Ralph Roche es abogado, especializado en derechos humanos, administración judicial y policía. Cuenta con amplia experiencia en Irlanda del Norte y la región de los Balcanes occidentales, donde ha trabajado para los servicios policiales y como consultor del Consejo de Europa. De 1998 a 2005, vivió en Bosnia y Herzegovina, y prestó sus servicios en un tribunal de derechos humanos, la Oficina del Alto Representante y la Comisión Europea. Desde entonces, ha trabajado para el Servicio de Policía de Irlanda del Norte como asesor jurídico de derechos humanos y para las Cámaras Especialistas de Kosovo en La Haya como jefe de la división de servicios judiciales.

Es coautor del manual del Consejo de Europa “The European Convention on Human Rights and Policing” (Convenio europeo de derechos humanos y policía).

1. ¿Qué estrategias está utilizando la policía en el ámbito del orden público?

Los servicios policiales deberían adoptar un enfoque flexible cuando traten eventos de orden público. La protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas por manifestaciones y otros eventos de orden público debería ser el centro de cualquier estrategia. El cumplimiento de los principios de derechos humanos permite a los servicios policiales aplicar una serie de enfoques claros, basados en la extensa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Debería disponerse de un análisis estratégico global, alimentado por información relevante y actualizado sobre cuestiones tales como las amenazas y los riesgos, y las causas y temas probables de cualquier problema de orden público. Hecho esto, permite desplegar los recursos adecuados (tanto humanos como técnicos) e implementar respuestas operativas planificadas en posibles escenarios.

Es fundamental que la policía adopte un enfoque neutral, que no prohíba de forma efectiva la expresión de opiniones de los manifestantes que ellos o el público puedan encontrar ofensivas. Éste es un requisito clave de una sociedad democrática, tal y como ha confirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en muchos casos. Por ejemplo, se ha constatado que las prohibiciones rotundas o la imposición de obstáculos burocráticos en las protestas son violaciones de los derechos a la libertad de asociación y expresión. Aunque la policía no siempre es responsable de tomar estas decisiones, en los casos en que lo sean, debería procurar que las decisiones se tomen de forma defendible, de acuerdo con la legislación local y los principios generales de los derechos humanos. La policía del Reino Unido ha adoptado el National Decision-Making Model (modelo de toma de decisiones a nivel nacional), que proporciona un marco para tomar decisiones en todos los ámbitos de la actividad policial. Es un modelo sencillo y eficaz, y cuando lo adoptan todos los elementos de la policía implicados en una operación proporciona una comprensión común de cómo deben tomarse y aplicarse las decisiones. Coloca la ética y los estándares profesionales en el centro, incorporando una serie de principios clave, como la responsabilidad, la equidad y el respeto. He participado personalmente en una serie de operaciones policiales dinámicas y complicadas en las que una amplia gama de unidades policiales lo han utilizado para tomar decisiones rápidas y efectivas que garantizaban la protección de los derechos de todas las personas afectadas por la operación.

Otro requisito clave es que la policía vea que su papel es la protección de los derechos de los miembros del público. La policía en una sociedad democrática no debe verse como un instrumento del poder del Estado, sino como defensora de los derechos de los participantes en actos públicos. La policía no trata de controlar, sino de facilitar el ejercicio de las libertades democráticas. Esto también ayudará a mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía.

2. ¿Es posible adoptar un método preestablecido de actuación teniendo en cuenta los distintos tipos de protestas y las distintas evoluciones que pueden tener?

En mi opinión, no es posible que la policía adopte un enfoque predeterminado en las manifestaciones y otros acontecimientos públicos. Cada manifestación o evento de orden público es diferente y debe tenerse en cuenta según sus propias características. Aunque la policía puede y debería confiar en la información obtenida a partir de eventos similares anteriores, debería examinar la información disponible para cada evento individual y adaptar su respuesta en consecuencia. El hecho de que un evento anterior pueda haber provocado desórdenes (por ejemplo, entre grupos rivales) no es en sí mismo un motivo para restringir o prohibir eventos futuros. La naturaleza dinámica de la sociedad hace que los eventos y los participantes cambien con el tiempo.

Obviamente, la policía debería planificar posibles escenarios durante las manifestaciones, y ejemplos anteriores de manifestaciones son un buen punto de partida para ello. Como dicen a menudo los agentes de policía, si fracasáis en la planificación, planificad el fracaso. Sin embargo, la planificación es una ayuda para la toma de decisiones, no un fin en sí mismo. Como se ha dicho anteriormente, un análisis estratégico global ayuda a permitir que la policía se prepare para posibles escenarios. También permite a la policía entrenar a los agentes en las tácticas necesarias, así como en la negociación, la participación y la recogida de información.

Otra razón práctica por la que la policía no debería adoptar un enfoque predeterminado es que las personas que quieren causar desórdenes pueden conocer pronto cuáles son estos enfoques y aprender a socavarlos. Si la policía utiliza las mismas tácticas repetidamente, los que quieran atacar a la policía pueden aprender de ellas y desarrollar formas de perjudicar o herir a la policía.

3. ¿Cuáles son las condiciones que deberían darse para que en el transcurso de una concentración o movilización el derecho a manifestación que se está ejerciendo debiera interrumpirse o limitarse?

Cualquier restricción o limitación del derecho de protesta es una injerencia grave en una serie de derechos humanos.

Entre ellos, los derechos a la libertad de expresión y de asociación, así como el derecho a manifestar las propias creencias. La acción policial también puede acarrear el derecho a no sufrir tratos inhumanos y, en casos extremos, incluso el derecho a la vida. Sin embargo, existen circunstancias en las que se requiere una actuación policial, por ejemplo, para garantizar el derecho a protestar o proteger los derechos y libertades de los demás. Las intervenciones durante un evento son más difíciles y suponen amenazas adicionales para la seguridad de los participantes, así como para la vida y seguridad de los agentes de policía.

Las restricciones deben tener una base legal: debe haber una disposición en la legislación nacional que permita su imposición. Cualquier restricción debe ser impuesta para un objetivo legítimo. En la práctica, las restricciones se imponen con mayor frecuencia para prevenir el crimen o el desorden, o para proteger los derechos de los demás. Otro tema clave es que las restricciones deben ser proporcionadas. Por ejemplo, detener una manifestación por una infracción leve o técnica puede no ser necesario en una sociedad democrática. Hay muchas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se impusieron restricciones en base a cuestiones mucho menores, y es evidente que a menudo se hace como un medio para suprimir la expresión de ideas que las autoridades no quieren que se expresen.

Para justificar una intervención durante un evento, es necesario que haya una razón clara para hacerlo. Una obvia es que existe una amenaza para la seguridad de las personas (sean agentes de policía, participantes o la ciudadanía). La conducta de los participantes también podría justificar una intervención, por ejemplo si no se cumple alguna condición legal del evento. Por ejemplo, si la autoridad competente ha impuesto limitaciones a un evento, en principio deberían cumplirse. Sin embargo, el incumplimiento de ninguna limitación justifica, por sí solo, una intervención. Se realizará una evaluación de la necesidad de una acción inmediata. En muchos casos, una actuación posterior será suficiente para garantizar el cumplimiento de la ley.

Los distintos países tienen distintos enfoques para la regulación de las asambleas públicas. Por ejemplo, en algunos países, un alcalde u otro funcionario electo determina las condiciones en las que los eventos públicos pueden tener lugar. En Irlanda del Norte, cualquier persona que quiera organizar una manifestación pública debe informar a la Parades Commission, un organismo público establecido por ley. En los casos en que la responsabilidad principal recae en la policía, debe garantizarse que todas sus decisiones sean lícitas y no estén motivadas por ninguna motivación indebida, como la discriminación.

Las decisiones de intervención también pueden requerir la decisión de un organismo distinto a la policía. Esto puede ser problemático, puesto que los cargos electos pueden no estar en la mejor posición para entender las consecuencias prácticas de las decisiones de intervenir. En mi opinión, la policía, actuando dentro de un marco legal claro, y habiendo evaluado las circunstancias lo más ampliamente posible, es la mejor indicada para tomar decisiones. Aunque esto impone cargas importantes a la policía, también les ofrece la oportunidad de aplicar su profesionalidad y experiencia en un escenario práctico.

También es importante recordar que el incumplimiento de las condiciones impuestas a una manifestación no es, en sí mismo, motivo para intervenir. Si es poco probable que la desviación provoque lesiones o interrupciones indebidas, puede ser adecuado permitir que el evento continúe. Se pueden llevar a cabo investigaciones u otras acciones después del evento según sea necesario. La intervención contra manifestaciones en curso es una tarea muy complicada, y puede dar lugar a un importante uso de la fuerza y lesiones, tanto para los participantes como para los agentes de policía.

4. ¿Qué responsabilidad deberían por sí mismos tener los convocantes de una manifestación respecto al control de la movilización y las consecuencias no deseadas?

Organizar o participar en una manifestación implica responsabilidades. Los organizadores deben garantizar que la manifestación se mantenga dentro de la ley, así como que cumpla con los requisitos o limitaciones impuestas por las autoridades competentes. Si el organizador considera que estos requisitos son excesivos o, incluso, ilegales, debería procurar utilizar los recursos legales disponibles según la legislación local. Se debe evitar el incumplimiento de los requisitos durante una manifestación, ya que puede comportar consecuencias penales o de otros tipos. En cuanto a la responsabilidad de los organizadores por las acciones de los participantes en las manifestaciones, es importante que solo se les haga responsables de las acciones de las que sean responsables. Si las personas se unen a una manifestación con la intención de provocar desórdenes u otros delitos penales, los organizadores pueden tener muy poco poder para evitarlo. Si bien los comisarios y otros mecanismos de seguridad deberían existir como parte de una manifestación bien organizada, deben evitarse los principios de responsabilidad estricta u otros medios legales para responsabilizar a los organizadores de las acciones de otras personas, puesto que pueden suponer una restricción indebida al disfrute efectivo de la libertad de asociación.

Los organizadores también deberían relacionarse con la policía para hablar de temas de interés común. En Irlanda del Norte, la policía a menudo se pone en contacto con los organizadores de las manifestaciones para discutir cuestiones relevantes y para entender mejor las necesidades y expectativas de los manifestantes. Esto puede ayudar a evitar malos entendidos y crear un canal de comunicación para la implicación durante la manifestación. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que la negativa de un organizador a relacionarse con la policía puede ser una justificación para restricciones u otras medidas, cuando sea necesario.

5. ¿Qué instrumentos cree que es aceptable utilizar en las manifestaciones con cierto grado de violencia para devolver la paz social con el menor daño posible? ¿Cañones de agua, por ejemplo?

En caso de que se produzca un desorden, la policía debe disponer de una serie de opciones tácticas para hacerle frente. La primera táctica debería ser siempre la implicación, basándose en las discusiones previas con los organizadores y los participantes, tratando de identificar y abordar el problema. En situaciones en las que esto no es posible, se requieren opciones tácticas para el uso de la fuerza. Son muchas y variadas, incluyendo equipos de protección individual para los agentes, vehículos protegidos, barreras y dispositivos de comunicación. En casos de disturbios más graves, deberían estar disponibles otras opciones como cañones de agua o proyectiles menos letales. Sin embargo, es muy importante que se respeten las normas legales y de derechos humanos sobre el uso de estas tácticas. Esto requiere que se integren en los procedimientos operativos y la formación de la policía. Se necesitan cadenas de mando y responsabilidad claras para el despliegue y el uso de estas tácticas. Se debería establecer una sala de mando central, con información en directo, para grandes eventos donde la violencia o el desorden sea posible.

Varias normas internacionales regulan el uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales. Lo más importante en este contexto, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, exige que la fuerza letal sólo se utilice cuando sea absolutamente necesario para proteger la vida. Esto significa que esta fuerza solo debería utilizarse como último recurso, cuando no haya otra opción disponible. La jurisprudencia deja claro que las tácticas policiales no deben hacer que el uso de la fuerza letal sea inevitable o muy probable. Las alternativas menos letales (por ejemplo, las llamadas bean bags o proyectiles de pimienta) a menudo están disponibles para la policía, pero deben existir reglas estrictas en cuanto a su uso. Estas tácticas solo deben utilizarse contra agresores individuales, en lugar de contra una multitud en general. Opciones como el cañón de agua pueden ser útiles en situaciones en las que es necesario mantener la distancia entre grupos opuestos o evitar que una multitud avance más allá de un punto determinado.

El requisito general es que exista un enfoque “sistemático”. Esto requiere que solo los oficiales debidamente entrenados estén autorizados a llevar y utilizar métodos de aplicación de la fuerza, y que existan normas estrictas que regulen su uso. La operación policial debe ser comandada y controlada por agentes experimentados, trabajando conjuntamente con sus compañeros para asegurarse de que el nivel de fuerza utilizado sea el mínimo necesario para alcanzar el desdichado objetivo. Nunca se utilizará la fuerza para castigar, solo se utilizará para prevenir el desorden y devolver la situación a la normalidad lo antes posible.

En las operaciones policiales más efectivas de las que he formado parte, a menudo ofreciendo consejos en tiempo real a los comandantes a medida que se iba desarrollando la situación, formaban parte comandantes y oficiales debidamente entrenados, trabajando dentro de un marco legal y práctico claro, con objetivos estratégicos inequívocos en lo que respecta al resultado deseado. Algunas de éstas implicaban el uso de cantidades importantes de fuerza contra individuos violentos en circunstancias muy peligrosas.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français