Presente y futuro de la delincuencia organizada en la Unión Europea

La delincuencia organizada ha evolucionado mucho durante los últimos veinte años, especialmente con respecto al número de organizaciones criminales, su modus operandi, el uso de la tecnología y la capacidad del crimen organizado de infiltrarse en infraestructuras, en el sector público y en el intento de aprovechar lagunas legislativas.

Esta es una de las conclusiones a que se llegó en el Convenio europeo de jefes de policía de 2019 (EPCC), donde unos 600 responsables policiales y representantes de 50 países se reunieron en la sede de Europol en La Haya.

El acontecimiento anual reúne a jefes de policía y representantes de alto nivel de la UE y de todo el mundo, para intercambiar valoraciones de las amenazas, retos y oportunidades de los grupos criminales actuales y emergentes. Los delegados debatieron en centenares de reuniones bilaterales y multilaterales sobre cómo sigue evolucionando el crimen organizado y se ha convertido en un reto importante para la seguridad de la UE. Hubo un consenso entre las autoridades policiales de los estados miembros de la UE y Europol sobre el hecho que la naturaleza cada vez más transfronteriza del crimen organizado, a menudo asociada a actos violentos entre bandas; la expansión de los mercados de tráfico de drogas y los delitos relacionados, como el blanqueo de capitales y la corrupción, suponen un reto importante en nuestra sociedad.

En zonas de algunos estados miembros de la UE, se puede observar un círculo vicioso con la exclusión social, la criminalidad, la pérdida de confianza en la policía y, en algunos casos, la radicalización.

Mientras tanto, las nuevas sustancias psicoactivas, los niveles récord de producción de drogas a nivel mundial, el contrabando organizado de migrantes y el desarrollo de la criminalidad en línea han tenido efectos profundos en el panorama criminal.

Europol y la presidencia finlandesa del Consejo de la UE concluyeron que varios ámbitos requieren una atención especial. Entre estos se encuentran:

. centrar la atención sobre el crimen organizado, considerándolo una amenaza grave para la seguridad interna de la UE.
. la necesidad de orientarse a grupos de criminalidad organizada de primer nivel, desarrollando iniciativas más exitosas como el concepto de objetivo de alto valor en Europol.
. una mayor atención a la delincuencia económica y financiera y a la confiscación de activos delictivos, asegurándose de que la delincuencia paga. Y acogiendo los nuevos avances como el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) en Europol y la Fiscalía Europea (EPPO).
. un mayor flujo de información entre la policía y el sector privado, a nivel nacional y europeo (Europol).
. una mayor inversión en la prevención de la delincuencia, que requiere un enfoque multidisciplinario que implique a organismos gubernamentales, a organizaciones no gubernamentales y al sector privado.
. necesidad de una estrategia global de la UE sobre el crimen organizado, que pueda ampliarse en el ciclo de políticas de la UE para el crimen grave e internacional.

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El sistema de reconocimiento facial automático de la Policía Metropolitana de Londres, cuestionado por una investigación independiente

Se acaban de publicar los resultados de un estudio llevado a cabo por dos profesores de la Universidad de Essex, en colaboración con la Policía Metropolitana de Londres,[1] que evidencia que solo un tercio de las identificaciones hechas utilizando el sistema de reconocimiento facial automático son correctas. En el resto de casos las personas identificadas no se corresponden con las realmente buscadas.

El estudio, que ha tenido resonancia internacional,[2] plantea, además, dudas sobre la adecuación al derecho de la utilización de este sistema de inteligencia artificial por parte de la Policía Metropolitana. En primer lugar, no existe ninguna base legal para utilizar el sistema de manera genérica, con lo cual, si tenemos en cuenta que conlleva una limitación de derechos, no cumple con la exigencia de llevarse a cabo de acuerdo con la ley. En segundo lugar, no se justifica la necesidad de utilizar esta tecnología, es decir, que no se pueda solucionar el problema en cuestión por otro medio menos intrusivo, y no se hace una valoración del impacto que puede suponer en los derechos de las personas afectadas (como también ha establecido muy recientemente un informe del Comisionado para la Videovigilancia[3]).

La misma construcción de la lista de personas buscadas, con la cual se contrastan las caras visionadas por las cámaras, no parece seguir un criterio claro ni uniforme a la hora de escoger a las personas que forman parte de la misma. Se incluyen tanto personas buscadas por el poder judicial como por la policía y no en todos los casos se trata de personas que hayan cometido infracciones.

A nivel operacional, los resultados han sido muy pobres: de las 46 identificaciones hechas por el sistema solo 26 fueron consideradas creíbles por los agentes actuantes, aunque en 4 de los casos las personas identificadas como buscadas no llegaron a ser paradas ya que se escaparon entre la gente. De las 22 restantes, solo 8 llevaron a la detención de la persona buscada, mientras que las otras 14 mostraron que la persona efectivamente parada no se correspondía con la buscada. El proceso de decisión, una vez recibida la imagen de la cámara, no parece haber sido el correcto en varios casos, detectándose, entre otras deficiencias, precipitación a la hora de intervenir.

Es importante, sin embargo, reconocer la colaboración de la Policía Metropolitana en el trabajo de investigación. De hecho, la utilización de este instrumento se consideró para un periodo de prueba de tres años, durante el cual se han llevado a cabo varios test sobre su funcionamiento (demasiado centrados en cuestiones puramente técnicas, según el estudio de la Universidad de Essex), que ha promovido la misma Policía. El periodo de prueba acabó en julio de 2019 y los resultados de toda esta observación tienen que servir para modificar su uso en el futuro.[4]

[1] Vid. https://48ba3m4eh2bf2sksp43rq8kk-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/07/London-Met-Police-Trial-of-Facial-Recognition-Tech-Report.pdf

[2] Vid. http://www.polizei-newsletter.de/links.php?L_ID=638

[3] Vid. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786392/AFR_police_guidance_of_PoFA_V1_March_2019.pdf

[4] Vid. https://www.met.police.uk/live-facial-recognition-trial/

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La delincuencia no violenta sigue disminuyendo en Suiza

Los datos publicados por el Instituto Federal de Estadística de Suiza confirman la tendencia de los últimos años. En primer lugar, tanto las infracciones estrictamente penales como las que van contra la legislación del narcotráfico y las que regulan la extranjería continúan en descenso. Las infracciones penales experimentan un descenso superior al año anterior (un 6,1% y en 2016 habían bajado un 4%), mientras que las infracciones de la legislación de extranjería presentan todavía un descenso superior (9,1%, por sólo un descenso de un 1% en 2016). Los delitos relacionados con el narcotráfico experimentan un descenso ligeramente superior al del año pasado (3,8% en 2017 por un 3% el año anterior).

En este contexto, es importante remarcar que los delitos contra la integridad física no experimentan el mismo descenso, sino que se mantienen estables (hay un descenso de 90 casos, imperceptible porcentualmente (24.632 este año por 24.722 el año pasado). Los grandes descensos se experimentan en los delitos contra el patrimonio, que constituyen un 67,5% de las infracciones contra el Código penal y bajan un 6%. Es destacable el descenso de los robos en domicilio, que se reducen un 12%. Los delitos contra la libertad experimentan un descenso del 9,1%, pero no son tan relevantes en números absolutos.

Con respecto a los detenidos (“acusados”, los llaman), la cantidad global continúa estable (un 0,1% menos que el año anterior), pero se detecta un aumento del 8,3% en las detenciones de menores, aunque estas corresponden a delitos leves como hurtos, daños, pequeñas riñas o insultos. Los detenidos por infracciones contra el Código penal con nacionalidad suiza siguen sin llegar a la mitad (un 47,85%). La mayoría de detenidos extranjeros (un 59,31%) son residentes habituales en el país, un 8,6 asilados y un 32% personas no residentes. Las cifras relativamente grandes de residentes permanentes extranjeros se manifiestan a la hora de ver las nacionalidades predominantes entre ellos. Los cuatro primeros lugares corresponden a italianos, portugueses, alemanes y franceses, nacionalidades que tienen un gran número de residentes habituales en el país. En cambio, en las infracciones contra la legislación de drogas, los suizos sí que son mayoría (55,75%), y, en el caso de las infracciones relacionadas con la legislación de extranjería, los extranjeros no residentes son, naturalmente, la inmensa mayoría (80%).

La tasa de delitos (Código penal) por mil habitantes se sitúa en el 52,1 (un descenso del 6%) y los cantones con las tasas más altas están en las zonas más urbanas y pobladas: Basilea ciudad (113,5), Ginebra (102,8) y Neuchâtel (65,8). Los cantones que las presentan más bajas son zonas muy rurales y mucho menos pobladas: Uri (22,7), Appenzell Innerrhoden (23) y Schwyz (26%).

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Notable descenso de la delincuencia en Alemania

Polizeiliche Kriminalstatistik 2017La Bundeskriminalamt alemana acaba de publicar los datos de la delincuencia relativos al año 2017. A pesar de todos los pronósticos que auguraban que las oleadas de refugiados de los últimos años causarían un peligroso incremento de la delincuencia, los datos muestran un descenso de un 9,6% en relación con el año anterior (5.761.984 hechos frente a los 6.372.526 del año precedente).

Se constatan descensos importantes en prácticamente todas las categorías delictivas, a excepción de la delincuencia económica (un 28%, pero en cifras absolutas moderadas, 74.070), los delitos relacionados con las armas (tráfico) y contra la salud pública (drogas), la pornografía y muy ligeramente los delitos de fraude (un 20,6% de los cuales se comete a través de internet), la delincuencia informática (especialmente entre los nacionales) o contra la autoridad del Estado (sobre todo entre los extranjeros).

Los delitos contra la propiedad (hurtos, robos sin violencia, robos en domicilio y en negocios) siguen constituyendo el grueso de la delincuencia (36,3%) y se sitúan un poco por encima de los dos millones de hechos conocidos (2.092.994), cifra que implica una reducción del 11,8% en relación con el año anterior. Se experimentan descensos en todas las categorías delictivas (destaca el descenso del 23% de los robos en domicilio), tanto en los casos en que los autores son nacionales como en los cometidos por extranjeros.

Una parte muy importante de los delitos se siguen produciendo en la calle, un 20,9% del total.

Los delitos contra la legislación de extranjería experimentan un descenso del 63,1% (pasan de 487.711 a 179.848), hecho que demuestra que los discursos que anunciaban un gran efecto imán a consecuencia de la llegada de refugiados han errado totalmente los pronósticos.

La delincuencia violenta experimenta un descenso más moderado, un 2,4% en total, sobre todo debido al descenso de los robos con violencia (un 9,7%). Los homicidios, en cambio, sólo bajan un 1,6%.

Los delitos contra la salud pública (drogas) experimentan un incremento del 9,2%, situándose en 330.580 casos. La mayoría están relacionados con el tráfico de cannabis y marihuana (204.904), de anfetaminas y derivados (47.662) y, en tercer lugar, de cocaína y crack (19.644). Entre las causas de este incremento destacan las siguientes:

  • El incremento de la presión policial
  • El aumento de la disponibilidad de las drogas
  • La venta por internet
  • La reciente incorporación de los agentes de aduanas a la lucha contra el narcotráfico

Finalmente, cabe remarcar que la tasa de delitos por mil habitantes se sitúa en 68,82 (el año anterior, en 77,54) y que el porcentaje de detenidos extranjeros baja del 40,4% del año anterior al 34,8%.

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¿Cómo afectan la presencia y la acción policial a la percepción de seguridad de los ciudadanos franceses?

Un estudio realizado a partir de las encuestas de victimización Cadre de vie et sécurité, 2008-2017[1] ha permitido evaluar la presencia y la acción policial entre más de 160.000 encuestados de 14 años y más, residentes en Francia.

En términos generales, la población francesa evalúa positivamente la presencia y la acción policial: un 47% de los encuestados piensan que la presencia policial en su barrio o municipio es suficiente y un 48%, que la acción policial contra la delincuencia es bastante eficaz. Estas percepciones se mantienen bastante estables a lo largo del tiempo y mejoran a partir del año 2015, posiblemente por una mayor presencia y visibilidad policial, reforzada tras los atentados. No obstante, un 19% de los individuos considera la presencia policial insuficiente y un 27%, inexistente. Entre los residentes en zonas socialmente desfavorecidas, el porcentaje de los que consideran que la acción policial no es lo bastante eficaz se incrementa hasta un 44%.

Más allá de los porcentajes globales, aspectos como las características individuales de la persona encuestada y el lugar de residencia tienen un impacto en la valoración sobre la presencia y la eficacia de la acción policial.

Características individuales

En general, los hombres y las personas de más edad valoran más positivamente la presencia y la eficacia de la acción policial.

  • El 49% de los hombres encuestados piensa que la presencia policial en el ámbito local es suficiente, frente a un 45% de las mujeres. También el 49% de los hombres considera que la acción policial es bastante eficaz, frente a un 46% de las mujeres.
  • El 52% de personas con 66 años y más estiman que la presencia policial en su barrio o pueblo es suficiente y un 50% considera que la acción policial es bastante eficaz.

Características del lugar de residencia

En general, la percepción sobre la eficacia de la acción policial en la lucha contra la delincuencia es más positiva en entornos rurales, pero empeora en los núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes y en el área metropolitana de París. Así lo muestra el gráfico siguiente.

Evaluación de la acción policial en la lucha contra la delincuencia en función del territorio

Fuente: Encuestas CVS (2008-2017): INSEE-ONDRP-SSMSI; tratamiento de los datos: ONDRP. Las personas encuestadas tienen 14 años y más y residen en Francia.

Aunque no se ha podido establecer una relación de causalidad, parece existir una vinculación entre la presencia y la eficacia de la acción policial en el municipio y la percepción de seguridad de la población. Inversamente, los individuos que se sienten más inseguros también acostumbran a ser más críticos con respecto a la valoración que hacen de la policía.

Más información:

[1] La encuesta Cadre de vie et sécurité fue dirigida por el Servicio Estadístico Ministerial y de Seguridad Interior (SSMSI) desde el año 2015, y por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) y el Observatorio Nacional de la Delincuencia y de las Respuestas Penales (ONDRP) desde el año 2007.

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El Reino Unido dotará a la policía de más poderes para hacer frente al terrorismo

El año 2017, Gran Bretaña sufrió tres ataques terroristas. En marzo, en Londres, tuvieron lugar los hechos del puente de Westminster y el Parlamento británico; en junio, los del puente de Londres y el Borough Market, y en mayo, en Manchester, el ataque al final de un concierto de la artista americana Ariana Grande. Estos atentados causaron la muerte de 35 personas.

Obviamente, estos acontecimientos continuados han abierto un debate en la sociedad británica sobre el proceso de radicalización y sobre las medidas para detectarla. En este debate, el gobierno británico quiere cambiar el marco legislativo para dar más poderes a los servicios de inteligencia (MI5) y a la policía con el fin de prevenir nuevos episodios terroristas.

El MI5 informa de que hay más de 23.000 casos a vigilar, pero que sólo se investigan 3.000. Además, según los datos del gobierno británico, la amenaza terrorista ha aumentado desde el 2011, cuando se publicó la estrategia contra el terrorismo.

La nueva propuesta gubernamental, según la mayoría de la prensa británica, dará el poder al MI5 para poder trabajar y coordinar las actuaciones con la policía y el resto de los servicios implicados, ya sea en el ámbito nacional como local. El objetivo es poder poner a los sospechosos de radicalización bajo supervisión.

Se quiere aumentar el tiempo en prisión, como ya anunció el gobierno británico, y se propone hacer un intenso seguimiento incluso cuando la persona haya cumplido la pena impuesta. También se hace un llamamiento a profesores, médicos y otros líderes de la comunidad para que informen de cualquier sospecha de radicalización que puedan detectar.

El objetivo, según la Ministra de Interior, es no dejar espacio para el terrorismo, impidiendo el reclutamiento para mantener seguras a las familias y a la comunidad.

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Armas de fuego y accidentes de tráfico, principales causas de muerte de policías en los EE.UU.

Entre 2010 y 2016, más de 1.000 agentes de policía murieron en los EE.UU. en acto de servicio o por el hecho de ser policías. El National Law Enforcement Officers Memorial Found ha llevado a cabo, con financiación del Departamento de Justicia, el estudio Making It Safer: En<A[En|A]> Study of Law Enforcement Fatalities Between 2010-2016, sobre 1.016 casos de policías muertos en estas circunstancias, con el objetivo de ofrecer consejos de seguridad para poder prevenir y evitar estos desenlaces fatales.

El estudio analiza estos casos y ofrece consejos para actuar de manera más segura o para tomar medidas de protección desde diferentes perspectivas:

  • La causa principal de la muerte del agente, entre las que destacan la muerte por arma de fuego y por accidente de tráfico.
  • El tipo de servicio en que se ha producido la muerte (respondiendo a un requerimiento, por actuaciones de oficio, por tareas de patrullaje), si se ha producido en un contexto formativo o, incluso, si se ha producido fuera de servicio.
  • Si los agentes caídos tomaban algún tipo de medida de seguridad, especialmente si llevaban chaleco antibalas en los casos de muerte por arma de fuego o ataque con arma blanca, o si llevaban cinturón de seguridad en los casos de accidente de tráfico.

Las muertes por arma de fuego en este periodo fueron 376. El último año, 2016, fue el segundo peor, con 66 agentes muertos, sólo por debajo de los 73 de 2011; además, implica un incremento del 53% respecto del año anterior, 2015, cuando se produjeron 43. Los investigadores asocian una parte de este incremento al mayor número de emboscadas a policías, en algunos casos incluso estando fuera de servicio.

Buena parte de las defunciones de los agentes están relacionadas con los vehículos y el tráfico: 247 muertos por accidente de coche y 45 por accidente de motocicleta. Los investigadores proponen que todos los agentes se pongan el cinturón de seguridad, ya que el año 2016 el 52% de los agentes muertos en accidente de automóvil no lo llevaban puesto.

Finalmente, el informe analiza 550 casos de agentes muertos por arma de fuego disparada por policía, en este caso con un periodo histórico mucho mayor (se recogen casos desde 1856). Entre ellos destaca lo siguiente:

  • 139 son accidentes en que los agentes se han disparado a ellos mismos (sin intencionalidad suicida);
  • 105 han sido agentes identificados por error como delincuentes por otros policías;
  • 46 agentes murieron en situaciones de formación o entrenamiento,
  • 14 casos han sido por fuego cruzado.

La misma organización elaboró el informe previo Deadly Calls and Fatal Encounters. Analysis of U.S. law enforcement line of duty deaths when officers responded tono dispatched juderías for service and conducted enforcment (2010-2014)

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Francia intenta mejorar la seguridad ciudadana con un nuevo modelo: “la Police de sécurité du quotidien (PSQ)”

la Police de sécurité du quotidien (PSQ)El sentimiento de inseguridad aumenta entre la población francesa: un 66% de los franceses manifiestan sentirse inseguros y un 62% que el nivel de seguridad es uno de los criterios clave para escoger el lugar de residencia.[1] Para hacer frente a esta situación, el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, presentó el 8 de febrero de 2018 un nuevo modelo de policía de seguridad ciudadana orientado, en un primer momento, a unos sesenta barrios sensibles. La puesta en marcha de este nuevo modelo se inscribe en el marco de una vasta reforma, que afectará también al ámbito judicial, con un proyecto de ley que revisará el procedimiento penal en la primavera del año 2018.

El nuevo modelo policial se sustenta en cinco ejes y supone la implementación de 55 actuaciones. Destacamos algunas de ellas:

Eje 1: Una policía y una gendarmería con nuevas ambiciones

  • 10.000 nuevas dependencias policiales en el quinquenio 2018-2022.
  • La supresión de algunas tareas policiales como las vigilancias estáticas, la externalización de tareas al sector privado y la sustitución de policías por personal administrativo para determinadas funciones de apoyo.

Eje 2: Una policía y una gendarmería más respetadas

  • Mejor protección de los efectivos policiales a través de sanciones más efectivas en el caso de infracción de atentado contra los agentes de la autoridad.
  • Entrada en vigor de nuevas medidas de anonimización.
  • Implementación de medidas para prevenir los suicidios entre los policías: refuerzo del apoyo psicológico y más formación para una gestión adecuada del estrés y de las situaciones de crisis.
  • Mejora del presupuesto con un plan trienal 2018-2020 de 900 millones de euros.
  • Reforma del modelo formativo policial, que refuerza los módulos de formación inicial y armoniza la formación entre escalas jerárquicas tanto de la policía nacional como de la gendarmería.

Eje 3: Una policía y una gendarmería a medida

  • Refuerzo policial en 60 barrios sensibles en varias fases hasta el año 2020, que implicará un incremento en las dotaciones de 1.300 efectivos.
  • Implementación de estrategias de lucha contra la delincuencia local.
  • Mejora del contacto con la población con el desarrollo de 250 unidades de proximidad hasta el año 2019.
  • Mejora en la acogida a las víctimas (adaptación de los horarios de apertura a las necesidades de la población, refuerzo formativo y adecuación de los espacios de atención).

Eje 4: Una policía y una gendarmería conectadas

  • Entrega de 110.000 tabletas táctiles hasta el año 2020 y 800 nuevos efectivos dedicados a la lucha contra las ciberamenazas.
  • Incremento de 10.000 cámaras corporales a la uniformidad policial hasta el año 2019.
  • Lanzamiento del grupo policial digital: un espacio de orientación al ciudadano en cuatro lenguas y disponible todos los días de la semana las 24 horas.
  • Apertura de una plataforma de señalamientos por violencias sexuales y sexistas.

Eje 5: Una policía y una gendarmería que cooperan

  • Mejora profesional de los policías municipales y de los agentes de seguridad privada.
  • Cooperación reforzada con los alcaldes, especialmente los que gestionan los barrios donde se implementa el nuevo modelo de seguridad ciudadana.
  • Evaluación del nuevo modelo de seguridad ciudadana dando voz a diferentes actores: prefectos, universidades e investigadores, cargos locales, sindicatos, policías, emprendedores y ciudadanos.

Para ampliar información, pueden consultar los siguientes enlaces:

[1] Datos aportados por el instituto de estudios independiente Odoxa.

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¿Quién tiene que pagar los servicios de policía en los partidos de fútbol?

Mossos d'Esquadra - FutbolLos costes de los servicios policiales con motivo de los grandes espectáculos deportivos, especialmente los partidos de fútbol, hace tiempo que son motivo de polémica. Los servicios de policía tienen que dedicar un gran número de efectivos, que pueden condicionar sus cuadrantes de personal y, en consecuencia, el servicio que ofrecen. En el año 1989, después del desastre de Hillsborough, en el Reino Unido, en qué murieron más de 90 aficionados debido, entre otros, a un dispositivo policial deficiente, las organizaciones policiales de aquel país exigieron recursos para hacer frente a las necesidades de seguridad de los partidos del fútbol profesional. La ley de Policía de 1996 estableció la obligación de los clubs ingleses de pagar una tasa por los servicios policiales.

La cuantía de la tasa ha sido objeto permanente de polémica. En el mes de noviembre pasado, la Policía Metropolitana de Londres hacía público el coste anual del gasto policial en la seguridad de los partidos de fútbol, más de 12 millones de libras, denunciando que los clubs de la ciudad sólo aportaban una pequeña cantidad.

En Cataluña también se aprobó, hace cuatro años, una tasa sobre los servicios de la Policía de la Generalidad − Mossos d’Esquadra, aunque exclusivamente para los partidos de alto riesgo.

Estas tasas acostumbran a provocar una cierta contestación en forma de impugnaciones ante los tribunales.[1] En Alemania, a mediados de febrero de 2018, el Tribunal Superior de la ciudad-estado de Bremen mantuvo la tasa fijada por el Gobierno para los partidos de fútbol de alto riesgo. Concretamente, se discutía la tasa para un partido entre el Werder Bremen y el HSV Hamburgo del mes de agosto de 2015. La policía del land utilizó 969 efectivos con el fin de garantizar la seguridad de los seguidores de ambos clubs. El Tribunal argumenta que las policías de los länder tienen la obligación de mantener la seguridad en sus territorios respectivos, también en los partidos de fútbol y otros tipos de acontecimientos que comportan altas concentraciones de personas. Con el fin de poder hacer frente a esta obligación, deben establecer las tasas correspondientes que los financien para así dotarse de los recursos necesarios. Las autoridades pueden decidir que hay personas especialmente responsables de los riesgos generados por sus actividades cuando, además, estas generan ingresos económicos muyo cuantiosos, como es el caso de los clubs de fútbol, y consideran que la tasa es proporcional ya que se calcula en función del número de efectivos policiales utilizados.

[1] En Cataluña, el FC Barcelona ha impugnado en vía administrativa el procedimiento de aplicación de la tasa.

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Inglaterra y Gales pierden a más de 22.000 agentes de policía en sólo ocho años

Police in Glasgow
Según varias noticias publicadas en medios de comunicación ingleses,[1] la cifra de agentes de policía en Inglaterra y Gales ha caído en 1.213 efectivos los últimos seis meses y septiembre del 2017 era un 16% por debajo del máximo del año 2009, según cifras oficiales. Se considera que la causa de esta situación es la congelación de las nóminas de los policías, aparte de la participación creciente del sector privado en el ámbito de la seguridad.

Los últimos datos estadísticos del Home Office de septiembre del año 2017 sitúan el número de oficiales de las 43 fuerzas policiales en Inglaterra y Gales en 121.929 efectivos, desde los 123.142 del 31 de marzo del mismo año y de los 144.353 del 2009. Es decir, 22.424 agentes menos en ocho años.

De las 43 fuerzas policiales, la Policía Metropolitana de Londres, la más importante de Inglaterra y Gales, representó más de la mitad de la caída del número de oficiales, con 646 menos en sólo seis meses.

Aunque las cifras del mismo Hombre Office sobre criminalidad destacan por un fuerte aumento de los datos delictivos registrados –el incremento registrado más alto de los últimos diez años–, las plantillas policiales siguen disminuyendo en parte porque las nóminas de la policía continúan congeladas. Actualmente, según el Hombre Office, no hay fondos adicionales para la mejora salarial de los cuerpos policiales.

En términos porcentuales, la mayor reducción de plantilla fue la experimentada por North Yorkshire, con un 4,2%, al perder a 58 oficiales hasta septiembre del 2017. En segundo lugar, estaría West Midlands, que perdió a 221 agentes de policía, un 3,3% de la totalidad de los agentes.

Delante de este escenario, altos cargos de la policía han advertido que la insuficiente dotación económica en seguridad está dejando a los policías en una situación muy difícil, y más delante de un escenario de aumento registrado de la delincuencia y de la continua amenaza terrorista.

Esta situación se ha trasladado al escenario político y también han intervenido responsables policiales. Mientras que el partido laborista considera que la previsión presupuestaria para seguridad en el periodo 2018-2019 supone un recorte de 119 millones de libras respecto del periodo anterior, desde el Hombre Office se considera que el presupuesto sectorial aumentará cerca de 450 millones de libras y subrayan que, desde el año 2010, la reducción de los delitos “tradicionales” ha sido del 40%.

Desde el Consejo de Jefes de la Policía Nacional se reconocen ciertos avances en la voluntad de aumentar los recursos en seguridad, aunque existen diferencias importantes en la composición de la financiación, hecho que revierte en que el aumento de los presupuestos pueda variar entre el 1,6% y el 3,6%.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha anunciado la voluntad de reducir el impacto de los recortes policiales, invirtiendo 60 millones de libras anuales para financiar a 1.000 agentes de policía adicionales. Sin embargo, reconoce que esta inversión no hará revertir las cifras crecientes de los últimos tiempos sobre actividad delictiva. También ha subrayado la voluntad de hacer frente al aumento de la delincuencia juvenil en Londres, con una inyección de 15 millones de libras anuales.

[1] La noticia ha aparecido en varios rotativos y se han ido publicando noticias relacionadas. Destacamos una del diario The Guardian del 13 de febrero del 2018.

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