México aprueba el proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Mexico DFLa Estrategia fue presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que tuvo la responsabilidad de presentar por primera vez en el Senado de la República el documento que contiene las medidas que tomará el Gobierno federal para garantizar la seguridad de los mexicanos.

El documento establece que el objetivo de la Estrategia es atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y, en general, todos los aspectos que puedan suponer un riesgo para la seguridad pública.

Esta Estrategia pretende alinear los esfuerzos en materia de seguridad y establece que se hará uso de la fuerza legítima del Estado en un marco de legalidad, principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.

La Estrategia consiste en ocho ejes de acción, que incluyen el combate a la corrupción, la promoción de los derechos humanos o reformular el debate contra las drogas, considerando la legalización de algunas.

También prevé un enfoque social y de pacificación del país, con la creación de un Consejo de Construcción de la Paz, para trabajar en torno a esta temática. Entre otras acciones, también plantea la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios del país.

La Estrategia en el ámbito de la Seguridad Pública y Seguridad Nacional prevé la dignificación y mejora de los cuerpos de seguridad para reforzar la coordinación estados-municipios, junto con la conformación y el uso de la Guardia Nacional con una concepción de mando civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta podrá reforzar la atención en aquellos municipios que presenten situaciones de violencia o riesgo inminente.

Con la oposición de los senadores del PAN y el PRI, el dictamen aprobado por mayoría plantea que la violencia política y social solo se resolverá a través del diálogo, la racionalidad, la transparencia y con decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.

Además, reconoce que la emergencia que vive el país requiere el compromiso y la responsabilidad del Estado mexicano, con la participación y coordinación de los tres niveles y poderes del Gobierno.

Se plantea contar también con una mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla, imponiendo orden en el Gobierno para acabar con la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias.

También se prevén mejoras en el ámbito de la protección civil, en el que se ejecutarán acciones de recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre, y se potenciará el ámbito de la inteligencia, buscando preservar la cohesión social y fortalecer las instituciones de gobierno.

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