Durante el mes de abril de este año se publicó el informe Dismantling Law Enforcement’s Role inTraffic Safety: A Roadmap for Massachusetts . Este estudio ofrece una visión y un marco para avanzar hacia la seguridad del tráfico sin policía.

Los controles de tráfico son la forma más común de contacto entre los ciudadanos y la policía. Una reciente investigación del rotativo The New York Times encontró que, en los últimos cinco años, se produjeron más de 400 muertes causadas por oficiales de policía durante los controles de tráfico de personas que no iban armadas ni tampoco estaban bajo persecución por un crimen violento.

A pesar de los daños obvios causados, existe una creciente evidencia –según el estudio– de que los controles de tráfico no reducen significativamente los accidentes graves o fatales. El informe menciona una investigación del Proyecto de Policía Abierta de Stanford y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras que destaca que, a raíz del seguimiento de 33 patrullas estatales estudiadas, no encontraron ninguna asociación entre los controles de tráfico y las tasas de mortalidad por accidentes.

Durante el año 2021, más de 38.000 personas murieron en accidentes de tráfico en las carreteras estadounidenses. El informe expresa una creciente necesidad de repensar las estrategias que se utilizan para conseguir que las carreteras norteamericanas sean más seguras.

El informe introduce un marco para evaluar las infracciones de tráfico por su impacto en la seguridad y concluye que muchas infracciones podrían gestionarse sin la participación de la policía,o eliminarse del todo de la ley al no tener ninguna relación con la seguridad del tráfico. Los distintos enfoques en el diseño de las calles, la tecnología y las políticas públicas podrían hacer posible la construcción de alternativas no policiales en la seguridad del tráfico.

El estudio ofrece varias recomendaciones para que los municipios y las agencias estatales reduzcan la participación de la policía en la seguridad del tráfico, proporcionando alternativas que serían más efectivas para reducir los accidentes graves y fatales. Las recomendaciones incluyen, pero no se limitan a:

• Proponer la prohibición de los controles pretextuales
• Exigir la recopilación, el análisis y la respuesta de datos de controles, y el bloqueo de tráfico
• Aumentar la financiación para mejorar las infraestructuras

El documento también solicita a los legisladores estatales que promuevan una legislación que incluya:

• Permitir que los municipios opten por la aplicación automatizada de cámaras de tráfico
• Poner fin a las medidas punitivas basadas en la deuda por falta de pago de multas de tráfico
• Permitir a los residentes obtener licencias de conducir independientemente de su estatus migratorio

La propuesta de eliminación de la seguridad en el tráfico del ámbito de todos los tipos de aplicación de la ley, incluida la policía y los tribunales, no sería un cambio pequeño y serían necesarias transformaciones significativas en muchas áreas de la sociedad norteamericana y del gobierno.

Teniendo esto en cuenta, el marco y las recomendaciones incluidas en este informe adoptan un enfoque que pretende reducir el daño y disminuir las consecuencias negativas de la participación de las fuerzas del orden en la seguridad del tráfico a corto plazo, mientras se construirían sistemas alternativos.

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Los datos sobre criminalidad del año 2021 en Suiza presentan como aspecto más destacable el incremento de los delitos que ellos denominan “delitos digitales”, que ascienden a 30.351, cifra que representa un incremento de un 24% en relación con el año anterior y una media de 83 delitos diarios. La inmensa mayoría, un 88%, se pueden encuadrar en la cibercriminalidad económica. Concretamente, el mayor incremento aparece en los ciberfraudes o ciberestafas. La conducta más frecuente es la no distribución de productos pagados en pequeñas plataformas (6.884), seguida de alteraciones de la personalidad en los pagos en línea (uso de identidad de terceros), (6.670).

En el ámbito de los delitos violentos, encontramos escenarios diversos en función de los tipos delictivos: La cifra más baja de homicidios consumados desde el inicio de la serie en 1982, 42 homicidios, la mayoría de los cuales (23; 54,8%) se producen en el ámbito doméstico. Quince mujeres y un hombre han sido asesinados por sus parejas (actuales o anteriores). Tres de los muertos eran niños que fallecieron a manos de alguno de los padres. En cambio, los delitos de lesiones se han mantenido estables con relación al año anterior, con 1.665 casos, y las violencias sexuales han aumentado notablemente. Concretamente, las violaciones han llegado a 757 (44 más que en 2020) y se han situado en la cifra más alta de los últimos diez años.

Los delitos contra la propiedad (no digitales) también tuvieron comportamientos diversos: los robos a domicilio fueron 31.186, cifra que significa un 5% menos que en el año anterior y confirma una tendencia a la baja desde el año 2012. En la misma línea, los hurtos y robos en la calle (-1.912) y de carteras (-1.723) también experimentan un descenso. Los robos/hurtos en y de vehículos aumentan en 995 casos, así como las bicicletas eléctricas (8.919 casos, un 47% más que en el año anterior), mientras que las bicicletas clásicas, a pesar de ser todavía un objeto de sustracción frecuente (27.246), registraron un descenso del 11% en el último año.

82.284 personas fueron detenidas por la comisión de actos delictivos, de las cuales un 13,3% eran menores de edad y un 15,9%, adultos jóvenes (entre 18 y 24 años). Tanto el número de adultos detenidos como el de jóvenes adultos han bajado, mientras que el de jóvenes ha aumentado (3,5%). Los jóvenes fueron detenidos mayoritariamente por delitos menores, como daños o hurtos en tiendas, pero el número de jóvenes detenidos por delitos violentos ha continuado la tendencia al alza de los últimos años.

Fuente de la información: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.21324071.html

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La última evaluación de la amenaza de delitos contra la propiedad intelectual elaborada conjuntamente entre Europol y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) revela que la distribución de productos falsificados ha aumentado mucho durante la pandemia de covid-19. La crisis sanitaria ha presentado nuevas oportunidades para el comercio de productos falsificados y los delincuentes han ajustado sus modelos de negocio para satisfacer la nueva demanda global.

• Las redes criminales se han adaptado rápidamente a las nuevas oportunidades y a la demanda de productos generados por la pandemia.

• Los cosméticos, alimentos, productos farmacéuticos, pesticidas y juguetes falsos representan una amenaza grave para la salud de los consumidores.

• La falsificación depende ahora, en gran medida, del dominio digital para obtener componentes y distribuir sus productos (tangibles y no tangibles) a los consumidores a través de plataformas en línea, redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

• La mayoría de productos falsificados distribuidos en la Unión Europea se producen fuera de la UE.

El informe, basado en datos de toda la UE y en la información operativa de Europol, confirma que la falsificación y la piratería siguen suponiendo una grave amenaza para la salud, la seguridad y también para la economía europea. Las importaciones de productos falsificados alcanzaron los 119.000 millones de euros en 2019, lo que representa el 5,8% de todos los bienes que entraron en la Unión, según los últimos datos de la OCDE.

La evaluación subraya que, aunque la mayoría de falsificaciones en el mercado de la UE se producen fuera del territorio, principalmente en China y otras partes de Asia, la fabricación en el seno de la UE es una tendencia que va en aumento.

La creciente importación de materiales de embalaje y productos semielaborados falsificados en la UE indica claramente la presencia de instalaciones de fabricación ilegales en la Unión. Las redes criminales con sede en Europa implicadas en delitos de propiedad intelectual realizan la distribución de falsificaciones importadas y, en algunos casos, operan en modernas instalaciones de producción que montan productos semielaborados.

El informe aporta datos para comprender el alcance de este fenómeno criminal y pide una acción concertada como respuesta a medida que se avanza en la etapa postcovid.

Como artículos destacados objeto de falsificación cabe mencionar los teléfonos móviles, sus accesorios y componentes. Se venden en grandes cantidades durante acontecimientos como el Black Friday o el Cyber Monday. Así mismo, los falsificadores han estado explotando recientemente la escasez de suministros globales de chips de semiconductores.

En el caso de los perfumes y cosméticos, la producción ilícita se refiere a bienes de uso cotidiano como champú, pasta de dientes o detergente. El comercio de plaguicidas ilícitos sigue siendo una actividad de bajo riesgo y alto beneficio por la gran demanda y las bajas sanciones para los infractores.

La pandemia de covid-19 también provocó una mayor oferta de contenido digital ilícito, que a menudo está vinculado a otras actividades cibercriminales. La piratería es ahora principalmente un delito digital y los sitios web que distribuyen ilegalmente contenido audiovisual se alojan en servidores de Europa, Asia y Oriente Medio.

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Una revisión de expertos independiente ha proporcionado a la policía de Nueva Zelanda consejos detallados sobre las oportunidades y los riesgos asociados al uso de la tecnología de reconocimiento facial (TRF).

En respuesta a la revisión, llevada a cabo por los doctores Nessa Lynch y Andrew Chen, la policía ha decidido que no utilizará la tecnología de reconocimiento facial en directo sin un análisis más detallado, teniendo en cuenta las preocupaciones legales, de privacidad y de derechos humanos, con un enfoque particular en el contexto de Nueva Zelanda.

La policía se embarca ahora en un plan de respuesta basado en las 10 recomendaciones de la revisión, para garantizar la seguridad del personal policial y de las comunidades.

TRF es cualquier cosa que utiliza una imagen de la cara de una persona para dar apoyo a la identificación de esa persona. El alcance de esta tecnología está creciendo y va desde una comparación de una en una (es decir, el sistema SmartGate en la frontera), hasta Live Automated TRF, un sofisticado software de cámara que puede identificar a varias personas en grandes multitudes.

Según ha confirmado la revisión, la policía no utiliza actualmente la tecnología de reconocimiento facial en directo.

El Plan de respuesta de la policía adoptará las 10 recomendaciones de la revisión:

1. Seguir haciendo una pausa en cualquier desarrollo de Live TRF.

2. Revisar su colección de imágenes y la retención actual de imágenes faciales.

3. Seguir fortaleciendo el proceso de puesta en marcha ética de la tecnología.

4. Asegurar la gobernanza continua y la supervisión del despliegue.

5. Mantener la colaboración con los maoríes.

6. Mantener la transparencia.

7. Desarrollar una declaración política sobre la vigilancia TRF en lugares públicos.

8. Implementar orientaciones para el acceso a los sistemas de terceros.

9. Implementar una cultura de uso ético de los datos en la organización.

10. Implementar un sistema de escaneo de horizontes en curso.

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La respuesta de la policía a incidentes o situaciones en los que participan personas con discapacidad, ya sea como víctimas, autores o testigos, es un tema sensible que ha generado disfunciones por todo el mundo. En Australia, la Comisión Real sobre Violencia, Abusos, Negligencias y Explotación de Personas con Discapacidad ha publicado, en octubre de 2021, un informe de investigación sobre esta casuística, elaborado por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sidney.

La investigación pretendía, entre otros objetivos, aportar evidencia tanto de este tipo de actuaciones en Australia como de las situaciones de riesgo que se derivaban o de las posibles mejoras en la primera respuesta a situaciones de emergencia con personas con discapacidad.

Además de una revisión de la literatura académica (en Australia y en el contexto internacional), la investigación ha recogido datos sobre las políticas y prácticas policiales, ha analizado y estudiado casos concretos para conocer las experiencias de las personas con discapacidad, ver los puntos clave de los retos y la oportunidad de las respuestas policiales, y ha realizado consultas con representantes de personas con discapacidad y con agentes policiales para examinar las experiencias y puntos de vista de las dos partes.

Respecto al conocimiento académico existente, destaca que la mayoría de la investigación se ha centrado en las experiencias en las que se ha criminalizado a personas con alguna discapacidad mental o con una desventaja social compleja. Además, la mayor parte de la literatura concluye que las respuestas de la policía a personas con discapacidad son con frecuencia profundamente inadecuadas. Una de las principales carencias que encuentran es la capacidad de recoger datos fiables sobre personas con discapacidad en las bases de datos de las policías australianas.

En cuanto a las experiencias policiales, se han agrupado en nueve ámbitos para poder analizarlas:

• existencia de un plan de acción o similar para personas con discapacidad;
• recogida de datos de personas con discapacidad;
• existencia de interlocutores o personas de enlace;
• mecanismos de asesoramiento;
• liderazgo corporativo;
• información accesible;
• formación;
• procedimientos de actuación, y
• otras experiencias.

Los resultados muestran una gran diferencia en cómo afrontan las ocho jurisdicciones policiales estas situaciones, ya que solo una (Victoria) contaba con experiencias en los nueve ámbitos, mientras que otra (el Territorio del Norte) no cumplía ninguno.

Asimismo, las entrevistas con representantes de personas con discapacidad han confirmado, de manera destacada, una consistencia con los hallazgos de la literatura académica. Además de los factores relacionados con las discapacidades de las personas, también enfatizan la influencia de otros factores, como los socioeconómicos, culturales, de pobreza, desventaja, discriminación, racismo y sexismo. Estas entrevistas, aunque han mostrado muchos ejemplos de prácticas pobres o perjudiciales, también han proporcionado ejemplos de buenas prácticas.

La principal conclusión del estudio, como se ha comentado, es que “las respuestas policiales a personas con discapacidad son, en general, inadecuadas, a menudo perjudican el bienestar de las personas con discapacidad y pueden impactar negativa y significativamente en sus derechos en relación con la justicia”. Destacan dos factores concurrentes como causa que podrían ayudar a solucionar esta problemática. Por una parte, que han aumentado los casos en los que se utiliza a la policía para dar respuesta a problemas sociales, aunque no sea la respuesta más adecuada. Por otra parte, la reducción presupuestaria en servicios sociales adecuados para ofrecer esta respuesta.

Para acabar, se proponen algunas líneas de mejora en dos ámbitos, el de las políticas (en la recogida y el análisis de datos, en la respuesta a personas con discapacidad que han vivido una experiencia de criminalización y respuestas policiales inefectivas, entre otros) y el de las prácticas concretas (como la elaboración de pautas o procedimientos de actuación para los agentes de primera línea, o la obligatoriedad de contar con intermediarios a la hora de tratar con personas con discapacidad).

Se puede consultar el informe en el sitio web de la Comisión, donde, además de la versión completa, también se puede consultar otra en formato “lectura fácil”, que contiene un resumen con imágenes para explicar las ideas del documento.

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Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2020 se realizó el trabajo de campo de la Encuesta de seguridad pública de Cataluña (ESPC) correspondiente a la edición de aquel año. Sobre una muestra estratificada en nueve ámbitos territoriales (nueve regiones policiales) y fijando cuotas cruzadas por sexo y edad, se realizaron un total de 7.900 entrevistas a catalanes y catalanas de 16 años y más. A continuación, se presenta una recopilación de los principales indicadores y conclusiones.

1. Aumenta ligeramente el porcentaje de personas que han sufrido como mínimo un hecho considerado delictivo (+1.8). Este índice de victimización disminuye (-3.6) si eliminamos los engaños, fraudes y estafas.
2. Disminuye ligeramente respecto a la edición anterior (1.7 en el año 2017 y 1.5 en 2020) el coeficiente de multivictimización, es decir, la media de hechos sufridos por cada víctima.
3. Barcelona es la región policial con el índice de victimización más elevado (34.1%), seguida del Camp de Tarragona (27.7%), la Metropolitana Norte (27.5%) y Girona (26.9%). Las regiones policiales con más incremento son el Camp de Tarragona (+4.2), Girona (+3.9), las Comarcas Centrales (+3.1) y la Metropolitana Norte (+3). Las regiones policiales que experimentan mayor descenso de la victimización son las Terres de l’Ebre (-2.8) y Ponent (-2.6).
4. La victimización delictiva por ámbitos pone de manifiesto un aumento significativo de los engaños, fraudes y estafas (+6.1). Un 13.8% de las personas encuestadas sufrieron como mínimo una estafa, fraude o engaño. El resto de ámbitos se mantienen estables o van a la baja, como los de proximidad contra el patrimonio, personas o vehículos, probablemente por los efectos de los meses de confinamiento sobre los hechos que recogen.
5. El 32.5% de los hechos registrados son engaños, fraudes y estafas, 14.6 puntos más que en la edición de 2017. Los hechos relacionados con el vehículo caen 4 puntos y se sitúan en un 25.1% del total.
6. El 66.3% de los engaños, fraudes y estafas fueron cometidos en línea, el 14.1% presencialmente y el 12.9% telefónicamente.
7. La victimización se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres (27.9% y 27.3%, respectivamente); las mujeres son ligeramente más victimizadas en los grupos de edad más jóvenes (16 a 25 y 26 a 40 años) y los hombres, en los grupos de edad más avanzada (41 a 64 y 65 y más).
8. Disminuye en 4.6 puntos el índice de denuncia. El 26% de los hechos considerados delictivos fueron denunciados firmando un documento ante la policía o el juzgado. Los ámbitos de la segunda residencia y el domicilio son los que presentan los mayores índices de denuncia (52.1% y 46%, respectivamente) y los engaños, fraudes y estafas, el más bajo (16.8%).
9. La valoración del nivel de seguridad en el municipio consigue una media de 6.8 sobre 10, con una ligera disminución en relación con el 7.2 del año 2017. Hombres y mujeres obtienen medias muy similares. No obstante, cuando preguntamos a las personas encuestadas si han dejado de hacer cosas por miedo a ser víctimas de un delito, de entre las respuestas positivas (en torno al 32%), un 42.2% son mujeres y un 21.3%, hombres.
10. La valoración de los cuerpos policiales (PG-ME y policías locales) vuelve a valores del año 2015 tras una edición, el año 2017, muy condicionada por los atentados del 17-A y los acontecimientos del 1-O. PG-ME y policías locales consiguen una valoración sobre 10 de 7.3 y 6.9 puntos, respectivamente.

Puede consultarse la presentación de resultados en el enlace Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2020.

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La digitalización acelerada relacionada con la pandemia de la COVID-19 ha influido significativamente en el desarrollo de una serie de amenazas cibernéticas, según explica la nueva edición de la Evaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet de Europol.

Los delincuentes han aprovechado rápidamente las actuales circunstancias para aumentar sus beneficios, extendiendo sus tentáculos a varias áreas y exponiendo vulnerabilidades, conectadas a sistemas, hospitales o individuos.

Si bien los grupos de programas de secuestro o ransomware se han aprovechado del teletrabajo generalizado, los estafadores han abusado de los temores a la COVID-19 y de la búsqueda infructuosa de cuidados en línea para estafar a las víctimas o acceder a sus cuentas bancarias.

El aumento de las compras en línea en general ha atraído más a los delincuentes. Con los niños que pasan mucho más tiempo conectados, especialmente durante los confinamientos, la elaboración y difusión de material explícito de producción propia han aumentado significativamente. La infraestructura gris, incluidos los servicios que ofrecen ciframiento de extremo a extremo, las VPN y las criptomonedas siguen facilitando y haciendo proliferar una amplia gama de actividades delictivas. Eso ha supuesto importantes retos para la investigación de las actividades delictivas y la protección de las víctimas de delitos.

Además de ampliar los esfuerzos para hacer frente a estas amenazas desde la perspectiva policial, es crucial añadir otro nivel de protección en términos de ciberseguridad. La implementación de medidas como la autenticación multifactorial y la gestión de vulnerabilidades son de máxima importancia para disminuir la posible exposición a las ciberamenazas. La concienciación y la prevención son componentes clave para reducir la eficacia de los ciberataques y otras actividades delictivas habilitadas por la cibernética.

Estas son las principales amenazas actuales:

• Los programas de afiliación de ransomware permiten a un grupo mayor de delincuentes atacar a grandes corporaciones e instituciones públicas y amenazarlas con métodos de extorsión de varias capas, como ataques DDoS.

• El software malicioso móvil evoluciona con los delincuentes que intentan eludir medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores.

• Las compras por internet han provocado un fuerte aumento del fraude en línea.

• El material explícito autogenerado es una preocupación creciente y también se distribuye con ánimo de lucro.

• Los delincuentes siguen abusando de servicios legítimos como VPN, servicios de comunicación cifrados y criptomonedas.

Los grupos de software malicioso han utilizado la pandemia a su favor para lanzar ataques más sofisticados y dirigidos. Aunque parece que el ransomware distribuido masivamente está en declive, los grupos de cibercrimen optan por ataques manuales bien orquestados contra grandes corporaciones e instituciones gubernamentales.

La pandemia también ha facilitado el avance de otras amenazas, que ya estaban haciendo importantes intentos de penetrar en el ciberespacio. El software malicioso móvil y específicamente los troyanos bancarios también se han equipado con capacidades para interceptar mensajes de texto en dispositivos Android, comprometiendo los protocolos de seguridad de autenticación de dos factores.Una amenaza clave es la producción de material autogenerado, una tendencia alarmante, a la que también están expuestos los niños más pequeños. Atraídos por los delincuentes que utilizan identidades falsas en las plataformas de juegos y en las redes sociales, cada vez son más los menores que caen en la trampa de producir y compartir material explícito. La grabación sin el conocimiento de las víctimas y la posterior difusión de material sexual transmitido en directo es otra amenaza inquietante, denominada capping. Las redes peer-to-peer, de intercambio de igual a igual, siguen siendo un canal clave para el intercambio de material sobre maltrato infantil, junto con la web oscura.

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El aumento en la diversificación del suministro en origen de cocaína ha provocado un incremento de la violencia, según se desprende del último informe sobre la cocaína de Europol-UNODC.

Las principales características del comercio de cocaína en Europa en la actualidad serían un mayor grado de violencia y un mercado más diverso y competitivo. El nuevo informe sobre esta droga describe la nueva dinámica del mercado de la cocaína, y concluye que representa una clara amenaza para la seguridad europea y mundial.

El informe se publicó como parte del programa de trabajo de CRIMJUST, fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia penal a lo largo de las rutas de tráfico de drogas en el marco del Programa Mundial de Flujos Ilícitos de la Unión Europea.

La fragmentación del panorama criminal en los países de origen ha creado nuevas oportunidades para las redes criminales europeas para recibir un suministro directo de cocaína, eliminando así a los intermediarios. Esta nueva competencia en el mercado ha provocado un aumento de la oferta de cocaína y, en consecuencia, un incremento de la violencia, una tendencia detectada en la Evaluación de las amenazas del crimen organizado grave 2021 de Europol. Por ejemplo, las redes criminales de los Balcanes occidentales han establecido contactos directos con los productores y han conseguido un lugar destacado en el suministro mayorista de cocaína.

El informe pone de manifiesto la importancia de la intervención en origen, ya que este mercado está muy impulsado por la cadena de suministro. Fortalecer la cooperación y aumentar todavía más el intercambio de información entre las autoridades policiales aumentaría la eficacia de las investigaciones y la detección de envíos.

El informe pone de manifiesto la importancia de las investigaciones sobre blanqueo de capitales para rastrear los beneficios ilegales y la confiscación de ilícitos relacionados con actividades delictivas. Estas investigaciones financieras son el núcleo principal de la lucha contra el tráfico de cocaína, garantizando que las actividades delictivas no pagan.

Julia Viedma, jefa del departamento del centro operativo y de análisis de Europol, considera que el tráfico de cocaína es una de las preocupaciones clave de seguridad que afronta ahora mismo la UE. Cerca del 40% de los grupos criminales activos en Europa participan en el tráfico de drogas y el comercio de cocaína genera beneficios criminales de unos cuantos millones de euros. Comprender mejor los retos a los que se enfrenta la policía ayudará a combatir con más eficacia la amenaza violenta que las redes de tráfico de cocaína representan para los ciudadanos.

Chloé Carpentier, jefa de la sección de investigación sobre drogas en la UNODC, destaca que es probable que la dinámica actual de diversificación y proliferación de canales de suministro de cocaína, actores criminales y modalidades vaya en aumento, si este no se controla.

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En las últimas décadas, la historia de Centroamérica ha estado marcada por la violencia, llegando a una de las tasas de homicidio y criminalidad más altas del mundo. Según el último informe sobre homicidios publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), América, con tan solo el 13% de la población mundial, registró el 42% de todas las víctimas del mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, cuando en un país la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es superior a 10, se vive una verdadera epidemia de homicidios. A excepción de Costa Rica y Nicaragua, el resto de las naciones de Centroamérica sobrepasan este rango, particularmente las tres del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala–, siendo especialmente altas las tasas de El Salvador, de 62,1 por cada 100.000 en 2017, aunque los últimos meses ha disminuido a 30, seguido de Honduras, de 41,7 por cada 100.000.

Estos países han pasado de la violencia política de la época de las guerras civiles en los años 80 a la violencia de la posguerra, ahora de tipo social, marcada por el surgimiento de nuevos y peligrosos actores, como son las maras y el crimen organizado. Se trata de delincuentes y criminales cuyas fines no son ideológicos o políticos, sino particulares o grupales, sobre todo económicos, en el caso del crimen organizado, e identitarios y sociales en el caso de las maras. Esta nueva delincuencia se ha ido extendiendo como una enfermedad por toda esta área hasta convertirla en una de las zonas más inseguras del mundo y es la raíz de los múltiples desplazamientos, tanto internos – 71.500 en El Salvador entre 2006 y 2016, y 174.000 en Honduras entre 2004 y 2014– como externos que se han producido en la última década, de una población que a menudo tiene como única salida la huida.

La violencia afecta indiscutiblemente a los tres países del Triángulo Norte, aunque no todos sufren los mismos problemas por igual, sino que hay matices. Guatemala tiene una economía creciente y el país se encuentra menos afectado por el fenómeno de las maras, aunque tiene más crimen organizado, su estado es más débil, hay más corrupción entre la clase política y los militares y policías están más penetrados por el crimen. Honduras se encuentra severamente afectada tanto por las maras como por el crimen organizado y tiene penetración criminal en policías y militares.

El Salvador tiene menos problemas políticos y hay poca penetración criminal en las instituciones de seguridad, pero en cambio es el país donde el problema de las maras es más grave y el que tiene más difícil el desarrollo de su economía.

En Centroamérica existían maras antes de las guerras civiles, pero el fenómeno como tal nació en los años 80 en Los Ángeles (EE. UU.), una ciudad entonces conocida como la meca de las pandillas que se convirtió en el destino preferido de muchas familias del Triángulo Norte que huían de la guerra y de las amenazas de grupos paramilitares.

Ante la situación que viven los países del Triángulo Norte, no es extraño que sus habitantes se vean en la necesidad de abandonarlos y buscar refugio en otras latitudes. Según una encuesta de 2019 de la Universidad Centroamericana de El Salvador, el 63,8% de los salvadoreños desearía marcharse del país, y una encuesta de la Red Jesuita también de 2019 en Honduras dice lo mismo del 42% de los hondureños.

Por último, y visto que hay tantos miembros de pandillas que quieren dejar las maras, pero no ven otro futuro posible, sería conveniente apoyar proyectos para la reinserción.

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Durante el año 2020, el riesgo de una pandemia mundial se hizo realidad. Según varias encuestas realizadas por gobiernos y empresas, los daños causados durante el último año son muy graves e importantes en todos los ámbitos de la sociedad.

Es en este contexto que se publica la 16.ª edición del Informe de riesgos globales 2021 del Foro Económico Mundial. El análisis se centra en los riesgos y las consecuencias de ampliar las desigualdades y la fragmentación social. En algunos casos, las disparidades en los resultados de la salud, la tecnología o las oportunidades de la mano de obra son el resultado directo de la dinámica creada por la pandemia. En otros, las divisiones sociales ya presentes se han ampliado y han debilitado las redes de seguridad y las estructuras económicas en exceso.

Habría que reducir las distancias actuales, dependiendo de las acciones realizadas a raíz de la pandemia de COVID-19 para reconstruir hacia un futuro inclusivo y accesible. La inacción sobre las desigualdades económicas y la división social pueden continuar con la acción contra el cambio climático, amenaza todavía existente para la humanidad.

Se manifiesta también una creciente fragmentación social a través de riesgos persistentes y emergentes, aumento del paro, ampliación de la grieta digital y desencanto entre los jóvenes, que puede tener graves consecuencias en una era de mala coyuntura económica y de riesgos ambientales, geopolíticos y tecnológicos.

El coste humano y económico inmediato de la pandemia de COVID-19 es muy grave. Amenaza con reducir los años de progreso y de disminución de la pobreza y la desigualdad, y para avanzar, debilitar la cohesión social y la cooperación global. Las interacciones y los cambios bruscos en los mercados podrían conducir a consecuencias terribles y oportunidades perdidas para gran parte de la población mundial. El malestar social, la fragmentación política y las tensiones geopolíticas configurarán la eficacia de nuestra respuesta a las otras amenazas clave de la próxima década: ciberataques, armas de destrucción masiva y, sobre todo, el cambio climático.

En el Informe de riesgo global 2021 se comparten los resultados de la última encuesta de percepción de riesgos globales, seguidos del análisis del crecimiento económico y social, divisiones industriales, sus interconexiones e implicaciones en nuestra capacidad para resolver los principales riesgos mundiales que requieren cohesión social y cooperación global.

El informe finaliza con propuestas de mejora, de resiliencia, extraída de las lecciones de la pandemia y del análisis de riesgos históricos.

Entre los riesgos con mayor probabilidad de los siguientes diez años se encuentran los meteorológicos extremos, el fracaso de la acción climática y los daños ambientales causados por los humanos, así como la desigualdad digital y el fracaso de la ciberseguridad.

Entre los riesgos de mayor impacto para la próxima década, el informe destaca las enfermedades infecciosas –sitúa a China en primer lugar–, seguidas del fracaso de la acción climática y de otros riesgos ambientales, y también las armas de destrucción masiva, crisis de subsistencia o crisis de deuda.

Por último, también incluyen crisis de empleo y medios de subsistencia, desencanto generalizado de los jóvenes, desigualdad digital, estancamiento económico, daños ambientales causados por el hombre, erosión de la cohesión social y ataques terroristas.

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