Durante las últimas semanas, las fuerzas del orden, los guardias de fronteras y las autoridades laborales y fiscales de toda Europa unieron fuerzas para identificar y combatir la explotación laboral. Esta reciente edición de las Jornadas de Acción Conjunta EMPACT se centró en el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, con especial énfasis en el sector agrícola, la gastronomía y las agencias de trabajo temporal.

En particular, las autoridades implicadas también tomaron medidas contra la explotación de nacionales de terceros países y refugiados. Lideradas por Francia y Países Bajos, y llevadas a cabo por autoridades de 32 países con el apoyo de Europol y la Autoridad Europea del Trabajo (ELA), las jornadas de acción supusieron la detención de 54 personas y la identificación de 404 víctimas potenciales de tráfico de seres humanos.

Por lo general, los resultados de la acción incluyen:

• 22.296 agentes de las fuerzas del orden y las autoridades laborales y fiscales que participaron en la acción.

• 194.995 entidades controladas (incluidas 73.218 personas, 11.815 ubicaciones, 26.412 vehículos y 83.958 documentos).

• 93 personas sospechosas de tráfico de seres humanos identificadas (de las cuales 92 por explotación laboral).

• 54 personas detenidas por varios delitos (de las cuales 44 por explotación laboral).

• 404 posibles víctimas de tráfico de seres humanos identificadas (de las que 393 posibles víctimas de explotación laboral).

• 341 nuevas investigaciones en varios delitos iniciados (de las que 43 de explotación laboral).

El objetivo de esta acción recurrente es que las autoridades se centren en las formas de explotación laboral más pertinentes o extendidas en sus respectivos países. Se llevaron a cabo inspecciones en una amplia gama de sectores, tales como restauración, gastronomía, entrega de alimentos, procesamiento de alimentos y carne, servicios de belleza, atención médica doméstica, logística y distribución, agricultura, construcción y minería.

Algunos países han confirmado varios modus operandi en el tráfico de seres humanos con fines de explotación agrícola y laboral. Éstos incluyen discrepancias entre los pagos y las horas de trabajo de los empleados, violaciones de las leyes sobre el salario mínimo, trabajo no declarado, esquemas ilegales operados por agencias de trabajo temporal, incumplimientos de las horas máximas de trabajo, malas condiciones de vivienda proporcionadas por los empresarios, el empleo de menores, servidumbre de deudas, trabajo sin permiso y la retención de documentos de identidad y de viaje. Además, los nacionales de terceros países pueden utilizar documentos similares, pasaportes falsificados y permisos de residencia falsificados. Por lo general, los casos de explotación laboral y trabajo forzado son significativamente infra declarados y no reflejan la verdadera magnitud del problema.

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El deterioro de las relaciones entre policía y población se explica, en parte, por el predominio de una lógica marcial y política a corto plazo. Este modelo perjudica tanto a los ciudadanos, víctimas de prácticas brutales, como a los policías, expuestos a misiones mal definidas y arriesgadas.

Esta idea se extrae de una investigación realizada por: Marie Lajus, alto funcionario, ex prefecto y comisario de policía, Jacques de Maillard, profesor universitario y Marc-Olivier Padis, Director de Estudios de Terra Nova.

Un reciente informe de inspección señala un deterioro del vínculo de confianza entre las fuerzas de seguridad interna y la población. La brecha entre las expectativas de la población y la comprensión de las prioridades de los servicios es obvia. Este deterioro no sólo es preocupante por la insatisfacción de los usuarios. También conduce a una acción de política de seguridad menos efectiva. La sensación de distancia entre la policía y la sociedad dificulta el trabajo policial.

Las oportunidades de contacto entre la policía y la población tienen lugar con demasiada frecuencia durante las interacciones de control, en una lógica coercitiva y, en ocasiones, en un modo ofensivo, lo que crea un clima de desconfianza desfavorable para el trabajo policial.

También coloca a los agentes en situaciones conflictivas donde su responsabilidad puede ser cuestionada. Un malestar policial es evidente durante un cierto número de misiones para las que no están preparados o que sólo tienen como objetivo el aparente despliegue de la fuerza y ​​la acción represiva. Este malestar está ligado en parte a las condiciones en un contexto de tensión operativa permanente.

La acción de la policía durante la crisis sanitaria se ha orientado por instrucciones oficiales en una dirección esencialmente represiva. Las fuerzas policiales y de gendarmería se han movilizado masivamente para comprobar la aplicación del confinamiento y sus diferentes medidas (certificados, cierres de plazas, uso de mascarillas, etc.). En total, unos 100.000 agentes, es decir, casi todo el personal dedicado a la vía pública, fueron movilizados a diario por esta acción.

El dominio de un modo de intervención principalmente coercitivo, basado en concepciones obsoletas de gestión de multitudes y disuasión a través de la exhibición de la fuerza, conduce a situaciones de fracaso colectivo de las que los agentes pagan el precio (lesiones, imagen degradada, riesgo de acoso penal).

Pero los beneficios en términos de comunicación siguen siendo suficientemente fuertes para que los líderes políticos persistan en el callejón sin salida. Los movimientos de los chalecos amarillos presentan un caso especial ya que no se trataba de que la policía se enfrentara a manifestaciones organizadas, con un recorrido declarado, organizadores identificados, interlocutores responsables, un ritual controlado. Por defecto, a ojos del Ministerio del Interior, no se trataba de manifestaciones sino de concentraciones, es decir, una calificación que autorizaba el uso legal de la fuerza de forma mucho más amplia.

En los países vecinos, se ha observado un enfoque completamente distinto. Por ejemplo, en los Países Bajos, la acción policial se ha realizado con un espíritu de prevención, diálogo y rendición de cuentas. El eslogan escogido no fue el de la «guerra contra el virus» lanzada por el presidente de la República en Francia y después retransmitida, desde el primer ministro, a todos los niveles jerárquicos. El eslogan colectivo holandés era: «juntos, controlad la epidemia”.

El caso holandés muestra que otra estrategia para gestionar el confinamiento fue posible destacando el contacto con la población, los mensajes de prevención y el soporte. La policía británica implementó prácticas de acuerdo con un enfoque de 4 E (Engage, Explain, Encourage, Enforce), de las cuales la dimensión de coerción era, por tanto, sólo una de las cuatro dimensiones, y cuyas evaluaciones han demostrado que ha ayudado a mantener o incluso a desarrollar la buena voluntad pública. Por el contrario, la política de números, que ya ha mostrado sus límites, no valora ninguna de las habilidades profesionales de la policía. Solo funciona sobre el miedo al uniforme o al castigo, en detrimento de construir un vínculo duradero entre la policía y la sociedad. Esto debe suponer reforzar la formación inicial y continuada de los funcionarios encargados de la seguridad interior, que actualmente es demasiado limitada en duración e insuficientemente adaptada desde el punto de vista del contenido y la preparación para la profesión.

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La violencia armada se ha convertido en una crisis de seguridad de pleno derecho en Nigeria, especialmente en las regiones del noroeste y centro-norte del país. Lo que empezaron siendo ataques esporádicos ha derivado en campañas coordinadas de violencia que afectan a comunidades enteras.

Entre 2023 y 2025, más de 10.000 personas han muerto en manos de grupos armados en el norte de Nigeria, la mayoría mujeres y niños. La vida rural se ve completamente alterada: campesinos secuestrados en los campos, viajeros atacados en las carreteras, pueblos enteros desplazados. En algunas zonas, los residentes incluso tienen que pagar “impuestos” a los bandidos para poder recolectar.

Según Onyedikachi Madueke, doctorando en Seguridad en Nigeria de la Universidad de Aberdeen, esta inseguridad genera pobreza, debilita la confianza en el Estado e impulsa la emigración.

Los estudios sobre el bandolerismo en Nigeria acostumbran a centrarse en factores como la pobreza, la exclusión social o los territorios desgobernados. Pero a menudo se deja de lado un elemento esencial: la falta de capacidad institucional de la policía.

Algunas conclusiones de la investigación de Madueke apuntan claramente hacia una fuerza policial con graves carencias estructurales: escasez de personal, falta de financiación, condiciones laborales precarias y una organización excesivamente centralizada.

Estos déficits no son solo problemas administrativos, sino factores que propician entornos donde la violencia organizada puede prosperar. Las conclusiones se articulan en cuatro grandes ejes.

Crisis de personal: demasiado pocos agentes para demasiados ciudadanos

Con 220 millones de habitantes, Nigeria cuenta con 370.000 policías. En algunos municipios del norte, solo 32 agentes protegen centenares de miles de personas. Además, hasta el 80 % de los policías están asignados a proteger políticos, empresarios… Esto deja una minoría disponible para tareas policiales reales.

Financiación crónicamente insuficiente

El presupuesto policial de 2024 ronda los 808 millones de dólares, muy por debajo de países como Sudáfrica o Egipto. Las comisarías no tienen ordenadores, ni papel, ni acceso a internet. Los agentes usan sus móviles personales. Los vehículos patrulla no tienen combustible y el equipamiento especializado es inexistente u obsoleto.

Condiciones laborales precarias

Un agente júnior puede cobrar 44 dólares al mes, insuficientes para vivir. Tienen que pagarse los uniformes, la asistencia médica y viven en cuarteles degradados, sin agua ni electricidad. Las familias de los agentes muertos a menudo tardan años en recibir las compensaciones. Esta precariedad genera desmotivación y desconexión, con graves implicaciones para la seguridad nacional.

Estructura excesivamente centralizada

La Policía de Nigeria está controlada desde Abuya, la capital, lo que deja los gobiernos regionales sin autoridad real sobre los agentes desplegados en sus territorios. Este modelo centralizado limita la respuesta rápida, dificulta la confianza comunitaria y favorece que los criminales actúen impunemente en zonas donde el Estado es percibido como inexistente.

Para hacer frente a la violencia armada hay que fortalecer institucionalmente la policía. Las medidas urgentes deberían incluir:

• Aumentar la contratación de policías, especialmente en las zonas rurales.
• Mejorar los salarios y las condiciones de vida de los agentes.
• Descentralizar el cuerpo policial y permitir la creación de fuerzas regionales y comunitarias.
• Asegurar la transparencia en el uso de los fondos destinados a la seguridad, especialmente el Fondo de Confianza Policial.

Reforzar a la policía no es solo una cuestión de gestión: es un paso fundamental para restaurar la confianza, garantizar la seguridad y construir un futuro más estable para Nigeria.

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Una importante operación contra el tráfico de personas ha dado lugar a la protección de 1.194 posibles víctimas y a la detención de 158 presuntos delincuentes. Como aparte de las investigaciones en curso, también se han identificado 205 sospechosos más de tráfico de personas. La jornada policial se centró en el tráfico de personas con finalidades de explotación sexual, criminalidad forzada y mendicidad forzada, con un enfoque especial en las víctimas menores de edad.

La edición de este año de la operación, con el nombre en clave Cadena Global, tuvo lugar del 1 al 6 de junio de 2025 y fue dirigida por las fuerzas del orden EN Austria y Rumania, con la coordinación y el apoyo de la Europol, la agencia Frontex y la INTERPOL. La finalidad era detectar y desmantelar objetivos de alto valor y grupos de crimen organizado responsables de la mayoría de los casos de tráfico de personas, así como proteger a las víctimas, decomisar los activos criminales e iniciar las investigaciones de seguimiento.

La operación involucró casi a 15.000 agentes de 43 países diferentes, incluyendo las fuerzas de la orden, las guardias fronterizas, los inspectores de trabajo, y las autoridades fiscales y aduaneras. Se detectaron posibles víctimas de 64 países diferentes, la mayoría de Rumania, Ucrania, Colombia, China y Hungría. Muchas habían traspasado fronteras e incluso continentes, cosa que demuestra la naturaleza global de los esquemas del tráfico de personas.

Las investigaciones muestran que la gran mayoría de las víctimas de explotación sexual son mujeres adultas, mientras que la explotación de menores de edad está principalmente relacionada con la mendicidad forzada y la actividad delictiva forzada, por ejemplo, como carteristas. En muchos de estos casos, proteger a las víctimas puede ser difícil, ya que a menudo son explotadas por miembros de su propia familia.

Los delincuentes participaban en el tráfico de personas con finalidades de explotación sexual y criminalidad forzada en varios estados de la Unión Europea. Las víctimas eran normalmente reclutadas mediante el método del amante, y después eran forzadas a prostituirse. Además, las víctimas se veían obligadas a estafar a los clientes y engañarlos para que entregaran grandes cantidades de dinero. En otros casos, las víctimas tenían que robar a los clientes o los tenían que atraer a lugares apartados para que los traficantes les pudieran sustraer los bienes.

También se llevaron a cabo incautaciones importantes, como: 277.669 € en efectivo, 1 tonelada de cannabis, 899 unidades de otros estupefacientes, 30 armas de fuego, 15 componentes explosivos, 65 documentos fraudulentos y 5 bienes inmuebles.

La Europol, Frontex y la INTERPOL dieron apoyo a la operación, que también dio lugar a 182 nuevas investigaciones, a través de la coordinación internacional. Para ayudar a los agentes sobre el terreno y dar apoyo al intercambio de información en tiempo real, se estableció un centro de coordinación en la sede de Frontex en Varsovia (Polonia), formado por funcionarios de 33 países.

La Europol proporcionó el apoyo analítico de varios expertos que procesaron los datos y los compararon con las bases de datos de la agencia. Un experto de la Europol se instaló en el centro de coordinación de Varsovia mientras duró la semana de acción.

La INTERPOL proporcionó el acceso a sus bases de datos y notificaciones internacionales, y ofreció apoyo de investigación y analítico en los casos que surgieron durante la operación.

Durante la acción policial de seis días, los países actuaron sobre la base de la inteligencia compartida para hacer incursiones en lugares conocidos y llevar a cabo los decomisos. También se aumentó la presencia de las fuerzas de la orden en puntos críticos y centros de transporte clave, para identificar a las víctimas y los sospechosos. Unos 15.000 agentes controlaron: 924.392 personas, 842.281 documentos, 181.954 vehículos, 5.745 vuelos y embarcaciones, y 20.783 lugares.

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La inteligencia artificial está cambiando radicalmente la manera como operan los cuerpos de seguridad en Europa. Sin embargo, su uso no está libre de peligros, especialmente cuando los algoritmos perpetúan, o incluso empeoran, las discriminaciones y los prejuicios que ya están presentes en la sociedad. Para enfrentarse a este desafío, el Innovation Lab de l’Europol ha publicado una guía innovadora, AI bias in law enforcement. A practical guide (febrero de 2025), que analiza cómo identificar y reducir los sesgos algorítmicos en el ámbito policial.

Esta guía se basa en los principios del AI Act de la Unión Europea, que establece normas estrictas para asegurar un uso seguro, transparente y no discriminatorio de la inteligencia artificial, especialmente en áreas de alto riesgo, como la de la aplicación de la ley. Según la Europol, seguir estos principios es esencial para proteger los derechos fundamentales, ganar la confianza del público y garantizar que la inteligencia artificial sea una herramienta útil y ética al servicio de la seguridad.

Los riesgos reales de los sesgos algorítmicos

El uso de la inteligencia artificial en funciones policiales, como la vigilancia predictiva, el reconocimiento facial, el análisis de datos o la toma de decisiones operativas, puede conducir a decisiones sesgadas si los algoritmos se basan en datos incompletos o históricamente cargados de prejuicios. Este riesgo es particularmente elevado en grupos vulnerables o minoritarios, que pueden verse afectados de manera desproporcionada por estos sistemas.

Estrategias para mitigar el sesgo

El informe propone varias recomendaciones prácticas que las agencias policiales pueden adoptar para minimizar el riesgo de sesgos:

– Realizar auditorías independientes de los sistemas de inteligencia artificial antes y durante su uso.

– Mantener una supervisión humana constante y la capacidad de intervenir en las decisiones automatizadas.

– Analizar críticamente los datos de entrenamiento y prestar especial atención a posibles fuentes de discriminación.

– Promover la diversidad y la ética en los equipos de desarrollo e implementación de la inteligencia artificial.

– Garantizar la transparencia y asegurar que las decisiones de los sistemas sean comprensibles tanto para los operativos como para la ciudadanía.

– Establecer protocolos de revisión continua para evaluar el impacto de la inteligencia artificial a largo plazo.

Una apuesta por la innovación responsable

Con este documento, la Europol apuesta por una inteligencia artificial ética y responsable en el campo de la seguridad pública. No se trata solo de cumplir las normativas europeas, sino de aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial sin sacrificar la justicia, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos.

Desde el blog Notas de seguridad, consideramos que esta guía es una herramienta fundamental para responsables de las políticas públicas, profesionales de la seguridad y desarrolladores tecnológicos. Adoptar estas buenas prácticas no solo reduce los riesgos legales y reputacionales, sino que también refuerza la legitimidad democrática de las instituciones policiales en una era de transformación digital.

Referencia del documento: Europol (2025), AI bias in law enforcement. A practical guide, Europol Innovation Lab observatory reporte, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

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Jeff Asher, experto en políticas de seguridad y datos, ha publicado recientemente un artículo titulado “New Orleans And The Case For Civilianization”, en el que explica cómo la ciudad ha conseguido reducir drásticamente el tiempo de respuesta policial, a pesar de contar con menos agentes armados.

¿Qué es la civilianization?

La civilianization es la incorporación de personal civil, no policial, para asumir funciones que tradicionalmente realizaba la policía: gestionar pequeñas incidencias, atender llamadas no urgentes, analizar datos o realizar investigación administrativa y tareas de laboratorio. Además de ser habitual en varias policías norteamericanas, se ha demostrado que aporta eficiencia, ahorra costes y permite que los agentes armados se centren en las situaciones de riesgo.

El caso de Nueva Orleans

Nueva Orleans ha perdido casi un cuarto del número de agentes, entre 2018 y 2023, que ha caído a los niveles de los años noventa. Ante esta crisis de plantilla, el cuerpo policial ha introducido centenares de civiles para asumir funciones de apoyo.

Asher destaca que, a pesar de tener menos agentes, la ciudad ha reducido el tiempo de respuesta en las situaciones graves. Los agentes se concentran en los robos violentos, las agresiones, los disparos y las emergencias reales.

Este enfoque no es el único cambio que ha habido en la policía de Nueva Orleans. Hace pocos días, el New Orleans Police Department (NOPD) ha implantado el sistema ShotSpotter, una red de sensores que detecta disparos en tiempo real, con un plan piloto de seis meses, en el distrito 5. Esta tecnología avanzada genera controversia, especialmente por el impacto en barrios de población predominantemente negra y latina, y por cuestiones de fiabilidad e integridad a la hora de intervenir.

Alternativas a los modelos tradicionales

La civilianization entra en tensión con la opción tecnócrata (cámaras, inteligencia artificial, sensores), pero ofrece una alternativa centrada en las personas y que tiene algunas ventajas:

• Coste y eficiencia. El personal civil es más barato con respecto a los salarios, las pensiones y la formación.
• Profesionalización. Permite especializar a los funcionarios en las áreas administrativas, de análisis y de apoyo, lo que mejora la calidad del servicio.
• Confianza y transparencia. El modelo humano y visible puede generar una relación de empatía con el vecindario, en contraste con el anonimato de las tecnologías invasivas.

Referencias comparativas relevantes

Reino Unido: Police Community Support Officers. Desde 2002, las fuerzas de Inglaterra y Gales disponen de los Police Community Support Officers (PCSO): civiles uniformados con poderes limitados, encargados de llevar a cabo un patrullaje visible, gestionar incidentes menores, controlar multas y dar apoyo en acontecimientos públicos.

En 2022 había unos 8.263 PCSO (con un máximo de 16.814, el año 2009). Han proporcionado un modelo sólido de civilianization estructurada e integrada.

Suecia: investigadores civiles dentro de la policía. Estudios recientes describen cómo la policía sueca ha incorporado investigadores civiles (mayoritariamente mujeres tituladas) para trabajar en casos penales y de análisis de datos.

Alemania: voluntarios auxiliares (Auxiliary Police). Varios estados federados (como Baviera, Hesse o Baden-Württemberg) tienen servicios de policía voluntaria auxiliar, civiles entrenados con poder para identificar personas, detener o controlar el tráfico, en apoyo a la policía. Llevan uniforme y han hecho una formación de 50 horas.

En Baviera, la Sicherheitswacht realiza patrullajes visibles con la potestad de detener ciudadanos e incluso puede llevar gas irritante.

Francia: reservistas operativos civiles. La Policía Nacional y la Gendarmería cuentan con reservistas civiles (1.500 en la Policía, 29.000 en la Gendarmería) que intervienen en el mantenimiento del orden y en actuaciones conjuntas en situaciones excepcionales. Tienen que hacer una formación breve y van uniformados como auxiliares judiciales.

En conclusión, el caso de Nueva Orleans muestra que para hacer más con menos no es imprescindible apostar solo por los sensores y la inteligencia artificial. La civilianization es una opción viable y humanizada para optimizar la respuesta policial, a la vez que refuerza la proximidad con la comunidad y aligera la presión sobre los agentes. Es una propuesta que hay que observar de cerca para fomentar un modelo de seguridad pública más ágil, transparente y ajustado a los retos de los próximos años.

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Las autoridades francesas, con el apoyo de la Europol, neutralizaron una red criminal que producía y distribuía drogas sintéticas en el mercado europeo y mundial, y detuvieron a 16 personas.

La investigación que llevó a cabo la Gendarmería Nacional Francesa también contó con la colaboración de las autoridades policiales de Bélgica.

El mes de junio de 2024, las autoridades francesas intervinieron 216 kilogramos de metanfetamina cristalina y arrestaron a dos ciudadanos franceses en relación con el caso. La investigación posterior reveló que la red criminal implicada en la producción y el tráfico de drogas sintéticas tenía fuertes vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa, y con otras bandas criminales activas en Europa y Nueva Zelanda.

Los dos líderes principales de la red contaron en gran medida con el apoyo logístico, la experiencia y la preparación que les proporcionaron los cárteles mexicanos. Al mismo tiempo, dichos cárteles dependían de intermediarios locales para ligar las operaciones y tratar de expandir su influencia. Esta interdependencia subraya la naturaleza transnacional de la red y la cooperación entre los actores criminales a través de los continentes.

Los investigadores descubrieron que los productos químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas provenían de China. Las pruebas recogidas durante la investigación condujeron a la identificación de los organizadores principales, un argelino y un francés, que son presuntamente los responsables de toda la cadena de producción y difusión, incluyendo el contrabando de precursores, la creación del laboratorio, la “cocina” de las drogas y el tráfico posterior. Paralelamente, utilizaban criptomonedas para facilitar las transacciones financieras ilegales.

La jornada de acción policial comportó la detención de 16 personas –de Bélgica (1), Francia (13), Serbia (1) y México (1)– y 16 registros domiciliarios, en los que se intervinieron 3 vehículos; artículos de lujo valorados en más de 100.000 €; unos 80.000 € en cuentas bancarias; teléfonos y otros dispositivos electrónicos, y unos 10.000 € en efectivo. También se congelaron 30.000 € en criptomonedas.

Además, la policía registró un antiguo laboratorio de drogas, donde encontró rastros de producción de metanfetamina. También descubrió pruebas de vertido ilícito de productos químicos, como envases, residuos químicos y entierros en la zona circundante, cosa que indica los intentos de ocultar estas actividades de fabricación de drogas sintéticas.

La producción y el tráfico de drogas sintéticas en la Unión Europea (UE) están aumentando considerablemente, tal como se destaca en la Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de la UE 2025. Antes limitada a unas pocas regiones, la producción ahora llega a más estados miembros de la UE, y abastece tanto los mercados locales como los globales.

Impulsado por los elevados beneficios, el comercio está marcado por la competencia violenta, la corrupción y la infiltración de estructuras empresariales legales.

Ya en el año 2022, un informe conjunto de la Europol y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos reveló la colaboración creciente entre los cárteles mexicanos y las redes criminales con sede en la UE. Se ha visto que estas alianzas dan apoyo al tráfico y la producción local de metanfetamina y cocaína en Europa.

Concretamente, las operaciones exitosas han revelado que los grupos mexicanos proporcionan a sus asociados criminales de la UE conocimientos técnicos, como “cocineros” calificados de metanfetamina, y ayudan a establecer laboratorios de conversión de cocaína.

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La operación policial RapTor, coordinada por la Europol y dirigida contra las redes de drogas y de delitos en línea, ataca a centenares de vendedores y compradores de la web oscura (dark web), en los cuatro continentes.

Esta operación internacional ha desmantelado redes de tráfico de drogas, armas y productos falsificados, lo que supone una clara advertencia para los delincuentes que se esconden tras la ilusión del anonimato. Los sospechosos fueron identificados mediante investigaciones coordinadas, basadas en la inteligencia de las detenciones de los mercados de la web oscura Nemesis, Tor2Door, Bohemia y Kingdom Markets.

Esta acción internacional es la continuación de la operación SpecTor, del año 2023, que supuso la detención de 288 sospechosos. Todas estas operaciones muestran la capacidad creciente de las fuerzas del orden para adentrarse en el secretismo de la web oscura. Y es que las 270 detenciones tuvieron lugar en los países siguientes: 130 personas fueron detenidas en los Estados Unidos; 42, en Alemania; 37, en el Reino Unido; 29, en Francia; 19, en Corea del Sur; 4, en Austria; 4, en los Países Bajos; 3, en Brasil; 1, en Suiza, y 1, en España.

Aparte de las detenciones, los agentes requisaron más de 184 millones de euros en efectivo y en criptomonedas; más de 2 toneladas de drogas –anfetaminas, cocaína, ketamina, opioides y cannabis; más de 180 armas de fuego, junto con armas de imitación, pistolas de electrochoque y cuchillos; 12.500 productos falsificados, y más de 4 toneladas de tabaco ilegal.

Estas aprehensiones representan una interrupción importante de las cadenas de suministro criminal que alimentan la economía de la web oscura.

La Europol dio apoyo a la acción policial compilando y analizando paquetes de inteligencia basados en datos de los tres mercados intervenidos. Dichos paquetes se compartieron con las autoridades nacionales, en el marco del Grupo de Trabajo Conjunto contra la Ciberdelincuencia, situado en la sede de la Europol, para permitir investigaciones específicas.

Este modelo operativo, también utilizado en la operación SpecTor de 2023, demuestra que la supresión de una plataforma criminal no es el final de la historia, sino el comienzo de investigaciones de seguimiento destinadas a identificar y detener vendedores de alto valor.

La operación RapTor demuestra que la web oscura no está fuera del alcance de las fuerzas del orden, aunque los criminales operen en línea y fuera de línea, internacional y localmente, o que utilicen al máximo los recursos tecnológicos. Para hacerles frente, es esencial una acción coordinada. Y este es el valor añadido que proporciona la Europol.

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Se trata de una jornada de acción que se llevó a cabo el pasado mes de enero, con el apoyo de la Europol –después de dos operaciones contra traficantes de migrantes–, en la que se decomisaron activos por valor de más de 4,5 millones de euros, 4 escopetas y múltiples dispositivos electrónicos.

En un ejemplo perfecto de la interconexión entre redes criminales, la Europol dio apoyo a la desactivación de una organización bancaria paralela criminal con múltiples sucursales repartidas por Europa.

Se detuvieron 17 personas –15 en el Estado español, 1 en Austria y 1 en Bélgica– de nacionalidad china y siria, sospechosas de proporcionar principalmente servicios de blanqueo de capitales a delincuentes.

Esto engloba servicios bancarios paralelos, banca hawala ilegal, cobro de efectivo, servicios de mensajería de efectivo e intercambio de criptomonedas por efectivo.

Los delincuentes operaban en al menos dos sucursales: una que atendía principalmente al mundo criminal de habla árabe y otra que atendía a redes criminales originarias de China. También llevaban a cabo servicios de blanqueo de capitales para otras redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes y drogas. Los investigadores consideran la red criminal desmantelada una de las más importantes en esta área de delincuencia.

Se cree que la red criminal movió más de 21 millones de euros. Con publicidad en las redes sociales, llegaron a una clientela variada e internacional. Además de arrestar a 17 personas, las fuerzas del orden incautaron activos criminales por valor de más de 4,5 millones de euros.

El decomiso incluye: 206.000 € en efectivo, 421.000 € en 77 cuentas bancarias y 183.000 € en criptomonedas; 10 bienes inmuebles por valor de más de 2,5 millones de euros; 18 vehículos por valor de más de 207.000 €; 4 escopetas y municiones; teléfonos y otros dispositivos; consumibles de lujo, relojes, accesorios y joyas.

A partir del éxito conseguido en la detención de los traficantes de migrantes que confiaban en los servicios bancarios ilícitos de esta red criminal, los investigadores nacionales y los expertos de la Europol en delitos financieros iniciaron conjuntamente una nueva investigación.

La Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT) aborda las amenazas más importantes que plantea la delincuencia internacional organizada y grave que afectan a la Unió Europea (UE). El EMPACT refuerza la inteligencia y la cooperación estratégica y operativa entre las autoridades nacionales, las instituciones, los organismos de la UE y sus socios internacionales.

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El gobierno del Reino Unido ha anunciado esta semana un plan ambicioso para reforzar la presencia policial en los barrios y garantizar un modelo de seguridad más próximo, conocido como Neighbourhood Policing Guarantee. Con este movimiento, el ejecutivo británico recupera una de las tradiciones más arraigadas de su sistema policial: la figura del bobby de proximidad, con el objetivo declarado de reconectar la policía con las comunidades y mejorar la confianza ciudadana.

El Ministerio del Interior ha difundido un marco de seguimiento y evaluación denominado Neighbourhood Policing Guarantee performance framework, que establece indicadores para medir la calidad de la presencia policial en los barrios.

Este movimiento se inscribe en un contexto de debate intenso sobre el papel de la policía en el Reino Unido, después de años de recortes presupuestarios, escándalos de corrupción y una preocupante pérdida de confianza ciudadana. El diciembre pasado, el College of Policing —organismo profesional que marca los estándares de la policía inglesa— ya había publicado su valoración sobre la propuesta del gobierno, alertando que “no basta con la presencia visible: hay que invertir en capacidades, liderazgo y cultura organizativa para hacer realidad un modelo de policía genuinamente comunitaria”.

El Neighbourhood Policing Guarantee presentado por el gobierno británico se concreta en un marco de evaluación ambicioso que quiere traducir en prácticas operativas una idea tan sencilla como potente: que todo el mundo tenga acceso a una policía próxima, conocida y útil. El documento de referencia establece seis compromisos centrales, que se quieren convertir en estándares mínimos para todas las fuerzas policiales del Reino Unido:

1. Cada comunidad debe tener un equipo policial de barrio identificable y accesible. Los cuerpos policiales tendrán que publicar los nombres, fotos y canales de contacto de sus agentes de barrio, y garantizar que la ciudadanía sabe quién son y cómo acceder.

2. Los equipos deben ser fácilmente contactables y estar disponibles de manera regular. Los agentes de barrio deben mantener una presencia activa y conocida en sus territorios, con patrullajes a pie y puntos de encuentro regulares.

3. Los ciudadanos deben poder ver como se están abordando las prioridades locales. La policía tendrá que publicar acciones específicas tomadas sobre las preocupaciones priorizadas por la comunidad (ej: incivismo, tráfico, robos), y actualizarlas regularmente.

4. Cada fuerza policial deberá recoger de manera sistemática las prioridades locales de seguridad. Se establece la obligación de mecanismos estructurados de consulta ciudadana y participación, más allá de encuestas puntuales.

5. Hay que garantizar una formación específica en policía comunitaria para todos los miembros de estos equipos. La reforma británica incluye formación obligatoria en herramientas de resolución de conflictos, escucha activa, mediación y conocimiento cultural.

6. Los resultados y el impacto del trabajo de los equipos de barrio deberan medirse y hacerse públicos. Se introducen indicadores de rendimiento específicos sobre presencia, accesibilidad, satisfacción ciudadana e impacto en la reducción de problemas concretos.

Conclusiones preliminares

El plan británico representa un intento serio de volver a conectar la policía con la sociedad a través de la proximidad real, con compromisos medibles y transparentes.

Desde una mirada europea, esta reforma abre una ventana de oportunidad para repensar la relación entre policía y comunidad, no solo en términos de presencia, sino de confianza, transparencia y compromiso democrático.

Aún y el consenso aparente sobre la necesidad de recuperar la policía de barrio, varios actores sociales y expertos en seguridad han advertido que esta garantía no puede ser un simple retorno nostálgico en los años del bobby on the beat. Habrá que ver si el despliegue real del plan —con recursos, formación y evaluación— está a la altura del discurso político.

Desde Cataluña y otros contextos europeos con experiencias propias de policía de proximidad, esta apuesta británica ofrece una buena oportunidad para reflexionar sobre los modelos de seguridad pública, las relaciones entre policía y comunidad, y los mecanismos para garantizar transparencia y rendición de cuentas. En Notas de Seguridad seguiremos la evolución.

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