidos. Los miembros de EE. UU. adoptaron una postura más bien crítica con las declaraciones de su presidente, y destacaron los esfuerzos llevados a cabo por parte de la UE, aunque que sí que mostraron una parte de preocupación por el hecho de que estos esfuerzos acabaran distanciándola de Washington. Tanto los miembros de un lado del Atlántico como los del otro acabaron concluyendo que era necesaria una mejor clarificación de los roles complementarios de la Unión Europea y de la OTAN.

En el segundo debate se reivindicó la elevada aportación de los países de la Unión Europea al presupuesto de la OTAN, la cual es más alta que el 2% del PIB establecido. Aparte de la aportación directa, también se destacó que las sanciones impuestas a países vecinos en el continente tienen unos costes económicos más elevados para la Unión que para Estados Unidos. Varios ponentes lamentaron que la visión de Donald Trump de Europa como enemiga en lugar de como aliada estaba obstaculizando la cooperación entre las dos entidades, ya que parecía que la intención del presidente americano fuera la de erosionar y debilitar a la UE.

Durante el almuerzo, fue el turno de la desnuclearización de Corea del Norte y el papel que la Unión Europea debía desempeñar. Desde un principio se planteó que Pyongyang aceptaría sentarse con la UE en la mesa de negociación debido a la visión neutral que el país asiático tiene sobre esta y se manifestó que la UE no planteaba ningún otro mecanismo de acción que la negociación y los medios pacíficos. Además, la Unión Europea podría ayudar a Corea del Norte a iniciar una hipotética apertura económica. Algunos ponentes, sin embargo, se mostraron más bien escépticos ante la posibilidad real de desnuclearización del país liderado por Kim Jong-un.

Finalmente, en la última mesa redonda se abordó el tema de la complicada relación de la Unión Europea y Estados Unidos con Turquía. Se puso de manifiesto que los principales motivos del distanciamiento entre Trump y Erdogan tienen que ver con la tardía reacción del gobierno americano al intento de golpe de estado en el 2016 y el posterior arresto del pastor americano Andrew Brunson, así como con el apoyo que Estados Unidos brinda en Siria a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG), que Turquía considera enemigas. La adquisición de armamento ruso por parte de Turquía dificulta todavía más el entendimiento entre Washington y Ankara. Sin embargo, los ponentes europeos manifestaron que no pueden perder a Turquía como aliado estratégico por varias razones geopolíticas.

Después del encuentro, parece que ni los expertos estadounidenses ni los de los países europeos tienen ningún interés en el distanciamiento de ambas entidades a la hora de afrontar las amenazas a la seguridad global ya que este escenario debilitaría tanto a Europa como a EE. UU.

https://www.iss.europa.eu/content/weathering-storm-transatlantic-security-insecure-times

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El gobierno chino está desarrollando un sistema de ‘crédito social’ que permita puntuar a los ciudadanos por su comportamiento y nivel de confiabilidad, ofreciendo recompensas o penalizaciones según su actuación. Este programa, que se presenta como un mecanismo para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad social, se prevé que esté totalmente operativo el año 2020.

No obstante, las primeras pinceladas ya empiezan a ser implementadas. Entre ellas está la prohibición de comprar billetes de avión o de tren a aquellas personas que hayan perdido puntos por haber fumado dentro de vagones, utilizado billetes caducados o difundido fake news, especialmente si están relacionadas con ataques terroristas o la seguridad aeroportuaria.

Otras acciones que podrán comportar una pérdida de puntos son la publicación de posts políticos online sin permiso, el hecho de contradecir la narrativa oficial del gobierno, cometer infracciones en el volante o pasar demasiado tiempo jugando a videojuegos. Por el contrario, otros comportamientos como participar en obras de caridad o dar sangre ayudan a incrementar la puntuación y, con ello, a mejorar la posición, una posición que determinará aspectos fundamentales como la posibilidad de ser admitido en determinadas escuelas (para la persona en cuestión o para sus hijos), registrarse en hoteles, ejercer cargos públicos o alquilar un apartamento.

A las personas con una baja ‘puntuación ciudadana’ les será más difícil acceder a todo ello, del mismo modo que les será más complicado obtener visado para viajar al extranjero. Por otra parte, aquellos ciudadanos que presenten una puntuación alta se beneficiarán de descuentos en la factura energética, de un acceso a internet más rápido o de mejores condiciones a la hora de pedir un préstamo bancario.

La metodología exacta que se utilizará para determinar estas puntuaciones se mantiene secreta, pero se considera que estará basada en inteligencia artificial y big data, que ayudará a construir perfiles de todos los ciudadanos basándose en el tipo de compras que se realicen, los movimientos financieros, los contactos personales y profesionales, el uso de las redes sociales o las interacciones con organismos oficiales. Aunque las autoridades chinas defienden que este sistema permitirá controlar el nivel de civismo y disminuir la tasa de criminalidad, mejorando así la seguridad pública, un número significativo de organizaciones, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han alertado del peligro que supone para los derechos y las libertades civiles, especialmente con respecto al derecho a la privacidad, a la protección de datos y a la libertad de expresión. Una situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el nivel de libertad en internet en la China, según Freedom House, es el peor del planeta.

• China’s Surveillance State Should Scare Everyone
• China ‘social credit’: Beijing sets up huge system
• Freedom House: Las puntuaciones de libertad en internet de todo el mundo

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El coste de la violencia en la economía sudafricana es de las mayores del mundo. El país se situa en el lugar 126 de los 163 países del Índice Global de Paz. Este índice nos muestra que el coste de la violencia en Sudáfrica representa el 19% del PIB, el 16º mayor en el mundo (34.160 rands por ciudadano y año).

Sudáfrica destaca en cinco categorías principales de violencia: el número de crímenes violentos, el número de protestas violentas, el número de asesinatos, el acceso fácil a armas y una gran percepción de inseguridad. Es el 10º peor país en reducción general de la violencia y el 19º si hablamos de seguridad en general.

Tanto los datos proporcionados por el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) como los datos que proporciona la Encuesta de Victimización (VOCS) demuestran que los niveles de violencia se han mantenido altos, con variaciones que no son significativas. En el periodo presupuestario de abril de 2015 a marzo de 2016, se registraron 18.673 asesinatos y 18.127 tentativas. Además, la policía conoció 259.165 casos relacionados con el tráfico de drogas.

El problema de fondo es que los largos años del apartheid con violencia institucionalizada lo han convertido en un elemento muy presente en la sociedad, que se utiliza para resolver cualquier situación con una gran normalidad.

El Plan de Desarrollo Nacional quiere mejorar las condiciones de la violencia con el objetivo fijado en el año 2030. Este plan quiere construir comunidades seguras, entendiendo la seguridad como un derecho humano básico. El plan abarca la seguridad física y la dimensión social, como el empleo, la educación y la salud, y pretende poner fin a la cultura de la violencia, convirtiéndola en algo muy residual y despreciable.

La dimensión comunitaria es central en el plan y, por lo tanto, los gobiernos locales asumen un papel importante, ya que son las administraciones más próximas a la ciudadanía. Estas tienen una posición central en la coordinación e integración de las políticas con el fin de crear comunidades seguras.

Se crean los foros de Seguridad de la Comunidad (CSF) a escala local. Este órgano es donde se llevará a cabo la coordinación, monitorización e integración de las iniciativas de prevención de la comunidad. El objetivo es garantizar un acceso a unos servicios de calidad y crear comunidades de ciudadanas y ciudadanos seguros. Estas estrategias se llevan a cabo en coordinación con las diferentes agencias de las administraciones locales y estatales.

La mejora del desarrollo económico con equidad provocará, según el plan, la transformación económica, la creación de empleo y la mejora de la educación y la sanidad, y ayudará a la cohesión social. Y todo ello afectará positivamente en la inseguridad, generando más seguridad.

El objetivo final es que el año 2030 la ciudadanía de Sudáfrica se sienta segura y sin miedo a ser víctima de un crimen. Esta seguridad deberá estar presente en la escuela, en el trabajo y en los demás espacios de relación de la comunidad.

Enlace de interés:

What is the situation in South Africa?

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En la ciudad norteamericana de Jackson, Misisipi, con la aplicación del proyecto EJECT, las personas que sean detenidas por posesión ilegal de armas o se vean implicadas en alguna actividad delictiva en la que haya armas serán expulsadas del territorio y cumplirán su condena lejos de allí.

En diciembre de 2017, el fiscal del distrito sudeste de Misisipi presentó el proyecto EJECT (‘expulsión’) para la ciudad de Jackson. Este proyecto quiere combatir los crímenes violentos en la ciudad y prevé, como medida estrella, la expulsión del territorio de las personas que cometan delitos relacionados con el uso de armas, que, además, no tendrán posibilidad de fianza.

Una docena de agentes de agencias de la policía estatal y federal ayudarán al Departamento de Policía de Jackson en este proyecto, que se presenta como una colaboración y cooperación de los distintos niveles del sistema de justicia penal de los Estados Unidos.

Los responsables del programa manifiestan que, si violas su ley y aterrorizas a los vecinos de la ciudad, serás expulsado de la comunidad y cumplirás la sentencia lejos de Jackson.

Vecinos, criminólogos y representantes políticos de todas las tendencias se muestran escépticos con respecto al programa. Incluso el alcalde de Jackson marca distancias entre los planes municipales y este proyecto.

La crítica manifiesta que, en el fondo, el proyecto EJECT es un ataque contra las personas bajo la apariencia de su protección, ya que ignora derechos constitucionales, por ejemplo la libertad bajo fianza o el envío de los acusados a prisiones fuera de Misisipi, con los problemas que eso generará para las familias.

Enlaces

• U.S. Attorney’s Office, Law Enforcement Partners, and Community Leaders Introduce PROJECT EJECT to Combat Violent Crime in City of Jackson
• ‘Tough Love’ for Mississippi Gun Offenders Means an Out-of-State Prison Term
• 45 arrested in Jackson anti-gang operation
• Project EJECT: Several arrests made last week
• Project EJECT: A War On Jackson

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