Hace años que la criminología y otras disciplinas han planteado la necesidad de una aproximación y un tratamiento transversal a la seguridad con múltiples actores.

Entre las aproximaciones transversales más estructuradas encontramos la Prevención del delito a través del diseño ambiental (CPTED en sus siglas en inglés), que, en el fondo, es una respuesta a las cuestiones planteadas por la criminología ambiental a través del conocimiento sobre cómo el entorno (el medio) condiciona la seguridad (y la delincuencia) y qué metodologías hay que diseñar y utilizar para trabajar en este campo de manera eficaz. A pesar de que en un primer momento se centró en el diseño de los espacios físicos, posteriormente incluyó los aspectos sociales relacionados con los movimientos y las actividades que la población lleva a cabo, aspectos indispensables para incidir en la seguridad de los espacios.

Los planteamientos propuestos por CPTED fueron asumidos, de manera más o menos implícita, por organizaciones relevantes como el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), el Foro Español para  la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU), así como por varios proyectos de regeneración de espacios urbanos en varias ciudades de nuestro entorno.

Últimamente hay hechos que constatan una influencia creciente de esta perspectiva y un reconocimiento de su eficacia. Tras un largo proceso de estandarización en este ámbito que había dado por fruto unas recomendaciones técnicas (CEN/TR 14383-2) aprobadas en 2007, este mismo año 2021 se ha aprobado una ISO, la ISO 22341, a nivel mundial, circunstancia que muestra una consolidación de esta perspectiva. La ISO constituye unos acuerdos que reconocen unos estándares mínimos para considerar que los principios incluidos en ella se están respetando en el diseño ambiental de espacios y zonas concretas. Aunque los estándares quizás todavía se centran mucho en los aspectos más físicos de los espacios, constituyen una confirmación de este movimiento.

El proyecto europeo Cutting Crime Impact (CCI), del cual el Departamento de Interior es miembro, también ha incluido esta aproximación a la prevención, entre sus cuatro líneas fundamentales de trabajo, como una manera eficaz y sólida de prevenir la inseguridad y limitar su impacto.

En Cataluña, varios profesionales de la seguridad, la criminología y la policía han considerado necesario promover de manera estructurada este tipo de prevención y han creado la Asociación Catalana para la Prevención de la Inseguridad a través del Diseño Ambiental (ACPIDA), que se presentará en público y empezará sus actividades en los próximos meses. Integrada en el marco de la Asociación Internacional para la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (ICA), facilitará formación, información y asesoramiento en este ámbito.

Finalmente, a nivel español, acaba de aparecer una publicación, la Guía de prevención del deleito. Seguridad, diseño urbano, participación ciudadana y acción policial, que constituye una guía muy clara y práctica sobre cómo aplicar los principios CPTED en los espacios públicos. César San Juan y Laura Vozmediano, profesores de la Universidad del País Vasco y prestigiosos autores en el marco de la criminología ambiental, han hecho el esfuerzo de traducir los principios en actuaciones concretas a fin de orientar de una manera práctica la tarea de los distintos gestores y actores públicos de la seguridad a la hora de planificar, reformar y organizar los espacios públicos. La obra tiene las grandes virtudes de la claridad y la ejemplificación, y concreta cómo tienen que ser los espacios públicos y cómo tienen que contribuir los distintos actores para que los principios CPTED sean aplicados y los espacios resultantes faciliten la seguridad y la calidad de vida de las personas que los utilizan.

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La Unión Europea proporcionará nueva financiación para la aplicación efectiva del Tratado sobre el comercio de armas (ATT).

El Consejo Europeo adoptó, a finales del mes de abril, una decisión que permite a la Unión Europea apoyar tres proyectos de la Secretaría ATT en Ginebra con una contribución de 1,37 millones de euros. El objetivo es ayudar a los estados del tratado a reforzar sus sistemas nacionales de control de las exportaciones de armas. Los sistemas de control de las exportaciones son instrumentos clave para evitar el desvío y el comercio ilícito de armas y contribuyen a un comercio más responsable de equipamiento y tecnología militares.

Más concretamente, el apoyo de la Unión Europea permitirá las siguientes acciones:

– Formación de expertos ATT locales y regionales para proporcionar ayuda a la implementación y reducir así la dependencia de consultores externos.

– Creación de una base de datos para satisfacer las necesidades y los recursos de aplicación de los tratados.

– Creación de mecanismos de comunicaciones e informática para permitir una cooperación más eficaz entre los puntos de contacto de los estados y la Secretaría del ATT.

Asimismo, el proyecto fortalece la capacidad institucional de la Secretaría ATT para proporcionar apoyo sostenible a los estados que forman parte. Se adapta a la estrategia recientemente adoptada para fortalecer la contribución de la UE al multilateralismo basado en normas, promoviendo la paz y la seguridad mundiales.

Esta decisión también forma parte del apoyo de la UE al ATT. Además de facilitar las primeras negociaciones sobre el tratado, la UE ha proporcionado aproximadamente 15 millones de euros para numerosos proyectos destinados a promover su adopción e implementación universales.

La adopción e implementación universales del ATT son cruciales para reducir la violencia y el sufrimiento humano en las regiones afectadas por conflictos. En vigor desde diciembre de 2014, el Tratado sobre el comercio de armas regula el comercio internacional de armas convencionales, sus partes y municiones, con el objetivo de erradicar la venta ilícita y su desvío. Todos los estados miembros de la UE forman parte del Tratado.

La Secretaría ATT gestiona los informes de los estados, sus puntos de contacto nacionales y las listas de control nacionales. Además de organizar las conferencias de los estados y el trabajo en las sesiones, también administra el Fondo Fiduciario Voluntario ATT, que ayuda a la implementación de los tratados por los estados.

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El proyecto Cutting Crime Impact (CCI), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, pretende prevenir la delincuencia ordinaria (toda aquella que no es organizada) y, en caso de producirse, reducir el impacto tanto como sea posible. Con este fin el proyecto trabaja en cuatro ámbitos concretos: la policía predictiva, la policía comunitaria, la prevención del delito a través del diseño ambiental y la percepción de seguridad. El proyecto tiene la finalidad de elaborar herramientas en estos cuatro ámbitos que puedan ser aplicadas por los actores de seguridad para cumplir los fines del proyecto.

En el ámbito de la percepción de seguridad o seguridad subjetiva, el Departamento de Interior, como socio del proyecto, ha sido el encargado de diseñar una herramienta que sirviera para mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. La fórmula escogida ha sido la elaboración de una guía, “La percepción importa”, que orienta de manera práctica y útil a los gestores de la seguridad que tienen que hacer frente a la articulación de respuestas ante estallidos de inseguridad en ámbitos concretos de la ciudad. Las manifestaciones de sentimientos de inseguridad acostumbran a estar relacionadas con espacios concretos e, incluso, con determinadas franjas horarias. Una respuesta estándar, genérica, está abonada al fracaso; es necesario un análisis mínimamente profundizado (y, si es posible, rápido) que permita detectar las causas que hay detrás de aquel estallido de inseguridad (y no de la inseguridad en general) con el fin de tomar las medidas que puedan afrontar concretamente aquellas causas.

Los gestores de seguridad están sometidos a una presión alta cuando hay una manifestación pública de inseguridad o de miedo al delito. Esta presión les impide, a menudo, tener la calma y el tiempo suficientes para analizar la situación adecuadamente y favorece la toma de medidas rutinarias y muy visibles que, aunque no solucionan el problema, sirven para amortiguar la presión pública y política. “La percepción importa” pretende precisamente ofrecer criterios sencillos y prácticos para que estas personas encargadas de articular respuestas a las manifestaciones públicas de inseguridad puedan identificar qué medidas urgentes, si hacen falta, tienen que tomar, a la vez que facilita el análisis en profundidad de la situación y una respuesta más integral con medidas a corto, medio y largo plazo, para evitar la adopción de aquellas que sirven para “distraer” el problema pero que, en el fondo, lo van enquistando.

“La percepción importa” consta de cinco documentos que forman parte de una misma estrategia y que pueden ser utilizados juntos o por separado. El cuaderno 1 constituye la guía en sentido estricto, que incorpora las preguntas clave que una persona con responsabilidades en la gestión de la seguridad tiene que hacerse ante un incidente de inseguridad. También contiene las fuentes a las que puede recurrir para informarse adecuadamente. Al final del cuaderno hay una clarificación de conceptos a tener en cuenta a la hora de gestionar crisis de inseguridad subjetiva para conocer con precisión cuáles son sus dinámicas.

El cuaderno 2 nos ayuda a evaluar si nos encontramos ante un incidente que requiere medidas urgentes, inmediatas, a la vez que continuamos con un análisis más global del problema. El documento incluye indicadores para decidir si las medidas urgentes son necesarias o no, así como recomendaciones del tipo de medidas a tomar.

El cuaderno 3 explica, de manera sencilla, varias metodologías de investigación en el campo de las ciencias sociales, con consejos prácticos de cómo tienen que ser gestionadas para obtener la información requerida sin entrar en procedimientos de reflexión interminables. No se trata de un manual de metodología, sino de recomendaciones sobre cómo utilizar algunas de manera simple y útil para mejorar nuestro diagnóstico de inseguridad.

El cuaderno 4 pone a disposición del lector criterios para articular medidas de respuesta a estallidos de inseguridad en virtud de las causas que la han provocado, de manera que la inseguridad pueda ser contenida y revertida. Se presentan medidas de tipo diverso y transversal, así como a corto, medio y largo plazo. También incluye un enlace con documentos que recogen buenas prácticas en este campo.

El cuaderno 5 ofrece, por una parte, pautas para entender la importancia que tiene la comunicación con la ciudadanía en materia de seguridad subjetiva, y por otra, los criterios a seguir para que la comunicación pública consiga efectivamente mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía o, cuando menos, no agravarla en momentos de crisis.

En resumen, se trata de un documento que muy probablemente no descubre nada en la materia, pero que tiene la virtud de ordenar de manera sencilla, y esperamos que eficaz, los conocimientos existentes para facilitar una gestión ordenada y ágil de los estallidos de inseguridad en nuestras ciudades y espacios públicos. Puede consultarse en la web del Departamento de Interior http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/projecte-europeu-toolkit-la-percepcio-importa/

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Europol ha diseñado un programa que ha puesto en marcha este mes de noviembre con el objetivo de evitar estafas en las compras en línea en próximas fechas de gran consumo. La mayor temporada de venta al detalle del año está a punto de llegar, y en el actual contexto de pandemia no es necesario abandonar la comodidad del hogar para participar. Pero tampoco lo hacen los cibercriminales.

El diseño fácil de páginas web, el aumento del tráfico en las redes sociales y la comodidad han convertido la compra y venta de productos en línea en un pilar de la experiencia de la compra moderna. La pandemia de COVID-19 ha impulsado todavía más a los consumidores a conectarse a internet para realizar compras. Para las empresas, esta tendencia plantea tanto retos como oportunidades significativas. Más ventas y más tráfico suponen más ingresos. Pero también significa un aumento del fraude, ya que los delincuentes tienen todavía más oportunidades de actuar tanto con los consumidores como con los comerciantes. Entonces, ¿cómo deberían prepararse los minoristas?

Mediante una campaña de sensibilización iniciada a mediados del mes de noviembre, las fuerzas del orden de 16 países se han unido con el European Cybercrime Centre (EC3) de Europol y el Merchant Risk Council para compartir consejos prácticos sobre cómo hacer frente a los delincuentes que intentan actuar con la experiencia de compra en línea.

Esta campaña de sensibilización se lleva a cabo bajo el paraguas de la Acción de comercio electrónico de 2020 (eComm 2020) liderada por Europol. La campaña de este año se centra especialmente en los comerciantes electrónicos: les ayudan a identificar mejor los fraudes en sus plataformas y les permiten tomar medidas para proteger el negocio y los clientes contra estos ataques.

Las fuerzas del orden y los socios comerciales principales compartirán los mensajes de la campaña mediante la etiqueta #SellSafe para llegar al público más amplio posible.

La amenaza que representan estos delincuentes es muy real: en el periodo previo a esta campaña, varios países llevaron a cabo acciones operativas que supusieron la detención de 22 ciberdelincuentes de este tipo solo durante el mes de octubre. La campaña de sensibilización iniciada en noviembre se basa en la experiencia de las investigaciones de las fuerzas del orden contra órdenes fraudulentas de varios tipos y tiene como objetivo ayudar a los comerciantes a reconocer y solucionar mejor las carencias de seguridad de sus plataformas.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol ha elaborado algunas indicaciones para los comerciantes:

• Conozca su producto: algunos productos tienen más riesgo de venderse que otros. Por ejemplo, vender artículos pequeños que se pueden revender fácilmente y que ya tienen demanda es más arriesgado que los artículos de diseño personal.

• Conozca a su cliente: si acepta pagos con tarjeta y envía productos valiosos a sus clientes, querría saber a quién envía los artículos, ¿no?

• Establezca un medio de pago seguro: el administrador de su tarjeta puede asesorarle. La elección de un medio de pago seguro limitará el riesgo de fraude.

• Utilice un servicio de entrega fiable: escoja un método de entrega para asegurarse de la manipulación profesional de su mercancía y de las posibles reclamaciones por la no entrega.

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El Comité Ejecutivo del Parlamento Mundial de Alcaldes (GPM) entrega una resolución internacional al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el fin de acelerar los esfuerzos por reducir a la mitad la violencia en el año 2030. El GPM, junto con Peace in Our Cities, lanzó esta resolución en junio de 2020. Ha sido firmada por más de 60 ciudades, junto con redes de ciudades que representan más de 1.500 ciudades y áreas metropolitanas.

El alcalde de GPM, Marvin Rees, entregó la resolución el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas,“Peace One Day”, en una reunión de defensores mundiales de los derechos humanos destinada a fomentar la paz y la reducción de la violencia. GPM y Peace in Our Cities trabajan con Pathfinders, una coalición de 36 gobiernos nacionales y 100 socios no gubernamentales, para acelerar la acción y la inversión en la paz, la justicia y la inclusión en todo el mundo.

El desafío global de la violencia exige ​​una respuesta global. Aunque los gobiernos son clave para prevenir conflictos, combatir la delincuencia y reducir la violencia doméstica, las ciudades son todavía más protagonistas a la hora de prevenir y reducir la violencia.

Con respecto a la resolución, es la primera vez que ciudades de todo el mundo se unen para formar una posición común sobre prevención y reducción de la violencia. Junto a GPM y Peace in Our Cities se encuentra el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), el Foro Africano para la Seguridad Urbana (AFUS), el Mayors Migration Council (MMC), Strong Cities Network (SCN) y la Conferencia de Alcaldes de los EE. UU. (USCM).

La pandemia originada por el COVID-19 está provocando devastadoras consecuencias sociales, económicas y políticas en todo el mundo. También aumenta el riesgo de violencia organizada e interpersonal en entornos de renta alta, media y baja. Las mujeres y los niños, en particular, experimentan un mayor riesgo de violencia, especialmente en casa y en el mundo virtual, igual que los más vulnerables, incluidas las personas desplazadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos. La amenaza de violencia criminal también aumenta, así como el espectro de disturbios sociales y políticos. Estos retos se enfrentan de manera más aguda en las ciudades.

La resolución compromete a los líderes de las ciudades a reducir significativamente todas las formas de violencia letal en ellas, invertir en soluciones basadas en evidencias, trabajar en asociaciones con organizaciones nacionales e internacionales, centrarse en las comunidades más vulnerables, empoderar a los supervivientes y los jóvenes, romper los ciclos de violencia intergeneracionales y combatir el extremismo digital.

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Países como El Salvador, Honduras y Guatemala enfrentan desafíos constantes para abordar la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Los gestores de políticas públicas necesitan respuestas para determinar la forma más estratégica para mejorar la gobernanza de la región.

Como explica WOLA, desde el Monitor Centroamericano se practica la recopilación y análisis de una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos en ocho áreas fundamentales relacionadas con la seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos.

Desde el Monitor se ofrecen infografías e informes que examinan las medidas que cada país está implementando para fortalecer el estado de derecho y la seguridad ciudadana.

Los datos recopilados y analizados han mostrado tendencias y áreas de preocupación en la región, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

• En toda la región se consiguieron importantes avances en la lucha contra la corrupción. A pesar de todo, persisten los problemas para actualizar o reformar la legislación vigente e incluso, en determinados casos, se aprobaron leyes regresivas. La capacidad de los tres países para impedir que la corrupción persista es un asunto especialmente urgente pero complicado en medio de la pandemia del COVID-19.

• Aunque existen leyes y mecanismos de transparencia, hay sinergias que impiden que funcionarios e instituciones públicas publiquen la información pública de forma diligente. Por ejemplo, algunas de las instituciones examinadas, concretamente los ministerios encargados de la defensa y la seguridad pública, se quedan cortos en cuanto a poner a disposición del público información importante sobre su funcionamiento. En Honduras, por ejemplo, el órgano encargado de examinar las declaraciones financieras de los funcionarios públicos no tiene forma de determinar  de manera proactiva que la información sea veraz y exacta.

• Persiste un alto nivel de impunidad por los delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos, aunque Honduras y Guatemala han adoptado medidas que, en principio, están dirigidas a crear un entorno más proclive para el ejercicio de la protección de los derechos humanos. Hay que destacar como tendencia preocupante el abuso del derecho penal para tratar de impedir o detener la tarea de los defensores de los derechos humanos. En Honduras, entre 2014 y 2017, 141 defensores de los derechos humanos fueron asesinados.

• Se han aprobado leyes especializadas para ayudar a prevenir, detectar y combatir la violencia y la delincuencia organizada. Si bien las tasas generales de homicidio disminuyeron, la violencia y la inseguridad siguen a la cabeza de las principales preocupaciones de la población. En El Salvador, nueve de cada diez casos de secuestro asumidos por el Ministerio Público fueron archivados y ocho de cada diez en el caso de los homicidios.

• Los sistemas de justicia de toda la región no cuentan con los recursos humanos necesarios y tienen que hacer frente a amenazas que comprometen su independencia. Estas cuestiones comprometen la capacidad de los sistemas de justicia para investigar y enjuiciar los delitos de manera eficiente. Por ejemplo, en el año 2014 en Guatemala tan solo un 2% de las denuncias presentadas al Ministerio Público acabaron en condena.

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La violencia siempre ha sido uno de los retos mundiales más importantes para la humanidad. Centenares de millones de hombres, mujeres y niños han sido asesinados o afectados por conflictos armados, crímenes, extremismos y violencia sexual y de género.

La violencia corroe a las instituciones democráticas y perjudica los derechos humanos fundamentales. También hay un riesgo de que se aumenten determinadas formas de violencia colectiva en la próxima década, sobre todo por las tensiones que provoca el cambio climático y los riesgos que comportan las nuevas tecnologías.

Aunque lejos de los titulares mediáticos, durante el último medio siglo se ha avanzado en la prevención y reducción de muchos tipos de violencia.

La disminución relativamente reciente de la violencia no garantiza que continúe hasta bien entrado el siglo XXI. Pero con intervenciones dirigidas y financiación sostenida, sobre todo en las ciudades, la mayoría de formas de violencia podrían bajar todavía más. Esta es, de hecho, una de las aspiraciones centrales del objetivo de la campaña sustainabledevelopment.un.org/sdg16. El mundo tiene una oportunidad real de reducir la violencia a la mitad hacia el año 2030. Para conseguirlo, será necesario hacer un balance de dónde estamos y tomar decisiones sobre dónde queremos ir. Precisamente esto es lo que pretenden alcanzar iniciativas atrevidas como el Pathfinders Partnership.

Es importante reflexionar sobre cuántas personas se ven afectadas por la violencia. Aunque es difícil medirlo con precisión, hasta 600.000 personas, incluidas casi 100.000 mujeres y niñas, mueren en todo el mundo como consecuencia de conflictos, delitos, violencias extremistas y asuntos extrajudiciales. Millones más sufren heridas físicas y psicológicas relacionadas con la guerra, la criminalidad y la violencia sexual y de género. Más de 40 millones de personas son desplazadas por violencia, incluidos 26 millones de refugiados. Si no se toman medidas para cambiar el curso actual, no es del todo seguro que estas tendencias mejoren en la próxima década. Sin embargo, si se toman medidas para revertir estas tendencias, se podrían ahorrar, literalmente, centenares de miles de vidas y millones de dólares en reconstrucción, reparaciones, pérdidas de productividad y reclamaciones de seguros.

El primer paso para reducir la violencia de manera efectiva para el 2030 es tener una idea clara de cómo se distribuye en el tiempo y el espacio. Tomamos el caso de la violencia letal. Hay una percepción errónea de que hay más personas que mueren violentamente en las zonas de guerra que en los países en paz.

Un segundo paso es determinar dónde se concentra la violencia y quién tiene más riesgo. Una parte considerable de toda la violencia (es decir, muertos, heridos y violaciones) se concentra en las ciudades.

El tercer paso es reconocer los factores de riesgo que generan varios tipos de violencia. Aunque la violencia es plurifactorial, destacan varios riesgos recurrentes. Por ejemplo, la desigualdad social y la económica.

Se necesitarán colaboraciones mundiales sin precedentes para reducir la violencia en un 50% durante los próximos diez años. Pero hay motivos para el optimismo. Por primera vez, la ONU y el Banco Mundial se han unido tras un marco común para prevenir los conflictos. Entidades como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han comprometido a reducir la violencia. La entidad ONU Mujeres ha anunciado la Iniciativa Spotlight para acabar con la violencia contra las mujeres y UNICEF ha unido fuerzas con otras para avanzar en las estrategias INSPIRE para ayudar a los gobiernos a mejorar la seguridad para todos. Otra iniciativa prometedora es la campaña global para acabar con la violencia contra los niños, que ya ha recaudado cerca de 38 millones de dólares.

https://www.weforum.org/agenda/2019/10/most-forms-of-violence-can-be-halved-by-2030-heres-how/

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Un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador está analizando una ley que podría permitir identificar a las personas que forman parte de las pandillas Mara Salvatrucha -MS13- o Barrio 18.

Se trataría del Anteproyecto de la ley especial de registro de las agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, de sus miembros y colaboradores. Este Anteproyecto está siendo estudiado por parlamentarios de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad.

Además, el Congreso explicitó que esta iniciativa legislativa tiene el propósito de identificar y clasificar a los miembros de las pandillas con la ayuda de la información proporcionada por el organismo de inteligencia del Estado y por la Policía, lo cual permitiría desarticular y desmontar estas estructuras delictivas.

La ley proporcionaría al Estado una herramienta administrativa para combatir de manera integral el principal problema de seguridad del país.

Este Anteproyecto será presentado a las autoridades del Gabinete de Justicia y Seguridad y al fiscal general, Raúl Melara, a fin de que conozcan el objeto y alcance de la normativa y, una vez den el visto bueno, los diputados podrán emitir un dictamen favorable para que entre en el Pleno del Congreso para someterla a votación y, en su caso, aprobarla.

Una vez aprobada esta ley, el órgano legislativo, a través de los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, solicitarán la derogación de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, aprobada en el año 2010, porque se considera inaplicable.

Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas MS13, Barrio 18 y otras más reducidas de los altos índices de homicidios. Hay que mencionar que, en los últimos cinco años, se ha llegado a la cifra de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, datos que convierten a este país en uno de los más violentos del mundo.

Estos grupos criminales, fenómeno considerado una herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de miembros desde Estados Unidos, han resistido todos los planes de seguridad implementados por las últimas cuatro administraciones.

En El Salvador, cerca de un 25% de la población reconoce haber sido víctima de extorsión por parte de miembros de pandillas.

Enlaces de interés:

https://blogs.iadb.org/es/inicio/

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La agencia federal canadiense encargada de defender los derechos de las mujeres y velar por el cumplimiento de la ley es el Status of Women Canada. Como tal, esta agencia promueve la igualdad de género y la total participación de las mujeres en la vida económica, social, cultural y política del país. El Status of Women Canada ejerce su acción en tres áreas: la mejora de la autonomía económica y el bienestar de las mujeres, la eliminación de la violencia sistemática contra las mujeres y los niños y el progreso de los derechos de las mujeres.

Con esta finalidad, desarrolla y dirige ​​estudios de género, promueve su aplicación en el ámbito del gobierno federal, y patrocina investigaciones que aportan la dimensión de género a las agendas de programas y políticas.

Es el caso del programa informativo de educación que está poniendo en marcha la Agencia Canadiense de la Mujer sobre prácticas escolares que favorezcan los programas de relaciones saludables y prevención de la violencia de pareja en las escuelas del país. Entre los objetivos concretos sobre inclusividad, así como la visión a través de las lentes de género que se quiere impulsar desde este programa educativo entre la población más joven del país, enfocados principalmente a las escuelas de primaria y secundaria, se encuentran:

Inclusividad

• Los programas incluyen audiencias mixtas y diferentes comunidades y pueden requerir enfoques específicos.
• De la misma manera, los programas que incluyen estudiantes con necesidades especiales, por ejemplo, haciendo que sus materiales sean accesibles para estudiantes con discapacidad visual y auditiva, garantizan que todos los alumnos consigan igualmente todos los objetivos establecidos en el programa.
• Los programas que utilizan el lenguaje LGBTQ y la variante de género, y plantean escenarios o juegos de rol que demuestran los diferentes factores implicados en la violencia en las relaciones LGBTQ, también garantizan que todos los estudiantes se puedan identificar con el programa y, por lo tanto, también cumplan los objetivos de los resultados.

Lentes de género

• Los programas que tienen componentes separados para chicas y chicos y ofrecen la oportunidad de reagruparse y debatir lo que es importante para los chicos y las chicas tienen más éxito.
• De la misma manera, los programas que tienen cofacilitadores tanto masculinos como femeninos son mejor recibidos por la juventud, ya que se sienten mejor representados y tienen más posibilidades de expresarse.
• Si bien los programas separados por género pueden ser útiles, es importante un análisis de género en todos los programas, especialmente con respecto a las causas profundas de la desigualdad de género, con el fin de abordar el hecho de que las mujeres tengan más probabilidades de ser maltratadas, el consentimiento y los beneficios de las relaciones saludables e igualitarias.
• Los estudiantes LGBTQ también tienen que estar representados, ya sea por la identidad de género de los facilitadores como por el lenguaje y los materiales utilizados, los escenarios tratados, etc.

Estos son los objetivos intrínsecos que se quieren incorporar dentro de los programas curriculares de la escuela en Canadá, impulsando espacios de reflexión para los niños y las niñas, así como generando un ambiente de integración y normalización de estereotipos sociales ya desfasados con el objetivo de intentar crear un futuro esperanzador en las siguientes generaciones del país mediante la creación de una red de apoyo desde la infancia.

https://cfc-swc.gc.ca/abu-ans/wwad-cqnf/fs/fs-eng.pdf

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Una de las tendencias actuales en materia de seguridad es la voluntad de predecir la delincuencia utilizando programas informáticos que se nutren de datos, principalmente de denuncias. Cada vez son más los cuerpos policiales que hacen pruebas con estos sistemas o los implementan, pero más que la puesta en marcha de estos programas, en estos momentos son de especial interés cuando se evalúan, y los resultados y los análisis que se obtienen de esta evaluación. En este blog nos hemos hecho eco anteriormente de dos experiencias en Francia y Alemania y, en esta ocasión, recogemos una nueva en los EE.UU.

El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó, en marzo de 2019, un informe con una revisión de la aplicación de tres programas de acción policial guiados por datos. En el verano de 2018, después de una reunión en la que algunas asociaciones habían puesto de manifiesto las preocupaciones que estos sistemas generaban en la ciudadanía, la Junta de Comisarios de Policía (Board of Police Commissioners [1]) de la ciudad de Los Ángeles encargó a la Oficina del Inspector General [2] que los estudiara, y el informe es el resultado.

El primero de los programas analizados es el denominado LASER (acrónimo de Los Angeles Strategic Extraction and Restoration – Extracción y restauración estratégica de Los Ángeles), y estaba formado por dos acciones complementarias: un sistema de valoración y seguimiento de los delincuentes reincidentes (chronic offenders) a partir de unas puntuaciones que se debían revisar periódicamente, y una estrategia de detección de puntos calientes (hotspots) sobre los que se debía priorizar el patrullaje.

La revisión del proyecto LASER ha sido bastante crítica, tanto con respecto al programa de reincidentes como al de localización de puntos conflictivos. Pone de manifiesto problemas para su evaluación, discrepancias entre los objetivos iniciales y los que se siguen en la implementación, carencia de materiales para la formación, diferencias en la manera en que las diferentes áreas ejecutan las acciones del programa y dificultades para comprobar su efectividad. Y entre las deficiencias de cada una de las dos acciones sorprenden la falta de seguimiento de las personas incorporadas al sistema de reincidentes o la ubicación de zonas calientes próximas a infraestructuras propias del Departamento de Policía, con lo cual el tiempo que las patrullas pasaban en estas dependencias computaban como dedicadas al patrullaje de estas zonas.

El segundo sistema analizado es Predpol, uno de los programas más populares de predicción de la delincuencia. Está basado en datos históricos sobre delincuencia y aplicando un algoritmo calcula las áreas en las que con más probabilidad se cometerá un delito en un momento de tiempo. El Departamento de Policía de Los Ángeles solo lo utiliza para pronosticar los lugares en los que se pueden cometer sustracciones de vehículos y sustracciones en el interior de los vehículos, y se hace con franjas de 12 horas. La revisión efectuada por la Oficina del Inspector General no ha sido sobre el funcionamiento del sistema de predicción, sino sobre las implicaciones en el patrullaje. Destacan que, por una parte, tenían resultados contradictorios sobre el tiempo dedicado a patrullar las zonas marcadas por el sistema y, por la otra, que en la mayoría de los casos las zonas de riesgo solo se visitaban durante menos de un minuto (con lo cual el efecto disuasivo era limitado) y que las de duración más larga eran próximas a dependencias policiales.

El último programa analizado era ELUCD, un sistema que enviaba encuestas breves a dispositivos electrónicos (teléfonos, tabletas u ordenadores) a partir de su localización en la ciudad de Los Ángeles. Además de algunas preguntas demográficas (edad, género, raza o lugar de residencia), se preguntaba si la persona se sentía segura en su barrio, si confiaba en la policía y si se sentía segura con su Departamento de Policía. En el momento de encargar el estudio, se estaba valorando la contratación de este servicio, pero finalmente no se llegó a producir, y la empresa no facilitó al Departamento de Policía los datos recogidos, solo envió algunos informes semanales puntuales.

El informe ha tenido cierta repercusión en medios de comunicación de los EE.UU. (ver noticias al pie) y, además de hacerse eco de la dificultad de valorar la eficacia de los sistemas, estos han criticado que no se hayan tenido en cuenta los efectos que estos programas y sistemas tienen en la ciudadanía, ya que era una de las principales críticas que habían motivado el estudio.

[1] Es el órgano que dirige el Departamento de Policía, está formado por cinco civiles y establece las políticas y los objetivos. El jefe de la policía gestiona la operativa diaria e implementa estas políticas y objetivos.

[2] Es un servicio que supervisa las funciones del Departamento de Policía de la ciudad.

Se puede consultar el informe en:

http://www.lapdpolicecom.lacity.org/031219/BPC_19-0072.pdf

Dos noticias que se han hecho eco del informe:

CNN – “LAPD audit reveals dangers of high-tech policing”

https://edition.cnn.com/2019/03/22/tech/lapd-audit-tech/index.html

Muckrock – “Eight years in, LAPD can’t measure PredPol’s effect on crime”

https://www.muckrock.com/news/archives/2019/mar/12/algorithms-lapd-predpol/

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