El gobierno del Reino Unido ha anunciado una inversión de 31,6 millones de libras destinada a reducir la reincidencia entre mujeres en el sistema de justicia penal. Más allá de ser una simple ampliación presupuestaria, esta iniciativa representa un cambio de paradigma en la manera de entender la seguridad pública: pasar de un modelo centrado en el castigo a un enfoque basado en la prevención y la intervención sobre las causas estructurales del delito.

Durante años, los sistemas penales han respondido a la delincuencia con medidas punitivas, especialmente la prisión. No obstante, en el caso de las mujeres, los datos muestran que esta estrategia a menudo resulta ineficaz. Una proporción muy elevada de mujeres que entran en contacto con el sistema penal arrastran historias de vulnerabilidad profunda: más de dos tercios han sufrido violencia doméstica, muchas presentan adicciones a sustancias y una parte significativa ha sufrido lesiones cerebrales o problemas de salud mental. Estas circunstancias apuntan a una realidad clara: en muchos casos, la delincuencia femenina es el resultado de situaciones de trauma, exclusión social y falta de apoyo institucional.

En este contexto, el nuevo paquete de financiación apuesta por reforzar servicios comunitarios especializados que trabajan directamente con estas mujeres. El objetivo es proporcionar apoyo integral en ámbitos clave como el tratamiento de drogas, el acceso a la vivienda, la inserción laboral y la protección ante relaciones abusivas. Este tipo de intervención no solo busca mejorar la vida de las mujeres afectadas, sino que también se plantea como una herramienta efectiva de seguridad: reducir la reincidencia implica menos delitos y, por lo tanto, menos víctimas.

Desde una perspectiva de seguridad pública, esta estrategia presenta una ventaja fundamental: actúa antes de que el problema se cronifique. Las políticas tradicionales a menudo intervienen tarde, cuando el delito ya se ha producido y el daño es irreversible. En cambio, los programas de apoyo comunitario intentan interrumpir el ciclo de la delincuencia en fases iniciales, abordando factores de riesgo como la exclusión económica, la dependencia de sustancias o la falta de un entorno seguro. Esta aproximación preventiva es especialmente relevante si se tiene en cuenta el coste económico de la reincidencia, estimado en unos 18.000 millones de libras anuales para el contribuyente.

Otro elemento clave de la reforma es la promoción de alternativas a la prisión. Aunque la custodia seguirá siendo necesaria para los delitos más graves, se defiende que tendría que ser el último recurso en la mayoría de casos. En este sentido, el informe de la Women’s Justice Board destaca que las medidas comunitarias son a menudo más efectivas para reducir la reincidencia y facilitar la reintegración social. Esta idea se concreta en la expansión de los llamados tribunales de supervisión intensiva, que combinan el control judicial con el acceso obligatorio a programas de tratamiento y apoyo.

Estos tribunales representan un modelo híbrido entre control y rehabilitación. Las participantes tienen que comparecer regularmente ante un juez, que supervisa su progreso y asegura el cumplimiento de las condiciones establecidas. Al mismo tiempo, reciben apoyo para abordar problemas subyacentes como la adicción o el trauma. Los resultados observados en otros países indican reducciones significativas en la reincidencia, con descensos de aproximadamente un tercio en las detenciones por nuevos delitos en comparación con modelos tradicionales basados en la prisión.

Desde el punto de vista de la seguridad, este enfoque también contribuye a reforzar la cohesión social. La delincuencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene un impacto más amplio en las comunidades, generando inseguridad y debilitando los vínculos sociales. Al ayudar a las mujeres a salir del ciclo de la delincuencia, estas políticas no solo reducen el crimen, sino que también contribuyen a estabilizar familias y entornos comunitarios, especialmente teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres son madres.

No obstante, este modelo también plantea retos. Su eficacia depende en gran medida de la calidad y la coordinación de los servicios disponibles, así como de una financiación sostenida en el tiempo. Además, requiere un cambio cultural dentro del sistema de justicia penal, que tiene que adoptar una visión más orientada a la rehabilitación que al castigo. Sin estos elementos, existe el riesgo de que las iniciativas queden limitadas o no consigan los resultados esperados.

En conclusión, la inversión anunciada por el gobierno británico refleja una evolución significativa en las políticas de seguridad. En lugar de centrarse exclusivamente en la represión del delito, apuesta por intervenir sobre sus causas profundas, especialmente en un colectivo tan vulnerable como el de las mujeres. Si se implementa correctamente, este enfoque puede ofrecer una doble rentabilidad: mejorar la vida de las personas afectadas y construir sociedades más seguras y resilientes.

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El gobierno británico ha anunciado un importante conjunto de reformas para mejorar la respuesta del sistema judicial a los casos de violación y reforzar la protección de las víctimas. Las medidas incluyen la creación de un nuevo servicio nacional de asesores legales independientes para víctimas de violación y la ampliación de los principios de la Operación Soteria a las salas de juicio. Estas iniciativas forman parte de un plan más amplio para hacer el sistema de justicia penal más justo, rápido y centrado en las víctimas, y para combatir la violencia contra mujeres y niñas.

Una de las novedades principales es el lanzamiento de un servicio nacional de asesores jurídicos independientes (Independent Legal Advisers, ILA), que ofrecerá apoyo legal especializado a las víctimas de violación durante todo el proceso penal. Este servicio, que se desplegará a finales de año, contará inicialmente con una financiación de seis millones de libras durante dos años. El objetivo es garantizar que las víctimas tengan acceso a asesoramiento legal independiente en las fases más complejas de las investigaciones y los juicios.

Los asesores legales independientes ayudarán a las víctimas a comprender sus derechos dentro del sistema judicial y las asistirán cuando las autoridades soliciten información personal sensible. Eso incluye, por ejemplo, registros médicos, notas de asesoramiento psicológico o datos de teléfonos móviles. En muchos casos, estas peticiones pueden resultar invasivas o desproporcionadas, y los asesores legales podrán impugnarlas cuando no sean estrictamente necesarias para la investigación. Esta medida pretende reducir la sensación, a menudo denunciada por las víctimas, de que el sistema penal examina más su vida privada que el comportamiento del presunto agresor.

En paralelo, el gobierno ampliará los principios de la Operación Soteria a la fase judicial de los casos de violación. Esta iniciativa, lanzada en el año 2021, ya había cambiado la manera como la policía y los fiscales investigan estos delitos. El nuevo enfoque se centra en analizar el comportamiento y los patrones del sospechoso, en lugar de poner el foco principal en la víctima. Eso implica priorizar pruebas relacionadas con el sospechoso y limitar el acceso a los registros personales de la víctima solo a los casos en que tengan un valor probatorio claro.

Con la nueva ampliación, el gobierno quiere asegurar que este mismo enfoque se mantenga cuando los casos llegan a los tribunales. Por eso se ha encargado a una experta académica que examine si, durante los juicios, las prácticas judiciales siguen sometiendo a las víctimas a un escrutinio excesivo. El objetivo de este estudio piloto es identificar posibles mejoras en la formación de jueces y fiscales, y también en las orientaciones y buenas prácticas judiciales, para garantizar que los juicios se centren principalmente en las acciones del sospechoso.

Según el gobierno británico, estas reformas también se inscriben dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar el sistema judicial y reducir los retrasos en la resolución de los casos. Los datos publicados recientemente indican que, incluso con inversiones y mejoras de eficiencia, el retraso en el Tribunal de la Corona podría llegar a los 133.000 casos en el año 2035. No obstante, el paquete de reformas estructurales que prevé el gobierno podría reducir esta cifra hasta aproximadamente 49.000 casos en el mismo periodo, evitando que miles de víctimas tengan que esperar años para obtener justicia.

Entre las reformas incluidas en el proyecto de ley de tribunales está la creación de nuevos swift courts, tribunales diseñados para gestionar casos con condenas previsibles de hasta tres años, que serían juzgados por un solo juez. También se propone aumentar los poderes de sentencia de los magistrados hasta 18 meses de prisión, con el objetivo de liberar recursos del Tribunal de la Corona para que pueda centrarse en los delitos más graves. A pesar de estas reformas, los juicios con jurado se mantendrán para los crímenes más graves, incluyendo la violación, el asesinato o las lesiones graves.

Finalmente, el gobierno ha remarcado que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para reducir a la mitad la violencia contra mujeres y niñas durante la próxima década. En este contexto, se han anunciado más de mil millones de libras de inversión, incluyendo 550 millones destinados a servicios de atención a víctimas y casi 500 millones para alojamiento seguro para personas que huyen de abusos.

En conjunto, estas reformas buscan transformar la manera cómo el sistema de justicia penal gestiona los casos de violación. El objetivo central es garantizar que las víctimas reciban el apoyo adecuado, que los procesos judiciales sean menos traumáticos y que el foco de las investigaciones y los juicios se ponga principalmente en el comportamiento de los presuntos agresores. Esta orientación pretende reforzar la confianza de las víctimas en el sistema judicial y mejorar la capacidad para obtener justicia.

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Una caída significativa de los robos con cuchillo en Inglaterra y Gales marca un punto de inflexión en la lucha contra este tipo de delitos. Los últimos datos muestran una reducción del 10% en las zonas más afectadas, gracias a un plan gubernamental agresivo y a nuevas medidas de prevención.

Los robos con cuchillo –una de las formas de delincuencia que más alarma social genera– han empezado a disminuir en toda Inglaterra y Gales. Esta reducción llega después de la implementación del Plan para el Cambio, una estrategia del gobierno británico con el objetivo ambicioso de reducir a la mitad los delitos con cuchillo en diez años.

Un grupo de trabajo especializado, formado en octubre de 2024, ha sido clave para revertir la tendencia al alza observada entre julio de 2023 y junio de 2024. Este grupo incluye a siete fuerzas policiales de las zonas más afectadas, como la Metropolitan Police, West Midlands y Greater Manchester.

Entre junio de 2024 y agosto del año 2025, se ha producido una bajada destacada de robos con cuchillo:

• West Midlands: -30% (771 casos menos)
• Policía de Transporte Británica: -26% (107 delitos menos)
• Avon y Somerset: -14%
• South Yorkshire: -8%
• West Yorkshire: -7%
• Metropolitan Police: -5% (484 casos menos)
• Greater Manchester: -3%

Las fuerzas policiales han implementado estrategias como patrullas en puntos calientes, uso de drones, agentes de paisano y arcos detectores de cuchillos. También se ha mejorado la inteligencia policial para identificar potenciales delincuentes antes de que actúen.

Asimismo, el Ministerio del Interior introdujo una batería de medidas legislativas. Destacan la prohibición de las espadas “ninja” (mediante la Ronan’s Law, a raíz del caso de Ronan Kanda, un joven asesinado con un arma de este tipo) y la obligación de verificación de edad en la venta de cuchillos online.

Con un presupuesto inicial de 2 millones de libras, el gobierno ha puesto en marcha Young Futures Hubs, centros de apoyo para jóvenes en riesgo. Este 2025 se pondrán en funcionamiento 8 centros en áreas de alto riesgo, con el objetivo de llegar a 50 en los próximos cuatro años.

Patrick Green, director de Ben Kinsella Trust, considera que reprimir el robo con cuchillo no es sólo reducir delitos, sino romper la idea de que llevar un arma es necesario para protegerse.

La ministra de Crimen y Policía, Sarah Jones, ha destacado la importancia de mantener la presión. Considera que todavía queda mucho por hacer, pero se está empezando a ver una caída sostenida por primera vez en cuatro años.

El camino es largo pero las primeras cifras indican que el cambio es posible con acción coordinada, inversión en los jóvenes y tolerancia cero con las armas.

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Las comunidades afectadas por delincuentes reincidentes verán reforzada su protección con la ampliación de un nuevo modelo de tribunales especializados diseñados para reducir la delincuencia menos grave y cortar de raíz la reincidencia.

Estos Intensive Supervision Courts (Tribunales de Supervisión Intensiva) —inspirados en los tribunales de resolución de problemas de los Estados Unidos, especialmente de Tejas— combinan el seguimiento judicial estricto con un apoyo personalizado para los infractores que sufren problemas como adicciones o traumas.

Los delincuentes que cometan hechos delictivos mientras luchan contra problemas personales deberán asistir a tratamientos, comparecer regularmente ante el mismo juez y cumplir unas condiciones estrictas. Si no lo hacen, pueden acabar en la prisión.

Este modelo, que forma parte del Plan de cambio del gobierno británico, busca transformar la respuesta al crimen menor, liberar el sistema penitenciario y centrarse en la rehabilitación real.

La adicción a las drogas y el alcohol alimenta gran parte del crimen que se produce. No se reducirá la delincuencia hasta que los reincidentes afronten realmente su comportamiento, según las consideraciones de lord Timpson, ministro de Prisiones, Pruebas y Reincidencia.

Resultados prometedores

Los primeros cuatro programas piloto en Birmingham, Bristol, Liverpool y Teesside han supervisado a más de 200 delincuentes. Según una evaluación reciente:

• 2 de cada 3 pruebas de drogas dieron negativo.
• Solo un 23 % de los participantes fueron sancionados por mal comportamiento.
• El consumo de sustancias disminuyó.
• Más participantes con problemas de salud mental accedieron a un tratamiento adecuado.

Estos datos apuntan a una reducción significativa de la reincidencia, como ya se ha observado en otros países que utilizan modelos similares, con una caída de los reingresos delictivos de hasta un 33 %. 

La expansión de estos tribunales llega después de la inversión récord de 700 millones de libras en el Servicio de Pruebas, un incremento del 45 % en el presupuesto, y da respuesta a las recomendaciones del Independent Sentencing Review, liderat por el exministro de Justicia David Gauke.

Durante una visita a Tejas, Gauke y el actual lord canciller comprobaron de primera mano que la expansión de los tribunales de resolución de problemas había reducido un 25 % los delitos por drogas y que había disminuido la población penitenciaria.

Una visión desde el sector social

Pavan Dhaliwal, directora de la ONG Revolving Doors, que trabaja para romper el ciclo delictivo, valoró positivamente la expansión. Estos tribunales ofrecen una oportunidad real para abordar las necesidades sociales y de salud no resueltas que atrapan a las personas en la reincidencia.

Con este nuevo enfoque, el Reino Unido apuesta por un sistema penal que no solo castigue, sino que también responsabilice, rehabilite y enderece. La expansión de los Tribunales de Supervisión Intensiva forma parte de una estrategia más amplia para hacer las calles más seguras, reducir la carga de las prisiones y dar una segunda oportunidad real a aquellos que quieren cambiar.

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El Consejo de Europa ha aprobado unas conclusiones sobre el futuro de la ciberseguridad con el objetivo de proporcionar orientación y establecer los principios para construir una Unión Europea más cibersegura y resiliente. En los últimos años, las amenazas a la ciberseguridad han aumentado significativamente en cuanto al nivel, su complejidad y la escala. Esto ha sucedido junto a un incremento significativo de las tensiones geopolíticas globales.

La ciberseguridad opera a múltiples niveles, y se concentra sobre todo en la seguridad de las empresas, gobiernos y ciudadanos. Todo el mundo merece una internet segura y la tranquilidad que se consigue al operar con ella. Todo el mundo merece sentirse seguro, tanto online como fuera de línea. Para las instituciones de la UE, es necesario construir un mundo digital robusto y resiliente mediante medidas proactivas y la cooperación internacional.

El Consejo ha expuesto los principios a desarrollar en los próximos meses para construir una Unión más cibersegura y resiliente. Centrarse en la implementación, la adopción de estándares armonizados, la certificación, la seguridad de la cadena de suministro, la cooperación con el sector privado, el apoyo a las pymes y una financiación adecuada deberían estar entre las principales prioridades para al futuro.

Las conclusiones del Consejo recuerdan la importancia de centrarse en la implementación, reforzar la coordinación y colaboración y evitar la fragmentación de las normas de ciberseguridad en la legislación sectorial. También piden aclarar aún más los roles y responsabilidades en el ámbito cibernético, reforzar la cooperación en la lucha contra el ciberdelito y trabajar en un plan revisado del marco de gestión de la cibercrisis. Destaca el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y la necesidad de dar respuesta a los retos que plantean las nuevas tecnologías.

Desde las instituciones europeas se fomenta un enfoque de múltiples partes interesadas, incluida la cooperación con el sector privado y el mundo académico, para cerrar la brecha de competencias. Subrayando la importancia de atraer capital privado, las conclusiones del Consejo insisten en la necesidad de una financiación adecuada. También se destaca la dimensión exterior, recordando que sería necesaria una política internacional activa para reforzar la cooperación con terceros países, especialmente en el contexto transatlántico, como contribución a un ecosistema internacional fuerte. A la vista del nivel de amenaza cambiante y creciente, el Consejo invita finalmente a la Comisión Europea y al Alto Representante a presentar una estrategia de ciberseguridad.

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La presidencia belga del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta reguladora de la UE relacionada con la transferencia de procedimientos en materia penal.

La normativa establece reglamentaciones que regulan las condiciones en las que los procedimientos penales iniciados en un Estado miembro pueden trasladarse a otro Estado miembro. Esto será fundamental para garantizar que el país mejor situado investigue o persiga un delito penal y para evitar procedimientos paralelos innecesarios (de un mismo sospechoso) en distintos Estados miembros de la UE. Por tanto, la normativa contribuirá a combatir la delincuencia transfronteriza de manera más eficaz.

Una lucha efectiva contra la delincuencia significa también que los países de la UE cooperen para que la investigación penal se produzca en el país que está mejor situado para servir a la justicia.

Las normas que han acordado el Consejo y el Parlamento Europeo también deben mejorar el respeto a los derechos fundamentales del sospechoso o investigado en el proceso de traslado de un procedimiento penal de un país a otro.

Además, el reglamento debe ayudar a prevenir la impunidad en los casos en que se deniegue la entrega de una persona a otro Estado miembro en virtud de una orden europea de detención. La transferencia de las normas de procedimiento (al país donde se encuentra el acusado) garantizaría que la persona todavía se enfrentara a la justicia.

Así pues, en el futuro, las autoridades de un país decidirán solicitar el traslado de procedimientos (a otro Estado miembro) sobre la base de una lista de criterios comunes. Estos criterios incluyen:

• El delito se ha cometido en el territorio del Estado miembro al que debe trasladarse el procedimiento o la mayoría de los efectos del delito, o una parte sustancial del daño se ha producido en ese Estado miembro.

• Uno o más sospechosos o investigados son nacionales o residentes en ese Estado miembro.

• Uno o más sospechosos o investigados están presentes en el Estado miembro al que debe trasladarse el procedimiento.

• La mayoría de las pruebas relevantes para la investigación o la mayoría de los testimonios relevantes se encuentran o residen en ese Estado miembro.

• Existe un procedimiento penal en curso por el mismo hecho u otros hechos contra el sospechoso o investigado en el Estado miembro que será responsable del procedimiento.

El reglamento incluye también obligaciones en cuanto a los derechos de los sospechosos y acusados, así como de las víctimas, a la hora de decidir el traslado.

Los sospechosos, las personas investigadas y las víctimas tendrán derecho a un recurso legal efectivo contra la decisión de un país de aceptar la transferencia del procedimiento penal. Podrán ejercer este derecho en el país al que se traslade el proceso penal.

Habrá un plazo para interponer recurso judicial, no superior a 15 días desde la fecha de recepción de la resolución de aceptación del traspaso del procedimiento penal. La decisión final sobre el recurso legal se tomará sin demora indebida y, a ser posible, en un plazo de 60 días.

Con la expansión de la delincuencia transfronteriza, la justicia penal en la UE se ha enfrentado cada vez más a situaciones en las que varios Estados miembros tienen jurisdicción para enjuiciar el mismo caso. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a los delitos cometidos por grupos criminales organizados. Por tanto, las normas sobre la transferencia de procedimientos penales ayudarán a aclarar qué estado miembro estaría mejor situado para llevar a cabo un procedimiento penal.

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El Consejo Europeo aprobó unas conclusiones sobre la mejora del apoyo y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Las conclusiones destacan que la lucha contra el terrorismo debe abordarse no solo desde una perspectiva de seguridad, sino también centrándose en las personas directamente afectadas por los actos terroristas.

Con el fin de avanzar en el apoyo, asistencia y protección a las víctimas del terrorismo, las conclusiones fomentan una rápida adopción de la revisión específica de la directiva sobre los derechos de las víctimas –actualmente, en fase de trabajo por parte del Consejo– y la adopción de medidas para garantizar el reconocimiento y el respeto de las víctimas del terrorismo, incluida la promoción de la formación de los profesionales que se tratan.

Las conclusiones destacan que el recuerdo de las víctimas del terrorismo es fundamental para su proceso de recuperación, para fomentar la cohesión social y para la defensa de los valores democráticos. También señalan que las víctimas deben desempeñar un papel central en las políticas de recuerdo porque sus testimonios son una poderosa herramienta para concienciar sobre las consecuencias humanas del terrorismo y para prevenir la radicalización.

Así pues, se invita a los estados miembros a promover políticas en el ámbito de las víctimas del terrorismo para no olvidar su sufrimiento físico y psicológico y que estas políticas también puedan utilizarse como instrumento para prevenir la radicalización violenta.

En 2018, el Consejo pidió a los estados miembros que establecieran un punto de contacto nacional que fuera responsable del suministro de información a las víctimas del terrorismo. Estos puntos de contacto se organizan en una red en toda la UE, que facilita el ejercicio de los derechos transfronterizos de las víctimas.

Las conclusiones recuerdan que la preparación en caso de ataque terrorista también debería extenderse a anticipar el apoyo a las víctimas, en particular designando un punto de contacto único para las víctimas del terrorismo.

En la UE, una directiva sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos garantiza que las personas que han sido víctimas de un delito sean reconocidas y tratadas con respeto. La ley establece que deben recibir la protección, el apoyo y el acceso adecuados a la justicia. También obliga a los países de la Unión a garantizar una formación adecuada sobre las necesidades de las víctimas a los funcionarios que puedan entrar en contacto con ellas.

El 12 de julio de 2023, la Comisión Europea propuso modificar la directiva sobre los derechos de las víctimas. Esta actualización se está discutiendo ahora en el Consejo y en el Parlamento Europeo.

Para las víctimas de determinados delitos, como el terrorismo, la UE ha establecido medidas adicionales para responder de forma más directa a sus necesidades específicas. La directiva contra el terrorismo ofrece a las víctimas del terrorismo derechos adicionales de apoyo, protección y asistencia que respondan a sus demandas.

La Comisión también ha creado un centro de experiencia de la UE para las víctimas del terrorismo para ofrecer conocimientos, orientación y apoyo a las autoridades nacionales y a las organizaciones de apoyo a las víctimas. Ayuda a garantizar que las estructuras nacionales ofrecen asistencia y apoyo profesional a las víctimas del terrorismo para todos los países de la UE.

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El Consejo Europeo aprobó durante el mes de octubre la llamada Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea, así como el Plan de acción, destinados a abordar los retos en materia de seguridad en el mar.

El objetivo de estas mejoras es garantizar que la UE disponga de varios instrumentos eficaces para hacer frente a las amenazas y los nuevos retos cambiantes en materia de seguridad, como serían la creciente competencia estratégica por el poder y los recursos en las cuencas marítimas de la Unión y fuera de ella, la degradación medioambiental y los ataques híbridos y cibernéticos contra las infraestructuras marítimas.

La Estrategia ofrece un marco para que la UE adopte nuevas medidas con las que defender sus intereses en el mar y proteger a sus ciudadanos, sus valores y su economía. La lista de los seis objetivos estratégicos que se han traducido en más de 150 acciones concretas en el Plan de acción es la siguiente:

• Intensificar las actividades en el mar. Desde la UE se prevé organizar ejercicios anuales de seguridad marítima, realizados por guardacostas y fuerzas armadas de los estados miembros.

Una de las acciones clave es intensificar la lucha contra las actividades ilegales e ilícitas en el mar, como la piratería y los robos con violencia; la delincuencia organizada, incluyendo el tráfico ilícito de migrantes, y la pesca irregular, no declarada y no reglamentada. También se quiere reforzar las inspecciones de seguridad en los puertos marítimos de la Unión.

• Cooperar con los socios. Se prevé intensificar las asociaciones con países afines y con organizaciones regionales e internacionales promoviendo el diálogo y las buenas prácticas, y defendiendo el orden marítimo.

• Asumir el liderazgo en materia de conciencia situacional marítima. Incluye la mejora de la recogida y el intercambio de información.

• Gestionar los riesgos y amenazas. Mejorar la resiliencia y preparación colectivas de la UE con el objetivo de proteger infraestructuras marítimas críticas tales como gasoductos, cables submarinos, puertos, terminales de gas, etc.

• Mejora de capacidades. Desarrollar técnicas comunes para las tecnologías de defensa en superficie y debajo del agua, así como crear sistemas interoperables no tripulados para supervisar infraestructuras marítimas críticas.

• Educar y formar. La Estrategia pretende también conseguir un alto nivel de educación, capacidades y formación especializadas, lo que resulta indispensable para que la UE pueda hacer frente a los retos presentes y futuros en materia de seguridad marítima.

Algunas de las acciones clave en este ámbito se centran en las capacidades necesarias para hacer frente a las amenazas híbridas y cibernéticas y en la realización de programas de formación específicos abiertos a socios que no pertenecen a la Unión. La aplicación de la Estrategia se evaluará en tres años, en un informe conjunto de situación que elaborarán la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

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Equipos tácticos adaptados. Programas de mentoría. Comisarías de policía integradas solamente por mujeres. Durante décadas, los organismos policiales han innovado y evolucionado para garantizar que sus cuerpos de policía estén a la altura de las necesidades de las comunidades.

Para conmemorar el centenario de Interpol, la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Formación de la organización ha publicado un compendio titulado La actividad policial desde una perspectiva de género: Iniciativas policiales de todo el mundo, donde se recogen las iniciativas mundiales encaminadas a lograr la integración de la perspectiva de género.

Gracias a contribuciones de cerca de 50 países, organizaciones regionales y la Secretaría General de Interpol, el compendio analiza cómo se encuentran las fuerzas policiales hoy en día:

• trabajando para aumentar el número de mujeres en todos los ámbitos policiales,

• creando mecanismos institucionales de reforma,

• orientando y apoyando a diversas generaciones futuras de líderes policiales,

• considerando la dinámica de género de la delincuencia.  

Las iniciativas recogidas en el compendio son un fiel reflejo de los países que conforman Interpol y ponen de manifiesto el amplio abanico de esfuerzos que se están desplegando para conseguir un cambio institucional duradero. Desde cursos formativos específicos hasta la inclusión en equipos de respuesta rápida, pasando por campañas de sensibilización y programas contra la violencia de género, los países han demostrado que no existe una solución única para conseguir la representación.  

El cambio hacia una mayor representación e igualdad es un trabajo continuo, e Interpol tiene la determinación de alcanzar este objetivo, dentro de la organización y en los 195 países que son miembros de ella. Los hombres ocupan actualmente la mayoría de los puestos directivos en los organismos policiales, lo que les convierte indiscutiblemente en protagonistas clave del cambio. Teniendo esto en mente, el compendio destaca cómo los hombres también pueden contribuir a hacer de la igualdad de género la nueva normalidad.  

Los policías desempeñan un papel crucial en la sociedad. Son responsables de mantener la ley y el orden, disuadir e investigar el crimen y proteger a las personas y las comunidades. La policía es dinámica y debe adaptarse constantemente a un panorama delictivo cambiante, a las tecnologías emergentes y a los cambios sociales para llevar a cabo las tareas encomendadas con eficacia.  

La diversidad de género es una condición indispensable para garantizar esa adaptabilidad. Únicamente con esta diversidad se podrán tomar las decisiones estratégicas necesarias para proteger y servir a todas las comunidades. Un servicio policial diverso tiene una comprensión más profunda de las necesidades de su comunidad y puede establecer relaciones más sólidas, facilitando así una policía más eficaz.  

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Con el ciberespacio como campo de competencia estratégica, los riesgos para la seguridad y defensa de la Unión Europea aumentan en un momento de crecientes tensiones geopolíticas y fuerte dependencia de las tecnologías digitales.

En este contexto, el Consejo Europeo ha aprobado unas conclusiones sobre ciberdefensa que subrayan la necesidad de que la Unión y sus estados miembros refuercen aún más su resiliencia para hacer frente a las ciberamenazas y aumenten la ciberseguridad común y la ciberdefensa contra comportamientos maliciosos y actos de agresión en el ciberespacio.

Las conclusiones dan la bienvenida a la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y del Alto Representante sobre la política de la UE en ciberdefensa y subrayan la importancia de invertir sustancialmente, tanto individual como colaborativamente, en una mejor resiliencia y en el despliegue de capacidades de defensa cibernética defensiva. Los marcos de cooperación de la UE y los incentivos financieros pueden tener una importancia clave en esta perspectiva.

De acuerdo con la brújula estratégica, las conclusiones invitan a los estados miembros y a otros actores relevantes a actuar juntos para una ciberdefensa más sólida, reforzando la cooperación y la coordinación dentro de la UE, entre las comunidades cibernéticas militares y civiles y entre un ecosistema público y privado de confianza. El Consejo ve con buenos ojos la propuesta de un centro de coordinación de la ciberdefensa de la UE para mejorar la coordinación y conciencia de la situación, en particular, de los comandantes de las misiones y operaciones de la UE y para reforzar la arquitectura de mando y control más amplia de la Unión.

El Consejo alienta a los estados miembros a proteger el ecosistema de defensa de la Unión desarrollando aún más sus propias capacidades para llevar a cabo operaciones de ciberdefensa, incluidas, cuando corresponda, medidas defensivas proactivas para proteger, detectar, defender y disuadir los ciberataques. La UE y sus estados miembros deberían reducir sus dependencias estratégicas a través de las capacidades y cadenas de suministro, así como desarrollar y dominar las tecnologías de ciberdefensa de vanguardia. Esto incluye el fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de defensa europea.

Además, el Consejo Europeo insta a los estados miembros a invertir en capacidades de ciberdefensa interoperables, incluso mediante el desarrollo de un conjunto de compromisos voluntarios para el desarrollo de las capacidades nacionales de ciberdefensa, y haciendo el mejor uso de las oportunidades de investigación colaborativa a nivel de la Unión. El Consejo también reconoce el beneficio directo de los proyectos de colaboración a nivel de la UE para apoyar el desarrollo de las capacidades nacionales de ciberdefensa.

Aparte, el Consejo invita a los estados miembros a abordar la importante brecha de habilidades en ciberseguridad, aprovechando las sinergias entre las iniciativas militares, civiles y policiales.

Por último, el Consejo subraya la importancia clave de la asociación para abordar retos comunes. Pide al Alto Representante y a la Comisión que exploren asociaciones mutuamente beneficiosas y personalizadas sobre políticas de ciberdefensa, incluida la creación de capacidades de ciberdefensa a través del Mecanismo Europeo de Paz (EPF). A tal fin, la ciberdefensa debería añadirse como punto en los diálogos y consultas de la UE sobre ciberdefensa y en las consultas generales de seguridad y defensa con los socios.

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