Plan de acción de la Unión Europea contra el racismo 2020-2025

La discriminación por motivos de raza o étnicos está prohibida en la Unión Europea. La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones realizada en septiembre de 2020 trabaja en esta línea para el periodo 2020-2025.

El documento explica que esta discriminación persiste en nuestra sociedad y que, por lo tanto, no sería suficiente estar contra el racismo, sino que pide oponerse activamente. Explica que el racismo daña a la sociedad de diferentes maneras. En su forma más directa, significa que un gran número de habitantes de Europa están discriminados, lo cual afecta a su dignidad humana, sus oportunidades en la vida, su prosperidad y bienestar y su seguridad personal.

La Comunicación expone que la UE está construida sobre la diversidad y el fomento de una sociedad de pluralismo, tolerancia y no discriminación.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE ha llevado a cabo una serie de encuestas que indican que existen elevados niveles de discriminación en la UE. Las encuestas señalan ámbitos de la vida en los que la discriminación racial se percibe con mayor intensidad. Los datos de la encuesta ponen de manifiesto que las consideraciones raciales influyen en la probabilidad de ser parado por la policía. Del 14% de los encuestados que respondieron que les había parado la policía el año anterior, el 40% tenía la impresión de que esta acción se debía a su origen étnico o por ser inmigrante.

La encuesta también señaló que la violencia y el acoso motivados por el odio a menudo no se denuncian. Entre personas de ascendencia africana, un 64% de las víctimas de violencia racista no lo denunciaron a la policía ni a ninguna otra organización ni servicio.

La Comisión emprenderá una evaluación global del marco jurídico vigente para determinar cómo mejorar su aplicación, si sigue respondiendo a su fin y si existen lagunas a mejorar.

La Decisión marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia mediante el derecho penal pretende que las manifestaciones graves de racismo y xenofobia se castiguen con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasivas en toda la UE.

La Comisión:

  • Informará sobre la aplicación de la Directiva sobre igualdad racial en 2021.
  • Presentará, en 2022, toda la legislación necesaria para mejorar las deficiencias y reforzar el papel y la independencia de los organismos para la igualdad.
  • Garantizará una transposición y aplicación correctas de la Decisión marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia en toda la UE.

La Comisión insta a los estados miembros a que:

  • Garanticen que la legislación de la UE sea de transposición plena y se aplique correctamente en los estados miembros.
  • Lleguen rápidamente a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de 2008 para aplicar el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

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Reducción de la violencia en El Salvador

342.- comando-elite-1-e1461189843981El denominado “Plan de Control Territorial” es, según el gobierno salvadoreño, el responsable de un gran cambio: el país era uno de los más violentos del mundo, pero el mes de enero de 2020 ha sido el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil.

El presidente del país, Nayib Bukele, confía en que su plan acabará recibiendo la luz verde económica como único modo de garantizar que los asesinatos sigan disminuyendo. A pesar de ello, muchos analistas descartan que esta reducción histórica de la violencia se deba a una estrategia de seguridad que, en opinión suya, no aportaría nada de nuevo a aquello que habían hecho gobiernos anteriores.

Con todo, las cifras oficiales son claras y apuntan a un descenso notable en el número de homicidios en el El Salvador, donde la tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 51 en 2018 a 35,8 en 2019. Y la curva descendente se acentúa desde que el presidente Bukele asumió la presidencia en junio de 2019 y anunció su plan de seguridad. Desde julio, la cifra mensual de homicidios ha estado siempre por debajo de las 200 víctimas. El récord a la baja llegó este mes de enero con 119 homicidios y una media diaria de 3,8 –un 60% menos que en enero de 2018.

Varios analistas vinculan la disminución de la violencia a factores ajenos a la política del Gobierno. Consideran más plausible un posible plan de las bandas para dejar de cometer asesinatos con el objetivo de evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con el fin de mantener su control de territorios y seguir dedicándose a la extorsión. Otros estudiosos consideran el descenso de los homicidios como un espejismo, fruto de un gesto de buena voluntad de las bandas hacia el nuevo ejecutivo. De este modo, el día que las bandas quieran enviar un mensaje contrario al presidente Bukele, las cifras subirán para provocar o pedir alguna concesión, como ya ha sucedido en el pasado.

El “Plan de Control Territorial” es una iniciativa dividida en siete fases, dos de las cuales ya han sido implantadas. La fase 1 supuso la salida a las calles de centenares de policías y militares. La previsión de la fase 2 incluye la reconstrucción del tejido social y la capacitación de jóvenes. La fase 3 se encuentra a la espera de la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares americanos del Banco Centroamericano de Integración Económica, con que pretende mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Las fases 4 a 7 todavía no se han hecho públicas.

El Gobierno considera clave que las fuerzas de seguridad desplegadas permanezcan en las zonas más conflictivas de forma continuada. Antes tenían una presencia de como mucho 72 horas, y, una vez se retiraban, las estructuras criminales volvían a operar.

También hay que tener en cuenta el gran desafío para la estrategia que representa su sostenibilidad financiera. Se apuesta también por la participación ciudadana para conseguir que los últimos indicadores se mantengan.

Y es que el combate y la represión de las fuerzas de seguridad tienen un límite, y si la sociedad no se involucra y participa de un modo activo, los resultados difícilmente serán sostenibles en el tiempo. Algunos analistas se inclinan para potenciar los proyectos de reforma social y de fomento del empleo, que consideran que ayudarían a reducir las tasas de homicidios, y no sólo la persecución criminal.

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El Gobierno de El Salvador pone en marcha estrategias concretas contra las bandas

339.- Mara_Salvatrucha_MS13El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el inicio de la aplicación de estrategias concretas con las que pretende reducir la violencia al país, que continúa entre los que registran mayores tasas de homicidios del mundo, 50,3 por cada 100.000 habitantes el año 2018.

Aunque desde el gobierno se criticaban anteriores políticas gubernamentales de “mano dura” contra las bandas, se explicó que se apostaba por nuevos paradigmas en el combate del crimen, al considerarlo un problema social surgido de la falta de oportunidades y la pobreza. Ahora bien, hasta la fecha no se ha hablado de prevención ni de políticas de reinserción, sino de atacar a las bandas en los dos escenarios considerados clave por el gobierno actual: las prisiones y los centros de las grandes ciudades.

Lo primero que se quiere llevar a cabo es atacar las finanzas de las bandas. El gobierno quiere evitar que las bandas tengan ingresos y, por eso, quiere evitar su financiación. Y es que se considera que es gracias a la práctica de extorsiones que las bandas financian casi un 80% de sus operaciones. Paralelamente, se quiere evitar el blanqueo del dinero con las empresas que les facilitan las operaciones.

Una segunda iniciativa sería la de recuperar los centros de las grandes ciudades, que se consideran el lugar donde las bandas tendrían la mayoría de negocios relacionados con la extorsión. Fuentes gubernamentales consideran erróneas iniciativas anteriores que ponían el foco de atención en las pequeñas comunidades rurales.

Para recuperar estos centros históricos, se pretende desplegar cámaras de seguridad, así como desplegar más presencia de las fuerzas del orden, que serían destinatarias de la inversión de 15 millones de dólares USA para la mejora de las condiciones laborales.

La tercera iniciativa en la lucha contra las bandas sería la de cortar las comunicaciones en las prisiones, ya que se considera que el 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones sale de las mismas prisiones. De este modo, se perseguiría decapitar las comunicaciones desde estos centros. Para hacerlo, también se quiere contar con la renovación del personal penitenciario, para evitar sobornos o extorsiones en el seno de las prisiones.

El plan de seguridad que ponga en marcha el gobierno salvadoreño no refleja ninguna vía de diálogo con las bandas. Es más, se subrayó que un gobierno no tiene que dialogar con “grupos criminales”.

Hay expertos en el tema que aseguran que las políticas exclusivas de “mano dura” no funcionan sin un plan que busque las raíces socioeconómicas de la violencia en el país, ya que no sirve de nada encarcelar a miles de integrantes de bandas porque estas ya son parte del tejido social de El Salvador.

Pero políticamente se considera que la criminalidad es lo que más preocupa a la población, y se quiere exteriorizar un mensaje de implacabilidad, que es lo que querrían los salvadoreños. Sin embargo, hay analistas políticos que abonan el terreno a una doble estrategia: empezar el mandato gubernamental con una política visible más dura frente al crimen, esperar la reacción de las bandas y poder promover después algún tipo de propuesta alternativa.

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La Organización de Estados Americanos apoyará Honduras en las reformas del sistema penitenciario

338.- 42025187020_31480db52d_bEl Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordaron desarrollar una estrategia penitenciaria para fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Honduras.

La estrategia será por un periodo de 9 meses y tendrá que incorporar un enfoque de derechos humanos en la atención que ejerce al lNP.

El convenio consiste en la reestructuración con políticas integradoras del sistema penitenciario, con las que se contribuirá a la reinserción social de las personas privadas de libertad en Honduras.

Desde la OEA se considera que, si se aspira a construir sociedades libres de violencia y de crimen organizado, hacen falta centros de privación de libertad que eduquen y ofrezcan la oportunidad de rehabilitar y reintegrar a las personas que cometieron delitos.

Gran parte de la población encarcelada en algún momento recuperará la libertad, y es necesario que esté preparada para reinsertarse en la sociedad.

La estrategia en que trabajarán la OEA y Honduras –por un periodo de 9 meses– tendrá que incorporar un enfoque de derechos humanos en la atención brindada por el sistema en la custodia de personas privadas de libertad.

La OEA informó de que los ejes de acción del acuerdo son los siguientes:

– La mejora de la administración y gestión de la infraestructura del sistema penitenciario

– Seguridad, control y vida dentro de la prisión

– Rehabilitación y reinserción integral

– Asistencia post penitenciaria

– Transparencia y rendición de cuentas

El acuerdo se  firmó en el marco de la IV Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas.

Hay que recordar que, según las cifras oficiales de Honduras, durante el año 2019 se produjeron 3.996 homicidios, un 7,1% más que en el 2018, en que se contabilizaron 3.732 crímenes.

El informe señala, además, que el 80% de las víctimas de homicidio en el país son personas económicamente activas de entre 18 y 50 años, y cerca del 6,5% son menores de 18 años.

La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas del país, uno de los utilizados por el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a los Estados Unidos.

El Gobierno responsabiliza a las bandas mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 de la mayoría de homicidios registrados por la disputa de territorios por el narcotráfico y el cobro de extorsiones.

Con respecto a los feminicidios, el crimen organizado es responsable del 70% de las muertes violentas de mujeres en Honduras, donde 271 han sido asesinadas el año 2019 y más del 90% de casos han quedado impunes. El 30% de muertes de mujeres restante es causado por parejas o exparejas. Se trata, pues, de un país de 9,2 millones de habitantes, donde cada 18 horas se produce el asesinato de una mujer.

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Cae en picado la cifra de encarcelados en los Países Bajos

328 PRESONSLos Países Bajos han cerrado 23 prisiones en cinco años y tienen la tercera tasa de encarcelamiento más baja de Europa con 54,4 internos por cada 100.000 habitantes. Las prisiones han sido reconvertidas en centros de asilo temporal, viviendas u hoteles.

El sistema judicial holandés está disminuyendo la población penitenciaria gracias, en parte, a programas de rehabilitación para personas con problemas de salud mental. Hay perfiles de personas bajo tratamiento psiquiátrico que son beneficiarias de una tendencia que crece en los Países Bajos, y es la de evitar que las personas entren en prisión a menos que sea estrictamente necesario. Entre las claves está, sobre todo, un exitoso programa que ofrece cuidados comunitarios a los que sufren problemas psiquiátricos.

Este programa persigue dos objetivos: prevenir un nuevo delito y aliviar el sufrimiento psiquiátrico y los problemas sociales que este comporta. Muchas veces se trata de personas con vulnerabilidad psicótica, autismo o dificultades graves en el aprendizaje que a menudo se combinan con serios desórdenes de la personalidad, adicciones, problemas financieros, problemas de vivienda o de vínculos familiares, y que acostumbran a estar traumatizadas.

Según WODC, centro de investigación y documentación del Ministerio de Justicia, el número de sentencias de prisión aplicadas en el país ha disminuido de las 42.000 en 2008 a 31.000 en 2018. A esta cifra hay que sumarle una disminución de dos tercios de las condenas a jóvenes y un descenso en los delitos registrados en el mismo periodo del 40%, hasta 785.000 ilícitos en el 2018. Paralelamente, otro de los factores sería el de las sentencias fuera del sistema judicial, como podrían ser las multas o el uso de la mediación.

Además, existe un programa de rehabilitación psicológica denominado TBS. Forma parte del sistema de justicia criminal para personas que no pueden asumir la responsabilidad de sus actos o solo pueden hacerlo de manera parcial.

Los beneficiarios del TBS tienen que haber cometido un crimen con una condena mínima de 4 años de prisión y tener un gran riesgo de reincidencia. El programa trabaja específicamente en su reinserción. Si se cree que eso no será posible o el interno no coopera, pueden ser transferidos a una prisión de alta seguridad.

El sistema de justicia criminal considera que aunque las condenas en la prisión pueden parecer el método más lógico y efectivo para mejorar la seguridad, la verdad es que solo ayuda a crear criminales más peligrosos. Ante esto, consideran que hay métodos menos agresivos capaces de obtener resultados más duraderos y positivos para la reinserción de las personas que cometen delitos.

Concluyen que las prisiones imponen una manera de vivir institucionalizada y muy controlada que no tiene nada que ver con el mundo real. Además, las personas jóvenes tienen peores experiencias en la prisión.

Dejar de considerar el encarcelamiento como la solución estándar para la delincuencia puede permitir la búsqueda de medidas preventivas más eficaces.

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Ecuador: el plan Más Seguridad busca una estrategia conjunta

El plan Más Seguridad, que fue suspendido hace 11 años, se ha vuelto a reanudar. El pasado 15 de agosto se firmó un convenio interinstitucional con las principales instituciones involucradas en este tema.

En la reunión, liderada por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se dieron cita los máximos representantes de la Policía Nacional, el Servicio Integrado ECU911, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la Agencia de Tráfico Municipal (ATM), las Fuerzas Armadas y la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia.

La reanudación del programa de seguridad se desarrolla junto con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la empresa privada. Se pretende que esta coyuntura interinstitucional permita que los organismos de respuesta en seguridad ciudadana, orden público y otras acciones beneficien el bien común, propicien una cultura de prevención y participación ciudadana, control y seguimiento de políticas con evaluaciones y rendición de cuentas periódicas.

Guayaquil ha ofrecido recursos, equipos y personal con el objetivo de mejorar la seguridad. Se destinarán 8 millones de dólares USA para la adquisición de 120 cámaras de vigilancia. Una de las estrategias es unificar las 1.100 cámaras que tiene la CSCG y las 500 del Servicio Integrado ECU911 del Gobierno.

También se prevé invertir en 600 botones de pánico para el plan “Amiga, ya no estás sola”, 600 bodycam, de las cuales 500 se entregarán a los agentes metropolitanos y 100 a la Policía de Turismo. Y finalmente, en una nueva central de llamadas y cámaras videoanalíticas de reconocimiento facial.

El Ministerio del Interior subrayó que se trata de un plan de choque con el fin de hacer frente a la violencia, el narcotráfico, la minería ilegal, la pornografía infantil, los feminicidios, la posesión de armas, etc., ya que el año pasado en Ecuador se produjeron más muertes en el ámbito de la convivencia social que por criminalidad.

El plan prevé hacer más incidencia en las zonas o barrios con un mayor número de asaltos, como sería el caso de Modelo y 9 de Octubre, los sectores con más actividad comercial de Guayaquil.

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que este céntrico sector comercial es donde se producen más robos en locales. De enero a mayo de 2019 se registraron 284 casos, lo cual supone un aumento del 10,08% con respecto al mismo periodo de 2018.

El plan Más Seguridad incluye la integración de mesas de trabajo donde empresarios, periodistas, académicos, representantes políticos, etc. debatan y propongan soluciones y propuestas para mejorar la seguridad.

Las mesas de trabajo redactarán sus iniciativas sobre cómo mejorar los servicios de atención de seguridad y justicia, el tratamiento correcto de la información sobre delitos, la atención integral a las víctimas y la convivencia pacífica.

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Estados Unidos y El Salvador firman un acuerdo en materia de seguridad y migración

El Salvador - USALos Estados Unidos y El Salvador han firmado una carta de cooperación en materia de seguridad y migración, en la cual El Salvador se compromete a mejorar el control en las fronteras y a intercambiar información sobre crimen organizado en un trabajo conjunto con fuerzas norteamericanas.

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, rubricaron el acuerdo después de una reunión en la que trataron aspectos relacionados con bandas juveniles, migración y desarrollo económico.

La mejora del control de las fronteras salvadoreñas pretende conseguir disminuir el flujo de personas que migran de manera irregular pero también luchar contra la actuación de las bandas juveniles, así como el tráfico ilegal de menores.

Otro de los aspectos destacados del acuerdo firmado es que los Estados Unidos se comprometen a colaborar en la lucha contra las bandas juveniles y el crimen, entendido desde un punto de vista amplio: traficantes de seres humanos, contrabandistas que venden órganos, secuestradores de personas para venderlas como esclavas, etc.

El Salvador se compromete a compartir información biométrica y en tiempo real con respecto a movimientos sospechosos que suceden en las fronteras tanto terrestres como aéreas. Podría ser el caso de personas que intentan ingresar en el país con documentos falsificados o que son buscadas por la justicia de otros países, a menudo relacionadas con crímenes vinculados al narcotráfico.

Por parte norteamericana, se reconocieron los esfuerzos de las autoridades salvadoreñas en la lucha y la reducción de los flujos de migración irregular. En este ámbito, se  concretó que la ayuda de los Estados Unidos se proporcionará a través de diferentes frentes, entre los cuales la ayuda a la policía para mejorar su capacidad de actuación y la ampliación del acceso a visados de trabajo para los salvadoreños.

Sin embargo, los representantes norteamericanos subrayaron que el acuerdo firmado no implica que El Salvador se haya convertido en el tercer país seguro, tal como pasó antes con México y Guatemala.

McAleenan concluyó que mantendrían reuniones con representantes del sector privado y que están interesados en dialogar sobre las tablas tarifarias, con la intención de que estas sean más proclives a atraer inversión extranjera.

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Alerta máxima en las prisiones de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a principios de julio decretar la emergencia máxima, por tiempo indefinido, en las prisiones del país como medida de presión a fin de que las pandillas pongan fin a los homicidios. Y es que supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) asesinaron a otro policía. Paralelamente, a finales del mes de junio, miembros de la MS13 retuvieron un autobús con unas 40 personas a las que robaron, además de violar a dos mujeres.

Con la muerte del policía ya son 23 los agentes de la Policía Nacional Civil asesinados este 2019, además de los homicidios de 12 militares y dos funcionarios de prisiones, todos a manos de las pandillas.


Así pues, una de las medidas que supone este estado de emergencia es que se mantenga a los internos en el interior de sus celdas las 24 horas del día. Además, se trasladaron más de mil pandilleros a prisiones más seguras procedentes de un complejo penitenciario exclusivo para miembros de la pandilla Barrio 18. De esta manera se acaba con la decisión de ubicar en prisiones diferentes a los miembros de las pandillas rivales Barrio 18 y MS13, a causa de la rivalidad existente. Así se rompe con la existencia de prisiones exclusivas de una sola pandilla, donde al final acababa imponiendo sus reglas.

Paralelamente, el gobierno ha obligado a las empresas telefónicas que operan en el país a cortar la señal telefónica en todas las prisiones para evitar las comunicaciones con pandilleros de fuera, a los que dan órdenes.

Con estos traslados de presos se intentan abortar las órdenes de los jefes de las pandillas en sus territorios y desmantelar posibles atentados.

Una de las medidas que pide el presidente del país es la aprobación de la solicitud de más de 30 millones de dólares para financiar los planes de seguridad para hacerles frente. Esta partida se intenta aprobar después de la primera etapa de un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas en 16 municipios, incluida la capital, donde se intentaba atacar las finanzas de estos grupos criminales. También se ha anunciado que se enviará a las fuerzas especiales de la policía y de la fuerza armada para perseguir a los pandilleros.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, con unos datos que han llegado los últimos años a picos de 103 muertos, atribuidos principalmente a la actuación de las pandillas.

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Chile presenta el Plan Calle Segura, que amplía los controles preventivos de identidad

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó en el Congreso Nacional el denominado “Plan Calle Segura”, destinado a prevenir los delitos en los espacios públicos de las ciudades y que amplía el control preventivo de identidad y lo autoriza a aplicarlo a partir de los catorce años.

Una de las justificaciones de sacar adelante este Plan es porque se considera que la primera preocupación de los chilenos es la delincuencia y el narcotráfico y hay que hacerle frente.

Como parte del Plan #CalleSegura se desplegó una intensa agenda de seguridad ciudadana, que incluye la modernización de los Carabineros y PDI, el aumento del despliegue en las calles de más de 3.000 carabineros, importante inversión en tecnología con cámaras y drones y la llamada “Ley antiportonazos”.

Esta Ley tiene que permitir a los Carabineros practicar controles en las calles con mayor facilidad, incluyendo la inspección de ropa, mochilas y accesorios cuando corresponda para evitar, según esta Ley, los delitos con mayor eficacia. También se incluirá a los jóvenes mayores de catorce años, ya que según las estadísticas policiales chilenas entre el 20 y el 30% de los delitos violentos –robos con violencia, emboscadas, etc.– los cometen los jóvenes.

A pesar de las bajas tasas de reclamaciones por conductas inapropiadas de los Carabineros en estos procedimientos, también se incluyen en la Ley medidas para evitar abusos y discriminaciones. Y es que la Ley llega con numerosas voces que han cuestionado la legitimidad y la utilidad de esta medida.

Uno de los aspectos más cuestionados de la nueva Ley es que, bajo un gran plan que prevé la disuasión de las conductas criminales, se espera que la tecnología –cámaras, drones, portales lectores de matrículas…– colabore a controlar los delitos que suceden en las calles.

En este sentido, la experiencia comparada y lo que destaca la criminología urbana son los límites que tienen este tipo de iniciativas, no solo en materia de percepción de inseguridad, sino sobre todo en relación con la reducción de los delitos en el espacio urbano. Por lo tanto, apostar como política de gobierno solo por la inversión tecnológica puede resultar insuficiente.

Algunas voces han alertado a los defensores del Plan Calle Segura de que el control del delito no solo pasa por la vigilancia de las calles y el control tecnológico del ambiente, sino por una adecuada y equilibrada planificación de los espacios públicos y las ciudades.

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México aprueba el proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Mexico DFLa Estrategia fue presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que tuvo la responsabilidad de presentar por primera vez en el Senado de la República el documento que contiene las medidas que tomará el Gobierno federal para garantizar la seguridad de los mexicanos.

El documento establece que el objetivo de la Estrategia es atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y, en general, todos los aspectos que puedan suponer un riesgo para la seguridad pública.

Esta Estrategia pretende alinear los esfuerzos en materia de seguridad y establece que se hará uso de la fuerza legítima del Estado en un marco de legalidad, principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.

La Estrategia consiste en ocho ejes de acción, que incluyen el combate a la corrupción, la promoción de los derechos humanos o reformular el debate contra las drogas, considerando la legalización de algunas.

También prevé un enfoque social y de pacificación del país, con la creación de un Consejo de Construcción de la Paz, para trabajar en torno a esta temática. Entre otras acciones, también plantea la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios del país.

La Estrategia en el ámbito de la Seguridad Pública y Seguridad Nacional prevé la dignificación y mejora de los cuerpos de seguridad para reforzar la coordinación estados-municipios, junto con la conformación y el uso de la Guardia Nacional con una concepción de mando civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta podrá reforzar la atención en aquellos municipios que presenten situaciones de violencia o riesgo inminente.

Con la oposición de los senadores del PAN y el PRI, el dictamen aprobado por mayoría plantea que la violencia política y social solo se resolverá a través del diálogo, la racionalidad, la transparencia y con decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.

Además, reconoce que la emergencia que vive el país requiere el compromiso y la responsabilidad del Estado mexicano, con la participación y coordinación de los tres niveles y poderes del Gobierno.

Se plantea contar también con una mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla, imponiendo orden en el Gobierno para acabar con la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias.

También se prevén mejoras en el ámbito de la protección civil, en el que se ejecutarán acciones de recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre, y se potenciará el ámbito de la inteligencia, buscando preservar la cohesión social y fortalecer las instituciones de gobierno.

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