La Presidencia del Consejo Europeo y los representantes del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional sobre un reglamento destinado a mejorar el intercambio de información digital en casos de terrorismo. El texto acordado está sujeto a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo antes de someterse al procedimiento formal de adopción.

Este proyecto de reglamento formaría parte de los trabajos en curso para modernizar y digitalizar la cooperación judicial transfronteriza.

En este sentido, el terrorismo actual no conoce fronteras, construye sus redes y puede preparar y perpetrar sus ataques en el seno de los territorios de la Unión Europea. Por tanto, para poder hacerle frente, las autoridades judiciales europeas deben dotarse también de una visión transfronteriza.

El nuevo sistema acordado debe permitir comprobar mejor la información y asegurar que se detecta cualquier enlace, independientemente de dónde se haya cometido un delito terrorista en la UE.

Actualmente, los estados miembros comparten información con Eurojust sobre casos relacionados con el terrorismo a través de varios canales. A continuación, esta información se incluye en el registro judicial europeo de lucha contra el terrorismo, un sistema que actualmente resulta técnicamente obsoleto al no permitir una correcta comprobación cruzada de la información.

La propuesta tiene como objetivo enmendar estas deficiencias y permitir a Eurojust jugar un papel más contundente y proactivo en el apoyo a la coordinación y cooperación entre las autoridades nacionales que investigan y persiguen los delitos de terrorismo.

De acuerdo con las normas propuestas, los estados miembros tendrán que proporcionar a Eurojust información sobre cualquier investigación penal relacionada con delitos de terrorismo tan pronto como estos casos sean trasladados a las autoridades judiciales.

Según la propuesta acordada, esto supondría:

• La creación de un sistema moderno y digital de gestión de casos que almacena esta información y permite contrastarla.

• Facultaría a Eurojust para detectar mejor los vínculos entre las investigaciones y los procesos transnacionales en el ámbito del terrorismo y para informar de forma proactiva a los estados miembros sobre los vínculos encontrados.

• La creación de un canal de comunicación digital seguro entre los estados miembros y Eurojust.

• Simplificaría la cooperación con terceros países otorgando a los fiscales de enlace adscritos a Eurojust acceso al sistema de gestión de los distintos casos.

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El Consejo Europeo adoptó determinados aspectos legislativos con el fin de aplicarlos a un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión. El objetivo es mejorar todavía más la resiliencia y las capacidades de respuesta a incidentes del sector público y privado y de la Unión en conjunto.

La nueva directiva, denominada ‘NIS2’, sustituirá a la directiva actual sobre seguridad de redes y sistemas de información (la directiva NIS). Con esta iniciativa, desde el mismo Consejo consideran que sin duda la ciberseguridad seguirá siendo un reto clave para los próximos años. En esta línea, la nueva legislación es una apuesta enorme para nuestras economías y nuestros ciudadanos.

La NIS2 establecerá la línea de base para las medidas de gestión del riesgo de ciberseguridad y las obligaciones de información en todos los sectores que están cubiertos por la directiva, como la energía, el transporte, la salud y la infraestructura digital.

La directiva revisada tiene como objetivo armonizar los requisitos de ciberseguridad y la implementación de medidas de ciberseguridad en los diferentes estados miembros. Para conseguirlo, establece normas mínimas para un marco normativo y mecanismos para una cooperación efectiva entre las autoridades relevantes de cada estado miembro. Actualiza la lista de sectores y actividades sujetas a obligaciones de ciberseguridad y prevé recursos y sanciones para garantizar su ejecución.

La directiva establecerá formalmente la Red Europea de Organización de Enlace de Crisis Cibernéticas, EU-CYCLONE, que prestará apoyo a la gestión coordinada de incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala.

Si bien, según la antigua directiva NIS, los estados miembros eran los encargados de determinar qué entidades cumplirían los criterios para calificarse como operadores de servicios esenciales, la nueva directiva NIS2 introduce una regla de límite de tamaño como regla general para la identificación de entidades reguladas. Eso significa que todas las entidades medianas y grandes que operan dentro de los sectores o prestan servicios objeto de la directiva entrarán en su ámbito de aplicación.

A pesar de que la directiva revisada mantiene esta norma general, su texto incluye disposiciones adicionales para garantizar la proporcionalidad, un mayor nivel de gestión del riesgo y criterios de criticidad claros para permitir a las autoridades nacionales determinar otras entidades cubiertas.

El texto también aclara que la directiva no se aplicará a las entidades que desarrollen actividades en ámbitos como la defensa o la seguridad nacional, la seguridad pública y la aplicación de la ley. El poder judicial, los parlamentos y los bancos centrales también quedan excluidos de su ámbito.

La NIS2 se aplicará igualmente a las administraciones públicas a nivel central y regional. Además, los estados miembros pueden decidir que se aplique a estas entidades también a nivel local.

Por otra parte, la nueva directiva se ha alineado con la legislación sectorial específica, en particular la regulación sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) y la directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (CER), para proporcionar claridad jurídica y garantizar la coherencia entre la NIS2 y estos actos.

Un mecanismo voluntario de aprendizaje entre iguales aumentará la confianza mutua y el aprendizaje de las buenas prácticas y experiencias en la Unión, contribuyendo así a alcanzar un alto nivel común de ciberseguridad.

La nueva legislación también racionaliza las obligaciones de declaración para evitar que se produzca una sobreinformación y una carga excesiva para las entidades cubiertas.

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El pasado mes de octubre, el rotativo The New York Times publicaba un artículo del investigador Eyal Press en el que cuestionaba el tratamiento y la respuesta que se da en Estados Unidos a los enfermos mentales que participan en delitos de odio. Press es el autor del libro Trabajo bruto: trabajos esenciales y el coste oculto de la desigualdad en Estados Unidos.

El autor explica que desde el comienzo de la pandemia de covid, una ola de violencia contra los estadounidenses de origen asiático se ha extendido por todo el país. Ha habido agresiones flagrantes en las que las víctimas han sido escupidas, golpeadas, empujadas desde el andén del metro, apuñaladas o disparadas con armas de fuego. Esta impactante cantidad de ataques que han sido noticia ha supuesto que la mayoría de las personas arrestadas ha resultado tener graves problemas de salud mental.

Aunque los delitos de odio contra personas asiático-estadounidenses han disminuido en Nueva York durante la primera mitad del año 2022, la superposición entre los ataques por prejuicios y las enfermedades mentales ha persistido. El Departamento de Policía de Nueva York anunció que, de las 100 personas detenidas por delitos de odio en la ciudad durante los primeros cuatro meses de 2022, la mitad había sido calificada anteriormente como persona con trastornos emocionales.

Press considera que dados estos patrones de comportamiento, el papel que pueden desarrollar las enfermedades mentales en la violencia por motivos raciales le convierte en un tema pendiente y necesario de resolver. Y hay que huir de la creencia de que este debate reforzaría los estereotipos negativos, puesto que las personas que experimentan una enfermedad mental son mucho más propensas a ser víctimas de la violencia que a ser sus victimarias. Otro peligro sería que se invocara la enfermedad mental para desviar la atención de la retórica y las ideas que inspiran actos de extremismo violento.

Edwuard Dunbar, profesor de psicología de la Universidad de California, investigador sobre delitos motivados por prejuicios, considera que no es sorprendente que durante la pandemia algunas personas con trastornos mentales cometieran acciones agresivas, debido a los constantes discursos anti-asiáticos en el debate público.

Lo que denuncia Press en su artículo es que la mayoría de las personas con enfermedades mentales que fueron detenidas por atacar a personas asiáticas en la ciudad de Nueva York durante la pandemia no sólo tenían problemas mentales, sino que se encontraban desamparadas.

La organización comunitaria The Anti Police-Terror Project proclamaba en un díptico de propaganda que las enfermedades mentales no son un delito, abogando por mantener a estas personas fuera del sistema judicial penal.

Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, ha propuesto crear una clasificación aparte para los delincuentes con enfermedades mentales, como forma de señalar que sus casos son distintos. El objetivo sería que estas personas recibieran tratamiento en vez de encarcelarlas. La imposición de duras sanciones penales a estos infractores es quizás ineficaz.

Un mejor enfoque sería invertir recursos en los defectuosos sistemas de salud mental que dejan a tantas personas altamente inestables sin atención a largo plazo. Abordar otros problemas sociales también ayudaría, ya que una serie de investigaciones cada vez más numerosa sugiere que las personas con enfermedades mentales graves son más propensas a cometer actos de violencia cuando están expuestas a otros factores de riesgo, como serían las experiencias traumáticas durante la infancia, la precariedad financiera o vivir en vecindarios con altos índices de delincuencia. El tratamiento por sí solo no resolvería estos problemas, pero encerrar a estas personas en prisiones tampoco hará que desaparezcan.

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El Consejo Europeo ha aprobado unas conclusiones sobre el desarrollo del posicionamiento de la Unión Europea ante las ciberamenazas. La postura pretende demostrar la determinación de la UE de dar respuestas inmediatas y a largo plazo a los actores de las amenazas que buscan negar a la UE un acceso seguro y abierto al ciberespacio y afectar a sus intereses estratégicos, incluida la seguridad de sus socios.

Los ministros, entre otras cosas, piden a la Comisión Europea que proponga requisitos comunes de ciberseguridad de la UE para los dispositivos conectados y los procesos y servicios asociados. También invitan a las autoridades relevantes, como la Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA), a formular recomendaciones para reforzar la resiliencia de las redes de comunicaciones e infraestructuras dentro de la UE. Asimismo, el Consejo subraya la importancia de establecer ejercicios cibernéticos periódicos para probar y desarrollar la respuesta interna y externa de la UE a los incidentes cibernéticos a gran escala.

El ciberespacio se ha convertido en un escenario para la competencia geopolítica y, por lo tanto, la UE tiene que ser capaz de responder de manera rápida y contundente a los ciberataques, como las ciberactividades maliciosas dirigidas a la Unión y a sus estados miembros, y hacer un uso total de todos sus instrumentos. Los actores hostiles tienen que ser conscientes de que los ciberataques contra los estados miembros y las instituciones de la UE se detectarán pronto, se identificarán con rapidez y se combatirán con todas las herramientas y políticas necesarias.

En las conclusiones, el Consejo destaca las cinco funciones de la UE en el ámbito cibernético:

1. Reforzar la resiliencia y las capacidades de protección. El comportamiento malicioso en el ciberespacio, que emana tanto de actores estatales como no estatales, se ha intensificado en los últimos años, incluido un aumento brusco y constante de actividades dirigidas a las infraestructuras críticas y a las cadenas de suministro.

2. Mejorar la solidaridad y la gestión integral de la crisis. Ante los actuales cambios geopolíticos, la fuerza de la Unión radica en la unidad, solidaridad y determinación, y la implantación de la Brújula Estratégica, que tiene que hacer mejorar la autonomía estratégica de la UE y su capacidad de trabajar con los socios para salvaguardarlos, respetando sus valores e intereses, incluidos en el ciberdominio.

3. Promover la visión de la UE del ciberespacio. Consolidar la paz y la estabilidad en el ciberespacio y a favor de un ciberespacio abierto, libre, global, estable y seguro, y coordinar acciones a corto, medio y largo plazo para prevenir, determinar y dar respuesta a amenazas y ciberataques.

4. Mejorar la cooperación con los países socios y organizaciones internacionales. Necesidad de elevar el nivel general de ciberseguridad de la UE, y rápida adopción del proyecto de la Directiva sobre medidas para alcanzar un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (NIS), el proyecto de Reglamento sobre la resiliencia operativa digital para el sector financiero (DORA) y el proyecto de Directiva sobre resiliencia de las entidades críticas (CER).

5. Prevenir, defenderse y responder a los ciberataques. Las autoridades competentes, como el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (BEREC), la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) y el Grupo de Cooperación de Seguridad de la Red y de la Información (NIS), junto con la Comisión, formular recomendaciones basadas en una evaluación de riesgos a los estados miembros y la Comisión Europea para reforzar la resiliencia de las comunicaciones, redes e infraestructuras dentro de la Unión Europea.

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Teniendo en cuenta los riesgos cada vez más crecientes con referencia a los ciberataques, la Unión Europea está reforzando la seguridad informática de diferentes sectores, en especial la de entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión.

Las presidencias del Consejo Europeo y del Parlamento llegaron a un acuerdo provisional sobre la Ley de resiliencia operativa digital (DORA), que asegurará que el sector financiero en Europa sea capaz de mantener operaciones resilientes en caso de una interrupción operativa severa.

DORA establece requisitos uniformes para la seguridad de la red y los sistemas de información de empresas y organizaciones que operan en el sector financiero, así como de terceros que les proporcionan servicios relacionados con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), como plataformas en nube o servicios de análisis de datos.

DORA crea un marco regulador sobre la resiliencia operativa digital por el que todas las empresas tienen que asegurarse de que pueden soportar, responder y recuperarse de todo tipo de interrupciones y amenazas relacionadas con las TIC. Estos requisitos son homogéneos a todos los estados miembros de la UE. El objetivo principal es prevenir y mitigar las amenazas cibernéticas.

En virtud del acuerdo provisional, las nuevas normas constituirán un marco muy sólido que potencie la seguridad informática del sector financiero. Los esfuerzos requeridos a las entidades financieras serán proporcionales a los riesgos potenciales.

Los proveedores críticos de servicios TIC de terceros países a entidades financieras de la UE deberán establecer una filial dentro de la UE para que pueda implementarse correctamente la supervisión.

Con respecto al marco de supervisión, los colegisladores acordaron optar por una red conjunta adicional de supervisión que reforzará la coordinación entre las autoridades de supervisión europeas sobre este tema transversal.

En cuanto a la interacción de DORA con la Directiva de seguridad de la red y de la información (NIS), en virtud del acuerdo provisional, las entidades financieras tendrán toda la claridad sobre las diferentes normas de resiliencia operativa digital que deben cumplir, en particular para aquellas entidades financieras titulares de varias autorizaciones y que operan en diferentes mercados de la UE. La directiva NIS sigue aplicándose. DORA se basa en la directiva NIS y aborda posibles superposiciones mediante una exención de lex specialis.

El acuerdo provisional alcanzado está sujeto a la aprobación del Consejo Europeo y del Parlamento antes de pasar por el procedimiento formal de adopción.

Una vez aprobada formalmente la propuesta DORA, cada estado miembro de la UE la aprobará. Las autoridades europeas de supervisión (AES), como la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Trabajo (EIOPA), desarrollarán normas técnicas para todas las instituciones de servicios financieros, desde la banca hasta los seguros y la gestión de activos. Las respectivas autoridades nacionales competentes asumirán el papel de supervisión del cumplimiento y harán cumplir el reglamento cuando sea necesario.

Este paquete cubre un vacío en la legislación vigente de la UE asegurando que el marco legal actual no suponga obstáculos al uso de nuevos instrumentos financieros digitales y, al mismo tiempo, garantiza que estas nuevas tecnologías y productos entran dentro del ámbito de la regulación financiera y los acuerdos de gestión del riesgo operacional de las empresas activas en la UE. Así, el paquete pretende apoyar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías financieras, a la vez que ofrece un nivel adecuado de protección de los consumidores e inversores.

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La Unión Europea trabaja para mejorar la resiliencia frente a las ciberamenazas cada vez mayores y para mantener la sociedad y la economía digital seguras.

El Consejo Europeo ha acordado su posición sobre medidas para un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea, para mejorar todavía más la resiliencia y las capacidades de respuesta a incidentes tanto del sector público como privado y de la UE en su conjunto.

Una vez aprobada, la nueva directiva, denominada NIS2, sustituirá a la directiva actual sobre seguridad de redes y sistemas de información (la directiva NIS).

La NIS2 establecerá la línea de base para las medidas de gestión del riesgo de ciberseguridad y las obligaciones de presentación de informes en todos los sectores cubiertos por la directiva, como la energía, el transporte, la salud y la infraestructura digital.

La directiva revisada pretende eliminar las divergencias en los requisitos de ciberseguridad y la implementación de las medidas de ciberseguridad a los diferentes estados miembros. Para conseguirlo, establece normas mínimas para un marco normativo y mecanismos para una cooperación efectiva entre las autoridades relevantes de cada estado miembro. También actualiza la lista de sectores y actividades sujetas a obligaciones de ciberseguridad, y prevé recursos y sanciones para garantizar su ejecución.

La directiva establecerá formalmente la Red Europea de Organización de Cibercrisis de Enlace, EU-CyCLONe, que dará apoyo a la gestión coordinada de incidentes de ciberseguridad a gran escala.

Si bien, según la antigua directiva NIS, los estados miembros eran responsables de determinar qué entidades cumplirían los criterios para calificarse como operadores de servicios esenciales, la nueva directiva NIS2 introduce una regla de límite de tamaño. Eso significa que todas las entidades medias y grandes que operan dentro de los sectores o prestan servicios objeto de la directiva entrarán en su ámbito de aplicación.

Aunque la posición del Consejo mantiene esta norma general, incluye disposiciones adicionales para garantizar la proporcionalidad, un mayor nivel de gestión del riesgo y criterios claros para la determinación de las entidades cubiertas.

El texto del Consejo también aclara que la directiva no se aplicará a las entidades que desarrollen actividades en ámbitos como la defensa o la seguridad nacional, la seguridad pública, la policía y el poder judicial. También quedan excluidos de su ámbito los parlamentos y los bancos centrales.

Dado que las administraciones públicas también son a menudo objetivo de ciberataques, la NIS2 se aplicará a las entidades de administración pública de los gobiernos centrales. Además, los estados miembros pueden decidir que se aplique a estas entidades también a nivel regional y local.

El Consejo ha alineado el texto con la legislación sectorial específica, en particular el Reglamento sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) y la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (CER), para proporcionar claridad jurídica y garantizar la coherencia entre la NIS2 y estos actos.

Un mecanismo voluntario de aprendizaje entre iguales aumentará la confianza mutua y el aprendizaje de buenas prácticas y experiencias, contribuyendo así a alcanzar un alto nivel común de ciberseguridad.

Los estados miembros tendrán dos años desde la entrada en vigor de la directiva para incorporar las disposiciones a su legislación estatal.

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Europol lanza la campaña de concienciación #SellSafe el mes de noviembre como parte de unas iniciativas de protección del consumidor y el comercio electrónico en fechas señaladas de fuerte repunte del consumo.

Los compradores en línea tienen que estar más vigilantes que nunca, ya que los grupos de crimen organizado adaptan continuamente sus métodos de fraude en línea para estafar tanto a los ciudadanos como a las empresas de comercio electrónico.

Desde el inicio de la pandemia, muchas empresas han tenido que conectarse a internet para continuar sus actividades. Al mismo tiempo, con los ciudadanos que ahora utilizan servicios en línea varias veces a la semana y cada vez más hacen sus compras por internet, existe una oportunidad mucho mayor de ataque por parte de los ciberdelincuentes.

Incluso cuando las compras en línea se han hecho seguras mediante la implementación de nuevas tecnologías, como la autenticación segura del cliente o la autenticación de dos factores, los ciberdelincuentes todavía encuentran maneras de sustraer el dinero de los compradores en línea.

Europol, junto con el Merchant Risk Council y los países participantes, ha lanzado la campaña #SellSafe, tras el éxito de la campaña del año pasado, para destacar las principales tácticas para luchar contra el fraude en línea. El objetivo de la campaña es hacer que el comercio electrónico sea más seguro promoviendo métodos seguros de compra en línea y ayudando a los nuevos comerciantes a abrir su primera tienda en línea minimizando el riesgo de ciberataques.

Los países participantes promocionarán la campaña a través de sus canales de redes sociales utilizando la etiqueta #SellSafe para ayudar a los consumidores a entender los riesgos del fraude en el comercio electrónico.

Para proteger a los consumidores, Europol ha proporcionado una serie de consejos útiles para intentar que se mantengan un paso por delante de los estafadores y asegurarse de que no les sustraen dinero.

Consejos para proteger un negocio electrónico:

• Asegúrate de que todos los empleados son conscientes de los problemas de fraudes que afectan a las tiendas en línea.

• Mantente al día sobre los tipos de fraude de pago que afectan a las empresas y dispon de las herramientas para prevenirlos. Tu organización de pagos tendrá detalles sobre los tipos de fraude de pago.

• Conoce a tus clientes para poder verificar sus pagos.

Consejos para los compradores en línea:

• No envíes nunca tu número de tarjeta, PIN o cualquier otra información de la tarjeta a nadie por correo electrónico.

• No envíes nunca dinero a nadie que no conozcas.

• Guarda siempre todos los documentos relacionados con tus compras en línea.

• Si no compras nada, nunca envíes los datos de tu tarjeta a nadie.

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La violencia doméstica afecta aproximadamente a uno de cada tres adultos de Estados Unidos en algún momento de su vida. Representa más del 40% de todos los asesinatos de mujeres: 856 mujeres muertas en 2017, según las últimas cifras oficiales.

Las fuerzas del orden tienen un historial poco eficiente de respuesta al problema. Según un informe del Departamento de Justicia, la violencia doméstica genera la mayor categoría de llamadas a la policía, pero los defensores de las víctimas de la violencia doméstica han criticado durante mucho tiempo a la policía por no tomarse seriamente las denuncias de abuso o responder con un enfoque estrecho a las órdenes de protección, a las detenciones y a los procesos, y no siempre han ayudado a las víctimas.

Sin embargo, cuando una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Ring, ofrece cámaras gratuitas para ayudar a solucionar el problema, esta puede ser una propuesta atractiva. La policía considera que se trata de un centinela siempre disponible que hace guardia delante de las casas de las víctimas de delitos reiterados.

Cuando los programas piloto de Ring empezaron en 2019, estos eran de dimensión reducida. El condado de Bexar reservó 50 cámaras para proteger a víctimas de violencia familiar y cualquier persona con una orden de protección. San Antonio asignó 171 dispositivos a las víctimas de violencia familiar y de agresiones sexuales que habían presentado informes policiales, y en Cape Coral, donde el programa contra este tipo de violencia tenía que durar, inicialmente, un año, se asignaron 100 dispositivos para las víctimas de la violencia doméstica.

El exjefe de la policía de Cape Coral, David Newlan, tuvo la idea de aplicar el programa en esta ciudad tras un caso del año 2017 en el que la violencia doméstica se convirtió en un asesinato-suicidio. Al autor se le había prohibido acercarse a la víctima por orden de alejamiento y se le exigió que llevara una pulsera de tobillo controlada por una tercera empresa. El día del asesinato, la empresa de control no avisó a la policía cuando violó la disposición al acercarse a casa de la víctima.

Los departamentos de policía quieren saber todo lo que legalmente pueden. Sin embargo, ¿sirve al interés público una tecnología de vigilancia cada vez mayor?

Cuando menos, hoy en día, más de 1.800 agencias policiales de Estados Unidos utilizan la aplicación Neighbours, junto con más de 360 departamentos de bomberos. Las asociaciones Ring, con muchas fuerzas policiales utilizándolo, dan a los departamentos participantes un sistema de vigilancia mucho más amplio del que la misma policía podría construir legalmente.

No está clara la popularidad de estos programas. El programa de San Antonio distribuyó 158 de sus 171 cámaras. No obstante, el primer año del programa del condado de Bexar, no más de 15 víctimas optaron por una de sus 50 cámaras, según Rosalinda Hibron-Pineda, especialista en servicios de víctimas de la oficina del sheriff. Y en Cape Coral, donde había 100 cámaras disponibles, tan solo se habían entregado 24.

Sin dar a las fuerzas del orden las herramientas para arrestar y encarcelar a los agresores, las cámaras no serían efectivas.

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El Consejo Europeo ha adoptado una serie de conclusiones sobre la violencia deportiva. En estas conclusiones, el Consejo hace hincapié en el reto que supone el campeonato de la Eurocopa para la seguridad, ya que la competición ha tenido lugar simultáneamente en once ciudades europeas.

Destaca que los organizadores de eventos importantes que tengan lugar durante la pandemia de COVID-19 deberían continuar adoptando medidas y procedimientos para evitar la propagación del virus entre todos los actores implicados.

El Consejo también subraya la relevancia de la cooperación policial internacional y el intercambio de información para garantizar una competición segura. Reconoce que el seguimiento del movimiento de los amantes de la confrontación puede ser vital para prevenir los desórdenes públicos y la actividad criminal asociada, fomentando una cooperación internacional eficaz mediante el despliegue de espectadores especializados en técnicas policiales y otros oficiales de enlace, incluso si un evento deportivo tiene lugar sin público.

Asimismo, reconoce que, teniendo en cuenta varios incidentes recientes de violencia deportiva, es fundamental abordar esta cuestión más allá de los espacios deportivos. Habría que ampliar el alcance de las medidas preventivas para incluir ubicaciones como el transporte público, hoteles, centros de formación, zonas de ocio nocturno y otros espacios públicos.

El Consejo subraya la importancia de proteger los espacios públicos y los espacios privados abiertos al público, concretamente mediante la implementación de conceptos de seguridad por diseño y el uso de sistemas de vigilancia y detección que incorporen inteligencia artificial, respetando los derechos fundamentales. También pide a los estados miembros que continúen supervisando el contenido en línea con el objetivo de prevenir y mitigar la difusión de mensajes que incitan a la violencia, el extremismo, la radicalización y la xenofobia.

Finalmente, destaca la necesidad de que los estados miembros aumenten la evaluación del riesgo de los partidarios de la confrontación, especialmente aquellos con ideologías extremistas, para identificar, prevenir y limitar posibles actividades hostiles y delictivas durante los eventos deportivos internacionales.

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Hace años que la criminología y otras disciplinas han planteado la necesidad de una aproximación y un tratamiento transversal a la seguridad con múltiples actores.

Entre las aproximaciones transversales más estructuradas encontramos la Prevención del delito a través del diseño ambiental (CPTED en sus siglas en inglés), que, en el fondo, es una respuesta a las cuestiones planteadas por la criminología ambiental a través del conocimiento sobre cómo el entorno (el medio) condiciona la seguridad (y la delincuencia) y qué metodologías hay que diseñar y utilizar para trabajar en este campo de manera eficaz. A pesar de que en un primer momento se centró en el diseño de los espacios físicos, posteriormente incluyó los aspectos sociales relacionados con los movimientos y las actividades que la población lleva a cabo, aspectos indispensables para incidir en la seguridad de los espacios.

Los planteamientos propuestos por CPTED fueron asumidos, de manera más o menos implícita, por organizaciones relevantes como el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), el Foro Español para  la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU), así como por varios proyectos de regeneración de espacios urbanos en varias ciudades de nuestro entorno.

Últimamente hay hechos que constatan una influencia creciente de esta perspectiva y un reconocimiento de su eficacia. Tras un largo proceso de estandarización en este ámbito que había dado por fruto unas recomendaciones técnicas (CEN/TR 14383-2) aprobadas en 2007, este mismo año 2021 se ha aprobado una ISO, la ISO 22341, a nivel mundial, circunstancia que muestra una consolidación de esta perspectiva. La ISO constituye unos acuerdos que reconocen unos estándares mínimos para considerar que los principios incluidos en ella se están respetando en el diseño ambiental de espacios y zonas concretas. Aunque los estándares quizás todavía se centran mucho en los aspectos más físicos de los espacios, constituyen una confirmación de este movimiento.

El proyecto europeo Cutting Crime Impact (CCI), del cual el Departamento de Interior es miembro, también ha incluido esta aproximación a la prevención, entre sus cuatro líneas fundamentales de trabajo, como una manera eficaz y sólida de prevenir la inseguridad y limitar su impacto.

En Cataluña, varios profesionales de la seguridad, la criminología y la policía han considerado necesario promover de manera estructurada este tipo de prevención y han creado la Asociación Catalana para la Prevención de la Inseguridad a través del Diseño Ambiental (ACPIDA), que se presentará en público y empezará sus actividades en los próximos meses. Integrada en el marco de la Asociación Internacional para la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (ICA), facilitará formación, información y asesoramiento en este ámbito.

Finalmente, a nivel español, acaba de aparecer una publicación, la Guía de prevención del deleito. Seguridad, diseño urbano, participación ciudadana y acción policial, que constituye una guía muy clara y práctica sobre cómo aplicar los principios CPTED en los espacios públicos. César San Juan y Laura Vozmediano, profesores de la Universidad del País Vasco y prestigiosos autores en el marco de la criminología ambiental, han hecho el esfuerzo de traducir los principios en actuaciones concretas a fin de orientar de una manera práctica la tarea de los distintos gestores y actores públicos de la seguridad a la hora de planificar, reformar y organizar los espacios públicos. La obra tiene las grandes virtudes de la claridad y la ejemplificación, y concreta cómo tienen que ser los espacios públicos y cómo tienen que contribuir los distintos actores para que los principios CPTED sean aplicados y los espacios resultantes faciliten la seguridad y la calidad de vida de las personas que los utilizan.

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