Juanjo Medina es investigador distinguido senior de Talentia, adscrito al Departamento de Derecho Penal y Ciencias de la Criminalidad de la Universidad de Sevilla. Anteriormente, trabajó como profesor titular de Criminología cuantitativa y jefe del Departamento de Criminología de la Universidad de Manchester hasta agosto de 2020. Fue presidente de la Sociedad Española de Criminología de 2016 a 2020.

1. ¿Cuáles son los elementos definitorios de un modelo policial?

Creo que ésta es una cuestión muy importante y que, pese al uso frecuente de los términos “modelos policiales”, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en ella. Kelling y Moore (1988) posiblemente todavía representan el esfuerzo más conocido por hacerlo de manera sistemática. Hablaron de 7 dimensiones: fuente de legitimidad, definición del papel policial, diseño organizativo de los departamentos, relaciones con la comunidad, naturaleza de los esfuerzos policiales por comercializar o gestionar la demanda de sus servicios, tácticas y medidas de éxito consensuadas. Y, centrándose en la experiencia histórica norteamericana, distinguen entre los modelos políticos, reformistas/profesionales y comunitarios/de resolución de problemas. Guillen (2016), siguiendo a Bertaccini, analiza cómo el término “modelo policial” se utiliza a menudo como “punto de referencia” para mejorar las formas pasadas de pensar y organizar la policía, lo que Wood y Shearing (2007) discuten como “oleadas de reforma policial”. Así, en muchos aspectos, toda la discusión sobre modelos hasta ahora ha tenido una clara dimensión política y aspiracional. Parece que se trata más de cómo quisiéramos que fuera la policía que de un concepto que se ha utilizado para medir la diversidad de modelos: cómo varían las organizaciones policiales entre las jurisdicciones nacionales o regionales. Sin descartar la relevancia de este uso del término “modelo policial”, como empirista creo que sería útil empezar a pensar en dimensiones relevantes que podrían utilizarse para caracterizar los modelos existentes y sus diferencias, de una forma más rigurosa y fundamentada.

2. ¿Cuál de los modelos policiales existentes cree que es el mejor para mantener una convivencia pacífica y una sociedad segura?

¡Supongo que mi respuesta anterior me pone en una posición incómoda para responder a ésta! No estoy del todo seguro de poder responder de forma rigurosa cuáles son los modelos de policía que se pueden encontrar en todo el mundo, sin importar cuál es el mejor. Aquellos de nosotros que hemos trabajado en varios países y conocemos diferentes instituciones policiales a nivel internacional somos conscientes de algunas de las diferencias más visibles, así como de algunas de las similitudes. Pero debemos continuar los pasos de David Bayley para intentar realizar una comparación empírica transnacional más sistemática si realmente queremos identificar claramente estos modelos. Buena parte de las discusiones sobre la reforma ha sido impulsada por la clave de la beca policial norteamericana, que se enfrenta a los intereses de maximizar la efectividad de la reducción de la delincuencia (a través de puntos calientes, resolución de problemas, etc.) a la vez que se minimizan los costes sociales y distribuidos desigualmente de las tácticas propuestas. Para conseguir esto último, necesitamos una mejor comprensión del alcance total de estos costes. Pero debemos ir más allá de este tipo de discusiones en cualquier caso. La policía es más compleja que una agencia de lucha contra el crimen. Para mí un buen modelo es aquél que se debate democráticamente y es apoyado por la ciudadanía. Como se ha señalado anteriormente, debemos considerar diferentes elementos (naturaleza del papel policial, tácticas, mecanismos de rendición de cuentas, naturaleza y contenido de la formación, grado de diversidad, etcétera muy largo). En España, estamos muy atrasados en realizar este debate. Iniciativas como las tomadas en el Parlamento de Cataluña, pero también el posicionamiento de diferentes ONG y de españoles más críticos con la policía, son un buen primer paso para dar este debate, que espero que tenga protagonismo. El problema que tenemos aquí es si la clase política será suficientemente madura y responsable para seguir ese camino.

3. Más allá del control judicial, ¿qué supervisión externa deberían tener las organizaciones policiales? ¿Qué consecuencias tienen estos controles?

Mi opinión es que en términos de responsabilidad y aportación democrática, debemos pensar más allá de los mecanismos formales de disciplina (sean internos, judiciales o externos). También necesitamos una policía más plural, con más personal civil y mayor diversidad entre sus filas. Necesitamos colaboraciones entre la policía y la academia. Necesitamos periodistas que se tomen en serio el papel de informar sobre la policía, en lugar de solo informar sobre delitos graves o emocionales. Debemos repensar significativamente cómo queremos que sea la formación policial y quién debe impartirla, creo que es importante que haya más implicación de la comunidad en esta etapa. Protocolos internos mucho mejores para incidentes críticos y datos mucho más rigurosos y abiertos sobre estos incidentes. Me encantaría algo como las inspecciones británicas en España, para que hubiera una auditoría adecuada de la actuación policial y la calidad del servicio en todo el país. Necesitamos comisiones parlamentarias capaces de trabajar conjuntamente para encontrar alguna forma de acuerdo sobre los pasos a realizar. Y ministros que no temen criticar su propia fuerza cuando se dedican a prácticas inaceptables. Si lo único que tenemos en España, además de la justicia, es el Defensor de los Derechos Humanos, debemos dotar a esta institución de más dientes de los que tiene actualmente.

4. ¿En qué circunstancias la policía debe cambiar de modelo si no se considera válido y quién debe encargarse del cambio: profesionales, gobierno o ciudadanos?

Deberíamos hacer lo que pide la ciudadanía, el gobierno debería facilitarlo y los profesionales, junto con los académicos, deberían informarlo todo sobre los matices, las dificultades y los retos de las reformas propuestas. En definitiva, los profesionales deben entender que en una democracia sirven al público, no al revés, y que no pueden ser una barrera para el cambio. Dado que un número importante de españoles adultos ni siquiera nacieron cuando el modelo actual se enmarcó en la Ley orgánica 2/1986 y cómo ha cambiado el mundo desde entonces, así como los numerosos problemas con la llamada “Ley mordaza”, se podría decir que las circunstancias para establecer un nuevo contrato social sobre el modelo policial ya están presentes en la sociedad española.

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