La doctora Megan O’Neill es profesora adjunta de geografía humana en la Universidad de Dundee, Escocia, y directora asociada del Instituto Escocés de Investigación Policial (SIPR). Su trabajo se centra en aspectos de la cultura policial, la policía comunitaria, la pluralización del sector público en la policía, la policía privada y las prácticas de vigilancia del estado. Ha publicado dos libros, Policing Football (2005, Palgrave) y Police Community Support Officers (2019, Oxford University Press). También ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas como Policing and Society, The European Journal of Criminology, Theoretical Criminology, Criminology and Criminal Justice y The British Journal of Criminology.
1. Hay quien propone la disolución de la policía. ¿Cree que es una propuesta razonable y posible?
A pesar de que puedo entender la lógica de este argumento para disolver la policía, no estoy de acuerdo en que esta sea la mejor manera de avanzar. En cambio, defendería un enfoque más integrado para resolver los problemas sociales entre los servicios del sector público (y también incluir algunas organizaciones relevantes del sector privado y del tercer sector). Reducir la manera como los diferentes servicios funcionan como silos los unos de los otros y avanzar hacia un sistema en vez de una práctica y un presupuesto integrados, me parecería una mejor respuesta al crimen y al desorden. Muchos de los mayores retos que se ven en la policía no se encuentran dentro del don de la policía para resolverlos por sí solos, pero son un socio importante en este proceso. Por lo tanto, esto requeriría una financiación adicional para la policía (y las otras agencias), no menos, para establecer estos sistemas y métodos de integración y comunicación. También requeriría un cambio organizativo significativo para todas las agencias implicadas. Por ejemplo, ya no podría darse el caso de que la policía sea la única organización de respuesta las 24 horas.
2. ¿En caso de disolución de organizaciones policiales, podrían otros actores u órganos asumir las funciones de la policía?
No estoy de acuerdo en que otros organismos puedan asumir el trabajo de la policía. El suyo es un conjunto de habilidades particulares que para determinados acontecimientos o incidentes es absolutamente necesario. También tienen la dilatada experiencia y el prestigio cultural para jugar un papel muy importante en un trabajo más integrado con otros servicios. Para mí, se trata de encontrar una mejor manera de integrar los diferentes servicios para prevenir delitos, desórdenes y problemas sociales. Por descontado, esto requeriría un cambio organizativo importante para todos los implicados, incluida la policía. Se tardará mucho tiempo en conseguirlo y se tiene que comunicar con cuidado y eficacia a todo el personal. Quizás habrá preocupaciones sobre el cambio, pero si los agentes sienten que tienen voz en este proceso y pueden ser escuchados, el cambio es realmente posible. Una integración a esta escala requiere el compromiso firme de todas las agencias implicadas o, en caso contrario, no tendrá éxito.
3. En caso de disminución del papel de la policía, podría aumentar la seguridad privada. ¿No sería problemático para muchos ciudadanos que no se lo podrían permitir?
El aumento del papel de la seguridad privada es extremadamente problemático. Las organizaciones privadas tienen como objetivo principal la consecución de beneficios. Todas las demás preocupaciones son secundarias a eso. Hay muchos investigadores que han estudiado el trabajo del sector privado en varios aspectos de los servicios de justicia penal (como la policía, las prisiones y la libertad condicional) y han encontrado múltiples fracasos y comportamientos problemáticos. Eso no quiere decir que la policía del sector público sea siempre perfecta, ni mucho menos. Pero como organismo que es responsable ante el estado o ante las personas a las que sirve, la policía pública tiene un deber de cuidado inherente que el sector privado nunca podrá igualar. Y todo esto es un problema incluso antes de plantearnos la cuestión de quién pagaría los servicios del sector privado y si eso comportaría una estratificación de la seguridad que la ciudadanía puede esperar. A mi entender, es moralmente corrupto confiar en el sector privado para proporcionar seguridad al público en general. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el sector privado puede ser un socio importante en la prestación más amplia de servicios integrados que sugiero. Pero serían un socio menor, en comparación con los del sector público.
4. ¿Cuál tiene que ser el papel de los ciudadanos en un modelo alternativo de gestión de la seguridad? ¿Cuál tiene que ser su papel y cuáles tienen que ser los límites de su intervención?
El público en general tendría, por descontado, un papel a jugar en el modelo integrado que propongo. Los miembros del público son el centro de esto, ya que todos los servicios tendrían que trabajar juntos para establecer cuáles son las causas de la delincuencia, el desorden o los problemas sociales en una comunidad y trabajar para abordarlas. En definitiva, esto solo tendrá un éxito total con la colaboración del público. No obstante, no tenemos que poner a la ciudadanía en una posición en la que debe tener un papel activo en su propia prestación de seguridad, más allá de los fundamentos básicos de cerrar puertas, mantener las contraseñas seguras, etc. Mucha gente no dispone de los recursos ni de la capacidad para tener un papel activo en esta tarea y no hay que esperar que lo hagan. Con respecto a los investigadores académicos, tendremos un papel importante en este sistema a la hora de poner en primer plano la mejor prueba disponible sobre qué funciona en qué situaciones y para evaluar y valorar nuevas iniciativas a medida que se promulgan.
Alex S. Vitale es profesor de Sociología y coordinador del proyecto Policing and Social Justice en el Brooklyn College y en el CUNY Graduate Center, y profesor visitante en la London South Bank University. Ha pasado los últimos 30 años escribiendo sobre la policía y consulta tanto a los departamentos de policía como a las organizaciones de derechos humanos en el ámbito internacional. El profesor Vitale es el autor de City of Disorder: How the Quality of Life Campaign Transformed New York Politics y The End of Policing. Sus escritos académicos sobre la policía han aparecido en Policing and Society, Police Practice and Research, Mobilization y Contemporary Sociology. También es un ensayista frecuente, cuyos escritos se han publicado en TheNY Times, Washington Post, The Guardian, The Nation, Vice News, Fortune y USA Today. Ha aparecido en canales como la CNN, MSNBC, CNBC, NPR, PBS, Democracy Now y The Daily Show con Trevor Noah.
1. Usted propone que el cuerpo policial, tal y como está estructurado actualmente, se disuelva. ¿Cree que hay zonas de la estructura policial que deberían mantenerse?
Transformar nuestra forma de pensar en cuanto a la seguridad pública no significa que eliminemos los departamentos de policía de un día para otro. Por un lado, esto no es políticamente posible, por lo que no es razonable ni siquiera considerarlo como una opción. En segundo lugar, lo que hace falta es iniciar un proceso de desarrollo de nuevas infraestructuras de seguridad pública que nos permitan abordar los problemas de seguridad pública de forma más eficaz y sin los costes sociales negativos de depender de la policía. A medida que vayamos desarrollando estas nuevas infraestructuras podemos reducir y eliminar las correspondientes funciones policiales. Por ejemplo, Portugal ha despenalizado las drogas y eso significa que pueden reducir el tiempo policial que antes se dedicaba a la aplicación de drogas. Otro ejemplo es la creación de equipos de intervención en crisis no policiales para responder a las llamadas de crisis de salud mental, permitiendo reducir la capacidad de patrulla policial.
2. ¿En caso de disolución de organizaciones policiales, otros actores o cuerpos podrían asumir las funciones de la policía?
Sí, ese es el objetivo, aunque las “funciones” pueden parecer muy distintas a lo que hace la policía. En lugar de intentar controlar e interrumpir la distribución y consumo de drogas, podríamos invertir en servicios de salud pública y en la distribución legalizada de medicamentos.
3. En caso de disminución del papel de la policía, podría aumentar la seguridad privada. ¿No sería problemático para muchos ciudadanos que no podrían permitírselo?
El objetivo de este nuevo enfoque es reducir la vulnerabilidad, por lo que se requiere menos infraestructura de “seguridad”. Si tenemos menos personas pobres, sin alojamiento, sin acceso a los servicios básicos de salud, etc.,habrá menos necesidad de sistemas punitivos de control de la delincuencia, sean públicos o privados.
4. ¿Cuál debe ser el papel de los ciudadanos en un modelo alternativo de gestión de la seguridad? ¿Cuál debe ser su papel y cuáles deben ser los límites de su intervención?
El estado moderno ha trabajado mucho para monopolizar la provisión de seguridad. Debemos democratizar mejor este proceso. Deberíamos dotar a las comunidades de recursos que les permitan responder de forma más eficaz a una variedad de retos de seguridad pública por sí solos. Esto puede implicar aumentar la capacidad de las organizaciones comunitarias para abordar cuestiones como la violencia doméstica, las necesidades de salud mental, el abuso de sustancias, los servicios juveniles, etc., y mejorar la capacidad de las personas para trabajar juntos para resolver problemas de forma cooperativa, como la resolución de quejas de molestias entre vecinos, familiares, amigos, etc. La implicación de la policía en todas las disputas imaginables comporta unos costes económicos y sociales enormes y deberíamos trabajar para reducir su papel de tantas formas como podamos.
Juanjo Medina es investigador distinguido senior de Talentia, adscrito al Departamento de Derecho Penal y Ciencias de la Criminalidad de la Universidad de Sevilla. Anteriormente, trabajó como profesor titular de Criminología cuantitativa y jefe del Departamento de Criminología de la Universidad de Manchester hasta agosto de 2020. Fue presidente de la Sociedad Española de Criminología de 2016 a 2020.
1. ¿Cuáles son los elementos definitorios de un modelo policial?
Creo que ésta es una cuestión muy importante y que, pese al uso frecuente de los términos “modelos policiales”, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en ella. Kelling y Moore (1988) posiblemente todavía representan el esfuerzo más conocido por hacerlo de manera sistemática. Hablaron de 7 dimensiones: fuente de legitimidad, definición del papel policial, diseño organizativo de los departamentos, relaciones con la comunidad, naturaleza de los esfuerzos policiales por comercializar o gestionar la demanda de sus servicios, tácticas y medidas de éxito consensuadas. Y, centrándose en la experiencia histórica norteamericana, distinguen entre los modelos políticos, reformistas/profesionales y comunitarios/de resolución de problemas. Guillen (2016), siguiendo a Bertaccini, analiza cómo el término “modelo policial” se utiliza a menudo como “punto de referencia” para mejorar las formas pasadas de pensar y organizar la policía, lo que Wood y Shearing (2007) discuten como “oleadas de reforma policial”. Así, en muchos aspectos, toda la discusión sobre modelos hasta ahora ha tenido una clara dimensión política y aspiracional. Parece que se trata más de cómo quisiéramos que fuera la policía que de un concepto que se ha utilizado para medir la diversidad de modelos: cómo varían las organizaciones policiales entre las jurisdicciones nacionales o regionales. Sin descartar la relevancia de este uso del término “modelo policial”, como empirista creo que sería útil empezar a pensar en dimensiones relevantes que podrían utilizarse para caracterizar los modelos existentes y sus diferencias, de una forma más rigurosa y fundamentada.
2. ¿Cuál de los modelos policiales existentes cree que es el mejor para mantener una convivencia pacífica y una sociedad segura?
¡Supongo que mi respuesta anterior me pone en una posición incómoda para responder a ésta! No estoy del todo seguro de poder responder de forma rigurosa cuáles son los modelos de policía que se pueden encontrar en todo el mundo, sin importar cuál es el mejor. Aquellos de nosotros que hemos trabajado en varios países y conocemos diferentes instituciones policiales a nivel internacional somos conscientes de algunas de las diferencias más visibles, así como de algunas de las similitudes. Pero debemos continuar los pasos de David Bayley para intentar realizar una comparación empírica transnacional más sistemática si realmente queremos identificar claramente estos modelos. Buena parte de las discusiones sobre la reforma ha sido impulsada por la clave de la beca policial norteamericana, que se enfrenta a los intereses de maximizar la efectividad de la reducción de la delincuencia (a través de puntos calientes, resolución de problemas, etc.) a la vez que se minimizan los costes sociales y distribuidos desigualmente de las tácticas propuestas. Para conseguir esto último, necesitamos una mejor comprensión del alcance total de estos costes. Pero debemos ir más allá de este tipo de discusiones en cualquier caso. La policía es más compleja que una agencia de lucha contra el crimen. Para mí un buen modelo es aquél que se debate democráticamente y es apoyado por la ciudadanía. Como se ha señalado anteriormente, debemos considerar diferentes elementos (naturaleza del papel policial, tácticas, mecanismos de rendición de cuentas, naturaleza y contenido de la formación, grado de diversidad, etcétera muy largo). En España, estamos muy atrasados en realizar este debate. Iniciativas como las tomadas en el Parlamento de Cataluña, pero también el posicionamiento de diferentes ONG y de españoles más críticos con la policía, son un buen primer paso para dar este debate, que espero que tenga protagonismo. El problema que tenemos aquí es si la clase política será suficientemente madura y responsable para seguir ese camino.
3. Más allá del control judicial, ¿qué supervisión externa deberían tener las organizaciones policiales? ¿Qué consecuencias tienen estos controles?
Mi opinión es que en términos de responsabilidad y aportación democrática, debemos pensar más allá de los mecanismos formales de disciplina (sean internos, judiciales o externos). También necesitamos una policía más plural, con más personal civil y mayor diversidad entre sus filas. Necesitamos colaboraciones entre la policía y la academia. Necesitamos periodistas que se tomen en serio el papel de informar sobre la policía, en lugar de solo informar sobre delitos graves o emocionales. Debemos repensar significativamente cómo queremos que sea la formación policial y quién debe impartirla, creo que es importante que haya más implicación de la comunidad en esta etapa. Protocolos internos mucho mejores para incidentes críticos y datos mucho más rigurosos y abiertos sobre estos incidentes. Me encantaría algo como las inspecciones británicas en España, para que hubiera una auditoría adecuada de la actuación policial y la calidad del servicio en todo el país. Necesitamos comisiones parlamentarias capaces de trabajar conjuntamente para encontrar alguna forma de acuerdo sobre los pasos a realizar. Y ministros que no temen criticar su propia fuerza cuando se dedican a prácticas inaceptables. Si lo único que tenemos en España, además de la justicia, es el Defensor de los Derechos Humanos, debemos dotar a esta institución de más dientes de los que tiene actualmente.
4. ¿En qué circunstancias la policía debe cambiar de modelo si no se considera válido y quién debe encargarse del cambio: profesionales, gobierno o ciudadanos?
Deberíamos hacer lo que pide la ciudadanía, el gobierno debería facilitarlo y los profesionales, junto con los académicos, deberían informarlo todo sobre los matices, las dificultades y los retos de las reformas propuestas. En definitiva, los profesionales deben entender que en una democracia sirven al público, no al revés, y que no pueden ser una barrera para el cambio. Dado que un número importante de españoles adultos ni siquiera nacieron cuando el modelo actual se enmarcó en la Ley orgánica 2/1986 y cómo ha cambiado el mundo desde entonces, así como los numerosos problemas con la llamada “Ley mordaza”, se podría decir que las circunstancias para establecer un nuevo contrato social sobre el modelo policial ya están presentes en la sociedad española.
Rossella Selmini es profesora asociada de Criminología en la Universidad de Bologna, en el Departamento de Ciencias Jurídicas. Anteriormente fue profesora de la Universidad de Minessota (EE.UU.) y directora del Departamento de Seguridad Urbana y Policía Local en el Gobierno regional de Emiglia Romagna. De 2015 a 2018 fue presidenta de la Sociedad Europea de Criminología.
1. ¿Cuáles son los elementos definidores de un modelo de policía?
La literatura sobre la policía individualiza varios elementos que definen un modelo de policía. Entre ellos, considero particularmente importante identificar tres elementos: los principios generales que deben guiar el modelo, la organización de los cuerpos y las funciones que les son atribuidas.
2. ¿Cuáles de los modelos de policía existentes cree que es mejor para mantener una buena convivencia ¿Y una sociedad segura?
En las sociedades occidentales contemporáneas, aunque con llamativas diferencias ligadas a las peculiaridades nacionales y locales, se han consolidado dos modelos en particular: el conocido como “tolerancia cero” y el de la policía comunitaria. Presentan algunos aspectos que se solapan, pero son diversos en cuanto a los principios fundamentales que guían las acciones de la policía. En el modelo de la policía comunitaria, prevalecen los principios del servicio a la comunidad, de relación con la comunidad, con todos sus componentes, incluidas las minorías y las generaciones más jóvenes; la creación de una relación de confianza, el recurso prevalente a la negociación de los conflictos, el recurso a la represión como ultima ratio. Estos principios deberían gobernar las diversas unidades de las organizaciones policiales, desde las que realizan funciones de policía administrativa hasta la policía judicial, el control del orden público y la prevención de la delincuencia. Además, a la vista de los resultados de la investigación, considero que este modelo es el mejor y está reforzado por el hecho de que se ha demostrado como el que garantiza de forma más adecuada la convivencia pacífica, ofreciendo seguridad a la ciudadanía e incrementando la confianza y la legitimidad de la policía.
Modelos represivos y basados en la tolerancia cero, en sentido contrario, crean conflictos y minan la confianza, en particular de los grupos más vulnerables de la sociedad, reforzando la cultura de la intolerancia y del miedo, sin, por otra parte, contribuir de forma significativa al control de la delincuencia. A la luz del debate más reciente sobre la reducción de la policía, puede incluso plantearse un modelo de policía comunitaria dentro de la cual algunas funciones particularmente delicadas que hoy en día todavía son ejercidas por la policía ─enfermedades mentales, desequilibrios sociales en general─ sean derivadas a otras agencias de naturaleza no policial. Por otra parte, en el marco de un modelo de policía comunitaria, también las funciones de orden público deben ser redimensionadas y mantenidas dentro de los límites estrictamente compatibles con el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
3. Más allá del control judicial, ¿qué supervisión externa deben tener las organizaciones policiales? ¿Qué consecuencias tienen estos controles?
El tema de la rendición de cuentas de la policía, y particularmente importante en los países del Sur de Europa, que, en general, centran el control de los operadores de policía en el control disciplinario interno y el de la autoridad judicial. Estoy convencida de que un tercer organismo, intermedio entre el control interno y el judicial, sería útil para garantizar una evaluación independiente. Un organismo de este tipo debería incluir a expertos y miembros de la comunidad local y de la sociedad civil. Esta forma de control –dotada del necesario poder de intervención– debería garantizar la reducción de la impunidad, que es la consecuencia más común de los abusos y la violencia policial.
4. ¿En qué circunstancias la policía debe cambiar de modelo –en caso de que no se considere válido– y quién debe tener el peso del cambio: profesionales, gobierno o ciudadanía?
No pienso que deban concurrir circunstancias particulares para modificar un modelo de policía: prácticamente todos los modelos de policía, particularmente de algunos países de Europa, incluidos Francia, Italia y España, necesitan reformas radicales, bien sea en el control de la delincuencia común como sobre todo en el control del orden público y las relaciones con las minorías étnicas. Comportamientos discriminatorios, abusos y uso excesivo de la fuerza son fenómenos frecuentes en los tres países citados y son fenómenos que exigen un cambio más radical en la organización de los cuerpos, en su cultura y en la rendición de cuentas, que no se limiten a reformas de maquillaje (por ejemplo: mayor atención a las formas de selección o formación profesional son importantes pero no suficientes).
Creo que una reforma de un modelo de policía no puede ser eficaz si no parte de una consulta extensa a los ciudadanos, incluidas las minorías étnicas y las personas más vulnerables, sobre el modelo de la reforma tal y como se está intentando – con muchas dificultades– en algunas ciudades americanas después del homicidio de George Lloyd. Debe ser la comunidad local, con la asistencia eventual de expertos, quien debe determinar el modelo de policía que quiere, y ese modelo debe discutirse después con los órganos legislativos.
Nora Miralles Crespo: Periodista. Máster en Género, Conflicto y Derechos Humanos por la Ulster University (Belfast) y Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la UAB. Investigadora en género, seguridad, militarismo y derechos humanos en el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) y Shock Monitor, así como en el Centro Delàs de Estudios por la Paz. Asesora e investigadora del área Alternativas de Seguridad del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP). Activista de base en distintos movimientos sociales.
1. ¿Qué estrategias está utilizando la policía en el ámbito del orden público?
En general, considero que existen dos tendencias estratégicas en tensión o divergentes a la vez en lo que se refiere al ámbito del orden público. Una de ellas es la apertura a otras visiones sobre la seguridad, que toma fuerza y cuerpo con la introducción de herramientas como la mediación, la policía de proximidad o de barrio o los programas de mentoría juvenil, que impactan en el orden pero que parten de un enfoque preventivo y una comprensión más profunda de las causas de los conflictos sociales. La otra, por el contrario, estaría alineada con el proceso de expansión acrítica de funciones policiales y el abordaje securitario de fenómenos que antes no llegaban a ser considerados como problemas o desafíos al orden público. Esta última tendencia se ha traducido, entre otras cosas, en un perjuicio evidente de derechos ciudadanos como la libertad de expresión y protesta y manifestación. Una tendencia que también se materializa en la introducción y normalización de tecnologías de vigilancia masiva y biometría que nos hacen vivir bajo un control y falta de privacidad permanentes, sin que su uso esté justificado, ni debidamente regulado, y en la expansión de el uso de armamento (supuestamente) no letal en cada vez más contextos.
2. ¿Es posible adoptar un método preestablecido de actuación teniendo en cuenta los distintos tipos de protestas y las distintas evoluciones que pueden tener?
Sin duda, si el objetivo es actuar en línea con el respeto a los derechos humanos y fundamentales de la ciudadanía, no parece recomendable establecer un método invariable de actuación, que no nazca de un análisis y una reflexión previas sobre cómo abordar el conflicto de la forma más proporcionada y menos lesiva posible, en cada momento y escenario concretos. Las protestas sociales son reacciones naturales a las decisiones de quien confecciona las políticas públicas, son una forma diría que normal y democrática de expresar descontento o divergencia. El primer problema, bajo mi punto de vista, es demonizar la protesta social, de modo que acabe siendo lógico y habitual que cualquier manifestación o acto político en el espacio público cuente con una nutrida presencia no de patrullas de seguridad ciudadana, sino de unidades de mantenimiento del orden público, como si manifestarse fuera de por sí una alteración del mismo. Por otra parte, las acciones violentas en protestas son minoritarias y casi nunca dirigidas contra otras personas, sin embargo no parece que a menudo la respuesta se adecue a la proporción y gravedad de los hechos.
3. ¿Cuáles son las condiciones que deberían darse para que en el transcurso de una concentración o movilización el derecho a manifestarse que se está ejerciendo debiera interrumpirse o limitarse?
Para mí, la diferencia la marca sin duda el riesgo hacia la integridad o la vida de otras personas, pero hablo de un riesgo real, no de un baremo arbitrario mediante el que interrumpir todas aquellas movilizaciones que critican el orden establecido o que emiten mensajes que no interesan, en un amplio abanico de sentidos.
4. ¿Qué responsabilidad deberían tener los convocantes de una manifestación respecto al control de la movilización y las consecuencias no deseadas por sí mismos?
Considero que es peligroso e, incluso, un punto hipócrita pretender responsabilizar a la ciudadanía que se organiza para convocar una manifestación de todo lo que ocurra, mientras que por otra parte se la ha desresponsabilizado en las últimas décadas de prácticamente todo lo que tenía que ver con la intervención social y comunitaria, porque ya interesaba que todo lo colectivo se guiara y controlara desde la Administración. O otorgas responsabilidades a la ciudadanía o la desresponsabilizas totalmente, pero hacerlo sólo cuando interesa cargar unos disturbios a alguien es claramente una forma de limitar libertades civiles. Consigues que las pocas rendijas de colectividad desaparezcan por miedo a la represión penal y administrativa.
5. ¿Qué instrumentos cree que son aceptables utilizar en las manifestaciones con cierto grado de violencia para devolver la paz social con el menor daño posible? ¿Cañones de agua, por ejemplo?
Evidentemente, un cañón de agua será menos lesivo –siempre en principio– que una lanzadera, pero una mediación bien dirigida siempre será menos incendiaria que cualquier mecanismo represivo. La conflictividad social, incluidas las expresiones violentas en las manifestaciones, deben abordarse prioritariamente con carácter previo y estructural, ya que nacen de la reacción a las discriminaciones y violencias que genera un sistema socioeconómico cada vez más desigual. Por tanto, las respuestas represivas en el contexto concreto de una manifestación son una reacción impotente a un problema mucho más profundo, construyen una falsa paz social, considerando ésta como la falta de conflicto en el espacio público, únicamente. Pero las violencias sociales no desaparecen, simplemente se enquistan, se canalizan en otros ámbitos como el privado o cristalizan en un aumento de las violencias en la comunidad y la familia. En cuanto a las mal llamadas “armas no letales”, me gusta mucho la reflexión que hace Paul Rocher en su libro Gasear, mutilar, someter. La política de las armas no letales, publicado recientemente por Katakrak, sobre cómo este tipo de mecanismos considerados menos lesivos, además de ser cuestionables en cuanto al daño que pueden causar (mutilaciones e incluso, sí, la muerte), terminan siendo utilizados no para gestionar conflictos en los que antes se utilizaba armamento más peligroso, sino aquellos en los que no se utilizaba ningún tipo de arma.
Ralph Roche es abogado, especializado en derechos humanos, administración judicial y policía. Cuenta con amplia experiencia en Irlanda del Norte y la región de los Balcanes occidentales, donde ha trabajado para los servicios policiales y como consultor del Consejo de Europa. De 1998 a 2005, vivió en Bosnia y Herzegovina, y prestó sus servicios en un tribunal de derechos humanos, la Oficina del Alto Representante y la Comisión Europea. Desde entonces, ha trabajado para el Servicio de Policía de Irlanda del Norte como asesor jurídico de derechos humanos y para las Cámaras Especialistas de Kosovo en La Haya como jefe de la división de servicios judiciales.
Es coautor del manual del Consejo de Europa “The European Convention on Human Rights and Policing” (Convenio europeo de derechos humanos y policía).
1. ¿Qué estrategias está utilizando la policía en el ámbito del orden público?
Los servicios policiales deberían adoptar un enfoque flexible cuando traten eventos de orden público. La protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas por manifestaciones y otros eventos de orden público debería ser el centro de cualquier estrategia. El cumplimiento de los principios de derechos humanos permite a los servicios policiales aplicar una serie de enfoques claros, basados en la extensa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Debería disponerse de un análisis estratégico global, alimentado por información relevante y actualizado sobre cuestiones tales como las amenazas y los riesgos, y las causas y temas probables de cualquier problema de orden público. Hecho esto, permite desplegar los recursos adecuados (tanto humanos como técnicos) e implementar respuestas operativas planificadas en posibles escenarios.
Es fundamental que la policía adopte un enfoque neutral, que no prohíba de forma efectiva la expresión de opiniones de los manifestantes que ellos o el público puedan encontrar ofensivas. Éste es un requisito clave de una sociedad democrática, tal y como ha confirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en muchos casos. Por ejemplo, se ha constatado que las prohibiciones rotundas o la imposición de obstáculos burocráticos en las protestas son violaciones de los derechos a la libertad de asociación y expresión. Aunque la policía no siempre es responsable de tomar estas decisiones, en los casos en que lo sean, debería procurar que las decisiones se tomen de forma defendible, de acuerdo con la legislación local y los principios generales de los derechos humanos. La policía del Reino Unido ha adoptado el National Decision-Making Model (modelo de toma de decisiones a nivel nacional), que proporciona un marco para tomar decisiones en todos los ámbitos de la actividad policial. Es un modelo sencillo y eficaz, y cuando lo adoptan todos los elementos de la policía implicados en una operación proporciona una comprensión común de cómo deben tomarse y aplicarse las decisiones. Coloca la ética y los estándares profesionales en el centro, incorporando una serie de principios clave, como la responsabilidad, la equidad y el respeto. He participado personalmente en una serie de operaciones policiales dinámicas y complicadas en las que una amplia gama de unidades policiales lo han utilizado para tomar decisiones rápidas y efectivas que garantizaban la protección de los derechos de todas las personas afectadas por la operación.
Otro requisito clave es que la policía vea que su papel es la protección de los derechos de los miembros del público. La policía en una sociedad democrática no debe verse como un instrumento del poder del Estado, sino como defensora de los derechos de los participantes en actos públicos. La policía no trata de controlar, sino de facilitar el ejercicio de las libertades democráticas. Esto también ayudará a mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía.
2. ¿Es posible adoptar un método preestablecido de actuación teniendo en cuenta los distintos tipos de protestas y las distintas evoluciones que pueden tener?
En mi opinión, no es posible que la policía adopte un enfoque predeterminado en las manifestaciones y otros acontecimientos públicos. Cada manifestación o evento de orden público es diferente y debe tenerse en cuenta según sus propias características. Aunque la policía puede y debería confiar en la información obtenida a partir de eventos similares anteriores, debería examinar la información disponible para cada evento individual y adaptar su respuesta en consecuencia. El hecho de que un evento anterior pueda haber provocado desórdenes (por ejemplo, entre grupos rivales) no es en sí mismo un motivo para restringir o prohibir eventos futuros. La naturaleza dinámica de la sociedad hace que los eventos y los participantes cambien con el tiempo.
Obviamente, la policía debería planificar posibles escenarios durante las manifestaciones, y ejemplos anteriores de manifestaciones son un buen punto de partida para ello. Como dicen a menudo los agentes de policía, si fracasáis en la planificación, planificad el fracaso. Sin embargo, la planificación es una ayuda para la toma de decisiones, no un fin en sí mismo. Como se ha dicho anteriormente, un análisis estratégico global ayuda a permitir que la policía se prepare para posibles escenarios. También permite a la policía entrenar a los agentes en las tácticas necesarias, así como en la negociación, la participación y la recogida de información.
Otra razón práctica por la que la policía no debería adoptar un enfoque predeterminado es que las personas que quieren causar desórdenes pueden conocer pronto cuáles son estos enfoques y aprender a socavarlos. Si la policía utiliza las mismas tácticas repetidamente, los que quieran atacar a la policía pueden aprender de ellas y desarrollar formas de perjudicar o herir a la policía.
3. ¿Cuáles son las condiciones que deberían darse para que en el transcurso de una concentración o movilización el derecho a manifestación que se está ejerciendo debiera interrumpirse o limitarse?
Cualquier restricción o limitación del derecho de protesta es una injerencia grave en una serie de derechos humanos.
Entre ellos, los derechos a la libertad de expresión y de asociación, así como el derecho a manifestar las propias creencias. La acción policial también puede acarrear el derecho a no sufrir tratos inhumanos y, en casos extremos, incluso el derecho a la vida. Sin embargo, existen circunstancias en las que se requiere una actuación policial, por ejemplo, para garantizar el derecho a protestar o proteger los derechos y libertades de los demás. Las intervenciones durante un evento son más difíciles y suponen amenazas adicionales para la seguridad de los participantes, así como para la vida y seguridad de los agentes de policía.
Las restricciones deben tener una base legal: debe haber una disposición en la legislación nacional que permita su imposición. Cualquier restricción debe ser impuesta para un objetivo legítimo. En la práctica, las restricciones se imponen con mayor frecuencia para prevenir el crimen o el desorden, o para proteger los derechos de los demás. Otro tema clave es que las restricciones deben ser proporcionadas. Por ejemplo, detener una manifestación por una infracción leve o técnica puede no ser necesario en una sociedad democrática. Hay muchas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se impusieron restricciones en base a cuestiones mucho menores, y es evidente que a menudo se hace como un medio para suprimir la expresión de ideas que las autoridades no quieren que se expresen.
Para justificar una intervención durante un evento, es necesario que haya una razón clara para hacerlo. Una obvia es que existe una amenaza para la seguridad de las personas (sean agentes de policía, participantes o la ciudadanía). La conducta de los participantes también podría justificar una intervención, por ejemplo si no se cumple alguna condición legal del evento. Por ejemplo, si la autoridad competente ha impuesto limitaciones a un evento, en principio deberían cumplirse. Sin embargo, el incumplimiento de ninguna limitación justifica, por sí solo, una intervención. Se realizará una evaluación de la necesidad de una acción inmediata. En muchos casos, una actuación posterior será suficiente para garantizar el cumplimiento de la ley.
Los distintos países tienen distintos enfoques para la regulación de las asambleas públicas. Por ejemplo, en algunos países, un alcalde u otro funcionario electo determina las condiciones en las que los eventos públicos pueden tener lugar. En Irlanda del Norte, cualquier persona que quiera organizar una manifestación pública debe informar a la Parades Commission, un organismo público establecido por ley. En los casos en que la responsabilidad principal recae en la policía, debe garantizarse que todas sus decisiones sean lícitas y no estén motivadas por ninguna motivación indebida, como la discriminación.
Las decisiones de intervención también pueden requerir la decisión de un organismo distinto a la policía. Esto puede ser problemático, puesto que los cargos electos pueden no estar en la mejor posición para entender las consecuencias prácticas de las decisiones de intervenir. En mi opinión, la policía, actuando dentro de un marco legal claro, y habiendo evaluado las circunstancias lo más ampliamente posible, es la mejor indicada para tomar decisiones. Aunque esto impone cargas importantes a la policía, también les ofrece la oportunidad de aplicar su profesionalidad y experiencia en un escenario práctico.
También es importante recordar que el incumplimiento de las condiciones impuestas a una manifestación no es, en sí mismo, motivo para intervenir. Si es poco probable que la desviación provoque lesiones o interrupciones indebidas, puede ser adecuado permitir que el evento continúe. Se pueden llevar a cabo investigaciones u otras acciones después del evento según sea necesario. La intervención contra manifestaciones en curso es una tarea muy complicada, y puede dar lugar a un importante uso de la fuerza y lesiones, tanto para los participantes como para los agentes de policía.
4. ¿Qué responsabilidad deberían por sí mismos tener los convocantes de una manifestación respecto al control de la movilización y las consecuencias no deseadas?
Organizar o participar en una manifestación implica responsabilidades. Los organizadores deben garantizar que la manifestación se mantenga dentro de la ley, así como que cumpla con los requisitos o limitaciones impuestas por las autoridades competentes. Si el organizador considera que estos requisitos son excesivos o, incluso, ilegales, debería procurar utilizar los recursos legales disponibles según la legislación local. Se debe evitar el incumplimiento de los requisitos durante una manifestación, ya que puede comportar consecuencias penales o de otros tipos. En cuanto a la responsabilidad de los organizadores por las acciones de los participantes en las manifestaciones, es importante que solo se les haga responsables de las acciones de las que sean responsables. Si las personas se unen a una manifestación con la intención de provocar desórdenes u otros delitos penales, los organizadores pueden tener muy poco poder para evitarlo. Si bien los comisarios y otros mecanismos de seguridad deberían existir como parte de una manifestación bien organizada, deben evitarse los principios de responsabilidad estricta u otros medios legales para responsabilizar a los organizadores de las acciones de otras personas, puesto que pueden suponer una restricción indebida al disfrute efectivo de la libertad de asociación.
Los organizadores también deberían relacionarse con la policía para hablar de temas de interés común. En Irlanda del Norte, la policía a menudo se pone en contacto con los organizadores de las manifestaciones para discutir cuestiones relevantes y para entender mejor las necesidades y expectativas de los manifestantes. Esto puede ayudar a evitar malos entendidos y crear un canal de comunicación para la implicación durante la manifestación. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que la negativa de un organizador a relacionarse con la policía puede ser una justificación para restricciones u otras medidas, cuando sea necesario.
5. ¿Qué instrumentos cree que es aceptable utilizar en las manifestaciones con cierto grado de violencia para devolver la paz social con el menor daño posible? ¿Cañones de agua, por ejemplo?
En caso de que se produzca un desorden, la policía debe disponer de una serie de opciones tácticas para hacerle frente. La primera táctica debería ser siempre la implicación, basándose en las discusiones previas con los organizadores y los participantes, tratando de identificar y abordar el problema. En situaciones en las que esto no es posible, se requieren opciones tácticas para el uso de la fuerza. Son muchas y variadas, incluyendo equipos de protección individual para los agentes, vehículos protegidos, barreras y dispositivos de comunicación. En casos de disturbios más graves, deberían estar disponibles otras opciones como cañones de agua o proyectiles menos letales. Sin embargo, es muy importante que se respeten las normas legales y de derechos humanos sobre el uso de estas tácticas. Esto requiere que se integren en los procedimientos operativos y la formación de la policía. Se necesitan cadenas de mando y responsabilidad claras para el despliegue y el uso de estas tácticas. Se debería establecer una sala de mando central, con información en directo, para grandes eventos donde la violencia o el desorden sea posible.
Varias normas internacionales regulan el uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales. Lo más importante en este contexto, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, exige que la fuerza letal sólo se utilice cuando sea absolutamente necesario para proteger la vida. Esto significa que esta fuerza solo debería utilizarse como último recurso, cuando no haya otra opción disponible. La jurisprudencia deja claro que las tácticas policiales no deben hacer que el uso de la fuerza letal sea inevitable o muy probable. Las alternativas menos letales (por ejemplo, las llamadas bean bags o proyectiles de pimienta) a menudo están disponibles para la policía, pero deben existir reglas estrictas en cuanto a su uso. Estas tácticas solo deben utilizarse contra agresores individuales, en lugar de contra una multitud en general. Opciones como el cañón de agua pueden ser útiles en situaciones en las que es necesario mantener la distancia entre grupos opuestos o evitar que una multitud avance más allá de un punto determinado.
El requisito general es que exista un enfoque “sistemático”. Esto requiere que solo los oficiales debidamente entrenados estén autorizados a llevar y utilizar métodos de aplicación de la fuerza, y que existan normas estrictas que regulen su uso. La operación policial debe ser comandada y controlada por agentes experimentados, trabajando conjuntamente con sus compañeros para asegurarse de que el nivel de fuerza utilizado sea el mínimo necesario para alcanzar el desdichado objetivo. Nunca se utilizará la fuerza para castigar, solo se utilizará para prevenir el desorden y devolver la situación a la normalidad lo antes posible.
En las operaciones policiales más efectivas de las que he formado parte, a menudo ofreciendo consejos en tiempo real a los comandantes a medida que se iba desarrollando la situación, formaban parte comandantes y oficiales debidamente entrenados, trabajando dentro de un marco legal y práctico claro, con objetivos estratégicos inequívocos en lo que respecta al resultado deseado. Algunas de éstas implicaban el uso de cantidades importantes de fuerza contra individuos violentos en circunstancias muy peligrosas.
Pronto el blog Notes de Seguretat cumplirá siete años de funcionamiento. Ha sido una larga e intensa etapa pero muy ilusionante, centrada en la búsqueda de novedades, líneas de actuación, noticias, tendencias o políticas del ámbito de la seguridad. El objetivo ha sido abrir las reflexiones en torno a este mundo, así como recoger vuestras aportaciones.
Con el camino que hemos recorrido juntos, entregando dos apuntes semanales, los datos nos animan a seguir trabajando firme y con más ilusión todavía. Tras casi siete años de trabajo, nuestros suscriptores y lectores pueden hacer sus valoraciones, pero las cifras son significativas: se han sobrepasado las 210.000 visualizaciones al blog, con unos 112.000 visitantes provenientes de más de 150 países diferentes. Con más de 2.300 apuntes publicados en las cuatro lenguas en las que lo difundimos, a día de hoy ya tenemos casi 700 suscriptores. Y siempre en todo este tiempo hemos cerrado el año en curso con mejores resultados de audiencia que en los años anteriores.
También se han obtenido muy buenos resultados en la difusión de los apuntes vía Twitter en las cuatro lenguas: se siguen 520 perfiles y se cuenta con casi 400 seguidores.
Tal como ya se ha hecho en algunos aniversarios del blog, celebraremos el séptimo aniversario con la publicación de seis entrevistas breves a personas destacadas en el ámbito de la seguridad. Se trata de entrevistas cruzadas sobre tres ámbitos concretos de la seguridad: orden público, modelos policiales y nuevas propuestas en seguridad. De esta manera, se pueden ofrecer distintas visiones o puntos de vista de estudiosos de un mismo ámbito de la seguridad.
El lunes 24 de octubre entrevistaremos al jefe de Asuntos Legales en Orden Público en Irlanda del Norte, Ralph Roche, sobre orden público. Y sobre el mismo ámbito el miércoles 26 de octubre entrevistaremos a Nora Miralles Crespo, periodista e investigadora.
El lunes 31 de octubre entrevistaremos a la expresidenta de la Sociedad Europea de Criminología, Rossella Selmini, sobre modelos policiales. El miércoles 2 de noviembre entrevistaremos, del mismo ámbito, a Juanjo Medina Ariza, investigador adscrito al Departamento de Derecho Penal y Ciencias del Delito de la Universidad de Sevilla.
Y, por último, el lunes 7 de noviembre entrevistaremos al profesor Alex S. Vitale, sobre nuevas propuestas en el ámbito de la seguridad, y el miércoles 9 de noviembre, también con referencia a nuevas propuestas en seguridad, a Megan O’Neill, directora asociada del Instituto Escocés de Investigación sobre la Policía.
Hay que subrayar que el Consejo Editorial de Notes de Seguretat no comparte necesariamente el contenido de los apuntes que publica, y las opiniones de las personas entrevistadas representan únicamente su punto de vista y no el del Consejo Editorial ni el del Departamento de Interior. El Consejo Editorial es responsable de la selección de las personas entrevistadas y del contenido de las preguntas, pero no de las opiniones que se manifiestan.
Deseamos que os gusten estas entrevistas y que por mucho tiempo podamos seguir disfrutando de vuestra presencia en el blog.
¿En qué consiste la transformación urbana de Burdeos? ¿Cuáles son el objetivo y las prioridades de esta transformación?
Cuando Alain Juppé, entonces primer ministro, llegó a Burdeos en 1995, se fijó como objetivo despertar a “la bella durmiente”, como se denominaba Burdeos en aquel tiempo. Para reforzar su atractivo, reconfiguró la ciudad sobre todo con la rehabilitación del centro histórico, lo que ha llevado a su clasificación como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2007. Con 1 millón de visitantes, 10.000 nuevos habitantes y 11.000 puestos de trabajo creados en la ciudad cada año, Burdeos se ha convertido hoy en una de las ciudades más atractivas de Francia.
Reconciliar a los habitantes de Burdeos con su río
Durante mucho tiempo, los muelles se dejaron de utilizar, la actividad del puerto era muy débil y se trasladó río abajo, hacia el Verdon. Los hangares estaban abandonados. Algunos se destruyeron y se reemplazaron por jardines, otros se transformaron en espacios de exposición o en establecimientos, de forma que los muelles son hoy un espacio muy agradable de paseo y distensión. El turismo fluvial y de crucero se han desarrollado con intensidad.
Rehabilitar los barrios más pobres
Además de la orilla derecha, muchos barrios, los que tenían más dificultades, se han beneficiado de programas de renovación urbana, facilitados por la llegada del tranvía. El programa más emblemático es el del barrio de la estación, denominado Euratlantique, que ha sido considerado proyecto de interés nacional.
Luchar contra la aglomeración urbana y desarrollar la oferta de alojamientos
Para luchar contra estos dos fenómenos, las políticas de urbanismo realizadas en los últimos 20 años tienen como objetivo densificar y aumentar la oferta. En total, cada año se entregan 9.000 viviendas en la metrópolis de Burdeos. En la ciudad de Burdeos unos ambiciosos programas proporcionarán 14.000 viviendas, entre los cuales un 30% de vivienda social, en los próximos meses.
Una ciudad verde
Para favorecer los desplazamientos agradables y a pie, los espacios en Burdeos se han mantenido naturales en el momento de su renovación. Los suelos artificiales y la ausencia de vegetación no hacen más que acentuar el calor que se siente en momentos de ola de calor, por ejemplo. Para luchar contra este fenómeno, el nuevo alcalde de Burdeos, Nicolas Florian, ha decidido plantar 3.000 árboles al año en la ciudad.
¿Qué papel desempeñan los ciudadanos en el proyecto de transformación urbana?
La opinión de los habitantes inspira desde hace un tiempo el desarrollo de los espacios públicos. Estos hacen sentir su voz mediante órganos de asesoramiento como por ejemplo los consejos de barrio, además de consultas públicas obligatorias. La opinión de los habitantes ahora inspira el desarrollo de los espacios públicos. La planificación del espacio tiene en cuenta sus demandas, que se integran en los diferentes proyectos.
Este año, el Ayuntamiento de Burdeos ha lanzado un primer presupuesto participativo. Más de 13.000 personas de Burdeos han votado a favor de los proyectos de desarrollo sostenible que quieren ver aparecer en su barrio. De los 407 proyectos presentados, 41 se acaban de proponer. Se prevé una inversión de 2,5 millones de euros para financiar estos 41 proyectos. Se realizarán en los próximos dos años.
¿Piensa que el desarrollo de la ciudad ha comportado la mejora de la seguridad y de la percepción de seguridad de la ciudadanía?
Burdeos se considera una de las ciudades menos peligrosas de Francia. De hecho, ocupa el noveno lugar entre los once distritos policiales con más de 200.000 habitantes, con una tasa de 72 delitos por cada 1.000 habitantes. Además, la delincuencia baja de manera regular desde hace 15 años. Aun así, el Ayuntamiento está preocupado por “la explosión de actos incívicos”, sobre todo aquellos vinculados al tráfico de drogas en algunos barrios de la ciudad.
Para tranquilizar a los peatones, el Ayuntamiento de Burdeos ha intensificado el alumbrado de todos los lugares de paso por la noche (plazas, andenes, callejones…). Además, la ciudad dispone de cámaras instaladas en las esquinas de las calles, en los tejados, así como en los puntos estratégicos. Burdeos tiene 105 cámaras repartidas por toda la ciudad.
Finalmente, este nivel de criminalidad especialmente bajo se puede explicar también por el desarrollo urbanístico que ha permitido, a través del tranvía que se sitúa en superficie, conectar todos los barrios con problemas con el centro de la ciudad en menos de 15 minutos, dando un sentimiento real de pertenencia a la ciudad a todos sus habitantes.
¿Cómo el urbanismo puede contribuir a mejorar la coexistencia y la integración de los diferentes grupos?
La conexión de la orilla derecha con la orilla izquierda, por el tranvía y los diferentes puentes, ha permitido abrir el centro histórico de la ciudad a una parte de la ciudad periférica en el pasado. Además, el municipio se ha vuelto más dinámico y más homogéneo y se han creado nuevos lugares donde vivir.
Desde hace 10 años, el Programa Nacional de Renovación Urbana moviliza a actores públicos y privados, cargos electos, servicios estatales, organismos sociales, organismos HLM y habitantes para recalificar más de 500 barrios en toda Francia en los que las condiciones de vida eran particularmente difíciles. En Burdeos, hay dos distritos en la orilla derecha (La Benauge) y al norte de la ciudad (Les Aubiers).
Además, tres agencias francesas de arquitectura han recibido el premio Mies van der Rohe de la Unión Europea por la transformación de 530 viviendas sociales en el barrio Grand Parc, en Burdeos. Para evitar la destrucción de los bloques en construcción, las agencias de arquitectura Lacaton et Vassal, Frédéric Druot et Christophe Hutin han ampliado el conjunto. Con esta técnica de renovación, todos los pisos han ganado en superficie y en luminosidad. Rehabilitar en lugar de destruir es cuatro veces menos costoso.
El profesor Otto M. J. Adang (1956) es científico conductual. Da clases de Gestión del Orden Público y el Peligro en la Academia de Policía de los Países Bajos desde el año 2004. A Adang le interesan la agresión, la reconciliación y el comportamiento colectivo en relación con el orden público. Desde el año 1998 ha sido jefe de investigación del programa de Gestión de la Violencia y el Peligro en situaciones conflictivas, que creó él mismo y que estudia la interacción entre la policía y los ciudadanos.
Actualmente, el profesor Adang tiene varias responsabilidades. Además de ser catedrático en Gestión del Orden Público, es decano académico en el máster de Control Policial de la Academia de Policía. Desde el 1 de abril de 2016, también es profesor, por nombramiento especial, de Seguridad y Comportamiento Colectivo en la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Groningen. Y desde el año 2018 es profesor visitante en el Centro de Investigación Policial de Canterbury.
En su opinión, ¿cuáles son los cambios más importantes en la gestión del orden público en los últimos 10 años en Europa?
El cambio más importante que he visto en las últimas décadas con respecto a la policía y el orden público en Europa es el cambio en el control de los disturbios desde una perspectiva unilateral, con el énfasis puesto en la desorganización policial y un umbral bajo con respecto al uso indiferenciado de armas no letales, hacia un enfoque más moderno y flexible de la gestión del orden público, en la que se pone el énfasis en establecer límites que promuevan el orden de una manera amistosa y firme.
Es cierto que no todos los países han mostrado este cambio, pero cada vez veo cómo se identifican “mejores prácticas” de gestión en acontecimientos públicos.
En realidad, ¿qué es una buena práctica? Una buena práctica es evitar fricciones innecesarias y facilitar las actividades e intenciones legítimas de los participantes en la medida de lo posible. Monitorizar y observar un acontecimiento en tiempo real se considera importante para identificar problemas potenciales y ocuparse de ellos desde los estadios iniciales. Eso implica comunicarse con los participantes e informarlos para que sepan qué les afecta, evitar malentendidos sobre las medidas que se adopten y conseguir alterar su comportamiento.
En línea con la pregunta anterior y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles serán, en su opinión, los pasos siguientes?
Podríamos señalar varias tendencias generales en los países occidentales, muchas de las cuales provienen de un interés creciente por incorporar la visión científica actual al control policial de los acontecimientos públicos.
Para mencionar solo algunos de los ejemplos más importantes, encontramos una flexibilidad creciente que permite a la policía, como un todo o en las diferentes unidades, cambiar fácil y ágilmente entre los diferentes enfoques. En este sentido, ganar flexibilidad significa hacer cambios en las tácticas y estrategias con respecto a la reacción o la prevención. Por ejemplo, hay un patrón general basado en prestar más atención a recoger pruebas para incrementar la “calidad” de las detenciones y mejorar las posibilidades de éxito de los procesos judiciales, así como preferir un enfoque centrado en el autor antes que un enfoque colectivo con detenciones o confinamientos masivos. No obstante, también encontramos un uso más profundo del enfoque estratégico amistoso y firme en relación con facilitar un comportamiento pacífico y un enfoque graduado, diferenciado e informativo que incrementa la capacidad de diálogo, de comunicación y de intervenciones sencillas de la policía en los estadios iniciales. En Suecia, el debate se centra en tácticas policiales especiales; Berlín ha desarrollado la estrategia de la “mano tendida” y el Reino Unido se vanagloria del modelo británico. Cada vez se crean más unidades de diálogo: por ejemplo, los grupos anticonflicto de Alemania, la unidad de diálogo de la policía sueca o los equipos de inteligencia avanzada del Reino Unido (aunque estos últimos han adquirido gradualmente un papel diferente).
También hay una tendencia general a prestar más atención a los briefings después de acontecimientos problemáticos, a identificar buenas prácticas e intercambiar puntos de aprendizaje entre fuerzas policiales.
Finalmente, con respecto a la inteligencia, existe consenso sobre la importancia de la información sobre los autores “conocidos”. Sin embargo, también hay una insatisfacción general hacia la calidad de la información y el reconocimiento de que esta información sobre los autores “conocidos” es insuficiente y no puede sustituir a la comprensión de sensibilidades y dinámicas de las multitudes en un contexto determinado. Las tendencias internacionales reflejan una conciencia creciente sobre los mecanismos que desencadenan la violencia colectiva, así como qué medidas son más efectivas.
Teniendo en cuenta su experiencia internacional y académica, ¿cuáles cree que son las mejores prácticas/enfoques policiales para mantener la paz social?
La inteligencia se percibe como un medio importante para identificar a grupos de alborotadores que buscan la confrontación. Por su percepción del riesgo, deberían tener claro (ellos mismos, así como el resto de la gente) qué medidas efectivas se pondrán en marcha en caso de que traspasen los límites. Si se consigue conocerlos, se reduce el anonimato ante las autoridades. Es una buena práctica evitar en lo posible tomar medidas que creen o enfaticen situaciones de “nosotros contra ellos”. En este sentido, interactuar y comunicar son herramientas tácticas importantes. Cuando sí se dan situaciones violentas, se considera una buena práctica actuar a tiempo, en vez de esperar a que la situación escale y se descontrole, y hacerlo de manera centrada y dirigida, especialmente hacia aquellas personas que estén transgrediendo los límites, sean vándalos o activistas con tácticas black block. Por otra parte, se reconoce que la naturaleza oportunista de mucha de la violencia colectiva pone un límite a la utilidad de la inteligencia: una vez escala la violencia, el número de opciones disponibles se agota rápidamente. A causa de las incertidumbres que afectan, se consideran esenciales los preparativos que respondan a una variedad de escenarios hipotéticos.
Y, finalmente, con respecto a la gestión del orden público, ¿ha detectado alguna mala praxis en Europa occidental digna de mención? ¿A qué factores atribuiría esta mala práctica?
Se pueden discernir algunas tendencias claras en los diferentes países en relación con el control policial de acontecimientos públicos.
Aunque se dice que es necesario un cambio, este cambio no radica en la legislación ni en nuevos poderes, sino en entender y utilizar mejor la legislación existente.
También necesitamos tener presente que el desarrollo de nuevas armas no acostumbra a ser prioritario. Hay otras necesidades que se denominan armas no letales innovadoras. De hecho, estas armas no son innovadoras, ya que básicamente representan tecnología ya existente que no se ha desarrollado lo suficiente para ser operativa, y además están intrínsecamente ligadas a conceptos de control de disturbios totalmente obsoletos.
Finalmente, con respecto al equipamiento, necesitemos cambiar hacia un equipamiento que proteja mejor a los agentes de policía, mejore las comunicaciones entre agentes, mejore las posibilidades de comunicación con los participantes de acontecimientos masivos, mejore las posibilidades de recogida de información y pruebas y ayude a incrementar la flexibilidad.
Presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, México. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza, España.
Ha ejercido como conferenciante en materia de Seguridad Ciudadana y ha participado en varios cursos de Alta Gerencia Pública.
Ha participado como observadora en la implementación del Modelo de Justicia Cívica en Nueva York y como expositora en Barcelona, España.
De su trayectoria destaca el hecho de ser una de las primeras alcaldesas en lograr la reelección en todo México. En diferentes periodos, ha sido elegida en tres ocasiones como presidenta municipal de General Escobedo, Nuevo León.
Ha sido reconocida por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal al elegir el Modelo de Seguridad Escobedo para la implementación en todo México como estrategia para la prevención y reducción de la violencia, y la erradicación de la “fábrica de delincuentes”.
¿Qué hace que una persona como usted, con una sólida posición social, decida concentrar su actividad política en la lucha contra el delito, la violencia y la extorsión, llegando incluso a poner en riesgo reiteradamente su vida (y la de algún descendiente)?
Me parece que como ciudadanos debemos estar y aportar para que nuestro entorno sea mejor, que dejemos la apatía y seamos proactivos, por eso mi convicción por participar, para hacer desde donde yo esté un entorno de calidad de vida, paz y tranquilidad para mi familia, para mis vecinos, para mi municipio, para mi estado y por supuesto, para mi país.
Usted es, en estos momentos, toda una autoridad en materia de políticas de seguridad ciudadana, pero no solo en su estado, Nuevo León, sino en todo México, ya que ha sido nombrada presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad. ¿Qué cree que aporta su estrategia de seguridad que la hace aparecer como una alternativa, quizás incluso como una esperanza, para las políticas de seguridad de todo México?
Para mí la clave es que esta propuesta busca resolver el origen del problema de inseguridad: evitar que nuestros niños y jóvenes vean como alternativa el camino de la delincuencia y, por otra parte, que nuestra estrategia es integral y contempla desde la prevención hasta la salvaguarda de la integridad física de las personas y sus bienes sustentados en el análisis y la investigación, orientado a una justicia social donde la policía tenga la confianza de la ciudadanía.
Ninguna persona significativa en el campo de la seguridad cuestiona la gran labor que está llevando a cabo el general Lara a la hora de transformar totalmente la policía de Escobedo, haciéndola mucho más próxima al ciudadano y al mismo tiempo más eficaz en la lucha contra el crimen. Sin embargo, algunos consideran una cierta decepción que usted viera como única solución al problema de seguridad de Escobedo buscar un militar de alto rango para liderar el proyecto. ¿Qué les diría a estos críticos?
Yo les diría que la incorporación de un militar a la conducción de la secretaría se da en un contexto de violencia extrema. A partir de ahí tanto la estrategia como las habilidades de los mandos policiacos y sus líderes han ido evolucionando a través del entrenamiento y la capacitación, de tal forma que hoy la corporación es otra desde la cabeza hasta el último elemento.
Otro elemento para haber tomado esa decisión es que la formación militar y su férrea disciplina dan como resultado individuos ordenados y entregados por convicción a las tareas que se les encomienda. Además las personas tienen distintas capacidades para aprender y evolucionar y en el caso del general ya tiene una combinación de policía y militar dando un valor interdependiente entre una y otra.
¿Cómo ve desde su doble atalaya (alcaldesa de Escobedo y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad) el futuro de México en materia de seguridad? ¿Qué tiene que suceder para revertir la creciente, en los últimos años, espiral de violencia que azota el país? ¿Qué fórmulas hay que aplicar a nivel federal para acompañar experiencias tan positivas como la que usted lidera a nivel municipal? ¿Es la nueva Guardia Nacional una solución?
Que se sistematicen y profesionalicen las corporaciones, que los procesos y procedimientos estén periódicamente evaluados, a nosotros eso nos ha dado resultado. El implementar un modelo adecuado a cada municipio es vital porque si el municipio toma su responsabilidad iniciamos un círculo virtuoso donde desde el municipio, luego el Estado y la Federación, quien por cierto está consciente y lo acepta, hacen su labor para revertir este problema.
Me parece que se están dando pasos hacia la dirección correcta para salir de esa espiral. Estoy convencida que el modelo de policía municipal que está por implementarse en el país, así como los programas para frenar la violencia familiar y social, cuentan con la experiencia recogida y los elementos metodológicos para lograrlo.
La guardia es un elemento más de un conjunto de acciones que deben estar articuladas desde los municipios, como el modelo de policía municipal y la capacitación de los elementos entre otros.
El profesor Otto M. J. Adang (1956) es científico conductual. Da clases de Gestión del Orden Público y el Peligro en la Academia de Policía de los Países Bajos desde el año 2004. A Adang le interesan la agresión, la reconciliación y el comportamiento colectivo en relación con el orden público. Desde el año 1998 ha sido jefe de investigación del programa de Gestión de la Violencia y el Peligro en situaciones conflictivas, que creó él mismo y que estudia la interacción entre la policía y los ciudadanos.