Acaba de publicarse la última Encuesta de delincuencias y víctimas de Nueva Zelanda (NZCVS), que ofrece nuevas perspectivas sobre la naturaleza de los delitos denunciados y no denunciados.

Publicada por el Ministerio de Justicia, la NZCVS se basa en entrevistas realizadas a más de 7.100 neozelandeses hechas entre noviembre de 2022 y octubre de 2023.

La encuesta muestra que el 32% de los neozelandeses sufrieron delitos durante los 12 meses anteriores a la entrevista, en comparación con el 31% del año 2022. Esta cifra global se ha mantenido relativamente estable desde que se inició la encuesta en 2018, según cálculos de la directora general de Sector Insights del Ministerio de Justicia, Rebecca Parish.

En general, la NZCVS encontró que los neozelandeses experimentaron 1,88 millones de incidentes delictivos en el período de 12 meses. De esta forma, el número de víctimas es coherente con los años anteriores, pero hubo un aumento del fraude y el robo de vehículos.

La mayoría de fraudes se identificaron por transacciones bancarias no autorizadas (66%), seguidas de compras online (20%). El aumento es una tendencia mundial y probablemente está relacionado con las personas que llevan a cabo más actividad financiera online, especialmente compras por internet.

El robo de vehículos aumentó un 47%, de unos 41.000 hogares en el 2022 a unos 60.000 hogares en el 2023. La encuesta muestra que la mayoría de vehículos fueron robados en la calle o en la calzada. Eran menos propensos a ser robados si se aparcaban en un garaje, aparcamiento o aparcamiento público.

Por otro lado, durante el 2023, 185.000 neozelandeses fueron víctimas de un crimen violento. Los delitos violentos incluyen la agresión física y/o sexual y el robo.

La proporción de víctimas que denuncian a la policía se ha mantenido estable desde que se inició la encuesta en 2018. Sin embargo, en contraste con el número de víctimas, el año pasado se observó una mayor proporción de incidentes domésticos (robos y robos de vehículos) denunciados a la policía. En todos los delitos, el 28% de todos los incidentes fueron denunciados a la policía.

Por lo general, la razón más común que la gente da para no informar es que cree que el incidente es demasiado trivial para tener que denunciar (38%).

Los delitos contra vehículos (58%), violencia interpersonal (40%) y robo (43%) son los delitos más denunciados. Por el contrario, el fraude y la ciberdelincuencia son los menos denunciados (11%).

Otros hallazgos clave:

• En 2023, más neozelandeses se sintieron inseguros en comparación con el año 2018, especialmente los de 30 o más años, los adultos asiáticos y las personas que viven en Auckland o Waikato.
• El número de personas que sufren delitos familiares ha disminuido de 87.000 personas a 70.000 desde que se inició la encuesta en 2018. Esto se debe a la disminución del número de delitos cometidos por miembros de la familia que no son pareja íntima: padres, hijos u otras relaciones familiares.
• La proporción de adultos maoríes que sufren delitos cada año ha ido disminuyendo desde que comenzó la encuesta, del 39% en 2018 al 34% en 2023.
• La proporción de adultos asiáticos que sufren delitos ha aumentado del 24% en 2018 al 30% en 2023, a causa del aumento del fraude y el engaño.

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El nuevo informe del Centro Europeo de Tráfico de Migrantes (EMSC) de Europol analiza los últimos avances y las principales amenazas en el tráfico de migrantes y el tráfico de seres humanos, a partir de las operaciones más recientes llevadas a cabo con el apoyo de Europol. El informe destaca los principales retos que presenta el panorama delictivo actual y pretende ayudar a las fuerzas del orden a intensificar la lucha contra las redes criminales, que no solo roban su dignidad a las personas, sino que amenazan directamente a su vida.

Las redes de tráfico de migrantes y de tráfico de seres humanos se adaptan mucho y aprovechan los acontecimientos geopolíticos, incluidas las crisis económicas y sociales, para maximizar sus beneficios ilegales. Estas redes identifican rápidamente las oportunidades criminales que les ofrece el entorno digital y las aprovechan para aumentar sus beneficios ilegales. Los delincuentes abusan de las plataformas de redes sociales, aplicaciones móviles y criptomonedas para ofrecer sus servicios ilegales, gestionar la logística y los pagos y asegurar los beneficios.

En el año 2015, la Unión Europea se enfrentó a una crisis migratoria sin precedentes. Como respuesta, en 2016, Europol aumentó su apoyo a las autoridades estatales de policía con la creación de un centro especializado, el Centro Europeo de Tráfico de Migrantes de Europol, para facilitar una cooperación transfronteriza más estrecha y el intercambio rápido de información operativa.

Solo en 2023, Europol dio apoyo a 223 operaciones contra el tráfico de migrantes y las redes de tráfico de personas. La agencia también proporcionó a las autoridades policiales 1.231 informes operativos para avanzar en sus investigaciones en 2023. Europol ha desarrollado todavía más el concepto de grupos operativos de trabajo (OTF, por su sigla en inglés de Operational Taskforce) en esta área de delincuencia, con 11 OTF dirigidos a redes de tráfico de migrantes y tráfico de personas.

Las investigaciones sobre el tráfico de seres humanos y el tráfico de migrantes revelan un entorno criminal complejo y dinámico en el cual los actores se aprovechan de las infraestructuras existentes y se dedican a múltiples actividades ilegales. Estas redes criminales también participan en otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas y armas, el fraude documental y la violencia. El tráfico de migrantes y el tráfico de seres humanos están interconectados, especialmente en los casos en que los migrantes irregulares han contraído una deuda con sus traficantes y acaban en esquemas de explotación laboral o sexual para pagar las tasas del tráfico. Los vínculos entre el tráfico de migrantes, el terrorismo y la financiación del terrorismo son especialmente preocupantes.

Las principales características de las redes criminales implicadas en el tráfico de migrantes y de personas son:

• Vínculos fuertes con otras áreas de delincuencia y facilitadores de la delincuencia.

• Alta flexibilidad y adaptabilidad.

• Abuso de las crisis geopolíticas, económicas, ambientales y sociales.

• Intensa cooperación con otras redes criminales transfronterizas dentro y fuera de la UE.

• Extensión de la violencia hacia los migrantes irregulares, las fuerzas del orden, los competidores y dentro de las mismas redes criminales.

• Aumento de la digitalización de los componentes básicos de las actividades delictivas.

La Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT) aborda las amenazas más importantes que supone la delincuencia internacional organizada y grave que afectan a la UE. EMPACT refuerza la inteligencia, la cooperación estratégica y operativa entre las autoridades nacionales, las instituciones y los organismos de la Unión y los socios internacionales. EMPACT se ejecuta en ciclos de cuatro años centrados en las prioridades comunes de delincuencia de la Unión Europea.

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Europol acaba de publicar la 10.ª edición de la Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA), un informe que se convierte en una evaluación en profundidad de los avances clave, los cambios y las amenazas emergentes en el ámbito de la  ciberdelincuencia durante el último año.

El documento destaca las tendencias relevantes en áreas delictivas como los ciberataques, la explotación sexual infantil y los delitos de fraude en línea y de sistemas de pago. También ofrece una visión de lo que se puede esperar en un futuro próximo, especialmente en cuanto a las nuevas tecnologías, sistemas de pago, inteligencia artificial, criptomonedas y contenido ilícito en línea.

Las recientes operaciones policiales han hecho que los grupos de programas de secuestro (ransomware) se dividan y cambien de marca bajo diferentes disfraces. Además, las eliminaciones continuas de foros y mercados en la web oscura han acortado el ciclo de vida de los espacios criminales. Esta inestabilidad, combinada con el aumento de las estafas existentes, ha contribuido a la fragmentación y multiplicación de las amenazas cibernéticas.

En 2023, millones de víctimas en toda la UE fueron atacadas y explotadas en línea diariamente:

• Los grupos de ransomware se dirigen cada vez más a las pequeñas y medianas empresas porque tienen menos ciberdefensas.
• Los comercios electrónicos y las entidades bancarias son los objetivos preferidos de los ataques digitales.
• Los usuarios siguen siendo víctimas de campañas de pesca, compromiso de correo electrónico empresarial (BEC), inversiones y fraude romántico.
• Aumenta el número de casos de extorsión sexual en línea dirigida a menores vulnerables.

Las tácticas de extorsión son cada vez más comunes en todo el espectro de amenazas de ciberdelincuencia, ya que los datos robados corren el riesgo de ser publicados y subastados, lo que lleva a que la revictimización sea una amenaza. Según parece, los delincuentes son menores de edad en muchos casos, y algunos han empezado a aprovechar la IA, que ya se está convirtiendo en un componente de su caja de herramientas. El uso de criptomonedas en una variedad más amplia de áreas criminales también se ha hecho más notable.

El ciberdelito asistido por IA tan solo ha empezado: el material de abuso sexual infantil es una amenaza preocupante que requerirá un seguimiento en profundidad. Las imágenes alteradas por la IA y completamente artificiales plantearán desafíos crecientes para las investigaciones de las fuerzas del orden, no solo respecto al volumen en circulación, sino también a la capacidad de los investigadores para identificar la verdadera identidad de las víctimas y los delincuentes.

El uso de criptomonedas en varias áreas de delincuencia se ha hecho más evidente. Se prevé que varios desarrollos de este mercado tendrán un impacto significativo en el abuso de las criptomonedas por parte de los delincuentes en un futuro próximo. Los estafadores podrían abusar del aumento de los fondos negociados en bolsa relacionados con estos activos.

Para hacer frente a las principales amenazas destacadas en el IOCTA 2024 de forma rápida y efectiva, las fuerzas del orden necesitan los conocimientos, las herramientas y la legislación adecuados. A medida que los delincuentes se adaptan, las fuerzas del orden y los legisladores también tienen que innovar para mantenerse al frente y buscar capitalizar las tecnologías nuevas y en desarrollo. Eso, a su vez, requiere formación para producir las capacidades especializadas necesarias para investigar delitos cibernéticos complejos o técnicamente desafiantes, como los que implican el abuso de criptomonedas o la web oscura.

Europol está abordando estos retos digitales con su estrategia para ofrecer seguridad en colaboración. La agencia se encuentra en la vanguardia de la innovación en la aplicación de la ley y actúa como plataforma de conocimiento para ofrecer soluciones policiales de la UE en relación con la encriptación, las criptomonedas y otras cuestiones. Con ello, Europol amplía la caja de herramientas disponible para los agentes que aplican la ley en Europa y más allá, y aumenta así sus capacidades técnicas y forenses. El Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol es el primer puerto de escalada para los investigadores de ciberdelincuencia.

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No es extraño que las víctimas de una agresión tengan dificultades para relacionarse con las fuerzas del orden después de haberla sufrido. A menudo tienen miedo de no ser creídas o piensan que denunciar el delito no tiene ningún efecto.

Este artículo, firmado por Maya Metni Pilkington, apareció originalmente en Police Chief Magazine y se vuelve a publicar en el National Institute of Justice (NIJ) con permiso de la Asociación Internacional de Jefes de Policía.

¿Cómo las fuerzas del orden pueden ayudar a las víctimas a participar en el sistema después de una agresión? La respuesta radica en crear buenas prácticas para el contacto con las víctimas. Tres proyectos de investigación financiados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo están analizando desde nuevas perspectivas.

Los kits de agresiones sexuales contienen pruebas cruciales. Desgraciadamente, la recogida de pruebas que contienen los kits puede ser intrusiva y retraumatizante para las víctimas que se tienen que someter a exámenes médicos forenses poco después de sufrir una agresión, en un momento en que quizás no están preparadas para denunciar el crimen a la policía.

A pesar de la importancia de recoger muestras de semen, sangre, saliva y pelo para investigaciones penales y procesamientos, no se envían pruebas habitualmente para test y análisis de ADN forenses. La policía y los laboratorios criminales pueden tener grandes acumulaciones de kits no probados. Los retrasos en las pruebas no solo dificultan la investigación de la justicia, sino que también pueden perpetuar o agravar el trauma de las víctimas.

Las afluencias de dinero público, junto con la protesta pública persistente, han impulsado a muchas jurisdicciones a acelerar el procesamiento de sus kits no probados, lo cual ha dado como resultado la identificación de miles de personas que han cometido un delito a través de visitas al sistema de índice de ADN combinado (CODIS).  Para la reapertura de estos casos a menudo pasan meses o incluso años después del crimen original. La policía y la fiscalía se tienen que poner en contacto con las víctimas para informarlas de que sus pruebas no se habían analizado nunca y que sus casos pueden ser reabiertos, un proceso que puede resultar profundamente revictimizador.

La doctora Rebecca Campbell, profesora de psicología en la Universidad Estatal de Michigan, se centra en entender las consecuencias de los kits de agresiones sexuales no procesados sobre las víctimas. Su trabajo estudia la angustia psicológica prolongada y la sensación de injusticia de los supervivientes a los cuales se ha denegado la resolución rápida y el cierre del caso.

En el 2009, esta investigación encontró 8.717 kits en Detroit, Michigan, que no se habían enviado nunca a probar, principalmente a causa de años de falta de personal y recursos insuficientes.

En su investigación, la doctora Campbell entrevistó a supervivientes de agresiones sexuales en Detroit que tenían kits que se habían recogido pero que no se habían enviado a analizar. Los kits se recogieron en Detroit, se enviaron a analizar y se seleccionaron para la notificación de las víctimas. Sus casos legales fueron reabiertos, procesados, sentenciados y cerrados. De los 112 supervivientes que se ajustan a los criterios del estudio, 32 optaron por participar, una prueba de la dificultad que es para estas víctimas volver a involucrarse con su agresión. Esto puede ser especialmente cierto cuando se trata de volver a conectar con el sistema.

¿Por qué son importantes las interacciones entre las víctimas y los agentes? El departamento de policía tiene interés en mejorar las interacciones con las víctimas para que los agentes no les causen más daño del que ya han experimentado, y para que los agentes puedan ser un recurso útil para ellas. Además, se ha demostrado que la formación sobre una mejor comunicación y una respuesta más empática con las víctimas fortalece el procesamiento de los casos, lo que significa que los casos posteriores a la formación tenían más pruebas etiquetadas, tenían más probabilidades de enviarlos a investigadores especializados para hacer un seguimiento y había más agentes que se dedicaban a las referencias de defensa de las víctimas. Los resultados de alguna investigación ponen de manifiesto cómo la formación basada en el trauma es prometedora para avanzar en la respuesta policial a la agresión sexual centrada en los supervivientes.

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Los incidentes violentos, como los tiroteos públicos masivos y los atentados terroristas, son raros, pero tienen impactos generalizados y catastróficos en el seno de la sociedad. Estos acontecimientos devastadores y a menudo de alto perfil plantean preguntas sobre sus causas y la mejor manera de prevenirlos. No obstante, los acontecimientos poco frecuentes son muy difíciles de predecir.

La revista del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de Estados Unidos ha publicado un artículo con la intención de aumentar el conocimiento en este ámbito y ayudar en los esfuerzos de prevención. En esta línea, la comunidad investigadora (Basia E. López, Danielle M. Crimmins, Aisha J. Qureshi y Nadine Frederique) tiene que desarrollar una estrategia para obtener, codificar, comprobar y analizar los datos sobre incidentes violentos raros.

Encontrar respuestas a preguntas que puedan guiar la prevención de estos acontecimientos es complicado. Naturalmente, se puede recurrir a lo que muestra la investigación para informar estas discusiones, pero la investigación sobre acontecimientos raros, aunque de alto impacto, es increíblemente difícil de llevar a cabo y todavía más difícil de generalizar. Los diseños y los métodos de investigación están en continua evolución; sin embargo, los incidentes raros siguen siendo un fenómeno excepcionalmente difícil de estudiar.

Por ejemplo, los tiroteos públicos masivos son poco frecuentes y dependen del contexto, cosa que significa que la situación, el trasfondo o la ubicación difieren en cada caso. Por lo tanto, es un reto para los investigadores cuantificar su impacto. Además, la rareza de los tiroteos públicos en masa hace que sea difícil desarrollar y probar modelos teóricos debido a la falta de datos de buena calidad.

La investigación tiene que ir más allá de estas limitaciones para avanzar en la capacidad del campo de la justicia penal para prevenir incidentes violentos raros. Por ejemplo, se necesita información fiable y válida sobre qué factores pueden llevar a un individuo a cometer un tiroteo masivo. La determinación de estos factores requiere métodos y análisis de recogida de datos rigurosos. Pero este solo es el punto de partida. También podemos aprovechar los métodos utilizados en otras disciplinas que estudian acontecimientos raros para ayudar potencialmente a predecir incidentes violentos y sugerir estrategias de mitigación adecuadas.

Como rama de investigación, desarrollo y evaluación científica del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el NIJ ha jugado un papel crucial en la mejora del conocimiento y la comprensión de incidentes violentos raros. El Instituto ha financiado a lo largo de los años varios estudios que pretenden proporcionar datos rigurosos, una mejor comprensión de lo que transmiten los datos, una mejor conectividad entre las fuentes de datos y definiciones coherentes para que el campo tenga más información sobre quién perpetra la violencia masiva, sus motivaciones, y cómo planifica y lleva a cabo su ataque.

Un tiroteo en masa se incluye dentro de la categoría más amplia de asesinato en masa, que se define como el asesinato voluntario (no negligente) de al menos cuatro seres humanos por otra persona por cualquier medio (por ejemplo, una bomba, un cuchillo o machete, un arma de fuego o el uso de un vehículo). Un tiroteo masivo es un asesinato masivo que implica al menos un arma de fuego y que normalmente se lleva a cabo en un solo momento y en un lugar.

Los tiroteos masivos tienen subcategorías adicionales, como:

• Tiroteos públicos masivos (tiroteos en escuelas, en puestos de trabajo y en otros lugares de acceso público, como cines, restaurantes, bares, lugares de culto o acontecimientos al aire libre en espacios abiertos).
• Tiroteos domésticos en masa.
• Tiros relacionados con delitos, como robos y tiroteos relacionados con bandas (una forma de crimen organizado y luchas territoriales).

Otro ejemplo de asesinato masivo es un ataque terrorista durante el cual se asesina intencionadamente a varias personas.

A lo largo de los años, NIJ se ha comprometido a apoyar la investigación sobre incidentes raros, con un particular énfasis en los tiroteos escolares. Al reconocer que también existen lagunas de conocimiento sobre los tiroteos masivos fuera del entorno escolar, el Instituto empezó a invertir en investigaciones sobre la radicalización doméstica hasta el extremismo violento y el terrorismo en 2012 y en otros tiroteos públicos en masa en 2018.

Los incidentes violentos raros están relacionados, pues, con la falta de datos, lo cual ha llevado a los investigadores a utilizar bases de datos de código abierto para entenderlos mejor.

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Las sustancias sintéticas potentes, las nuevas mezclas de drogas y los cambios en las pautas de consumo suponen una amenaza creciente en Europa. Estas son algunas de las cuestiones que ha planteado el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) en la presentación del Informe europeo sobre drogas 2024.

La disponibilidad de drogas sigue siendo alta en Europa, donde el mercado ofrece una gama diversa de productos. Los consumidores de drogas están ahora más expuestos a una variedad más amplia de sustancias psicotrópicas, por regla general, de gran potencia y pureza o en nuevas formas, mezclas y combinaciones.

El estudio destaca la preocupación que provocan los opioides sintéticos potentes, a veces vendidos de forma engañosa o mezclados con medicamentos y otras drogas. Por ejemplo, a finales de 2023, el EMCDDA vigilaba unas 950 nuevas sustancias psicoactivas, 26 de las cuales se notificaron por primera vez en Europa aquel año.

La heroína sigue siendo el opioide ilícito más consumido en Europa y es responsable de una parte importante de los problemas de salud asociados al consumo de drogas ilícitas. La mayor parte de la heroína que se consume en Europa procede de Afganistán.

Por sexto año consecutivo, los estados miembros de la Unión intervinieron cantidades récord de cocaína, que llegaron a las 323 toneladas en 2022. Las intervenciones europeas ya superan las realizadas en Estados Unidos, considerado históricamente el mayor mercado de cocaína del mundo. En Bélgica, 111 toneladas; en España, 58,3 toneladas, y en Países Bajos, 51,5 toneladas, que representan el 68% de la cantidad total intervenida, reflejan la persistente focalización de los traficantes de drogas en las cadenas logísticas de suministro.

Por otra parte, hay indicios de que la elevada disponibilidad de cocaína en Europa está teniendo un impacto cada vez más negativo en la salud pública. Es la droga estimulante ilícita más consumida en Europa, alrededor del 1,4% (4 millones) de los adultos europeos (de 15 a 64 años) en el último año. El documento informa de que la cocaína está cada vez más disponible en Europa, con una distribución geográfica y social más amplia.

La evolución del mercado de cannabis está creando nuevos retos respecto al modo en que los países responden a la droga ilegal más consumida en Europa. También se sabe que algunos productos vendidos en el mercado ilegal como cannabis pueden adulterarse como potentes cannabinoides sintéticos.

Se calcula que en torno al 8% de los adultos europeos (22,8 millones) han consumido cannabis en el último año, y la prevalencia aumenta hasta un 15% (15,1 millones) entre los adultos de entre 15 a 34 años.

El consumo de cannabis puede causar o exacerbar una serie de problemas de salud física y mental, incluidos problemas respiratorios crónicos, dependencia y síntomas psicóticos.

Por último, cinco estados miembros de la UE –Alemania, Chequia, Luxemburgo, Malta y Países Bajos– más Suiza han cambiado, o tienen previsto cambiar, su enfoque en cuanto al consumo y suministro recreativo del cannabis. Estos cambios, que incluyen el cultivo casero, los clubs de cultivo sin ánimo de lucro y el consumo de cannabis en privado, se describen en el informe y se destaca la necesidad de invertir en su seguimiento y evaluación por comprender plenamente su impacto en la salud y la seguridad públicas.

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Durante los últimos 40 años, las muertes por lesiones con arma de fuego en Estados Unidos (por homicidios, suicidios o accidentes) alcanzaron su máximo a principios y mediados de los años noventa; después disminuyeron durante la década siguiente y se mantuvieron relativamente bajas durante casi 15 años.

Durante el mismo período, la tasa de suicidios con arma de fuego alcanzó su punto más bajo a mediados de la década del 2000 y desde entonces ha ido aumentando casi cada año. La tasa de homicidios por arma de fuego alcanzó su punto más bajo en 2014, pero desde entonces ha aumentado rápidamente y en 2023 esta tasa estaba cerca de su nivel máximo, como los datos de principio de la década de 1990.

Muchos estados de Estados Unidos han seguido un patrón de violencia por arma de fuego similar al patrón del país en general durante ese período, mientras que otros estados han visto aumentar la tasa de violencia por arma de fuego en relación con la tasa nacional. Estos estados incluyen Wisconsin, Delaware y Minnesota para los homicidios por arma de fuego y Alaska, Dakota del Norte y Montana para los suicidios con arma de fuego. En cambio, hay estados donde ha disminuido la violencia en relación con las medias nacionales durante este período, como Wyoming, Idaho y Nueva York para los homicidios por arma de fuego y Hawai, California y el Distrito de Columbia para los suicidios con arma de fuego.

Hay muchos factores que afectan a las tendencias de la violencia por arma de fuego en cada estado, como las condiciones económicas cambiantes, la demografía de la población del estado y las tendencias nacionales. También se ha demostrado que los cambios en las políticas estatales de armas de fuego afectan a las tasas de mortalidad. La herramienta que estudia los efectos de la legislación sobre armas de fuego ilustra las estimaciones de muchos de ellos.

Como parte del proyecto Gun Policy in America de RAND Corporation, este estudio proporciona al lector información sobre la distribución de muertes por arma de fuego en los distintos estados de Estados Unidos. Para obtener más detalles sobre la metodología y las fuentes de datos, es necesario consultar la documentación del estudio.

Todas las estimaciones de mortalidad se construyen a partir de los datos online de ámbito general para la investigación epidemiológica (CDC WONDER) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC WONDER es un sitio web que publica datos públicos de su sistema nacional de vigilancia de estadísticas vitales.

Algunas subpoblaciones pueden ser demasiado pequeñas en un solo estado y año para proporcionar una estimación fiable. Además, las protecciones de privacidad de los CDC prohíben la divulgación de las tasas de mortalidad calculadas a partir de menos de diez muertes. Las estimaciones del estudio están diseñadas para abordar estos retos utilizando datos de varios años cuando la estimación que utiliza el año más reciente de datos no sería fiable o comprometería la privacidad.

Los datos sobre las leyes estatales se extraen de la base de datos de RAND de legislación estatal sobre armas de fuego. Los datos legislativos son actuales hasta el 1 de enero de 2024 (no recogen los cambios legales más recientes).

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Una investigación auspiciada y publicada por la revista del Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice) de Estados Unidos (NIJ) indica que, aunque no existe un embalse único y claro entre las personas que participan en el extremismo y el terrorismo violentos y las que participan en otras formas de violencia dirigida, sí existen similitudes importantes ya veces inesperadas.

La violencia dirigida abarca una amplia gama de actividad contra la ley, desde tiroteos masivos hasta actividades relacionadas con la violencia de bandas o grupos y también el tráfico de personas. Aunque cada uno de estos ilícitos se ha investigado ampliamente, hasta hace poco no se han estudiado de forma que se identifiquen semejanzas y diferencias en el contexto del extremismo violento y el terrorismo doméstico. Alcanzar una mejor comprensión de cualquier vínculo o superposición entre las personas que efectúan este tipo de violencia y las que participan en el extremismo violento y el terrorismo es esencial para desarrollar o adaptar los esfuerzos de prevención de la violencia dirigida.

El Instituto Nacional de Justicia ha financiado varios proyectos a los investigadores Heidi Ellis, Edna Erez, John Horgan, Gary LaFree y Ramón Spaaij, que comparan:

• Extremistas violentos e individuos implicados en bandas.
• Personas que participan en el terrorismo y las personas implicadas en el tráfico de personas.
• Terroristas del tipo lobo solitario (es decir, individuos solos cuyos actos terroristas no están dirigidos ni están apoyados por ningún grupo u otros individuos) y personas que cometen asesinatos masivos no ideológicos.

Algunos de estos proyectos se basan en grandes bases de datos estatales de individuos que se sabe que han cometido actos violentos, mientras que otros exploran las percepciones de la comunidad y las partes interesadas en los actos. Además, algunos de estos proyectos se centran en cómo las comunidades que se enfrentan a factores de riesgo elevados, como la adversidad y la desventaja, experimentan ciertos tipos de violencia. El artículo se cierra con una discusión sobre las posibles implicaciones para las políticas y la investigación futura.

Un paso crítico para determinar las similitudes es examinar las circunstancias de quienes entran en estos grupos. Basándose en 45 entrevistas presenciales de individuos implicados en bandas de Estados Unidos y 38 narraciones de la historia de la vida de individuos que se radicalizaron en Estados Unidos, los investigadores ofrecieron una comparación de la entrada a estos grupos basándose en cuatro mecanismos de entrada:

• Factores de atracción (influencias que atraen a personas vulnerables hacia la participación en grupos criminales).
• Factores de empuje (influencias que impulsan a las personas vulnerables a interesarse en la participación en grupos criminales).
• Barreras para una socialización efectiva.
• Reclutamiento.

Los individuos implicados en estas bandas estaban más motivados que los extremistas por la promesa de recompensas materiales (un factor de atracción). Sin embargo, los extremistas estaban más motivados por la desilusión cultural y la pérdida de significación percibida (factores de impulso).

La investigación ha identificado dos posibles conexiones entre el terrorismo y el tráfico de personas. En primer lugar, una organización terrorista puede involucrarse en el tráfico de personas para promover sus intereses o satisfacer las necesidades de sus miembros. Esto ocurre sobre todo en contextos internacionales y zonas de conflicto. En segundo lugar, el terrorismo y la trata de personas pueden coexistir.

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De acuerdo con el nuevo documento de Europol, se estima que el mercado de las drogas de la Unión Europea tiene un valor actual mínimo de venta al por menor de al menos 31.000 millones de euros. Constituye una fuente de ingresos muy importante para el crimen organizado.

Una característica clave de este mercado ilícito es la interconexión entre diferentes drogas ilícitas, con redes criminales e intermediarios y facilitadores que a menudo participan en este tipo de delincuencia. El gran mercado de las drogas de la Unión Europea también se cruza con otras áreas delictivas, como el tráfico de armas de fuego y el blanqueo de capitales, y tiene un impacto importante.

La disponibilidad, entre las principales drogas consumidas en Europa, sigue siendo alta, como demuestran las grandes cantidades (en algunos casos, crecientes) que siguen interviniéndose en la Unión Europea. El mercado de las drogas ilícitas se caracteriza por la diversificación de los productos de consumo y la disponibilidad generalizada de una mayor gama de drogas, incluidas nuevas sustancias psicoactivas, a menudo de alta potencia o pureza.

El informe explica que la reciente aparición de opioides muy potentes supone una amenaza particularmente compleja para la salud pública debido al mayor riesgo de intoxicación, que amenaza la vida. La posible aparición de nuevos patrones de consumo en Europa es también una amenaza clave, debido a la disponibilidad de drogas baratas y muy potentes o puras. Éste es especialmente el caso de la cocaína, que ha experimentado niveles de disponibilidad sin precedentes.

Un factor importante que contribuye a aumentar la eficiencia es la tendencia al tráfico de mayores remesas individuales de drogas por mar, aprovechando los contenedores que fluyen a través de los centros logísticos globales. Como resultado, en los últimos diez años la cantidad de drogas intervenidas en la Unión Europea ha aumentado considerablemente, mientras que disminuía el número de embargos de la mayoría de los tipos de drogas.

La producción a escala industrial de cannabis y drogas sintéticas, como anfetamina, metanfetamina y MDMA, tiene lugar en la Unión tanto para los mercados nacionales como internacionales. La escala y complejidad de la producción de drogas sintéticas en Europa está impulsada por la innovación en métodos y equipos, y la disponibilidad de los productos químicos clave necesarios. El procesamiento de cocaína a gran escala también se realiza en la Unión Europea. Europa también es probablemente una zona de tráfico importante para los flujos mundiales de drogas, especialmente la cocaína de América Latina y, en menor medida, la anfetamina en forma de pastillas de Siria y Líbano.

Según el informe, opera en el mercado de las drogas de la Unión Europea una amplia gama de redes criminales. Estas redes demuestran un alto nivel de adaptabilidad, aprovechando los avances tecnológicos y cambios sociales más amplios, aprovechando las estructuras empresariales legales y las oportunidades de las economías tradicionales y digitales. Los delincuentes, a menudo, confían en otras redes o intermediarios para facilitar sus actividades ilícitas. Esto también les da la flexibilidad para diversificar fuentes y productos, rutas de tráfico y métodos de ocultación, de forma que mejore su eficiencia y adaptabilidad para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios.

El mercado de las drogas de la Unión Europea ha mostrado una notable resiliencia ante las crisis globales, la inestabilidad y los cambios políticos y económicos. Los mercados de drogas ilícitas y la economía regular se entrecruzan de muchas formas. Por ejemplo, los delincuentes explotan la infraestructura del transporte comercial para traficar con drogas y utilizan las lagunas de la legislación para acceder a productos químicos.

Algunos estados miembro de la Unión Europea están experimentando niveles sin precedentes de violencia relacionada con el mercado de drogas, a menudo relacionados con los mercados de la cocaína y el cannabis. Esta violencia, al parecer, se concentra en los centros de distribución y en los mercados minoristas competitivos. Incluye asesinatos, torturas, secuestros e intimidación, y a menudo ocurre entre redes criminales, aunque también son sus víctimas personas inocentes. Tiene un impacto grave en el conjunto de la sociedad, aumentando la percepción de inseguridad pública.

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Los drones o sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), que están siendo usados ​​como herramienta para hacer contrabando, suponen actualmente una amenaza real en los centros penitenciarios estadounidenses. Así lo considero un informe de la Criminal Justice Testing and Evaluation Consortium.

Hasta el momento, se han utilizado algunas estrategias exitosas para reducir la entrada de contrabando en las instalaciones carcelarias, fruto de combinar soluciones basadas en tecnología con políticas y procedimientos asociados.

El problema radica en que las complejidades técnicas, limitaciones legislativas, normas y regulaciones limitan la capacidad de respuesta de las agencias correccionales.

Según el documento, las opciones a la hora de planificar la amenaza del contrabando por parte de drones son diversas, pero las soluciones deben centrarse en la detección basada en la tecnología para apoyar la mejora de las potencialidades de las instalaciones presidiarias.

Además, habría que clarificar de qué se está hablando, ya que existe una variedad de términos que se asocia a los drones y se utiliza indistintamente pero convendría definirlos, por motivos de coherencia.

Por una parte, existe el UAS, que es un sistema aéreo no tripulado. El sUAS, que es un vehículo aéreo pequeño no tripulado o un dron que pesa menos de 25 kilos. Por último, el C-UAS, que es un sistema o dispositivo capaz de desactivar o interrumpir, de forma legal y segura, el control de una aeronave no tripulada.

El informe profundiza en las tres principales amenazas que pueden causar los drones en los centros penitenciarios:

• Cargas útiles de contrabando: los drones son capaces de transportar y lanzar contrabando en las instalaciones correccionales.
• Perturbación intencionada: los drones se pueden utilizar para crear algún tipo de distracción a fin de aumentar las posibilidades de infiltración o contrabando mediante otros métodos, mientras seguridad reacciona al incidente.
• Vigilancia y reconocimiento: los drones pueden controlar un área sin detección con el fin de prepararse para futuras intervenciones legales o ilegales.

A pesar de las innovaciones y prácticas correccionales sólidas, se desarrollan constantemente métodos nuevos e inventivos empleados por personas encarceladas o por conspiradores para introducir contrabando en centros penitenciarios.

Las nuevas tecnologías que se están aplicando en el diseño de los drones y el software asociado habilitan nuevos esfuerzos y capacidades en constante evolución.

De hecho, el Departamento de Justicia contabilizó que entre los años 2015 y 2019, las prisiones federales reportaron 130 incidentes con drones. Casi la totalidad de estas incursiones en las cárceles fueron para lanzar artículos de contrabando, como teléfonos móviles, tarjetas SIM, drogas, herramientas para ayudar a preparar una fuga de la cárcel y todo tipo de armas.

Aunque se reportaron 130 incidentes con drones, se considera que realmente sucedieron muchos más, ya que en estos años no se empleaba tecnología de detección, por lo que el número de incursiones de drones informadas se basó, principalmente, en observaciones visuales informadas por el personal de vigilancia de las prisiones.

Cabe subrayar que Estados Unidos tiene actualmente 7.100 prisiones entre centros federales, estatales, locales o militares.

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