Los datos precisos sobre las lesiones por armas de fuego en los Estados Unidos son fundamentales para entender mejor el coste total o la carga social de la violencia con armas de fuego. Sin embargo, no hay un único recurso que proporcione estimaciones fiables de este tipo de lesiones en aquel país. Los datos son escasos y, en algunos casos, son demasiado costosos para la mayoría de los investigadores.

Esta falta de información limita la capacidad de los investigadores para responder preguntas básicas sobre la violencia con armas de fuego, como por ejemplo, si las tendencias en este tipo de lesiones están cambiando con el tiempo o si las estrategias para reducir los daños son efectivas.

Como parte de la iniciativa Gun Policy in America, los investigadores de RAND desarrollaron una base de datos longitudinal de estimaciones en el ámbito nacional de hospitalizaciones por lesiones no mortales por arma de fuego entre los años 2000 y 2022.

Estas estimaciones se basan en varias fuentes de datos, la mayor de las cuales son los resúmenes de las bases de datos nacionales de hospitalización (SID), que se complementan con otros datos del departamento de salud nacional. Las estimaciones no incluyen las visitas al servicio de urgencias que no conllevan una hospitalización posterior o las lesiones por arma de fuego para las que no se busca una atención médica hospitalaria.

Se estima que entre los años 2000 y 2022 hubo 728.617 hospitalizaciones por lesiones no mortales por armas de fuego en todo el país, lo quiere decir una media anual de unas 31.600 lesiones no mortales en los Estados Unidos.

Los datos también revelan diferencias sustanciales en la tasa de hospitalizaciones por lesiones por armas de fuego no mortales entre los estados y tendencias nacionales relativamente estables. Estos datos podrían ayudar a responder preguntas sobre los efectos de las políticas estatales y el coste social de las lesiones por armas de fuego para los estados y el país.

Datos y metodología

El modelo utilizado de hospitalizaciones por lesiones por arma de fuego no mortales combinaba datos del SID que estaban disponibles a través del Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP), datos del SID estatales completos, datos disponibles a través de los portales web del departamento de salud nacional sobre hospitalización y datos proporcionados por los departamentos de salud estatales en respuesta a las solicitudes directas del equipo de estudio.

Los años con datos que faltan sobre el número de hospitalizaciones por lesiones por arma de fuego se imputaron mediante covariables hipotéticas asociadas a las hospitalizaciones por arma de fuego. Estas covariables incluían la tasa de mortalidad por armas de fuego no suicidas; la tasa de muertes por armas de fuego en las instalaciones médicas; la tasa de delitos violentos denunciados y las características demográficas, económicas y sociales anuales en el ámbito nacional.

Tanto la imputación de los datos de hospitalización que faltan como la corrección de los datos del mecanismo de lesión incompleta se estimaron simultáneamente en un modelo de regresión bayesiana. Dicho modelo utiliza una estructura de error compleja que se diseñó para capturar las características clave de los datos de hospitalización, incluida la mayor variancia en las tasas de hospitalización por armas de fuego para años menos poblados y la correlación de valores dentro de cada estado a lo largo del tiempo. Se crearon múltiples conjuntos de datos de imputación mediante muestreo de la distribución predictiva posterior del modelo.

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Este informe de situación describe los principales desarrollos y tendencias en el panorama del terrorismo en la Unión Europea (UE) durante el año 2024. Se basa en la información cualitativa y cuantitativa proporcionada por los estados miembros sobre ataques terroristas, detenciones, condenas y penas por delitos terroristas.

Además, los socios de cooperación de la Europol también han proporcionado una información cualitativa valiosa, que ha ayudado a contextualizar los acontecimientos que se producen fuera de la UE y que pueden influir en la seguridad de la Unión y de sus ciudadanos. Por su parte, Eurojust ha proporcionado información sobre las condenas y absoluciones por delitos terroristas y sobre las modificaciones de la legislación nacional sobre terrorismo.

Los estados miembros de la UE tienen la obligación de trasponer la Directiva (UE) 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo a su legislación nacional. Si bien el objetivo principal del EU TE-SAT es presentar una visión general sobre el terrorismo, el informe también incluye descripciones de incidentes, actos, actividades y acontecimientos específicos de extremismo violento que han comunicado los estados miembros. La visión general cuantitativa de los ataques terroristas, detenciones, condenas y sanciones no incluye los casos de extremismo violento, pero este último se incluye en el informe con finalidades de contextualización y para proporcionar una imagen más completa de las amenazas a la seguridad de la Unión.

14 estados miembros han reportado un total de 58 ataques terroristas (34 completados, 5 fallidos y 19 frustrados). Del total de ataques, 24 se atribuyeron al terrorismo yihadista, lo que supone un aumento en comparación con los 14 que se habían reportado el año anterior; 21 ataques se atribuyeron al terrorismo de izquierdas y anarquista, y 8 ataques se clasificaron como otras formas de terrorismo o no se especificaron. También se reportaron 4 ataques separatistas y 1 ataque terrorista de derechas, que se completaron.

El terrorismo yihadista sigue siendo el más letal, con 5 víctimas mortales y 18 de heridas.

449 personas han sido arrestadas por delitos relacionados con el terrorismo en 20 estados miembros. La mayoría de las detenciones han sido por terrorismo yihadista (289), seguidas del terrorismo de derechas (47). Se hicieron 58 detenciones por delitos terroristas relacionados con otras formas de terrorismo o no especificados en 10 estados miembros.

Los procedimientos judiciales concluidos en 16 estados miembros han supuesto 427 condenas y 59 absoluciones por delitos terroristas.

El conflicto en Gaza sigue teniendo un impacto importante en la amenaza terrorista en la UE. Se han dado numerosos ataques y llamamientos a la violencia en todo el espectro ideológico. La propaganda terrorista y extremista violenta en línea ha instrumentalizado el conflicto y ha encendido el odio, con el antisemitismo como denominador común en ambos casos.

La guerra rusa contra Ucrania ha sido otro factor impulsor de la propagación de narrativas extremistas violentas, la radicalización y la movilización.

En su búsqueda de apoyo y de nuevos reclutas, los grupos terroristas tienen como objetivo personas vulnerables, especialmente menores y personas afectadas por vulnerabilidades psicológicas.

El número de menores y jóvenes implicados en actividades terroristas y extremistas violentas en toda la UE ha seguido creciendo en el 2024. Los problemas de salud mental, el aislamiento social y la dependencia digital han sido muy importantes en la radicalización de dichos jóvenes.

La amenaza terrorista se interconecta con una variedad creciente de comunidades en línea que reclutan menores y adultos jóvenes para cometer actos violentos extremos contra ellos mismos y contra los demás. Sus líderes abogan por el colapso de las sociedades democráticas a través del terror, el caos y la violencia.

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El investigador Ben Scott, junto con la Dra. Naomi Pfitzner y la profesora Kate Fitz-Gibbon, de la Monash University de Australia, han publicado un estudio que invita a una reflexión profunda sobre la manera como se entiende la legitimidad policial en relación con colectivos históricamente marginalizados. El artículo, titulado Spatial, Temporal, and Visible: Queer People’#s Perceptions of Police Legitimacy, propone una “qüeirización” (queering) de las teorías tradicionales sobre la legitimidad policial: un cuestionamiento crítico de sus bases y aplicabilidad más allá de los contextos cisheteronormativos.

El estudio parte de una constatación clara: las personas queer —gays, lesbianas, bisexuales, trans y otras identidades no normativas— han estado a menudo relegadas en la periferia de la criminología, mencionadas de manera anecdótica con la habitual nota de “carencia de datos”. Para contrarrestar esta invisibilización, el equipo encuestó cerca de 150 personas queer del estado de Victoria, en Australia, para analizar sus percepciones sobre la legitimidad de la policía.

Los resultados, que combinan datos cuantitativos y respuestas cualitativas, ponen de manifiesto una serie de tensiones: la mayoría de participantes reconocen la autoridad formal de la policía y manifiestan una obligación de obedecer las leyes, pero esta obediencia no proviene de un alineamiento normativo o de valores, sino de un sentimiento de obligación social, miedo o inercia.

Una de las aportaciones más relevantes del estudio es la insistencia en la naturaleza contextual de la legitimidad policial. No solo depende del tiempo y el espacio, sino también del bagaje histórico y de la visibilidad identitaria. Las personas que conocían mejor los antecedentes de conflicto entre la policía de Victoria y la comunidad queer —como por ejemplo batidas a locales nocturnos o prácticas de delación a los medios— mostraban una desconfianza mucho más arraigada hacia la institución policial.

Otro hallazgo significativo hace referencia al papel de la visibilidad queer. Las experiencias de los participantes difieren en función de cómo son percibidos por los agentes: las personas que “pasan” como cisheterosexuales a menudo manifiestan menos interacciones negativas, mientras que aquellas con expresiones de género u orientaciones sexuales más visibles informan de experiencias discriminatorias u hostiles.

Las relaciones entre los cuerpos policiales y los colectivos LGBTIQ+ han sido históricamente complejas, tanto en Cataluña como otros muchos lugares del mundo. Estas relaciones a menudo arrastran un pasado marcado por la discriminación, la violencia institucional y la carencia de confianza mutua.

A pesar de que este estudio se ha hecho en Australia, sus conclusiones tienen una gran relevancia para Cataluña. A pesar de los adelantos normativos —como la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de las personas LGBTI y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia—, todavía hay mucho camino para garantizar una relación de confianza entre los cuerpos de seguridad y la diversidad sexual y de género.

En los últimos años, se han hecho esfuerzos para mejorar esta relación, como por ejemplo la creación de unidades especializadas en delitos de odio o la formación específica en diversidad dentro de los Mossos d’Esquadra. Pero estas medidas tienen que ser evaluadas de manera crítica y continuada, especialmente a partir de las vivencias de las personas afectadas.

El estudio australiano sugiere la necesidad de desarrollar vías alternativas de denuncia y apoyo más allá del sistema policial tradicional, especialmente para colectivos que no confían. Esta reflexión puede inspirar iniciativas en nuestro país que refuercen los servicios comunitarios, las oficinas de atención especializada o las herramientas de apoyo psicológico y jurídico adaptadas a las realidades LGBTIQ+.

Repensar la legitimidad policial desde una mirada queer no es solo un ejercicio teórico: es una herramienta para construir una seguridad más inclusiva, más equitativa y más justa. Para hacerlo, hay que escuchar las voces que a menudo han sido silenciadas, reconocer las heridas del pasado y apostar por una transformación profunda de las instituciones. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad donde todo el mundo, independientemente de su identidad o expresión de género, pueda sentirse seguro —y confiado— ante las fuerzas de seguridad.

Enlace: Spatial, Temporal, and Visible: Queer People’s Perceptions of Police Legitimacy

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El documento es un informe de ENISA sobre el estado de la ciberseguridad en la Unión Europea en 2024. Destaca la colaboración con el Grupo de Cooperación NIS y la Comisión Europea, y proporciona una visión general basada en datos sobre la ciberseguridad a nivel de la UE, nacional y social.

Se abordan temas como el panorama de amenazas cibernéticas, la madurez de las capacidades de ciberseguridad, la gestión de crisis cibernéticas, la seguridad de la cadena de suministro y la concienciación y las habilidades en ciberseguridad.

También se incluyen recomendaciones políticas para mejorar la ciberseguridad en la UE, como fortalecer el apoyo técnico y financiero, revisar el Plan de Respuesta Coordinada de la UE y abordar la escasez de habilidades en ciberseguridad.

El informe incluye varias recomendaciones de políticas para mejorar la ciberseguridad en la Unión Europea:

1. Fortalecer el apoyo técnico y financiero: Se recomienda dar más apoyo técnico y financiero a las autoridades competentes y a las entidades dentro del alcance de la Directiva NIS2 para asegurar una implementación armonizada y coherente del marco de políticas de ciberseguridad de la UE.
2. Revisar el Plan de Respuesta Coordinada de la UE: Se sugiere revisar el Plan de Respuesta Coordinada a incidentes cibernéticos a gran escala, teniendo en cuenta los últimos desarrollos en políticas de ciberseguridad de la UE, para promover la armonización y optimización de la ciberseguridad y fortalecer las capacidades nacionales y de la UE.
3. Fortalecer la fuerza laboral cibernética de la UE: Implementar la Academia de Habilidades en Ciberseguridad, establecer un enfoque común de la UE para la formación en ciberseguridad, identificar necesidades futuras de habilidades y desarrollar un esquema de certificación europeo para habilidades en ciberseguridad.
4. Abordar la seguridad de la cadena de suministro: Realizar evaluaciones de riesgos coordinadas a nivel de la UE y desarrollar un marco de políticas horizontales para la seguridad de la cadena de suministro, enfocándose en los desafíos de ciberseguridad tanto del sector público como privado.
5. Promover un enfoque unificado: Construir sobre iniciativas políticas existentes y armonizar los esfuerzos nacionales para lograr un alto nivel común de concienciación en ciberseguridad e higiene cibernética entre profesionales y ciudadanos, independientemente de sus características demográficas.

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Los ataques masivos, como el incidente del día de año nuevo en Nueva Orleans (Estados Unidos), agitan la emoción pública y tienen consecuencias trágicas. Si bien las investigaciones sobre este caso tardaran algún tiempo, se sabe que hay cosas que las fuerzas del orden y la sociedad pueden hacer para mitigar y tal vez detener los eventos con víctimas masivas.

Así lo consideran Richard H. Donohue i John S. Hollywood que publicaron una investigación sobre evidencias de protección frente a ataques, así como un artículo en Rand. Por ejemplo, el atropello de un coche en Nueva Orleans causó la muerte de 14 personas, creó miedo e incertidumbre. Si bien es imposible decir si estos incidentes específicos se pudieron prevenir, existen formas de dificultar tales ataques.

En primer lugar, sabemos que la seguridad por capas funciona. Para completar un ataque con un alto número de fallecidos, un posible terrorista debe comprometerse con la violencia, planificar, adquirir armas y habilidades, completar los preparativos, llegar a la escena, atravesar el perímetro del lugar y las medidas de seguridad internas, y atacar a una multitud sin ser detenido rápidamente. Un enfoque basado en el sistema, o en capas, pone las probabilidades a favor de las fuerzas del orden, ya que el atacante debe tener suerte muchas veces para tener éxito, mientras que los defensores solo necesitarían tener éxito una vez.

Por lo tanto, los administradores de seguridad deben pensar sistémicamente sobre cómo se ven sus lugares y cómo funcionarán colectivamente las capas de seguridad. Los sistemas de control de acceso y entrada, incluidas las cerraduras de puertas externas e internas que funcionan, las ventanas aseguradas y los espacios de entrada seguros, como las rutas de entrada monitoreadas y los vestíbulos seguros, han ayudado a proteger contra los atacantes. La seguridad en el lugar de los hechos, así como los transeúntes conscientes y comprometidos, también han detenido muchos ataques. En particular, los transeúntes que derriban a los tiradores al suelo han sido muy eficaces para poner fin a los tiroteos masivos. Las estrategias de “Correr, Esconderse, Luchar” o, alternativamente, “Evitar, Negar, Defender”, han sido efectivas.

La detección temprana es una de las capas de defensa más importantes. En Nueva Orleans, no se reportaron pistas específicas antes del incidente en sí. Nuestra investigación muestra que cuando no hay una pista inicial, los ataques masivos tienen más posibilidades de completarse. Sin embargo, cuando hay amenazas directas, pistas, una investigación u otras investigaciones criminales, los intentos de tales ataques a menudo se ven frustrados, más del 80 por ciento de las veces.

Final del formulari

Es importante que el público conozca las señales clave de un posible complot de ataque masivo, especialmente cuando alguien muestra intenciones claras y serias de atacar, y ha tomado medidas concretas para hacerlo. Además, es fundamental que la gente sepa dónde denunciar las tramas sospechosas. Para los responsables de la formulación de políticas y los responsables de la elaboración de presupuestos, es crucial proporcionar formación y apoyo a los equipos de evaluación de amenazas que hacen un seguimiento de los consejos. Si bien es demasiado tarde para detener el ataque de la calle Bourbon, el atacante publicó videos que describen sus planes iniciales detallados para matar a su familia, su unión a la red terrorista del Estado Islámico y una última voluntad y testamento. Todos estos son ejemplos de preparativos concretos que podrían haber sido reportados a las autoridades antes del ataque.

Otras tecnologías emergentes ofrecen varias vías para detener o mitigar los daños de los ataques, ya sea que se utilicen para detectar y reportar señales de advertencia claras de complots antes de que se lancen o se integren para activar medidas de seguridad a las primeras señales de que un incidente puede estar por llegar.

En última instancia, sabemos que los ataques masivos continuarán. También sabemos que endurecer un objetivo puede llevar a un atacante potencial a buscar debilidades y oportunidades en otra ubicación. Sin embargo, confiamos en que los municipios, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el sector privado puedan unirse para detectar, disuadir y mitigar las amenazas a la población del terrorismo y otros actos de violencia selectiva.

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La reincidencia hace referencia al acto de reincidir después de salir de la prisión, en libertad condicional, o en régimen de semi libertad. Es un concepto muy importante en justicia penal, puesto que sirve de llave para evaluar la efectividad de los programas de rehabilitación, de políticas de sentencias y de instituciones penitenciarias.

Así se expresa un informe del EUCPN – European Crime Prevention Network –sobre la reducción de la reincidencia publicado recientemente.

El término alcanza varias formas de reincorporación al sistema de justicia penal, como por ejemplo ser detenido, condenado repetidamente o encarcelado de nuevo para cometer nuevos delitos o violar las condiciones de supervisión.

Las tasas de reincidencia se expresan a menudo como porcentajes durante un periodo específico, normalmente dentro de los dos o tres años posteriores al lanzamiento. Por ejemplo, si 50 de cada 100 personas liberadas reinciden en un periodo de tres años, la tasa de reincidencia seria del 50%.

En la Unión Europea, esta diversidad tanto en la definición de reincidencia como en los datos y los métodos de recogida es el motivo de la carencia de datos comparables sobre la reincidencia.

Una revisión sistemática del año 2020 sobre las tasas de reincidencia en todo el mundo demuestra, por ejemplo, que Dinamarca utiliza tasas de condena a seis meses, uno y dos años, mientras que Estonia y Francia miden la reincidencia hasta los cinco y seis años después de la liberación.

El resultado global es que los países de la UE, a grandes rasgos, tienen tasas de reincidencia a dos años entre el 30% y el 50%. Si a estas tasas de reincidencia añadimos el hecho que muchos autores reinciden no solo una vez, sino dos o más veces, llegamos rápidamente a la conclusión que la mayoría de crímenes son cometidos por un número relativamente reducido de reincidentes.

La investigación en Suecia, basada en los datos relativos a todos los delincuentes violentos desde el 1973 hasta el 2004 muestran que el 63% de todos los condenados en este periodo, cometieron un delito por parte de autores con tres o más condenas, un grupo que constituye el 1% de la población total, y una cuarta parte de toda la violencia delictiva.

Entender y abordar la reincidencia es crucial no solo para la seguridad pública sino también para reducir los costes sociales y económicos asociados al encarcelamiento reiterado.

La reducción de las tasas de reincidencia ayuda a aliviar la carga de las prisiones superpobladas y garantiza un uso más efectivo de los recursos del contribuyente.

Las altas tasas de reincidencia son a menudo citadas como evidencia de las carencias actuales de las prácticas de encarcelamiento. Varios estudios han demostrado que las penas de prisión, por sí mismas, no son eficaces para reducir la criminalidad y prevenir la reincidencia, o al menos no son más efectivas que las alternativas no privativas. Y lo que es más importante, los críticos argumentan que los enfoques punitivos, como por ejemplo las penas de prisión (largas), no abordan problemas subyacentes e incluso pueden agravar las tendencias criminales aislando a las personas y exponerlas a entornos criminogènics.

La prisión hace referencia al efecto negativo que las penas de prisión pueden tener sobre los presos, la salud mental y su comportamiento, incluida la criminalidad. Las mismas condiciones de vida en la prisión pueden tener un impacto negativo en la salud mental de los reclusos. También es probable que los internos pierdan sus redes de apoyo social a la vez que hay nuevos vínculos con los delincuentes susceptible de ser forjado. Las oportunidades posteriores a la liberación, sobre todo las oportunidades laborales, son reducidos por el solo hecho del encarcelamiento.

No toda la reincidencia, se puede explicar como consecuencia de la prisión. La reincidencia está influenciada por una serie de factores, tanto individuales como sistémicos. A nivel individual, factores como el abuso de sustancias, la carencia de educación, problemas de salud mental y limitación de las oportunidades laborales aumentan la probabilidad de reincidir.

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Hace pocos días se publicó el informe anual 2024 sobre amenazas en materia de ciberseguridad de Recorded Future, del Grupo Insikt. El informe analiza las tácticas, técnicas y procedimientos de los actores de amenaza y sus motivaciones a partir del 2024 con el objetivo de informar con datos sobre la gestión del riesgo cibernético y dar herramientas para la detección de amenazas.

A grandes rasgos sostiene que el panorama de la ciberseguridad el 2024 fue modelado por la resiliencia de las redes criminales y la complejidad creciente de las superficies de ataque empresarial a causa del uso creciente de productos SaaS, que en numerosos casos desembocó en accesos no autorizados a datos empresariales e institucionales a causa del aumento de credenciales robadas.

Y que las acciones para frenar las operaciones de ransomware tuvieron un impacto limitado como consecuencia que los delincuentes se fueron adaptando. Además, el informe ejemplifica como varios actores financiados por los estados utilizaron IA generativa para operaciones de información y creación de estados de opinión, especialmente durante las elecciones además de 70 países, para facilitar objetivos geopolíticos.

Las predicciones para el 2025 incluyen desarrolladores que utilizan IA para conseguir códigos más seguros, la posibilidad de fraudes en el mundo de las criptomonedas que podrían conducir a una desestabilización del mercado y nuevas amenazas como consecuencia de la implementación de la Inteligencia Artificial Generativa.

Conclusiones principales

La adopción creciente de SaaS (Software as a Service) amplifica el riesgo de las explotaciones de identidades, con credenciales robadas a las cuales se accede mediante software malicioso para robar información que causa daños importantes. Estas infecciones para robar información, a menudo dirigidas a dispositivos personales, obtuvieron más credenciales por infección que en años anteriores, aumentando el riesgo para los ecosistemas SaaS.

Los grupos de extorsión proliferan a pesar de la acción policial. Las acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad interrumpieron los principales grupos criminales de ransomware, pero los delincuentes se reorganizaron en grupos más pequeños, demostrando su resiliencia operativa.

La fabricación, la sanidad y la construcción fueron las industrias más atacadas por los grupos de ransomware, cosa que refleja patrones de orientación específicos por sectores estratégicos.

Los grupos criminales asociados a Irán, China y Rusia apuntaron a infraestructuras críticas civiles en ciberataques disruptivos, dando un paso más en los conflictos híbridos que dominan cada vez más las nuevas guerras contemporáneas. 

La IA generativa acelera la propagación de contenido no auténtico en un año electoral histórico. Las operaciones de influencia maligna patrocinadas por estados confían cada vez más en GenAI para elaborar y distribuir contenido engañoso para influir en las elecciones en todo el mundo.

Tácticas y técnicas disruptivas dificultan la detección. Los grupos criminales utilizan cada vez más herramientas de supervisión y gestión remota (RMM) para evadir la detección, impulsados por su eficiencia operativa. Las tácticas que implican la evasión de la defensa mostraron el mayor aumento, destacando una tendencia hacia estrategias que no implican escribir código al disco.

Predicciones por el 2025

Se espera una violación importante de la suplantación de la IA a las aplicaciones SaaS, y se revelarán nuevas intrusiones de APT chinos a la infraestructura crítica de los EE. UU.

Un incidente cibernético de alto impacto probablemente implicará macOS o software malicioso para móviles, y el fraude criptográfico dará lugar a un acontecimiento desestabilizador del mercado.

Los desarrolladores adoptarán la IA para hacer la transición al código nuevo, y los EE. UU. avanzarán hacia la armonización de la regulación cibernética.

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Las personas más jóvenes son más propensas a denunciar delitos cibernéticos que las personas mayores. A medida que las personas mayores pasan más tiempo en línea, esto puede ir cambiando. Si se exponen de manera similar, los factores de riesgo, como el aislamiento social o la mala salud, podrían hacer que los adultos mayores sean desproporcionadamente susceptibles. La encuesta que se practicó sobre este ámbito se hizo para explorar si los riesgos de la ciberdelincuencia y sus predictores, varían entre los grupos de edad.

La encuesta analizó las respuestas de 35.069 participantes de más de 16 años a la Encuesta de Criminalidad 2019/20 para Inglaterra y Gales (CSEW). Investigaron entre las personas que han utilizado internet el último año, los riesgos de sufrir cualquier delito cibernético, la victimización repetida y las pérdidas financieras asociadas a todos los grupos de edad.

A pesar de tener un menor riesgo de denunciar cualquier delito cibernético el último año, las personas de más de 75 años tenían más probabilidades de informar pérdidas financieras como resultado de la victimización por delitos cibernéticos y la victimización repetida de delitos cibernéticos que las personas más jóvenes.

Los hombres, los que pertenecen a grupos étnicos mixtas o negros, las zonas más desfavorecidas, los grupos profesionales gerenciales y con peor salud corrían un mayor riesgo de ciberdelincuencia.

Mientras que los adultos más jóvenes tienen un mayor riesgo de sufrir delitos cibernéticos, los adultos mayores rebelaron casos más graves – victimización repetitiva y pérdidas financieras asociadas -, quizás por una menor conciencia de las estafas y las opciones de denuncia.

A causa de que la mayoría de las personas experimentan un deterioro de la salud a medida que envejecen, una mayor comprensión de porque la mala salud predice el cibercrimen podría informar de iniciativas de prevención que beneficiarían particularmente los grupos de mayor edad y mitigarían los riesgos del creciente uso de internet entre los adultos mayores. Los profesionales de la salud y la asistencia social podrían estar bien posicionados para apoyar a la prevención.

Los delitos cibernéticos incluyen la piratería informática a través de métodos tecnológicos y la ingeniería social, en la cual se engaña a una víctima para que rebele la información necesaria para acceder a un dispositivo, red o programa, como a una aplicación bancaria o para transferir dinero electrónicamente.

La ingeniería social es un término amplio que incluye el fraude relacionado con las criptomonedas, el phishing y el festejo, y se produce en plataformas como el correo electrónico y las redes sociales. Es inherentemente discriminatorio, puesto que los atacantes adaptan su enfoque a las vulnerabilidades de las diferentes víctimas.

La encuesta descubre que los hombres son más propensos a sufrir victimización y reincidencia que las mujeres. Una explicación plausible es que los hombres, que se ha descubierto que asumen más riesgos que las mujeres en general, también pueden participar en comportamientos o actividades de más riesgo en línea, el que los hace más vulnerables a los malhechores.

Los adultos mayores también pueden ser menos capaces que los adultos más jóvenes de evitar la victimización repetida y las pérdidas financieras, y también pueden estar subestimando la victimización menos grave – que no implique reincidencia en delitos o pérdidas financieras-.

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Las ministras del interior y de las mujeres, conjuntamente con el vicepresidente de la Oficina de Investigación Federal –BKA) acaban de presentar el balance de los delitos contra las mujeres del año 2023[1].

Los datos más relevantes de este informe son:

• 938 chicas y mujeres víctimas de homicidio (tentativa y delito consumado incluidos), cifra que implica un 32,4% de todas las víctimas de delitos contra la vida. Un 80,6% de estas víctimas lo fueron en contexto de relaciones de pareja. En total 360 chicas y mujeres perdieron la vida a causa de homicidios consumados, es decir, casi un feminicidio al día.

• 52.330 chicas y mujeres fueron víctimas de delitos conra la libertad sexual (un 6,2% más que el año anterior). Más de la mitad eran menores de edad.

• 17.193 mujeres fueron víctimas de violencia digital, como el ciberacoso u otros delitos que, por ejemplo, se cometen en las redes sociales. El incremento es en este ámbito de un 25% en relación al año anterior.

• El 70,5% de las víctimas de violencia doméstica fueron chicas y mujeres, con un total de 180.715 víctimas (por 171.076 en 2022), muchas más en el contexto de relaciones de pareja (el 79,2% del total) que por violencia intrafamiliar (54% del total).

• 591 chicas y mujeres fueron víctimas de delitos de tráfico de seres humanos con finalidad de explotación sexual, un incremento de un 6,9% respeto el 2022. Un 31,5% de estas víctimas tenían una edad inferior a los 21 años.

• Los delitos contra las mujeres dentro del grupo de delitos con motivación política (delitos de odio contra las mujeres) creció un 56,3%, con 322 delitos en relación a los 206 del año 2022.

• La inmensa mayoría de víctimas y de autores de estos delitos eran de nacionalidad alemana. Únicamente en el caso de los delitos de tráfico de seres humanos, encontramos una mayoría de víctimas y autores de nacionalidades diferentes a la alemana.

El informe habla de varias causas de este incremento de la violencia contra las mujeres. Una de las causas expuestas es que la creciente emancipación de las mujeres puede suponer una amenaza para la posición social y profesional de muchos hombres. La reacción contra esta amenaza percibida puede ser la violencia. En este contexto, hay que tener en cuenta los mensajes de odio que se emiten por internet y que tienen una difusión notable.

Esta presencia en la red de los mensajes antifeministas puede hacer pensar a los contrarios a la igualdad de las mujeres que son una mayoría y hacer radicalizar su respuesta contra las mujeres. Esta realidad hace pensar que las campañas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres tienen que ir mucho más allá de las acciones policiales (que son necesarias) y ser capaces de influir de manera eficaz en la opinión pública, de forma que el proceso de equiparación social y profesional de las mujeres sea asumido como positivo y necesario.

En el ámbito puramente policial, el informe cree que hay que intensificar la lucha contra la feminofobia en la red, mejorar los resultados de la lucha contra la explotación sexual de muchas mujeres y continuar colaborando en la identificación de víctimas y autores de feminicidios a nivel internacional.

[1] Vid. BKA – Meldungen – Bundeslagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2023“

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Según el informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la tasa de victimización violenta en Norteamérica en 2023 fue de 22,5 delitos por cada 1.000 personas de edad igual o superior a los 12 años, una cifra similar a la del año 2022 (23,5).

Hay que tener en cuenta que en el capítulo de victimización violenta se incluyen la violación o agresión sexual, el robo, la agresión agravada y la agresión simple.

En las tres últimas décadas se ha vivido una disminución general de la tasa de violencia, desde 1993 (79,8 por 1.000 personas) hasta 2023 (22,5).

La tasa de victimización violenta excluyendo la agresión simple disminuyó para los hombres de 9,5 por cada 1.000 en 2022 a 6,9 por 1.000 en 2023, mientras que la tasa relativa a las mujeres no se modificó significativamente .

La tasa de violencia en el seno de la pareja (victimizaciones violentas que fueron cometidas por cónyuges, parejas actuales o parejas anteriores) disminuyó de 3,4 delitos por cada 1.000 personas de 12 o más años en 2022, a 2,2 por 1.000 personas en 2023.

En cuanto a los hogares estadounidenses, experimentaron 13,6 millones de victimizaciones en 2023. El número de propiedades victimizadas fue comparable a las de 2022, pero superiores a las 12,8 millones de 2019. Incluyen el delito contra la propiedad, robo o intrusión, robo de vehículos a motor y otros tipos de robo doméstico. De 2022 a 2023, la tasa de victimización de la propiedad en las zonas urbanas aumentó de 176,1 delitos por 1.000 hogares a 192,3 por 1.000 hogares.

La tasa de victimización violenta denunciada a la policía fue de 2022 a 2023 (10,1 por 1.000 personas) y supuso continuar con la tendencia general a la disminución de las cifras desde 1993, con el mayor dato jamás alcanzado (33,8 por 1.000).

Sin embargo, la tasa de 2023 fue superior a la del año 2020 (6,6 por 1.000) y 2021 (7,5 por 1.000), pero fue comparable a la de hace cinco años, en 2019. En 2023 se denunció a la policía un porcentaje de delitos de robos menor (42%) que en 2022 (64%).

El porcentaje de victimizaciones generales de delitos contra la propiedad denunciadas a la policía disminuyó del 32% en 2022 al 30% en 2023, debido, en parte, a una disminución en la denuncia de robos de vehículos a motor a la policía (del 81% al 72%).

El informe completo (Criminal Victimization, 2023, NCJ 309335, BJS, septiembre de 2024), con documentos relacionados e información adicional sobre la Oficina de Estadísticas de Justicia, está disponible en la web de BJS: bjs.ojp.gov.

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