Clara Luz Flores Carrales: “Es necesario que se sistematicen y profesionalicen las corporaciones”.

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Presidenta municipal de Escobedo, Nuevo León, México. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza, España.

 Ha ejercido como conferenciante en materia de Seguridad Ciudadana y ha participado en varios cursos de Alta Gerencia Pública.

Ha participado como observadora en la implementación del Modelo de Justicia Cívica en Nueva York y como expositora en Barcelona, España.

De su trayectoria destaca el hecho de ser una de las primeras alcaldesas en lograr la reelección en todo México. En diferentes periodos, ha sido elegida en tres ocasiones como presidenta municipal de General Escobedo, Nuevo León.

Ha sido reconocida por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal al elegir el Modelo de Seguridad Escobedo para la implementación en todo México como estrategia para la prevención y reducción de la violencia, y la erradicación de la “fábrica de delincuentes”.

¿Qué hace que una persona como usted, con una sólida posición social, decida concentrar su actividad política en la lucha contra el delito, la violencia y la extorsión, llegando incluso a poner en riesgo reiteradamente su vida (y la de algún descendiente)?

Me parece que como ciudadanos debemos estar y aportar para que nuestro entorno sea mejor, que dejemos la apatía y seamos proactivos, por eso mi convicción por participar, para hacer desde donde yo esté un entorno de calidad de vida, paz y tranquilidad para mi familia, para mis vecinos, para mi municipio, para mi estado y por supuesto, para mi país.

Usted es, en estos momentos, toda una autoridad en materia de políticas de seguridad ciudadana, pero no solo en su estado, Nuevo León, sino en todo México, ya que ha sido nombrada presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad. ¿Qué cree que aporta su estrategia de seguridad que la hace aparecer como una alternativa, quizás incluso como una esperanza, para las políticas de seguridad de todo México?

Para mí la clave es que esta propuesta busca resolver el origen del problema de inseguridad: evitar que nuestros niños y jóvenes vean como alternativa el camino de la delincuencia y, por otra parte, que nuestra estrategia es integral y contempla desde la prevención hasta la salvaguarda de la integridad física de las personas y sus bienes sustentados en el análisis y la investigación, orientado a una justicia social donde la policía tenga la confianza de la ciudadanía.

Ninguna persona significativa en el campo de la seguridad cuestiona la gran labor que está llevando a cabo el general Lara a la hora de transformar totalmente la policía de Escobedo, haciéndola mucho más próxima al ciudadano y al mismo tiempo más eficaz en la lucha contra el crimen. Sin embargo, algunos consideran una cierta decepción que usted viera como única solución al problema de seguridad de Escobedo buscar un militar de alto rango para liderar el proyecto. ¿Qué les diría a estos críticos?

Yo les diría que la incorporación de un militar a la conducción de la secretaría se da en un contexto de violencia extrema. A partir de ahí tanto la estrategia como las habilidades de los mandos policiacos y sus líderes han ido evolucionando a través del entrenamiento y la capacitación, de tal forma que hoy la corporación es otra desde la cabeza hasta el último elemento.

Otro elemento para haber tomado esa decisión es que la formación militar y su férrea disciplina dan como resultado individuos ordenados y entregados por convicción a las tareas que se les encomienda. Además las personas tienen distintas capacidades para aprender y evolucionar y en el caso del general ya tiene una combinación de policía y militar dando un valor interdependiente entre una y otra.

¿Cómo ve desde su doble atalaya (alcaldesa de Escobedo y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad) el futuro de México en materia de seguridad? ¿Qué tiene que suceder para revertir la creciente, en los últimos años, espiral de violencia que azota el país? ¿Qué fórmulas hay que aplicar a nivel federal para acompañar experiencias tan positivas como la que usted lidera a nivel municipal? ¿Es la nueva Guardia Nacional una solución?

Que se sistematicen y profesionalicen las corporaciones, que los procesos y procedimientos estén periódicamente evaluados, a nosotros eso nos ha dado resultado. El implementar un modelo adecuado a cada municipio es vital porque si el municipio toma su responsabilidad iniciamos un círculo virtuoso donde desde el municipio, luego el Estado y la Federación, quien por cierto está consciente y lo acepta, hacen su labor para revertir este problema.

Me parece que se están dando pasos hacia la dirección correcta para salir de esa espiral. Estoy convencida que el modelo de policía municipal que está por implementarse en el país, así como los programas para frenar la violencia familiar y social, cuentan con la experiencia recogida y los elementos metodológicos para lograrlo.

La guardia es un elemento más de un conjunto de acciones que deben estar articuladas desde los municipios, como el modelo de policía municipal y la capacitación de los elementos entre otros.

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Willy Demeyer: “La seguridad no es el resultado de una sola política”

Abogado de formación, empieza su trayectoria política en 1988.

Desde 2014 hasta noviembre de 2017, Willy Demeyer, en su calidad de diputado federal, fue miembro de la Comisión de Interior y de la Comisión de Investigación federal sobre los atentados de Bruselas del 22 de marzo de 2016.

El 8 de marzo de 2017, la ciudad de Lieja se comprometió con un nuevo proyecto participativo, como una extensión del proyecto de la ciudad iniciado en el 2003.

En su calidad de ciudad centro del distrito, Lieja preside Liège Metròpole (Conferencia de distrito de los burgomaestres de 24 municipios y del Colegio provincial).

Lieja preside igualmente el Foro Europeo para la Prevención y la Seguridad Urbana, que reúne cerca de 350 ciudades europeas en torno a las temáticas de seguridad urbana.

¿Cómo ve la seguridad europea? ¿Cuáles son los peligros y cuáles son los miedos? ¿Hay una correlación?

En estos últimos años, el contexto económico mundial ha sufrido numerosos sobresaltos, que han facilitado la vuelta de las teorías proteccionistas y la emergencia de los populismos.

Los desafíos para Europa hoy son importantes. Uno de los más importantes es sin duda la polarización, que representa un riesgo importante para nuestras sociedades.

Otros problemas urgentes están relacionados con esta, como las desigualdades sociales y económicas que debilitan la cohesión social, la radicalización que conduce al extremismo violento. La cuestión de los flujos migratorios merece igualmente respuestas mucho más adaptadas en términos de integración social y de servicios esenciales como el alojamiento o la educación. Finalmente, la cuestión del envejecimiento no tiene que ser olvidada.

Ciertos cargos electos tienen una responsabilidad política enorme en la manera cómo presentan actualmente Europa. Esta, según su opinión, ya no es un instrumento para proteger a las poblaciones y los estados, sino, al contrario, es un elemento desestructurador y autoritario. Según ellos, eso interfiere en la libre elección de los estados miembros e impone directrices a los ciudadanos.

Estos discursos tienen consecuencias importantes sobre la percepción que los ciudadanos tienen de su vida, de su sentimiento de seguridad y de sus perspectivas de futuro.

Ante este fenómeno, de manera progresiva, las autoridades locales tienen que marcar la diferencia, definir políticas de prevención y de seguridad respetuosas con las normas y los valores democráticos, refiriéndose al principio de solidaridad.

Es la apuesta del Manifiesto del EFUS, adoptado en Barcelona en noviembre de 2017. Traduce estas evoluciones y propone una visión global, holística de la seguridad urbana.

¿Las ciudades pueden afrontar solas los desafíos de seguridad actuales? ¿Cuál tiene que ser el papel de las regiones y de los estados?

Por supuesto que no. La seguridad no es el resultado de una sola política. Es el resultado de la coherencia de todas las políticas desarrolladas en los diferentes peldaños.

Es la razón por la que presentamos nuestro Manifiesto “Seguridad, democracia y ciudades” a las instituciones nacionales y europeas. En efecto, numerosos fenómenos se manifiestan localmente, pero son transnacionales por naturaleza. Por lo tanto, requieren igualmente una respuesta a escala mundial. Es necesario, pues, implicar a todos los niveles de gobernanza.

Los miembros del EFUS presentan una visión optimista de la seguridad, basada en el respeto de los derechos humanos y la coproducción. El Manifiesto presenta nuestros compromisos y recomendaciones sobre una quincena de temáticas vinculadas a la seguridad urbana, entre otros: prevención de la radicalización violenta, uso de las tecnologías en la prevención, diversificación de los actores de la seguridad…

Es un documento fundamental para el Foro. Constituye una fuente de inspiración, de soporte y ayuda para las autoridades locales y regionales en la concepción y la promoción de su política de seguridad.

Europa es actualmente muy diversa. ¿Cuál es el desafío para mantener la seguridad urbana? ¿Evitar políticas y situaciones de discriminación que pueden provocar violencia o, como muchas voces indican, la expulsión o la reducción radical de los emigrantes?

Estamos inquietos ante la persistencia de las desigualdades sociales y económicas. Era un desafío hace 30 años, en el momento de la creación del EFUS, pero estos últimos años se ha acentuado.

Las causas son múltiples: diversidad y fluidez de las poblaciones urbanas (sobre todo los migrantes, los turistas y los usuarios de la ciudad tanto de día como de noche), así como una falta de coherencia a veces entre las políticas locales, nacionales y europeas.

Abordar estas desigualdades es fundamental porque alimentan un resentimiento que puede conducir a la violencia y a la delincuencia. Una de las manifestaciones recientes más inquietantes de este resentimiento es el extremismo violento, que adopta numerosas formas y puede provocar un sentimiento de impotencia entre las autoridades públicas.

En este sentido, consideramos que es esencial que las autoridades locales y regionales se nieguen a dejar que el miedo dicte su respuesta. Incluso si el extremismo violento puede suscitar un sentimiento de urgencia, no tenemos que ceder a la trampa de la instantaneidad: instantaneidad en la palabra, en la acción y en los resultados.

¿Cuál es el papel del EFUS en la seguridad urbana europea? ¿Facilitar el simple intercambio de las experiencias o promover políticas de seguridad basadas en principios democráticos y de cohesión social? ¿Hay un modelo de seguridad EFUS?

Las autoridades locales y regionales se benefician de la confianza de los ciudadanos. Por su proximidad, comprenden mejor sus expectativas. A menudo son más ágiles que las instituciones estatales a la hora de establecer políticas innovadoras, flexibles y, sobre todo, adaptadas a los públicos locales.

Somos cada vez más reconocidos por los responsables políticos internacionales. Nuestra posición de primera línea en la gestión de la seguridad, de situaciones de crisis y nuestra capacidad de actuación lo hacen posible.

Es alentador pero tenemos que sacar las conclusiones necesarias. Nuestros poderes son todavía demasiado limitados para llevar a cabo plenamente nuestras misiones. Es esencial que nuestro papel sea reconocido en los textos oficiales. Se tienen que establecer mecanismos de financiación adecuados. Y tenemos que participar sistemáticamente en la toma de decisiones nacionales y europeas.

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Paul van Soomeren: “La seguridad pública y las políticas de seguridad se parecen a un péndulo de relojería”

Paul van Soomeren (1952) es fundador de la oficina de asesoramiento DSP, con sede en Amsterdam (www.DSP-groep.eu). Antes de empezar –con Bram van Dijk– con esta oficina, trabajó unos años en la oficina nacional de prevención de delitos en los Países Bajos. Paul es experto internacional en la prevención de delitos mediante diseño ambiental (CPTED). En este momento Paul trabaja con la estandarización de CPTED y participará –con la Generalidad de Cataluña– en el proyecto de la UE www.cuttingcrimeimpact.eu durante los próximos tres años.

¿Qué opinas de las tendencias actuales con respecto a las políticas de seguridad pública? ¿No crees que se centran excesivamente en el castigo? ¿Estamos retrocediendo? ¿Existen los enfoques ambientales en los debates políticos?

La seguridad pública y las políticas de seguridad se parecen a un péndulo de relojería: en los años 60 y 70 había un enfoque reactivo y represivo hacia los delitos, en los años 80 y 90 la prevención de los delitos tenía más peso, y el enfoque ha vuelto al de antes con la llegada del nuevo milenio. Me da la impresión de que la prevención vuelve a estar ‘en vogue’ otra vez. El castigo y los enfoques reactivos no son los más efectivos ni los más eficaces. Es un enfoque hacia los delitos que sale muy caro. Claro está que hacen falta 2 personas para bailar un tango: un enfoque reactivo se basa en coger al delincuente y castigarlo, pero también supone prevención. Desde un enfoque de coste-beneficio la prevención es más barata y, por lo tanto, es un enfoque mucho más eficaz. Como soy holandés detesto ver cómo se malgasta el dinero. A la hora de evaluar siempre miramos las diferencias coste-beneficio.

¿Qué actor público (local, regional, estado, Europa) entiende mejor la importancia del diseño urbano para prevenir los delitos y construir ciudades seguras? ¿Cuál de estos está mejor posicionado para aplicar los principios que eso supone?

No es cuestión de ‘o’ sino de ‘y… y’. Por lo tanto, no es ‘europeo o nacional o local’. La prevención de los delitos mediante diseño urbano, planificación y gestión (garantizado por Design/CPTED) es posible a cada nivel: europeo, nacional, regional, local y, por último, pero no menos importante, a nivel de barrio. Se aplica el mismo principio a todas las estrategias para prevenir los delitos. Las mejores opciones surgen cuando los niveles trabajan juntos de verdad; cuando  se apoyan y se favorecen los unos a los otros. Aunque estamos acostumbrados a hablar de conceptos como multiorganismos y enfoque de asociación, hoy en día todavía definimos eso de una manera demasiado horizontal al mismo nivel geográfico, al mismo nivel de gobernantes. Sería mejor estudiar este tema de una manera vertical: ¿cómo pueden, por ejemplo, normas y estándares europeos ayudar a un país? ¿Cómo pueden las leyes y el esquema facilitar acciones para prevenir delitos locales? ¿Cómo pueden las autoridades facilitar la prevención de los delitos a nivel de barrio? Lisa y llanamente: enfoques de multiorganismos horizontales y cooperación de gobernantes vertical. Este es el gran valor añadido.

¿Cómo tendría que contribuir el sector privado (de una manera amplia, no solo la seguridad privada, sino todas aquellas que no son públicas) a un diseño urbano dirigido a mejorar la seguridad?

El sector privado ya incorpora la prevención de los delitos mediante el diseño y la planificación. Por ejemplo, a base de hacer que los productos sean impermeables a las actividades delictivas. Mira el móvil con una función de seguimiento, los coches con un sistema para inmovilizar o la seguridad incorporada por la arquitectura y el diseño. Y, por supuesto, hay mucha presión por parte de las compañías de seguros para reducir los riesgos. Investigaciones holandesas y británicas recientes indican que el concepto ‘hipótesis de seguridad’ puede explicar la reducción de los delitos que estamos presenciando en estos momentos en muchos países modernos e industrializados. Eso supone una combinación de prevención de los delitos a nivel privado y público. El diseño, la planificación, la gestión y la cooperación son claves.

Algunos barrios antiguos de las ciudades han llegado a ser zonas degradadas con una población marginada (normalmente se trata de inmigrantes pobres). ¿Qué políticas se tendrían que aplicar para reconducir esta situación? ¿La gentrificación es una solución?

Como geógrafo, urbanista y demógrafo no creo que la gentrificación sea la solución. La gentrificación completa como aquella que vemos en unas cuantas capitales europeas no es una solución sino que llega a provocar problemas como la segregación y una falta de integración. Mi solución sería mezclar a la gente. ¡Mezclar al máximo! No casa por casa quizás, pero en función de grupos de casas –como por ejemplo bloques de viviendas– como si fuera un tablero de ajedrez. De esta manera, el mismo tipo de gente podría quedarse junta y ayudarse mutuamente y, así, la ciudad entera podría llegar a ser una mezcla bonita. Las diferencias y la diversidad hacen que las ciudades sean atractivas y también efectivas. La innovación proviene de la diversidad. En el país donde vivo yo –los Países Bajos– las asociaciones de viviendas tienen un papel importante. Más o menos la tercera parte de todas las viviendas en los Países Bajos pertenecen a asociaciones de viviendas –en las grandes ciudades hasta 4 de cada 10. Y es difícil distinguir entre las viviendas privadas y las de alquiler y las sociales. Todas las categorías de viviendas se mezclan. Es una manera muy buena y efectiva de alojar a la gente. Eso supone la mejor versión de la planificación urbana. No es una cuestión policial sino una iniciativa por parte de asociaciones de viviendas y autoridades locales.

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Albert Vilatarsana: “La tecnología tiene que ser un instrumento transformador de las organizaciones policiales”

Albert Vilatarsana i Silvestre es director del Área de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat e intendente jefe del Servicio de Policía Local. Licenciado en Criminología, se doctoró en Derecho Público Global, con una tesis sobre el sistema de policía de Cataluña.

Colaborador habitual del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en varios tipos de cursos y profesor asociado a la Universidad de Barcelona en su Grado de Seguridad. Participa en el Foro Europeo de la Seguridad Urbana (EFUS) como representante del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y forma parte del Comité Ejecutivo del Foro Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

Usted llevó a cabo su tesis doctoral sobre el sistema de policía de Cataluña y, además, tiene una dilatada experiencia profesional como jefe de policía local. En estos momentos se ha reanudado la iniciativa para elaborar un proyecto de ley del sistema de policía. ¿Cuáles serían los mínimos que esta ley tendría que recoger? ¿Cuáles son desde su punto de vista las necesidades más inminentes del sistema de policía que es necesario afrontar y resolver?

Dos aspectos centrales que responden a la necesidad, no solo de coordinar, sino de ordenar:

  1. Los elementos estatutarios propios de las policías locales y los comunes con el cuerpo de Mossos d’Esquadra: disponer de un Estatuto único para las policías locales de Cataluña sobre condiciones laborales (modalidades horarias, sueldos, relación de puestos de trabajo, permisos, compatibilidades, riesgos laborales, jubilación, carrera profesional…), acceso y promoción, régimen disciplinario, la figura del/de la jefe/a de policía, movilidad interpolicial, edad y titulación de ingreso, excepcionalidad de los interinajes, segunda actividad, armamento policial y pruebas de capacitación…
  2. Los elementos propios del sistema: financiación; autoridades en materia de policía; creación de órganos del sistema (por ejemplo, una Dirección General de Policías Locales); repensar los órganos de coordinación (juntas locales, mesas de coordinación operativas, convenios de colaboración); abordar la formación policial; establecer un catálogo de funciones; definir cuál es el servicio básico garantizado de policía; incorporar a los vigilantes como policías locales; compartir una central de compras, asuntos internos, selección, recompensas, investigación; una aplicación policial de gestión de servicios común…

¿Cree que las innovaciones tecnológicas pueden mejorar la gobernabilidad y la eficacia de la policía? ¿En qué aspectos y con qué requerimientos?

La tecnología, al servicio de las necesidades públicas, tiene que ser un instrumento transformador de las organizaciones policiales. La eficiencia y la eficacia será difícil conseguirlas con un incremento del número de policías (como nos indican las tasas de encuadre existentes). A través de la innovación tecnológica hay que mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía en aspectos como la comunicación bidireccional (redes sociales…), tiempo de prestación de servicios; la gestión de las organizaciones policiales (compras, salas de mando, aplicaciones informáticas, uso de aparatos móviles –tabletas, ordenadores en vehículos policiales…); mejorar la prevención mediante la incorporación de algoritmos predictivos; uso de sistemas de videovigilancia; reconocimiento de vehículos y personas; gestión del orden público, etc.

¿Cómo ve usted la participación de actores no policiales en el mantenimiento de la seguridad? ¿Qué actores ve necesarios y bajo qué condiciones?

Lo veo necesario e imprescindible para garantizar los mejores estándares de seguridad (objetiva y perceptiva). Hay que incorporar personal especializado (que lo hará mejor que un policía) como personal facultativo y de back-office, con todas las garantías públicas y de confidencialidad. La propia gestión administrativa de las organizaciones policiales, la vigilancia patrimonial, el soporte, los traslados policiales; expertos en ámbitos de la investigación y dirección, formación, etc. serían algunos ejemplos. Hay que incorporar también la seguridad privada en estos aspectos. En cualquier caso, el liderazgo y la responsabilidad tienen que ser públicos.

¿Cuáles serían las tres características o cualidades más destacables que deberían tener las organizaciones policiales para hacer frente a los retos actuales y futuros en materia de seguridad?

  1. La incorporación de la mujer y otras personas que pertenezcan a minorías de nuestra sociedad. Las organizaciones policiales tienen que ser un reflejo de la comunidad a la que sirven.
  2. La incorporación de las tecnologías (de comunicación, gestión, aparatos, aplicaciones informáticas…) como un elemento transformador de las organizaciones y que mejore la prestación de servicios.
  3. Un sistema de policía para Cataluña que permita ordenar las prioridades en atención a las necesidades, un sistema que sea adaptativo a los cambios existentes, un sistema que regule, un sistema que gestione los aspectos globales y los locales.

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Joan Figuera: “Somos una policía de referencia, robusta y profesional”

Comisari Joan Figuera LópezComisario Joan Figuera López desde 2009, nacido en Barcelona el año 1961, es licenciado en Ciencias de la Comunicación (UAB) y master en Políticas Públicas de Seguridad (UOC). Ingresó en el cuerpo de Mossos d’Esquadra en la primera promoción – este año ha hecho 35 -. Durante su larga e intensa carrera profesional ha trabajado, entre otros servicios, en seis de las nueve regiones policiales. Actualmente es el jefe de la Sala Central de Mando.

¿Con los años que hace que entró en la Policía de la Generalidad – Mossos d’Esquadra (PG-ME) y en las categorías y destinos en que ha trabajado, cómo ve la evolución de este cuerpo policial los últimos años?

¡A lo largo de estos años hemos desarrollado un cuerpo de policía desde casi cero! La primera promoción fue el inicio de lo que hoy somos. Durante estos años hemos pasado por diferentes fases de desarrollo y por varias “crisis de crecimiento”, lógicas y necesarias para llegar donde estamos hoy, en las puertas del tricentenario del cuerpo. Ahora somos una policía de referencia, robusta y profesional, capaz de hacer frente a las demandas más exigentes de una sociedad moderna y desarrollada como la nuestra.

Nuestra etapa contemporánea, la situamos en el año 1979 con la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña. En aquel momento, el cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME), formado por casi un centenar de agentes, únicamente garantizaba la seguridad de los edificios institucionales y la del presidente y el Gobierno de la Generalidad. Definimos aquella época como una etapa simbólica y de recuperación (de 1979 a 1984). El 1 de junio de 1983 se incorporan al CME 260 policías, y se convierte en una policía funcional que asume las competencias de la Generalidad de Catalunya en materia de seguridad. El cuerpo crea las brigadas del juego y espectáculos, menores, medio ambiente, salud pública y ámbito penitenciario, y la primera unidad de información. Todos estos servicios dan notoriedad y prestigio al CME. De 1994 a 2008 llega el esperado despliegue de sustitución, que establece la PG-ME como una policía integral en todo el territorio de Cataluña. Esta es la etapa nuclear de nuestra función y nuestra razón de ser como policías. Durante este periodo, el CME se desarrolla, se profesionaliza y madura, y llega a la cifra de más de 17.000 agentes. Durante la última década – una vez finalizado el despliegue de sustitución- vivimos una etapa de tránsito (de 2009 a 2015), que va desde el “post-despliegue” en que todavía faltaba acabar de construir la estructura interna, el estilo organizativo y una metodología, hasta la robustez organizativa y operativa que hoy tenemos.

¿Considera que el cuerpo de Mossos d’Esquadra actualmente ya está viviendo un cierto relevo generacional? ¿Habría que articular medidas para hacer frente al envejecimiento progresivo del cuerpo?

El relevo generacional es necesario en todas las organizaciones. También en la nuestra. Hay que conducirlo con inteligencia y no se puede hacer de cualquier modo. Las organizaciones y la policía, y en concreto el CME, tiene que aprovechar todo el conocimiento adquirido y el valor añadido que proporciona la experiencia de los que tienen una larga carrera profesional. ¡No hacerlo puede ser un error vital! Un buen mando es aquel que demuestra resolver los problemas de seguridad en tiempo de crisis y en situaciones adversas. ¡En condiciones de “confort”, cualquiera es bueno! Hay que conducir bien esta experiencia para que revierta en los más jóvenes, que tendrán que conducir el CME las próximas décadas. Este es el nuevo reto estratégico de hoy.

¿Qué retos afronta la PG-ME en los tiempos que vienen y qué capacidades tiene para hacerle frente?

El reto esencial son las políticas públicas y las estrategias policiales para hacer frente a la delincuencia común y al crimen organizado en cada uno de sus niveles. Aquí es necesario un trabajo transversal, entre el Departamento de Interior con la PG-ME y las corporaciones locales de las ciudades más importantes, que orienten su guardia urbana o policía local a generar sinergias más productivas, más allá de sus competencias y mandatos. Hay que fomentar y generar una “política criminal” más eficaz por parte de todos los operadores.

Evidentemente, el terrorismo al nivel que hoy estamos viviendo es otro reto importantísimo. Cataluña, desde el punto de vista geoestratégico, está situada en un lugar preferente y la capital, Barcelona, es un reclamo por su grandeza, diversidad y notoriedad universal. El cuerpo ha hecho y está haciendo un esfuerzo muy importante, tanto en materia de prevención como de reacción a un nuevo episodio de drama y terror como es un atentado.

Internamente ya hace unos años que hemos llegado a la madurez organizativa, y eso nos ha traído normalidad. Desde esta estabilidad y robustez, hemos podido afrontar los retos de seguridad que se nos han presentado. El caso más evidente es la gestión del atentado del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Tenemos muchos otros retos: el tráfico, el incivismo, la segunda actividad, etc., y otros muy importantes y trascendentes que superaremos desde la conciencia y la profesionalidad.

¿Cómo cree que se tendría que articular el sistema de policía de Cataluña?

¡Es una buena pregunta! Se puede responder a ella de distintos modos, todo depende del desarrollo estratégico que decidamos, o lo que se decida políticamente. La pregunta es: “¿Hacia dónde queremos ir?”. Creo que los policías tenemos mucho por decir. Somos unos cuantos los que hemos vivido todo este proceso de desarrollo del cuerpo de Mossos y las policías locales. Partimos de dos leyes, la de 1991 de las policías locales y la de 1994 del cuerpo de Mossos d’Esquadra, y de la Ley del sistema de seguridad pública de Cataluña (2003), en el marco del Estatuto de autonomía.

Personalmente, pienso que tendríamos que trascender, superar el modelo actual, empezando por el buen trabajo que ya se ha hecho desde el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) en la formación básica conjunta y los cursos de mandos y de especialidad. Ahora habría que fijar unos mismos criterios de selección para policías y para mandos. La selección y la formación tendrían que ser responsabilidad del ISPC. Partiríamos de unos policías de base con los mismos valores, actitudes y aptitudes. Una vez superado el curso y con el título de policía o del grado de mando en la mano, podrían optar a las plazas de cualquier policía local que, con una entrevista de idoneidad final, podrían optar a la plaza o al municipio deseado y, después de un periodo de prácticas, obtendrían la plaza fija. Habría que incorporar un sistema de pasarela de un cuerpo a otro. De policía local a los Mossos d’Esquadra y viceversa, con un plan de carrera con especialidades y categorías que permitiera la movilidad de los funcionarios, con un sistema mínimo de permanencia y algunas reservas por especialidades.

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Conrad J. Fernández i Justes: “hay mucha sensibilidad por el incremento de la violencia en las intervenciones”

Conrad J. Fernández i JustesSuperintendente jefe en la Guardia Urbana de Badalona. Presidente de la ACCPOLC. Doctor en Sociología, licenciado en Antropología, master en Estudios Policiales, diplomado superior en Criminología y en Aptitud Pedagógica por la Universidad de Barcelona y diplomado en Función Gerencial de las Administraciones Públicas por ESADE.

¿Qué balance hace de la situación actual de la seguridad en Badalona?

Badalona es una ciudad de gran complejidad, configurada por barrios de idiosincrasia muy diversa, situada en un entorno metropolitano de gran alcance. Las estadísticas hacen patente que se encuentra en consonancia con el resto del área metropolitana, con pequeñas fluctuaciones que varían de un año a otro. Podemos decir que tanto la seguridad vial como la seguridad ciudadana son óptimas o muy razonables.

¿Y del trabajo conjunto de la Policía Local con los Mossos d’Esquadra?

Badalona fue la primera ciudad del área metropolitana en que se desplegaron los Mossos d’Esquadra. Como las instalaciones no se habían construido aún, se alojaron en unos módulos ubicados en el interior del recinto de la Guardia Urbana. Desde el principio, se utilizaron muchos espacios de manera conjunta, lo que facilitó el conocimiento mutuo entre agentes de ambos cuerpos y posibilitó pensar en realizar servicios conjuntamente. Cuando los Mossos tuvieron su propia comisaría, se creó una sala conjunta de comunicaciones, donde agentes de ambos cuerpos gestionaban las demandas de servicios. Actualmente la sala ya no existe, pero tenemos un sistema de patrullas Tándem (integradas por un agente de cada cuerpo) que nos da muy buen resultado. Estamos muy satisfechos del trabajo conjunto y seguiremos explorando nuevas formas para conseguir una seguridad más eficiente.

¿Cuáles considera que pueden ser los problemas más preocupantes actualmente para un policía en Badalona?

Desde el punto de vista de la seguridad, hay mucha sensibilidad por el terrorismo yihadista y por el incremento de la violencia en las intervenciones. Desde el punto de vista corporativo, preocupa mejorar la imagen de la policía, lo que se considera un exceso de politización del servicio, también la burocracia excesiva y, muy especialmente, la renovación de la plantilla. La Guardia Urbana tiene cada vez una media de edad más elevada y los agentes se encuentran expectantes ante una posible jubilación a los 60 años. Eso también daría más opciones de carrera profesional a los agentes que tienen aspiraciones a ocupar cargos de mando.

¿Cómo cree que se tendría que articular el sistema de policía de Cataluña?

Soy partidario de algo parecido al modelo belga, adecuándolo a nuestra realidad. El año 2003 tuve la oportunidad de visitar a la policía holandesa y a la belga. El modelo holandés se había articulado en torno a regiones policiales autónomas y con una llamada “región de apoyo” para las demás. En Bélgica se acababa de poner en marcha un modelo llamado “de integración”. Una policía en Bélgica y dos niveles de servicio, federal y local, absolutamente integrados, con estatuto único de la policía para su regulación, instituciones comunes, flexibilidad y pasarelas entre cuerpos. Desde el primer momento pensé que aquello podría ser el referente para Cataluña.

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Jaume Bosch: El concepto “Policía de Cataluña” es una realidad, pero incompleta

Jaume Bosch, coordinador de projectes transversals i d’impuls d’accions formatives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)Es coordinador de proyectos transversales y de impulso de acciones formativas del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC). Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB). Master “La ciudad: políticas, proyectos y gestión” por la UB. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Fue el primer subdirector general de Coordinación de las Policías Locales. Ha sido concejal, vicepresidente de la Diputación de Barcelona y diputado en el Parlamento de Catalunya. Autor de varias publicaciones, la última: Del Estatuto a la autodeterminación (2013).

¿El concepto “Policía de Cataluña” introducido por la Ley 4/2003 es más un desiderátum que una realidad?         

Hoy el concepto “Policía de Cataluña” es una realidad, pero incompleta. La idea de que es Policía de Cataluña la que depende de las instituciones catalanas, Generalitat y ayuntamientos, o sea, la Policía de la Generalitat − Mossos d’Esquadra y policías locales, nació en los años ochenta a partir del modelo diseñado por Jaume Curbet. Expresaba una voluntad política inequívoca de construcción de una herramienta fundamental para el autogobierno del país. Se impulsaron algunos mecanismos legales imprescindibles para construir sistema: la primera Ley de coordinación de las policías locales (1984), sustituida luego por la Ley de 1991; la Ley de creación de la Escuela de Policía de Cataluña (1985), años después derogada por la Ley del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (2007) y la Ley de la Policía de la Generalidad − Mossos d’Esquadra (1994), y, más tarde, la Ley del sistema de seguridad (2003).  Estas leyes están hoy día superadas por la realidad, y la política de coordinación de las policías locales no ha dispuesto, a pesar de la voluntad de sus responsables sucesivos, de los recursos humanos y económicos que exigía la apuesta por un sistema de policía.

¿Qué reformas hay que introducir en el sistema de policía de Cataluña para responder adecuadamente a los retos de la seguridad ciudadana? ¿Conoce iniciativas que se estén poniendo en práctica en otros lugares que serían útiles en nuestro país?   

Nos hace falta la tantas veces anunciada Ley del Sistema de Policía de Cataluña. Es verdad que dentro del marco jurídico actual se podrían impulsar algunas de las iniciativas que necesitamos, pero no es menos cierto que hay tres factores que hacen imprescindible una ley: la aprobación del Estatuto de 2006, con nuevas competencias para la Generalidad en materia de seguridad (incluidas la definición del cuerpo de Mossos d’Esquadra como policía integral y la ordenación de las policías locales, no la simple coordinación); la finalización el año 2008 del despliegue territorial del cuerpo de Mossos sustituyendo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, y la aparición de nuevas formas de delincuencia, incluida la nueva amenaza terrorista. La única ley posterior al Estatuto es la del Instituto de Seguridad Pública. Es necesario un nuevo texto legal que supere las leyes de 1991 y 1994, y que actualice el marco estatutario de los Mossos y las policías locales, con una parte común para ambos cuerpos y una parte específica para cada uno. Estos últimos años, otras comunidades han seguido avanzando y ahora van por delante de nosotros: el País Vasco, con la convocatoria unificada de policías locales este curso; las nuevas leyes de Navarra (2015), aunque algunos de sus artículos hayan sido anulados por el Tribunal Constitucional; la Comunidad Valenciana (2017); las Baleares (2017) o la Comunidad de Madrid (2018). Desgraciadamente, hemos dejado de ser pioneros.

¿Cuál debe ser la responsabilidad de los municipios en el mantenimiento de la seguridad?         

Los municipios tienen definidas sus competencias y el papel de los alcaldes y alcaldesas y de las juntas de seguridad locales. Los planes locales de seguridad son una buena herramienta. Pero es necesario que la Generalidad ayude a los municipios, especialmente a los medianos y pequeños. Existen 214 cuerpos de policía local. Hoy el marco constitucional no permite la fusión de Mossos y policías locales, y dudo de que esta fuera la solución. Pero es imprescindible que las 214 policías locales, manteniendo su dependencia municipal, actúen, cada vez más, a través de mecanismos que unifiquen, ordenen y dignifiquen su papel.

¿Está bien diseñado el rol del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña o habría que hacer cambios para fomentar una mejora del sistema de Policía? ¿Haría falta algún órgano más de “sistema”?                                                                                    

La Ley de 2007 es muy avanzada, define el Instituto como mucho más que una simple suma de escuelas y se adapta al nuevo Estatuto: es un buen instrumento, que prevé, por ejemplo, que el Instituto actúe en materia de selección de las policías locales, tal como empiezan a hacer las comunidades que he mencionado antes, o que intervenga en el ámbito de la seguridad privada. El hecho de que ahora sea un centro adscrito a la Universidad de Barcelona e imparta el grado en seguridad tiene una gran trascendencia. Pero el ISPC necesita recursos económicos para mantener y actualizar las instalaciones y para impulsar mucho más la investigación; debería convertirse en un punto de referencia europeo en la reflexión e investigación sobre algunos temas: me atrevería a sugerir la mediación policial o la lucha contra la violencia machista.

Por otra parte, la nueva ley tendría que crear nuevos órganos para integrar mejor a las policías locales en el sistema: una mesa negociadora de las condiciones laborales en el ámbito nacional, una unidad centralizada de asuntos internos, una unidad central de compras de material… Hay muchas propuestas para construir un auténtico Sistema de Policía de Cataluña. Ojalá que, cuando las circunstancias lo permitan, empecemos a recuperar el tiempo perdido, a partir del consenso institucional y político que debe inspirar las políticas públicas de seguridad.

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Elizabeth Johnston: “Es esencial una política de seguridad sostenible”

Elizabeth Johnston, Delegate-General of the European Forum for Urban Security (Efus)Como delegada general del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), Elizabeth Johnston es responsable de la estrategia y el desarrollo de EFUS, junto con el Comité Ejecutivo, así como de la gestión general de la organización. También es delegada general del Foro Francés para la Seguridad Urbana desde febrero de 2016.

Por otra parte, es miembro del Consejo Asesor del Parlamento Mundial de Alcaldes y colaboradora de la Universidad de Lieja (Bélgica). Anteriormente, y tras iniciar su carrera en una comunidad local, Elizabeth Johnston fue directora del Programa de la Fundación Franco-Americana y experta en prevención de violencia del Banco Mundial. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Assas (Francia), en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale (USA) y en Políticas Públicas por la Universidad de Marne-La-Vallée (Francia).

¿Cuáles serán los retos de la seguridad urbana en las próximas décadas? ¿Nos podría comentar los cuatro riesgos más importantes para la seguridad urbana para los próximos años?

Uno de los retos principales en materia de seguridad que afecta a todas nuestras ciudades europeas es la complejidad creciente y la rápida evolución de las amenazas a que se enfrentan. Aparte de los problemas cotidianos de seguridad, que siguen siendo importantes, nuestras ciudades gestionan las consecuencias de fenómenos globales que van mucho más allá: el tráfico de personas y de bienes, las redes terroristas, la ciberdelincuencia, etc. Estos fenómenos exigen a las fuerzas de seguridad ser altamente técnicas y tener capacidad de innovación y adaptación, lo que sacude los marcos administrativos habituales e impone nuevos partenariados y nuevas formas de plantear la seguridad.

Otro gran reto es el aumento de la desigualdad social y económica: alimenta un resentimiento que puede convertirse en violencia y delincuencia y debilita la cohesión social, que es la única garantía de una seguridad sostenible. Estas desigualdades también contribuyen al fenómeno de la polarización y dificultan todavía más la construcción del bien común de la seguridad.

Vinculadas a este fenómeno de polarización en relación con el de la globalización de los problemas, las ciudades tienen que hacer frente a una desconfianza por parte de los ciudadanos que es cada vez mayor con respecto a su acción pública. Construir y cultivar una relación de confianza entre las autoridades públicas y los ciudadanos es esencial para aplicar una política de seguridad sostenible, y, por eso, las ciudades también tienen que innovar en términos de transparencia, diálogo e, incluso, coproducción.

¿Cuál tiene que ser el papel de la ciudadanía en materia de seguridad urbana? ¿Se trata del rol de destinatario del servicio de seguridad pública?

Como toda política pública, las medidas de prevención y seguridad urbana tienen que definirse en función de las necesidades de los ciudadanos. Cada barrio, cada ciudad es diferente y sólo implicando plenamente a los habitantes podremos proponer respuestas adecuadas. Las personas tienen que participar en todas las etapas de nuestras políticas: diseño, aplicación y evaluación. Uno de los principales retos actuales es el de basar la participación ciudadana en los principios de solidaridad y representatividad para tener en cuenta a la sociedad en toda su diversidad. Las mujeres, la gente mayor y también los jóvenes no pueden ser sólo objetivo de las políticas de seguridad: tienen que convertirse en agentes de prevención y desarrollar plenamente su papel en la coproducción.

¿Todavía hay lugar para el Estado en materia de seguridad urbana o es un tema que debe tratarse desde las comunidades locales y en el ámbito internacional?

Las autoridades locales han demostrado durante muchos años que son actores esenciales para actuar sobre el entorno vital, sobre la seguridad cotidiana de los habitantes de las ciudades. Fenómenos como el extremismo violento o el crimen organizado tienen repercusiones que sobrepasan las fronteras regionales y nacionales. A menudo son el resultado de redes muy ágiles que se despliegan por toda Europa e, incluso, a escala internacional. Todos los niveles de gobierno tienen que trabajar unidos para poder adoptar respuestas complementarias. Además, actualmente, los gobiernos nacionales y europeos hacen que los entes territoriales sean muy dependientes, tanto desde el punto de vista económico como de legislación, de otros niveles de gobierno.

¿Cuáles son los protagonistas de la seguridad urbana? ¿Qué papel juegan la policía y la justicia?

La policía, la justicia y las instituciones penitenciarias tienen un papel clave en la seguridad urbana. No obstante, otros actores como las instituciones locales, la sociedad civil o el sector privado también juegan un papel clave, dando forma al concepto de “coproducción”. Las instituciones policiales y judiciales tienen que adaptarse a estos partenariados desarrollando doctrinas de trabajo y formando a sus funcionarios.

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La legitimación de la policía: ¿una cuestión clave?

Sebastian Roché es director de investigación del CNRS (Ciencias Políticas, Universidad de Grenoble). Es profesor de la Escuela Nacional Superior de Policía y de las universidades de Grenoble y de Bahcesehir, en Estambul. Su trabajo se centra en la medida de la delincuencia, el análisis de las políticas públicas de seguridad y la gobernanza comparada de la policía. También es consultor de las Naciones Unidas. Entre sus publicaciones, podemos encontrar: De la police en démocratie [“La policía en democracia”] (Grasset, 2016).

Doctor Roché, ha publicado un libro muy interesante, De la police en démocratie, donde habla de la legitimación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la legitimación de la policía?

La legitimación de la policía es el derecho moral que se le otorga para que se haga obedecer. Tiene dos aspectos. En primer lugar, al reconocer este derecho moral a la policía, el ciudadano siente la obligación de obedecerla, y lo hace voluntariamente, es decir, sin tener que prometerle nada (por ejemplo, más seguridad) o sin necesidad de amenazarlo (por ejemplo, con sanciones). Esta primera vertiente es la que normalmente se estudia. A continuación, encontramos que este derecho moral de hacerse obedecer que se otorga a la policía se traduce en un acuerdo en el uso de medios, a veces, ilegales y violentos. Este segundo aspecto, que podríamos denominar “la cara oculta de la legitimidad”, se estudia menos, pero no es menos real: es, por ejemplo, lo que explica el apoyo de los norteamericanos blancos a la policía cuando matan a un ciudadano negro.

¿Creéis que la legitimación tiene consecuencias prácticas en el trabajo diario de la policía? ¿No se trata de una pregunta retórica que sólo interesa a los intelectuales?

Es probable que la legitimidad de la policía tenga efectos prácticos, pero hay que reconocer que no están bien demostrados. La idea principal es que la confianza favorece el hecho de reconocer una legitimidad a la policía, y que esta última favorece la obediencia voluntaria de los ciudadanos, una adhesión a las demandas de los agentes, incluso cuando ello no agrada a los ciudadanos, y formas de cooperación, especialmente el hecho de presentar denuncias cuando somos víctimas, informar de los problemas, participar en asociaciones locales; en resumidas cuentas, de comprometerse a colaborar con los agentes de policía. El beneficio más destacado sería la disminución de las tensiones cotidianas y la seguridad de los agentes.

¿Qué pueden hacer los poderes públicos para mejorar la legitimación de la policía? ¿Quiere decir que no se trata de un tema histórico y cultural imposible de cambiar?

La investigación de legitimidad pasa por la investigación de la satisfacción con respecto al servicio prestado y un tratamiento igualitario. Son estas actitudes las que favorecen la confianza. Se trata de una cultura profesional, que puede evolucionar, y es necesario que evolucione, en función de la sociedad que lo rodea. Un ministerio del interior puede establecer su investigación de la calidad, dotarse de las herramientas de formación y después de las herramientas para controlarla, y utilizarlas para calificar a los agentes. Así, las prácticas evolucionarán.

¿Qué pensará un policía francés cuando lea su libro? ¿Cree que se sentirán satisfechos del retrato que les hace? ¿Pensaría diferente, si fuera policía?

Creo que los policías no leen demasiada sociología. Puedo entenderles. Si lo hicieran, se sorprenderían de la importancia que doy a la confianza y a la legitimidad. En efecto, su cultura profesional se basa sobre todo en el derecho, y en un aprendizaje práctico de la imposición a la gente de su visión de las cosas, más que no en el arte del diálogo. Es eso lo que sus colegas con experiencia valoran durante la formación inicial sobre el terreno. Pero creo que una parte de los policías ha entendido la importancia de la relación entre la policía y la población, y la necesidad de hacerla ir adelante.

¿Cree que los datos policiales (estadísticas criminales, sobre incivismo e incidentes de los cuales la policía debe responder, número de policías, etc.) tendrían que ser públicas, estar disponibles en línea? ¿Es una condición/exigencia democrática?

Sí, sería conveniente que las bases de datos fueran accesibles. De este modo podríamos hacer evolucionar los análisis basándonos en datos objetivos. Sería lo más normal, ya que son los ciudadanos quienes las pagan.

¿Piensa que la tendencia actual a multar más y limitar los derechos de los ciudadanos pone en riesgo la legitimación de la policía? ¿Cree que es eficaz?

Ante la amenaza terrorista, los gobiernos se sienten obligados a aumentar los poderes de la policía. La razón es principalmente política: se trata de una estrategia para evitar recibir críticas por parte de la oposición. No tenemos pruebas de la eficacia de una legislación más severa con respecto a la criminalidad pequeña y mediana, aunque los policías sean muy a menudo favorables a este tipo de acercamiento. Con respecto a los jóvenes, sabemos que la severidad penal incluso aumenta la reincidencia. Eficacia práctica y eficacia política son dos cosas bien diferentes.

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Thomas Feltes: “El dilema seguridad – libertad es una quimera”

Thomas FeltesThomas Feltes (1951) es catedrático de Criminología y Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania. Desde 2005, imparte clases de Derecho y es responsable del master avanzado de Criminología, Estudios Criminalísticos y Ciencia Política. De 1992 a 2002, fue director de la Universidad de Ciencias Policiales Aplicadas de Villingen-Schwenningen, Alemania. Thomas Feltes se doctoró en Derecho y tiene un master en Ciencias Sociales de la Universidad de Bielefeld, Alemania. De 1979 a 1992, realizó investigación criminológica y docencia en las facultades de Derecho de Bielefeld, Hamburgo, Heidelberg y Tübingen. Feltes forma parte de la junta científica de la Sociedad Internacional de Criminología. Es coautor y editor de más de 200 libros y artículos sobre la profesión de policía, el derecho juvenil, el hecho de sentenciar, las penas alternativas y la fiscalía pública, y es editor de Polizei Newsletter, un boletín electrónico mensual que se publica en cuatro idiomas (entre ellos, el castellano). A partir de 2018 será el representante alemán en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT).

Profesor Feltes: Últimamente ha insistido en la necesidad de integrar distintos actores para mantener los niveles de seguridad dentro de un marco razonable. Esta postura corresponde a una persona con una larga trayectoria de responsabilidades en el sector público y resulta un poco sorprendente. ¿Por qué motivo tendríamos que transformar el monopolio tradicional del Estado en el campo de la seguridad en una coproducción de seguridad con actores que posiblemente no tienen intereses públicos? ¿Eso no supone la privatización de las tareas policiales?

De hecho, la privatización de las tareas policiales ya existe desde hace muchos años y no hay un monopolio tan claro, en realidad. Expertos en criminología hablan de plural policing, una reflexión sobre el hecho que no sólo las compañías privadas de seguridad trabajan para individuos y corporaciones, dado que las corporaciones tienen su propio sistema de seguridad e, incluso, su propio sistema de procesamiento, con castigos y represalias internos. La profesión policial trabaja cada vez más con otras agencias gubernamentales, el tercer sector, organizaciones comunitarias y el sector privado, y tienen que cooperar. Por ejemplo: si hablamos de policía comunitaria, muchos actores locales y privados participan en este sistema para mejorar la relación entre la policía y los ciudadanos, y para mejorar la sensación de seguridad en una comunidad local. El factor principal: el Estado tiene que controlar los diferentes esfuerzos policiales, sea quien sea el actor o sea donde sea.

Ha trabajado durante muchos años en el mundo de la seguridad de los partidos de la Bundesliga (y del fútbol en general). ¿Le parece que eso es un buen ejemplo de una coproducción privada-pública de seguridad? ¿Cómo evalúa su experiencia en este campo? ¿Le parece que hemos encontrado una fuente de progreso? ¿Cuáles son los factores clave que deberíamos considerar?

Los partidos de fútbol son un buen ejemplo de la práctica policial plural. Tal como podemos ver al analizar las estructuras de seguridad de un partido normal, se implican hasta 30 proveedores de seguridad diferentes: desde el DFB hasta el DFL, y desde los sistemas de transporte público hasta la policía local y los clubs locales. Estos últimos normalmente tienen su propio cuerpo de seguridad, que es el responsable dentro del estadio, y personal de seguridad contratado, responsable, por ejemplo, de controlar las entradas. Todos ellos tienen que cooperar muy de cerca con la policía local y la policía federal. Antes del partido, se suele convocar una reunión sobre la seguridad, para tratar las diversas responsabilidades y la estrategia global con respecto a las prácticas policiales a adoptar.

¿Se puede aplicar la coproducción a cualquier política pública? ¿Lo aplicaría a la gran oleada de refugiados que ha llegado recientemente a Alemania? Por cierto, ¿no supone un riesgo alto para la seguridad interna? ¿Es sensato permitir la entrada a una cantidad tan grande de refugiados?

La coproducción de seguridad forma parte de nuestro trabajo diario. Agentes de seguridad privados trabajan en centros comerciales, en estaciones ferroviarias y en el metro, y tienen la responsabilidad de proteger edificios tanto privados como gubernamentales. Con respecto a los refugiados, la seguridad de los campos y los edificios donde viven corresponde a las compañías de seguridad privadas. La policía no tiene suficiente personal para ocuparse de esta tarea y, además, es demasiado caro. La selección y el control son los problemas que surgen con los agentes de seguridad privados. Después de algunos escándalos, parece que este problema se ha resuelto. Los candidatos se revisan, tienen más formación y se controlan más ahora. Los refugiados no cometen más delitos que la población alemana equivalente, si tenemos en cuenta el sexo y la edad. Y la mayor parte de los delitos cometidos por los refugiados se producen entre ellos mismos (debido a algún incidente en el campo) o tienen relación con leyes sobre extranjería.

¿Cómo evalúa la oleada actual de legislación dura (al restringir los derechos humanos) con el objetivo de combatir el terrorismo? ¿Es ética? ¿Es necesaria? ¿Es útil? ¿Le parece que el presunto dilema seguridad−libertad es real o sólo un argumento para procurar que se acepten estas restricciones a los derechos humanos?

En realidad, se trata de una política puramente simbólica. Los políticos reciben una enorme presión por parte de la ciudadanía y los medios. Estas leyes no hacen frente en absoluto al terrorismo, pero los políticos piensan que es la única manera de hacer que el ciudadano piense que son capaces de actuar. Sí que tenemos unos buenos proyectos para impedir que los jóvenes se incorporen a grupos terroristas o a entornos controlados por el islam radical, pero estos programas sólo tienen un efecto a medio o largo plazo. El llamado “dilema seguridad−libertad” es una quimera: vivimos en sociedades y en comunidades que son más seguras que nunca (la tasa de delincuencia va a la baja desde hace tiempo), pero nuestros ciudadanos se sienten más alienados que nunca. Los motivos son múltiples: el concepto de la auténtica Unión Europea está desapareciendo, los efectos negativos de la globalización tienen más presencia, la gente está envejeciendo y se siente menos segura debido a unos sistemas sanitarios en declive y unas pensiones inciertas. Y, finalmente: los políticos no hacen que los ciudadanos se sientan capaces de hacer frente a todos estos problemas; parecen más bien un grupo de pollos corriendo sin cabeza… La gente está perdiendo confianza en la política, y podemos ver los resultados por doquier, con partidos de derecha que tienen cada vez más adeptos.

Páginas web:

www.thomasfeltes.de

www.rub.de/kriminologie

www.police-newsletter.com

www.krimlex.de

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