Los drones o sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), que están siendo usados ​​como herramienta para hacer contrabando, suponen actualmente una amenaza real en los centros penitenciarios estadounidenses. Así lo considero un informe de la Criminal Justice Testing and Evaluation Consortium.

Hasta el momento, se han utilizado algunas estrategias exitosas para reducir la entrada de contrabando en las instalaciones carcelarias, fruto de combinar soluciones basadas en tecnología con políticas y procedimientos asociados.

El problema radica en que las complejidades técnicas, limitaciones legislativas, normas y regulaciones limitan la capacidad de respuesta de las agencias correccionales.

Según el documento, las opciones a la hora de planificar la amenaza del contrabando por parte de drones son diversas, pero las soluciones deben centrarse en la detección basada en la tecnología para apoyar la mejora de las potencialidades de las instalaciones presidiarias.

Además, habría que clarificar de qué se está hablando, ya que existe una variedad de términos que se asocia a los drones y se utiliza indistintamente pero convendría definirlos, por motivos de coherencia.

Por una parte, existe el UAS, que es un sistema aéreo no tripulado. El sUAS, que es un vehículo aéreo pequeño no tripulado o un dron que pesa menos de 25 kilos. Por último, el C-UAS, que es un sistema o dispositivo capaz de desactivar o interrumpir, de forma legal y segura, el control de una aeronave no tripulada.

El informe profundiza en las tres principales amenazas que pueden causar los drones en los centros penitenciarios:

• Cargas útiles de contrabando: los drones son capaces de transportar y lanzar contrabando en las instalaciones correccionales.
• Perturbación intencionada: los drones se pueden utilizar para crear algún tipo de distracción a fin de aumentar las posibilidades de infiltración o contrabando mediante otros métodos, mientras seguridad reacciona al incidente.
• Vigilancia y reconocimiento: los drones pueden controlar un área sin detección con el fin de prepararse para futuras intervenciones legales o ilegales.

A pesar de las innovaciones y prácticas correccionales sólidas, se desarrollan constantemente métodos nuevos e inventivos empleados por personas encarceladas o por conspiradores para introducir contrabando en centros penitenciarios.

Las nuevas tecnologías que se están aplicando en el diseño de los drones y el software asociado habilitan nuevos esfuerzos y capacidades en constante evolución.

De hecho, el Departamento de Justicia contabilizó que entre los años 2015 y 2019, las prisiones federales reportaron 130 incidentes con drones. Casi la totalidad de estas incursiones en las cárceles fueron para lanzar artículos de contrabando, como teléfonos móviles, tarjetas SIM, drogas, herramientas para ayudar a preparar una fuga de la cárcel y todo tipo de armas.

Aunque se reportaron 130 incidentes con drones, se considera que realmente sucedieron muchos más, ya que en estos años no se empleaba tecnología de detección, por lo que el número de incursiones de drones informadas se basó, principalmente, en observaciones visuales informadas por el personal de vigilancia de las prisiones.

Cabe subrayar que Estados Unidos tiene actualmente 7.100 prisiones entre centros federales, estatales, locales o militares.

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Hace unas semanas se ha publicado el informe llamado Global status report on road safety 2023, elaborado por la World Health Organization. Según el estudio, durante el año 2021 hubo 1,19 millones de muertes en accidentes de tráfico en todo el mundo, lo que supone una caída del 5% respecto al año 2010, cuando se produjeron 1,25 millones de defunciones.

Cabe destacar que esta ligera reducción de la mortalidad en las carreteras se produjo a pesar de que más que se duplicó la flota de vehículos a nivel global, que la red de carreteras está en fase de expansión significativa y que la población mundial aumentó durante esos años en más de mil millones de personas.

Según el documento, se demostraría que todos los esfuerzos por mejorar la seguridad vial todavía son escasos, a tenor de los objetivos de la década de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2021-2030, que contempla reducir a la mitad las víctimas mortales de cara al año 2030.

Actualmente, los heridos y fallecidos por accidente de tráfico siguen siendo un importante reto global para la salud y el desarrollo de la ciudadanía. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de los niños y jóvenes de entre 5 y 29 años, y dos tercios de las muertes se producen entre personas en edad de trabajar, de 18 a 59 años, lo que provoca enormes costes sanitarios, sociales y económicos en toda la sociedad.

El informe también subraya que las víctimas de accidentes de tráfico suelen ser los más débiles de la carretera, ya que más de la mitad de los fallecidos son peatones, ciclistas o motociclistas. Los ocupantes de vehículos de cuatro ruedas suponen un tercio de las víctimas mortales, y los vehículos de más de 10 personas, automóviles pesados y de mercancías suponen una quinta parte de todos los fallecidos de tráfico. Destaca también el incremento de muertes que viajaban en pequeños vehículos eléctricos, que constituyen el 3% de las muertes.

En cuanto a las infraestructuras, casi el 80% de todas las carreteras evaluadas no cumplen una calificación mínima de 3 estrellas para la seguridad de los peatones y solo el 0,2% de estas vías tienen carriles adaptados para las bicicletas.

Otro aspecto que destaca el informe de la World Health Organization es que el 90% de las muertes en accidente se produce en países con rentas bajas o medias, mientras que las personas con ingresos bajos de estos países siguen afrontando el mayor riesgo de muerte en carretera.

Así, a nivel mundial, el 28% de todas las víctimas mortales se producen en la región del sudeste asiático, el 25% en la del Pacífico occidental, el 19% en África, el 12% en América, el 11% en la región del Mediterráneo oriental y un 5% en Europa.

Europa es la zona donde se produce una mayor caída en la cifra de víctimas mortales en carretera desde el año 2010, con un descenso del 36%, seguida de la zona del Pacífico occidental, con una reducción del 16%.

Según la legislación de buenas prácticas de la OMS, la aplicación de medidas sobre los cinco factores de mayor riesgo se ha realizado sobre todo en Europa y son: el exceso de velocidad, la conducción de vehículos bajo influencia del consumo de alcohol y/o drogas, el uso del casco en motocicletas, el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.

Sin embargo, muchos países del mundo no están aplicando medidas que pongan a las personas y la seguridad en el núcleo de los sistemas de movilidad, sino que diseñan y construyen los sistemas de movilidad con el vehículo a motor como centro, no para personas, ni con la seguridad como principal preocupación.

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Del 2010 al 2019, el número de heridos graves y fallecidos por accidente de tráfico en el estado de Nevada se redujo, para después mantenerse estable, más o menos en línea con las tendencias nacionales. Los llamados ‘colchones de seguridad múltiples’ eran estándares en casi todos los vehículos nuevos, independientemente del precio, y las cámaras de seguridad y los sensores de salida de carril y de ángulo muerto eran más baratos de producir. La tecnología mejorada significó que los conductores no solo tuvieran mayor conciencia periférica, sino que también eran más propensos a sobrevivir a los choques que quizás podrían haber matado al ocupante de un vehículo más antiguo.

Hace unas semanas, The New York Times publicó un amplio reportaje sobre el fuerte incremento de muertes a causa de los accidentes de tráfico en Estados Unidos. Y es que en 2020, mientras la Covid-19 sacudía el país, las fuerzas del orden y los trabajadores de carreteras empezaron a denunciar un gran aumento de lesiones relacionadas con el tráfico, a pesar de los cierres y el vacío relativo de las calles. En 2021, el estado registró 385 víctimas mortales, el máximo en los últimos 15 años. Al año siguiente no fue mucho mejor, con 382 víctimas mortales y un incremento del 114% en el número de ciclistas fallecidos en carretera.

La causa fue bastante fácil de identificar: los datos analizados mostraron que los conductores adelantaban a mayor velocidad, en las carreteras y en las calles, y que circulaban por intersecciones con una frecuencia alarmante. Además, el uso del cinturón de seguridad se redujo, provocando miles de heridos a conductores y pasajeros. Después de una década de caída constante, las detenciones por conducir en estado de embriaguez habían repuntado a máximos históricos.

De 2020 a 2021, la National Highway Traffic Safety Administration calculó que el número de accidentes en Estados Unidos se disparó un 16%, hasta más de seis millones, o aproximadamente 16.500 accidentes al día. Las cifras de víctimas mortales fueron de alguna manera aún peores: en 2021, 42.939 estadounidenses murieron en accidentes de coche, el mayor número en década y media. De estas muertes, una parte importante implicó a conductores bebidos o drogados que viajaban muy por encima de los límites de velocidad.

Aparte, el 43% de los 4,2 millones de millas de carreteras se encuentran en malas o mediocres condiciones, según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Y es poco probable que se reparen en breve, dado el retraso de la construcción de infraestructuras por un valor aproximado de 786.000 millones de dólares.

Pero, sobre todo, parece que el problema son los conductores: no es una exageración decir que el comportamiento en carretera hoy en día es el peor nunca visto hasta ahora, según declaró el capitán Michael Brown, comandante del distrito de la policía estatal en Michigan.

En 2021, la National Highway Traffic Safety Administration calculó que aproximadamente una cuarta parte de todos los siniestros mortales en Estados Unidos implicaron a vehículos que viajaban por encima del límite de velocidad permitido, y un porcentaje importante de los fallecidos, ya fueran pasajeros o conductores, no llevaban el cinturón de seguridad abrochado. De acuerdo con las tendencias detectadas, las tasas nacionales de conducción con abuso de alcohol han aumentado hasta el punto de que una de cada diez detenciones está ahora relacionada y la conducción agresiva, definida como carreras, cambios de carril erráticos o pasos ilegales, influye en el 56% de los accidentes que resultan mortales.

Lamentablemente, esta estadística no cubre las decenas de miles de personas heridas, a menudo de forma crítica, por conductores agresivos, ni las 550 personas fallecidas por un disparo de arma de fuego anualmente después o durante los incidentes de rabia en carretera, como tampoco el creciente número de peatones y ciclistas atacados deliberadamente por motoristas indignados.

Si se añade el mal comportamiento al volante, con los peligros de la distracción con los teléfonos inteligentes, responsables, según una estimación conservadora, de unas 3.500 muertes al año, la combinación es demoledora.

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Las agresiones sexuales superan la capacidad de ser afrontadas y producen en las víctimas un gran impacto a nivel emocional. Suponen un ataque directo al sentimiento de seguridad. Además, históricamente, las mujeres han sido las principales víctimas de ese tipo de violencias.

Tal y como publicó hace pocas semanas The conversation, estas experiencias pueden modificar la forma de sentir, de comportarse y de relacionarse con los demás en el futuro.

Varios estudios sobre la temática se han centrado en las secuelas que sufren los menores de edad agredidos por adultos, mientras que los casos entre iguales están menos visibilizados. Y más aún si estos se producen en el ámbito de la relación de pareja.

Sin embargo, se calcula que una tercera parte de las chicas adolescentes de todo el mundo se inician en la vida sexual con una relación forzada. Debido a esta iniciación cada vez más precoz, podría aumentar de forma alarmante la prevalencia de las agresiones entre los jóvenes y los adolescentes.

Las principales consecuencias psicológicas que conllevan este tipo de agresiones serían depresiones, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, disociación, fobias e hipersexualidad.

Estas alteraciones pueden producirse de forma inmediata tras una agresión o unos meses o años después. En ocasiones, un acontecimiento, una situación determinada o un olor que recuerden la vivencia pueden desencadenar la sintomatología, lo que supone graves interferencias en la vida de las víctimas.

Como se ha apuntado anteriormente, la hipersexualidad o aumento de la búsqueda de relaciones sexuales, tanto en frecuencia como en intensidad, a menudo va acompañada de un sentimiento de culpa o incomprensión.

Son diversas las razones que se argumentan para esclarecer este comportamiento. Algunos autores han relacionado este tipo de experiencias traumáticas con alteraciones en el córtex prefrontal, área cerebral vinculada a la toma de decisiones, el control de los impulsos y la regulación del estado de ánimo.

Al margen de las explicaciones neurobiológicas, podría tratarse de un intento de eliminar el trauma o rehacerlo de una manera distinta. De esta forma, la víctima intentaría buscar la normalidad en la vida sexual y comprobar que sigue intacta su capacidad de mantener relaciones como medio para recuperar el control.

Otros estudios consideran el sexo compulsivo como una forma no funcional de evadir los problemas y aliviar el dolor, ya que el trauma habría reducido la tolerancia al sufrimiento. Esto podría favorecer la disociación del sexo del afecto, utilizando de este modo el sexo como un mero instrumento.

Además, la víctima puede empezar a creer que no merece recibir afecto alguno. Por eso estas vivencias se vinculan con las conductas sexuales de riesgo y la aceptación de parejas violentas.

Por tanto, la conducta sexual compulsiva después de una agresión sexual es muy habitual, aunque no es tan visible como el rechazo a las relaciones sexuales. Además, cumpliría una determinada función en la víctima. Pero los expertos recomiendan buscar ayuda psicológica para poder abordar la problemática en cuanto se manifieste.

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La Encuesta Nacional de Victimización del Crimen (NCVS) y el Sistema Nacional de Información Basado en Incidentes (NIBRS), gestionado por el FBI, proporcionan una imagen complementaria de la delincuencia en 2022, según una investigación realizada por las estadísticas de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia (BJS) Rachel E. Morgan y Erica L. Smith.

Tanto la encuesta como el registro policial miden un conjunto de delitos similares pero no idénticos, lo que lleva a diferencias en las estimaciones entre las dos fuentes de datos. La NCVS entrevista a personas de 12 años o más sobre delitos de los que hayan podido ser víctimas, tanto si los han comunicado o denunciado a la policía como si no. Por su parte, el NIBRS recopila datos sobre delitos registrados por los distintos organismos de ejecución, y estos resultados están ponderados para corregir posibles informes incompletos. En conjunto, estas dos formas de medición proporcionan una imagen completa del mapa delictivo en los Estados Unidos.

El informe que han presentado Morgan y Smith describe las similitudes y diferencias entre las dos formas de recopilación de datos y hace una comparación entre los años 2021 y 2022.

Según la NCVS, la tasa total de victimización violenta durante 2022 fue de 23,5 por cada 100.000 personas de 12 años o más, una cifra bastante superior a la del año anterior, que fue de 16,5.

En cuanto al capítulo sobre victimización en el ámbito de los delitos contra la propiedad, durante el año 2022 fue de 101,9 por cada 100.000 hogares, una cifra que también es superior a la tasa de 2021, de 90,3.

Los delitos violentos crecieron casi dos puntos de 2021 a 2022: pasaron de 2,9 victimizaciones por cada 1.000 personas en 2021 a 4,7 al año siguiente. En el mismo período, la tasa de delitos contra la propiedad denunciados a la policía también aumentó de 27,8 a 32,4 denuncias por cada 1.000 hogares.

En esta línea, cabe puntualizar que las estimaciones globales de delincuencia de estas dos fuentes tienden a evolucionar de manera similar a lo largo del tiempo. Sin embargo, las estimaciones del NIBRS y la NCVS en un año determinado pueden diferir, porque las dos recopilaciones de datos utilizan métodos diferentes para medir un conjunto de delitos superpuestos pero no idénticos.

Por ejemplo, al cruzar los datos de las dos áreas objeto de estudio, se deben tener en cuenta muchos flecos, pero no hay que caer en errores o comparaciones desafortunadas. El NIBRS incluye el asesinato, el homicidio involuntario y los robos en establecimientos comerciales, todos ellos delitos que el NCVS excluye.

Del mismo modo, si nos centramos en los delitos de naturaleza sexual, las definiciones de violación y de agresión sexual de la encuesta y del registro policial difieren ligeramente. Si bien el NIBRS considera violación el conocimiento carnal de una persona sin el consentimiento de la víctima, incluidos los casos en los que la víctima es incapaz de dar su consentimiento debido a su edad, incapacidad temporal o permanente, física o psíquica, la NCVS incluye en esta tipología una amplia gama de victimizaciones, diferentes de la violación, el intento o la amenaza de violación. Esto incluiría según la NCVS las agresiones sexuales que impliquen fuerza o no, esto es, también comprende las caricias o tocar sin que la víctima quiera.

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El pasado diciembre se presentaron los resultados de la Encuesta de seguridad pública de Cataluña (ESPC) de 2022. Con casi 20 ediciones a la espalda, la ESPC se consolida como el instrumento más relevante para medir la victimización y la percepción de inseguridad en Cataluña.

En esta entrada se presentan algunas de las principales conclusiones del informe que está disponible en la web del Departamento del Interior.

La victimización experimenta un aumento que la devuelve a valores previos a la pandemia

El porcentaje de personas que, como mínimo, sufrieron un episodio de victimización aumenta en 4,8 puntos respecto a la edición de 2020, y se sitúa en el 32,4%. Si se excluyen las estafas, el indicador cae hasta el 25,8%. Por lo tanto, se puede confirmar que la victimización recupera valores anteriores a la pandemia en todos los ámbitos, excepto en los engaños, fraudes y estafas, que, especialmente desde la edición de 2020, registran un aumento que sobredimensiona el indicador global.

La victimización en Cataluña, en términos generales, deja una huella débil en las personas que la padecen

Solo una cuarta parte de las personas victimizadas (8,4%) lo recuerda de forma espontánea antes de ser preguntadas directamente por los hechos.

Las molestias asociadas a la experiencia victimizante son mayores (7 en una escala de 0 a 10) que las afectaciones psicológicas (5,5 en una escala de 0 a 10). Esto confirma la idea de una victimización de “baja intensidad” o “impacto emocional moderado”.

Se detecta una fuerte relación entre el estatus económico y la victimización y percepción de inseguridad

El subgrupo de personas que declara llegar a final de mes “muy mal” presenta un porcentaje de victimización significativamente por encima de la media (43,2% en una media de 32,4%). Esta realidad se manifiesta en el cómputo global y también cuando se analiza la victimización ámbito por ámbito.

Se puede concluir que un entorno de vulnerabilidad y desigualdad condiciona el nivel de seguridad de las personas y la percepción de inseguridad que manifiestan. Entre las personas que declaran llegar “muy bien” a final de mes y las que lo hacen “muy mal” hay una diferencia de medio punto a la hora de valorar la seguridad de su municipio (6,9 i 6,4).

El nivel de seguridad en el municipio obtiene un valor medio de 6,6 en una escala de 0 a 10

El valor al que se asocia el nivel de seguridad del municipio se mantiene ligeramente por encima de la media de toda la serie temporal (6,5). No se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres ni entre grupos de edad, pero, confirmando lo que apunta buena parte de la literatura existente, se observa que las personas que han sufrido alguna experiencia victimizante declaran un nivel de seguridad en el municipio menor que quienes no la han sufrido (5,9 y 6,9, respectivamente).

Cuando se pregunta a las personas entrevistadas si han dejado de hacer cosas por miedo a ser víctimas de algún delito, el 66,3% declara que no: un 78% son hombres y un 55,1%, mujeres. Cuando se desglosan las opciones de respuesta que, con independencia de la frecuencia, suponen una respuesta afirmativa, las mujeres que modifican su comportamiento por miedo a ser víctimas son el doble que los hombres: 44,5% y 21,8%, respectivamente.

Los Mossos d’Esquadra obtienen una puntuación de 7,5 en una escala de 0 a 10, la mejor de toda la serie con excepción del año 2017

Las policías locales se sitúan en un valor de 7, segunda nota más alta de toda la serie. Los grupos de edad más avanzada valoran más positivamente a los cuerpos policiales (con un 8,1 el grupo de 65 años o más y un 7 el grupo de 16 a 25 años).

La realidad de la violencia machista se deja ver fácilmente en el retrato global de la victimización en Cataluña

La ESPC no está planteada como un estudio específico sobre violencia machista. Por la naturaleza de este tipo de hechos y por la prudencia con que deben tratarse estas situaciones para evitar episodios revictimizadores, el Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales dispone de dos estudios: EVMC y EVS, en los que cuestionario y trabajo de campo han sido diseñados priorizando las necesidades particulares que pueden tener este tipo de víctimas.

Pese a ello, los resultados de la ESPC permiten perimetrar las violencias machistas con algunos datos bastante relevantes:

• Alrededor del 80% de las veces, el autor de una agresión física, una amenaza o una intimidación es uno o varios hombres (78,8%).
• En el 45% de los casos registrados, estas agresiones, amenazas e intimidaciones las llevó a cabo una persona conocida. En estos casos destacan tres perfiles diferenciados: parejas, exparejas o familiares (25,7%); personas del trabajo o relacionadas con los estudios (27,4%), y gente del entorno o del barrio, principalmente (38,5%). En los dos últimos casos, los registros son declarados por hombres y mujeres de forma bastante equitativa. En el primer caso, que corresponde a los hechos llevados a cabo por parejas y exparejas, las mujeres presentan el 75,3% de los registros, y los hombres el 24,7%.
• El 12,7% de las agresiones fueron de carácter sexual. De estas, las mujeres declaran el 94% y los hombres el 6%.

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La anfetamina es el estimulante sintético más común disponible en Europa, y constituye un mercado amplio y estable con un valor mínimo de unos 1.100 millones de euros anuales. En un nuevo informe de análisis publicado recientemente, Mercado de drogas de la UE: Anfetamina, dos agencias de la Unión destacan la producción sofisticada de anfetaminas en la UE, así como su impacto en el medio ambiente.

El análisis del Observatorio Europeo de Drogas y Drogodependencias (EMCDDA) y de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en la aplicación de la ley (Europol) destaca que el proceso de la anfetamina cubre la cadena de suministro desde la producción y el tráfico hasta la distribución y el uso. También detalla los procesos, materiales y actores criminales implicados en las diferentes etapas y niveles del mercado.

Europa es un gran productor mundial de anfetamina, junto con Oriente Medio, que son las dos regiones donde se concentra el consumo. En Europa, la anfetamina se consume principalmente en forma de polvo y pasta, mientras que en Oriente Medio se hace principalmente en forma pastillas. Se calcula que cerca de 10,3 millones de adultos europeos (de 15 a 64 años) han consumido anfetaminas a lo largo de su vida, y 2 millones las han ingerido en el último año.

Casi toda la anfetamina que se consume en la UE se elabora a nivel nacional. La producción se concentra principalmente en los Países Bajos y Bélgica, donde se produce normalmente en instalaciones a gran escala en las que se utilizan equipos complejos. La producción se basa en métodos que utilizan un producto químico restringido internacionalmente, que normalmente se produce en Europa a partir de precursores de diseño no restringidos, importados de China.

Los productores europeos de anfetaminas son a la vez adaptables e innovadores. Los métodos tradicionales de producción se han simplificado a lo largo de los años para utilizar menos productos químicos y menos equipos, al tiempo que ofrecen un producto final similar, pero con mayores beneficios.

En algunos casos, la fabricación del producto de consumo no se completa en los laboratorios en los que se sintetiza. En cambio, la anfetamina se exporta como aceite base y se convierte en sulfato de anfetamina en laboratorios de otros sitios. Esto genera preocupación por la expansión de estos centros de conversión a más países europeos.

Entre los años 2019 y 2021, en la UE se desmantelaron 337 instalaciones relacionadas con la producción ilícita de anfetaminas. La producción de anfetamina a gran escala genera grandes cantidades de residuos químicos que perjudican al medio ambiente, creando riesgos para la salud humana y costes muy elevados para los municipios locales.

Las redes criminales de la UE relacionadas con las drogas no parecen estar implicadas de otra forma en el comercio de pastillas y los estados miembros de la Unión no informan de ningún uso significativo de estas cápsulas. Los países europeos participan principalmente como puntos de transbordo entre países productores fuera de la UE (Líbano y Siria) y mercados de destino en la península arábiga y en los alrededores. El informe plantea la cuestión de si la demanda de pastillas en estos mercados puede presentar oportunidades para los productores de drogas europeos para aumentar la producción de anfetamina para la exportación.

Las redes criminales implicadas en el comercio ilícito de anfetaminas están orientadas a las empresas y son muy adaptables. A menudo utilizan los recursos y la infraestructura de otros o participan en empresas delictivas conjuntas. El documento de Europol muestra cómo el soporte logístico se ha convertido en un negocio paralelo, con algunos actores criminales que actúan como proveedores de servicios, especializados en proporcionar los productos químicos, el equipo y la experiencia necesarios para establecer y operar en instalaciones de producción.

Las conclusiones se basan en datos de OEDT y de la inteligencia operativa de Europol sobre crimen grave y organizado. A partir de un enfoque de evaluación de la amenaza, las agencias destacan las áreas clave de actuación en el ámbito de la UE y de los estados miembros, que incluyen:

• Mejorar la imagen de inteligencia estratégica.
• Reforzar las respuestas para reducir la oferta y mejorar la seguridad.
• Impulsar la cooperación internacional.
• Invertir en la creación de capacidades.
• Reforzar las políticas, respuestas de seguridad y salud pública.

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Según el informe de Europol sobre la evolución de la ciberdelincuencia desde una perspectiva policial, hay que ir olvidando el cliché de una figura solitaria y encapuchada toqueando un teclado de ordenador y adaptarnos a la realidad actual y futura, con grupos de delincuentes que operan como sindicatos comerciales más allá de las fronteras administrativas.

La novena edición de la Evaluación de amenazas de la delincuencia organizada en Internet (IOCTA) de Europol analiza en profundidad el ecosistema criminal en línea examinando a los actores destacados, sus vectores de ataque y el papel de las víctimas.

El ciberdelito se ha convertido en un gran negocio, con toda una economía ilícita establecida para apoyarlo con proveedores de servicios, reclutadores y servicios financieros. Esto conlleva que la investigación de los ataques cibernéticos sea cada vez más desafiante para las fuerzas del orden, con múltiples actores especializados que trabajan en partes del proceso penal desde todos los rincones del mundo.

El IOCTA de Europol tiene como objetivo proporcionar información y comprender el ciberdelito moderno para equipar a las fuerzas policiales con el conocimiento para defenderse. Este documento y los módulos que lo acompañan se basan en información operativa aportada al Centro Europeo de Delitos Cibernéticos de Europol, combinada con conocimientos de expertos y en inteligencia de fuentes abiertas.

El enfoque y estructuración del informe es el siguiente:

• Los servicios de ciberdelincuentes están entrelazados y su eficacia es codependiente.

• Técnicas similares para distintos objetivos.

• El producto central son los datos robados.

• Mismas víctimas, múltiples delitos.

• Las comunidades clandestinas para educar y reclutar a ciberdelincuentes.

• ¿Qué ocurre con las ganancias criminales?

• El apoyo de Europol.

El resumen actual presenta los principales hallazgos sobre las diferentes tipologías de delitos cibernéticos, es decir, ataques cibernéticos, esquemas de fraude en línea y explotación sexual infantil en línea.

Con este último estudio presentado por Europol, queda claro que la ciberdelincuencia, en sus diferentes formas, representa una creciente amenaza para la Unión Europea.

Ciberataques, explotación sexual infantil en línea y fraudes en línea son delitos muy complejos que se manifiestan en tipologías muy diversas. Los delincuentes siguen mostrando altos niveles de adaptabilidad a las nuevas tecnologías y a la evolución de la sociedad, al tiempo que mejora constantemente su cooperación y especialización.

Los delitos cibernéticos tienen un amplio alcance y causan un daño muy grave a las personas, públicas y privadas, a las organizaciones y a la economía y la seguridad de la UE.  

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El Consejo Europeo aprobó unas conclusiones sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia de toda la sociedad en el contexto de la protección civil, incluida la preparación para las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (CBRN).

El panorama de las diversas amenazas en Europa ha cambiado y se ha vuelto más complejo. La preparación de las sociedades europeas a la luz de los distintos riesgos a los que se enfrenta la población es esencial, y existe un papel clave a jugar para que la protección civil mejore la resiliencia de la sociedad.

A la vista del creciente número de crisis complejas y de larga duración a las que se enfrenta Europa, desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania o los terremotos, hasta la pandemia de la covid-19 o los incendios forestales, es necesario aumentar la resiliencia de la Unión Europea. Esto requiere un enfoque colectivo de toda la sociedad y debe implicar a los actores de la sociedad civil, a los ciudadanos y al sector privado.

El Consejo Europeo invita a los Estados miembros a:

• Apoyar las acciones de prevención y preparación promoviendo la implementación de los objetivos de resiliencia frente a los desastres.

• Considerar el desarrollo posterior de prácticas de cooperación público-privada que mejoren las actividades de protección civil en materia de prevención, preparación y respuesta.

• Participar activamente en nuevas iniciativas de concienciación y preparación a nivel de la Unión que se centren en la preparación de las personas para distintas crisis o desastres.

• Ofrecer y registrar mayores capacidades relevantes para el CBRN al grupo europeo de protección civil (ECPP).

• Mejorar la cooperación en el Consejo Europeo para apoyar la coordinación de las acciones de comunicación e información, tanto en preparación como en respuesta a posibles incidentes CBRN.

En cuanto a las acciones a nivel de la Unión Europea y para mitigar las amenazas CBRN a las que se enfrenta, los estados miembros piden a la Comisión:

• Mejorar la capacidad de alerta temprana CBRN, garantizando una respuesta rápida, eficaz y oportuna.

• Explorar posibilidades para facilitar la adquisición de equipos CBRN por parte de los estados miembros e identificar formas de reducir aún más los tiempos de despliegue de la capacidad en caso de incidentes CBRN.

• Aumentar el acceso en el mercado a distintos tipos de equipos, suministros y material relevantes para el CBRN, proporcionando una predictibilidad de compra a largo plazo.

• Organizar entrenamientos y ejercicios CBRN de protección civil con mayor regularidad.

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La cifra de delitos con motivación política volvió a aumentar en Alemania en 2022 más de un 7%, hasta los 58.916 delitos, cifra que supone un nuevo máximo histórico desde que se introdujo esta figura en las estadísticas en 2001. Y el número de delitos violentos por motivos políticos también aumentó un 4%, hasta los 4.043 ilícitos.

Los datos fueron presentados en un informe a principios de mayo por la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser. Según la ministra, preocupa especialmente el fuerte incremento de los ataques contra los refugiados, que aumentaron un 9% durante el año 2022, lo que pone en evidencia que el extremismo de derechas sigue presentando un riesgo especialmente elevado.

Según consta en el documento presentado por el gobierno alemán, los neonazis y los extremistas de derecha cometieron 1.170 ataques violentos en 2022 contra inmigrantes, refugiados u opositores políticos. Al menos 675 personas resultaron heridas en estos ataques.

La policía alemana también registró 5.372 incidentes xenófobos, 2.641 delitos antisemitas y 610 delitos de odio islamófobo. En estos actos, unas 62 mezquitas fueron atacadas entre enero y diciembre del año pasado, y al menos 39 personas resultaron heridas a causa de la violencia antimusulmana, según datos oficiales.

Alemania ha sido testigo de un racismo creciente en los últimos años, alimentado por la propaganda de grupos y partidos de extrema derecha, que han aprovechado la crisis de los refugiados y han intentado alimentar el miedo hacia los inmigrantes. Ante esta situación, el gobierno propone una solución contra el extremismo en dos direcciones: prevención y dureza. Propugnan también agencias de seguridad bien equipadas, aplicación coherente de las leyes, educación política, sociedad civil sólida y endurecimiento urgente de las leyes sobre tenencia de armas de fuego.

La amenaza del terrorismo islamista sigue siendo bastante alta. Tras el caso de Castrop-Rauxel de principios de enero, recientemente se ha podido evitar el segundo presunto ataque islamista de este año 2023 en Hamburgo.

Al mismo tiempo, las protestas por el clima durante el 2022 se han convertido en un claro foco de delitos desde el ámbito de la izquierda, cuando se registraron 1.585. Esto corresponde aproximadamente a una duplicación respecto al año 2021.

Asimismo, se denunciaron en la Oficina Federal de la Policía Criminal 206 delitos en el ámbito de la misoginia y 417 en el de la diversidad de género. También cabe destacar que se crearon durante el año 2020 las llamadas ‘nuevas áreas temáticas’ para poder registrar mejor los distintos fenómenos.

Por ejemplo, en el área temática llamada de ‘género e identidad sexual’, que durante el año 2021 inscribió 340 delitos, en 2022 vivió un incremento de más del 42% por delitos violentos. Otra área creada hace poco es en el ámbito de la orientación sexual, donde se registran los delitos homófobos. El incremento de los casos en 2022 fue del 15%, hasta los 1.005, aunque se considera desde los cuerpos policiales que en estos ámbitos existe una cifra especialmente elevada de delitos no denunciados o notificados.

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