Esta estrategia policial fue diseñada para disuadir a la delincuencia en las plataformas de las zonas de alta criminalidad del metro de Londres . El programa fue clasificado con una calificación prometedora, lo que indica que la implementación del programa dio lugar a los resultados previstos.

El programa, aplicado en 2012, fue publicado en 2022 por el National Institute of Justice aprovechando las políticas públicas que se están implementando en la actualidad destinadas a garantizar una mayor sensación de seguridad en los transportes públicos. El estudio concluye que las plataformas de las áreas de tratamiento del metro londinense tuvieron reducciones estadísticamente significativas de las llamadas de servicios y delitos, en relación con el grupo de control, en días de patrulla y no patrulla.

La premisa detrás de la intervención en el suburbano era que las patrullas actuarían como elemento disuasorio porque las personas tendrían menos probabilidades de cometer un delito en presencia de un agente de policía por miedo a ser detectados y, en definitiva, castigados.

Cada estación del metro de Londres tiene múltiples andenes. Cada plataforma ofrece solo un sentido de desplazamiento por pista. Hay por lo menos dos zonas cerradas en la mayoría de las estaciones: una para los trenes que van en una dirección y una para los trenes que van en la otra. Si la policía está presente en una plataforma, no pueden ver la otra.

Veinte agentes uniformados fueron seleccionados y entrenados para llevar a cabo patrullas a pie en los andenes de los puntos calientes (si los agentes uniformados se iban debido a la rotación normal, eran sustituidos por otros oficiales uniformados). Los oficiales uniformados normalmente patrullaban a pie en equipos de dos. Los agentes patrullaban los andenes durante las horas punta y los días marcados de los andenes anteriormente anotados, que eran de miércoles a sábado entre las 15 y las 22 h.

Cada unidad de patrulla de dos personas era responsable de tres o cinco puntos calientes, dependiendo de la distancia de viaje entre sus puntos asignados. Se pidió a las unidades de patrulla que vigilaran estos puntos, cuatro veces cada día durante 15 minutos a la hora y que asistieran a los puntos calientes en un orden aleatorio o impredecible para evitar la predictibilidad de las visitas. Además, se les animó a relacionarse con los usuarios del transporte y a evitar permanecer inactivos en las plataformas.

Los agentes no tenían el encargo de resolver problemas o desarrollar tareas de policía comunitaria en el sentido clásico o dirigir sus esfuerzos a ninguna categoría de delito en particular. Inmediatamente después de la visita de 15 minutos de cada equipo de patrulla, los agentes tenían que subir a un tren y viajar al siguiente andén. Cada equipo de patrulla era informado a diario por los sargentos.

Un miembro del equipo de investigación mantuvo reuniones mensuales con todos los oficiales, sargentos y oficiales superiores, durante las cuales se comunicó la importancia de la fidelidad a la planificación. Durante estas reuniones, el investigador proporcionó comentarios a los agentes sobre incidentes destacables particulares y cifras de crímenes en el mes anterior. Las labores encomendadas sumaron 416 rondas policiales por punto caliente durante 6 meses. La cifra total en los 58 puntos calientes del estudio fue de unas 5.000 horas.

Además, se tomaron varias medidas para estructurar y limitar el desbordamiento atribuible a la presencia policial:

• Los turnos siempre comenzaban en las oficinas principales de la Policía de Transporte británica, sin necesidad de presencia policial en las plataformas de control.
• Los agentes participantes en el estudio se desplazaban entre los puntos calientes viajando en los trenes, aunque debían andar por una estación cercana para ir y volver a un andén al comienzo y al final de cada turno.
• Se pidió a los agentes (sin revelar la ubicación de las plataformas de control) que siguieran vías que pasaban por las plataformas de control en su tránsito entre plataformas de tratamiento, para evitar efectos de desbordamiento.

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Durante el mes de marzo de 2023 se ha presentado un estudio realizado por la Dirección General de Tráfico estatal sobre la situación de la siniestralidad vial desde la perspectiva de género en el Estado español.

El informe ha tenido en cuenta los estudios existentes en este ámbito y se ha completado con un análisis descriptivo de la situación de la siniestralidad vial desde la perspectiva de género con datos de 2015 a 2019, presentado con una serie de actuaciones y recomendaciones.

El mayor número de hombres muertos y heridos en accidentes de tráfico se ha relacionado, principalmente, con su mayor exposición al tráfico respecto a las mujeres (World Health Organization, 2002) y con la adopción de comportamientos de riesgo, como son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el menor uso del cinturón de seguridad.

Además, existen evidencias suficientes que demostrarían que los hombres, sobre todo los jóvenes, suelen tener conductas más agresivas en comparación con las mujeres en la mayoría de culturas, factor que tiene un impacto muy importante en la conducción, dado que incita a un comportamiento más competitivo y hostil y, en consecuencia, incrementa las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico.

Si se analiza con datos estadísticos de siniestralidad, se observa que existe un porcentaje superior de hombres víctimas en accidentes de tráfico. En España, durante el año 2019, el 79% de los fallecidos y el 72% de los heridos hospitalizados como consecuencia de un accidente de tráfico eran hombres. Asimismo, los hombres presentan una tasa de defunciones por población superior a la de las mujeres en todos los grupos de edad, sobre todo en los grupos de 35 a 44 años, 45 a 54 años y de 55 a 64 años, donde se encuentran las diferencias más destacables (casi siete veces superior a la tasa de las mujeres).

En hombres, el porcentaje de víctimas fallecidas/hospitalizadas es superior en vías interurbanas (56%) que en urbanas (44%). En el caso de las mujeres, son las vías urbanas las que registran a más víctimas (52%).

En las vías interurbanas, el 75% de las víctimas son hombres y el 25%, mujeres. Por el contrario, en vías urbanas, los hombres representan el 68% y las mujeres, el 32%.

En cuanto al medio de transporte de las víctimas fallecidas u hospitalizadas, varía bastante entre sexos: los hombres destacan sobre todo en motocicletas (35%) y turismos (28%), y las mujeres, en turismos (41%) y como peatones (36%).

Si se estudia el ámbito del consumo de alcohol y drogas, los porcentajes positivos más elevados corresponden a hombres, tanto en consumo de alcohol como de sustancias estupefacientes. Las mujeres representan un porcentaje de positividad del 8% en alcohol y drogas. Por el contrario, en los hombres la positividad es del 21% en alcohol y del 14% en drogas.

En el uso del cinturón también existen notables diferencias. Mientras que entre las víctimas fallecidas u hospitalizadas conductoras de turismos o furgonetas que sean mujeres el uso del cinturón es del 93%, entre los hombres baja hasta el 83%.

El 59% de pasajeros muertos u hospitalizados son mujeres, frente al 41% de hombres. Entre las víctimas no hospitalizadas, representan el 63%. En cifras absolutas, hay más mujeres muertas u hospitalizadas como pasajeras que como conductoras, y en el caso de los hombres es a la inversa.

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A principios del mes de marzo de este año y tal y como informa la web OODALoop, el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2023 en la Casa Blanca supuso dimensionar el peso que el Gobierno estadounidense otorga a la seguridad informática, puesto que considera la publicación como algo realmente increíble y el mejor de todos los documentos estratégicos producidos a lo largo de las décadas, así como un trabajo bien hecho por los líderes de la Oficina del Director Nacional Cibernético de la Casa Blanca.

No hay que olvidar que el año 2022 estuvo marcado por amenazas, incidentes y vulnerabilidades de una frecuencia, volumen y escala impresionantes e implacables. Desde el gobierno estadounidense se destacó el papel vital de los profesionales federales de la ciberseguridad. Son considerados como los defensores que luchan con éxito en la protección de la patria contra un ciberataque importante en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la seguridad física, la infraestructura crítica o los sistemas de control industrial (ICS).

Sin embargo, el documento estratégico es una clara mirada al papel crucial que siempre ha tenido el sector privado en un sector industrial liderado casi exclusivamente por la gobernanza, la innovación, las fuerzas del mercado, las plataformas y los productos del sector privado.

Con este fin, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2023 establece dos cambios fundamentales en la forma en la que Estados Unidos asigna los roles, las responsabilidades y los recursos al ciberespacio, afirmando que, al hacer realidad estos cambios, no solo se aspira a mejorar las defensas, sino a cambiar aquellas dinámicas subyacentes que actualmente contravienen los intereses estadounidenses. Los dos cambios fundamentales son:

• Reequilibrar la responsabilidad de defender el ciberespacio trasladando la carga de la ciberseguridad lejos de las personas, pequeñas empresas y gobiernos locales, y hacerlo hacia las organizaciones que son más capaces y mejor posicionadas para reducir los riesgos para todos los ciudadanos.
• Reajustar los incentivos para favorecer las inversiones a largo plazo y conseguir un cuidado equilibrio entre defenderse de las amenazas urgentes de hoy y al mismo tiempo planificar estratégicamente e invertir en un futuro resiliente.

Esta estrategia reconoce que el gobierno debe utilizar todas las herramientas del poder nacional de forma coordinada para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública y la prosperidad económica.

La estrategia traslada también la carga de hacer frente a las amenazas cibernéticas de los consumidores y las pequeñas empresas a las empresas tecnológicas que ofrecen software, sistemas y servicios.

La hoja de ruta, si se adopta por ley, probablemente hará que las empresas tecnológicas sean responsables de cualquier vulnerabilidad de su código que conduzca a un ciberataque.

El documento estratégico de la Casa Blanca también apela a los gobiernos de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros estados considerados autocráticos por su desconsideración imprudente hacia el estado de derecho y los derechos humanos en el ciberespacio.

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A principios de este año 2023, el Consejo de Reformas Policiales y Raza de los EE.UU. presentó oficialmente más de cincuenta recomendaciones basadas en investigaciones para ayudar a abordar algunos de los problemas más urgentes a los que se enfrentan la policía y la seguridad pública en los Estados Unidos. Estas recomendaciones se pueden utilizar como hoja de ruta para los responsables políticos, los funcionarios, los ejecutivos de la policía y los líderes comunitarios interesados en mejorar la seguridad pública.

El Instituto Nacional de Policía convocó el Consejo como órgano independiente para identificar oportunidades de reformas policiales con un enfoque que ayude a abordar las disparidades raciales. El Consejo incluye jóvenes, miembros de la comunidad, líderes empresariales y religiosos, líderes de la aplicación de la ley e investigadores.

Las recomendaciones del Consejo están relacionadas con las paradas de tráfico, la salud mental y el abuso de sustancias, las cámaras corporales, la prevención de la violencia basada en la comunidad, la cultura de la policía, las multas y las tasas, la policía en las escuelas y otros aspectos importantes de la seguridad pública.

En el año 2020, el Instituto Nacional de Policía anunció la formación del Consejo de Reformas Policiales y Raza, una iniciativa independiente destinada a apoyar la excelencia en la policía, abordar las disparidades raciales y construir y mejorar la confianza y la legitimidad.

El Consejo es una iniciativa no partidista liderada mayoritariamente por afroamericanos que utiliza la investigación y la evidencia para considerar y ofrecer recomendaciones para resolver algunos de los problemas más importantes y urgentes relacionados con las reformas policiales y la raza.

De esta manera, el Instituto reconoce el papel que el racismo, los prejuicios, la cultura –social y organizacional– y los patrones y prácticas han supuesto en el deterioro de la confianza y el respeto entre las fuerzas del orden y las comunidades afroamericanas. Así pues, el Instituto acompaña al Consejo para ofrecer comentarios, recomendaciones y soluciones para abordar estos problemas.

Si bien varios paneles nacionales y comisiones se han presentado anteriormente para abordar áreas similares de preocupación, este esfuerzo se distingue por reunir una amplia sección transversal de perspectivas, indicar lo que sabemos y lo que no sabemos en relación con estos temas y elevar las voces de los afroamericanos que trabajan dentro y fuera de la profesión policial.

En el apartado de recomendaciones del informe se expone un listado de actuaciones que se tendrían que llevar a cabo para disminuir o hacer desaparecer las disparidades raciales en diferentes contextos, como las paradas policiales por motivos de tráfico, en cultura policial o en prevención de la violencia.

Con respecto al apartado de cultura policial, las recomendaciones se basan en potenciar la perspectiva de la comunidad en el seno de las organizaciones policiales, promover una cultura de seguridad y servicio comunitario, llevar a cabo investigaciones sobre la cultura policial y las estrategias para cambiar esta cultura, mejorar la legitimidad a través de la justicia procesal o potenciar normas de capacitación y certificación para dar apoyo a una cultura de seguridad y servicio.

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Las estadísticas federales de prisioneros recogidas y presentadas por la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) a través del programa de la Oficina Federal de Prisiones sobre temas específicos, informa de estos datos cada año aproximadamente a finales de año.

Las estadísticas publicadas corresponden al año 2021 y se explican amplias características de las prisiones, de los internos y del funcionariado, así como de las condiciones de las instalaciones. Entre las más destacadas cabe mencionar las siguientes:

La población penitenciaria federal aumentó más del 3%, pasando de 151.283 reclusos a finales del año 2020 hasta los 156.542 al cierre del año 2021.

A finales del año 2021, cerca del 85% de las personas internas en prisiones federales eran ciudadanos estadounidenses.

De entre el total de encarcelados, se cometieron siete casos de agresión sexual contra el personal de los centros, dos mediante el uso de la fuerza o con amenazas de muerte.

A finales del año 2021, había un total de 8.605 ciudadanos que se habían registrado para hacer de voluntarios en un centro penitenciario federal. De éstos, 6.651 por un servicio a largo plazo y 1.954 por 4 días o menos.

En Estados Unidos existen 122 instalaciones penitenciarias federales, todas con posibilidades y capacidades de realizar videoconferencias para participar en audiencias judiciales, consultas con embajadas extranjeras, comunicaciones con las oficinas de libertad condicional, para preparación previa al ingreso, audiencias disciplinarias y para el programa de audiencias institucionales. Cabe añadir que todos estos centros penitenciarios están dotados de asistencia sanitaria profesional.

A lo largo del pasado año, hubo un total de 378 personas que recibieron tratamiento asistido con medicamentos por la Food and Drug de EE.UU. para tratar el consumo de sustancias estupefacientes antes de ser admitidas en las cárceles. Y también cabe mencionar que 1.127 encarcelados recibieron también el tratamiento estando ya en prisión.

Durante el año 2021, se cometieron un total de 73.459 actos prohibidos por parte de 47.000 reclusos de las distintas prisiones federales. De éstos, 35.433 ─el 48%─ eran de gravedad moderada, 19.630 ─el 27%─ eran de alta gravedad y el 25% restante, 18.206, de mayor gravedad.

En 2021, el personal de prisiones fue agredido físicamente por parte de prisioneros federales en 1.111 disturbios distintos, lo que resultó en 10 casos en lesiones graves de los trabajadores.

Las cuatro instalaciones con más actos prohibidos en 2021 fueron todas instalaciones de alta seguridad: Thomson Penitenciaría Administrativa de Estados Unidos en Illinois (1.568 actos prohibidos), Victorville US Penitentiary en California (1.362), Penitenciaría de Estados Unidos de Tucson en Arizona (1.338) y la Penitenciaría Estadounidense de Lee en Virginia (1.279).

Durante el pasado año, un total de 142.871 internos de las prisiones federales había sido evaluado con el riesgo de reincidencia mediante la herramienta de evaluación de los presos Targeting Risc. Cerca del 34% de los presos federales evaluados a 31 de diciembre de 2021 se clasificaron con alto riesgo de reincidencia, el 19% con riesgo medio, el 31% con bajo riesgo y el 15% con riesgo mínimo.

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Esta es la décima edición del informe ENISA Threat Landscape (ETL), un informe anual sobre el estado global de las amenazas en el ámbito de la ciberseguridad. El documento identifica las principales amenazas, las principales tendencias observadas con respecto a las amenazas, los actores de la amenaza y las técnicas de ataque, así como el análisis de impacto y motivación. También describe las medidas de mitigación más relevantes en la actualidad.

El trabajo de este año ha vuelto a contar con el apoyo del Grupo de trabajo ad hoc de ENISA sobre paisajes de amenaza a la ciberseguridad (CTL). Durante el periodo de informe del ETL 2022, las principales amenazas identificadas incluyen: ransomware, software malicioso, amenazas de ingeniería social, amenazas contra los datos, amenazas contra la disponibilidad: denegación de servicio, amenazas de Internet, desinformación y ataques a la cadena de suministro.

Para cada una de las amenazas identificadas, se proponen determinadas técnicas de ataque, incidentes y tendencias notables junto con medidas de mitigación. Con respecto a las tendencias durante el periodo de elaboración del informe, el documento destaca lo siguiente:

Impacto de la geopolítica en el panorama de las amenazas a la ciberseguridad:

• El conflicto entre Rusia y Ucrania ha remodelado el panorama de las amenazas durante el periodo de elaboración del informe.
• La geopolítica sigue teniendo un impacto muy fuerte en las operaciones cibernéticas.
• Los ataques destructivos son un componente destacado de las operaciones de los actores estatales.
• La desinformación es una herramienta en la ciberguerra. Se utilizó incluso antes de que empezara la guerra «física» como actividad preparatoria para la invasión rusa de Ucrania.

El ransomware y los ataques contra la disponibilidad son los más altos durante el periodo del informe:

• Aumento significativo de los ataques contra la disponibilidad, especialmente DDoS, y la guerra en curso son los motivos principales de estos ataques.
• El phishing vuelve a ser el vector más común para el acceso inicial. Los avances en la sofisticación de la pesca, la fatiga de los usuarios y la pesca orientada y basada en el contexto han provocado este incremento. Los nuevos cebos en las amenazas de ingeniería social se están centrando en el conflicto Ucrania-Rusia de una forma parecida a lo que pasó durante la situación de covid.
• El software malicioso vuelve a aumentar tras la disminución que se notó, vinculada a la pandemia de la COVID-19.
• Los DDoS son cada vez mayores y complejos, se están avanzando hacia redes móviles e IoT y se utilizan en el contexto de la ciberguerra.

Las nuevas amenazas, híbridas y emergentes, están marcando el panorama de amenazas con un gran impacto.

• Desinformación y falsificaciones profundas con inteligencia artificial.
• Entender las tendencias relacionadas con los actores de las amenazas, sus motivaciones y sus objetivos ayuda mucho a planificar las defensas de ciberseguridad y las estrategias de mitigación. Por lo tanto, a efectos del ETL 2022, se vuelven a considerar las siguientes cuatro categorías de actores de amenaza de ciberseguridad: actores patrocinados por el estado, actores de cibercrimen, actores piratas informáticos y hacktivistas.

Mediante un análisis continuo, ENISA obtuvo tendencias, patrones y conocimientos para cada una de las principales amenazas presentadas en el informe ETL 2022. Las conclusiones y los juicios clave de esta evaluación se basan en recursos múltiples y disponibles que se proporcionan en las referencias utilizadas para el desarrollo de este documento. El informe se dirige principalmente a los decisores estratégicos y a los responsables políticos, a la vez que es de interés para la comunidad técnica de ciberseguridad.

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El investigador Trevor Hancock publicó en Timescolonist.com un artículo relativo a un estudio sobre la seguridad de las comunidades, en el que considera que esta seguridad a menudo se centra en la problemática de la delincuencia o la violencia, pero para él la seguridad es mucho más que eso.

Sin embargo, también considera que hay una comprensión muy distinta de la seguridad en Europa en comparación con Norteamérica.

En Europa, el movimiento Safe Communities se centró en gran medida en prevenir accidentes, lo que en seguridad pública se denomina ‘lesiones no intencionadas’. Pero en Norteamérica el enfoque del trabajo sobre comunidades seguras se centró principalmente en la prevención del crimen y la violencia, una parte de lo que se denomina ‘lesiones intencionadas’.

Desde una perspectiva de seguridad pública, las lesiones no intencionadas son, con diferencia, el mayor problema. En un informe del Comité de Prevención de Lesiones se señala que las lesiones son la principal causa de muerte entre los 1 y los 44 años y la cuarta causa de muerte para todas las edades.

Hancock identifica tres prioridades para la prevención de las lesiones: caídas de las personas mayores, lesiones relacionadas con los transportes y suicidios y autolesiones. Pero, incluso dentro de la categoría de asalto, la prioridad no debería ser la violencia aleatoria perpetrada contra desconocidos, sino la violencia familiar y la violencia sexual.

Un informe de 2021 de Statistics Canada señalaba que una cuarta parte de las víctimas de violencia denunciada por la policía son víctimas de un miembro de la familia, mientras que dos tercios de todas las víctimas de violencia familiar son mujeres y niñas.

Además, esta violencia, así como la violencia sexual, son muy poco denunciadas. El 80% de la violencia conyugal no se denunció a la policía. Aparte, la seguridad de la comunidad no se trata solo de violencia, ni siquiera de crimen en general, sino de sentirse seguro.

Por ejemplo, la agresión —especialmente la violencia aleatoria— se considera mucho más aterradora (y más digna de noticia) que los casos mucho más numerosos de caídas y accidentes de tráfico, que demasiado a menudo parecen aceptarse como parte del tejido de la vida cotidiana o del precio que pagamos por la movilidad.

Eso nos dice que la percepción y la emoción son importantes cuando se trata de seguridad, no solo de datos.

Las personas pueden sentirse inseguras por varias razones, que a menudo tienen poco que ver con la actividad delictiva o con las competencias de la policía.

Las personas indígenas, las personas de color, las personas LGBTQ y otras pueden sentirse inseguras a causa de actitudes, comentarios o comportamientos discriminatorios que no son delictivos. Y, por descontado, las calles y los parques oscuros hacen que muchos de nosotros nos sintamos inseguros, mientras que la gente está preocupada y quizás se asusta por aquellos que actúan de forma extraña o que viven en la calle.

Por lo tanto, si realmente queremos una comunidad más segura, tenemos que pensar de forma bastante amplia sobre qué hace que nuestra comunidad sea insegura para las personas, y no dejarnos absorber por una comprensión de la seguridad que se define demasiado estrictamente como una cuestión de crimen, violencia y ley y orden.

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Durante el primer semestre de 2022 se ha presentado el informe Un nuevo modelo de protección, que recoge el documento final de la revisión estratégica de la policía en Inglaterra y Gales. El informe se basa en la voluntad de rediseñar la seguridad pública para el siglo XXI.

El documento se sitúa en los inicios de la creación de la policía en Inglaterra, caracterizados por el desarrollo de un modelo de policía en el que el trabajo de los agentes no dependía principalmente del uso del poder, sino más bien de la confianza y la cooperación con la sociedad. Desgraciadamente, 200 años después, reconocen que hay una crisis de confianza pública en las instituciones policiales.

El informe constata que el porcentaje de personas que considera que la policía hace una buena o excelente tarea ha ido disminuyendo en los últimos años. Y esta falta de confianza en la policía es más acusada en Londres, relacionada en parte con los recientes casos de mala praxis policial. Sin embargo, este informe revela que habría también causas mucho más profundas, de larga duración, motivos por los que este modelo de policía ya no parece capaz de satisfacer las expectativas de la sociedad.

Con todo, la sociedad no sería la única que ha perdido la confianza, sino que muchos policías también lo han hecho, ya que a pesar de trabajar duro y deseando servir al ciudadano, muy a menudo se sienten incapaces. Otra de las causas sería el impacto de la austeridad entre los años 2010 y 2017. El número de agentes de policía disminuyó de 143.000 a cerca de 123.000, lo que se tradujo en que la ciudadanía se quejase de no ver a policías uniformados en las calles y que, por lo tanto, se sintieran menos seguros.

En esta línea, la frustración de los policías también se da porque solo llegan a recoger las denuncias de robo de forma superficial, es decir, con el fin de dar curso a los seguros, pero sin una investigación detrás. Y todo en una tesitura de profundos cambios en torno a la globalización y la evolución de la tecnología. El 40% de todos los delitos denunciados son fraudes, la mayoría de los cuales, cibernéticos.

El informe subraya que el crimen de la era digital se está afrontando con un enfoque de policía analógica. Al mismo tiempo, la policía se ha convertido en un servicio público de último recurso, que recoge los fracasos anteriores de otros servicios sociales, como podrían ser las llamadas de personas desaparecidas, la mayoría de las cuales provienen de jóvenes acogidos.

Para resolver algunas de estas problemáticas, el documento propone, entre otros:

• Hacer un cambio radical hacia un enfoque preventivo más sistémico. Propone la creación de una Agencia de Prevención de la Delincuencia, con fuertes poderes reguladores, sobre todo para las empresas.
• Mejorar considerablemente la capacidad para abordar delitos transfronterizos y el crimen organizado. Propone la creación de la Agencia Nacional del Crimen.
• Fortalecer a la policía local y a las policías de barrio. Sería la mejor forma de devolver la confianza de la sociedad en la policía.
• Dotar a los agentes de policía de mejores herramientas para llevar a cabo el trabajo y fomentar la entrada de personas cualificadas y con habilidades especializadas a través de suplementos salariales.

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Tanto los defensores de la salud pública como los defensores de los derechos de las armas están absolutamente de acuerdo en que los propietarios de armas de fuego deben almacenarlas de modo que se evite que personas no autorizadas puedan acceder a ellas.

Estas prácticas de almacenaje pueden ayudar a prevenir muertes y lesiones no intencionales por armas de fuego entre los menores. Además, existe un argumento teórico convincente para prevenir el suicidio mediante la reducción del acceso a medios letales.

La página web rand.org ha publicado un estudio sobre la protección en torno a las armas de fuego con estimaciones recientes, patrones y efectividad de las intervenciones.

Las conclusiones de muchos estudios son consistentes con estas teorías y cuentan con un amplio consenso entre las organizaciones de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud.

En el caso de las armas de fuego, reducir el acceso a medios letales implica almacenar armas de fuego bloqueadas y descargadas. Por estas razones, se han creado e implementado campañas de políticas de salud pública para promover el almacenaje seguro de armas de fuego de propiedad personal.

Este estudio analiza lo que se entiende por almacenaje seguro de armas de fuego y proporciona estimaciones de las prácticas de almacenaje de los propietarios de armas de Estados Unidos a partir de encuestas representativas a nivel nacional y estatal. Esto se complementa con investigaciones sobre poblaciones seleccionadas con datos a partir del año 2010, lo que incluye poblaciones de interés a causa de acontecimientos actuales y con riesgo de daños, como por ejemplo personas que compraron un arma de fuego durante la pandemia de COVID-19, hogares con menores, personas con afecciones de salud mental o en riesgo de suicidio y poblaciones militares o veteranas.

El informe describe cómo los norteamericanos acostumbran a guardar sus armas de fuego y la justificación de las prácticas de almacenaje, para posteriormente revisar la investigación sobre la efectividad de las intervenciones que buscan cambiar las prácticas de almacenaje de armas de fuego. Estas intervenciones se califican como intervenciones clínicas, basadas en la comunidad y las políticas públicas.

El estudio concluye que múltiples grupos de partes interesadas recomiendan que las armas de fuego se guarden con llave y descargadas y que las municiones se almacenen por separado. La mayoría de la evidencia empírica hasta la fecha indica que aproximadamente la mitad de los propietarios de armas de fuego guardan sus armas cerradas, y un tercio las guarda cerradas y descargadas. La mayor influencia de las prácticas de almacenaje entre aquellos que no guardan sus armas de fuego como se recomienda son las percepciones de riesgo y protección. Aquellos con más armas y aquellos con solo pistolas tienen menos probabilidades de guardar las armas como se recomienda, y los hogares con menores tienen más posibilidades de guardarlas según está recomendado.

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Publicado recientemente por Europol, el Informe sobre la situación y tendencias del terrorismo de la Unión Europea 2022 (TE-SAT) ofrece el estudio de inteligencia más completo y actualizado sobre el terrorismo en la Unión Europea.

El informe de Europol TE-SAT 2022 se basa en datos cuantitativos proporcionados a Europol por los estados miembros de la UE sobre ataques terroristas, detenciones y decisiones judiciales dictadas por delitos terroristas. Los socios de Europol también proporcionaron información cualitativa y valoraciones valiosas que enriquecen las conclusiones del informe.

Las conclusiones del TE-SAT 2022 confirman que el terrorismo todavía representa un peligro real y actual para la Unión Europea:

En el año 2021 se registraron 15 ataques terroristas completados, frustrados o fallidos en la Unión Europea. Los cuatro ataques completados incluían tres ataques terroristas yihadistas y un ataque terrorista de la extrema izquierda.

Las autoridades policiales de la UE detuvieron a 388 sospechosos por delitos relacionados con el terrorismo en 2021. De estos, más de dos tercios (260) se llevaron a cabo después de investigaciones sobre delitos de terrorismo yihadista en Austria, Francia y España.

Los procedimientos judiciales concluidos en 2021 dieron lugar a 423 condenas por delitos de terrorismo.

Los actores solitarios siguen siendo los principales autores de los ataques terroristas y extremistas violentos en Europa. No obstante, las tramas de ataque en las que participaban varios actores también se interrumpieron en el año 2021. Los individuos que llevan a cabo ataques solos se han asociado principalmente con el terrorismo yihadista, el terrorismo de derechas y el extremismo violento.

En 2021, en los ataques terroristas se utilizó armamento que es relativamente fácil de conseguir y no requiere grandes habilidades para su montaje o uso. Las armas utilizadas en ataques en la UE en 2021 incluían armas blancas, vehículos (en ataques de impacto) y dispositivos incendiarios improvisados.

Por otra parte, la propaganda terrorista difundida en línea en 2021 ha seguido reflejando temas relacionados con la COVID-19. El aumento de tiempo pasado en línea a causa de las restricciones por la pandemia, entre otros motivos, constituye un factor de riesgo en el potencial camino de las personas vulnerables hacia el extremismo.

El extremismo violento contra la COVID-19 y el extremismo antigubernamental, que no está afiliado a actividades terroristas y extremistas violentas tradicionales, surgieron en algunos estados miembros y países no comunitarios. Estas formas de extremismo violento se materializaron en amenazas abiertas, mensajes de odio difundidos en línea y, en algunos casos, el uso de la violencia.

Los desarrollos geopolíticos en regiones clave fuera de la UE influyen en las narrativas terroristas y la propaganda difundida en los estados miembros. La actual amenaza terrorista para los estados miembros parece que no se ha visto afectada directamente por la toma de poder por parte de los talibanes en Afganistán. No obstante, aumentó la atención mundial a las insurrecciones de motivación religiosa y, por lo tanto, ofreció a los yihadistas afiliados tanto a Al-Qaeda como al grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico (EI) oportunidades de promover sus propias argumentaciones.

El TE-SAT profundiza en los siguientes tipos de terrorismo: terrorismo yihadista, terrorismo de derechas, terrorismo de izquierdas y anarquista, terrorismo etnonacionalista y separatista y otros tipos de terrorismo.

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