El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó en el Congreso Nacional el denominado “Plan Calle Segura”, destinado a prevenir los delitos en los espacios públicos de las ciudades y que amplía el control preventivo de identidad y lo autoriza a aplicarlo a partir de los catorce años.

Una de las justificaciones de sacar adelante este Plan es porque se considera que la primera preocupación de los chilenos es la delincuencia y el narcotráfico y hay que hacerle frente.

Como parte del Plan #CalleSegura se desplegó una intensa agenda de seguridad ciudadana, que incluye la modernización de los Carabineros y PDI, el aumento del despliegue en las calles de más de 3.000 carabineros, importante inversión en tecnología con cámaras y drones y la llamada “Ley antiportonazos”.

Esta Ley tiene que permitir a los Carabineros practicar controles en las calles con mayor facilidad, incluyendo la inspección de ropa, mochilas y accesorios cuando corresponda para evitar, según esta Ley, los delitos con mayor eficacia. También se incluirá a los jóvenes mayores de catorce años, ya que según las estadísticas policiales chilenas entre el 20 y el 30% de los delitos violentos –robos con violencia, emboscadas, etc.– los cometen los jóvenes.

A pesar de las bajas tasas de reclamaciones por conductas inapropiadas de los Carabineros en estos procedimientos, también se incluyen en la Ley medidas para evitar abusos y discriminaciones. Y es que la Ley llega con numerosas voces que han cuestionado la legitimidad y la utilidad de esta medida.

Uno de los aspectos más cuestionados de la nueva Ley es que, bajo un gran plan que prevé la disuasión de las conductas criminales, se espera que la tecnología –cámaras, drones, portales lectores de matrículas…– colabore a controlar los delitos que suceden en las calles.

En este sentido, la experiencia comparada y lo que destaca la criminología urbana son los límites que tienen este tipo de iniciativas, no solo en materia de percepción de inseguridad, sino sobre todo en relación con la reducción de los delitos en el espacio urbano. Por lo tanto, apostar como política de gobierno solo por la inversión tecnológica puede resultar insuficiente.

Algunas voces han alertado a los defensores del Plan Calle Segura de que el control del delito no solo pasa por la vigilancia de las calles y el control tecnológico del ambiente, sino por una adecuada y equilibrada planificación de los espacios públicos y las ciudades.

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