La respuesta de la policía a incidentes o situaciones en los que participan personas con discapacidad, ya sea como víctimas, autores o testigos, es un tema sensible que ha generado disfunciones por todo el mundo. En Australia, la Comisión Real sobre Violencia, Abusos, Negligencias y Explotación de Personas con Discapacidad ha publicado, en octubre de 2021, un informe de investigación sobre esta casuística, elaborado por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sidney.
La investigación pretendía, entre otros objetivos, aportar evidencia tanto de este tipo de actuaciones en Australia como de las situaciones de riesgo que se derivaban o de las posibles mejoras en la primera respuesta a situaciones de emergencia con personas con discapacidad.
Además de una revisión de la literatura académica (en Australia y en el contexto internacional), la investigación ha recogido datos sobre las políticas y prácticas policiales, ha analizado y estudiado casos concretos para conocer las experiencias de las personas con discapacidad, ver los puntos clave de los retos y la oportunidad de las respuestas policiales, y ha realizado consultas con representantes de personas con discapacidad y con agentes policiales para examinar las experiencias y puntos de vista de las dos partes.
Respecto al conocimiento académico existente, destaca que la mayoría de la investigación se ha centrado en las experiencias en las que se ha criminalizado a personas con alguna discapacidad mental o con una desventaja social compleja. Además, la mayor parte de la literatura concluye que las respuestas de la policía a personas con discapacidad son con frecuencia profundamente inadecuadas. Una de las principales carencias que encuentran es la capacidad de recoger datos fiables sobre personas con discapacidad en las bases de datos de las policías australianas.
En cuanto a las experiencias policiales, se han agrupado en nueve ámbitos para poder analizarlas:
- existencia de un plan de acción o similar para personas con discapacidad;
- recogida de datos de personas con discapacidad;
- existencia de interlocutores o personas de enlace;
- mecanismos de asesoramiento;
- liderazgo corporativo;
- información accesible;
- formación;
- procedimientos de actuación, y
- otras experiencias.
Los resultados muestran una gran diferencia en cómo afrontan las ocho jurisdicciones policiales estas situaciones, ya que solo una (Victoria) contaba con experiencias en los nueve ámbitos, mientras que otra (el Territorio del Norte) no cumplía ninguno.
Asimismo, las entrevistas con representantes de personas con discapacidad han confirmado, de manera destacada, una consistencia con los hallazgos de la literatura académica. Además de los factores relacionados con las discapacidades de las personas, también enfatizan la influencia de otros factores, como los socioeconómicos, culturales, de pobreza, desventaja, discriminación, racismo y sexismo. Estas entrevistas, aunque han mostrado muchos ejemplos de prácticas pobres o perjudiciales, también han proporcionado ejemplos de buenas prácticas.
La principal conclusión del estudio, como se ha comentado, es que “las respuestas policiales a personas con discapacidad son, en general, inadecuadas, a menudo perjudican el bienestar de las personas con discapacidad y pueden impactar negativa y significativamente en sus derechos en relación con la justicia”. Destacan dos factores concurrentes como causa que podrían ayudar a solucionar esta problemática. Por una parte, que han aumentado los casos en los que se utiliza a la policía para dar respuesta a problemas sociales, aunque no sea la respuesta más adecuada. Por otra parte, la reducción presupuestaria en servicios sociales adecuados para ofrecer esta respuesta.
Para acabar, se proponen algunas líneas de mejora en dos ámbitos, el de las políticas (en la recogida y el análisis de datos, en la respuesta a personas con discapacidad que han vivido una experiencia de criminalización y respuestas policiales inefectivas, entre otros) y el de las prácticas concretas (como la elaboración de pautas o procedimientos de actuación para los agentes de primera línea, o la obligatoriedad de contar con intermediarios a la hora de tratar con personas con discapacidad).
Se puede consultar el informe en el sitio web de la Comisión, donde, además de la versión completa, también se puede consultar otra en formato “lectura fácil”, que contiene un resumen con imágenes para explicar las ideas del documento.
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