La cifra de delitos con motivación política volvió a aumentar en Alemania en 2022 más de un 7%, hasta los 58.916 delitos, cifra que supone un nuevo máximo histórico desde que se introdujo esta figura en las estadísticas en 2001. Y el número de delitos violentos por motivos políticos también aumentó un 4%, hasta los 4.043 ilícitos.

Los datos fueron presentados en un informe a principios de mayo por la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser. Según la ministra, preocupa especialmente el fuerte incremento de los ataques contra los refugiados, que aumentaron un 9% durante el año 2022, lo que pone en evidencia que el extremismo de derechas sigue presentando un riesgo especialmente elevado.

Según consta en el documento presentado por el gobierno alemán, los neonazis y los extremistas de derecha cometieron 1.170 ataques violentos en 2022 contra inmigrantes, refugiados u opositores políticos. Al menos 675 personas resultaron heridas en estos ataques.

La policía alemana también registró 5.372 incidentes xenófobos, 2.641 delitos antisemitas y 610 delitos de odio islamófobo. En estos actos, unas 62 mezquitas fueron atacadas entre enero y diciembre del año pasado, y al menos 39 personas resultaron heridas a causa de la violencia antimusulmana, según datos oficiales.

Alemania ha sido testigo de un racismo creciente en los últimos años, alimentado por la propaganda de grupos y partidos de extrema derecha, que han aprovechado la crisis de los refugiados y han intentado alimentar el miedo hacia los inmigrantes. Ante esta situación, el gobierno propone una solución contra el extremismo en dos direcciones: prevención y dureza. Propugnan también agencias de seguridad bien equipadas, aplicación coherente de las leyes, educación política, sociedad civil sólida y endurecimiento urgente de las leyes sobre tenencia de armas de fuego.

La amenaza del terrorismo islamista sigue siendo bastante alta. Tras el caso de Castrop-Rauxel de principios de enero, recientemente se ha podido evitar el segundo presunto ataque islamista de este año 2023 en Hamburgo.

Al mismo tiempo, las protestas por el clima durante el 2022 se han convertido en un claro foco de delitos desde el ámbito de la izquierda, cuando se registraron 1.585. Esto corresponde aproximadamente a una duplicación respecto al año 2021.

Asimismo, se denunciaron en la Oficina Federal de la Policía Criminal 206 delitos en el ámbito de la misoginia y 417 en el de la diversidad de género. También cabe destacar que se crearon durante el año 2020 las llamadas ‘nuevas áreas temáticas’ para poder registrar mejor los distintos fenómenos.

Por ejemplo, en el área temática llamada de ‘género e identidad sexual’, que durante el año 2021 inscribió 340 delitos, en 2022 vivió un incremento de más del 42% por delitos violentos. Otra área creada hace poco es en el ámbito de la orientación sexual, donde se registran los delitos homófobos. El incremento de los casos en 2022 fue del 15%, hasta los 1.005, aunque se considera desde los cuerpos policiales que en estos ámbitos existe una cifra especialmente elevada de delitos no denunciados o notificados.

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A principios de este año, el diseñador arquitectónico y fundador de la asociación Segregation by Design, Adam Paul Susaneck, publicó un artículo en el rotativo The New York Times donde mencionaba diferentes estudios en los que el denominador común era que el diseño urbanístico de las ciudades estadounidenses era en parte culpable de las alarmantes cifras de atropellos y de las disparidades raciales de estos atropellos.

Se estima que 19 peatones al día, de media, fueron atropellados por automóviles en Estados Unidos durante el año 2022. Y cabe destacar que durante el año 2021, las muertes de peatones alcanzaron un máximo histórico de los últimos 40 años.

Si bien estas muertes aumentaron significativamente en todos los ámbitos durante la pandemia de la COVID-19, las tasas de peatones hispanos y negros fallecidos fueron significativamente mayores que las de peatones blancos.

Un estudio publicado en 2022 por las universidades de Harvard y de Boston profundizó en la comprensión de este fenómeno al estudiar la distancia recorrida por diferentes grupos raciales al conducir, andar o montar en bicicleta. Encontró que las personas afroamericanas tenían más del doble de probabilidades, por cada milla andada, de ser atropelladas por un vehículo que los peatones blancos. Para los ciclistas afroamericanos, el riesgo de mortalidad por milla fue 4,5 veces mayor que para los ciclistas blancos.

Para Susaneck, el diseño de las ciudades sería en parte responsable de estas preocupantes disparidades. Las lesiones de peatones y ciclistas suelen concentrarse en los vecindarios más pobres que tienen una mayor proporción de residentes negros e hispanos. Estos barrios tienen una historia en común de falta de inversiones en medidas básicas de seguridad vial, como farolas, pasos peatonales y aceras, y una excesiva inversión en infraestructuras de automoción destinadas a acelerar el paso de las personas que no viven allí.

Una reciente investigación de la Universidad de Carolina del Norte encontró que los barrios marginales que fueron objetivo de limpieza de barrios a mediados del siglo, vieron cómo se destruían residencias y negocios para permitir construir nuevas carreteras y autopistas arteriales. El estudio probó una profunda asociación estadística con el incremento de muertes de peatones.

Según el estudio, décadas de negligencia cívica, el colapso de los valores de las propiedades y la fuga de ciudadanos blancos afectaron aún más a la seguridad de los peatones. El mantenimiento de las aceras de muchas ciudades depende de los propietarios, pero se fueron desgastando junto a los edificios vacíos, por lo que un paseo por la calle hasta una parada de autobús o una tienda se convirtió en un peligroso viaje.

En este sentido, un estudio sobre el estado de las carreteras en Florida encontró que la probabilidad de un accidente que involucre a un peatón era tres veces mayor por milla en carreteras sin aceras.

Estados Unidos puede revertir la tendencia de aumento de muertes por accidente de tráfico, una tendencia que afecta desproporcionadamente a las comunidades hispanas y afroamericanas, invirtiendo en un diseño de carreteras más seguro: estrechando las calles, reduciendo la cantidad de espacio dedicado a los automóviles, haciendo cumplir los límites de velocidad y plantando árboles para proporcionar señales visuales para que los conductores reduzcan la velocidad. Aunque estas intervenciones pueden parecer simplistas en comparación con la escala del problema, otros países han demostrado que pueden funcionar. Los planificadores urbanos pueden reconocer que todo el mundo debería poder andar o montar en bicicleta por su barrio sin temer por su vida.

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A principios del mes de abril de este año, Europol ha publicado un informe de análisis conjunto con el comité de dirección de seguridad de los puertos de Amberes, Hamburgo/Bremerhaven y Rotterdam que analiza los riesgos y los retos para las policías que plantean las redes criminales en los puertos de la Unión Europea.

Las redes criminales, impulsadas por el deseo constante de aumentar los beneficios y la expansión de sus actividades ilegales, trabajan cada vez más hacia la infiltración y el control de los principales puntos logísticos. Por eso los puertos de la Unión son un claro ejemplo de estos grandes centros. Entre las principales características actuales de estos puntos logísticos cabe destacar que:

• El uso de códigos de referencia de contenedores malversados (o el llamado ‘fraude de código PIN’) está ganando fuerza entre las redes criminales como modus operandi para extraer mercancías ilícitas de los puertos.
• Las redes criminales organizan la infiltración de puertos coordinando redes locales de insiders corruptos.
• Como efecto secundario de las operaciones criminales en los puertos y de la rivalidad que ello conlleva, la violencia se produce a menudo desde los principales centros de transporte en las calles de las ciudades de los alrededores, donde se da la competencia para la distribución.

Las principales recomendaciones que ofrece el informe son:

• Mejorar aún más el intercambio de información internacional sobre las actividades de las redes criminales en los puertos con Europol y entre los estados miembros de la UE.
• Prestar una atención continua a la integración de los elementos de seguridad en el diseño de la infraestructura portuaria.
• Implementar asociaciones públicas para implicar a todos los actores portuarios esenciales para hacer frente a la infiltración de redes criminales en los puertos de la UE.

Los puertos marítimos de la UE gestionan unos 90 millones de contenedores cada año, pero las autoridades solo pueden inspeccionar entre un 2% y un 10%. Mientras, se estima que en los últimos años se ha traficado al menos con 200 toneladas de cocaína solo por los puertos de Amberes y Rotterdam. Este obstáculo logístico representa un reto para la aplicación de la ley y una oportunidad para las redes criminales que necesitan acceder a centros logísticos para facilitar sus actividades delictivas. Por tanto, estas redes se han infiltrado en puertos de todos los continentes.

Los tres puertos más grandes de Europa, a saber, los de Amberes, Rotterdam y Hamburgo, se encuentran entre los que más sufren la infiltración criminal. La principal manera en la que los delincuentes lo hacen es a través de la corrupción del personal de las compañías navieras, trabajadores portuarios, importadores, empresas de transporte y representantes de las autoridades nacionales, entre otros actores, cuyas acciones son necesarias para asegurar la entrada de envíos ilegales. Sin embargo, este enfoque requiere la corrupción de un gran número de cómplices.

Para centrar sus esfuerzos y minimizar los riesgos de pérdida de mercancías, los delincuentes organizados buscan un nuevo modus operandi que requiera la corrupción de muchos menos individuos. El informe de análisis de Europol sobre redes criminales en los puertos de la UE analiza una técnica específica, que explota códigos de referencia de contenedores malversados. Esto requiere la corrupción de un solo individuo, junto con la corrupción o la infiltración al estilo de caballo de Troya de los equipos de extracción, a los que después se les paga entre el 7 y el 15% del valor del envío ilegal.

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Esta estrategia policial fue diseñada para disuadir a la delincuencia en las plataformas de las zonas de alta criminalidad del metro de Londres . El programa fue clasificado con una calificación prometedora, lo que indica que la implementación del programa dio lugar a los resultados previstos.

El programa, aplicado en 2012, fue publicado en 2022 por el National Institute of Justice aprovechando las políticas públicas que se están implementando en la actualidad destinadas a garantizar una mayor sensación de seguridad en los transportes públicos. El estudio concluye que las plataformas de las áreas de tratamiento del metro londinense tuvieron reducciones estadísticamente significativas de las llamadas de servicios y delitos, en relación con el grupo de control, en días de patrulla y no patrulla.

La premisa detrás de la intervención en el suburbano era que las patrullas actuarían como elemento disuasorio porque las personas tendrían menos probabilidades de cometer un delito en presencia de un agente de policía por miedo a ser detectados y, en definitiva, castigados.

Cada estación del metro de Londres tiene múltiples andenes. Cada plataforma ofrece solo un sentido de desplazamiento por pista. Hay por lo menos dos zonas cerradas en la mayoría de las estaciones: una para los trenes que van en una dirección y una para los trenes que van en la otra. Si la policía está presente en una plataforma, no pueden ver la otra.

Veinte agentes uniformados fueron seleccionados y entrenados para llevar a cabo patrullas a pie en los andenes de los puntos calientes (si los agentes uniformados se iban debido a la rotación normal, eran sustituidos por otros oficiales uniformados). Los oficiales uniformados normalmente patrullaban a pie en equipos de dos. Los agentes patrullaban los andenes durante las horas punta y los días marcados de los andenes anteriormente anotados, que eran de miércoles a sábado entre las 15 y las 22 h.

Cada unidad de patrulla de dos personas era responsable de tres o cinco puntos calientes, dependiendo de la distancia de viaje entre sus puntos asignados. Se pidió a las unidades de patrulla que vigilaran estos puntos, cuatro veces cada día durante 15 minutos a la hora y que asistieran a los puntos calientes en un orden aleatorio o impredecible para evitar la predictibilidad de las visitas. Además, se les animó a relacionarse con los usuarios del transporte y a evitar permanecer inactivos en las plataformas.

Los agentes no tenían el encargo de resolver problemas o desarrollar tareas de policía comunitaria en el sentido clásico o dirigir sus esfuerzos a ninguna categoría de delito en particular. Inmediatamente después de la visita de 15 minutos de cada equipo de patrulla, los agentes tenían que subir a un tren y viajar al siguiente andén. Cada equipo de patrulla era informado a diario por los sargentos.

Un miembro del equipo de investigación mantuvo reuniones mensuales con todos los oficiales, sargentos y oficiales superiores, durante las cuales se comunicó la importancia de la fidelidad a la planificación. Durante estas reuniones, el investigador proporcionó comentarios a los agentes sobre incidentes destacables particulares y cifras de crímenes en el mes anterior. Las labores encomendadas sumaron 416 rondas policiales por punto caliente durante 6 meses. La cifra total en los 58 puntos calientes del estudio fue de unas 5.000 horas.

Además, se tomaron varias medidas para estructurar y limitar el desbordamiento atribuible a la presencia policial:

• Los turnos siempre comenzaban en las oficinas principales de la Policía de Transporte británica, sin necesidad de presencia policial en las plataformas de control.
• Los agentes participantes en el estudio se desplazaban entre los puntos calientes viajando en los trenes, aunque debían andar por una estación cercana para ir y volver a un andén al comienzo y al final de cada turno.
• Se pidió a los agentes (sin revelar la ubicación de las plataformas de control) que siguieran vías que pasaban por las plataformas de control en su tránsito entre plataformas de tratamiento, para evitar efectos de desbordamiento.

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Durante el mes de marzo de 2023 se ha presentado un estudio realizado por la Dirección General de Tráfico estatal sobre la situación de la siniestralidad vial desde la perspectiva de género en el Estado español.

El informe ha tenido en cuenta los estudios existentes en este ámbito y se ha completado con un análisis descriptivo de la situación de la siniestralidad vial desde la perspectiva de género con datos de 2015 a 2019, presentado con una serie de actuaciones y recomendaciones.

El mayor número de hombres muertos y heridos en accidentes de tráfico se ha relacionado, principalmente, con su mayor exposición al tráfico respecto a las mujeres (World Health Organization, 2002) y con la adopción de comportamientos de riesgo, como son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el menor uso del cinturón de seguridad.

Además, existen evidencias suficientes que demostrarían que los hombres, sobre todo los jóvenes, suelen tener conductas más agresivas en comparación con las mujeres en la mayoría de culturas, factor que tiene un impacto muy importante en la conducción, dado que incita a un comportamiento más competitivo y hostil y, en consecuencia, incrementa las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico.

Si se analiza con datos estadísticos de siniestralidad, se observa que existe un porcentaje superior de hombres víctimas en accidentes de tráfico. En España, durante el año 2019, el 79% de los fallecidos y el 72% de los heridos hospitalizados como consecuencia de un accidente de tráfico eran hombres. Asimismo, los hombres presentan una tasa de defunciones por población superior a la de las mujeres en todos los grupos de edad, sobre todo en los grupos de 35 a 44 años, 45 a 54 años y de 55 a 64 años, donde se encuentran las diferencias más destacables (casi siete veces superior a la tasa de las mujeres).

En hombres, el porcentaje de víctimas fallecidas/hospitalizadas es superior en vías interurbanas (56%) que en urbanas (44%). En el caso de las mujeres, son las vías urbanas las que registran a más víctimas (52%).

En las vías interurbanas, el 75% de las víctimas son hombres y el 25%, mujeres. Por el contrario, en vías urbanas, los hombres representan el 68% y las mujeres, el 32%.

En cuanto al medio de transporte de las víctimas fallecidas u hospitalizadas, varía bastante entre sexos: los hombres destacan sobre todo en motocicletas (35%) y turismos (28%), y las mujeres, en turismos (41%) y como peatones (36%).

Si se estudia el ámbito del consumo de alcohol y drogas, los porcentajes positivos más elevados corresponden a hombres, tanto en consumo de alcohol como de sustancias estupefacientes. Las mujeres representan un porcentaje de positividad del 8% en alcohol y drogas. Por el contrario, en los hombres la positividad es del 21% en alcohol y del 14% en drogas.

En el uso del cinturón también existen notables diferencias. Mientras que entre las víctimas fallecidas u hospitalizadas conductoras de turismos o furgonetas que sean mujeres el uso del cinturón es del 93%, entre los hombres baja hasta el 83%.

El 59% de pasajeros muertos u hospitalizados son mujeres, frente al 41% de hombres. Entre las víctimas no hospitalizadas, representan el 63%. En cifras absolutas, hay más mujeres muertas u hospitalizadas como pasajeras que como conductoras, y en el caso de los hombres es a la inversa.

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A principios del mes de marzo de este año y tal y como informa la web OODALoop, el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2023 en la Casa Blanca supuso dimensionar el peso que el Gobierno estadounidense otorga a la seguridad informática, puesto que considera la publicación como algo realmente increíble y el mejor de todos los documentos estratégicos producidos a lo largo de las décadas, así como un trabajo bien hecho por los líderes de la Oficina del Director Nacional Cibernético de la Casa Blanca.

No hay que olvidar que el año 2022 estuvo marcado por amenazas, incidentes y vulnerabilidades de una frecuencia, volumen y escala impresionantes e implacables. Desde el gobierno estadounidense se destacó el papel vital de los profesionales federales de la ciberseguridad. Son considerados como los defensores que luchan con éxito en la protección de la patria contra un ciberataque importante en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la seguridad física, la infraestructura crítica o los sistemas de control industrial (ICS).

Sin embargo, el documento estratégico es una clara mirada al papel crucial que siempre ha tenido el sector privado en un sector industrial liderado casi exclusivamente por la gobernanza, la innovación, las fuerzas del mercado, las plataformas y los productos del sector privado.

Con este fin, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2023 establece dos cambios fundamentales en la forma en la que Estados Unidos asigna los roles, las responsabilidades y los recursos al ciberespacio, afirmando que, al hacer realidad estos cambios, no solo se aspira a mejorar las defensas, sino a cambiar aquellas dinámicas subyacentes que actualmente contravienen los intereses estadounidenses. Los dos cambios fundamentales son:

• Reequilibrar la responsabilidad de defender el ciberespacio trasladando la carga de la ciberseguridad lejos de las personas, pequeñas empresas y gobiernos locales, y hacerlo hacia las organizaciones que son más capaces y mejor posicionadas para reducir los riesgos para todos los ciudadanos.
• Reajustar los incentivos para favorecer las inversiones a largo plazo y conseguir un cuidado equilibrio entre defenderse de las amenazas urgentes de hoy y al mismo tiempo planificar estratégicamente e invertir en un futuro resiliente.

Esta estrategia reconoce que el gobierno debe utilizar todas las herramientas del poder nacional de forma coordinada para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública y la prosperidad económica.

La estrategia traslada también la carga de hacer frente a las amenazas cibernéticas de los consumidores y las pequeñas empresas a las empresas tecnológicas que ofrecen software, sistemas y servicios.

La hoja de ruta, si se adopta por ley, probablemente hará que las empresas tecnológicas sean responsables de cualquier vulnerabilidad de su código que conduzca a un ciberataque.

El documento estratégico de la Casa Blanca también apela a los gobiernos de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros estados considerados autocráticos por su desconsideración imprudente hacia el estado de derecho y los derechos humanos en el ciberespacio.

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A principios de este año 2023, el Consejo de Reformas Policiales y Raza de los EE.UU. presentó oficialmente más de cincuenta recomendaciones basadas en investigaciones para ayudar a abordar algunos de los problemas más urgentes a los que se enfrentan la policía y la seguridad pública en los Estados Unidos. Estas recomendaciones se pueden utilizar como hoja de ruta para los responsables políticos, los funcionarios, los ejecutivos de la policía y los líderes comunitarios interesados en mejorar la seguridad pública.

El Instituto Nacional de Policía convocó el Consejo como órgano independiente para identificar oportunidades de reformas policiales con un enfoque que ayude a abordar las disparidades raciales. El Consejo incluye jóvenes, miembros de la comunidad, líderes empresariales y religiosos, líderes de la aplicación de la ley e investigadores.

Las recomendaciones del Consejo están relacionadas con las paradas de tráfico, la salud mental y el abuso de sustancias, las cámaras corporales, la prevención de la violencia basada en la comunidad, la cultura de la policía, las multas y las tasas, la policía en las escuelas y otros aspectos importantes de la seguridad pública.

En el año 2020, el Instituto Nacional de Policía anunció la formación del Consejo de Reformas Policiales y Raza, una iniciativa independiente destinada a apoyar la excelencia en la policía, abordar las disparidades raciales y construir y mejorar la confianza y la legitimidad.

El Consejo es una iniciativa no partidista liderada mayoritariamente por afroamericanos que utiliza la investigación y la evidencia para considerar y ofrecer recomendaciones para resolver algunos de los problemas más importantes y urgentes relacionados con las reformas policiales y la raza.

De esta manera, el Instituto reconoce el papel que el racismo, los prejuicios, la cultura –social y organizacional– y los patrones y prácticas han supuesto en el deterioro de la confianza y el respeto entre las fuerzas del orden y las comunidades afroamericanas. Así pues, el Instituto acompaña al Consejo para ofrecer comentarios, recomendaciones y soluciones para abordar estos problemas.

Si bien varios paneles nacionales y comisiones se han presentado anteriormente para abordar áreas similares de preocupación, este esfuerzo se distingue por reunir una amplia sección transversal de perspectivas, indicar lo que sabemos y lo que no sabemos en relación con estos temas y elevar las voces de los afroamericanos que trabajan dentro y fuera de la profesión policial.

En el apartado de recomendaciones del informe se expone un listado de actuaciones que se tendrían que llevar a cabo para disminuir o hacer desaparecer las disparidades raciales en diferentes contextos, como las paradas policiales por motivos de tráfico, en cultura policial o en prevención de la violencia.

Con respecto al apartado de cultura policial, las recomendaciones se basan en potenciar la perspectiva de la comunidad en el seno de las organizaciones policiales, promover una cultura de seguridad y servicio comunitario, llevar a cabo investigaciones sobre la cultura policial y las estrategias para cambiar esta cultura, mejorar la legitimidad a través de la justicia procesal o potenciar normas de capacitación y certificación para dar apoyo a una cultura de seguridad y servicio.

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Las estadísticas federales de prisioneros recogidas y presentadas por la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) a través del programa de la Oficina Federal de Prisiones sobre temas específicos, informa de estos datos cada año aproximadamente a finales de año.

Las estadísticas publicadas corresponden al año 2021 y se explican amplias características de las prisiones, de los internos y del funcionariado, así como de las condiciones de las instalaciones. Entre las más destacadas cabe mencionar las siguientes:

La población penitenciaria federal aumentó más del 3%, pasando de 151.283 reclusos a finales del año 2020 hasta los 156.542 al cierre del año 2021.

A finales del año 2021, cerca del 85% de las personas internas en prisiones federales eran ciudadanos estadounidenses.

De entre el total de encarcelados, se cometieron siete casos de agresión sexual contra el personal de los centros, dos mediante el uso de la fuerza o con amenazas de muerte.

A finales del año 2021, había un total de 8.605 ciudadanos que se habían registrado para hacer de voluntarios en un centro penitenciario federal. De éstos, 6.651 por un servicio a largo plazo y 1.954 por 4 días o menos.

En Estados Unidos existen 122 instalaciones penitenciarias federales, todas con posibilidades y capacidades de realizar videoconferencias para participar en audiencias judiciales, consultas con embajadas extranjeras, comunicaciones con las oficinas de libertad condicional, para preparación previa al ingreso, audiencias disciplinarias y para el programa de audiencias institucionales. Cabe añadir que todos estos centros penitenciarios están dotados de asistencia sanitaria profesional.

A lo largo del pasado año, hubo un total de 378 personas que recibieron tratamiento asistido con medicamentos por la Food and Drug de EE.UU. para tratar el consumo de sustancias estupefacientes antes de ser admitidas en las cárceles. Y también cabe mencionar que 1.127 encarcelados recibieron también el tratamiento estando ya en prisión.

Durante el año 2021, se cometieron un total de 73.459 actos prohibidos por parte de 47.000 reclusos de las distintas prisiones federales. De éstos, 35.433 ─el 48%─ eran de gravedad moderada, 19.630 ─el 27%─ eran de alta gravedad y el 25% restante, 18.206, de mayor gravedad.

En 2021, el personal de prisiones fue agredido físicamente por parte de prisioneros federales en 1.111 disturbios distintos, lo que resultó en 10 casos en lesiones graves de los trabajadores.

Las cuatro instalaciones con más actos prohibidos en 2021 fueron todas instalaciones de alta seguridad: Thomson Penitenciaría Administrativa de Estados Unidos en Illinois (1.568 actos prohibidos), Victorville US Penitentiary en California (1.362), Penitenciaría de Estados Unidos de Tucson en Arizona (1.338) y la Penitenciaría Estadounidense de Lee en Virginia (1.279).

Durante el pasado año, un total de 142.871 internos de las prisiones federales había sido evaluado con el riesgo de reincidencia mediante la herramienta de evaluación de los presos Targeting Risc. Cerca del 34% de los presos federales evaluados a 31 de diciembre de 2021 se clasificaron con alto riesgo de reincidencia, el 19% con riesgo medio, el 31% con bajo riesgo y el 15% con riesgo mínimo.

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Esta es la décima edición del informe ENISA Threat Landscape (ETL), un informe anual sobre el estado global de las amenazas en el ámbito de la ciberseguridad. El documento identifica las principales amenazas, las principales tendencias observadas con respecto a las amenazas, los actores de la amenaza y las técnicas de ataque, así como el análisis de impacto y motivación. También describe las medidas de mitigación más relevantes en la actualidad.

El trabajo de este año ha vuelto a contar con el apoyo del Grupo de trabajo ad hoc de ENISA sobre paisajes de amenaza a la ciberseguridad (CTL). Durante el periodo de informe del ETL 2022, las principales amenazas identificadas incluyen: ransomware, software malicioso, amenazas de ingeniería social, amenazas contra los datos, amenazas contra la disponibilidad: denegación de servicio, amenazas de Internet, desinformación y ataques a la cadena de suministro.

Para cada una de las amenazas identificadas, se proponen determinadas técnicas de ataque, incidentes y tendencias notables junto con medidas de mitigación. Con respecto a las tendencias durante el periodo de elaboración del informe, el documento destaca lo siguiente:

Impacto de la geopolítica en el panorama de las amenazas a la ciberseguridad:

• El conflicto entre Rusia y Ucrania ha remodelado el panorama de las amenazas durante el periodo de elaboración del informe.
• La geopolítica sigue teniendo un impacto muy fuerte en las operaciones cibernéticas.
• Los ataques destructivos son un componente destacado de las operaciones de los actores estatales.
• La desinformación es una herramienta en la ciberguerra. Se utilizó incluso antes de que empezara la guerra “física” como actividad preparatoria para la invasión rusa de Ucrania.

El ransomware y los ataques contra la disponibilidad son los más altos durante el periodo del informe:

• Aumento significativo de los ataques contra la disponibilidad, especialmente DDoS, y la guerra en curso son los motivos principales de estos ataques.
• El phishing vuelve a ser el vector más común para el acceso inicial. Los avances en la sofisticación de la pesca, la fatiga de los usuarios y la pesca orientada y basada en el contexto han provocado este incremento. Los nuevos cebos en las amenazas de ingeniería social se están centrando en el conflicto Ucrania-Rusia de una forma parecida a lo que pasó durante la situación de covid.
• El software malicioso vuelve a aumentar tras la disminución que se notó, vinculada a la pandemia de la COVID-19.
• Los DDoS son cada vez mayores y complejos, se están avanzando hacia redes móviles e IoT y se utilizan en el contexto de la ciberguerra.

Las nuevas amenazas, híbridas y emergentes, están marcando el panorama de amenazas con un gran impacto.

• Desinformación y falsificaciones profundas con inteligencia artificial.
• Entender las tendencias relacionadas con los actores de las amenazas, sus motivaciones y sus objetivos ayuda mucho a planificar las defensas de ciberseguridad y las estrategias de mitigación. Por lo tanto, a efectos del ETL 2022, se vuelven a considerar las siguientes cuatro categorías de actores de amenaza de ciberseguridad: actores patrocinados por el estado, actores de cibercrimen, actores piratas informáticos y hacktivistas.

Mediante un análisis continuo, ENISA obtuvo tendencias, patrones y conocimientos para cada una de las principales amenazas presentadas en el informe ETL 2022. Las conclusiones y los juicios clave de esta evaluación se basan en recursos múltiples y disponibles que se proporcionan en las referencias utilizadas para el desarrollo de este documento. El informe se dirige principalmente a los decisores estratégicos y a los responsables políticos, a la vez que es de interés para la comunidad técnica de ciberseguridad.

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El investigador Trevor Hancock publicó en Timescolonist.com un artículo relativo a un estudio sobre la seguridad de las comunidades, en el que considera que esta seguridad a menudo se centra en la problemática de la delincuencia o la violencia, pero para él la seguridad es mucho más que eso.

Sin embargo, también considera que hay una comprensión muy distinta de la seguridad en Europa en comparación con Norteamérica.

En Europa, el movimiento Safe Communities se centró en gran medida en prevenir accidentes, lo que en seguridad pública se denomina ‘lesiones no intencionadas’. Pero en Norteamérica el enfoque del trabajo sobre comunidades seguras se centró principalmente en la prevención del crimen y la violencia, una parte de lo que se denomina ‘lesiones intencionadas’.

Desde una perspectiva de seguridad pública, las lesiones no intencionadas son, con diferencia, el mayor problema. En un informe del Comité de Prevención de Lesiones se señala que las lesiones son la principal causa de muerte entre los 1 y los 44 años y la cuarta causa de muerte para todas las edades.

Hancock identifica tres prioridades para la prevención de las lesiones: caídas de las personas mayores, lesiones relacionadas con los transportes y suicidios y autolesiones. Pero, incluso dentro de la categoría de asalto, la prioridad no debería ser la violencia aleatoria perpetrada contra desconocidos, sino la violencia familiar y la violencia sexual.

Un informe de 2021 de Statistics Canada señalaba que una cuarta parte de las víctimas de violencia denunciada por la policía son víctimas de un miembro de la familia, mientras que dos tercios de todas las víctimas de violencia familiar son mujeres y niñas.

Además, esta violencia, así como la violencia sexual, son muy poco denunciadas. El 80% de la violencia conyugal no se denunció a la policía. Aparte, la seguridad de la comunidad no se trata solo de violencia, ni siquiera de crimen en general, sino de sentirse seguro.

Por ejemplo, la agresión —especialmente la violencia aleatoria— se considera mucho más aterradora (y más digna de noticia) que los casos mucho más numerosos de caídas y accidentes de tráfico, que demasiado a menudo parecen aceptarse como parte del tejido de la vida cotidiana o del precio que pagamos por la movilidad.

Eso nos dice que la percepción y la emoción son importantes cuando se trata de seguridad, no solo de datos.

Las personas pueden sentirse inseguras por varias razones, que a menudo tienen poco que ver con la actividad delictiva o con las competencias de la policía.

Las personas indígenas, las personas de color, las personas LGBTQ y otras pueden sentirse inseguras a causa de actitudes, comentarios o comportamientos discriminatorios que no son delictivos. Y, por descontado, las calles y los parques oscuros hacen que muchos de nosotros nos sintamos inseguros, mientras que la gente está preocupada y quizás se asusta por aquellos que actúan de forma extraña o que viven en la calle.

Por lo tanto, si realmente queremos una comunidad más segura, tenemos que pensar de forma bastante amplia sobre qué hace que nuestra comunidad sea insegura para las personas, y no dejarnos absorber por una comprensión de la seguridad que se define demasiado estrictamente como una cuestión de crimen, violencia y ley y orden.

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