El mes de febrero de 2018, Frontex[1] publicó su informe anual Risk Analysis for 2018. Como cada año, el informe nos ofrece varios elementos de análisis y una serie de datos relevantes sobre la situación en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

En esta ocasión, el documento destaca porque es el primer informe post-crisis migratoria a raíz del conflicto sirio y el primero que deja entrever, en sus datos, el resultado del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. A grandes rasgos, Frontex nos presenta un escenario que recupera, parcialmente, el flujo de migrantes en las fronteras exteriores de la Unión anteriores a la gran crisis migratoria de los años 2015-2016.

Este retorno a la situación anterior se visualiza en las fronteras del Mediterráneo central (Libia e Italia), en las del Mediterráneo oriental (Turquía y Grecia) y en las fronteras terrestres de los Balcanes (repúblicas de ex-Yugoslavia). Con relación al año 2016, presentan un descenso espectacular del 34%, el 77% y el 90% respectivamente, y vuelven a cifras parecidas a 2014, pero lejos todavía de las de 2012.[2]

A pesar de estos datos tan contundentes, los analistas determinan que la presión no ha descendido en las fronteras europeas y que todavía existen casos de preocupación. Encontramos, por ejemplo, que en las fronteras del Mediterráneo occidental (Marruecos/Argelia y España) la detección de cruces ilegales de la frontera se ha multiplicado por 2,3 este último año.[3]

En otros ámbitos relacionados con el movimiento ilegal de personas,[4] si bien los datos de conjunto mejoran con respecto a 2015-2016, Frontex incide en el hecho de que la presión no disminuye si se compara con los años 2013-2014. Al mismo tiempo, en algunos puntos geográficos los datos no apuntan ningún descenso. Por ejemplo, con respecto al refusal of entry, en países de la Europa del Este los datos se mantienen estables y, en algunos casos, incrementan.[5]

Los elementos de preocupación en su análisis son varios. Por una parte, la eficiencia en las políticas de control como las órdenes de retorno, una preocupación ya expresada en años anteriores.[6] Por otra parte, las actividades criminales asociadas al cruce de fronteras, como las de contrabando de productos ilegales, de tráfico de personas y de actividades terroristas.[7]

Finalmente, se plantean varios escenarios de futuro. Frontex prevé que la presión en la frontera sur aumente[8] y que se produzca un impacto negativo en los Balcanes por el acuerdo de Serbia con China, India y e Irán para la liberalización de visas para sus ciudadanos. También destacan que las rutas marítimas seguirán siendo las más importantes, sin olvidar el peso que alcanzarán áreas de tráfico como los Balcanes y el aeropuerto de Atatürk como hub aeroportuario para migrantes ilegales. Finalmente, señalan la amenaza latente del terrorismo yihadista, con una naturaleza más descentralizada y donde el uso de documentación fraudulenta será central.

[1] European Border and Coast Guard Agency.

[2] Cabe destacar que las nacionalidades que protagonizaron la crisis migratoria en estas fronteras los años 2015 y 2016 fueron, por orden, la siria, la afgana y la iraquí. En cifras absolutas, en el Mediterráneo central, en 2016 fueron detectadas 181.376 personas, frente a las 118.962 de 2017; en el Mediterráneo oriental se ha pasado de 182.277 a 42.305, y, finalmente, en los Balcanes se ha pasado de 130.261 a 12.178.

[3] Se ha pasado de unas 10.000 detecciones en 2016 a unas 23.000 en 2017, y las nacionalidades más habituales son las de Marruecos, Argelia y Costa de Marfil.

[4] Entradas clandestinas (clandestine entries), denegación de entrada (refusal of entry), uso de documentación falsa (fraudulent documents) u órdenes de retorno (returns orders).

[5] Las tres nacionalidades a quien más se deniega la entrada ─por encima de los 30.000 casos en 2017─ son Ucrania, Rusia y Albania. Los motivos de la denegación varían según el país.

[6] Hay un sesgo notable entre el número de órdenes de retorno y los retornos efectivos. En 2017 se ejecutaron un 46% de todas las órdenes de retorno. Los problemas principales son la identificación y la obtención de la documentación necesaria de los países terceros.

[7] El informe de Richard Barret Beyond the caliphate: Foreign fighters and threat of retunrees, del think tank The Soufan Center, destaca que las pérdidas territoriales de Daesh y Al-Qaeda han provocado la descentralización de su actividad y una diáspora de sus combatientes. Calculan que un 30% (1.700 aprox.) de los europeos que combatieron en Siria e Irak han vuelto al continente.

[8] Especialmente por la situación inestable en Libia en contraposición a Turquía, Europa del Este y Marruecos.

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