Centroamérica, una epidemia de homicidios

En las últimas décadas, la historia de Centroamérica ha estado marcada por la violencia, llegando a una de las tasas de homicidio y criminalidad más altas del mundo. Según el último informe sobre homicidios publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), América, con tan solo el 13% de la población mundial, registró el 42% de todas las víctimas del mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, cuando en un país la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es superior a 10, se vive una verdadera epidemia de homicidios. A excepción de Costa Rica y Nicaragua, el resto de las naciones de Centroamérica sobrepasan este rango, particularmente las tres del llamado Triángulo Norte El Salvador, Honduras y Guatemala–, siendo especialmente altas las tasas de El Salvador, de 62,1 por cada 100.000 en 2017, aunque los últimos meses ha disminuido a 30, seguido de Honduras, de 41,7 por cada 100.000.

Estos países han pasado de la violencia política de la época de las guerras civiles en los años 80 a la violencia de la posguerra, ahora de tipo social, marcada por el surgimiento de nuevos y peligrosos actores, como son las maras y el crimen organizado. Se trata de delincuentes y criminales cuyas fines no son ideológicos o políticos, sino particulares o grupales, sobre todo económicos, en el caso del crimen organizado, e identitarios y sociales en el caso de las maras. Esta nueva delincuencia se ha ido extendiendo como una enfermedad por toda esta área hasta convertirla en una de las zonas más inseguras del mundo y es la raíz de los múltiples desplazamientos, tanto internos – 71.500 en El Salvador entre 2006 y 2016, y 174.000 en Honduras entre 2004 y 2014– como externos que se han producido en la última década, de una población que a menudo tiene como única salida la huida.

La violencia afecta indiscutiblemente a los tres países del Triángulo Norte, aunque no todos sufren los mismos problemas por igual, sino que hay matices. Guatemala tiene una economía creciente y el país se encuentra menos afectado por el fenómeno de las maras, aunque tiene más crimen organizado, su estado es más débil, hay más corrupción entre la clase política y los militares y policías están más penetrados por el crimen. Honduras se encuentra severamente afectada tanto por las maras como por el crimen organizado y tiene penetración criminal en policías y militares.

El Salvador tiene menos problemas políticos y hay poca penetración criminal en las instituciones de seguridad, pero en cambio es el país donde el problema de las maras es más grave y el que tiene más difícil el desarrollo de su economía.

En Centroamérica existían maras antes de las guerras civiles, pero el fenómeno como tal nació en los años 80 en Los Ángeles (EE. UU.), una ciudad entonces conocida como la meca de las pandillas que se convirtió en el destino preferido de muchas familias del Triángulo Norte que huían de la guerra y de las amenazas de grupos paramilitares.

Ante la situación que viven los países del Triángulo Norte, no es extraño que sus habitantes se vean en la necesidad de abandonarlos y buscar refugio en otras latitudes. Según una encuesta de 2019 de la Universidad Centroamericana de El Salvador, el 63,8% de los salvadoreños desearía marcharse del país, y una encuesta de la Red Jesuita también de 2019 en Honduras dice lo mismo del 42% de los hondureños.

Por último, y visto que hay tantos miembros de pandillas que quieren dejar las maras, pero no ven otro futuro posible, sería conveniente apoyar proyectos para la reinserción.

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Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial

Durante el año 2020, el riesgo de una pandemia mundial se hizo realidad. Según varias encuestas realizadas por gobiernos y empresas, los daños causados durante el último año son muy graves e importantes en todos los ámbitos de la sociedad.

Es en este contexto que se publica la 16.ª edición del Informe de riesgos globales 2021 del Foro Económico Mundial. El análisis se centra en los riesgos y las consecuencias de ampliar las desigualdades y la fragmentación social. En algunos casos, las disparidades en los resultados de la salud, la tecnología o las oportunidades de la mano de obra son el resultado directo de la dinámica creada por la pandemia. En otros, las divisiones sociales ya presentes se han ampliado y han debilitado las redes de seguridad y las estructuras económicas en exceso.

Habría que reducir las distancias actuales, dependiendo de las acciones realizadas a raíz de la pandemia de COVID-19 para reconstruir hacia un futuro inclusivo y accesible. La inacción sobre las desigualdades económicas y la división social pueden continuar con la acción contra el cambio climático, amenaza todavía existente para la humanidad.

Se manifiesta también una creciente fragmentación social a través de riesgos persistentes y emergentes, aumento del paro, ampliación de la grieta digital y desencanto entre los jóvenes, que puede tener graves consecuencias en una era de mala coyuntura económica y de riesgos ambientales, geopolíticos y tecnológicos.

El coste humano y económico inmediato de la pandemia de COVID-19 es muy grave. Amenaza con reducir los años de progreso y de disminución de la pobreza y la desigualdad, y para avanzar, debilitar la cohesión social y la cooperación global. Las interacciones y los cambios bruscos en los mercados podrían conducir a consecuencias terribles y oportunidades perdidas para gran parte de la población mundial. El malestar social, la fragmentación política y las tensiones geopolíticas configurarán la eficacia de nuestra respuesta a las otras amenazas clave de la próxima década: ciberataques, armas de destrucción masiva y, sobre todo, el cambio climático.

En el Informe de riesgo global 2021 se comparten los resultados de la última encuesta de percepción de riesgos globales, seguidos del análisis del crecimiento económico y social, divisiones industriales, sus interconexiones e implicaciones en nuestra capacidad para resolver los principales riesgos mundiales que requieren cohesión social y cooperación global.

El informe finaliza con propuestas de mejora, de resiliencia, extraída de las lecciones de la pandemia y del análisis de riesgos históricos.

Entre los riesgos con mayor probabilidad de los siguientes diez años se encuentran los meteorológicos extremos, el fracaso de la acción climática y los daños ambientales causados por los humanos, así como la desigualdad digital y el fracaso de la ciberseguridad.

Entre los riesgos de mayor impacto para la próxima década, el informe destaca las enfermedades infecciosas –sitúa a China en primer lugar–, seguidas del fracaso de la acción climática y de otros riesgos ambientales, y también las armas de destrucción masiva, crisis de subsistencia o crisis de deuda.

Por último, también incluyen crisis de empleo y medios de subsistencia, desencanto generalizado de los jóvenes, desigualdad digital, estancamiento económico, daños ambientales causados por el hombre, erosión de la cohesión social y ataques terroristas.

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Costa Rica, la seguridad en Centroamérica

Costa Rica está situada geográficamente en Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste con el océano Pacífico. Su extensión territorial es de 51.060 kilómetros cuadrados. A 1 de enero de 2019 su población era de poco más de 5 millones de habitantes.

La tasa de homicidios dolosos en Costa Rica por cada 100.000 habitantes mantiene la tendencia a la baja desde 2017, llegando al cierre de 2019 a una tasa del 11,2, la más baja del periodo, y más baja que la media de Latinoamérica, que es del 20,1.

La tasa de muertes violentas en el año 2018 fue del 11,7 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente la mitad que la de Latinoamérica. Durante el año 2018 hubo 586 muertes violentas, 16 menos que en 2017. Esta reducción es la primera en los últimos 6 años, ya que desde el año 2012 las muertes violentas en Costa Rica presentaban una tendencia al alza.

El 91% de las víctimas de muerte violenta en el año 2018 fueron hombres; a pesar de eso, la tasa de muertes violentas de mujeres se incrementó en 0,3 puntos en comparación con el año 2017. Las principales víctimas de muertes violentas son los hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. Del total de víctimas, el 41% fueron hombres entre estas edades.

En las provincias de San José y Limón sucedió la mayor cantidad de muertes violentas. Una de cada dos muertes violentas en el país fue cometida en estas dos provincias.

En 2018 fueron denunciadas 504 violaciones y abusos deshonestos. Estos delitos son los que representan una mayor reducción en comparación con el año 2017, con una disminución del 5%.

Aproximadamente 9 de cada 10 denuncias fueron realizadas por mujeres, y las principales víctimas tenían entre 15 y 17 años. La tasa de violaciones en este grupo de mujeres es 4 veces superior al resto de grupos de edad.

Los delitos contra la propiedad son los hechos más denunciados en Costa Rica. El principal delito contra la propiedad es el hurto, con un total de 18.489 registros en 2018, lo que supone el 31% del total.

En el caso de los hurtos, la mayoría se cometieron contra personas. Con todo, los hurtos en viviendas y de vehículos presentan un porcentaje mayor en comparación con los asaltos. Finalmente, los robos se dirigieron principalmente contra viviendas, seguidos de robos de vehículos.

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Luchar contra el tráfico de seres humanos en la era digital

Las modernas tecnologías de la comunicación –internet, las redes sociales y las aplicaciones móviles–han tenido un impacto significativo en la forma en que los grupos de delincuencia organizada participan en el ámbito internacional en el tráfico de seres humanos. Así lo recoge un reciente informe de Europol de octubre de 2020 sobre los retos de luchar contra el tráfico de seres humanos en la era digital.

La tecnología ha ampliado la capacidad de los criminales para traficar con personas en  diferentes tipos de explotación: explotación sexual y laboral, extracción de órganos, adopción ilegal de niños y matrimonios forzados.

Las ventajas del uso de la tecnología por parte de los traficantes incluyen un mayor anonimato, capacidad para participar en comunicaciones en tiempo real pero cifradas, posibilidad de llegar a un público más amplio (en términos de víctimas y clientes), movilidad geográfica y capacidad de controlar a las víctimas a distancia. Hoy en día la tecnología es utilizada por los traficantes en todas las fases de la explotación sexual, desde el reclutamiento y publicidad de las víctimas hasta hacerles chantaje con fotos y vídeos y controlando en todo momento sus movimientos. La gestión financiera del negocio criminal también se realiza a menudo en línea.

Según el informe de Europol, hay que destacar que el uso de la tecnología moderna significa que los traficantes de personas ya no necesitan estar cerca de sus víctimas para controlarlas. Tradicionalmente, el control sobre las víctimas implicaba violencia y restricción física del movimiento. Hoy, el control se puede ejercer a través de varias formas de chantaje (por ejemplo, amenazando con compartir fotos y vídeos de actos sexuales en línea), así como mediante formas virtuales de restricción de movimientos y supervisión en tiempo real (por ejemplo, GPS y cámaras de vídeo integradas en los teléfonos inteligentes y aplicaciones para compartir la ubicación).

 El uso de la tecnología moderna también ha influido enla estructura tradicional y la división de tareas dentro de las redes de tráfico. Los delincuentes han asumido roles centrales de habilidades por Internet, especialmente en las redes de tráfico implicadas en la explotación sexual.

En el contexto económico en el que nos encontramos derivado en gran parte de la crisis de la COVID-19, se podrían producir consecuencias peligrosas en el panorama del tráfico de personas. Los delincuentes podrían tener acceso a un grupo más amplio de individuos en situación de angustia económica y potencialmente cada vez más propensos a sufrirlo y a aceptar cualquier tipo de oportunidad laboral. Al mismo tiempo, aumenta la demanda de la mano de obra barata, que puede funcionar como factor de atracción y provocar un aumento potencial del tráfico de personas dentro de la Unión Europea.

Según el documento de Europol, los próximos años serán críticos en términos de identificación y consenso sobre los marcos legales y técnicos que pueden implementarse para actuar con eficacia contra el tráfico de seres humanos en la era digital.

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El Salvador considera la inseguridad como su principal problema

En El Salvador, hasta el año 2009, la población consideraba que el principal problema que había en el país era la situación económica. A partir de aquel año y hasta la actualidad, el principal problema es la delincuencia y la inseguridad. Los datos han sido obtenidos del Portal de Transparencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP/UCA) y el Latinobarómetro.

A pesar de las reducciones puntuales en materia de muertes violentas desde el año 2010, siguen siendo significativamente más elevadas que las registradas en Latinoamérica. El año 2018, la mayoría de las muertes violentas fueron hombres (88,4%) y el 44,3% de las víctimas de este delito fueron personas entre 18 y 29 años de edad.

En términos generales, entre 2017 y en 2018 se observa una reducción del 6% en la suma de los delitos, excluidas las muertes violentas. Los delitos que han aumentado en mayor cuantía son los robos de vehículo (+19,4%) y los hurtos de vehículo (+9,0%), seguidos del delito de secuestro (+6,7%). Los homicidios cometidos en automóvil o muertes por accidente de tráfico también aumentaron (+5,5%). Por otra parte, se observa una disminución de los delitos de hurto y robo de vehículos con mercancías (-16,7%), seguido por la disminución en robos (-13,6%) y en hurtos (-12%).

Con respecto a la victimización, en la medición del periodo 2001-2018, 2 de cada 10 salvadoreños fueron victimizados, aunque el año 2018 se observa una tasa sensiblemente menor, del 16,5%, la más baja desde el año 2005.

También hay que destacar que el año 2017, el 78,1% de las víctimas no presentaron denuncia a las autoridades correspondientes. Este dato subió al 80,5% el año 2018. Eso significa que únicamente 2 de cada 10 delitos llegan a ser registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) o los juzgados. Y, además, el año 2018 sólo un 35,4% de las personas entrevistadas declararon tener alguna confianza en la PNC.

Por otra parte, el porcentaje de personas que informan sentir miedo de andar solas cerca de donde viven ha disminuido levemente entre 2017 y 2018. Sobre todo ha disminuido para  las mujeres, que el año 2018 disminuyó un 3,1% respecto al 2017. Sin embargo, el total de delitos de feminicidio ha mostrado un incremento del 184,5% el año 2018 en comparación con el año 2013, año en que se empezó a tipificar este delito con la Ley especial integral por una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV).

En cuanto a la tipificación, se observa que el año 2015, el 59,4% de las muertes violentas de mujeres fueron tipificadas como feminicidios. El año 2017, lo fueron el 75,9% y en 2018, el 81,9%. Eso posiblemente esté vinculado a un aumento en la capacidad de tipificación adecuada de estos hechos violentos.

Con respecto a las prisiones, entre los años 2010 y 2016, el hacinamiento carcelario pasó del 202% al 378%. El Salvador tiene una de las tasas más altas de encarcelados del continente latinoamericano, con 609 por cada 100.000 habitantes el año 2018. En ese mismo año, la tasa media de América latina fue de 376 por cada 100.000 habitantes y, la mundial de, 145.

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El radicalismo de extrema derecha contamina los servicios de seguridad alemanes

Un informe de la agencia nacional de inteligencia alemana enumeró más de 1.400 casos en los que soldados, oficiales de policía y oficiales de inteligencia eran sospechosos de poder cometer acciones extremistas.

El informe es un primer intento de documentar el alcance de la infiltración de la extrema derecha en el seno de los servicios de seguridad. Y se produce cuando el número de casos de extremistas detectados en las fuerzas policiales y militares se ha multiplicado.

Decenas de agentes de policía han sido suspendidos por unirse a grupos de chats de extrema derecha y compartir propaganda neonazi. En junio de este año, el ministro de Defensa disolvió una compañía entera de fuerzas especiales de Alemania después de haber encontrado explosivos, una ametralladora y objetos de recuerdo de las SS en propiedad de un sargento mayor.

Horst Seehofer, el ministro del Interior alemán, insistió en que no había ningún problema estructural ya que la gran mayoría de personas que componen los servicios de seguridad son leales a la Constitución alemana. Consideró que se encuentran ante un número reducido de casos y que la inmensa mayoría de los empleados de las agencias de seguridad alemanas (más del 99%) “están firmemente arraigados a la Constitución”.

El informe de 98 páginas, que abarca un periodo que empieza en enero del año 2017, explica que el número real de extremistas era casi seguro superior al que se informó y advirtió que incluso un número relativamente reducido de oficiales altamente entrenados y radicalizados constituía un peligro importante para el Estado y para la sociedad. Identificar a los extremistas sigue siendo una alta prioridad para el servicio de seguridad, según el informe.

Durante años, políticos y jefes de seguridad alemanes rechazaron cualquier sugerencia de que en los servicios de seguridad se hubiera infiltrado la extrema derecha, reconociendo tan solo casos individuales. Pero el número de casos ha seguido aumentando desde que se recogieron los datos del informe.

El mes pasado, el jefe de la agencia de contrainteligencia militar, Christof Gramm, fue destituido porque la agencia de vigilancia había fallado repetidamente en su misión de supervisar y detectar el extremismo de las fuerzas armadas.

Haldenwang, jefe de la inteligencia nacional, cuya agencia se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y que se conoce como la Oficina para la Protección de la Constitución, ha advertido que el extremismo y el terrorismo de extrema derecha constituyen el mayor riesgo para la democracia alemana actual.

Durante los últimos 15 meses, Alemania ha sido testigo de tres atentados terroristas mortales por parte de radicales de extrema derecha: un político regional fue tiroteado en su porche, una sinagoga fue atacada y nueve personas de origen inmigrante fueron tiroteadas.

En septiembre de este año, el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia suspendió a 29 agentes de policía sospechosos de compartir imágenes de Hitler y propaganda neonazi violenta en grupos de chats en línea. La semana pasada, se comprobó que otro grupo, esta vez agentes de inteligencia encargados de controlar los radicalismos de extrema derecha, compartía vídeos xenófobos y antiislámicos.

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Mejoran los datos de seguridad ciudadana en la República Dominicana

El estudio de los datos de seguridad ciudadana se ha realizado con cifras oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana y las once instituciones que lo componen.

La tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes mantiene una fuerte tendencia a la baja, cerrando el periodo del año 2019 con una tasa de 9,9, la más baja de los últimos diez años, teniendo en cuenta que el año 2011 fue del 21,9. De este modo, los homicidios dolosos se han reducido un 60% entre 2011 y 2019.

Con respecto al homicidio, cuando la víctima es una mujer, se han reducido numéricamente de 233 el año 2011 a 145 en 2019, pero porcentualmente han aumentado del 9,3% en 2011 hasta el 14,1% en 2019.

Sobre los homicidios, hay que destacar su estacionalidad, ya que casi todos se producen en los meses de verano o en diciembre, y, además, dos tercios de los homicidios dolosos tuvieron lugar en el ámbito de la convivencia: discusiones, peleas, violencia intrafamiliar, etc.

En cuanto a la distribución por edad y sexo, la mayoría de las víctimas, el 42%, fueron jóvenes entre 20 y 34 años, y el 86% fueron hombres.

El estudio también informa del uso del arma de fuego, responsable de una gran proporción de los homicidios dolosos. El uso de estas armas se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años, bajando del 67% el año 2015 hasta el 49% de 2018. Igualmente sucede con los heridos por arma de fuego, que se reducen de 2.542 el año 2017 a 2.145 en 2018.

También se producen registros positivos en el capítulo de muertes producidas por accidentes de tráfico, que históricamente han sido la causa principal de muerte violenta en el país. Así, el año 2018 hubo 1.588 muertes, y 1.418 en 2019. Varios estudios concluyen que los fines de semana son los momentos más proclives a los accidentes mortales, así como la franja horaria que va de las 18.00 a las 23.59 horas, que agrupan el 28% de los casos. Finalmente, hay que decir que las motocicletas estuvieron involucradas en el 68% de los accidentes mortales.

Con respecto al robo de vehículos a motor, el año 2018 se denunció el robo de 6.145 vehículos. Es uno de los pocos indicadores que incrementa año tras año, ya que en 2016 fueron 5.455 los vehículos denunciados por robo y el año 2017, 5.970.

El estudio también informa sobre los suicidios, ya que es de los pocos indicadores que aumenta cuantitativamente. La República Dominicana ha pasado de 557 suicidios el año 2014 a 571 el año 2016, y 648 en 2018, con una tasa de 7,0 casos por cada 100.000 habitantes. El 84% de las víctimas eran de sexo masculino.

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Situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea 2020

Europol ha publicado el informe (TE-SAT) 2020, que proporciona una visión general de los incidentes y desarrollos con respecto al terrorismo en la Unión Europea el año 2019.

Diez personas murieron a consecuencia de ataques terroristas en la UE y 27 resultaron heridas. Todas las muertes y las 26 personas heridas fueron el resultado de ataques yihadistas. Sólo una persona resultó herida en un ataque terrorista proveniente de sectores de la ultraderecha. Además de estos ataques terroristas, Alemania denunció dos ataques extremistas violentos importantes que mataron a tres personas e hirieron a varias más. Fuera de la UE, 17 civiles de los estados miembros de la UE murieron en un ataque terrorista (en Sri Lanka el 21 de abril de 2019).

El año 2019, 1.004 personas fueron arrestadas como sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo en 19 estados miembros de la Unión Europea, en países como Bélgica, Francia, Italia, España y el Reino Unido, que son los que registraron las cifras más elevadas. El número global de detenidos disminuyó ligeramente por segundo año consecutivo, pero las cifras muestran que el terrorismo se mantiene geográficamente extendido en toda la UE.

Los estados miembros de la Unión Europea informaron de que las personas encarceladas por delitos terroristas y los presos que se radicalizan en la prisión representan una amenaza tanto durante el encarcelamiento como tras la liberación. En 2019, el ataque fallido del 5 de marzo a una prisión francesa, el ataque frustrado del 23 de julio contra los guardias de prisiones en Francia y el ataque del 29 de noviembre en Londres de un prisionero puesto en libertad recientemente son indicativos de la amenaza. Francia informó de que más de 500 condenados terroristas viven en las prisiones francesas junto con 900 individuos radicalizados. Entre mediados de 2018 y finales de 2019, se frustraron un total de cuatro ataques a las prisiones francesas.

El número total de incidentes relacionados con el yihadismo en la UE disminuyó ligeramente (21 en 2019 y 24 en 2018), pero siguió estando geográficamente extendido. Ocho estados miembros de la UE sufrieron ataques terroristas yihadistas consumados, fracasados o frustrados, el mismo número que el año 2018.

Como en años anteriores, los ataques especificados como terrorismo etnonacionalista  representaron la proporción mayor (57 de 119) de todos los ataques terroristas. Su número disminuyó en comparación con el año 2018 (83).

En 2019, casi la mitad de todos los ataques que inspiró el yihadismo comportaron el uso de explosivos. Los terroristas tenían como objetivo principal atentar contra civiles y lugares de concentración masiva. Todos los atentados yihadistas fracasaron o fueron frustrados por las autoridades.

En la Unión Europea, hay pocas evidencias de un nexo sistemático entre la delincuencia y el terrorismo. Los delincuentes y los terroristas conviven en determinadas zonas marginadas, dentro de las mismas estructuras familiares o en la prisión, permitiendo así contactos y cooperación basada en transacciones. No obstante, se observa que los criminales desconfían de los sospechosos de terrorismo que llaman la atención sobre sus actividades. Los delincuentes cualificados son atractivos reclutas para los grupos terroristas.

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La pandemia de COVID-19 ha intensificado la ciberdelincuencia

Este mes de octubre se ha publicado el informe de ciberdelincuencia 2020 de Europol, que actualiza las últimas tendencias y el impacto actual de la ciberdelincuencia en la Unión Europea y en el resto del mundo.

La pandemia mundial de COVID-19 que afectó a todos los rincones del mundo nos obligó a reimaginar nuestras sociedades y a reinventar nuestra manera de trabajar y de vivir. Durante el bloqueo, recurrimos a internet para obtener una sensación de normalidad: comprar, trabajar y aprender online a una escala nunca vista hasta ahora. Y lo aprovecharon los ciberdelincuentes con muchas tipologías de delitos.

El phishing sigue siendo una amenaza efectiva. Los delincuentes utilizan métodos innovadores para aumentar el volumen y la sofisticación de sus ataques. Los delincuentes explotaron rápidamente la pandemia para atacar a personas vulnerables; el phishing, las estafas online y la difusión de noticias falsas se convirtieron en una estrategia ideal para los ciberdelincuentes, que también quieren vender artículos que afirman que prevendrán o cuidarán la COVID-19.

El cifrado sigue siendo una característica clara de un número creciente de servicios y herramientas. Uno de los principales retos para las fuerzas del orden es cómo acceder y recoger datos relevantes para investigaciones penales.

Los ataques de ransomware se han vuelto más sofisticados, dirigidos a organizaciones específicas del sector público y privado mediante el reconocimiento de víctimas. Aunque la pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento de la ciberdelincuencia, los ataques de ransomwarese dirigieron a la industria sanitaria mucho antes de la crisis. Además, los delincuentes han incluido otra capa a sus ataques de ransomware, amenazando con subastar los datos obtenidos, aumentando la presión sobre las víctimas para pagar el rescate.

Las principales amenazas relacionadas con la explotación online de abuso infantil se han mantenido estables los últimos años, aunque la detección de material de abuso sexual infantil online experimentó un fuerte repunte en el momento más álgido de la crisis de la COVID-19. Los delincuentes siguen utilizando varias maneras de esconder este crimen horroroso, como redes P2P y aplicaciones de comunicaciones cifradas.

La transmisión en directo de abuso infantil sigue aumentando y se vuelve todavía más popular que habitualmente durante la crisis de la COVID-19, cuando las restricciones de movilidad evitaron que los infractores pudieran abusar físicamente de los niños. En algunos casos, se utilizan aplicaciones de chats de vídeo en los sistemas de pago, lo que se convierte en uno de los retos principales para las fuerzas del orden, porque este material no se graba.

El intercambio de SIM, que permite a los autores hacerse cargo de las cuentas, es una de las nuevas tendencias de este año. Los delincuentes intercambian de manera fraudulenta las SIM de las víctimas por una de las suyas, para interceptar el paso único de contraseñas del proceso de autenticación.

El año 2019 y principios de 2020 hubo un alto nivel de volatilidad en la web oscura. El ciclo de vida del mercado de la web oscura se ha reducido y no hay un mercado dominante claro que haya aumentado durante el último año. Tor sigue siendo la infraestructura preferida, aunque, para vender sus productos ilegales, los delincuentes han empezado a utilizar otras plataformas de mercado descentralizadas centradas en la privacidad. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, este tipo de plataformas han empezado a aumentar durante el último año.

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Honduras presenta altos y bajos en la mejora de la seguridad ciudadana

Honduras presenta una disminución en la victimización delictiva entre los años 2014 y 2018. Sin embargo, 13 de cada 100 hondureños afirma haber sido víctima de un delito durante el año 2018.

A pesar de estos datos, la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales problemas del país. A pesar de todo, ha disminuido en importancia como problema percibido por los hondureños en los últimos 5 años. En esta línea, durante el año 2018, 43 de cada 100 hondureños consideró que la seguridad ciudadana era el problema principal del país.

Durante el año 2018, los hombres presentaron un leve porcentaje más alto de victimización (13,4%) en relación con las mujeres (12,1%).

Al hacer una retrospectiva de las cifras de la violencia homicida en Honduras del año 2013 al 2018, se puede observar una tendencia a la baja, con una caída de 36 puntos en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Cuantitativamente, la población con mayor afectación por los homicidios en este periodo fueron hombres entre 18 y 29 años. Específicamente, el año 2018 este segmento de la población representó 4 de cada 10 homicidios.

Y es que el año 2018 se produjo un aumento del 22% en el total de hechos registrados respecto a 2017. Con respecto a las cifras, se pasó de los 31.612 delitos de 2017 a los 39.463 de 2018. Los indicadores que experimentaron disminución fueron los homicidios (-3%), los delitos sexuales (-0,5%), el maltrato infantil (-50%), las lesiones (-16%) y los secuestros (-13%). Entre los indicadores que experimentaron un aumento, cabe destacar el de los delitos contra la propiedad, con un incremento del 52% respecto a 2017.

También hay que destacar, en el capítulo de delitos contra la propiedad, el fuerte incremento de las extorsiones, que se han duplicado desde el año 2015. Hay que mencionar que sólo 4 municipios concentran el 72% de las denuncias.

La tasa de muertes violentas ha tenido una tendencia continua a la baja, reduciéndose un 46,5% el año 2018 respecto al 2013. Hay que puntualizar que, durante este mismo periodo, la tasa de homicidios en Latinoamérica disminuyó un 7,7%. A pesar de las continuas reducciones de la tasa de homicidios en Honduras, esta representa el doble de la tasa de Latinoamérica el año 2018.

Durante el año 2018, el 90% de las víctimas de muertes violentas fueron hombres. Por edad, la violencia homicida fue el 41% en la parrilla de edad de los 15 a los 29 años. De este modo, la tasa de muertes violentas de hombres de 18 a 29 años es 3,4 veces superior a la tasa nacional de muertes violentas.

Diez municipios concentraron la mitad del total de homicidios del país. Por otra parte, 41 municipios no reportaron homicidios durante el año 2018.

Con respecto a los delitos de tipo sexual, dos de cada tres víctimas de delitos sexuales el año 2018 fueron mujeres menores de 30 años, y el 83% de las denuncias por delitos sexuales tuvieron como víctimas mujeres.

En la violencia de tipo intrafamiliar, ocho de cada diez víctimas fueron mujeres de 15 a 39 años. Igualmente, el 71% de las denuncias por violencia doméstica tuvieron como víctimas mujeres entre los 15 y los 39 años, con el resultado de que 9 de cada 10 víctimas de violencia doméstica fueron mujeres.

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