A principios del mes de mayo de 2023 se llevaron a cabo treinta y cinco registros domiciliarios simultáneos coordinados en Serbia y Países Bajos, dirigidos tanto a los líderes del cártel como a la infraestructura de la distribución de drogas. Otros siete miembros de esta organización criminal habían sido detenidos en Bélgica en el año 2021. Dos personas fueron arrestadas anteriormente por otros delitos en Serbia y Perú, mientras que otro sospechoso fue detenido en los Países Bajos el 8 de mayo de este año.

En total, en esta operación policial internacional han sido detenidas 23 personas, entre ellas los tres líderes de la organización criminal, considerados por Europol como objetivos de alto valor.

Como resultado de los registros se intervino numeroso material incriminatorio como: 15 coches de gama alta, joyas y relojes de lujo por un importe estimado de unos 2 millones de euros y casi 3 millones de euros en efectivo, armas y explosivos, incluyendo 2 rifles de francotirador, 3 fusiles automáticos, pistolas, silenciadores, 24 cápsulas detonadoras y 5 dispositivos para el inicio remoto de detonadores, 13 paquetes de explosivos plásticos y varios cientos de municiones.

Esta operación transfronteriza es el resultado del desarrollo en inteligencia en el marco del grupo de trabajo operativo de Europol que investiga el uso de la plataforma de comunicación cifrada Sky ECC, eliminada desde marzo de 2021.

En cooperación con Francia, Bélgica y Países Bajos, y con el apoyo de la Unidad de Drogas de Europol, Serbia pudo identificar los objetivos clave en su territorio y trazar sus actividades delictivas en todo el mundo.

Se cree que esta organización criminal está detrás de los envíos de varias toneladas de cocaína que llegaron a Europa directamente desde Colombia, Brasil y Ecuador, o transitando por infraestructuras logísticas en África Occidental.

Esta banda criminal era conocida en el ámbito delictivo por su extrema violencia y por la participación constante en robos de gama alta. Uno de los objetivos detenidos en Serbia era un antiguo líder del famoso grupo criminal Pantera Rosa.

Gracias al análisis de los datos de Sky ECC, al menos siete toneladas de cocaína intervenidas en los puertos europeos en 2020 se relacionaron con este cartel, entre ellos: 700 kilos de cocaína intervenidos en Rotterdam, Países Bajos; 1,2 toneladas de cocaína intervenidas en Hasselt, Bélgica, y 5 toneladas de cocaína intervenidas en Aruba, Antillas Holandesas.

Los jefes criminales, arrestados en Belgrado como parte de esta operación, eran los mayores traficantes de cocaína en los Balcanes occidentales identificados como parte del trabajo de análisis en curso realizado sobre los datos de Sky ECC.

La reciente retirada de tres herramientas de comunicación cifradas utilizadas por los delincuentes, tales como Encrochat, Sky ECC y Anom, mostró la prevalencia de delincuentes de los Balcanes en el comercio mundial de cocaína y en actividades relacionadas con el crimen organizado.

Para responder a esta amenaza, Europol creó el grupo de trabajo operativo llamado ‘Cártel de los Balcanes’ y reunió a países de Europa y del mundo para atacar eficazmente esta amenaza que emanaba de esta región. Esa jornada de acción es el resultado de este grupo de trabajo operativo.

Además, se ha proporcionado a Europol un continuo análisis y desarrollo en el ámbito de la inteligencia, con el fin de apoyar a los investigadores de campo. Asimismo, dos miembros del personal de Europol fueron enviados a Belgrado para apoyar a las autoridades serbias con sus medidas de investigación durante esa jornada de acción.

Por su parte, Eurojust facilitó la cooperación judicial entre los países implicados en esta investigación.

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Las demandas crecientes de servicios policiales para dar respuesta a las personas en crisis de salud mental en Canadáestán provocando importantes cargas sobre los recursos policiales, ya de por sí insuficientes.

Con el evidente empeoramiento de la salud mental de la comunidad, acelerado como consecuencia de la epidemia de la covid-19, los gobiernos han encargado sin querer a los servicios policiales un trabajo que no deberían realizar.

Esto ha supuesto que cada vez más se pida a la policía que realice intervenciones en lo que es esencialmente atención a la salud mental. La policía se ha convertido de esta forma en responsable de abordar los retos que las agencias policiales no están demasiado preparadas para afrontar, y por otra parte, disminuyen los recursos en el trabajo policial tradicional como investigar el crimen organizado, garantizar la seguridad pública, etc.

Por su parte, el sistema sanitario canadiense ha sido incapaz de cubrir esta creciente demanda para el cuidado de la salud mental. La respuesta colectiva del país no ha logrado construir suficientes capacidades para gestionar los riesgos y hacer frente a esta demanda.

En el caso de la policía de Inglaterra y Gales, denuncian que entre el 20 y el 40% del tiempo de trabajo policial se está dedicando a atender llamadas e incidentes relacionados con la salud mental.

Además, algunos expertos indican que aquellos que argumentan que las fuerzas policiales simplemente necesitarían entrenar mejor a los agentes de primera línea para gestionar óptimamente este reto, la cruda realidad es que se trataría de un mal uso de los recursos policiales. Entonces lo que proponen como respuesta correcta al problema es dotarse de profesionales de la salud mental formados, con profundos conocimientos y experiencia, dedicados a estas enfermedades en condiciones de librar y gestionar las crisis de salud mental desde primera línea.

Así pues, la reforma policial que se propone en Canadá para abordar este problema sistémico es poner a los agentes en este papel de apoyo, en vez de pedirles liderar una amplia gama de desafíos complejos en torno a la salud mental. Esta reforma buscaría como principios básicos la voluntad de hacer de la sociedad canadiense una sociedad más segura y saludable.

Los demandantes de cambios en este ámbito añaden que, si lo que se desea es una policía efectiva, haciendo de la sociedad un lugar más seguro para vivir y trabajar, sería fundamental identificar y abordar los retos a los que se enfrenta una policía moderna. Y para encontrar una respuesta eficaz al problema creciente de la salud mental, lo importante no sería formar mejor a la policía, a pesar de ser un objetivo admirable y que podría proporcionar algunos beneficios, no se puede olvidar el exceso de cargas de trabajo y la falta de recursos que arrastran desde hace tiempo.

Los responsables políticos deberían abordar la problemática invirtiendo en formación en intervención en salud mental en primera línea, aumentar la cifra de profesionales e incrementar la capacidad de actuación de quienes trabajan en el sistema de salud.

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La opinión pública de Brasil se estremeció a principios de mayo de este año ante presuntos nuevos casos de violencia policial, con denuncias de torturas en cuerpos hallados tras una operación policial en una favela y, sobre todo, en el caso de un hombre que murió asfixiado dentro del maletero de un vehículo oficial de la policía en la localidad de Umbauba. La Policía Federal de Carreteras (PRF) aseguró que los agentes utilizaron técnicas de inmovilización e instrumentos de bajo potencial ofensivo frente a la fuerte agresividad del detenido en un control policial.

El tiroteo en las favelas del Complexo do Alemão del día 4 de mayo fue tan intenso que el batallón de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro agotó la munición en solo dos horas. Cabe mencionar que el resultado final de la operación fue de 18 personas fallecidas.

Según la policía, la operación, que contaba con la participación de unos 400 uniformados, perseguía a un grupo de individuos como presuntos autores de robos de vehículos y bancos y también de ataques a comisarías de policía. Entre los fallecidos figuran dos mujeres, una quincena de considerados sospechosos y un policía.

Pero distintos expertos del ámbito de la seguridad, familiares de las víctimas y habitantes de la zona cuestionaron la acción policial al considerarla extremadamente violenta. Por ejemplo, una de las mujeres muertas fue tiroteada al pasar con su vehículo por una avenida cercana. La otra murió mientras la policía retiraba barricadas en la zona, aunque los uniformados niegan que el proyectil saliera de sus armas.

Denominada “masacre” por muchos funcionarios electos y activistas comunitarios, la redada policial ha resultado ser la segunda más letal de la historia de Río en una favela.

A consecuencia de los hechos, la organización de derechos humanos Human Rights Watch también expresó su consternación en un comunicado público. Cabe mencionar que Brasil tiene una de las policías del mundo con más víctimas mortales bajo custodia policial y con más policías fallecidos en acto de servicio. Por ejemplo, en 2021 hubo 6.100 víctimas fatales en operaciones policiales, mientras que 183 agentes de la autoridad fueron asesinados, según recoge el proyecto Monitor de la Violencia .

Lo que sí es verdad es que esta operación policial ha sido la que ha generado reacciones públicas más contundentes en Río de Janeiro, según explican desde Geni, un grupo de estudios sobre seguridad pública y violencia de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Y es desde esta fundación que se considera que los operativos policiales carecen de efectividad, acostumbran a estar motivados por una sed de venganza y gozan de total impunidad.

Además, en los últimos 14 meses se produjeron otras dos operaciones policiales que acabaron provocando aún más defunciones. Una operativa policial fue en la favelade Jacarezinho en mayo del año 2021 – la más mortífera en Río de Janeiro, con 28 muertos – y la segunda, en Vila Cruzeiro en mayo de 2023, con 23 muertos.

Por su parte, la policía de Río asegura que estas acciones se basan en informes de inteligencia y se desarrollan de acuerdo a lo establecido en la ley, la justicia y los protocolos técnicos operacionales.

Pero la realidad es que el incremento de la violencia callejera y la creciente militarización de las operaciones destinadas a garantizar la seguridad pública están contribuyendo a crear una situación muy confusa. El enrevesado rol institucional de la Policía Militar y el rol cada vez más importante del Ejército demuestran que, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, en Brasil las funciones de defensa nacional se mezclan peligrosamente con las de mantenimiento del orden interno.

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Durante una jornada de acción ejecutada conjuntamente por 10 países, fueron detenidos 132 miembros de una de las redes criminales más poderosas del mundo. A primera hora del 3 de mayo, las autoridades policiales de Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Rumanía, Brasil y Panamá registraron varias viviendas e intervinieron algunas empresas. Más de 2.770 agentes participaron sobre el terreno durante la vasta operación.

Eurojust y Europol apoyaron esta operación internacional contra la ‘Ndrangheta, que hasta el momento se ha convertido en el mayor éxito que ha implicado al sindicato policriminal italiano. La organización mafiosa es responsable de gran parte del comercio de cocaína en Europa, combinado con el blanqueo sistemático de dinero, el soborno y la violencia.

La red criminal investigada estaba liderada por varias familias poderosas de la ‘Ndrangheta con sede principalmente en la ciudad de San Luca, que se encuentra en la provincia italiana de Reggio Calabria. Algunas de estas familias han estado involucradas en una violencia de clanes de décadas conocida como ‘feudo de San Luca’, que culminó con tiroteos masivos en Italia y en el extranjero como, por ejemplo, la masacre de Duisburgo en Alemania del año 2007.

Los miembros de la red criminal participaron en conspiraciones criminales no solo para formar parte de una organización mafiosa, sino también para ser responsables del tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego, la tenencia ilegal de armas de fuego, el blanqueo de capitales, el registro fraudulento de activos, el fraude fiscal y la evasión fiscal, así como la ayuda y complicidad con los fugitivos (que desde entonces han sido detenidos). Dos de esos fugitivos habían estado en la lista de entre los más buscados de la Unión Europea.

La red criminal italiana se dedicaba principalmente al narcotráfico internacional desde América del Sur a Europa, así como hacia Australia. Las autoridades descubrieron que la red trabajaba en colaboración con el grupo de crimen organizado colombiano Gulf Clan y un grupo criminal de habla albanesa que operaba en Ecuador y en varios países europeos.

Además, los clanes de la ‘Ndrangheta estaban implicados en el tráfico internacional de armas de fuego desde Pakistán hasta Sudamérica, proporcionando material al famoso grupo criminal PCC (Primeiro Comando da Capital) a cambio de envíos de cocaína. Los investigadores realizaron un seguimiento del flujo de dinero en un extenso sistema global de blanqueo de capitales, con inversiones masivas en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil.

El grupo criminal invertía sus beneficios en bienes inmuebles, restaurantes, hoteles, empresas de lavado de coches, supermercados y otras actividades comerciales. Para pagar la cocaína o transferir activos ilícitos, los delincuentes a menudo confiaban en facilitadores que utilizaban el sistema de la hawala.

Eurojust apoyó a las autoridades policiales implicadas creando y financiando dos equipos de investigación conjuntos. La agencia también acogió diez reuniones de coordinación tras crear un centro para permitir una rápida cooperación entre las autoridades judiciales implicadas en la jornada de acción. Se abrieron tres casos vinculados a Eurojust a petición de las autoridades italianas, alemanas y belgas. Eurojust también facilitó la transmisión y ejecución de las órdenes de investigación europeas.

El proyecto de análisis de Europol sobre el crimen organizado italiano apoyó a la investigación como caso prioritario. Proporcionó informes de concordancia cruzada a las unidades nacionales de investigación implicadas. En total, se intercambiaron más de 200 mensajes SIENA entre los países implicados. Además de apoyar la propia investigación, el proyecto de análisis también apoyó la búsqueda de los tres fugitivos.

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Los últimos datos publicados por el proyecto Tracking (In)Justice de Canadá sugieren que el número medio anual de muertes con implicación de la policía entre los años 2011 y 2022 aumentó en dos tercios, en comparación con la cifra media anual de la década anterior. Los miembros del proyecto, Andrew Crosby, Alexander McClelland y Tanya L. Sharpe, creen que este incremento, junto con la disparidad racial y las variaciones jurisdiccionales en estas cifras, apoyan la necesidad de pedir una mayor responsabilidad, transparencia y control de la conducta policial en Canadá.

Según los autores del proyecto, está claro que los encuentros mortales con la policía aumentan año tras año en Canadá. El número de civiles que mueren en incidentes con la policía cuando se utiliza la fuerza se ha incrementado constantemente desde el año 2000. Este hecho está dejando a las familias y las comunidades con poco apoyo o recursos para rendir cuentas.

Pero uno de los principales problemas es que no existe ningún organismo ni institución canadiense o foránea que trabaje, por ejemplo, en un conjunto de datos actualizado y centralizado o que haga un seguimiento de las muertes y proporcione información sobre la víctima, la ubicación, el servicio policial implicado, el tipo de fuerza utilizado y otros muchos detalles contextuales.

Sólo lo hacen los miembros del proyecto Tracking (In)Justice, que documentan y analizan las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza en Canadá. Tracking (In)Justice es una asociación de académicos y defensores que tienen como objetivo arrojar luz sobre la violencia policial para ayudar a informar las demandas de responsabilidad, transparencia y cambios en la institución policial.

Recoger esta información otorga la posibilidad de efectuar nuevas preguntas, como por qué algunos cuerpos policiales producen muertes de personas con mayor frecuencia que otras.

Hace tiempo que se ha pedido que la policía y los gobiernos recojan y compartan datos sobre incidentes en los que el uso de la fuerza causó heridas y muertes a civiles. Periodistas, académicos, grupos de la sociedad civil y familias de las víctimas se han comprometido en esta labor desde hace ya mucho tiempo.

Las conclusiones preliminares indican que los incidentes de uso de la fuerza van en aumento, y el mayor número se produjo en el año 2022. Parte de esta tendencia a largo plazo puede deberse a un mayor acceso a la información sobre asesinatos y muertes con implicación de la policía. Pero el acceso a la información por sí solo no explica el notable aumento de los últimos años.

Según datos de Tracking (In)Justice, hubo una media de 22,7 muertes con implicación de la policía entre 2000 y 2010. En comparación, una media de 37,8 personas murieron cada año entre los años 2011 y 2022. Esto supone un aumento del 66,5%.

Las muertes por disparos también parece que se están produciendo con mayor frecuencia. Tracking (In)Justice documentó 704 muertes en Canadá entre 2000 y 2022 con utilización de la fuerza policial.

Los datos incluyen muertes por tiroteos policiales y casos en los que una persona falleció tras ser sometida a otros tipos de armas policiales (por ejemplo, tásers) o intervenciones físicas.

Estos datos se recopilaron accediendo a información disponible públicamente de los medios de comunicación e informes oficiales. Los datos contienen información relacionada con la víctima, incluidos el nombre, edad y raza cuando se conoce. También documentan la ubicación de la muerte, la policía implicada y el mayor nivel de fuerza utilizado.

Siguiendo patrones de desigualdad que vienen de lejos, existen importantes disparidades raciales persistentes en el aumento global de las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza.

Las personas negras e indígenas representan en torno al 10% de la población en Canadá, pero son el 27,2% de las muertes por tiroteo con implicación de la policía cuando se ha identificado la raza de la víctima.

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El uso de videocámaras que llevan en el cuerpo los policías es un área de interés emergente para las políticas públicas y la práctica policial. Las cámaras policiales pueden generar eficiencia en costes y tiempo para la policía, influir en las decisiones operativas de las fuerzas del orden y ayudar a prevenir problemas entre los ciudadanos y los uniformados. Un objetivo de las cámaras que llevan las fuerzas del orden sería optimizar la recogida de evidencias policiales y mejorar el comportamiento tanto de la policía como de los ciudadanos.

El cuerpo de policía de Australia Occidental es responsable de vigilar los 2,5 millones de kilómetros cuadrados de esta zona, que cuenta con más de 150 comisarías en ocho distritos metropolitanos y siete regionales. El programa aplicado, tal y como informa el National Institute of Justice de Estados Unidos, se desarrolló durante un período de 6 meses a partir del inicio del año 2022, y consistía en equipar a todos los agentes de policía que trabajan en la calle con cámaras corporales. El resultado fue de más de 1,4 millones de cargas de evidencias del uso de las videocámaras. El programa, que se basaba en el despliegue de esta tecnología de cámaras mejorada, fue capaz de transmitir imágenes de vídeo en directo a los centros de mando y a miembros del personal.

No hubo diferencias estadísticamente significativas en las órdenes de alejamiento emitidas o en las agresiones a la policía entre los días de tratamiento con cámaras policiales y los días de control (cuando ningún agente llevaba cámaras). Los días de tratamiento tuvieron índices estadísticamente significativos de uso de la fuerza, quejas de los ciudadanos contra la policía y cargos penales, en comparación con los días de control.

La revisión de este estudio se centró en la recopilación de evidencias y resultados del comportamiento policial-público. Los datos de los resultados se obtuvieron a partir de numerosos conjuntos de datos operativos. Una calificación sin efectos implica que la implementación del programa es poco probable que dé los resultados previstos y puede dar lugar a resultados negativos, como fue el caso.

No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre la duración media de una grabación de audio de una entrevista en días de tratamiento de vídeo corporal, en comparación con los días de control, cuando no se utilizaron cámaras. Tampoco hubo en los siguientes casos: tasa de asaltos a la policía, avisos de infracción del código penal o en las tasas de órdenes de alejamiento emitidas por la policía.

Las tasas de uso de la fuerza fueron mayores los días de tratamiento de cámaras corporales, en comparación con los días de control. Hubo un incidente de uso de la fuerza por cada 1.000 trabajos de envío asistido por ordenador en los días de tratamiento y 0,7 incidencias por cada 1.000 trabajos de envío asistido por ordenador en los días de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y en la dirección opuesta a la esperada.

Las quejas de los ciudadanos contra la policía eran más frecuentes en los días de tratamiento con cámaras, en comparación con los días de control. Hubo 0,7 quejas por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador en los días de tratamiento y 0,4 quejas por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador en los días de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y en la dirección opuesta a la esperada.

Las tasas de cargos penales fueron mayores los días de tratamiento con cámaras corporales, en comparación con los días de control. Hubo 139,2 cargos penales por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador los días de tratamiento, frente a 125,5 cargos penales por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador los días de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa.

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Los detenidos blanquearon ingresos provenientes de actividades criminales mediante un esquema de blanqueo de dinero preexistente que implicaba varias cuentas bancarias en la Unión Europea, China e Israel.

La investigación conjunta realizada con el apoyo de Europol ha supuesto el desmantelamiento de una red criminal franco-israelí implicada en un fraude a gran escala. La operación, liderada por Francia, contó con la Policía Nacional de Croacia (Hrvatska Policija), la Oficina Croata de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (Ured za sprječavanje pranja novca), la Policía Nacional francesa (Police Nationale), la Gendarmería francesa (Gendarmerie Nationale), la Policía Metropolitana de Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), la Policía de Israel (משטרת ישראל), la Policía Judicial portuguesa (Policía Judiciaria) y la Policía Nacional española (Policía Nacional).

Las actividades operativas tuvieron lugar en los llamados cinco días de acción, desarrollados entre enero de 2022 y enero de 2023 en Francia e Israel, con el siguiente resultado:

• 8 registros domiciliarios en Francia e Israel.
• La detención del principal organizador de la red en Israel.
• 8 sospechosos detenidos (6 en Francia y 2 en Israel).
• La intervención de equipos y vehículos electrónicos, unos 3 millones de euros de cuentas bancarias portuguesas, 1,1 millones de euros de cuentas bancarias húngaras, 600.000 euros de cuentas bancarias croatas, 400.000 euros de cuentas bancarias españolas y unos 350.000 euros en monedas virtuales.
• El valor total de las intervenciones se estima en unos 5,5 millones de euros.
• Se está realizando la investigación internacional de los 38 millones de euros escondidos.

La red criminal, formada por nacionales franceses e israelíes, apuntó como objetivo a empresas ubicadas en Francia. A principios de diciembre de 2021, uno de los sospechosos suplantó al director general de una empresa especializada en metalurgia, con sede en el departamento del Alto Marne, en el noreste de Francia. El estafador pidió al contable de la empresa que hiciera una transferencia urgente y confidencial de 300.000 euros a un banco de Hungría. El fraude se descubrió pocos días después cuando el contable, pensando que actuaba en nombre del consejero delegado de la empresa, intentó realizar una transferencia de 500.000 euros. La empresa presentó una denuncia y, posteriormente, los investigadores comprobaron que la llamada provenía de Israel.

El intercambio de información y la cooperación internacional facilitados por Europol condujeron al descubrimiento de cómplices, modus operandi y fondos. La investigación criminal en Croacia contribuyó al descubrimiento de la identidad real de las mulas de dinero utilizadas por la red criminal. Las autoridades competentes de Croacia bloquearon y congelaron más de 600.000 euros en varias cuentas bancarias.

Desde enero de 2022, Europol ha facilitado el intercambio de información y ha proporcionado apoyo analítico especializado, incluyendo análisis y conocimientos financieros y de criptomoneda. El análisis condujo a la identificación de vínculos entre países para permitir la confiscación urgente de bienes delictivos antes de que los sospechosos pudieran blanquearlos. Durante los días de acción, Europol desplegó a expertos en Francia, Hungría e Israel para contrastar la información operativa con las bases de datos de Europol en tiempo real y ofrecer apoyo forense sobre el terreno.

En 2020, Europol creó el Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica (EFECC) a fin de aumentar las sinergias entre las investigaciones económicas y financieras y de reforzar su capacidad para apoyar a las autoridades policiales para combatir eficazmente esta gran amenaza criminal.

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Más de dos tercios (71%) de las agencias policiales de Estados Unidos dan servicio en las zonas rurales (menos de 10.000 residentes) y el 75% da trabajo a menos de 25 oficiales.

Mientras, existe uno concepción errónea popular de que los delitos graves solo se producen en las zonas urbanas, pero los oficiales de policía de agencias pequeñas y rurales se enfrentan a los mismos retos diarios que sus colegas de los departamentos urbanos, desde conflictos comunitarios hasta acontecimientos traumáticos, como incidentes mortales con vehículos u homicidios, y a los mismos retos mentales o de salud.

Una buena salud mental es tan vital como una buena salud física para que los agentes puedan servir y proteger mejor a sus comunidades de la delincuencia y la violencia, independientemente del lugar donde sirvan a la sociedad. Es por eso que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una guía de implementación de servicios de apoyo a organizaciones policiales pequeñas y rurales.

A pesar de las necesidades de bienestar de los agentes de policía rural, muchas de estas zonas son como desiertos sanitarios donde se encuentran con que la relación población-proveedor de atención a la salud mental puede llegar a ser de 30.000 a 1. En comparación con sus homólogos urbanos, los residentes rurales participan de los servicios de salud mental a un ritmo muy inferior.

Los departamentos policiales pequeños a menudo tienen personal y recursos limitados, servicios de emergencia y comunitarios inadecuados y acceso tecnológico o equipamiento muy limitado. Los factores socioeconómicos, geográficos y de fuerza de trabajo son obstáculos importantes para el acceso a la atención sanitaria de las comunidades rurales.

Independientemente de la ubicación o el tamaño de una agencia de aplicación de la ley, la adopción de programas de seguridad y bienestar es vital para velar por la salud de los agentes que se ponen en peligro para proteger a sus comunidades.

Los programas de apoyo entre iguales pueden ser un recurso vital de salud mental para las agencias pequeñas y rurales. Sin embargo, la misma geografía y los factores demográficos que reducen el acceso a otros tipos de apoyo de salud mental también pueden complicarse.

Los servicios de apoyo entre iguales son una herramienta valiosa para promover el bienestar mental en puestos de trabajo de elevado estrés. Puede ser la manera de aprovechar los puntos fuertes y las relaciones entre compañeros especialmente entrenados en un entorno no clínico. Ante una crisis personal, un empleado puede sentirse más cómodo buscando inicialmente el apoyo de algún compañero que entienda el contexto y haya experimentado los mismos problemas, en lugar de recurrir a profesionales de la salud mental.

El apoyo entre iguales, por lo tanto, puede ser un primer paso importante en una estrategia de bienestar de los oficiales. Este recurso describiría las consideraciones y los pasos de acción recomendados para la policía rural y pequeña que busca establecer y mantener servicios de apoyo entre iguales.

Estas diferentes consideraciones se pueden ajustar para adaptarse a los objetivos únicos de cada agencia según su punto de partida.

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Tal como informa la web canadiense City news everywhere, el servicio de policía de Waterloo Regional Police Service South Division inició hace unos meses un proyecto piloto a gran escala de instalación de cámaras corporales y en los vehículos, como parte de un proyecto de modernización global de la institución.

El proyecto piloto, desarrollado entre junio de 2021 y octubre de 2022 y que desplegó cámaras corporales para los agentes de policía y para el interior de los coches, se convertirá ahora en permanente tras ser aprobado recientemente en una reunión de la junta de servicios policiales. El proyecto también incluye una estrategia de despliegue de teléfonos móviles y un sistema de gestión de evidencias digitales.

A través de los miembros del servicio de policía, entrenados para la ocasión, el propósito del plan piloto era determinar la viabilidad y la capacidad de la tecnología para capturar pruebas, a la vez que equilibraba los derechos de privacidad de los ciudadanos.

Los indicadores clave de rendimiento del plan piloto se centraron en las percepciones tanto de los miembros policiales como de la comunidad, la carga de trabajo administrativo y los impactos de cargos y convicciones.

Los objetivos generales incluían la exploración de la mejora de la responsabilidad policial, la representación precisa de las interacciones policiales con el público, la mejora de la seguridad pública y de los agentes, un compromiso reforzado con la prestación de servicios sin prejuicios y la mejora de la evidencia con fines de investigación, judicial y de supervisión.

El proyecto piloto también incluía una consulta a la comunidad y a los miembros del servicio policial a través de un seminario web, una encuesta general y una invitación directa a las comunidades culturales de la región.

Desde varios cargos policiales, se consideró que existe un claro apoyo para favorecer un programa definitivo de instalación de cámaras para el servicio policial. La comunidad también consideró que esta era una buena inversión financiera, que eso mejorará la transparencia y que el programa reforzará el compromiso con una policía libre de prejuicios. Y de esta manera, la tecnología ayudará a construir cimientos de creación de confianza de la policía con la comunidad.

Así mismo, se consideró que mejorará la transparencia con la comunidad, que ayudará a protegerlos con quejas públicas y que proporcionará pruebas para los tribunales.

Por último, se decidió hacer permanente el plan piloto, ya que la gran mayoría de encuestados consideró que la tecnología de vídeo es muy valorada como herramienta de inversión para contribuir a una comunidad policial transparente, eficaz y profesional.

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Es bien sabido por las fuerzas policiales que los servicios DDoS –denegación de servicio distribuida– han reducido considerablemente la barrera de entrada en el ciberdelito. Por una tarifa tan baja como unos 10 €, cualquier persona poco calificada puede lanzar ataques DDoS con el clic de un botón, dejando fuera de línea sitios web y redes enteras.

Los daños que se pueden infligir a las víctimas pueden ser considerables, llegando incluso a paralizar económicamente a las empresas y privando a las personas de servicios esenciales que ofrecen entidades diversas como bancos, fuerzas policiales o administraciones gubernamentales.

Envalentenados por un anonimato percibido, muchos jóvenes entusiastas de las tecnologías se implican en este crimen aparentemente de bajo nivel, sin conocer las consecuencias que pueden comportar estas actividades online. Por ejemplo, las fuerzas del orden actúan intensamente contra los servicios DDoS. Y, en este sentido, todos los niveles de usuario se sitúan en el radar de las fuerzas del orden, ya sea un jugador que arranca la competencia desde un videojuego como un pirata informático de alto nivel que realiza ataques DDoS contra objetivos comerciales para obtener ganancias financieras.

Los efectos que una investigación criminal puede tener en la vida de estos usuarios de DDoS pueden ser muy graves, atendiendo a las penas de prisión que se prevén en algunos países.

En esta línea, cuerpos policiales de Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Alemania desarrollaron una operación conocida como Power off contra este tipo de ataques cibernéticos que pueden llegar a paralizar internet.

Esta operación internacional destinada a combatir a los proveedores de servicios DDoS, diseñados para permitir a los usuarios lanzar una denegación de servicio distribuida paralela contra infraestructuras online críticas, ha permitido desactivar a una cincuentena de proveedores de los servicios informáticos ilegales más grandes del mundo. Uno de esos servicios neutralizado se había utilizado para cometer más de 30 millones de ataques.

En el marco de esta acción, hasta ahora se han detenido a siete administradores entre Estados Unidos y Reino Unido, con nuevas acciones previstas contra los usuarios de estos servicios ilegales.

La cooperación policial internacional fue fundamental para el éxito de esta operación, ya que los administradores, los usuarios, la infraestructura crítica y las víctimas estaban dispersos por todo el mundo. El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol coordinó las actividades en Europa mediante su Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT).

Esta operación internacional sigue las ediciones anteriores de operaciones Power Off que se dirigía a los administradores y usuarios del mercado DDoS webstresser.org.

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