La propuesta de explorar el alquiler de celdas en prisiones extranjeras para hacer frente a la sobrepoblación carcelaria ha abierto un intenso debate en el ámbito político, jurídico y de la seguridad pública. Con más de 82.900 internos para unas 62.000 plazas disponibles, Francia se encuentra en una situación crítica. Según datos del Consejo de Europa, es uno de los países con mayor tasa de hacinamiento del continente, sólo por detrás de Chipre y Rumanía. Ante este escenario, el ejecutivo baraja opciones que hasta hace poco parecían impensables.

La idea no es nueva en Europa. Entre 2010 y 2016, Bélgica alquiló 680 plazas penitenciarias en Tilburg, Países Bajos, en un modelo en el que el personal neerlandés operaba bajo legislación belga. Más recientemente, en 2021, Dinamarca firmó un acuerdo con Kosovo para trasladar a 300 internos durante diez años, con un coste estimado de cerca de 200 euros diarios por recluso. Estos precedentes demuestran que el modelo es viable sobre el papel, pero también evidencian sus limitaciones prácticas.

Desde una perspectiva de seguridad y gestión penitenciaria, los retos son considerables. En primer lugar, existe la complejidad jurídica: ¿qué marco legal se aplica? ¿Cómo se garantizan los derechos fundamentales de los internos? La experiencia belga mostró que es necesaria una formación específica del personal y una coordinación estrecha entre administraciones. En segundo lugar, los costes logísticos pueden ser superiores a los previstos, especialmente en lo que se refiere al transporte, la supervisión y la gestión contractual.

Otro factor crítico es el impacto en la reinserción. Varios profesionales del sistema penitenciario alertan de que alejar a los internos de su entorno familiar y social puede dificultar la rehabilitación y aumentar el riesgo de reincidencia. Las visitas se complican por la distancia y, en algunos casos, por los requisitos administrativos. Además, los programas de formación e inserción laboral pueden perder eficacia si no están coordinados con el mercado laboral del país de origen.

El debate tiene también una dimensión presupuestaria. Francia destina ya entre 100 y 250 euros diarios por interno, según el tipo de centro. Externalizar plazas puede parecer una solución rápida, pero no necesariamente más económica. En un contexto de presión sobre las finanzas públicas, cualquier decisión deberá justificarse con criterios de coste-eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.

Paralelamente, autoridades del ámbito de la Justicia han propuesto construir unidades modulares para condenas cortas, mientras que el presidente reiteró la voluntad de acelerar la creación de 5.000 nuevas plazas. Sin embargo, sindicatos y expertos insisten en que ampliar la oferta penitenciaria no resuelve la raíz del problema: el uso excesivo de la cárcel como respuesta penal.

Proponen potenciar penas alternativas, programas de salud mental y tratamiento de adicciones para reducir la entrada en prisión y la reincidencia.

La cuestión clave es si el alquiler de celdas en el extranjero refuerza realmente la seguridad pública o simplemente desplaza el problema. La experiencia europea sugiere que se trata de una medida compleja, con riesgos operativos y reputacionales, que sólo puede funcionar dentro de una estrategia integral de reforma penal. Sin cambios estructurales en política criminal y reinserción, el riesgo es convertir una solución de emergencia en un parche caro y controvertido.

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Chile afronta una situación paradójica en materia de seguridad pública: pese a tener índices de criminalidad relativamente bajos en comparación con otros países de América Latina, la percepción de inseguridad entre la población es una de las más altas del mundo. Esta contradicción se convirtió en el eje central del debate político y de la campaña electoral presidencial, hasta el punto de que la seguridad es hoy día la principal preocupación ciudadana.

La victoria de Kast en las últimas elecciones refleja una respuesta de muchos votantes a temas como la seguridad pública, la inmigración irregular y la percepción de inseguridad o desacuerdos con el actual modelo económico o social, factores centrales de la campaña.

Según una encuesta de Ipsos, el 63% de los chilenos adultos identifican el crimen y la violencia como el problema que más les inquieta, un porcentaje superior al de países como México o Colombia, que tienen tasas de homicidios mucho mayores. A nivel global, Chile figura entre los países con mayor preocupación por la inseguridad y también entre aquellos donde menos personas se sienten seguras caminando de noche por su barrio, según informes de Ipsos y Gallup.

Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana recuerda que, con 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, el país está lejos de liderar las estadísticas de violencia en la región o en el mundo.

Históricamente, Chile ya presentaba niveles de miedo al delito superiores a lo que indicaban los datos objetivos. Sin embargo, este fenómeno se ha intensificado en los últimos años, lo que obliga a buscar explicaciones adicionales. Los estudios de la Fundación Pau Ciutadana muestran que las mujeres y los sectores socioeconómicos más bajos son los que expresan un mayor nivel de temor, especialmente en territorios donde la presencia del estado es percibida como débil.

Aunque los robos e intentos de robo afectan aproximadamente a un tercio de los hogares —una cifra similar a la de años anteriores—, lo que realmente ha cambiado es la naturaleza del delito. Los delitos violentos han aumentado significativamente: la tasa de homicidios prácticamente se ha duplicado en una década, los robos con violencia han crecido un 25% en ocho años, y delitos antes poco frecuentes, como extorsiones y secuestros, han empezado a ganar presencia.

Este cambio en las tipologías delictivas genera un fuerte impacto psicológico en la población. Johnson señala que la incertidumbre sobre cómo protegerse frente a estos nuevos delitos incrementa notablemente la sensación de vulnerabilidad.

Otro factor clave es la expansión del crimen organizado, con la aparición de nuevas organizaciones que operan con lógicas distintas a las tradicionales. Se detecta un mayor uso de armas de fuego, un aumento de los homicidios planificados y la presencia de grupos transnacionales, algunos de ellos vinculados a ciudadanos extranjeros, como el conocido caso del Tren de Aragua.

Aunque la inmigración no mostraba una correlación directa con el aumento del delito hasta 2020, las autoridades y centros de estudio observan ahora una clara relación entre determinadas tipologías criminales y organizaciones extranjeras, que a menudo explotan tanto migrantes como población local. Este hecho ha reforzado la percepción de que inmigración e inseguridad están conectadas, alimentando el debate público y político.

El temor al delito está estrechamente relacionado con la desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia. Cuando la ciudadanía percibe que el estado no la protege adecuadamente, disminuyen las denuncias, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema y erosiona aún más su legitimidad. Sin embargo, las fuerzas policiales chilenas han logrado recuperar parte de la confianza perdida tras el estallido social.

El gobierno de Gabriel Boric respondió con reformas institucionales relevantes como la creación de un Ministerio de Seguridad y mecanismos de coordinación interministerial. Son medidas pensadas para el medio y largo plazo, pero que contrastan con la demanda ciudadana de respuestas inmediatas, a mayor patrullaje, iluminación y cámaras, aunque estas acciones tienen un impacto limitado si no van acompañadas de cambios estructurales.

En ese contexto, la seguridad se convirtió en un recurso central de la campaña electoral. Todos los candidatos incorporaron el discurso de la inseguridad, validando y amplificando el temor existente. Históricamente, los partidos de derecha han priorizado enfoques de control y represión, mientras que la izquierda ha apostado más por políticas sociales. Sin embargo, hoy predomina una lógica de urgencia, que favorece medidas de corto plazo en detrimento de políticas preventivas y de reinserción, esenciales para una solución duradera.

Además, acontecimientos violentos en la región, como grandes operativos policiales en Brasil o acciones militares estadounidenses contra el narcotráfico, refuerzan el miedo a que Chile pueda seguir el mismo camino.

Chile no es uno de los países más violentos del mundo, pero sí es uno de los más atemorizados. Esta brecha entre realidad y percepción, alimentada por cambios en el delito, la presencia del crimen organizado, la desconfianza institucional y la instrumentalización política, plantea un gran reto: cómo responder a la emergencia sin renunciar a soluciones estructurales y de largo plazo. El futuro de la seguridad en el país dependerá de la capacidad de combinar control efectivo, reformas institucionales y políticas sociales que ataquen a las causas profundas de la violencia.

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Entre abril y octubre de este año 2025, 91 presos fueron liberados por error en Inglaterra y Gales, según datos recientes del Ministerio de Justicia británico. Las cifras llegan en un momento en el que el gobierno del Reino Unido afronta una fuerte presión tras varios casos de alto perfil que han sacudido la confianza pública en el sistema penitenciario.

Éste no es un incidente aislado: la tendencia de los últimos años está claramente al alza. En los doce meses hasta el pasado marzo, 262 internos fueron excarcelados por error, un incremento del 128% respecto al año anterior. Una señal de alarma que apunta a un profundo problema estructural.

El secretario de Justicia, David Lammy, reconoció abiertamente que el sistema penitenciario británico se encuentra en una situación horrorosa. A su juicio, la reducción del 25% del personal penitenciario entre 2010 y 2017 ha dejado a los centros sin experiencia ni recursos suficientes para gestionar procesos tan delicados como las liberaciones.

Lammy defiende que es necesaria una reforma radical y que sólo la tecnología puede prevenir errores en el futuro. Por eso, el gobierno ha anunciado varias medidas:

• Creación de un equipo de científicos de datos para analizar errores históricos.
• Inversión de hasta 10 millones de libras en nuevas herramientas de IA para reducir el error humano y sustituir sistemas anticuados basados ​​en papel.
• Una línea de atención urgente para verificar órdenes judiciales pendientes antes de las liberaciones.
• Simplificación de las políticas de excarcelación para estandarizar los procedimientos.

Además, el gobierno ha impulsado una revisión independiente, que se espera que presente resultados el próximo febrero.

La crisis ha abierto un nuevo frente político. El secretario de Justicia en la sombra, Robert Jenrick, ha acusado al gobierno laborista de generar confusión con su programa de liberación anticipada, creado para aliviar la superpoblación en las cárceles. Este sistema permite excarcelar a determinados presos tras cumplir el 40% de la condena, en lugar del 50% habitual.

Jenrick considera que la gestión de Lammy es una farsa absoluta y que la seguridad pública está en peligro. A su juicio, el ministro ha perdido el control del sistema y ha sido reacio a publicar los datos.

Lammy, por su parte, mantiene que el programa de liberación anticipada era inevitable porque los conservadores no ampliaron su capacidad penitenciaria cuando gobernaban. Entre los detalles más preocupantes, Lammy ha confirmado que tres de los presos liberados por error siguen en libertad:

• Un detenido inicialmente por no entregarse a la policía, excarcelado en diciembre de 2024.
• Un preso por delitos de drogas, liberado en agosto de 2024.
• Un autor de robo con bastante agravada, liberado en junio de 2025.

Uno de ellos es extranjero; los otros dos, británicos. Además, las autoridades investigan un posible cuarto caso reciente, del 3 de noviembre.

La situación ha sido intensificada por casos recientes que han llenado titulares como:

• Dos presos liberados por error en menos de una semana de la cárcel de Wandsworth, que finalmente han sido apresados.
• La errónea liberación de Hadush Kebatu, un migrante que había llegado al Reino Unido en una patera y que agredió sexualmente a una menor de 14 años mientras vivía en un hotel de asilo. El caso desató protestas en todo el país.

Kebatu fue finalmente deportado, pero el daño reputacional ya estaba hecho.

El crecimiento de los errores de liberación en las prisiones británicas no es sólo un dato estadístico: es la muestra de un sistema al límite. La falta de personal, la presión acumulada, los procesos anticuados y la falta de coordinación entre instituciones son problemas que no pueden ignorarse.

La reforma, por tanto, no es opcional: es imprescindible. Y el futuro del sistema penitenciario británico dependerá, en gran medida, de si el gobierno es capaz de aplicar las medidas anunciadas y recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más escéptica.

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Europol apoyó a ocho países en la identificación y eliminación de propaganda racista y xenófoba compartida en plataformas de juegos. El Día de Acción de Referencia, en el que participaron Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Reino Unido, condujo a la remisión de miles de URL que conducían a material online peligroso e ilícito.

Desarrollada el 13 de noviembre de 2025, esta acción operativa de la Unidad de Referencia de Internet de la Unión Europea (EU IRU) implicó la remisión de miles de URL que conducían a material online peligroso e ilícito. Esto incluye alrededor de 5.408 enlaces de contenido yihadista, 1.070 enlaces de contenido violento de extrema derecha y terrorista, y 105 enlaces de contenido racista y xenófobo.

Esta acción conjunta destaca por la complejidad de abordar el contenido terrorista, racista y xenófobo online en juegos y plataformas adyacentes a los juegos. Los procesos de creación y difusión tienen capas y con frecuencia afectan a diversas plataformas. Por ejemplo, el contenido se puede grabar dentro de un juego online (o su función de chat), alterarse con jerga extremista violenta, emojis sugestivos, cánticos o música y luego difundirse en una plataforma de redes sociales convencional.

Durante las semanas previas al día de acción, los expertos participantes examinaron diversas plataformas ampliamente utilizadas por jóvenes y adultos. Los usuarios de estas plataformas de juegos y streaming pueden encontrarse con una variedad de contenido peligroso y violento.

Por ejemplo, los autores recrean ataques terroristas, tiroteos en escuelas o escenas de ejecución en un juego en 3D, editan el vídeo con cánticos o emojis sugestivos y lo difunden en diversas plataformas de redes sociales de uso común para un alcance aún más amplio. Otras plataformas relacionadas con los juegos destinadas a la transmisión de juegos se utilizan indebidamente para reclutar a menores en varios grupos extremistas violentos y terroristas o para transmitir en directo ataques reales e incluso suicidios.

El contenido objetivo durante el Día de Acción de Referencia se halló en varios tipos de plataformas. Algunos permiten a los jugadores emitir su juego en tiempo real e interactuar con su comunidad a través de chat en directo, mientras que otros alojan vídeo en la carta. También se identificó contenido ilícito en plataformas comunitarias destinadas a facilitar el intercambio de consejos, noticias y debates sobre videojuegos. Por último, existen plataformas híbridas o especializadas que combinan streaming, funciones comunitarias y opciones de compra de juegos. Muchas cuentas de estas plataformas pueden no ser inmediatamente reconocibles como vinculadas a contenido problemático, mientras que algunos incluso presentan nombres de usuario e imágenes de perfil con referencias a terroristas.

Las actividades de prevención de la EU IRU se centran en tres áreas clave: el seguimiento y el análisis de contenido terrorista online, las referencias y las asociaciones público-privadas. El próximo Informe de Transparencia destaca las actividades realizadas en estas áreas en 2024 y resume los esfuerzos de la Unidad para reducir el acceso público al contenido terrorista online. Además, el informe describe las actividades de la EU IRU en apoyo de la implementación del Reglamento sobre la difusión de contenido terrorista online.

Esta Jornada de Acción surgió de que las autoridades policiales de toda Europa observaron que una variedad de plataformas de juegos de azar y adyacentes a los juegos de azar se utilizaban de forma indebida como lugares para radicalizar y difundir contenido terrorista online. Este abuso también se refleja en diversas investigaciones apoyadas por el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo de Europol. Antes de esa jornada de acción, los expertos de Europol organizaron diversas reuniones operativas y facilitaron el intercambio de información operativa y buenas prácticas entre los países participantes.

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Una investigación de los periodistas Ruth Green, Fiona Trott y Gerry Georgieva, de la BBC, ha puesto de manifiesto una situación inquietante: niños de sólo cuatro y cinco años han sido descubiertos con cuchillos en las escuelas de primaria en Inglaterra. Los datos obtenidos muestran que durante el año 2024 se produjeron 1.304 delitos relacionados con cuchillos u objetos punzantes en escuelas y universidades de Inglaterra y Gales.

Lo preocupante es que al menos un 10% de estos casos fueron protagonizados por niños en edad escolar de primaria. Según las fuerzas policiales, se han encontrado menores de cuatro, cinco y seis años llevando armas blancas a clase -en algunos casos, para enseñarlas a los amigos y en otros, con intenciones de amenaza-.

La policía de Kent respondió a un incidente con un niño de sólo cuatro años que había agredido a un compañero con un cuchillo. En West Midlands, otro niño de seis años llevó un arma blanca a clase afirmando que quería matar a otro alumno. En otro caso, un niño de cinco años llegó a la escuela con un cuchillo de cocina de diez pulgadas.

Aunque estos menores no tienen responsabilidad penal -la edad mínima en Reino Unido es de diez años-, los hechos han provocado preocupación entre familias y profesionales de la educación.

El debate se ha intensificado a raíz del caso de Harvey Willgoose, un adolescente asesinado por un compañero con un cuchillo de caza en Sheffield. Su madre, Caroline Willgoose, reclama al gobierno que instale detectores de metales en todas las escuelas para evitar nuevas tragedias.

Varias escuelas británicas han empezado ya a instalar arcos de detección de metales. En Dudley, la Academia Beacon Hill ha incorporado recientemente este tipo de control. Algunos alumnos admiten que el arco genera cierta inquietud, pero también les hace sentirse más seguros.

Las ventas de detectores de metales en escuelas se han triplicado en un año, según datos de la empresa Interconnective Security Products, que ha vendido 35 entre marzo de 2024 y marzo de 2025.

El Ministerio del Interior británico ha asegurado que tiene la misión de reducir a la mitad los delitos con cuchillos. Entre las medidas anunciadas se encuentra la Ley de Ronan, que endurece las normas para la venta de cuchillos online, y el programa Young Futures, que busca abordar las causas sociales y psicológicas del problema.

Aun así, asociaciones de educadores advierten que es necesario más apoyo para las escuelas y programas de prevención: Una década de recortes en la policía comunitaria y los proyectos juveniles ha dejado muchos centros solos ante esta crisis, según Pepe Dilasio, secretario general de la Asociación de Líderes de Escuelas y Colegios.

Algunos adolescentes admiten haber llevado cuchillos a la escuela por miedo. Expertos como Trevor Chrouch, que trabaja con jóvenes en riesgo en Sheffield, apuntan a que muchos de estos chicos no buscan hacer daño, sino sentirse seguros: Para ellos, llevar un cuchillo es tan habitual como llevar un móvil en el bolsillo.

Los profesionales coinciden en que es necesaria más educación emocional, actividades extraescolares y programas de mediación para prevenir estos comportamientos. Como dice una adolescente entrevistada: No nos enseñan a defendernos ni gestionar las emociones. Sólo ciencia, pero no cómo vivir la vida.

El fenómeno de los cuchillos en las escuelas británicas es un reflejo de un miedo profundo entre los jóvenes y de un sistema educativo que necesita más apoyo social y emocional. Las medidas de seguridad son un paso necesario, pero no suficiente: la solución pasa por educar, escuchar y proteger antes de que sea demasiado tarde.

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El avance hacia un futuro basado en energías renovables comporta grandes retos, y uno de los más candentes es el almacenaje de la energía. Por todo el mundo, cada vez son más habituales las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), pero su rápido crecimiento ha despertado fuertes preocupaciones con respecto a la seguridad.

En la ciudad de Nueva York, el concejal Robert Holden advierte que la proliferación de centros BESS, especialmente en el distrito de Staten Island, está poniendo en peligro a los vecinos y algunas infraestructuras críticas.

Según explica la investigadora Emma Woollacott, los centros BESS utilizan miles de baterías de iones de litio, similares a las que encontramos en ordenadores portátiles y coches eléctricos. Dichas baterías se almacenan en grandes contenedores metálicos y permiten conservar la energía producida por las fuentes renovables con el fin de ser utilizada cuando se necesite.

Para alcanzar los objetivos de cero emisiones en el 2050, el almacenaje a gran escala es esencial. Fuentes como la solar o la eólica generan energía de manera intermitente, y hace falta una manera de almacenar los excedentes.

Según SolarPower Europe, en el 2024 se instalaron 21,9 GWh de almacenaje de baterías en Europa, suficientes para alimentar unos 16 millones de hogares. Pero esto es solo el principio: para 2030, la Unión Europea necesita multiplicar esta capacidad por 10.

A pesar de las ventajas, la tecnología no está exenta de riesgos. Uno de los principales problemas es la posibilidad de incendios graves, como los ocurridos en Essex (Reino Unido), Liverpool y, más recientemente, California, donde un fuego en una de las mayores instalaciones del mundo obligó a evacuar a 1.500 personas.

La causa habitual es el fenómeno conocido como “huida térmica”, que puede ser provocado por cortocircuitos, daños físicos o defectos de fabricación. Dicho proceso hace que las baterías liberen calor, gases inflamables y tóxicos, y en condiciones desfavorables puede generar explosiones en cadena.

Tal como advierte el profesor Robert Dryfe, experto en química física de la Universidad de Manchester, las instalaciones de BESS pueden contener millones de células de baterías y, si no están bien protegidas, los incendios se propagan con facilidad.

Además de los incendios, también hay preocupaciones sociales y ambientales: desde el impacto de la extracción de materiales, como el cobalto, hasta la saturación de las redes eléctricas.

En el Reino Unido, comunidades como la de Aberdeenshire, en Escocia, protestan contra las nuevas instalaciones de centros BESS. Marguerite Fleming, una activista local, denuncia que los promotores no tienen en cuenta ni el riesgo de incendios ni las inundaciones. Blackford Renewables, la compañía promotora, ha prometido colaborar con la comunidad y aplicar los estándares de seguridad más altos.

Actualmente, no hay una normativa europea unificada sobre la calidad y el mantenimiento de los sistemas BESS. Cada país sigue sus propios protocolos, cosa que, según SolarPower Europe, frena su despliegue.

A pesar de ello, países como China, los EE.UU., el Reino Unido y Australia ya trabajan en directrices técnicas para mejorar la seguridad. También se están implementando nuevas tecnologías con sistemas automáticos de supresión de incendios y baterías menos susceptibles a la combustión.

A pesar de los riesgos, los expertos coinciden en una cosa: el futuro energético requerirá el almacenaje, y las baterías son, hoy por hoy, la mejor solución.

Utilizamos más energía renovable, y esto quiere decir que necesitamos más capacidad de almacenaje. Básicamente, no tenemos otra opción, concluye Dryfe.

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El humo de los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles el pasado mes de enero olía a plástico y era tan denso que ocultaba el océano. Los bomberos que combatieron el fuego desarrollaron migrañas instantáneas, tosían una sustancia viscosa negra, vomitaban y caían mareados.

Siete meses después, algunos todavía se despiertan sobresaltados por ataques de sibilaciones durante la noche. Es impensable que los bomberos urbanos –esos iconos norteamericanos que ocupan un lugar preponderante en el imaginario público– entren en un edificio en llamas sin usar una mascarilla. Pero en todo el país decenas de miles de personas que combaten los incendios forestales pasan semanas trabajando entre humo tóxico y ceniza protegidos solo por un pañuelo de tela o sin nada. Así lo explicaba la investigadora Hannah Dreier, a finales de agosto, en The New York Times.

Antes, los bomberos forestales eran trabajadores estacionales que alternaban los despliegues con otros trabajos. Es posible que solo sufrieran unos pocos días de humo intenso durante el año y que tuvieran el invierno y la primavera para recuperarse. Ahora, a medida que aumenta la sequía y el calor extremo, en los Estados Unidos los incendios forestales empiezan antes, queman durante más tiempo y se extienden más. Por ello, los bomberos acostumbran a trabajar casi todo el año y, como consecuencia, muchos de ellos están enfermando.

Durante décadas, los estudios han relacionado sistemáticamente una mayor exposición al humo de los incendios forestales con un incremento de los problemas cardiovasculares y pulmonares, el cáncer y las muertes prematuras. Los mismos investigadores del Servicio Forestal –la agencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos encargada de gestionar los bosques de aquel país– han advertido de los efectos del humo y han pedido que se proporcionen mascarillas a los bomberos, que se controlen sus exposiciones y que se haga un seguimiento a largo plazo de su estado de salud.

Países con grandes temporadas de incendios forestales como son Canadá, Australia y Grecia han empezado a repartir mascarillas respiratorias de media cara con filtros sustituibles, como las que usan a los pintores y los equipos de demolición. En pruebas de laboratorio, boquean en torno al 99 % de las partículas tóxicas del humo. Las mascarillas N95 de un solo uso son casi igual de eficaces.

Pero, año tras año, el Servicio Forestal envía a los bomberos al humo sin nada que les impida inhalar los venenos. La agencia se ha opuesto a equipar a los bomberos con mascarillas; publica manuales de seguridad que no mencionan los peligros a largo plazo de la exposición al humo, y no permite a los trabajadores llevar mascarillas en primera línea, aunque quieran.

En un comunicado el Servicio Forestal ha dicho que quiere proteger a sus equipos, pero las mascarillas representan un riesgo demasiado grande para los bomberos porque se pueden sobrecalentar durante el trabajo extenuante que tienen que llevar a cabo para contener un incendio forestal. En cambio, proponen que los supervisores los alejen del humo denso y establezcan campamentos para dormir en lugares con el aire más limpio, cuando sea posible.

Los respiradores son una herramienta potencial para reducir la exposición al humo, pero los problemas normativos y logísticos hacen que su uso generalizado sea poco práctico.

Los investigadores de los países que ya utilizan mascarillas han declarado que no han observado un aumento de casos de golpes de calor. Los bomberos reducen la velocidad o se sacan las mascarillas cuando hace demasiado calor, según han afirmado. El Servicio Forestal sigue supervisando las prácticas y las investigaciones internacionales.

Los registros internos, los estudios y las entrevistas con funcionarios actuales y anteriores de la agencia revelan otra motivación: adoptar las mascarillas significaría admitir la peligrosidad del humo de los incendios forestales.

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Los agentes de IA son cada vez más populares entre los piratas informáticos para explotar cuentas bancarias en línea. En el año 2027, se calcula que reducirán el tiempo para hacerse con una cuenta en un 50%.

Así lo narra el periodista Anton Mous desde cybernews.com.

Esta es la cruda y dura realidad que la empresa norteamericana de investigación y asesoramiento Gartner describe en su último informe, Predicts 2025: Navigating Inminente AI Turbulence for Cybersecurity.

Los agentes de IA se están convirtiendo en herramientas útiles porque los atacantes puedan romper las protecciones de cuentas en línea. Por eso, los vendedores tendrán que introducir herramientas de monitorización para analizar las interacciones con agentes de IA. Esto también significa que las empresas de ciberseguridad tendrían que acelerar el paso hacia la autenticación multifactor (MFA) sin contraseña y resistente al phishing.

La toma de posesión de la cuenta sigue siendo un vector de ataque persistente porque las credenciales de autenticación débiles, como por ejemplo, las contraseñas, se recogen por varios medios, como por ejemplo violaciones de datos, pesca, ingeniería social y software malicioso. Los atacantes aprovechan los robots para automatizar una lluvia de intentos de inicio de sesión en varios servicios con la esperanza que las credenciales se hayan reutilizado en varias plataformas.

La ingeniería social habilitada por la tecnología también supondrá una amenaza importante para la ciberseguridad corporativa en un futuro próximo, incluyendo audio y video deepfake. Se prevé que hacia el año 2028, el 40% de todos los ataques de ingeniería social irán dirigidos tanto a ejecutivos de alto nivel como la fuerza de trabajo en general, predice Gartner.

Gartner señala que, a pesar de que hasta ahora solo se han informado algunos casos, los que se han producido han supuesto un daño económico significativo a las partes afectadas. Por lo tanto, estos incidentes se tienen que considerar como una llamada de atención y una señal que las empresas tendrían que aumentar sus esfuerzos para proteger su entorno digital.

Las organizaciones tendrán que estar al día del mercado y adaptar procedimientos y flujos de trabajo para intentar resistir mejor los ataques aprovechando técnicas de realidad falsificada.

Educar a los empleados sobre la evolución del panorama de amenazas mediante el uso de formación específica en ingeniería social con deepfakes es un paso clave, tal y como lo considera Manuel Acosta, analista de Gartner.

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Un informe reciente de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) ha puesto de manifiesto una amenaza creciente y alarmante: las bandas sádicas en línea que explotan y abusan de menores. Estos grupos, que operan en el anonimato de la red, representan un “riesgo sin precedentes” para los adolescentes, según el NCA.

El informe destaca que las bandas sádicas en línea se han vuelto más sofisticadas en sus métodos de explotación. Utilizan varias plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería para contactar con los menores, para ganarse su confianza y, finalmente, abusar de ellos. Estas bandas pueden estar formadas por individuos de diferentes partes del mundo, cosa que dificulta su identificación y persecución.

¿Qué son estas bandas sádicas?

Estas bandas están formadas por individuos que se deleitan con la tortura y la humillación de otras personas, especialmente adolescentes vulnerables. Utilizan plataformas en línea, foros y redes sociales para conectar, compartir material abusivo y coordinar ataques.

Estas bandas no son simples grupos de trolls o ciberassetjadors. Son organizaciones estructuradas, con jerarquías y roles definidos, que se dedican a la tortura psicológica y, en casos extremos, física de sus víctimas. Utilizan técnicas sofisticadas para ocultar su identidad y rastrear sus presas:

• Anonimato y encriptación: Utilizan redes #TOR, VPNs y otras herramientas para ocultar sus direcciones IP y ubicaciones.
• Ingeniería social: Manipulan sus víctimas a través de la creación de falsas identidades y la generación de relaciones de confianza.
• Compartición de material abusivo: Intercambian videos e imágenes de tortura y humillación, creando un círculo vicioso de violencia y abuso.
• Coordinación de ataques: Planifican y ejecutan ataques coordinados, tanto en línea como fuera de línea, para maximizar el daño a sus víctimas.

Sus actividades incluyen:

• Abuso sexual en línea: Compartición y producción de material de abuso sexual infantil.
• Violencia extrema: Promoción e incitación de actos de violencia física y psicológica.
• Humillación pública: Exposición y difusión de contenido humillante para las víctimas.
• Extorsión y chantaje: Amenazas para obtener dinero o material comprometido.

El alcance del problema

El informe del NCA revela que estas bandas están en aumento y que su sofisticación y alcance son cada vez más grandes. La pandemia de COVID-19 exacerbó el problema, puesto que los adolescentes pasaron más tiempo en línea, aumentando su vulnerabilidad a estos depredadores.

Las consecuencias incluyen:

• Trauma psicológico: Ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y pensamientos suicidas.
• Aislamiento social: Vergüenza, miedo y desconfianza que dificultan las relaciones sociales.
• Dificultades académicas: Problemas de concentración y rendimiento escolar.
• Abuso de sustancias: Intento de aliviar el dolor emocional a través del alcohol y las drogas.
• Autolesiones: Como mecanismo para hacer frente al dolor emocional.

El NCA está trabajando con otras agencias de aplicación de la ley y organizaciones internacionales para combatir esta amenaza. Se están implementando estrategias para mejorar la detección y persecución de estos grupos, así como para educar a los menores y a sus familias sobre los riesgos y como protegerse.

Recursos útiles

• Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA): https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
• Informe del NCA: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/threats-2025/nsa-csa-2025
• Nota de prensa de la NCA: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/sadistic-online-harm-groups-putting-people-at-unprecedented-risk-warns-the-nca
• Noticía del New York Times: https://www.nytimes.com/2025/03/25/world/europe/online-gangs-teenage-boys-violence.html

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Se ha encendido la alarma en Estados Unidos: el uso de nitacenos, una clase de opiáceos sintéticos, está aumentando.[1] Esta circunstancia debe llevar a repensar las políticas de tratamiento y respuesta ante este tipo de drogas. La droga puede encontrarse en polvo, en pastillas o en líquido y puede mezclarse con otras drogas como la heroína, el fentanilo o las benzodiacepinas.

La respuesta al uso del fentanilo ya había planteado problemas, porque las dosis necesarias de naloxona para corregir las sobredosis de fentanilo deben ser mucho más elevadas que en el caso de la heroína. Ahora, los nitacenos plantean un reto aún mayor, porque se trata de unos opiáceos más potentes que el fentanilo. El consumo de esta nueva droga ya ha provocado varias muertes por sobredosis en Estados Unidos. La clase más potente de nitacenos es cuarenta veces más fuerte que el fentanilo y miles de veces más fuerte que la morfina. La peligrosidad de este nuevo opiáceo ha comportado que no se haya admitido su uso terapéutico en ningún caso, al contrario que el fentanilo, que sí se ha admitido su uso clínico.

Existe un uso inconsciente de nitacenos, ya que la gente desconoce que está presente en otras drogas que consume. No existen tests que detecten los niveles de nitacenos como sí existen para detectar el fentanilo. Al igual que este último opiáceo, los nitacenos debilitan a las personas que lo consumen. Así, podemos encontrar a personas que consumen heroína y tienen un trabajo estable, pero en cambio esta situación es mucho más difícil de encontrar en el caso del fentanilo y los nitacenos.

Actualmente los instrumentos para detectar los nitacenos son deficientes o inexistentes, especialmente en Estados Unidos, donde no se llevan a cabo análisis de las aguas residuales, como sí se hace en los países de la Unión Europea. La detección en la sangre de las personas que lo ingieren es difícil porque desaparece muy rápidamente, por lo que la detección en las aguas residuales resulta extremadamente necesaria.

Parece ser que China es la principal fuente de precursores de nitacenos, que son transportados por barco hasta México y después entran ilícitamente a Estados Unidos.

[1]Vid. Even​ worse than fentanyls ”: nitazenes in the USA – The Lancet

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