Nora Miralles Crespo: “La introducción y la normalización de tecnologías de vigilancia masiva y biometría nos hacen vivir bajo un control y falta de privacidad permanentes”

Nora Miralles Crespo: Periodista. Máster en Género, Conflicto y Derechos Humanos por la Ulster University (Belfast) y Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la UAB. Investigadora en género, seguridad, militarismo y derechos humanos en el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) y Shock Monitor, así como en el Centro Delàs de Estudios por la Paz. Asesora e investigadora del área Alternativas de Seguridad del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP). Activista de base en distintos movimientos sociales.

1. ¿Qué estrategias está utilizando la policía en el ámbito del orden público?

En general, considero que existen dos tendencias estratégicas en tensión o divergentes a la vez en lo que se refiere al ámbito del orden público. Una de ellas es la apertura a otras visiones sobre la seguridad, que toma fuerza y cuerpo con la introducción de herramientas como la mediación, la policía de proximidad o de barrio o los programas de mentoría juvenil, que impactan en el orden pero que parten de un enfoque preventivo y una comprensión más profunda de las causas de los conflictos sociales. La otra, por el contrario, estaría alineada con el proceso de expansión acrítica de funciones policiales y el abordaje securitario de fenómenos que antes no llegaban a ser considerados como problemas o desafíos al orden público. Esta última tendencia se ha traducido, entre otras cosas, en un perjuicio evidente de derechos ciudadanos como la libertad de expresión y protesta y manifestación. Una tendencia que también se materializa en la introducción y normalización de tecnologías de vigilancia masiva y biometría que nos hacen vivir bajo un control y falta de privacidad permanentes, sin que su uso esté justificado, ni debidamente regulado, y en la expansión de el uso de armamento (supuestamente) no letal en cada vez más contextos.

2. ¿Es posible adoptar un método preestablecido de actuación teniendo en cuenta los distintos tipos de protestas y las distintas evoluciones que pueden tener?

Sin duda, si el objetivo es actuar en línea con el respeto a los derechos humanos y fundamentales de la ciudadanía, no parece recomendable establecer un método invariable de actuación, que no nazca de un análisis y una reflexión previas sobre cómo abordar el conflicto de la forma más proporcionada y menos lesiva posible, en cada momento y escenario concretos. Las protestas sociales son reacciones naturales a las decisiones de quien confecciona las políticas públicas, son una forma diría que normal y democrática de expresar descontento o divergencia. El primer problema, bajo mi punto de vista, es demonizar la protesta social, de modo que acabe siendo lógico y habitual que cualquier manifestación o acto político en el espacio público cuente con una nutrida presencia no de patrullas de seguridad ciudadana, sino de unidades de mantenimiento del orden público, como si manifestarse fuera de por sí una alteración del mismo. Por otra parte, las acciones violentas en protestas son minoritarias y casi nunca dirigidas contra otras personas, sin embargo no parece que a menudo la respuesta se adecue a la proporción y gravedad de los hechos.

3. ¿Cuáles son las condiciones que deberían darse para que en el transcurso de una concentración o movilización el derecho a manifestarse que se está ejerciendo debiera interrumpirse o limitarse?

Para mí, la diferencia la marca sin duda el riesgo hacia la integridad o la vida de otras personas, pero hablo de un riesgo real, no de un baremo arbitrario mediante el que interrumpir todas aquellas movilizaciones que critican el orden establecido o que emiten mensajes que no interesan, en un amplio abanico de sentidos.

4. ¿Qué responsabilidad deberían tener los convocantes de una manifestación respecto al control de la movilización y las consecuencias no deseadas por sí mismos?

Considero que es peligroso e, incluso, un punto hipócrita pretender responsabilizar a la ciudadanía que se organiza para convocar una manifestación de todo lo que ocurra, mientras que por otra parte se la ha desresponsabilizado en las últimas décadas de prácticamente todo lo que tenía que ver con la intervención social y comunitaria, porque ya interesaba que todo lo colectivo se guiara y controlara desde la Administración. O otorgas responsabilidades a la ciudadanía o la desresponsabilizas totalmente, pero hacerlo sólo cuando interesa cargar unos disturbios a alguien es claramente una forma de limitar libertades civiles. Consigues que las pocas rendijas de colectividad desaparezcan por miedo a la represión penal y administrativa.

5. ¿Qué instrumentos cree que son aceptables utilizar en las manifestaciones con cierto grado de violencia para devolver la paz social con el menor daño posible? ¿Cañones de agua, por ejemplo?

Evidentemente, un cañón de agua será menos lesivo –siempre en principio– que una lanzadera, pero una mediación bien dirigida siempre será menos incendiaria que cualquier mecanismo represivo. La conflictividad social, incluidas las expresiones violentas en las manifestaciones, deben abordarse prioritariamente con carácter previo y estructural, ya que nacen de la reacción a las discriminaciones y violencias que genera un sistema socioeconómico cada vez más desigual. Por tanto, las respuestas represivas en el contexto concreto de una manifestación son una reacción impotente a un problema mucho más profundo, construyen una falsa paz social, considerando ésta como la falta de conflicto en el espacio público, únicamente. Pero las violencias sociales no desaparecen, simplemente se enquistan, se canalizan en otros ámbitos como el privado o cristalizan en un aumento de las violencias en la comunidad y la familia. En cuanto a las mal llamadas “armas no letales”, me gusta mucho la reflexión que hace Paul Rocher en su libro Gasear, mutilar, someter. La política de las armas no letales, publicado recientemente por Katakrak, sobre cómo este tipo de mecanismos considerados menos lesivos, además de ser cuestionables en cuanto al daño que pueden causar (mutilaciones e incluso, sí, la muerte), terminan siendo utilizados no para gestionar conflictos en los que antes se utilizaba armamento más peligroso, sino aquellos en los que no se utilizaba ningún tipo de arma.

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