Alemania: Continúa el descenso de los delitos, pero aumenta la inseguridad

Reichstag BerlinEn Alemania, se acaban de publicar, casi simultáneamente, las estadísticas policiales[1] y una encuesta de victimización de ámbito federal.[2] Llama la atención que, mientras los delitos se han reducido un 3,6% (350.000 menos que el año anterior), las personas que se sienten poco o muy inseguras han pasado de un 17,3% el año 2012 (la encuesta federal de victimización anterior) a un 21,5%. La diferencia temporal de los dos datos anteriores no explica estas diferencias, ya que el delito está en una fase de descenso moderado pero constante los últimos años (desde 2012, el número se ha reducido en más de medio millón de casos). Posiblemente, uno de los factores que sustenta este descenso de la seguridad subjetiva esté relacionado con la presencia del terrorismo (que hace sentir insegura a más de un 20% de la población), que no aparecía en la encuesta anterior de 2012. Este incremento de la inseguridad se produce de forma similar en la inmensa mayoría de los länder.

Los ámbitos que más afectan a la sensación de seguridad de los entrevistados son el robo en domicilio (un 24% temen ser objeto de este delito), el robo con violencia (20,9%) y la violencia sexual (22,2% mujeres).

Los delitos contra las personas se reducen un 3,9%. Aunque el homicidio y sus variantes aumentan cerca del 4% y los delitos de lesiones dolosos aumentan muy ligeramente, la reducción mayor de los delitos contra la libertad sexual lo compensa sobradamente (disminuye por encima de un 10%). Lo que ellos denominan “criminalidad de calle” (Straβenkriminalität), que constituye la categoría más numerosa de delitos, experimenta un descenso del 8%. También la delincuencia económica en general (hurtos en general, de bicicletas, de vehículos y camiones, de motos). Incluso los tan temidos robos en domicilio presentan una reducción del 16,3%, fruto de las diversas metodologías utilizadas para prevenirlos (entre ellas, la predictive policing). Incluso las estafas y los fraudes experimentan un leve descenso.

La tasa de denuncia se sitúa entre el 35 y el 40%, con excepción de los casos de phishing y pharming, que reflejan niveles de denuncia mucho más bajos (cerca del 10%). Entre las razones para denunciar un delito figura en primer lugar la obligatoriedad (moral) de denunciar cualquier delito, así como el deseo de que un hecho así no vuelva a suceder o que el o la culpable sean castigados.

El número de personas detenidas ha disminuido un 2,9 en relación con el año anterior (2.051.266 en 2017), un 65,46% de los cuales tenían la nacionalidad alemana y un 34,53% eran extranjeros.

[1] Vid. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html

[2] Vid. https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Forschung/ForschungsprojekteUndErgebnisse/Sicherheitsstudie/sicherheitsstudie_node.html

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¿Cómo sabemos cuántos niños forman parte de bandas juveniles en Inglaterra?

La actividad de las bandas juveniles en Inglaterra a menudo tiene lugar bajo el radar de las autoridades, aunque definir lo que se entiende por una banda juvenil no sea sencillo.

Un informe ha estimado que actualmente hay 27.000 niños y niñas que forman parte de bandas juveniles en Inglaterra.

Pero entonces, ¿cómo se ha llegado a calcular esta cifra?

Cada año, la Oficina para las Estadísticas Nacionales hace una encuesta sobre el crimen y pide a una muestra representativa de hogares su experiencia en el ámbito de la delincuencia. Durante los últimos tres años, se ha preguntado a los niños de 10 a 15 años si se consideraban miembros de una banda callejera.

La oficina del comisario para delitos infantiles en Inglaterra hizo su propio cálculo con estas cifras: el año pasado, de una muestra de unos 4.000 niños, el 0,7% (unos 30) dijeron que se consideraban miembros de una banda callejera. Esta cifra se amplió hasta dar la cifra estimada de 27.000 niños en toda la población de Inglaterra el último año.

Esta es una estimación, pero el informe ofrece una cifra muy inferior de 6.560 niños realmente conocidos por equipos que tratan con jóvenes o con servicios infantiles que participen en bandas.

El informe concluye que la diferencia entre la cifra más alta y la más baja responde al hecho de que la mayoría de miembros de las bandas no son conocidos por las autoridades. Es probable que haya un número elevado de jóvenes que participan en bandas que son desconocidos por las autoridades, pero aun así, estas no pueden estar seguras de que haya hasta 27.000 niños que estén involucrados en bandas.

Puesto que estas cifras provienen de un análisis hecho a medida, no hay datos individuales comparables de violencia de bandas y actividades delictivas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Pero en Londres, la Policía Metropolitana mantiene una base de datos conocida como Gangs Matrix, que contiene nombres de entre 3.000 y 4.000 “personas de interés”. La base de datos ha sido criticada porque muestra una orientación desproporcionada hacia los jóvenes negros que podrían no tener vínculos con delitos violentos.
En el 2017, la última vez que se publicaron estimaciones de delitos, uno de cada 500 delitos violentos registrados por la policía en Londres fue identificado como relacionado con bandas. Desde el 2010, el 15% de los homicidios en la capital han sido relacionados con bandas.

También han aumentado las preocupaciones por los niños y las niñas que son explotados por las bandas de drogas.

Teniendo en cuenta el carácter ilícito de las operaciones en el ámbito de los estupefacientes, la participación total es difícil de saber, pero la mayoría de las referencias recibidas por la Agencia Nacional de la Delincuencia afectan a los menores de 15-17 años.

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RAND Europe estudia la violencia y los disturbios en acontecimientos deportivos internacionales

El comportamiento antisocial en los partidos de fútbol es un problema bien reconocido en todas partes. La policía, las asociaciones de fútbol y los gobiernos han utilizado numerosas intervenciones y estrategias destinadas a prevenir y responder a estos comportamientos tan problemáticos. Ante dos acontecimientos deportivos internacionales en Catar –el Campeonato del mundo de atletismo en el 2019 y la Copa Mundial de la FIFA del 2022–, la Universidad de Catar encargó a RAND Europe un estudio sobre la violencia y los desórdenes en acontecimientos deportivos internacionales.

El objetivo del estudio era entender la naturaleza y los factores asociados a los comportamientos antisociales y violentos en los partidos de fútbol y examinar la efectividad de los enfoques existentes para prevenir y responder a estos comportamientos.

Football supportersLa influencia del alcoholismo, las rivalidades deportivas, los factores espaciales, los factores sociopolíticos, los factores psicológicos, los factores situacionales y la reacción al juego son factores que conducen a un comportamiento violento y antisocial. No obstante, estos factores suelen interactuar y en ningún caso hay un factor que sea responsable por sí solo.

Los enfoques policiales destinados a establecer el diálogo y las líneas de comunicación positivas con los aficionados parecen prometedores. Algunos estudios encontraron que los métodos de la policía que intentaban mantener relaciones de respeto mutuo entre los fans y la policía eran efectivos. No obstante, las pruebas presentadas en el estudio de caso sobre la violencia en la Eurocopa 2016 sugieren que las fuerzas policiales también necesitan una serie de tácticas, requieren recursos suficientes y necesitan estar preparados para aumentar la respuesta si la situación lo necesita.

La modelización del comportamiento de la multitud (CBM) puede capturar las complejas diferencias culturales, individuales y ambientales en la manera como se mueven las personas en un espacio para predecir cómo se comportan las multitudes. CBM es más eficaz cuando es colaborativo e interactivo entre los expertos que llevan a cabo la modelización, el cliente y las partes pertinentes, como agentes de seguridad de estadio.

Un estudio de caso sobre el papel de los voluntarios en los principales acontecimientos deportivos encontró que los voluntarios tienen un papel importante a mantener en la seguridad pública ya que dan apoyo a los comportamientos positivos del espectador durante los acontecimientos deportivos importantes.

Aunque no hay ningún factor único que cause los desórdenes entre las multitudes en el mundo del fútbol, ​​la evidencia sugiere que algunas intervenciones pueden ser eficaces para prevenir y responder a un comportamiento violento y antisocial. Eso quiere decir que las naciones anfitrionas tendrían que ser capaces de tomar medidas prácticas para minimizar las posibilidades de desórdenes durante un torneo. Las investigaciones sugieren que aumenta el comportamiento perjudicial cuando las tácticas de seguridad y de vigilancia desproporcionadas o inconsistentes, las colas y los retrasos para la entrada en los estadios dificultan el movimiento de los aficionados.

Hay una serie de prácticas prometedoras que los organizadores de acontecimientos pueden considerar. Con respecto a las tácticas de vigilancia, las experiencias muestran que los servicios de policía de baja intensidad están asociados a multitudes más pacíficas. Estos enfoques se basan en la creación de relaciones con los aficionados y la compartición de inteligencia y la cooperación entre las agencias policiales de diferentes países, tanto antes como durante un acontecimiento.

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El pasado mes de enero Europol y Eurojust lanzaron su primer informe sobre encriptación en el ámbito de la seguridad informática, First report of the observatory function on encryption. En el marco de las medidas presentadas por la Comisión Europea en el Eleventh progress report ambas agencias han establecido un observatorio conjunto para analizar las dificultades, las oportunidades y el futuro de la encriptación en el ámbito de la investigación criminal.

El informe hace una breve introducción de los conceptos, los productos y los servicios[1] que tienen un uso genérico en encriptación. Acto seguido, a partir de la experiencia de los miembros del European Cybercrime Centre (EC3), se tratan los retos para los cuerpos de seguridad y los sistemas de justicia en el momento de la investigación y la persecución de ilícitos penales.

En este sentido, en primer lugar se destaca un deficiente marco legal específico que no ayuda a las agencias de seguridad y las autoridades judiciales a superar o atacar la encriptación. A pesar del difícil equilibrio entre el derecho a la privacidad y los derechos de las víctimas, el informe acentúa la necesidad de una normativa que facilite, entre otros, la obligación legal de entregar la clave o la información cifrada por parte de las empresas y/o los servicios[2] y unas provisiones específicas en el uso de herramientas para atacar la encriptación.[3]

Más allá de los aspectos legales, se resalta la necesidad de reforzar los aspectos de coordinación operativa, los recursos técnicos y tecnológicos y los recursos humanos. Según el observatorio, desde el punto de vista operativo se necesita una mejor coordinación de las diferentes fuerzas de seguridad y las agencias europeas como Europol y Eurojust. A la vez, es crucial invertir en potencia computacional con el fin de llevar a cabo ataques orientados a encontrar las claves de acceso a la información cifrada. Aun así, y como complemento a la tecnología, la formación y la presencia de forenses expertos en la materia se hacen imprescindibles.[4]

Ante la ya mencionada problemática de contraponer los derechos a la privacidad y la necesidad de luchar contra la delincuencia, Eurpean Digital Rights (EDRi) indica que encontrar la clave o descubrirla explotando vulnerabilidades es una buena manera de responder. Es en esta dirección que, según el informe, se tiene que dirigir el esfuerzo ante el reto de la encriptación.

Finalmente, el informe pone sobre la mesa nuevos retos de futuro. El observatorio destacará hasta tres, la computación cuántica, la inteligencia artificial y la llegada del 5G. Hoy por hoy, ninguna de estas tecnologías ha supuesto un cambio radical en encriptación pero se prevén grandes avances y algunos riesgos, como la Quantum Key Distribution en el caso de la computación cuántica o la International Mobile Subscriber Identity-IMSI[5] en el caso del 5G.

En suma, el informe plantea un dilema. Si bien la encriptación es necesaria, en términos de seguridad, para las administraciones públicas y las empresas privadas, también es aprovechada para actividades ilícitas de crimen organizado. La cuestión de fondo, pues, es dotar los servicios públicos de un marco legal y de capacidad operativa para ir al frente en este nuevo entorno tecnológico. ¿Seremos capaces, cuando el mismo informe destaca que son las empresas privadas las que llevan la iniciativa?

Enlaces—————————————————————————————————————-

https://www.europol.europa.eu/à Europol

http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx –> Eurojust

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/first-report-of-observatory-function-encryptionà Informe en la web de Europol.

Pie de página 1.

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3 European Cybercrime Centre. EC3

https://www.techopedia.com/definition/5067/international-mobile-subscriber-identity-imsi – IMSI

[1] Por ejemplo, en el ámbito de los navegadores, el uso de The Onion Router (Tor), un software libre que a partir de tomar en préstamo varias direcciones IP crea nodos y conexiones aleatorias con sus respectivas capas de ciframiento, hecho que dificulta la trazabilidad de la IP original. O los Virtual Private Networks, que protegen la conexión entre el terminal y el servidor. En las comunicaciones por voz, tenemos por ejemplo los servicios de encriptación de Signal o la menos conocida Silent Circle.

[2] Esta legislación específica no es generalizada, ya que podría suponer una violación del derecho a no incriminarse uno mismo en un delito. Aun así, allí donde existe esta obligación para los proveedores de servicios, en muchas ocasiones estos mismos proveedores no pueden satisfacer la petición porque no tienen acceso a los datos cifrados de extremo a extremo (end-to-end encryption E2EE).

[3] El informe destaca que, aunque es suficiente con la legislación vigente, una concreción sobre las herramientas de desciframiento utilizadas, aunque no necesariamente muy descriptiva técnicamente, podría dar más seguridad jurídica.

[4] Hay herramientas de ciframiento que con la actual potencia computacional hacen imposible la desencriptación en un tiempo razonable. Es por eso que los expertos pueden aportar aspectos de contexto y de entorno personal del investigado para acelerar la investigación focalizando recursos en una dirección.

[5] Con el 5G, un único identificador puede ser temporalmente sustituido por un identificador dinámico, lo cual ayuda a nuevas técnicas de manipulación de la identidad y la ocultación.

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El tráfico de drogas: la principal preocupación de los catalanes según el CEO

ÒmnibusEl pasado 13 de febrero, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) publicó el Ómnibus de la Generalidad de Cataluña 2018, con el objetivo de obtener información demoscópica sobre la situación actual y el impacto de las políticas que se llevan a cabo en Cataluña. El informe, dividido en diez bloques, aborda varios ámbitos, desde territorio, economía y trabajo hasta salud, cultura y educación, e incide también en el ámbito de la seguridad y justicia. Con respecto a este bloque, destaca, en relación con el mismo informe del año anterior, el cambio de foco: mientras que en el 2017 se ponía énfasis en el análisis del ámbito judicial, en el 2018 se ha priorizado el de la seguridad, y se ha incidido especialmente en las violencias machistas que tienen lugar en contextos de ocio.

En una escala del 0 al 10 (0 nada seguro y 10 muy seguro), los encuestados valoran el nivel de seguridad en Cataluña con un 6,48 de media, aunque la mayoría, un 23,3%, lo ha calificado con un 8, lo cual quiere decir que considera el país una zona bastante segura.

El tráfico de drogas es el fenómeno considerado el principal problema para la convivencia y la seguridad pública. En una escala del 0 al 10, donde el 0 es “ningún problema” y el 10 “un problema muy importante”, el tráfico de drogas se lleva un 7,82 de media, por delante de otros fenómenos que aparentemente tienen un impacto más directo en el ciudadano, como los robos o la violencia, por ejemplo. Además, la mayoría de los encuestados, un 30,2%, ha calificado la amenaza de “problema muy importante”, mientras que tan solo un 1,1% lo ha calificado de “ningún problema”.

Esta problemática, pues, pasa por delante de otros fenómenos que también son considerados problemáticos para la convivencia y la seguridad pública, como la violencia machista, que tiene un 7,62 de media, y las conductas incívicas (la suciedad, los ruidos, etc.), calificadas con un 7,42. Por debajo del 7 encontramos, en orden descendente, la inseguridad ciudadana, entendiendo como tal robos y agresiones (6,92), el racismo y la xenofobia (6,82) y el maltrato a las personas mayores (6,77). El terrorismo, con una valoración media de 6,25, es considerado la problemática menos relevante.

Como ya se ha apuntado, la violencia machista es una de las principales preocupaciones, tanto para la ciudadanía como por parte de las instituciones. En esta edición, el Ómnibus pone el foco en las agresiones y violencias de tipo sexual en los espacios de ocio nocturno donde, según la Encuesta de violencia machista en Cataluña (EVCM) publicada por el Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña el pasado mes de julio, tienen lugar la mayoría de las agresiones machistas, seguido del espacio público y el transporte público.

En una escala del 0 al 5, en la que 0 es “nunca” y 5 “muy a menudo”, un 5,2% de los ciudadanos considera que “muy a menudo” en los espacios de ocio nocturno tienen lugar violaciones o intentos de violación, mientras que la mayoría, un 27%, cree que tienen lugar “a veces”. El tanto por ciento correspondiente a “muy a menudo” aumenta progresivamente a medida que se suaviza el tipo de agresión. Así, casi un 30% de la población opina que “muy a menudo” en los espacios de ocio tienen lugar comentarios (agresivos) de tipo sexual, un 17,8%, actitudes molestas de tipo sexual, un 9,8%, tocamientos sin violencia y un 4,9%, tocamientos con violencia. Así, en general, los ciudadanos consideran que en los espacios de ocio nocturno las diferentes formas de violencias sexuales tienen lugar “a veces” o “a menudo”. Finalmente, los resultados del CEO en el ámbito de la violencia machista muestran que un 12% de las mujeres en Cataluña tienen “mucho miedo”, en una escala del 0 al 10, de caminar solas por la calle por temor a sufrir una agresión sexual.

Para acabar, los resultados de la encuesta apuntan que el teléfono de emergencias 112 está valorado positivamente por aquellos que lo han utilizado por alguna razón, mayoritariamente a causa de una urgencia médica (40,3%) o de un accidente viario (17,2%). Un 53,6% de los usuarios valora la atención recibida como “muy bien”, mientras que tan solo un 3,2% la valora como “muy mal”.

Pueden consultarse los resultados completos del Ómnibus 2018 de la Generalidad de Cataluña haciendo clic en el enlace siguiente: http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6948/Taules%20estad%C3%ADstiques%20-913.pdf

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La trata de personas aumenta en contextos de conflicto armado y la explotación sexual es la principal finalidad

Global report on trafficking in persons 2018El pasado diciembre se publicó el Informe global sobre trata de personas del 2018, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El informe analiza las dinámicas de la trata de personas y su evolución en los últimos años, y enfatiza la relación entre la trata de personas y los conflictos armados. Es en el contexto de conflictos armados donde se acentúa esta práctica por parte sobre todo de grupos armados partícipes del conflicto con la finalidad de financiar la actividad armada, pero también por parte de grupos de crimen organizado e individuos.

El estudio está dividido en dos bloques: en el primero se ofrece una visión general de lo que es la trata de personas, las principales prácticas, los flujos, el perfil de las víctimas y las dinámicas globales; y en el segundo se detalla la información por regiones. El informe se puede resumir en las principales conclusiones siguientes:

La capacidad de detectar e informar sobre el número de víctimas ha incrementado en la mayoría de países, así como el número de condenas. Este cambio se debe sobre todo al hecho de que en los últimos años se ha modificado la legislación con respecto a la trata, se han incrementado los esfuerzos por detectar este tipo de crimen, así como la cooperación entre países, y se han destinado más recursos a la protección de las víctimas y a los grupos más vulnerables. Mientras que en el 2009 tan solo 26 países disponían de una institución encargada de recopilar los casos de trata de personas, en el 2018 este número ha aumentado hasta 65. Una recopilación precisa de los datos es imprescindible a la hora de diseñar una estrategia adecuada para combatir este tipo de crimen.

Por otra parte, todavía hay territorios donde los traficantes disfrutan de una amplia impunidad. Sobre todo en Asia y África hay países donde estos mecanismos de recopilación de datos no están correctamente implantados y donde el número de casos de trata de personas presentado es relativamente bajo. Sin embargo, en otras regiones con mejores mecanismos de recopilación sí que se detectan casos de trata de personas procedentes de estas regiones, hecho que indica que los números no son reales.

En cuanto al alcance geográfico de la trata de personas, el anuario destaca que en los países menos desarrollados la gran mayoría de los casos de trata de personas que se detectan son de tipo nacional: las víctimas son ciudadanas del mismo país. En los países de la Europa occidental y el Oriente Medio, en cambio, las víctimas llegan de países en regiones lejanas, mientras que el tanto por ciento de víctimas nacionales de la misma región es poco significativo.

Las mujeres adultas son las principales víctimas de la trata. Un 49% del total de víctimas son mujeres, seguido por un 23% de niñas, número que va en aumento. Los hombres son víctimas en un 21% de los casos y los niños en un 7%. Esta tendencia, sin embargo, no es uniforme sino que varía según la región. En América y el Caribe, las niñas son las principales víctimas, mientras que en Asia central el tanto por ciento de víctimas menores es muy bajo y hombres y mujeres son víctimas con un porcentaje parecido.

La variación de género y edad está relacionada sobre todo con la finalidad de la trata. A escala global, la explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de la trata de personas, seguida por el trabajo forzado. Otras formas de explotación detectadas en algunas regiones, aunque en menor medida, son: el matrimonio forzado en algunos países del Sureste Asiático, la adopción ilegal en América central y del Sur, la extracción de órganos en el Norte de África y en la Europa centro-oriental y la trata de niños para la explotación en forma de mendicidad y la producción pornográfica.

Finalmente, como ya se ha destacado previamente, el estudio remarca la incidencia de los conflictos armados en la trata de personas. La falta de recursos para combatir el crimen, la fragilidad del estado de derecho y la desesperación de la gente al no tener acceso a los recursos básicos proporcionan el contexto óptimo a los traficantes para llevar a cabo sus actividades. En las zonas de conflicto, en muchos casos los grupos armados se dedican a la trata de personas con finalidad lucrativa, para financiar sus actividades. La trata de personas no solo se incrementa en los territorios donde tiene lugar el conflicto, sino también en los países vecinos, sobre todo en los campos de refugiados.

La trata de personas es una de las actividades criminales más presente a escala internacional, y que más beneficios aporta. Es por eso que combatir este tipo de tráfico es un desafío importante para la seguridad global. A pesar del progreso de los últimos años, todavía hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en determinadas regiones de África y Asia.

Puede consultar el informe completo en el enlace siguiente: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_embargoed.pdf

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Estados Unidos: muere una persona cada tres minutos a causa de la violencia

Según los Centros de Control de Enfermedades y Prevención del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de los EE. UU. (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) from the US Department of Health and Human Services) cada año 214.000 personas mueren a causa de lesiones provocadas en actos de violencia, 1 persona cada 3 minutos. No obstante, cada año millones de personas sobreviven a acciones violentas pero tienen que hacer frente a problemas mentales, físicos y económicos. En el 2013 se produjeron 30,8 millones de lesiones, en el 2015 hubo aproximadamente 30,4 millones, y a causa de estas 2,8 millones de personas fueron hospitalizadas y 27,6 millones fueron tratadas en salas de emergencia. En el 2016 hubo 32 millones de personas lesionadas. Debe tenerse en cuenta que las lesiones tienen una cuota económica bastante elevada en los EE. UU., la cual en el 2013 ascendió a 671 billones de dólares.

Si desglosamos el total de las lesiones podemos ver, según datos del 2016, que la clasificación es la siguiente: lesiones no intencionadas y violencia. Primeramente:

  • Más de 33.700 personas mueren en accidentes de tráfico.
  • Más de 14.800 personas mueren de sobredosis de opioides recetados.
  • 791.000 personas envejecidas son tratadas en salas de emergencia por lesiones de caída cada año.
  • 325.000 niños son tratados en salas de emergencia por conmoción cerebral causada durante el deporte.

Por otra parte, las cifras en relación con la violencia:

  • 1 de cada 7 niños ha sufrido abusos o abandono.
  • Cada minuto hay 20 personas víctimas de violencia física por su pareja.
  • 1 de cada 2 mujeres sufrirá violencia sexual a lo largo de su vida.
  • 1 de cada 5 hombres sufrirá violencia sexual a lo largo de su vida.

¿Qué se podría hacer para mejorar estas cifras? Según CDC, han estado trabajando desde hace más de 20 años en programas de prevención de lesiones y violencia. Este centro se considera la autoridad principal de los EE. UU. núm. 1 en su prevención. Sus 4 competencias a destacar son:

  1. Identificar y monitorizar los problemas utilizando datos de última generación.
  2. Hacer investigación y entender qué tipo de trabajo es necesario para la prevención.
  3. Dar apoyo a programas estatales sobre la prevención.
  4. Trabajar junto con personal sanitario, proveedores sanitarios, legisladores y público para implementar soluciones para la prevención.

Además, el centro publica una serie de mejoras para poder facilitar la prevención de lesiones y violencia en los diferentes ámbitos:

  • En accidentes de tráfico se tendría que hacer más campaña sobre el uso de cinturones de seguridad, asientos infantiles y elevadores.
  • Utilizar más información a la hora de recetar medicamentos.
  • Para evitar lesiones infantiles en el deporte, habría que incentivar una cultura de seguridad donde los jóvenes pudieran informar sobre su malestar, síntomas y dar recursos para los entrenadores y los padres.
  • Asegurar que los niños tengan entornos y relaciones seguras y estables.
  • Para evitar caídas de las personas mayores se tendría que aplicar una rutina de prevención por parte de la sanidad; seguimiento de pacientes, tratamiento y asesoramiento.
  • Finalmente, con el fin de reducir la violencia sexual sería necesario promover relaciones más respetuosas, reforzar la figura de la mujer y la chica y crear entornos seguros para todo el mundo.

Enlaces de interés:

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Uno de cada cuatro niños en riesgo de ser víctima de un desastre

Bündnis Entwicklung Hilft junto con el Instituto del Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (IFHV) han publicado el Informe mundial del riesgo.

Este año las organizaciones se centran en la protección de los niños y sus derechos, un grupo bastante vulnerable. Según el mismo informe, 1 de cada 4 niños de todo el mundo vive en países afectados por desastres. Por este motivo, entre otros, el informe hace un llamamiento para mejorar y proteger los derechos de los niños, sobre todo en situación de riesgo.

Los niños son un grupo a menudo afectado a causa de las crisis y de los desastres. Para proteger y reducir el impacto que estos les producen, a ellos y a sus familias, es necesario establecer unas medidas de preparación y cooperación que se adapten correctamente a la situación que se viva. Una manera de asegurarlas es que los Estados cumplan su deber y ratifiquen la Convención de los derechos del niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989.

El informe subraya cómo es de importante la educación en los momentos de crisis. Después de una situación de emergencia, las instituciones educativas deben promover un espacio de protección donde el niño siga desarrollándose. La escuela debe ser una herramienta para proteger al niño de violaciones, explotaciones y enfermedades. Si no hay una protección, a la larga se creará un impacto negativo en la sociedad: falta de oportunidades, pobreza… Además, la escuela representa un espacio de sensibilización dirigida a “entender” el desastre y cómo gestionarlo emocionalmente; un ejemplo sería la pérdida de algún familiar. En este caso, se introducen programas educacionales, cuyo objetivo principal es volver a integrar a los niños en el sistema educativo estatal en cuanto antes, a través de la detección y el cuidado de los traumas provocados por el desastre.

Otro punto importante es el de involucrar a los niños en proyectos y formaciones sobre preparaciones de desastres para saber cuál es su perspectiva de la situación y cómo desarrollar una estrategia más apropiada y eficiente. Como es el caso de Bangladés, donde el impacto del gobierno no es muy eficaz. La zona norte del país sufre bastantes inundaciones, fenómeno que destruye viviendas y campos de cultivo. Para dar solución al problema, tres ONG se unieron para llevar a cabo un proyecto de preparación de desastres. Este trataba de formar a profesores de escuelas y a niños y desarrollar un plan de emergencia escolar. Al mismo tiempo las escuelas recibían material como por ejemplo paraguas, impermeables, linternas… De momento estas estrategias y formaciones son útiles, pero es necesaria una mejor coordinación con el gobierno.  

Algunas de las recomendaciones para fortalecer el rol de los niños en la gestión de desastres y crisis, según Bündnis Entwicklung Hilft, son:

  • Dirigir y priorizar las necesidades de los niños en tiempo de crisis.
  • Integrar a los niños en proyectos de preparación e intervención de riesgos causados por los desastres. Escuchar su percepción de riesgos, sus necesidades, ideas y soluciones.
  • Los jardines de infancia y escuelas son actores clave en el apoyo de los niños y de sus familias durante tiempo de desastres. Es necesario que haya ayuda económica y especialistas en el ámbito educativo.
  • Medidas especiales para socorrer a los niños rápidamente del lugar de peligro. Destacar la importancia de los centros de protección de menores.
  • Ayuda internacional en la evacuación inmediata de niños.

Enlaces de interés:

https://reliefweb.int/report/world/world-risk-report-2018-focus-child-protection-and-childrens-rights

https://entwicklung-hilft.de/

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El rol del crimen organizado en los conflictos contemporáneos

Desde el inicio de la primera década del siglo XXI, los vínculos entre los conflictos armados y el crimen organizado son más evidentes. Este está presente en todos los estadios de los conflictos armados contemporáneos, y hace aumentar la violencia y dificulta su resolución. Varios tipos de negocios criminales son una fuente de financiación importantísima para los grupos armados participantes en conflictos, sobre todo grupos no estatales. Los principales negocios criminales que contribuyen a la financiación de grupos armados son las diferentes actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales, el tráfico de drogas, el tráfico de bienes culturales y de personas, entre otros.

El pasado septiembre de 2018, la plataforma con sede en Ginebra Global Initiative against Transnational Crime publicó un estudio en el que analizaba esta relación entre el crimen organizado y los conflictos actuales. En este, se indica como en general las misiones pacificadoras y los despliegues impulsados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no solo no han tenido en cuenta el rol que desempeña el tráfico de bienes y servicios ilegales en un conflicto armado sino que en algunos casos involuntariamente han contribuido a la proliferación de los negocios ilícitos, a través de la cooperación con grupos criminales, para alcanzar la paz y aceptando su participación e influencia en los nuevos gobiernos y estructuras institucionales emergentes del conflicto, así como también haciendo aumentar la demanda de productos y actividades ilegales.

El documento subraya la importancia de poner el foco en las dinámicas y los intereses que hay detrás de los negocios criminales a la hora de diseñar estrategias de pacificación, así como la importancia de la reinserción de combatientes en la sociedad civil para evitar que estos sigan estando relacionados con actividades criminales y, por lo tanto, asegurar la estabilidad. Hoy por hoy hay dos misiones de las Naciones Unidas desplegadas, que tienen el foco puesto en las dinámicas del crimen organizado y su rol en el conflicto armado en cuestión: la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) y la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Ambas misiones han reafirmado la idea de que los vínculos entre los conflictos en estos dos países y en toda la región en general con el crimen organizado es evidente.

A pesar de la clara necesidad, el consenso para integrar acciones para combatir el crimen en las acciones pacificadoras por parte de las Naciones Unidas ha sido limitado, en gran medida por la falta de coordinación entre las fuerzas pacificadoras y las de justicia criminal de las NU. La necesidad de aprobación de las acciones de las NU por parte de los gobiernos de los países en los que tienen lugar dificulta todavía más la implementación y la buena coordinación. En muchos casos estas acciones van dirigidas a impedir el acceso a los recursos naturales que podrían ser explotados ilegalmente a los grupos violentos, obviando el hecho de que en algunos casos son los actores políticos más importantes los que tienen el control del tráfico de productos y servicios ilegales.

El estudio denota un aumento en el número de resoluciones del Consejo de Seguridad de las NU relacionadas con el crimen organizado. Entre el periodo comprendido entre el 2012 y el 2017, más del 60 % de las resoluciones estaban relacionadas con el crimen organizado, una cantidad elevada si lo comparamos con las resoluciones que tenían que ver con temas de terrorismo, aproximadamente la mitad. Así, aunque el terrorismo sea considerado una de las principales amenazas a la seguridad global, para no decir la principal, el impacto del crimen organizado es mayor. Para poner un ejemplo cuantitativo, en el 2015 hubo 328 muertes relacionadas con el terrorismo, mientras que por causas de actividad criminal hubo 256.500.

El documento también determina que algunos conflictos se asocian a una actividad criminal concreta, como puede ser el caso de Somalia y la piratería o Libia y el tráfico de personas y migrantes, a pesar de que en la gran mayoría de conflictos encontramos dinámicas de varias actividades criminales, como en el caso de Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, los conflictos del Sahel, Mali, la República Democrática del Congo, etc. Lo que está claro es que el crimen organizado (tráfico de armas, de drogas, secuestros, delitos financieros, tráfico de personas y de fauna salvaje) se ha convertido en un componente importantísimo de todos los conflictos actuales, y que buena parte de la violencia resultante de estas actividades ilegales tiene relación con la confrontación por el control de las principales fuentes de recursos y las rutas de tráfico más importantes.

Las dinámicas de estas actividades son diferentes en cada contexto, pero como marco general, la falta de unas instituciones efectivas propicia el desarrollo y la continuidad de negocios criminales como actividades económicas clave. Estas actividades, además, se están diversificando cada vez más.

Los primeros pasos que el informe propone para reducir la posibilidad de que las operaciones de paz contribuyan a la aparición de actividades criminales son:

  • Aumento de la dotación de recursos a los cuerpos que se encargan de analizar los mercados criminales y los vínculos de estos con los conflictos armados.
  • El análisis de la situación económica, política y social de los actores que controlan los recursos naturales y las rutas de tráfico y las motivaciones económicas de estos.
  • El análisis de las dinámicas de estos mercados.
  • La obtención del control de puntos estratégicos clave como pueden ser las fuentes de recursos naturales de la República Democrática del Congo, las minas de oro de la República Centroafricana, y los puertos en la costa de Libia.
  • Establecimiento de un mecanismo de las Naciones Unidas comparable con la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo para hacer frente al crimen organizado.

Puede consultar el informe completo en el enlace siguiente: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/TGIATOC-UNSC-Policy-Note-1962-web.pdf

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Índice de percepción de corrupción

A principios de año 2018, Transparency International publicó el informe anual del índice de percepción de corrupción por países a través de la opinión de los ciudadanos y de varios especialistas, colectivos y organizaciones internacionales. Se evalúa cada país en una escala del 0 al 100, donde 0 es la máxima percepción de corrupción y 100 la mínima. El informe de 2017 no dio demasiadas sorpresas: los niveles de percepción de corrupción fueron similares a los de años anteriores, con muy pocas mejoras. Dos tercios de los 180 países analizados están por debajo del 50 y la media global tampoco llega a esta cifra, ya que se queda en 43 puntos.

Nueva Zelanda, con una puntuación de 89, encabeza la clasificación, tras varios años en segunda posición por detrás de Dinamarca. En esta ocasión, sin embargo, el país del Pacífico ha pasado por delante. Los diez primeros países siguen siendo los habituales, por este orden: Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Canadá, Luxemburgo y los Países Bajos.

Por otra parte, si empezamos por el final, el país en el que la percepción de la corrupción es más alta es Somalia, con una puntuación que no llega al 10, seguido por Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Yemen, Sudán, Libia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial y Corea del Norte.

Analizando los resultados a escala regional, la diferencia entre las regiones con la puntuación más alta (Europa occidental) y más baja (África subsahariana) es de 35 puntos. La única región que supera el 50 es Europa occidental, con una media de 66 puntos. Todo el resto está por debajo.

Asia-Pacífico

La media regional es de 44 puntos, con mucha diferencia entre países. Dentro de esta misma región se encuentran dos países que están en el top 10: Nueva Zelanda, primera de la clasificación con una puntuación de 89, y Singapur (84), junto con Afganistán, que tan solo tiene 15 puntos y es el cuarto empezando por la cola, y Corea del Norte (17 puntos y décima).

África subsahariana

Es la región con una puntuación más baja (31), con tan solo cinco países con más de 50 puntos y con cinco otros países dentro del top 10 empezando por abajo de la clasificación: Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial. La clasificación de la región la encabeza Botswana, con 61 puntos, por encima de España e Italia.

Oriente Medio y Norte de África

Con una puntuación media de 38, la mayoría de países de la región están por debajo del 50. La región se caracteriza por un fuerte control social y numerosos ataques a la libertad de expresión. El país donde menos percepción de corrupción hay es en los Emiratos Árabes Unidos (71), mientras que Libia, Yemen y Siria se encuentran entre los 10 países del mundo donde más hay.

América

La media de la región es de 44 puntos, aunque es poco representativa, ya que igual que en la región Asia-Pacífico hay una gran diferencia entre el país con la máxima percepción y la mínima. Canadá, octavo país del mundo con menos percepción de corrupción, lidera con 89 puntos, y Venezuela concluye con tan solo 18, lo que lo coloca en el undécimo lugar mundial empezando por la cola.

Europa occidental

Europa occidental, con 7 países en el top 10 de menor percepción de corrupción mundial, recibe la mejor media: 66. Dinamarca, con 88 puntos y tan solo por detrás de Nueva Zelanda, lidera la región. Aunque todos los países superan la media y “aprueban”, llaman la atención Italia y España, los dos países con más percepción de corrupción de la región, con 50 y 57 puntos respectivamente.

Europa del Este y Asia Central

La suya es la segunda media regional más baja (34) solo ante el África subsahariana y con solo un país, Georgia, que con 56 puntos supera los 50. Las estructuras políticas de los países de esta región todavía están influenciadas por los procesos y las guerras de la desintegración de la Unión Soviética y la Antigua Yugoslavia. Turkmenistán se encuentra en la cola de la clasificación con una puntuación de 19.

España, con 57 puntos, se encuentra en la posición 42 global, empatada con la República Checa, Chipre y Dominica, y penúltima en la clasificación regional, solo por delante de Italia. Está 14 puntos por encima de la media mundial pero 9 por debajo de la media de Europa occidental.

Documento completo: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#regional

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