El Ministerio del Interior británico, por medio de la diputada Sarah Jones, ha anunciado una nueva estrategia para combatir el crimen con arma blanca en Inglaterra y Gales basada en una idea clave: la mayor parte de estos delitos se concentran en zonas muy concretas y se repiten en las mismas calles y franjas horarias. Esta realidad ha llevado al gobierno británico a apostar por un enfoque mucho más preciso, intensivo y basado en datos para reducir este tipo de violencia.

El plan introduce una nueva tecnología de cartografía capaz de identificar puntos calientes de criminalidad con una precisión de hasta 0,1 kilómetros cuadrados. Esta aproximación, conocida como microgeografía, permite a las fuerzas policiales detectar con exactitud no solo dónde se producen los delitos, sino también cuándo tienen lugar con más frecuencia.

A partir de esta información, la policía podrá desplegar recursos de manera mucho más eficiente y centrarse en aquellos espacios en los que el riesgo es más elevado. El objetivo es dejar atrás las estrategias generalistas y apostar por intervenciones específicas y focalizadas.

Las zonas identificadas como puntos calientes experimentarán un incremento notable de la actividad policial. Algunas de las medidas previstas son:

• Aumentar a las patrullas policiales.
• Instalar nuevas cámaras de videovigilancia (CCTV).
• Usar el reconocimiento facial en directo.
• Implementar arcos detectores de armas blancas.

Este conjunto de acciones pretende disuadir la comisión de delitos, facilitar la identificación de los autores y mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante los incidentes.

El gobierno británico ha destinado más de 26 millones de libras al llamado Fondo de Concentración de Delitos con Arma Blanca. Dicha financiación se distribuirá entre 27 fuerzas policiales que concentran aproximadamente el 90 % de los delitos con armas blancas del país.

Esta inversión se enmarca dentro de un plan más amplio que tiene como objetivo reducir a la mitad el crimen con estas armas cortantes en el plazo de una década. Según la ministra Sarah Jones, esta estrategia permitirá salvar vidas y reforzar la seguridad de las comunidades.

Más allá del aumento de la presión policial, el plan también incluye medidas orientadas a la prevención. El gobierno reconoce que el crimen con arma blanca está a menudo relacionado con factores socioeconómicos, especialmente entre los jóvenes.

Por ello, se prevé:

• Crear 50 centros juveniles (Young Futures Hubs) en las zonas afectadas.
• Implementar paneles para detectar precozmente a los jóvenes en situación de riesgo.
• Promover programas de apoyo a las escuelas de las áreas vulnerables.
• Invertir en programas de reducción de la violencia e intervención comunitaria.

Este enfoque busca actuar antes de que se produzca el delito, y ofrecer alternativas y apoyo a los colectivos más vulnerables.

La estrategia presenta varias ventajas. Por una parte, permite optimizar los recursos policiales y centrarlos allí donde son más necesarios; de la otra, puede generar resultados más rápidos a la hora de reducir la criminalidad en zonas concretas.

Sin embargo, también plantea algunos retos importantes. El uso del reconocimiento facial en directo puede generar preocupación en materia de privacidad y derechos civiles. Además, la concentración de la actividad policial en determinados barrios podría derivar en percepciones de un exceso de presencia policial.

Finalmente, la eficacia del modelo dependerá en gran medida de la calidad de los datos y de la coordinación entre los diferentes actores implicados.

La nueva estrategia del Reino Unido representa un cambio significativo en la manera de abordar el crimen con arma blanca. Apostando por la tecnología, el análisis de datos y la intervención focalizada, el gobierno busca actuar con más precisión y eficacia.

Al mismo tiempo, la combinación de medidas policiales e iniciativas de prevención social refleja un enfoque más integral del problema. Si bien los resultados todavía están por ver, esta estrategia podría marcar el camino para otros países que afrontan retos similares en materia de seguridad urbana.

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Un artículo de Katharina Ciax y Simon Runkel analiza cómo las políticas de seguridad y antiterrorismo transforman no solo la configuración física de los espacios urbanos, sino también su dimensión emocional y perceptiva. El caso de estudio es la Breitscheidplatz de Berlín, escenario del atentado con vehículo durante el mercado de Navidad del año 2016.

Los autores parten de una idea clave: la seguridad se implementa con infraestructuras y presencia policial, pero también produce una atmósfera afectiva que modifica la manera como las personas experimentan el espacio público. Esto conecta con el campo de la geopolítica urbana cotidiana, que estudia de qué manera los grandes discursos sobre seguridad global se materializan en espacios concretos, como calles y plazas.

Antes del atentado, la Breitscheidplatz era un espacio caracterizado por el flujo constante de personas, rodeado de ejes comerciales y próximo a la estación Bahnhof Zoo. Aunque ya había prácticas de control y vigilancia desde los años noventa del siglo pasado —especialmente vinculadas a la criminalización de determinados colectivos—, el ataque de 2016 marcó un punto de inflexión.

Después del atentado, la plaza experimentó una transformación profunda con la instalación de medidas de Hostile Vehicle Mitigation (HVM): bloques de hormigón, pilonas, mobiliario urbano reforzado y una presencia policial más visible, incluida una comisaría móvil permanente. Este conjunto de medidas convirtió la plaza en un espacio altamente protegido, prácticamente único en Berlín con respecto al nivel de fortificación.

Los autores argumentan que esta acumulación de medidas responde a una necesidad funcional de protección, pero a su vez genera una sobresaturación que altera la esencia misma del espacio público.

Uno de los conceptos centrales del artículo es el de atmósfera afectiva. La seguridad no se percibe únicamente a través de normas o dispositivos materiales, sino mediante sensaciones: hostilidad, vigilancia constante, tensión o exclusión. Cruzar múltiples barreras físicas antes de llegar a la plaza puede generar una sensación de amenaza latente, aunque el objetivo sea precisamente reducir el riesgo.

Mediante etnografías sensoriales y la observación participante (entre 2021 y 2022), los investigadores recogieron testimonios e impresiones de usuarios, comerciantes y vecinos. Lo que emerge es una paradoja: las medidas destinadas a incrementar la seguridad pueden producir una atmósfera que refuerza la percepción de peligro.

Esta transformación afecta especialmente los colectivos racializados o marginados. Según los autores, la protección no es neutral: consolida prácticas discriminatorias preexistentes y restringe la accesibilidad real del espacio público. La plaza deja de ser un espacio de circulación abierta y se convierte en un espacio de control selectivo.

El artículo sitúa este caso en un marco más amplio: la protección de las ciudades europeas después de oleadas de atentados terroristas. Este proceso ha impulsado la militarización del espacio urbano, la normalización de infraestructuras defensivas y la construcción simbólica de amenazas internas.

En la Breitscheidplatz, la combinación de consumo de lujo, vigilancia intensiva y arquitectura defensiva contribuye a redefinir la identidad del espacio. La plaza es un lugar de memoria del atentado y también un escenario permanente de prevención.

Esta dinámica muestra cómo la geopolítica global (terrorismo, seguridad europea, discursos sobre la amenaza) se traduce en decisiones muy concretas sobre diseño urbano, mobiliario y presencia policial. El espacio público se convierte así en un laboratorio de gobernanza del miedo.

La aportación principal del artículo es demostrar que las políticas de seguridad tienen una dimensión material, social y emocional inseparable. La protección reorganiza el espacio a la vez que transforma la manera como se vive y se siente.

En el campo de la seguridad urbana, esto implica varias reflexiones:

• Las medidas físicas de protección generan impactos simbólicos y psicológicos.
• La sobreactuación protectora puede reforzar la percepción de riesgo.
• La seguridad se puede convertir en un mecanismo de exclusión social.
• El espacio público puede perder su función de apertura y convivencia si se convierte en una infraestructura permanente de defensa.

En definitiva, el caso de la Breitscheidplatz muestra como el antiterrorismo contemporáneo no solo protege, sino que también redefine la experiencia urbana. La seguridad deja de ser un elemento invisible para convertirse en una presencia tangible, material y ambiental que modela la vida cotidiana.

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Cada vez que se produce un gran incendio forestal, la pregunta se repite: ¿cómo puede que no lo hubiéramos podido evitar? Las imágenes de cielos teñidos de rojo, evacuaciones masivas y barrios enteros reducidos a cenizas se han ido normalizando en los informativos. En California, Australia, Canadá o el Mediterráneo, el fuego ya no se percibe como un fenómeno excepcional, sino como una nueva constante. Pero asumirlo como fatalidad es un error. Las herramientas para reducir drásticamente el impacto de los grandes incendios existen. Lo que falta es coordinación.

Los incendios forestales no son sólo un problema natural. Son el resultado de una compleja combinación de factores: cambio climático, gestión del territorio, crecimiento urbano desordenado, infraestructuras vulnerables y sistemas de respuesta fragmentados. Millones de personas viven hoy en la interfaz urbano-forestal, zonas en las que las casas conviven con masas vegetales altamente inflamables. Cuando el fuego llega, los costes humanos, económicos y ambientales son enormes, incluso para quienes no pierden directamente el hogar.

Paradójicamente nunca habíamos dispuesto de tanta tecnología para hacer frente a este reto. Satélites capaces de detectar igniciones en cuestión de minutos, sensores terrestres que monitorizan condiciones de riesgo, modelos de inteligencia artificial que proyectan la evolución del fuego en tiempo real, drones que cartografían vegetación peligrosa, redes eléctricas inteligentes que pueden desconectarse antes de que una chispa provoque una catástrofe. Todo esto ya existe.

Estas tecnologías no pueden —ni deben— eliminar el fuego por completo. El fuego forma parte de muchos ecosistemas y resulta esencial para su regeneración. Pero sí pueden evitar que un incendio puntual se convierta en un desastre de grandes dimensiones. Pueden reducir evacuaciones, salvar viviendas, proteger infraestructuras críticas y, sobre todo, salvar vidas.

El principal problema no es técnico, sino institucional. El sistema de prevención y respuesta a los incendios está profundamente fragmentado. Intervienen gobiernos locales, regionales y estatales, cuerpos de bomberos con competencias diferentes, agencias de gestión forestal, compañías eléctricas, aseguradoras, centros de investigación, empresas tecnológicas y comunidades locales. Cada actor tiene sus presupuestos, normativas, sistemas de datos y procesos de compra. El resultado es un ecosistema en el que innovar es difícil y escalar soluciones es aún más complicado.

Muchas iniciativas tecnológicas prometedoras se quedan en pruebas piloto. Las agencias públicas a menudo no pueden asumir el riesgo de comprar tecnología nueva que todavía no está plenamente validada. Las empresas innovadoras no saben a qué puerta llamar. Las fundaciones financian experimentos, pero no su implantación a gran escala. Y las comunidades con menos recursos son las que más sufren esta carencia de coordinación, quedando aún más expuestas.

Otros ámbitos de la política pública demuestran que esto se puede hacer mejor. En seguridad nacional, energía o aviación, Estados Unidos ha creado organismos que actúan como puente entre el sector público, la investigación y el mercado. Estos organismos no inventan tecnología, sino que identifican soluciones prometedoras, ayudan a probarlas, establecen estándares comunes y facilitan que lleguen rápidamente a los usuarios finales.

Lo que falta en el ámbito de los incendios forestales es una estructura similar: una entidad de coordinación con mandato claro para conectar a innovadores, administraciones, servicios de emergencia, empresas de servicios básicos y comunidades. Un actor neutral que pueda detectar tecnologías emergentes, promover la interoperabilidad, ayudar a superar obstáculos burocráticos y dirigir inversiones hacia la prevención y la mitigación, no sólo hacia la extinción cuando el fuego está ya descontrolado.

Esto no significa sustituir políticas esenciales como la gestión forestal, las cremas controladas, los códigos de construcción o la planificación urbanística. Por el contrario: la tecnología puede hacer que todas estas medidas sean más eficientes y más justas. Puede ofrecer mejores datos a los bomberos, alertas más precisas a la población y una recuperación más rápida después del desastre.

Algunos gobiernos ya han empezado a moverse en esa dirección. Hay estados que han creado oficinas específicas de innovación en incendios o centros de excelencia para nuevas técnicas de lucha aérea. Pero sin una visión coordinada a nivel nacional o supranacional, los avances siguen siendo desiguales e insuficientes ante la magnitud del reto.

Los grandes incendios no son inevitables. Son, en gran medida, el reflejo de decisiones colectivas y sistemas que no han evolucionado al ritmo del riesgo. Si hemos sido capaces de transformar la seguridad aérea, la predicción de huracanes o la preparación frente a terremotos mediante inversión y coordinación, también podemos hacerlo con los incendios forestales. La tecnología ya está ahí. Ahora hace falta voluntad política y capacidad de organizarla.

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Cuando pensamos en prevención de drogas, es poco probable que nos vengan a la cabeza imágenes de zombies caminando por las calles. Pero en Dover, New Hampshire, EE.UU., esta combinación tan sorprendente se ha convertido en una poderosa herramienta educativa. Y es sólo una de las muchas iniciativas del Dover Youth to Youth (Y2Y), un programa pionero liderado por jóvenes que trabajan para reducir el consumo de sustancias en su comunidad.

El proyecto comenzó en 1992, impulsado por el Departamento de Policía de Dover, con un pequeño grupo de once alumnos de sexto. El objetivo era claro: dar voz a los jóvenes y convertirlos en parte activa de la solución a los problemas de consumo y abuso de substancias.

Hoy, Y2Y es una organización vibrante de más de 70 estudiantes de 6º a 12º, distribuidos en varios equipos de acción. Los estudiantes se incorporan por muchas razones: interés por el activismo, experiencias personales o simplemente por voluntad de generar un cambio positivo.

Las actividades de Y2Y son variadas y muy dinámicas. Semanalmente, los equipos se reúnen para formarse y desarrollar proyectos en cuatro áreas:

• Educación: Presentaciones en escuelas, talleres de seguridad con medicamentos y charlas comunitarias.
• Conciencia comunitaria: Campañas creativas y eventos públicos.
• Políticas públicas: Los jóvenes han contribuido a aprobar ocho ordenanzas municipales y tres leyes estatales.
• Medios de comunicación: Han creado más de 200 anuncios de radio y vídeos educativos.

Entre sus proyectos más populares se encuentra The Zombie Project, una campaña que destaca la importancia de participar en el Drug Take Back Day de la DEA. Días antes del evento, los jóvenes salen disfrazados de zombies para informar a la población sobre los riesgos de guardar medicamentos innecesarios en casa. Su lema es directo y efectivo: “Si piensas que los zombis dan miedo, basta con que mires dentro de tu taquilla de medicamentos.”

En 2013, Dover Youth to Youth fue reconocido como un programa basado en la evidencia en New Hampshire. Esta distinción permitió ampliar su influencia, ofreciendo formación y recursos a grupos juveniles de todo Estados Unidos. Uno de sus proyectos más importantes es el One Voice Youth Empowerment Toolkit, un conjunto completo de herramientas y guías para que otras comunidades puedan replicar su modelo de éxito.

El aumento dramático de muertes relacionadas con el fentanilo ha impulsado a Y2Y a crear nuevas campañas adaptadas a la realidad actual. En 2024, lanzaron Dealer is Not a Doctor, centrada en los riesgos de las pastillas falsificadas que imitan medicamentos reales, pero contienen fentanilo en dosis potencialmente mortales.

Con el apoyo de agentes de la DEA y una gran movilización juvenil, la campaña ha incluido manifestaciones, reparto de materiales informativos y fuerte presencia mediática. El mensaje está claro: No tomes ningún medicamento que no haya sido prescrito por un médico. Un “dealer” no es un doctor y no vela por tu salud.

El mensaje principal de Dover Youth to Youth es que los jóvenes tienen poder para transformar su comunidad. Ya sea disfrazados de zombies, hablando delante del consistorio o creando contenido multimedia, estos estudiantes demuestran que la prevención es más efectiva cuando la lideran los propios jóvenes.

Para cualquier grupo juvenil que quiera empezar un proyecto similar, Y2Y recomienda no reinventar la rueda: existen herramientas, campañas nacionales y recursos preparados para ser utilizados. Lo importante es tener pasión, compromiso y ganas de generar un cambio real.

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Las fuerzas de la orden de toda Europa luchan incansablemente para parar la creciente cantidad de cocaína que atraviesa el Atlántico desde América del Sur.

Según el Centro de Operaciones de Análisis Marítimo (MAOC), que vigila el tráfico de drogas transatlántico, 100 barcos sospechosos de tráfico de drogas no se pudieron detener el año pasado porque las autoridades europeas no tenían suficientes medios para interceptarlos. Europa tiene los datos de los barcos que cruzan el Atlántico cargados de drogas, pero todavía no tiene los activos de intercepción disponibles, según el director del MAOC, Sjoerd Top. Hasta 600 barcos son monitorizados por el MAOC cada día, mientras que se producen cantidades récord de cocaína en América del Sur.

Los usuarios del Reino Unido consumieron 117 toneladas de cocaína el año pasado, según la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido. Mientras tanto, la cifra de muertes relacionadas con la cocaína se ha multiplicado por diez desde el año 2011.

La droga se envía generalmente en grandes barcos portacontenedores a puertos europeos, como Róterdam y Amberes. Pero la seguridad de estos puertos se ha reforzado, de manera que los contrabandistas buscan rutas alternativas. Muchos descargan las balas de cocaína de un barco “madre” a una embarcación “hija” más pequeña, con la que son llevadas a tierra. A través de este método, en los últimos seis meses se han interceptado en el mar toneladas de cocaína, en múltiples incautaciones de una o dos toneladas.

Pero los cárteles son implacables y cada vez más apuntan a Irlanda, el único país europeo con una frontera abierta con el Reino Unido, como puerta trasera. Irlanda tiene casi 2.000 millas de costa muy vulnerable, muchas de ellas ideales para el contrabando, con centenares de entradas aisladas.

Las fuerzas de defensa del país ayudan a combatir a los cárteles. Pero Irlanda tiene el gasto en defensa más bajo de la UE, solo el 0,2 % del PIB. El Servicio Naval Irlandés tiene ocho barcos, pero normalmente solo se pueden hacer dos a la mar, a causa de la escasez de marineros. Irlanda tiene 132.000 millas cuadradas de agua bajo su jurisdicción, el 16% de las aguas europeas, y solo dos barcos plenamente operativos. Según el excomandante naval Eugene Ryan, esto no tiene ningún sentido.

Pasa el mismo con el apoyo aéreo. Se supone que las fuerzas de defensa irlandesas proporcionan los helicópteros para ayudar a proteger la costa. Pero a veces no tienen ninguno disponible que pueda hacer el trabajo.

La autopista de narcóticos atraviesa el Atlántico y uno de los primeros países a los que llega es Irlanda. El gobierno irlandés asegura mantener una presencia y vigilancia continua dentro de su dominio marítimo. Subraya que la financiación para la defensa aumentará en 600 millones de euros en cuatro años, un aumento del 55 %, y se aplicarán iniciativas significativas, que también han dado lugar a la estabilización de la fuerza del Servicio Naval.

El tráfico de drogas es un problema creciente en toda Europa, y los que lideran su lucha afirman que todos los países tienen que hacer mucho más para pararlo.

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La violencia por parte de los estudiantes del llamado nivel K-12 (hasta los 14 años) es inquietantemente común. Garantizar que las escuelas tengan maneras efectivas de identificar y prevenir estos incidentes es cada vez más importante. Varios comportamientos o comunicaciones perturbadoras, incluidas las amenazas directas, pueden preceder los actos de violencia.

Estas reflexiones se derivan de una investigación de varios autores tales como Brian A. Jackson, Pauline Moore, etc. publicada también a Rand.

A pesar de que la expulsión de todos los estudiantes que presenten estos comportamientos puede parecer prudente, hacerlo puede ser contraproducente, limitando la eficacia de los esfuerzos de seguridad. Con sistemas efectivos para la evaluación y gestión de la amenaza conductual (BTAM), las escuelas pueden evaluar y responder a un comportamiento preocupante para proteger la comunidad y responder al estudiante el comportamiento del cual ha causado preocupación.

Para hacerlo, las escuelas necesitan las herramientas para responder. Las herramientas pueden incluir medidas restrictivas o la participación de las fuerzas de la orden en los casos más graves, pero otras opciones pueden ser más efectivas. Estas opciones adicionales incluyen diferentes tipos de intervención en salud mental, asesoramiento y otros apoyos. Los equipos con amplias herramientas disponibles pueden personalizar mejor las intervenciones, aumentando las posibilidades de resultados positivos para todos los implicados.

En este informe, los autores se basan en la literatura publicada y en extensas entrevistas con profesionales de la educación y la seguridad pública para crear un inventario de las muchas opciones de intervención que son valiosas para las escuelas en la fase de gestión de BTAM. Además, a partir de enfoques variados de los campos del asesoramiento, la disciplina escolar y la gestión del comportamiento, y otras profesiones que tienen que adaptar los servicios adecuados a las necesidades de los jóvenes a su cargo, el informe analiza las herramientas de apoyo a la toma de decisiones para ayudar los equipos directivos a implementar esta parte crítica de los esfuerzos para prevenir la violencia dirigida y mantener las comunidades escolares seguras.

Hay disponibles varias opciones de intervención para los esfuerzos BTAM de K-12.

Mediante el uso de asesoramiento de apoyo y otras intervenciones, BTAM está ampliando las opciones disponibles para los líderes escolares y el personal para abordar un comportamiento problemático que tiene el potencial de convertirse en violencia.

Para ser efectivos, los equipos de BTAM de la escuela necesitan un amplio conjunto de herramientas, que incluyan opciones adaptadas:

• a las especificidades de los comportamientos problemáticos de un alumno,
• en la comunidad y entorno escolar únicos, y
• a las necesidades y circunstancias del alumno o estudiantes implicados.

Las ideas de la educación, la seguridad pública y otros campos se pueden combinar para apoyar a la concordancia de intervenciones efectivas con las necesidades de los estudiantes

Recomendaciones

Para informar mejor la planificación de la intervención, las herramientas de intervención se tienen que diseñar de forma que prioricen la recogida de datos sobre factores que se pueden cambiar porque las piezas de información en BTAM que pueden ser una parte útil para evaluar el peligro que supone un individuo pueden ser inútiles para la planificación de la intervención.

El inventario de opciones de intervención desarrollado en este estudio podría proporcionar un punto de partida porque las escuelas tomen decisiones conscientes a medida que

• revisan las opciones disponibles para sus equipos y
• identifican las opciones a las cuales no tengan acceso pero que podrían acontecer prioridades valiosas a corto plazo para reforzar sus esfuerzos de seguridad escolar.

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La violencia contra el personal de las ambulancias es, actualmente, un problema importante. La gran mayoría del personal de ambulancias informa de que ha experimentado amenazas de violencia, lo cual afecta al bienestar de los trabajadores, que ya de por si realizan trabajos importantes, estresantes y desafiantes. Hasta el año 2020, los incidentes con uso de violencia aumentaban anualmente, lo cual comportaba costes adicionales para el servicio de ambulancias.

El NHS England (el servicio nacional de salud de Reino Unido), el servicio de ambulancias y los sindicatos coincidieron en la necesidad de actuar e implementaron varias iniciativas para reducir la cifra de empleados que viven la violencia como si fuera una parte del trabajo. Estas iniciativas incluían la introducción de cámaras corporales.

Uno de los problemas existentes era que, aunque las cámaras se habían ido introduciendo gradualmente por todo el mundo para reducir la violencia –incluidos los servicios de policía o el transporte público– y existían pruebas de su eficacia, eran pruebas limitadas sobre la mejor manera de hacerlas funcionar en las ambulancias. Por lo tanto, se decidió hacer un estudio de investigación en paralelo a la introducción de las cámaras para evaluar su impacto.

RAND Europe fue el encargado de llevar a cabo esa evaluación. Durante un periodo de tres años, 2021 a 2024, se recopilaron y analizaron datos, con estrecha colaboración con los trabajadores y gerentes del personal de ambulancias. De acuerdo con toda esa información se redactó un informe completo.

Para determinar si las cámaras corporales reducen la violencia contra el personal, se examinan las condiciones más amplias en las cuales es más probable que tengan éxito y se proporcionan recomendaciones para mejorar estas condiciones. Más que nada, porque las cámaras corporales son solo una pequeña parte de un sistema más amplio de políticas y prácticas destinadas a reducir la violencia y la agresión.

La aplicación de las cámaras corporales en el sector de las ambulancias se transfirió a los consorcios de ambulancias basándose en que los consorcios locales eran los más indicados para identificar los obstáculos y las oportunidades locales y comunicarse eficazmente con el personal local.

En la investigación, concluyeron que el personal de las ambulancias tiene opiniones variadas sobre las cámaras corporales, básicamente porque por sí solas no son una panacea para reducir la tensión en las situaciones de riesgo, pero con más opiniones positivas que negativas. Los entrevistados en el estudio destacaron la necesidad de estrategias más amplias, como la comunicación efectiva.

El rol del apoyo institucional surgió como un factor crucial para determinar el impacto de las cámaras en el bienestar del personal y su percepción de seguridad. Eso se alinea con la literatura existente, que destaca que los entornos de apoyo pueden mejorar los beneficios de las cámaras corporales. Además, se encontró una fuerte correlación positiva entre una cultura de trabajo favorable y las opiniones positivas de las cámaras corporales, lo cual sugiere que el clima organizacional juega un papel importante en la formación de las percepciones.

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La declaración señala que el derecho internacional sigue siendo apto para su propósito en este dominio digital y reitera que los estados deben cumplir determinadas normas y obligaciones cuando realizan actividades en el ciberespacio.

La declaración reconoce que el comportamiento malicioso en el ciberespacio, incluido el ransomware, está aumentando en escala, gravedad, sofisticación e impacto, y presenta un reto y una amenaza importantes para el funcionamiento de las sociedades, las economías y la forma de vida europeas. Aun así, el ciberespacio no es un dominio sin ley.

El respeto y la adhesión al marco de la ONU de comportamiento responsable del estado al ciberespacio siguen siendo esenciales para mantener la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. Por lo tanto, la UE y sus estados miembros reafirman su pleno compromiso con la implementación del marco de la ONU de comportamiento estatal responsable en el ciberespacio, adoptado por consenso y repetido en varias instancias por la Asamblea General de la ONU (AGNU), que afirma, entre otras cosas, que el derecho internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se aplica plenamente en el ciberespacio.

La Unión Europea y sus estados miembros continuarán trabajando con socios internacionales para establecer un mecanismo de las Naciones Unidas único, permanente, inclusivo, regular y orientado a la acción para implementar y promover un comportamiento estatal responsable en el ciberespacio: el Programa de Acción.

Con esta declaración, la Unión y sus estados miembros demuestran que es posible llegar a un acuerdo común sobre un conjunto de principios y normas fundamentales del derecho internacional aplicables al ciberespacio. Una mejor comprensión global común de cómo se aplica el derecho internacional en el ciberespacio contribuye a mejorar la resiliencia cibernética global y a una mayor transparencia y predictibilidad de la conducta de los estados en el ciberespacio y la rendición de cuentas.

En este sentido, la UE y sus estados miembros continúan apoyando a terceros países mediante la formación y el desarrollo de capacidades sobre la implementación del marco de las Naciones Unidas de comportamiento estatal responsable al ciberespacio, incluido sobre como desarrollar una posición nacional, regional o internacional sobre la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio.

Es la primera vez que la Unión Europea y sus estados miembros adoptan una declaración sobre este tema concreto. La declaración sigue a la aprobación reiterada de AGNU del marco de comportamiento estatal responsable en el ciberespacio, basado en la aplicación del derecho internacional. La declaración está relacionada con los esfuerzos a nivel de las Naciones Unidas, concretamente el Grupo de trabajo abierto de las Naciones Unidas (OEWG) sobre la seguridad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el periodo 2021-2025, establecido por la resolución de AGNU UN A/RES /75/240 en el año 2021.

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El Consejo Europeo ha adoptado un paquete de nuevas normas contra el blanqueo de capitales que debe proteger a los ciudadanos de la UE y su sistema financiero contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y junto con este paquete de normas, una nueva agencia con sede en Frankfurt supervisará el trabajo de los actores implicados. Esta nueva herramienta debe garantizar que los estafadores, el crimen organizado y los terroristas no tengan espacio para legitimar sus ingresos a través del sistema financiero.

Con el nuevo paquete, todas las normas que se aplican al sector privado se transferirán a una nueva regulación directamente aplicable, mientras que una directiva tratará la organización de las autoridades nacionales competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El reglamento armoniza exhaustivamente las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez en toda la UE, cerrando así cualquier resquicio a los estafadores. También amplía las normas contra el blanqueo de capitales a nuevas entidades obligadas, como la mayoría del sector ‘cripto’, comerciantes de bienes de lujo y clubs y agentes de fútbol. Asimismo, el reglamento establece requisitos más estrictos, regula la propiedad efectiva y fija un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, entre otras cosas.

La directiva mejorará la organización de los sistemas estatales de lucha contra el blanqueo de capitales estableciendo reglas claras sobre cómo trabajan conjuntamente las unidades de inteligencia financiera (UIF, los organismos nacionales que recaban información sobre actividades financieras sospechosas o inusuales en los estados miembros) y los supervisores.

A tal efecto, el reglamento crea una nueva Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), que tendrá competencias de supervisión directas e indirectas sobre las entidades de alto riesgo del sector financiero.

Vista la naturaleza transfronteriza de la delincuencia financiera, la nueva autoridad debe aumentar la eficiencia mediante la creación de un mecanismo integrado con los supervisores nacionales para garantizar que las entidades obligadas cumplan las obligaciones relacionadas con el sector financiero. AMLA también debe tener un papel de apoyo con respecto al sector no financiero, y debe coordinar y dar apoyo a las UIF.

Además de las facultades de control y para garantizar el cumplimiento, en los casos de incumplimiento grave, sistemático o reiterado de los requisitos directamente aplicables, la Autoridad impondrá sanciones pecuniarias a los sujetos obligados seleccionados.

La nueva directiva contra el blanqueo de capitales también prescribe que los estados miembros de la UE hagan que la información de los registros de cuentas bancarias centralizadas, que contengan datos sobre quién tiene una cuenta bancaria y dónde, esté disponible a través de un único punto de acceso.

Como la directiva AML (del inglés Anti-Money Laundering) tiene que proporcionar acceso al punto único solamente a las UIF, el Consejo ha adoptado una directiva separada para garantizar que las autoridades policiales estatales tengan acceso a estos registros mediante el punto de acceso único. Esta directiva también incluye la armonización del formato de los extractos bancarios. Este acceso directo y el uso de formatos armonizados por parte de los bancos es un instrumento importante en la lucha contra los delitos y en los esfuerzos por localizar y confiscar el producto del crimen.

Este es el paso final del procedimiento de adopción del reglamento. La normativa ALA se aplicará a los tres años de su entrada en vigor. Los estados miembros tendrán dos años para transponer algunas partes de la directiva ALA y tres años para otras.

AMLA tendrá la sede en Frankfurt y empezará a operar a mediados de 2025.

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Para reforzar la solidaridad y las capacidades de la Unión Europea para detectar las amenazas e incidentes de ciberseguridad, prepararse para afrontarlos y responder, los representantes de los Estados miembros (Coreper) llegaron a una posición común sobre el denominado acto de cibersolidaridad. El proyecto de reglamento establece las capacidades de la Unión para hacer que Europa sea más resistente y reactiva ante las amenazas cibernéticas, al tiempo que refuerza los mecanismos de cooperación.

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo principal:

• Apoyar la detección y la concienciación de amenazas e incidentes de ciberseguridad importantes o a gran escala.
• Reforzar la preparación ante amenazas y proteger a las entidades críticas y los servicios esenciales, como hospitales y servicios públicos.
• Reforzar la solidaridad en el ámbito de la UE, la gestión concertada de las crisis y las capacidades de respuesta entre los Estados miembros.
• Contribuir a garantizar un panorama digital seguro tanto para los ciudadanos como para las empresas.

Para detectar las principales amenazas cibernéticas de forma rápida y eficaz, el borrador de reglamento establece un escudo cibernético europeo, que es una infraestructura paneuropea compuesta por centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos en toda la Unión. Son entidades encargadas de compartir información para detectar las ciberamenazas y actuar en consecuencia.

Este borrador también prevé la creación de un mecanismo de emergencia cibernética para aumentar la preparación ante incidentes en la UE y mejorar las capacidades de respuesta. Está previsto apoyar:

• Acciones de preparación, incluyendo entidades de prueba en sectores muy críticos (salud, transporte, energía, etc.) para detectar posibles vulnerabilidades, basadas en escenarios y metodologías de riesgo comunes.
• Servicios de respuesta a incidentes de proveedores de confianza del sector privado contratados previamente y, por lo tanto, dispuestos a intervenir, a petición de un Estado miembro o de instituciones, organismos y agencias de la UE, en caso de un problema importante o a gran escala resultante de un incidente de ciberseguridad.
• Asistencia mutua en términos financieros, en la que un Estado miembro podría ofrecer apoyo a otro.

Finalmente, el reglamento propuesto establece el mecanismo de revisión de incidentes de ciberseguridad para mejorar la resiliencia de la UE mediante la revisión y evaluación de los incidentes significativos o a gran escala después de que hayan tenido lugar, extraer las lecciones aprendidas y, cuando corresponda, emitir recomendaciones para mejorar la postura cibernética de la UE. A petición de la Comisión o de las autoridades nacionales, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) revisaría determinados incidentes y entregaría un informe con las lecciones aprendidas y las recomendaciones necesarias.

A lo largo del texto se ha subrayado el carácter voluntario de la implicación de los Estados miembros en los mecanismos establecidos por la propuesta de la Comisión y se han aclarado las interacciones entre las entidades existentes y las definidas por el proyecto de reglamento.

El acuerdo sobre la posición común del Consejo permitirá a la presidencia entrante iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la versión final de la propuesta de legislación.

El presupuesto total de todas las acciones de cibersolidaridad de la Unión es de 1.100 millones de euros, de los cuales aproximadamente dos tercios serán financiados por la UE a través del Programa Europa Digital.

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