El Consejo Europeo ha adoptado un reglamento sobre el programa de conectividad segura de la Unión Europea para el período 2023-2027. Este es el último paso en el proceso de toma de decisiones.

El programa establece objetivos para que la Unión Europea despliegue una constelación de satélites de la UE llamada IRIS (Infraestructura para la resiliencia, la interconectividad y la seguridad por satélite). IRIS proporcionará servicios de comunicación ultrarrápidos y altamente seguros en 2027. La seguridad de estas comunicaciones se basará en tecnologías avanzadas de encriptación, incluida la criptografía cuántica, un método que utiliza las propiedades de la mecánica cuántica para asegurar y transmitir datos en una forma que no se puede piratear.

Los gobiernos se beneficiarán de este sistema de comunicación espacial para servicios como la protección de infraestructuras críticas, la vigilancia, el apoyo a la acción exterior o la gestión de crisis, ayudando a mejorar la resiliencia y la soberanía de la UE.

El programa contribuye a la transición digital de la UE y a la estrategia de pasarela global, puesto que puede proporcionar conectividad segura a zonas geográficas de interés estratégico más allá de las fronteras europeas, como la región ártica o África.

Disponer de un sistema de comunicaciones basado en satélites también puede garantizar servicios de comunicación rápidos y seguros, incluso cuando las redes de comunicación terrestre se hayan interrumpido, por ejemplo por desastres naturales, terrorismo o ciberataques.

El sistema incluye nuevas infraestructuras que se van a construir mediante la adjudicación de contratos. Los concesionarios también deberían proporcionar los recursos para los servicios comerciales, garantizando así que los avances tecnológicos y su uso por parte de los gobiernos sean uno de los motores de la innovación y una comercialización más amplia en la Unión.

El programa refuerza la competitividad de los servicios de comunicaciones por satélite de la UE a través de un proyecto innovador liderado por la Agencia de la UE para el Programa Espacial (EUSPA) y que implica a una serie de socios, como los estados miembros, la Agencia Espacial Europea (ESA) y empresas privadas.

El 15 de febrero de 2022, la Comisión presentó la propuesta de reglamento que establece el programa. Tras las negociaciones interinstitucionales, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional el 17 de noviembre de 2022.

Este programa es especialmente importante para órbitas bajas. Actualmente, las órbitas bajas están cada vez más ocupadas por megaconstelaciones de terceros países, y los operadores de la UE se enfrentan a retos debido a la naturaleza intensiva de capital de estos proyectos.

Este nuevo proyecto promoverá sinergias con el resto de componentes del programa espacial de la UE, como Galileo (navegación por satélite) y Copérnico (observación de la Tierra), y con capacidades de conciencia de la situación espacial. Se basa en las comunicaciones gubernamentales por satélite de la Unión Europea (GOVSATCOM), que es también un componente del programa espacial de la UE.

El programa tiene un presupuesto de 2.400 millones de euros, parte de los cuales proviene de diferentes dotaciones, como el programa espacial de la UE, Horizonte Europa y el Instrumento de Desarrollo de Vecindad y Cooperación Internacional – Europa Global (NDICI).

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La igualdad de género y los derechos humanos son el núcleo de los valores universales y constituyen prioridades autónomas integradas en todas las políticas de la Unión Europea. El Consejo Europeo recuerda que sus Conclusiones sobre mujeres, paz y seguridad (WPS) de 10 de diciembre de 2018 reafirman la validez del enfoque estratégico de la UE para la WPS y se compromete a aplicar plenamente el Plan de acción de la UE sobre mujeres, paz y seguridad 2019-2024.

El Consejo subraya la importancia política de la agenda WPS y celebra su incorporación en diferentes políticas y planes de acción de la UE desde la adopción de las conclusiones del Consejo de 2018. En este sentido, la Comisión Europea ha adoptado una estrategia de la UE para la igualdad de género 2020-2025 y un plan de acción de género de la UE (GAP) III, “Una agenda ambiciosa para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción exterior de la UE” 2021-2025, acogidos a través de las conclusiones de la Presidencia de 16 de diciembre de 2020.

El Consejo está preocupado por el efecto desproporcionado que los conflictos armados siguen teniendo sobre las mujeres y las niñas de todo el mundo, así como por la prevalencia de la violencia sexual y de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos.

El Consejo subraya que la UE aplicará un enfoque coordinado para la mitigación del riesgo y la prevención de todas las formas de violencia sexual y de género, y garantizará que las respuestas estén centradas en las víctimas y los supervivientes y sensibles al trauma, incluido el acceso a servicios de atención a la salud reproductiva, así como salud mental y apoyo psicológico. El Consejo reitera su firme compromiso de defender el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y de poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales, sobre todo cuando la violación se utiliza como arma de guerra.

La Unión continúa comprometida con la promoción, protección y cumplimiento de todos los derechos humanos y con la aplicación plena y efectiva de la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y los resultados de sus conferencias de revisión, y sigue comprometida con la salud y los derechos sexuales y reproductivos (DSSR), en este contexto.

La agenda WPS es fundamental para los retos de paz y seguridad globales contemporáneos. En este sentido, el Consejo destaca que los conflictos armados, así como los nuevos retos de seguridad emergentes y cada vez más complejos, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y demás recursos naturales, las pandemias, incluido el impacto de la COVID-19, los retos energéticos, el terrorismo, el crimen organizado, las migraciones y los desplazamientos forzados, el tráfico de personas, los riesgos asociados a las tecnologías emergentes y disruptivas y las amenazas híbridas, incluidos los ciberataques y la desinformación, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas y han dado lugar a un deterioro general de la posición de las mujeres con consecuencias perjudiciales al pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas a nivel mundial. La UE y sus estados miembros se comprometen a buscar la comprensión y a actuar sobre las dimensiones de género de los riesgos de seguridad para evitar agravar las vulnerabilidades, pero también a descubrir nuevos puntos de entrada para avanzar en la igualdad de género, mejorar la resiliencia y mantener la paz. Es fundamental asegurarse de que cualquier respuesta se basa en:

– Un análisis de género de las causas, consecuencias e implicaciones políticas, utilizando estadísticas de género basadas en datos, desagregados por sexo, edad y discapacidad, para garantizar una respuesta más eficaz, inclusiva y sostenible.

– La participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en todas las fases del ciclo del conflicto.

– La prevención y la protección de la violencia machista.

– El liderazgo global inclusivo y sensible al género en la toma de decisiones sobre la política y la seguridad en general.

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La Unión Europea está dificultando que los delincuentes hagan un mal uso de las criptomonedas con fines criminales. Los negociadores de la presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre la propuesta de actualización de las normas sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos ampliando el ámbito de aplicación de estas normas a las transferencias de criptoactivos.

La introducción de esta nueva regulación garantizará la transparencia financiera en los intercambios de criptoactivos y proporcionará a la UE un marco sólido y proporcional que cumpla con los estándares internacionales más exigentes sobre el intercambio de criptoactivos, en particular las recomendaciones 15 y 16 del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), el organismo de vigilancia mundial del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto es especialmente oportuno en el contexto geopolítico actual.

El objetivo de esta reforma es introducir la obligación para los proveedores de servicios de criptoactivos de recopilar y hacer accesible cierta información sobre el origen y beneficiario de las transferencias de activos criptográficos que operan. Esto es lo que hacen actualmente los proveedores de servicios de pago para las transferencias bancarias, lo que garantizará la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos para poder identificar mejor las posibles transacciones sospechosas y bloquearlas.

El nuevo acuerdo permitirá a la UE hacer frente a los riesgos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo vinculados a estas nuevas tecnologías, al tiempo que concilia la competitividad, la protección de los consumidores y los inversores y la protección de la integridad financiera del mercado interior.

El nuevo acuerdo requiere que el conjunto completo de información del originador viaje con la transferencia de criptoactivos, independientemente de la cantidad de activos criptográficos que se estén transaccionando.

En cuanto a la protección de datos, los legisladores acordaron que el Reglamento general de protección de datos (GDPR) sigue siendo aplicable a las transferencias de fondos y que no se establecerán normas separadas de protección de datos.

La mejora de la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos también hará que sea más difícil que las personas y entidades sujetas a medidas restrictivas intenten eludirlas. Además, los proveedores de servicios de criptoactivos tendrán que implementar políticas, procedimientos y controles internos adecuados para mitigar los riesgos de evasión de las medidas restrictivas nacionales y de la Unión.

De forma más general, la totalidad de las sanciones ya se aplican a todas las personas físicas y jurídicas, incluidas las que operan en el sector de las criptomonedas.

En su momento, los Estados miembros tendrán que asegurarse de que todos los proveedores de servicios de activos criptográficos se califiquen como entidades obligadas según la cuarta directiva AML. Esto permitirá a la UE alinearse con las recomendaciones del GAFI e igualar las condiciones de juego entre los estados miembros que han desarrollado hasta ahora distintos enfoques en este sentido.

Los legisladores también acordaron la urgencia de garantizar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos y optaron por alinear el calendario de aplicación de esta regulación con el de la regulación de los mercados de criptoactivos (MiCA).

Esta propuesta forma parte de un paquete de propuestas legislativas para fortalecer las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) presentadas por la Comisión el 20 de julio de 2021. El paquete también incluye una propuesta para crear una nueva autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha suscrito un convenio con Honduras para apoyar el fortalecimiento de la política integral de convivencia y seguridad ciudadana con enfoque de género y derechos humanos.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad del país centro-americano, firmaron el acuerdo el ministro hondureño de Seguridad, Ramón Sabillón, y la representante residente adjunta del PNUD en Honduras, Rose Diegues.

El objetivo del convenio es fortalecer las acciones del Estado hondureño en el marco de la política de convivencia y seguridad ciudadana, para hacer frente a los factores de riesgo asociados a los fenómenos de violencia y convivencia, y fomentar la prevención de la violencia y reforzar la convivencia pacífica.

Hay que mencionar que Honduras registró en el año 2021 una media de 41,59 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una tasa muy alta para un país que no vive una guerra interna.

Uno de los principales problemas de Honduras, uno de los países de la región utilizados para el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a los Estados Unidos, es la violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico.

Así pues, el acuerdo establece la revisión y actualización de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2023-2032 con enfoque de género, así como el diseño de la Estrategia Nacional de Prevención en Honduras con enfoque de género 2023-2027. De esta manera se adquiere el compromiso de proporcionar una respuesta efectiva a las demandas de la sociedad en seguridad ciudadana en la prestación de servicios, toma de decisiones y un proceso previo de análisis y valorización de estas necesidades.

El proceso de verificación y actualización de la política pública de seguridad ciudadana tiene que ser el instrumento para abrir espacios sociales al diálogo propositivo para prevenir la violencia, fomentar la convivencia pacífica y potenciar el desarrollo humano sostenible que propicie un mejor desarrollo institucional como forma de mejorar la gobernabilidad democrática y la seguridad ciudadana.

El PNUD ha ido dando apoyo en la zona a los procesos de elaboración y fortalecimiento de políticas públicas nacionales de seguridad ciudadana, con el uso de herramientas propias desarrolladas para ayudar a los países en estos procesos. Este organismo también fomenta el intercambio de lecciones aprendidas y la implementación de metodologías participativas para trabajar desde el diseño, la validación, la implementación y la evaluación de estas políticas.

Asimismo, el PNUD trabaja la seguridad ciudadana desde una perspectiva de prevención y atención de la violencia, con el fin de crear las condiciones sociales que permitan mejorar la calidad de vida de la población y el acceso a un sistema de justicia eficaz, tanto a nivel nacional como local.

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Como parte del trabajo realizado bajo la presidencia francesa para reformar y reforzar el espacio Schengen ante los nuevos retos, el Consejo Europeo ha adoptado un nuevo enfoque general sobre la reforma del código de fronteras de Schengen.

Esta reforma:

• ofrece nuevas herramientas para combatir la instrumentalización de los flujos migratorios: establece un nuevo marco legal para las medidas en las fronteras exteriores en caso de crisis sanitaria, a partir de las lecciones aprendidas de la experiencia con la pandemia de COVID-19;
• actualiza el marco legal para la reintroducción de los controles en las fronteras interiores con el fin de salvaguardar el principio de libre circulación, a la vez que responde a las amenazas persistentes;
• introduce medidas alternativas a estos controles.

El texto define la instrumentalización de los migrantes como una situación en la que un tercer país o un actor no estatal fomenta o facilita el movimiento de nacionales de terceros países hacia las fronteras exteriores de la UE o hacia un estado miembro con el fin de desestabilizar la UE o un estado miembro. La reforma introduce nuevas medidas para combatir este fenómeno, como limitar el número de puntos de paso en la frontera exterior o limitar el horario de apertura, e intensificar la vigilancia fronteriza.

Medidas en las fronteras exteriores en caso de crisis sanitaria

El texto prevé la posible adopción rápida de normas mínimas vinculantes sobre restricciones temporales de viaje en las fronteras exteriores en caso de amenaza para la salud pública. Esto reforzará las herramientas actualmente disponibles aplicadas durante la pandemia de COVID-19, que se han basado en recomendaciones no vinculantes.

El reglamento de ejecución vinculante que tiene que adoptar el Consejo en estas situaciones incluirá restricciones mínimas, con la posibilidad de que los estados miembros apliquen restricciones más estrictas si las condiciones lo exigen.

Reintroducción de los controles en las fronteras interiores

El texto establece procedimientos más estructurados para la reintroducción de los controles en las fronteras interiores, con garantías más fuertes. Tiene en cuenta una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que confirmó el principio de libertad de circulación dentro del espacio Schengen, a la vez que especifica las condiciones para la reintroducción de los controles en las fronteras interiores. En este sentido, ofrece posibles respuestas a las amenazas persistentes a las políticas públicas y la seguridad interna.

Si se confirma una necesidad continuada de controles en las fronteras interiores más allá de dos años y seis meses, el estado miembro afectado deberá notificar a la Comisión su intención de prolongar todavía más los controles de las fronteras interiores, y deberá justificarlo y especificar la fecha en la que espera levantar los controles. A continuación, la Comisión emitirá una recomendación, también relativa a esa fecha, y con respecto a los principios de necesidad y proporcionalidad, que el estado miembro deberá tener en cuenta.

Promoción de medidas alternativas

El texto actualiza el código de fronteras de Schengen proporcionando medidas alternativas a los controles de las fronteras internas, en particular proponiendo un marco más eficaz para los controles policiales en las regiones fronterizas de los estados miembros.

Asimismo, el texto introduce un nuevo procedimiento para abordar los movimientos no autorizados de migrantes irregulares dentro de la UE. En el contexto de un marco de cooperación bilateral basado en la acción voluntaria de los estados miembros interesados, este mecanismo permitirá a un estado miembro trasladar los nacionales de terceros países detenidos en la zona fronteriza y que se encuentran ilegalmente en su territorio al estado miembro de donde han llegado, en el contexto de la cooperación policial transfronteriza operativa.

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Para intensificar la lucha contra la delincuencia transfronteriza, el Consejo Europeo ha adoptado los mandatos de negociación sobre una propuesta relativa al intercambio de información digital en casos de terrorismo y una propuesta para crear una plataforma de colaboración destinada a los equipos conjuntos de investigación. Estas propuestas forman parte de los trabajos en curso para modernizar y digitalizar la cooperación judicial transfronteriza, con vistas a facilitar a los fiscales y jueces el intercambio de información y llevar ante la justicia el creciente número de delincuentes y terroristas que actúan a través de las fronteras.

Actualmente, los estados miembros comparten información con Eurojust sobre casos relacionados con el terrorismo a través de varios canales. Esta información se incluye a continuación en el Registro Judicial Antiterrorista Europeo, un sistema técnicamente obsoleto que no permite una confrontación adecuada de la información.

La propuesta tiene por objeto corregir estas deficiencias y permitir que Eurojust desarrolle un papel más firme y proactivo en apoyo a la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y enjuiciar delitos de terrorismo.

La propuesta incluye:

• Crear un sistema moderno y digital de gestión de casos que almacene esta información y permita confrontarla.
• Facultar a Eurojust para detectar mejor los vínculos entre investigaciones y actuaciones judiciales transnacionales en el ámbito del terrorismo y para informar proactivamente a los estados miembros sobre vínculos encontrados.
• Crear un canal de comunicación digital seguro entre los estados miembros y Eurojust.
• Simplificar la cooperación con terceros países concediendo a los fiscales de enlace nombrados en Eurojust acceso al sistema de gestión de casos.

Los ministros también tratarán de adoptar una orientación general sobre el proyecto de Reglamento por el que se crea una plataforma de colaboración para los equipos conjuntos de investigación (ECI). Estos equipos son creados para desarrollar investigaciones penales específicas durante un periodo establecido. Les crean las autoridades competentes de dos estados miembros o más, con la posible participación de terceros países afectados, para gestionar de forma conjunta investigaciones transfronterizas. El marco de los ECI permite a los miembros del equipo intercambiar pruebas directamente, sin necesidad de procedimientos tradicionales de cooperación judicial.

La plataforma propuesta facilitará la coordinación y la gestión cotidianas de los ECI, asegurará el intercambio y el almacenaje temporal de información operativa y pruebas y garantizará una comunicación segura y la trazabilidad de las pruebas. Tiene que ser accesible a través de una conexión segura por internet e incluirá un sistema de información centralizado y una conexión entre este sistema y las herramientas informáticas pertinentes utilizadas por los ECI. Se fomentará el uso de la plataforma, pero este seguirá siendo voluntario.

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Para intensificar la lucha contra las drogas ilegales, el Consejo Europeo ha adoptado, a principios de junio de este año, un mandato de negociación sobre la propuesta relativa a la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas, destinada a convertir el actual Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en una agencia de pleno derecho y, sobre todo, a reforzar su papel.

El nuevo Reglamento proporcionará a la Agencia los medios para responder de manera más eficaz a los nuevos retos en materia de salud pública y seguridad que plantean las drogas ilegales, prestará un mejor apoyo a los estados miembros y contribuirá a mejorar la situación internacional.

La recogida, análisis y difusión de datos seguirá siendo la principal tarea de la Agencia, pero en el marco del mandato reforzado también podrá:

• Desarrollar capacidades generales de evaluación de las amenazas para la salud y la seguridad a fin de detectar rápidamente nuevas amenazas, y desarrollar ejercicios periódicos de prospectiva para detectar los retos de futuro.
• Cubrir específicamente el policonsumo de sustancias, que es el consumo de drogas en combinación con otras sustancias lícitas o ilícitas y que es cada vez más frecuente.
• Aumentar su cooperación con los puntos focales nacionales, cuya posición se reforzaría, lo que les permitiría facilitar a la Agencia datos pertinentes sobre la situación nacional en materia de drogas y drogadicciones.
• Establecer una red de laboratorios que permita a la Agencia acceder a información forense y toxicológica.
• Desarrollar intervenciones basadas en datos contrastados para sensibilizar y emitir alertas cuando aparezcan en el mercado sustancias especialmente peligrosas.

El Reglamento también aclarará el papel de la Agencia en el ámbito de la cooperación internacional, de manera que pueda participar plenamente en este tipo de actividades y responder a las peticiones de terceros países y organismos internacionales.

Las negociaciones con el Parlamento Europeo se iniciarán una vez este haya adoptado su posición.

Hay que recordar que el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías se creó en el año 1993 en Lisboa. Su objetivo es proporcionar a la Unión Europea y a los estados miembros información real y comparable sobre las drogas, las toxicomanías y sus consecuencias, con el fin de servir de base para la elaboración de políticas, y orientar las iniciativas de lucha contra las drogas. Su funcionamiento ha mejorado considerablemente la disponibilidad de información sobre drogas y toxicomanías en toda la UE y también a nivel internacional.

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Tras meses de relativa calma y con niveles de violencia en la calle bastante reducidos, los asesinatos han aumentado nuevamente a niveles no vistos desde hace casi 30 años en el país centroamericano. Se podría decir que la frágil tregua de las maras ha llegado a su fin.

Como consecuencia de esta situación, la Asamblea legislativa aprobó hace unas semanas una polémica solicitud del Ejecutivo para combatir las maras orientada a reformar el código penal para endurecer las condenas contra los miembros de estas bandas.

Tal como informaba bbc.com en un artículo, la medida tiene lugar después de que el gobierno de Nayib Bukele pidiera a la Asamblea que se declarara el estado de excepción en el país, al haberse producido más de 80 asesinatos tan solo durante un fin de semana.

Las normas, que de momento se implementarán durante un mes, aunque se pueden ir prorrogando, incluyen la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia. Actualmente, con la reciente reforma aprobada, los miembros de las maras podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras que los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de internamiento penitenciario.

En uno de los puntos más polémicos, la reforma del Código penal incluye también considerar como adultos –y juzgarlos como tales– a los miembros de estos grupos mayores de 12 años. Esta sería la primera vez que el gobierno aprueba una pena específica para aquellos a quien considere miembro de las maras. Antes, en El Salvador estos miembros eran considerados como “terroristas” y se les procesaba bajo esta figura, aunque fuera complicado comprobar su participación en estas agrupaciones, y las sentencias variaban entre los seis y los nueve años de prisión.

En esta línea, el gobierno ha reforzado la seguridad en las calles y ha solicitado al Congreso aprobar el estado de excepción. La medida, aprobada por la mayoría oficialista del Legislativo, limita la libertad de asociación, suspende el derecho a ser informado de las razones de la detención, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención y permite a las autoridades intervenir los teléfonos móviles de aquellos que consideren sospechosos.

Según las últimas informaciones, las autoridades habían detenido a más de 3.000 presuntos miembros de maras. Paralelamente, el presidente Bukele anunció por Twitter que había ordenado limitar la alimentación y las salidas al patio de los miembros de maras encarcelados y que les habían retirado los colchones para dormir. Desde hace unos días, la comida es racionada y los 16.000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas.

De entre las distintas reacciones que se han producido a raíz de los recientes acontecimientos, hay que destacar la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que mostraron su preocupación por la situación del país y confían que las medidas que se están tomando estén en línea con las leyes y estándares internacionales de los derechos humanos.

Hay que destacar que aproximadamente 70.000 miembros de maras operan en El Salvador y luchan por el control de las operaciones de extorsión y drogas en todo el país centroamericano.

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La Alabama Law Enforcement Agency (ALEA) tiene ahora una manera sencilla pero eficaz de responder a las personas que no pueden responder: las bolsas sensoriales.

Diseñadas para ayudar a las personas que sufren un trastorno del procesamiento sensorial a calmarse, estas bolsas ofrecen una manera para que los agentes interactúen positivamente y se comuniquen con estas personas, que puede parecer que representan una amenaza para ellos mismos o para los demás.

Combinado con el entrenamiento que acompaña la entrega de las bolsas, los funcionarios de la ALEA pueden reconocer fácilmente los síntomas del trastorno del procesamiento sensorial y saber cómo relacionarse con personas que sufren una sobrecarga sensorial. De este modo se evita un malentendido que podría hacer aumentar la tensión en cualquier intervención.

En el año 2013, 12 agencias y diversos profesionales de la aplicación de la ley del estado de Alabama se reunieron en una entidad para crear ALEA. La agencia cuenta ahora con aproximadamente 1.500 empleados en varios departamentos como Seguridad Nacional, Seguridad Pública, Cumplimiento de Ingresos y Justicia Penal. En 2021, todo el personal jurado de la agencia, incluidos los uniformados, los agentes especiales de la oficina estatal de investigación, los oficiales de comunicación y los miembros de la división de licencias de conducir completaron la formación de inclusión sensorial. Esto la convirtió en la primera agencia estatal de aplicación de la ley certificada por KultureCity, una organización sin ánimo de lucro especializada en la aceptación y la acomodación de personas con procesamiento sensorial y otras discapacidades.

La formación de KultureCity, que se basa principalmente en el visionado de vídeos, se centra en inculcar la comprensión, la aceptación y la empatía en los primeros que responden a aquellos con necesidades sensoriales, que se estima que representan entre el 5 y el 16 por ciento de la población de los Estados Unidos.

Síntoma común del autismo, esta discapacidad también afecta a personas que sufren un trastorno por estrés postraumático, demencia o ictus. Es una condición médica en la que el cerebro tiene problemas para recibir la información que llega a través de los sentidos y responder, lo que hace que sean demasiado o poco sensibles a determinadas cosas que ven, sienten, huelen, tocan y prueban.

Las luces brillantes, el ruido de la calle, la ropa que rasca y otros estímulos pueden agobiar a los que son hipersensibles y provocarles una crisis emocional y un comportamiento que puede parecer extraño, incluso agresivo. Estas personas pueden buscar estimulación sensorial mediante actividades como gritar, batir los brazos o tocar a personas aleatoriamente, a veces bruscamente.

Las personas que experimentan una sobrecarga sensorial pueden estar tan agobiadas que no pueden hablar ni procesar mentalmente lo que se les pide que hagan. Entonces, puede parecer que están bajo la influencia del alcohol o las drogas y que no colaboran deliberadamente.

Fundada en el año 2013 por el Dr. Julian Maha, a cuyo hijo se le diagnosticó un trastorno sensorial, KultureCity ha proporcionado formación y bolsas sensoriales a más de 50 agencias de primeras intervenciones en los Estados Unidos. Su formación, diseñada para crear aceptación basada en la comprensión de cómo reaccionan las personas con necesidades sensoriales ante el estímulo, se centra en cuatro áreas clave:

• Compasión por alguien con una discapacidad invisible o necesidad sensorial y conciencia de cómo son de comunes estas necesidades.
• La capacidad de reconocer a alguien con una discapacidad invisible o necesidad sensorial y la mejor manera de relacionarse.
• Estrategias para ayudar a estas personas a adaptarse a una situación que les agobia.
• La mejor manera de cerrar esta interacción y ayudar a resolver la situación de una manera positiva.

Referencias:

CHADD. (2021, September 21). New Research in Sensory Processing Dysfunction. https://chadd.org/adhd-weekly/new-research-in-sensory-processing-dysfunction

Office of the Governor of Alabama. (2021, August 3). Governor Ivey Announces Sensory-Inclusive Training for State Law Enforcement Officers. https://governor.alabama.gov/newsroom/2021/08/governor-ivey-announces-sensory-inclusive-training-for-state-law-enforcement-officers/

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El Consejo Europeo ha aprobado formalmente la llamada ‘brújula estratégica’, un ambicioso plan de acción para fortalecer la política de seguridad y defensa de la Unión Europea para el año 2030.

El entorno de seguridad más hostil obliga a dar un gran salto adelante y aumentar la capacidad y la voluntad de actuar, reforzar la resiliencia e invertir más y mejor en las capacidades de defensa y seguridad.

La fuerza de la Unión reside en la unidad y la determinación. El objetivo de esta brújula estratégica es convertir a la UE en un proveedor de seguridad más fuerte y capaz. La UE debe ser capaz de proteger a sus ciudadanos y de contribuir a la paz y la seguridad internacionales. Con esta estrategia debe mejorar la autonomía estratégica de la UE y su capacidad de trabajar con socios para salvaguardar sus valores e intereses.

Con el fin de fortalecer su capacidad para anticipar y disuadir las amenazas y los retos actuales y emergentes, responder a ellos y salvaguardar los intereses de seguridad de la Unión Europea, la UE debe:

– Potenciar sus capacidades de análisis de inteligencia.

– Desarrollar equipos de herramientas y de respuesta híbridos que reúnan diferentes instrumentos para detectar y responder a una amplia gama de amenazas híbridas.

– Desarrollar aún más la caja de herramientas ciberdiplomáticas y establecer una política de ciberdefensa de la UE para estar mejor preparados y responder a los ciberataques.

– Desarrollar una caja de herramientas de manipulación e interferencias de información extranjera.

– Proporcionar incentivos adicionales a los estados miembros para participar en el desarrollo de capacidades colaborativas e invertir conjuntamente en facilitadores estratégicos y capacidades de nueva generación para operar en tierra, en el mar, en el aire, en el ciberdominio y en el espacio exterior.

– Desarrollar una estrategia espacial de la Unión para la seguridad y defensa.

– Reforzar el papel de la UE como actor de seguridad marítima.

Una Unión más fuerte en seguridad debe contribuir positivamente a la seguridad global y transatlántica.

La brújula estratégica proporciona una evaluación compartida del entorno estratégico en el que opera la UE y de las amenazas y retos a los que se enfrenta. El documento realiza propuestas concretas de actuación, con un calendario de aplicación muy preciso, para mejorar la capacidad de la UE de actuar con decisión en las crisis y de defender su seguridad y sus ciudadanos.

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