Encuesta de seguridad pública de Cataluña: 10 apuntes

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2020 se realizó el trabajo de campo de la Encuesta de seguridad pública de Cataluña (ESPC) correspondiente a la edición de aquel año. Sobre una muestra estratificada en nueve ámbitos territoriales (nueve regiones policiales) y fijando cuotas cruzadas por sexo y edad, se realizaron un total de 7.900 entrevistas a catalanes y catalanas de 16 años y más. A continuación, se presenta una recopilación de los principales indicadores y conclusiones.

  1. Aumenta ligeramente el porcentaje de personas que han sufrido como mínimo un hecho considerado delictivo (+1.8). Este índice de victimización disminuye (-3.6) si eliminamos los engaños, fraudes y estafas.
  2. Disminuye ligeramente respecto a la edición anterior (1.7 en el año 2017 y 1.5 en 2020) el coeficiente de multivictimización, es decir, la media de hechos sufridos por cada víctima.
  3. Barcelona es la región policial con el índice de victimización más elevado (34.1%), seguida del Camp de Tarragona (27.7%), la Metropolitana Norte (27.5%) y Girona (26.9%). Las regiones policiales con más incremento son el Camp de Tarragona (+4.2), Girona (+3.9), las Comarcas Centrales (+3.1) y la Metropolitana Norte (+3). Las regiones policiales que experimentan mayor descenso de la victimización son las Terres de l’Ebre (-2.8) y Ponent (-2.6).
  4. La victimización delictiva por ámbitos pone de manifiesto un aumento significativo de los engaños, fraudes y estafas (+6.1). Un 13.8% de las personas encuestadas sufrieron como mínimo una estafa, fraude o engaño. El resto de ámbitos se mantienen estables o van a la baja, como los de proximidad contra el patrimonio, personas o vehículos, probablemente por los efectos de los meses de confinamiento sobre los hechos que recogen.
  5. El 32.5% de los hechos registrados son engaños, fraudes y estafas, 14.6 puntos más que en la edición de 2017. Los hechos relacionados con el vehículo caen 4 puntos y se sitúan en un 25.1% del total.
  6. El 66.3% de los engaños, fraudes y estafas fueron cometidos en línea, el 14.1% presencialmente y el 12.9% telefónicamente.
  7. La victimización se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres (27.9% y 27.3%, respectivamente); las mujeres son ligeramente más victimizadas en los grupos de edad más jóvenes (16 a 25 y 26 a 40 años) y los hombres, en los grupos de edad más avanzada (41 a 64 y 65 y más).
  8. Disminuye en 4.6 puntos el índice de denuncia. El 26% de los hechos considerados delictivos fueron denunciados firmando un documento ante la policía o el juzgado. Los ámbitos de la segunda residencia y el domicilio son los que presentan los mayores índices de denuncia (52.1% y 46%, respectivamente) y los engaños, fraudes y estafas, el más bajo (16.8%).
  9. La valoración del nivel de seguridad en el municipio consigue una media de 6.8 sobre 10, con una ligera disminución en relación con el 7.2 del año 2017. Hombres y mujeres obtienen medias muy similares. No obstante, cuando preguntamos a las personas encuestadas si han dejado de hacer cosas por miedo a ser víctimas de un delito, de entre las respuestas positivas (en torno al 32%), un 42.2% son mujeres y un 21.3%, hombres.
  10. La valoración de los cuerpos policiales (PG-ME y policías locales) vuelve a valores del año 2015 tras una edición, el año 2017, muy condicionada por los atentados del 17-A y los acontecimientos del 1-O. PG-ME y policías locales consiguen una valoración sobre 10 de 7.3 y 6.9 puntos, respectivamente.

Puede consultarse la presentación de resultados en el enlace Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2020.

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IOCTA 2021, el último informe sobre las amenazas cibernéticas más recientes

La digitalización acelerada relacionada con la pandemia de la COVID-19 ha influido significativamente en el desarrollo de una serie de amenazas cibernéticas, según explica la nueva edición de la Evaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet de Europol.

Los delincuentes han aprovechado rápidamente las actuales circunstancias para aumentar sus beneficios, extendiendo sus tentáculos a varias áreas y exponiendo vulnerabilidades, conectadas a sistemas, hospitales o individuos.

Si bien los grupos de programas de secuestro o ransomware se han aprovechado del teletrabajo generalizado, los estafadores han abusado de los temores a la COVID-19 y de la búsqueda infructuosa de cuidados en línea para estafar a las víctimas o acceder a sus cuentas bancarias.

El aumento de las compras en línea en general ha atraído más a los delincuentes. Con los niños que pasan mucho más tiempo conectados, especialmente durante los confinamientos, la elaboración y difusión de material explícito de producción propia han aumentado significativamente. La infraestructura gris, incluidos los servicios que ofrecen ciframiento de extremo a extremo, las VPN y las criptomonedas siguen facilitando y haciendo proliferar una amplia gama de actividades delictivas. Eso ha supuesto importantes retos para la investigación de las actividades delictivas y la protección de las víctimas de delitos.

Además de ampliar los esfuerzos para hacer frente a estas amenazas desde la perspectiva policial, es crucial añadir otro nivel de protección en términos de ciberseguridad. La implementación de medidas como la autenticación multifactorial y la gestión de vulnerabilidades son de máxima importancia para disminuir la posible exposición a las ciberamenazas. La concienciación y la prevención son componentes clave para reducir la eficacia de los ciberataques y otras actividades delictivas habilitadas por la cibernética.

Estas son las principales amenazas actuales:

• Los programas de afiliación de ransomware permiten a un grupo mayor de delincuentes atacar a grandes corporaciones e instituciones públicas y amenazarlas con métodos de extorsión de varias capas, como ataques DDoS.

• El software malicioso móvil evoluciona con los delincuentes que intentan eludir medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores.

Las compras por internet han provocado un fuerte aumento del fraude en línea.

• El material explícito autogenerado es una preocupación creciente y también se distribuye con ánimo de lucro.

• Los delincuentes siguen abusando de servicios legítimos como VPN, servicios de comunicación cifrados y criptomonedas.

Los grupos de software malicioso han utilizado la pandemia a su favor para lanzar ataques más sofisticados y dirigidos. Aunque parece que el ransomware distribuido masivamente está en declive, los grupos de cibercrimen optan por ataques manuales bien orquestados contra grandes corporaciones e instituciones gubernamentales.

La pandemia también ha facilitado el avance de otras amenazas, que ya estaban haciendo importantes intentos de penetrar en el ciberespacio. El software malicioso móvil y específicamente los troyanos bancarios también se han equipado con capacidades para interceptar mensajes de texto en dispositivos Android, comprometiendo los protocolos de seguridad de autenticación de dos factores.Una amenaza clave es la producción de material autogenerado, una tendencia alarmante, a la que también están expuestos los niños más pequeños. Atraídos por los delincuentes que utilizan identidades falsas en las plataformas de juegos y en las redes sociales, cada vez son más los menores que caen en la trampa de producir y compartir material explícito. La grabación sin el conocimiento de las víctimas y la posterior difusión de material sexual transmitido en directo es otra amenaza inquietante, denominada capping. Las redes peer-to-peer, de intercambio de igual a igual, siguen siendo un canal clave para el intercambio de material sobre maltrato infantil, junto con la web oscura.

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Europol: el mercado de la cocaína es cada vez más violento

El aumento en la diversificación del suministro en origen de cocaína ha provocado un incremento de la violencia, según se desprende del último informe sobre la cocaína de Europol-UNODC.

Las principales características del comercio de cocaína en Europa en la actualidad serían un mayor grado de violencia y un mercado más diverso y competitivo. El nuevo informe sobre esta droga describe la nueva dinámica del mercado de la cocaína, y concluye que representa una clara amenaza para la seguridad europea y mundial.

El informe se publicó como parte del programa de trabajo de CRIMJUST, fortalecimiento de la cooperación en materia de justicia penal a lo largo de las rutas de tráfico de drogas en el marco del Programa Mundial de Flujos Ilícitos de la Unión Europea.

La fragmentación del panorama criminal en los países de origen ha creado nuevas oportunidades para las redes criminales europeas para recibir un suministro directo de cocaína, eliminando así a los intermediarios. Esta nueva competencia en el mercado ha provocado un aumento de la oferta de cocaína y, en consecuencia, un incremento de la violencia, una tendencia detectada en la Evaluación de las amenazas del crimen organizado grave 2021 de Europol. Por ejemplo, las redes criminales de los Balcanes occidentales han establecido contactos directos con los productores y han conseguido un lugar destacado en el suministro mayorista de cocaína.

El informe pone de manifiesto la importancia de la intervención en origen, ya que este mercado está muy impulsado por la cadena de suministro. Fortalecer la cooperación y aumentar todavía más el intercambio de información entre las autoridades policiales aumentaría la eficacia de las investigaciones y la detección de envíos.

El informe pone de manifiesto la importancia de las investigaciones sobre blanqueo de capitales para rastrear los beneficios ilegales y la confiscación de ilícitos relacionados con actividades delictivas. Estas investigaciones financieras son el núcleo principal de la lucha contra el tráfico de cocaína, garantizando que las actividades delictivas no pagan.

Julia Viedma, jefa del departamento del centro operativo y de análisis de Europol, considera que el tráfico de cocaína es una de las preocupaciones clave de seguridad que afronta ahora mismo la UE. Cerca del 40% de los grupos criminales activos en Europa participan en el tráfico de drogas y el comercio de cocaína genera beneficios criminales de unos cuantos millones de euros. Comprender mejor los retos a los que se enfrenta la policía ayudará a combatir con más eficacia la amenaza violenta que las redes de tráfico de cocaína representan para los ciudadanos.

Chloé Carpentier, jefa de la sección de investigación sobre drogas en la UNODC, destaca que es probable que la dinámica actual de diversificación y proliferación de canales de suministro de cocaína, actores criminales y modalidades vaya en aumento, si este no se controla.

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Centroamérica, una epidemia de homicidios

En las últimas décadas, la historia de Centroamérica ha estado marcada por la violencia, llegando a una de las tasas de homicidio y criminalidad más altas del mundo. Según el último informe sobre homicidios publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), América, con tan solo el 13% de la población mundial, registró el 42% de todas las víctimas del mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, cuando en un país la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es superior a 10, se vive una verdadera epidemia de homicidios. A excepción de Costa Rica y Nicaragua, el resto de las naciones de Centroamérica sobrepasan este rango, particularmente las tres del llamado Triángulo Norte El Salvador, Honduras y Guatemala–, siendo especialmente altas las tasas de El Salvador, de 62,1 por cada 100.000 en 2017, aunque los últimos meses ha disminuido a 30, seguido de Honduras, de 41,7 por cada 100.000.

Estos países han pasado de la violencia política de la época de las guerras civiles en los años 80 a la violencia de la posguerra, ahora de tipo social, marcada por el surgimiento de nuevos y peligrosos actores, como son las maras y el crimen organizado. Se trata de delincuentes y criminales cuyas fines no son ideológicos o políticos, sino particulares o grupales, sobre todo económicos, en el caso del crimen organizado, e identitarios y sociales en el caso de las maras. Esta nueva delincuencia se ha ido extendiendo como una enfermedad por toda esta área hasta convertirla en una de las zonas más inseguras del mundo y es la raíz de los múltiples desplazamientos, tanto internos – 71.500 en El Salvador entre 2006 y 2016, y 174.000 en Honduras entre 2004 y 2014– como externos que se han producido en la última década, de una población que a menudo tiene como única salida la huida.

La violencia afecta indiscutiblemente a los tres países del Triángulo Norte, aunque no todos sufren los mismos problemas por igual, sino que hay matices. Guatemala tiene una economía creciente y el país se encuentra menos afectado por el fenómeno de las maras, aunque tiene más crimen organizado, su estado es más débil, hay más corrupción entre la clase política y los militares y policías están más penetrados por el crimen. Honduras se encuentra severamente afectada tanto por las maras como por el crimen organizado y tiene penetración criminal en policías y militares.

El Salvador tiene menos problemas políticos y hay poca penetración criminal en las instituciones de seguridad, pero en cambio es el país donde el problema de las maras es más grave y el que tiene más difícil el desarrollo de su economía.

En Centroamérica existían maras antes de las guerras civiles, pero el fenómeno como tal nació en los años 80 en Los Ángeles (EE. UU.), una ciudad entonces conocida como la meca de las pandillas que se convirtió en el destino preferido de muchas familias del Triángulo Norte que huían de la guerra y de las amenazas de grupos paramilitares.

Ante la situación que viven los países del Triángulo Norte, no es extraño que sus habitantes se vean en la necesidad de abandonarlos y buscar refugio en otras latitudes. Según una encuesta de 2019 de la Universidad Centroamericana de El Salvador, el 63,8% de los salvadoreños desearía marcharse del país, y una encuesta de la Red Jesuita también de 2019 en Honduras dice lo mismo del 42% de los hondureños.

Por último, y visto que hay tantos miembros de pandillas que quieren dejar las maras, pero no ven otro futuro posible, sería conveniente apoyar proyectos para la reinserción.

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Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial

Durante el año 2020, el riesgo de una pandemia mundial se hizo realidad. Según varias encuestas realizadas por gobiernos y empresas, los daños causados durante el último año son muy graves e importantes en todos los ámbitos de la sociedad.

Es en este contexto que se publica la 16.ª edición del Informe de riesgos globales 2021 del Foro Económico Mundial. El análisis se centra en los riesgos y las consecuencias de ampliar las desigualdades y la fragmentación social. En algunos casos, las disparidades en los resultados de la salud, la tecnología o las oportunidades de la mano de obra son el resultado directo de la dinámica creada por la pandemia. En otros, las divisiones sociales ya presentes se han ampliado y han debilitado las redes de seguridad y las estructuras económicas en exceso.

Habría que reducir las distancias actuales, dependiendo de las acciones realizadas a raíz de la pandemia de COVID-19 para reconstruir hacia un futuro inclusivo y accesible. La inacción sobre las desigualdades económicas y la división social pueden continuar con la acción contra el cambio climático, amenaza todavía existente para la humanidad.

Se manifiesta también una creciente fragmentación social a través de riesgos persistentes y emergentes, aumento del paro, ampliación de la grieta digital y desencanto entre los jóvenes, que puede tener graves consecuencias en una era de mala coyuntura económica y de riesgos ambientales, geopolíticos y tecnológicos.

El coste humano y económico inmediato de la pandemia de COVID-19 es muy grave. Amenaza con reducir los años de progreso y de disminución de la pobreza y la desigualdad, y para avanzar, debilitar la cohesión social y la cooperación global. Las interacciones y los cambios bruscos en los mercados podrían conducir a consecuencias terribles y oportunidades perdidas para gran parte de la población mundial. El malestar social, la fragmentación política y las tensiones geopolíticas configurarán la eficacia de nuestra respuesta a las otras amenazas clave de la próxima década: ciberataques, armas de destrucción masiva y, sobre todo, el cambio climático.

En el Informe de riesgo global 2021 se comparten los resultados de la última encuesta de percepción de riesgos globales, seguidos del análisis del crecimiento económico y social, divisiones industriales, sus interconexiones e implicaciones en nuestra capacidad para resolver los principales riesgos mundiales que requieren cohesión social y cooperación global.

El informe finaliza con propuestas de mejora, de resiliencia, extraída de las lecciones de la pandemia y del análisis de riesgos históricos.

Entre los riesgos con mayor probabilidad de los siguientes diez años se encuentran los meteorológicos extremos, el fracaso de la acción climática y los daños ambientales causados por los humanos, así como la desigualdad digital y el fracaso de la ciberseguridad.

Entre los riesgos de mayor impacto para la próxima década, el informe destaca las enfermedades infecciosas –sitúa a China en primer lugar–, seguidas del fracaso de la acción climática y de otros riesgos ambientales, y también las armas de destrucción masiva, crisis de subsistencia o crisis de deuda.

Por último, también incluyen crisis de empleo y medios de subsistencia, desencanto generalizado de los jóvenes, desigualdad digital, estancamiento económico, daños ambientales causados por el hombre, erosión de la cohesión social y ataques terroristas.

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Costa Rica, la seguridad en Centroamérica

Costa Rica está situada geográficamente en Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste con el océano Pacífico. Su extensión territorial es de 51.060 kilómetros cuadrados. A 1 de enero de 2019 su población era de poco más de 5 millones de habitantes.

La tasa de homicidios dolosos en Costa Rica por cada 100.000 habitantes mantiene la tendencia a la baja desde 2017, llegando al cierre de 2019 a una tasa del 11,2, la más baja del periodo, y más baja que la media de Latinoamérica, que es del 20,1.

La tasa de muertes violentas en el año 2018 fue del 11,7 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente la mitad que la de Latinoamérica. Durante el año 2018 hubo 586 muertes violentas, 16 menos que en 2017. Esta reducción es la primera en los últimos 6 años, ya que desde el año 2012 las muertes violentas en Costa Rica presentaban una tendencia al alza.

El 91% de las víctimas de muerte violenta en el año 2018 fueron hombres; a pesar de eso, la tasa de muertes violentas de mujeres se incrementó en 0,3 puntos en comparación con el año 2017. Las principales víctimas de muertes violentas son los hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. Del total de víctimas, el 41% fueron hombres entre estas edades.

En las provincias de San José y Limón sucedió la mayor cantidad de muertes violentas. Una de cada dos muertes violentas en el país fue cometida en estas dos provincias.

En 2018 fueron denunciadas 504 violaciones y abusos deshonestos. Estos delitos son los que representan una mayor reducción en comparación con el año 2017, con una disminución del 5%.

Aproximadamente 9 de cada 10 denuncias fueron realizadas por mujeres, y las principales víctimas tenían entre 15 y 17 años. La tasa de violaciones en este grupo de mujeres es 4 veces superior al resto de grupos de edad.

Los delitos contra la propiedad son los hechos más denunciados en Costa Rica. El principal delito contra la propiedad es el hurto, con un total de 18.489 registros en 2018, lo que supone el 31% del total.

En el caso de los hurtos, la mayoría se cometieron contra personas. Con todo, los hurtos en viviendas y de vehículos presentan un porcentaje mayor en comparación con los asaltos. Finalmente, los robos se dirigieron principalmente contra viviendas, seguidos de robos de vehículos.

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Luchar contra el tráfico de seres humanos en la era digital

Las modernas tecnologías de la comunicación –internet, las redes sociales y las aplicaciones móviles–han tenido un impacto significativo en la forma en que los grupos de delincuencia organizada participan en el ámbito internacional en el tráfico de seres humanos. Así lo recoge un reciente informe de Europol de octubre de 2020 sobre los retos de luchar contra el tráfico de seres humanos en la era digital.

La tecnología ha ampliado la capacidad de los criminales para traficar con personas en  diferentes tipos de explotación: explotación sexual y laboral, extracción de órganos, adopción ilegal de niños y matrimonios forzados.

Las ventajas del uso de la tecnología por parte de los traficantes incluyen un mayor anonimato, capacidad para participar en comunicaciones en tiempo real pero cifradas, posibilidad de llegar a un público más amplio (en términos de víctimas y clientes), movilidad geográfica y capacidad de controlar a las víctimas a distancia. Hoy en día la tecnología es utilizada por los traficantes en todas las fases de la explotación sexual, desde el reclutamiento y publicidad de las víctimas hasta hacerles chantaje con fotos y vídeos y controlando en todo momento sus movimientos. La gestión financiera del negocio criminal también se realiza a menudo en línea.

Según el informe de Europol, hay que destacar que el uso de la tecnología moderna significa que los traficantes de personas ya no necesitan estar cerca de sus víctimas para controlarlas. Tradicionalmente, el control sobre las víctimas implicaba violencia y restricción física del movimiento. Hoy, el control se puede ejercer a través de varias formas de chantaje (por ejemplo, amenazando con compartir fotos y vídeos de actos sexuales en línea), así como mediante formas virtuales de restricción de movimientos y supervisión en tiempo real (por ejemplo, GPS y cámaras de vídeo integradas en los teléfonos inteligentes y aplicaciones para compartir la ubicación).

 El uso de la tecnología moderna también ha influido enla estructura tradicional y la división de tareas dentro de las redes de tráfico. Los delincuentes han asumido roles centrales de habilidades por Internet, especialmente en las redes de tráfico implicadas en la explotación sexual.

En el contexto económico en el que nos encontramos derivado en gran parte de la crisis de la COVID-19, se podrían producir consecuencias peligrosas en el panorama del tráfico de personas. Los delincuentes podrían tener acceso a un grupo más amplio de individuos en situación de angustia económica y potencialmente cada vez más propensos a sufrirlo y a aceptar cualquier tipo de oportunidad laboral. Al mismo tiempo, aumenta la demanda de la mano de obra barata, que puede funcionar como factor de atracción y provocar un aumento potencial del tráfico de personas dentro de la Unión Europea.

Según el documento de Europol, los próximos años serán críticos en términos de identificación y consenso sobre los marcos legales y técnicos que pueden implementarse para actuar con eficacia contra el tráfico de seres humanos en la era digital.

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El Salvador considera la inseguridad como su principal problema

En El Salvador, hasta el año 2009, la población consideraba que el principal problema que había en el país era la situación económica. A partir de aquel año y hasta la actualidad, el principal problema es la delincuencia y la inseguridad. Los datos han sido obtenidos del Portal de Transparencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP/UCA) y el Latinobarómetro.

A pesar de las reducciones puntuales en materia de muertes violentas desde el año 2010, siguen siendo significativamente más elevadas que las registradas en Latinoamérica. El año 2018, la mayoría de las muertes violentas fueron hombres (88,4%) y el 44,3% de las víctimas de este delito fueron personas entre 18 y 29 años de edad.

En términos generales, entre 2017 y en 2018 se observa una reducción del 6% en la suma de los delitos, excluidas las muertes violentas. Los delitos que han aumentado en mayor cuantía son los robos de vehículo (+19,4%) y los hurtos de vehículo (+9,0%), seguidos del delito de secuestro (+6,7%). Los homicidios cometidos en automóvil o muertes por accidente de tráfico también aumentaron (+5,5%). Por otra parte, se observa una disminución de los delitos de hurto y robo de vehículos con mercancías (-16,7%), seguido por la disminución en robos (-13,6%) y en hurtos (-12%).

Con respecto a la victimización, en la medición del periodo 2001-2018, 2 de cada 10 salvadoreños fueron victimizados, aunque el año 2018 se observa una tasa sensiblemente menor, del 16,5%, la más baja desde el año 2005.

También hay que destacar que el año 2017, el 78,1% de las víctimas no presentaron denuncia a las autoridades correspondientes. Este dato subió al 80,5% el año 2018. Eso significa que únicamente 2 de cada 10 delitos llegan a ser registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) o los juzgados. Y, además, el año 2018 sólo un 35,4% de las personas entrevistadas declararon tener alguna confianza en la PNC.

Por otra parte, el porcentaje de personas que informan sentir miedo de andar solas cerca de donde viven ha disminuido levemente entre 2017 y 2018. Sobre todo ha disminuido para  las mujeres, que el año 2018 disminuyó un 3,1% respecto al 2017. Sin embargo, el total de delitos de feminicidio ha mostrado un incremento del 184,5% el año 2018 en comparación con el año 2013, año en que se empezó a tipificar este delito con la Ley especial integral por una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV).

En cuanto a la tipificación, se observa que el año 2015, el 59,4% de las muertes violentas de mujeres fueron tipificadas como feminicidios. El año 2017, lo fueron el 75,9% y en 2018, el 81,9%. Eso posiblemente esté vinculado a un aumento en la capacidad de tipificación adecuada de estos hechos violentos.

Con respecto a las prisiones, entre los años 2010 y 2016, el hacinamiento carcelario pasó del 202% al 378%. El Salvador tiene una de las tasas más altas de encarcelados del continente latinoamericano, con 609 por cada 100.000 habitantes el año 2018. En ese mismo año, la tasa media de América latina fue de 376 por cada 100.000 habitantes y, la mundial de, 145.

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El radicalismo de extrema derecha contamina los servicios de seguridad alemanes

Un informe de la agencia nacional de inteligencia alemana enumeró más de 1.400 casos en los que soldados, oficiales de policía y oficiales de inteligencia eran sospechosos de poder cometer acciones extremistas.

El informe es un primer intento de documentar el alcance de la infiltración de la extrema derecha en el seno de los servicios de seguridad. Y se produce cuando el número de casos de extremistas detectados en las fuerzas policiales y militares se ha multiplicado.

Decenas de agentes de policía han sido suspendidos por unirse a grupos de chats de extrema derecha y compartir propaganda neonazi. En junio de este año, el ministro de Defensa disolvió una compañía entera de fuerzas especiales de Alemania después de haber encontrado explosivos, una ametralladora y objetos de recuerdo de las SS en propiedad de un sargento mayor.

Horst Seehofer, el ministro del Interior alemán, insistió en que no había ningún problema estructural ya que la gran mayoría de personas que componen los servicios de seguridad son leales a la Constitución alemana. Consideró que se encuentran ante un número reducido de casos y que la inmensa mayoría de los empleados de las agencias de seguridad alemanas (más del 99%) “están firmemente arraigados a la Constitución”.

El informe de 98 páginas, que abarca un periodo que empieza en enero del año 2017, explica que el número real de extremistas era casi seguro superior al que se informó y advirtió que incluso un número relativamente reducido de oficiales altamente entrenados y radicalizados constituía un peligro importante para el Estado y para la sociedad. Identificar a los extremistas sigue siendo una alta prioridad para el servicio de seguridad, según el informe.

Durante años, políticos y jefes de seguridad alemanes rechazaron cualquier sugerencia de que en los servicios de seguridad se hubiera infiltrado la extrema derecha, reconociendo tan solo casos individuales. Pero el número de casos ha seguido aumentando desde que se recogieron los datos del informe.

El mes pasado, el jefe de la agencia de contrainteligencia militar, Christof Gramm, fue destituido porque la agencia de vigilancia había fallado repetidamente en su misión de supervisar y detectar el extremismo de las fuerzas armadas.

Haldenwang, jefe de la inteligencia nacional, cuya agencia se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y que se conoce como la Oficina para la Protección de la Constitución, ha advertido que el extremismo y el terrorismo de extrema derecha constituyen el mayor riesgo para la democracia alemana actual.

Durante los últimos 15 meses, Alemania ha sido testigo de tres atentados terroristas mortales por parte de radicales de extrema derecha: un político regional fue tiroteado en su porche, una sinagoga fue atacada y nueve personas de origen inmigrante fueron tiroteadas.

En septiembre de este año, el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia suspendió a 29 agentes de policía sospechosos de compartir imágenes de Hitler y propaganda neonazi violenta en grupos de chats en línea. La semana pasada, se comprobó que otro grupo, esta vez agentes de inteligencia encargados de controlar los radicalismos de extrema derecha, compartía vídeos xenófobos y antiislámicos.

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Mejoran los datos de seguridad ciudadana en la República Dominicana

El estudio de los datos de seguridad ciudadana se ha realizado con cifras oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana y las once instituciones que lo componen.

La tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes mantiene una fuerte tendencia a la baja, cerrando el periodo del año 2019 con una tasa de 9,9, la más baja de los últimos diez años, teniendo en cuenta que el año 2011 fue del 21,9. De este modo, los homicidios dolosos se han reducido un 60% entre 2011 y 2019.

Con respecto al homicidio, cuando la víctima es una mujer, se han reducido numéricamente de 233 el año 2011 a 145 en 2019, pero porcentualmente han aumentado del 9,3% en 2011 hasta el 14,1% en 2019.

Sobre los homicidios, hay que destacar su estacionalidad, ya que casi todos se producen en los meses de verano o en diciembre, y, además, dos tercios de los homicidios dolosos tuvieron lugar en el ámbito de la convivencia: discusiones, peleas, violencia intrafamiliar, etc.

En cuanto a la distribución por edad y sexo, la mayoría de las víctimas, el 42%, fueron jóvenes entre 20 y 34 años, y el 86% fueron hombres.

El estudio también informa del uso del arma de fuego, responsable de una gran proporción de los homicidios dolosos. El uso de estas armas se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años, bajando del 67% el año 2015 hasta el 49% de 2018. Igualmente sucede con los heridos por arma de fuego, que se reducen de 2.542 el año 2017 a 2.145 en 2018.

También se producen registros positivos en el capítulo de muertes producidas por accidentes de tráfico, que históricamente han sido la causa principal de muerte violenta en el país. Así, el año 2018 hubo 1.588 muertes, y 1.418 en 2019. Varios estudios concluyen que los fines de semana son los momentos más proclives a los accidentes mortales, así como la franja horaria que va de las 18.00 a las 23.59 horas, que agrupan el 28% de los casos. Finalmente, hay que decir que las motocicletas estuvieron involucradas en el 68% de los accidentes mortales.

Con respecto al robo de vehículos a motor, el año 2018 se denunció el robo de 6.145 vehículos. Es uno de los pocos indicadores que incrementa año tras año, ya que en 2016 fueron 5.455 los vehículos denunciados por robo y el año 2017, 5.970.

El estudio también informa sobre los suicidios, ya que es de los pocos indicadores que aumenta cuantitativamente. La República Dominicana ha pasado de 557 suicidios el año 2014 a 571 el año 2016, y 648 en 2018, con una tasa de 7,0 casos por cada 100.000 habitantes. El 84% de las víctimas eran de sexo masculino.

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