Con esta operación se ha eliminado una herramienta de piratería capaz de dar el control remoto completo del ordenador de la víctima a los ciberdelincuentes. Ha sido el resultado de una operación internacional de la policía contra los vendedores y usuarios del troyano de acceso remoto de monitor IM-RAT.

La investigación, dirigida por la Policía Federal Australiana (AFP), con actividad internacional coordinada por Europol y Eurojust, tuvo como resultado una operación que involucró a numerosas agencias judiciales y policiales en Europa, Colombia y Australia.

La actividad coordinada de estas policías acabó con la disponibilidad de esta herramienta informática, que se utilizaba, como mínimo, en 124 países y se vendió a más de 14.500 compradores. IM-RAT actualmente ya no puede ser utilizado por quienes lo compraron.

La operación empezó hace meses, pero en junio de 2019 ya se ejecutaron órdenes de búsqueda en Australia y Bélgica contra los desarrolladores de IM-RAT. En noviembre se llevó a cabo una semana internacional de acciones que comportó la retirada de la infraestructura Imminent Monitor y la detención de los 13 usuarios más prolíficos del RAT. También se requisaron 430 dispositivos, de los cuales se está efectuando el análisis forense.

Este insidioso RAT, una vez instalado sin ser detectado, permitía que los ciberdelincuentes tuvieran la libertad de controlar a distancia la máquina de la víctima. Los piratas informáticos podían desactivar el software antivirus y anti software malicioso, hacer acciones como grabar, obtener datos y contraseñas y observar a las víctimas a través de sus cámaras web. Todo eso se podía hacer sin el conocimiento de la víctima.

Este RAT se consideraba una amenaza peligrosa debido a sus características, facilidad de uso y bajo coste. Cualquiera que tuviera la nefasta inclinación a espiar a sus víctimas o robar datos personales podía hacerlo por un importe aproximado de 25 dólares americanos.

La cooperación y coordinación efectivas entre todos los actores relevantes en la lucha contra la delincuencia son vitales para superar los obstáculos en las investigaciones en un mundo global y por la sofisticación técnica de este tipo de delitos.

Se cree que las víctimas son miles de personas, ya que los investigadores ya han identificado pruebas de datos personales robados, contraseñas, fotografías privadas, imágenes de vídeo y otros datos.

Para evitar la acción de estos tipos de programas, el público y las empresas pueden seguir sencillos pasos para protegerse del software malicioso, por ejemplo:
• Actualizar el software, incluido el programa antivirus.
• Instalar un buen cortafuego.
• No abrir ficheros adjuntos o direcciones de correo electrónico sospechosas, incluso si provienen de personas de nuestra lista de contactos.
• Crear contraseñas fuertes.

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Una operación conjunta de la policía coordinada en 19 países comportó la detención de 60 personas sospechosas de fraude. El objetivo principal de la acción en el ámbito del comercio electrónico (eComm 2019) es desmantelar las redes criminales sospechosas de fraude en la red mediante acciones coordinadas por la policía en la Unión Europea, seguida de una campaña de sensibilización.

La operación fue coordinada por el Centro europeo contra el cibercrimen (EC3) de Europol y recibió asistencia directa de las autoridades nacionales de la policía y del sector privado.

El fraude del comercio electrónico incluye transacciones ilegales o falsas hechas en plataformas, aplicaciones y servicios en red o a través de internet. Los defraudadores utilizan simplemente información de la tarjeta robada para comprar productos en las tiendas web.

Los sospechosos detenidos durante la operación –que tuvo lugar a principios de octubre de 2019– fueron responsables de casi 6.500 operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito comprometidas, con un valor estimado superior a 5 millones de euros.

Europol apoyó a las diferentes autoridades nacionales competentes durante las operaciones de sus respectivos países con soporte analítico y de intercambio de información. Para proteger a los clientes de pagos fraudulentos y asegurar un entorno en línea seguro, Europol también colaboró con bancos, empresas de tarjetas minoristas europeas de pago y empresas logísticas.

Las medidas de investigación revelaron que los estafadores individuales están conectados a grupos de criminalidad organizada y que han estado involucrados en otras formas de delitos, como el phishing, ataques de software malicioso, uso de pasaportes robados, blanqueo de capitales, creación de sitios web falsos y utilización de plataformas de redes sociales para hacer fraudes.

Este año se ha producido un aumento en el número de compras fraudulentas de servicios en red en lugar de bienes físicos: ello hace que sea muy complejo investigar por la dimensión virtual de este delito. Las compras fraudulentas de entradas, suscripciones y alquileres se hacen en línea, incluso mediante aplicaciones.

Algunas investigaciones muestran que los billetes ferroviarios reservados fraudulentamente (con datos de la tarjeta de crédito sustraídos) se venden a terceras personas que después podrían utilizarlos para cometer otros delitos.

En este caso, se señalaron más de 1.000 reservas fraudulentas, con una pérdida económica de unos 70.000 €. Otro modus operandi es comprar vales con tarjetas de crédito comprometidas y obtener después un reembolso con un método de pago diferente.

Muchos sitios web y cuentas de redes sociales se utilizan para crear tiendas en línea de forma fraudulenta o comprar productos electrónicos. La facturación para los sospechosos puede ser de hasta mil millones de euros en todo el mundo cada año. Los defraudadores utilizan datos de tarjetas de crédito robadas, obtenidas en la web oscura o a través de software malicioso o ataques de phishing, para comprar productos.

Siempre es mejor prevenir un delito, en vez de tener que solucionarlo. Esta acción operativa ha ido seguida por una campaña de prevención y sensibilización, #BuySafePaySafe. Hay varias medidas de orientación que se pueden seguir para evitar ser víctima de un fraude:

• Asegurarse de que el dispositivo que se utiliza para hacer compras en línea está configurado correctamente y que la conexión a internet es segura.
• Utilizar una tarjeta es un método de pago en línea seguro siempre que se tenga el mismo cuidado que en otras compras.
• Hay señales sencillas de aviso que pueden ayudar a identificar las estafas. Si se es víctima de un fraude en la red, hay que denunciarlo a la policía. Si se ha comprado el producto con una tarjeta de crédito o de débito, también hay que informar al banco.
• Consultar a menudo el servicio de banca en línea.

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Estados Unidos ha reconocido la mejora del clima de seguridad en el Salvador y ha reducido el nivel de alerta de viaje de sus ciudadanos.

El Salvador tiene una alerta de viaje de nivel 2,[1] lo cual se considera un avance positivo para el país y un reconocimiento a sus esfuerzos y cambios en el clima de seguridad en el país centroamericano.

El presidente del Salvador, Nayib Bukele, destacó que ningún gobierno anterior al suyo había conseguido la retirada de la alerta de no viajar al país centroamericano por su inseguridad. Y es que cuando Bukele tomó juramento como presidente del país –el 1 de junio de 2019– se producían una media de 9,2 homicidios diarios. Ya en agosto de este año se registró la cifra más baja de homicidios desde los acuerdos de paz de enero de 1992, con 4,2 muertes violentas al día.

El año 2018, Estados Unidos emitió una alerta de nivel 3, y recomendó a sus conciudadanos que reconsideraran los viajes al Salvador y que tomaran las medidas de precaución adecuadas a causa del clima de inseguridad por todo el país. El gobierno de Bukele ya había solicitado a los funcionarios norteamericanos, en varias ocasiones, una rebaja del nivel de alerta por los primeros resultados de reducción de los homicidios con el Plan de control territorial.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, consideró la decisión norteamericana de histórica y cree que ha llegado el momento de atraer a más turismo, promocionando y posicionando los atractivos del país, así como dinamizar la economía.

El criminólogo y experto en temas de seguridad y de bandas juveniles Ricardo Sosa destacó la importancia de esta valoración del gobierno de Estados Unidos después de revisar los indicadores del país. Sosa considera que todos los delitos de alto impacto tienen una tendencia a la baja, principalmente en el ámbito de la violencia homicida. Y considera positivo que, con los últimos datos criminológicos positivos, el Salvador aumenta las posibilidades de atraer inversiones extranjeras.

Con todo, hay que mencionar que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha conseguido acuerdos de cooperación con Estados Unidos para contener la emigración irregular que salía desde el país centroamericano y, según estimaciones de las autoridades norteamericanas, esta se ha reducido en un 60%.

Recientemente, el Salvador desplegó un contingente de 800 policías y 300 oficiales de migración para reforzar las principales fronteras del país, prevenir el tráfico ilegal de personas y combatir el crimen transnacional. También se firmó un acuerdo con Estados Unidos que facilitará el retorno de muchos demandantes de asilo.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, Estados Unidos ha explicado que las alertas de viaje no reflejan la naturaleza de las relaciones bilaterales con ningún país. Sin embargo, las relaciones de Estados Unidos y el Salvador han dado un giro importante desde la llegada del presidente Bukele, y en pocos meses este país se ha convertido en uno de los mejores aliados norteamericanos en la región.

[1] El nivel de alerta 1 de viaje de Estados Unidos es precaución. El nivel 2 es hacer el viaje con cuidado. El nivel 3 es reconsiderar el viaje y el nivel 4 es no viajar al país.

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El jefe de estado del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, lideró el acto de entrega de 900 nuevos vehículos a la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y el titular de Interior, Carlos Morán.

Esta entrega se considera un firme compromiso del Gobierno con la seguridad de los peruanos. Según el gobierno, el objetivo de esta inversión es mejorar la seguridad de la población sin escatimar capacidades y recursos, garantizando una presencia efectiva de la policía por todo el país, especialmente en los lugares más peligrosos. Igualmente, se subrayó que la mejora económica del país no es solo el crecimiento, sino que en este desarrollo también está la seguridad.

Ahora bien, este refuerzo en medios también irá acompañado del fortalecimiento en el aspecto humano, con la incorporación de 12.000 nuevos agentes destinados íntegramente a reforzar tareas de seguridad en la calle. Paralelamente, también se está desarrollando un estudio destinado a mejorar las condiciones laborales de los policías.

El titular de Interior especificó que la tarea policial con los nuevos vehículos se efectuará por sectores, subsectores y cuadrantes, de manera que, inicialmente, todas las comisarías de Lima y Callao ofrecerán un servicio de patrullaje preventivo, exhaustivo y controlado. Posteriormente, este modelo se extenderá al resto del país.

Paralelamente, la adquisición de 900 vehículos –700 automóviles y 200 furgonetas pick-up–, acentúan la seguridad ciudadana como una prioridad fundamental del gobierno. De esta manera se ofrece el servicio policial con la prontitud que exige la ciudadanía.

Los vehículos se han adquirido con la modalidad de renting a fin de que la policía ofrezca un servicio de 24 horas al día, 7 días a la semana con toda la flota de automóviles y recursos humanos operativa, ya que ha garantizado el mantenimiento técnico de los vehículos con 50 vehículos de reserva, sin coste adicional por posibles averías, mantenimientos o siniestros.

Por lo tanto, con 900 nuevos vehículos y 12.000 policías más, esto repercutirá en un aumento de la presencia policial en las calles, en los parques, en las universidades y en los centros educativos. Desde el gobierno se subrayó que la seguridad pública es una prioridad absoluta de los mandatarios y una demanda de la ciudadanía, y que no se escatimarán recursos ni capacidades para luchar contra la delincuencia, así como para garantizar la seguridad en Lima y en todo el país.

Los vehículos, ya en funcionamiento, están equipados con barra de luces led, sirenas electrónicas, rotulación de letras y números y GPS para monitorizar la ubicación de los automóviles en tiempo real.

Cuentan con un sistema de telemetría, con plataforma compatible con cualquier dispositivo móvil, lo cual permite, entre otras potencialidades, el control del gasto de combustible o un informe detallado de todos los desplazamientos.

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La delincuencia organizada ha evolucionado mucho durante los últimos veinte años, especialmente con respecto al número de organizaciones criminales, su modus operandi, el uso de la tecnología y la capacidad del crimen organizado de infiltrarse en infraestructuras, en el sector público y en el intento de aprovechar lagunas legislativas.

Esta es una de las conclusiones a que se llegó en el Convenio europeo de jefes de policía de 2019 (EPCC), donde unos 600 responsables policiales y representantes de 50 países se reunieron en la sede de Europol en La Haya.

El acontecimiento anual reúne a jefes de policía y representantes de alto nivel de la UE y de todo el mundo, para intercambiar valoraciones de las amenazas, retos y oportunidades de los grupos criminales actuales y emergentes. Los delegados debatieron en centenares de reuniones bilaterales y multilaterales sobre cómo sigue evolucionando el crimen organizado y se ha convertido en un reto importante para la seguridad de la UE. Hubo un consenso entre las autoridades policiales de los estados miembros de la UE y Europol sobre el hecho que la naturaleza cada vez más transfronteriza del crimen organizado, a menudo asociada a actos violentos entre bandas; la expansión de los mercados de tráfico de drogas y los delitos relacionados, como el blanqueo de capitales y la corrupción, suponen un reto importante en nuestra sociedad.

En zonas de algunos estados miembros de la UE, se puede observar un círculo vicioso con la exclusión social, la criminalidad, la pérdida de confianza en la policía y, en algunos casos, la radicalización.

Mientras tanto, las nuevas sustancias psicoactivas, los niveles récord de producción de drogas a nivel mundial, el contrabando organizado de migrantes y el desarrollo de la criminalidad en línea han tenido efectos profundos en el panorama criminal.

Europol y la presidencia finlandesa del Consejo de la UE concluyeron que varios ámbitos requieren una atención especial. Entre estos se encuentran:

. centrar la atención sobre el crimen organizado, considerándolo una amenaza grave para la seguridad interna de la UE.
. la necesidad de orientarse a grupos de criminalidad organizada de primer nivel, desarrollando iniciativas más exitosas como el concepto de objetivo de alto valor en Europol.
. una mayor atención a la delincuencia económica y financiera y a la confiscación de activos delictivos, asegurándose de que la delincuencia paga. Y acogiendo los nuevos avances como el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) en Europol y la Fiscalía Europea (EPPO).
. un mayor flujo de información entre la policía y el sector privado, a nivel nacional y europeo (Europol).
. una mayor inversión en la prevención de la delincuencia, que requiere un enfoque multidisciplinario que implique a organismos gubernamentales, a organizaciones no gubernamentales y al sector privado.
. necesidad de una estrategia global de la UE sobre el crimen organizado, que pueda ampliarse en el ciclo de políticas de la UE para el crimen grave e internacional.

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Se acaban de publicar los resultados de un estudio llevado a cabo por dos profesores de la Universidad de Essex, en colaboración con la Policía Metropolitana de Londres,[1] que evidencia que solo un tercio de las identificaciones hechas utilizando el sistema de reconocimiento facial automático son correctas. En el resto de casos las personas identificadas no se corresponden con las realmente buscadas.

El estudio, que ha tenido resonancia internacional,[2] plantea, además, dudas sobre la adecuación al derecho de la utilización de este sistema de inteligencia artificial por parte de la Policía Metropolitana. En primer lugar, no existe ninguna base legal para utilizar el sistema de manera genérica, con lo cual, si tenemos en cuenta que conlleva una limitación de derechos, no cumple con la exigencia de llevarse a cabo de acuerdo con la ley. En segundo lugar, no se justifica la necesidad de utilizar esta tecnología, es decir, que no se pueda solucionar el problema en cuestión por otro medio menos intrusivo, y no se hace una valoración del impacto que puede suponer en los derechos de las personas afectadas (como también ha establecido muy recientemente un informe del Comisionado para la Videovigilancia[3]).

La misma construcción de la lista de personas buscadas, con la cual se contrastan las caras visionadas por las cámaras, no parece seguir un criterio claro ni uniforme a la hora de escoger a las personas que forman parte de la misma. Se incluyen tanto personas buscadas por el poder judicial como por la policía y no en todos los casos se trata de personas que hayan cometido infracciones.

A nivel operacional, los resultados han sido muy pobres: de las 46 identificaciones hechas por el sistema solo 26 fueron consideradas creíbles por los agentes actuantes, aunque en 4 de los casos las personas identificadas como buscadas no llegaron a ser paradas ya que se escaparon entre la gente. De las 22 restantes, solo 8 llevaron a la detención de la persona buscada, mientras que las otras 14 mostraron que la persona efectivamente parada no se correspondía con la buscada. El proceso de decisión, una vez recibida la imagen de la cámara, no parece haber sido el correcto en varios casos, detectándose, entre otras deficiencias, precipitación a la hora de intervenir.

Es importante, sin embargo, reconocer la colaboración de la Policía Metropolitana en el trabajo de investigación. De hecho, la utilización de este instrumento se consideró para un periodo de prueba de tres años, durante el cual se han llevado a cabo varios test sobre su funcionamiento (demasiado centrados en cuestiones puramente técnicas, según el estudio de la Universidad de Essex), que ha promovido la misma Policía. El periodo de prueba acabó en julio de 2019 y los resultados de toda esta observación tienen que servir para modificar su uso en el futuro.[4]

[1] Vid. https://48ba3m4eh2bf2sksp43rq8kk-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/07/London-Met-Police-Trial-of-Facial-Recognition-Tech-Report.pdf

[2] Vid. http://www.polizei-newsletter.de/links.php?L_ID=638

[3] Vid. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786392/AFR_police_guidance_of_PoFA_V1_March_2019.pdf

[4] Vid. https://www.met.police.uk/live-facial-recognition-trial/

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Los datos publicados por el Instituto Federal de Estadística de Suiza confirman la tendencia de los últimos años. En primer lugar, tanto las infracciones estrictamente penales como las que van contra la legislación del narcotráfico y las que regulan la extranjería continúan en descenso. Las infracciones penales experimentan un descenso superior al año anterior (un 6,1% y en 2016 habían bajado un 4%), mientras que las infracciones de la legislación de extranjería presentan todavía un descenso superior (9,1%, por sólo un descenso de un 1% en 2016). Los delitos relacionados con el narcotráfico experimentan un descenso ligeramente superior al del año pasado (3,8% en 2017 por un 3% el año anterior).

En este contexto, es importante remarcar que los delitos contra la integridad física no experimentan el mismo descenso, sino que se mantienen estables (hay un descenso de 90 casos, imperceptible porcentualmente (24.632 este año por 24.722 el año pasado). Los grandes descensos se experimentan en los delitos contra el patrimonio, que constituyen un 67,5% de las infracciones contra el Código penal y bajan un 6%. Es destacable el descenso de los robos en domicilio, que se reducen un 12%. Los delitos contra la libertad experimentan un descenso del 9,1%, pero no son tan relevantes en números absolutos.

Con respecto a los detenidos (“acusados”, los llaman), la cantidad global continúa estable (un 0,1% menos que el año anterior), pero se detecta un aumento del 8,3% en las detenciones de menores, aunque estas corresponden a delitos leves como hurtos, daños, pequeñas riñas o insultos. Los detenidos por infracciones contra el Código penal con nacionalidad suiza siguen sin llegar a la mitad (un 47,85%). La mayoría de detenidos extranjeros (un 59,31%) son residentes habituales en el país, un 8,6 asilados y un 32% personas no residentes. Las cifras relativamente grandes de residentes permanentes extranjeros se manifiestan a la hora de ver las nacionalidades predominantes entre ellos. Los cuatro primeros lugares corresponden a italianos, portugueses, alemanes y franceses, nacionalidades que tienen un gran número de residentes habituales en el país. En cambio, en las infracciones contra la legislación de drogas, los suizos sí que son mayoría (55,75%), y, en el caso de las infracciones relacionadas con la legislación de extranjería, los extranjeros no residentes son, naturalmente, la inmensa mayoría (80%).

La tasa de delitos (Código penal) por mil habitantes se sitúa en el 52,1 (un descenso del 6%) y los cantones con las tasas más altas están en las zonas más urbanas y pobladas: Basilea ciudad (113,5), Ginebra (102,8) y Neuchâtel (65,8). Los cantones que las presentan más bajas son zonas muy rurales y mucho menos pobladas: Uri (22,7), Appenzell Innerrhoden (23) y Schwyz (26%).

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La Bundeskriminalamt alemana acaba de publicar los datos de la delincuencia relativos al año 2017. A pesar de todos los pronósticos que auguraban que las oleadas de refugiados de los últimos años causarían un peligroso incremento de la delincuencia, los datos muestran un descenso de un 9,6% en relación con el año anterior (5.761.984 hechos frente a los 6.372.526 del año precedente).

Se constatan descensos importantes en prácticamente todas las categorías delictivas, a excepción de la delincuencia económica (un 28%, pero en cifras absolutas moderadas, 74.070), los delitos relacionados con las armas (tráfico) y contra la salud pública (drogas), la pornografía y muy ligeramente los delitos de fraude (un 20,6% de los cuales se comete a través de internet), la delincuencia informática (especialmente entre los nacionales) o contra la autoridad del Estado (sobre todo entre los extranjeros).

Los delitos contra la propiedad (hurtos, robos sin violencia, robos en domicilio y en negocios) siguen constituyendo el grueso de la delincuencia (36,3%) y se sitúan un poco por encima de los dos millones de hechos conocidos (2.092.994), cifra que implica una reducción del 11,8% en relación con el año anterior. Se experimentan descensos en todas las categorías delictivas (destaca el descenso del 23% de los robos en domicilio), tanto en los casos en que los autores son nacionales como en los cometidos por extranjeros.

Una parte muy importante de los delitos se siguen produciendo en la calle, un 20,9% del total.

Los delitos contra la legislación de extranjería experimentan un descenso del 63,1% (pasan de 487.711 a 179.848), hecho que demuestra que los discursos que anunciaban un gran efecto imán a consecuencia de la llegada de refugiados han errado totalmente los pronósticos.

La delincuencia violenta experimenta un descenso más moderado, un 2,4% en total, sobre todo debido al descenso de los robos con violencia (un 9,7%). Los homicidios, en cambio, sólo bajan un 1,6%.

Los delitos contra la salud pública (drogas) experimentan un incremento del 9,2%, situándose en 330.580 casos. La mayoría están relacionados con el tráfico de cannabis y marihuana (204.904), de anfetaminas y derivados (47.662) y, en tercer lugar, de cocaína y crack (19.644). Entre las causas de este incremento destacan las siguientes:

• El incremento de la presión policial
• El aumento de la disponibilidad de las drogas
• La venta por internet
• La reciente incorporación de los agentes de aduanas a la lucha contra el narcotráfico

Finalmente, cabe remarcar que la tasa de delitos por mil habitantes se sitúa en 68,82 (el año anterior, en 77,54) y que el porcentaje de detenidos extranjeros baja del 40,4% del año anterior al 34,8%.

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Un estudio realizado a partir de las encuestas de victimización Cadre de vie et sécurité, 2008-2017[1] ha permitido evaluar la presencia y la acción policial entre más de 160.000 encuestados de 14 años y más, residentes en Francia.

En términos generales, la población francesa evalúa positivamente la presencia y la acción policial: un 47% de los encuestados piensan que la presencia policial en su barrio o municipio es suficiente y un 48%, que la acción policial contra la delincuencia es bastante eficaz. Estas percepciones se mantienen bastante estables a lo largo del tiempo y mejoran a partir del año 2015, posiblemente por una mayor presencia y visibilidad policial, reforzada tras los atentados. No obstante, un 19% de los individuos considera la presencia policial insuficiente y un 27%, inexistente. Entre los residentes en zonas socialmente desfavorecidas, el porcentaje de los que consideran que la acción policial no es lo bastante eficaz se incrementa hasta un 44%.

Más allá de los porcentajes globales, aspectos como las características individuales de la persona encuestada y el lugar de residencia tienen un impacto en la valoración sobre la presencia y la eficacia de la acción policial.

Características individuales

En general, los hombres y las personas de más edad valoran más positivamente la presencia y la eficacia de la acción policial.

• El 49% de los hombres encuestados piensa que la presencia policial en el ámbito local es suficiente, frente a un 45% de las mujeres. También el 49% de los hombres considera que la acción policial es bastante eficaz, frente a un 46% de las mujeres.
• El 52% de personas con 66 años y más estiman que la presencia policial en su barrio o pueblo es suficiente y un 50% considera que la acción policial es bastante eficaz.

Características del lugar de residencia

En general, la percepción sobre la eficacia de la acción policial en la lucha contra la delincuencia es más positiva en entornos rurales, pero empeora en los núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes y en el área metropolitana de París. Así lo muestra el gráfico siguiente.

Evaluación de la acción policial en la lucha contra la delincuencia en función del territorio

Fuente: Encuestas CVS (2008-2017): INSEE-ONDRP-SSMSI; tratamiento de los datos: ONDRP. Las personas encuestadas tienen 14 años y más y residen en Francia.

Aunque no se ha podido establecer una relación de causalidad, parece existir una vinculación entre la presencia y la eficacia de la acción policial en el municipio y la percepción de seguridad de la población. Inversamente, los individuos que se sienten más inseguros también acostumbran a ser más críticos con respecto a la valoración que hacen de la policía.

Más información:

• 47% de la population juge suffisante la présence locale desde fuerzas del orden. ONDRP, Hugo d’Arbois de Jubainville: Flash Crim, nº 13, avril 2018

• “El proyecto Margin analiza las percepciones de inseguridad en cinco países y regiones europeas” Blog Notas de seguridad. 25 de octubre de 2017

[1] La encuesta Cadre de vie et sécurité fue dirigida por el Servicio Estadístico Ministerial y de Seguridad Interior (SSMSI) desde el año 2015, y por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) y el Observatorio Nacional de la Delincuencia y de las Respuestas Penales (ONDRP) desde el año 2007.

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El año 2017, Gran Bretaña sufrió tres ataques terroristas. En marzo, en Londres, tuvieron lugar los hechos del puente de Westminster y el Parlamento británico; en junio, los del puente de Londres y el Borough Market, y en mayo, en Manchester, el ataque al final de un concierto de la artista americana Ariana Grande. Estos atentados causaron la muerte de 35 personas.

Obviamente, estos acontecimientos continuados han abierto un debate en la sociedad británica sobre el proceso de radicalización y sobre las medidas para detectarla. En este debate, el gobierno británico quiere cambiar el marco legislativo para dar más poderes a los servicios de inteligencia (MI5) y a la policía con el fin de prevenir nuevos episodios terroristas.

El MI5 informa de que hay más de 23.000 casos a vigilar, pero que sólo se investigan 3.000. Además, según los datos del gobierno británico, la amenaza terrorista ha aumentado desde el 2011, cuando se publicó la estrategia contra el terrorismo.

La nueva propuesta gubernamental, según la mayoría de la prensa británica, dará el poder al MI5 para poder trabajar y coordinar las actuaciones con la policía y el resto de los servicios implicados, ya sea en el ámbito nacional como local. El objetivo es poder poner a los sospechosos de radicalización bajo supervisión.

Se quiere aumentar el tiempo en prisión, como ya anunció el gobierno británico, y se propone hacer un intenso seguimiento incluso cuando la persona haya cumplido la pena impuesta. También se hace un llamamiento a profesores, médicos y otros líderes de la comunidad para que informen de cualquier sospecha de radicalización que puedan detectar.

El objetivo, según la Ministra de Interior, es no dejar espacio para el terrorismo, impidiendo el reclutamiento para mantener seguras a las familias y a la comunidad.

• MI5 and police to be given new anti-terror powers ‘to target certain high-risk communities’
• Security services ‘to get more power to stop attacks’

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