La pandemia de COVID-19 y el rol de la policía

El doctor Jonas Grutzpalk −profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Ciencias Aplicadas para la Policía y la Administración Pública de Renania del Norte-Westfalia, Alemania− hizo una investigación sobre cómo el trabajo de policía se había visto afectado por el surgimiento de la pandemia de COVID-19.

El plan de estudios de la policía de Renania del Norte-Westfalia, donde imparte clases, toca muchos temas distintos que van desde la ética, la sociología, las competencias interculturales, etc. hasta diferentes ramas del derecho (penal,  tráfico, función pública) y las llamadas “asignaturas policiales”, como ciencias forenses, tácticas, de gestión del tráfico, etc.

A partir de aquí, el doctor se planteó varias cuestiones: ¿Cómo cambia todo eso el coronavirus? ¿Cómo afecta la COVID-19 a la educación policial? ¿Y de qué formas? ¿Hay lecciones importantes para las futuras generaciones policiales que se están aprendiendo ahora mismo mientras se controla la pandemia real? ¿Puede ser que las fuerzas policiales estén aprendiendo algo sobre la vigilancia de una pandemia que se tendría que enseñar en las academias de policía de toda Europa?

En una serie de entrevistas que hizo a agentes de policía dentro y fuera del puesto de trabajo, preguntó a los entrevistados qué había aprendido la policía como institución durante la pandemia y qué tipo de procesos de aprendizaje les gustaría. Sus respuestas tocan varios temas, pero destacaban el problema creciente del escepticismo violento hacia las medidas adoptadas para allanar la curva de las nuevas infecciones.

Comunicación. Algunos de los  entrevistados argumentan que la comunicación con la gente en la calle se ha vuelto más difícil, ya que al llevar máscaras les ha dificultado la expresión a través de los gestos faciales. Y también se ha vuelto más complicado descifrar el estado emocional de las personas con que trata la policía.

Autoprotección. Escupir a agentes de policía siempre ha sido un modo de mostrar desprecio. Con la COVID-19, esta forma de ataque físico ha adquirido un significado nuevo y más peligroso, ya que también podría estar destinado a infectar intencionadamente con el coronavirus a los agentes de policía. La autoprotección de los agentes de policía, que es una parte importante del entrenamiento, pasa de este modo de evitar fuertes ataques a evitar encuentros que puedan provocar una infección. Pero eso, por descontado, amplía la distancia entre la policía y la ciudadanía, lo cual los entrevistados intentaron evitar al máximo. Queda por saber cómo los agentes de policía se pueden proteger contra los daños y ser un poco accesibles para las personas que tratan.

Enseñanza online. Las principales preocupaciones expresadas en este contexto se refieren al bienestar emocional de los estudiantes, pero también al contenido de lo que se enseña a medida que se clasifica parte del material. La educación policial está aprendiendo a tratar el tema de la educación online y hay muchas nuevas lecciones aprendidas por el camino.

Trabajo en casa y administración. Uno de los entrevistados planteó la pregunta de si la policía sería capaz de implementar el trabajo en casa. Uno de los principales problemas aquí es, por descontado, la seguridad de los datos, pero parece que también existe un problema cultural.

Estos pocos ejemplos muestran que la pandemia actual está imponiendo algunas lecciones que hay que aprender sobre la policía moderna. Todavía hay muchas más pendientes de mencionar. Lo que es interesante de estas lecciones es:

a) hasta qué punto se podrían institucionalizar

b) cómo podrían afectar a la conducta de la policía en la vida cotidiana

c) si nunca se aprenderán o más bien serán ignoradas

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Nuevo informe sobre el uso de drones por parte de la policía en los Estados Unidos

La Oficina de los servicios de policía comunitaria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (COPS Office) publicó el pasado mes de diciembre un nuevo informe con sus socios del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (PERF), que es una hoja de ruta para la implementación de un programa de equipos no tripulados efectivos (UAS). Los drones, como generalmente se conocen los UAS, presentan una de las intervenciones más emocionantes en la aplicación de la ley, ofreciendo a los departamentos una herramienta esencial con la que recopilar datos situacionales vitales sin poner en peligro a los profesionales de las fuerzas del orden. Este informe es una guía para lanzar un programa de drones y está disponible en el sitio web de la Oficina COPS.

El informe sobre el uso de drones por parte de las agencias de seguridad pública es un grito de alarma sobre la amenaza de ataques con drones maliciosos.

El año pasado, la oficina COPS, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el PERF convocaron unas conferencias de dos días para expertos de la comunidad policial sobre drones, su uso e implementación y la política de asistentes, así como sobre cuestiones operativas. Representantes de varias agencias presentaron ponencias sobre diversos temas relacionados:

  • Normas, preocupaciones comunitarias, asuntos presupuestarios y prácticas prometedoras para establecer programas para el uso de drones en las fuerzas del orden
  • Recomendaciones para la ejecución de este programa, incluida la formación y la dotación de personal
  • Asuntos de contrautilización, como la tecnología de detección y desactivación y el uso peligroso de drones ilegales por parte de malhechores

Este informe resume la información que se debatió en estas conferencias y también presenta lecciones aprendidas y prácticas prometedoras recogidas a partir de entrevistas, revisiones de políticas y datos de encuestas. Las presentaciones y debates de este acontecimiento han informado de todas las tareas de los drones en el futuro.

Este informe trata dos cuestiones opuestas pero relacionadas:

  • El uso de drones por parte de las agencias de policía para proteger la seguridad pública.
  • El uso de drones por parte de actores malintencionados para cometer varios delitos, como actos de terrorismo. Por lo tanto, la historia de los drones tiene aproximadamente dos caras radicalmente distintas de una misma moneda.

Varias agencias locales y federales han empezado a explorar estrategias contradrones en acontecimientos importantes y reuniones masivas como la Super Bowl. Pero este trabajo todavía está en desarrollo. Los legisladores y funcionarios gubernamentales federales, estatales y locales, incluidos los oficiales de policía, tendrían que acelerar sus esfuerzos para abordar estos problemas tan pronto como sea posible.

Todas las agencias de aplicación de la ley, independientemente de si quieren iniciar un programa para utilizar drones para sus propios propósitos, tienen que plantearse un reto relacionado pero mucho más difícil: como anticiparse, prevenir, detectar y responder al uso criminal de los drones, incluido el uso por parte de terroristas. Por ejemplo, los terroristas podrían utilizar drones para lanzar una bomba o rociar un gas tóxico sobre grandes multitudes de personas en un acto público. Pero los drones también pueden ser extremadamente eficaces en el reconocimiento con finalidades criminales, ya que pueden sobrevolar pilares, puestos de control y otros mecanismos de seguridad.

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Nueva operación contra el blanqueo de dinero

Las autoridades policiales de 26 países y la Europol han llevado a cabo la llamada European Money Mule Action ‘EMMA 6’, una operación mundial contra los sistemas de mulas de dinero. Entre septiembre y noviembre de 2020, EMMA 6 se realizó por sexto año consecutivo con el apoyo del European  Banking Federation (EBF), el FinTech FinCrime Exchange, la INTERPOL y Western Union. Como resultado, se identificaron 4.031 mulas de dinero, junto con 227 reclutadores, y se detuvieron 422 personas en todo el mundo.

Durante el periodo de la operación, se iniciaron 1.529 investigaciones penales. Con el apoyo del sector privado, que incluía más de 500 bancos e instituciones financieras, se identificaron 4.942 transacciones fraudulentas de mulas de dinero que evitaron una pérdida total estimada de 33,5 millones de euros.

Las mulas de dinero son personas que, a menudo sin quererlo, han sido reclutadas por organizaciones criminales como agentes de blanqueo de dinero para esconder el origen del dinero conseguido fraudulentamente. Sin saber que están participando en actividades delictivas y engañadas por la promesa de dinero fácil, las mulas transfieren fondos robados entre cuentas, a menudo en diferentes países, en nombre de otros. A cambio, reciben una comisión por sus servicios.

Aunque las mulas se reclutan por numerosas vías, como el contacto directo o el correo electrónico, los delincuentes cada vez recurren más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices, mediante la publicidad de ofertas falsas de trabajo, anuncios emergentes online y aplicaciones de mensajería instantánea. Aunque se ha informado de algunos casos relacionados con la COVID-19, el compromiso del proceso de pago y las estafas románticas siguen siendo los esquemas más recurrentes. El uso de criptomonedas por parte de las mulas de dinero también va en aumento.

La Europol y las autoridades policiales de la Unión Europea, junto con socios internacionales e instituciones financieras, lanzaron la campaña #DontBeaMule para sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de los sistemas de mulas de dinero.

La campaña, promovida por las autoridades competentes, tuvo como objetivo informar al público sobre cómo funcionan los delincuentes, cómo se pueden proteger de ellos y qué hay que hacer si los implican.

¿Qué arriesgas como mula de dinero?

• Ataques físicos o amenazas si no sigues cooperando con los delincuentes

• Penas de prisión o multas

• Antecedentes penales que puedan afectar gravemente al resto de tu vida, como no poder asegurar nunca una hipoteca ni abrir una cuenta bancaria

¿Qué puedes hacer?

Si crees que te podrían utilizar como mula, actúa antes de que sea demasiado tarde: deja de transferir dinero y notifícalo inmediatamente a tu banco y a la policía.

La Operación EMMA forma parte de un proyecto en curso llevado a cabo bajo el paraguas del Plan de acción operativo EMPACT contra el fraude en el pago de la ciberdelincuencia, diseñado para combatir el fraude online y con tarjetas de pago, liderado por los Países Bajos.

Durante esta operación, la Europol dio apoyo a la coordinación y preparación de reuniones operativas, hizo análisis y facilitó el intercambio de información entre las autoridades policiales y socios privados. Además, coordinó la campaña de sensibilización con los países participantes.

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Polémica por la nueva ley de seguridad de Francia

La nueva ley de seguridad global de Francia, debatida ya en la Asamblea Nacional, ha hecho reaccionar a las organizaciones de defensa por los derechos y libertades fundamentales, partidos, sindicados y también a los medios de comunicación. La consideran una grave amenaza para la libertad de expresión y de información y exigen, en particular, la retirada del polémico artículo 24.

Tras cinco horas de un tenso debate, con momentos intensos entre algunos diputados y el ministro del Interior, Gérald Damanin, la Asamblea Nacional aprobó la controvertida normativa por 146 votos a favor y 24 en contra.

Esta disposición tiene carácter discrecional y subjetiva, y posibilita a la policía a detener a cualquier persona que los grabe simplemente diciendo que se sienten incómodos al ser grabados. De este modo, según los detractores, se debilita la libertad de prensa y cualquier intento de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por los excesos en su operativa.

El artículo 24 de la ley, impulsada por el Gobierno francés, prevé un año de prisión y 45.000 euros de sanción para quién difunda, “con el objetivo de atentar contra su integridad física o psíquica”, imágenes del rostro de un miembro de las fuerzas de seguridad.

El polémico artículo responde a una preocupación justificada de los agentes del orden franceses, sometidos desde hace años a una gran tensión para luchar contra el terrorismo y por las revueltas sociales que frecuentemente han supuesto el ensañamiento contra los funcionarios policiales, incluida la policía municipal, así como en campañas de odio en las redes sociales.

También hay otro artículo polémico, el que autoriza a las fuerzas de seguridad a llevar su arma reglamentaria, incluso cuando no están de servicio, si se encuentran en un edificio público. Un cambio que responde a atentados como los de la sala Bataclan de noviembre de 2015, en que murieron 90 personas, incluidos tres policías fuera de servicio que no pudieron intervenir.

Ha habido numerosas manifestaciones de protesta por la aprobación de esta ley, a las que han dado su apoyo algunas fuerzas y sindicatos de izquierda y colectivos de extrema izquierda con lemas como: “Bajen las armas, nosotros bajaremos los teléfonos”, “Orwell tenía razón”, “Una cámara nunca ha matado a nadie” o “Seguridad global, impunidad total”.

En la polémica también ha intervenido Claire Hédon, Defensora de los Derechos en Francia, que ha tildado el artículo 24 como una “vulneración de la libertad de expresión que ni es necesaria, ni adaptada ni proporcionada, y que al mismo tiempo será un obstáculo para el control de las fuerzas de seguridad”.

Hédon considera que el texto tiene tres problemas básicos. El primero, que no hacen falta leyes nuevas, porque las actuales ya protegen a policías y gendarmes; el segundo es la ambigüedad del redactado y el tercero que la interpretación restrictiva podría llevar a los periodistas a autocensurarse. Y ha añadido que cualquier limitación de la libertad de información requiere el máximo rigor y no debe hacerse por motivos coyunturales.

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¿Cámaras privadas o de uso policial?

En Estados Unidos existen aproximadamente 50 millones de cámaras de visión de circuito cerrado, casi tantas per cápita como en China. Muchas son propiedad de personas o empresas, no del gobierno. Pero tal como informa wired.com, muchos departamentos de policía pueden acceder a las imágenes mediante alianzas con empresas privadas, cosa que molesta a algunos activistas de los derechos civiles.

Los activistas por los derechos civiles advierten que, una vez instaladas, las cámaras a menudo se utilizan para otros fines, como por ejemplo el control de manifestaciones, y pueden convertirse en un sistema de vigilancia sin garantía, particularmente para comunidades de color.

Newark, Baltimore, San Francisco y Detroit tienen cada uno un tipo de sistema de cámara público-privada. Todos son diferentes. En Newark, por ejemplo, se recomienda a los residentes que visualicen ellos mismos imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión) e informen de los delitos a las fuerzas del orden.

En 2016, la policía de Detroit observó un sorprendente patrón en la ciudad: no solo se incrementaba la criminalidad, sino que aumentaba más rápidamente cerca de las gasolineras. Una cuarta parte de todos los crímenes violentos en la ciudad entre las 22 horas y las 8 de la mañana se produjo a menos de 200 metros de una gasolinera. La policía se puso en contacto con ocho gasolineras e instaló cámaras de CCTV  que transmitían imágenes en tiempo real directamente a la policía. La transmisión en directo permitía tiempos de respuesta más rápidos y patrullas virtuales, donde los agentes escaneaban las imágenes de la cámara durante la noche.

Desde esta prueba piloto, la policía de Detroit ha creado el Proyecto luz verde y ha ampliado la red. En cuatro años, el Project Green Light ha crecido hasta llegar a 700 cámaras en 500 empresas de toda la ciudad. Pero la expansión preocupa a los activistas, que afirman que la policía lo utiliza para más que vigilar gasolineras. El año pasado, el alcalde Mike Duggan anunció los planes para añadir cámaras de tráfico al proyecto, que representarían un total de más de 1.000 cámaras.

La policía puede analizar imágenes capturadas por las cámaras con un software de reconocimiento facial y otras tecnologías, como el software de lectura de matrículas.

Desde 2012, en San Francisco, el magnate de las criptomonedas Chris Larsen ha gastado más de 4 millones de dólares para ayudar a instalar más de 1.000 cámaras en los barrios de la ciudad, incluido el concurrido distrito empresarial Union Square. El Departamento de Policía de San Francisco mantiene una base de datos de las cámaras, sus propietarios y su ubicación, y contacta con ellos para pedir imágenes si sospechan de un delito.

A diferencia de Detroit, cualquier persona puede solicitar las imágenes grabadas, incluidos los abogados defensores. La policía también solicita imágenes en vez de tener acceso instantáneo. Mientras que las empresas de Detroit tienen que pagar las tasas de instalación de cámaras aprobadas por la policía, las empresas de San Francisco pueden utilizar sus propias cámaras y no pagar nada.

Pero este enfoque también alarma a algunos defensores de la privacidad. A finales de mayo y principios de junio, hasta 10.000 personas asistieron a algunas de las protestas por George Floyd en todo San Francisco. Aunque el sistema de cámaras se creó para disuadir la violencia inmobiliaria, la policía adoptó un enfoque más amplio para evitar el saqueo. En lugar de responder a quejas específicas de daños en la propiedad, la policía obtuvo acceso en tiempo real a todo el sistema, captando imágenes de todo el mundo en la zona.

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Clases de cómo afrontar el racismo a la policía alemana

La policía alemana se enfrenta actualmente a un escrutinio a causa de una serie de incidentes racistas. Berlín y otros estados incluyen módulos antirracistas en la formación básica, pero esta todavía no se considera una formación estándar.

Bien Knight lo explica en un artículo publicado en un periódico digital. Instructores de Diversity Works son los formadores de estas clases –una organización que ofrece formación sobre conciencia con el racismo, que en los últimos meses ha recibido más llamadas de las fuerzas policiales alemanas–.

Solamente con hacerles una pregunta sobre la apariencia, explican los instructores, puede desconcertar a la gente, porque cambian instantáneamente la dinámica de una interacción. De repente, hay un juicio en el aire.

Esta es la premisa engañosamente obvia del ejercicio de ojos azules / ojos marrones, una lección desarrollada en 1968 por la profesora norteamericana Jane Elliott que desde entonces se ha convertido en un elemento consistente en la formación en diversidad.

El educador divide la sala en un grupo de ojos marrones y un grupo de ojos azules y, a continuación, asigna privilegios especiales a las personas de ojos marrones. El resultado, después de algunos enfrentamientos difíciles, es que esperan que los alumnos sientan cómo es la discriminación y, por lo tanto, acaben enfrentándose a su propio racismo y entiendan cómo los mecanismos de privilegio y exclusión afectan a sus mentes.

Estos talleres dirigidos a aspirantes a policía tienen una duración de una semana. Cubren muchos terrenos, tratando de todo, desde para qué sirve realmente la policía hasta perfiles étnicos, o cómo tratar a otros agentes que hacen comentarios racistas.

No es difícil obtener una medida de la importancia que tiene esta temática en Alemania: las luchas de la policía contra el racismo y la simpatía de la extrema derecha en las organizaciones se han hecho cada vez más públicas en los últimos meses, a medida que las historias desagradables confluían en la prensa.

Hace unas semanas, la policía de Berlín se vio obligada a admitir errores en la investigación de un crimen de extrema derecha en el distrito de Neukölln, con las víctimas que se quejaban porque los sospechosos principales (tres conocidos neonazis) se sentían muy seguros para<A[por|para]> burlar públicamente a los oficiales que los mantenían bajo control.

Una semana antes, la policía de Essen, en Renania del Norte-Westfalia, fue criticada por la publicación de un folleto de formación sobre el crimen organizado árabe en la región, que supuestamente incluía insultos racistas.

El caso que ha causado más consternación ha sido el descubrimiento de cinco grandes grupos de chat de la extrema derecha de la policía en Renania del Norte-Westfalia que compartían imágenes de Adolf Hitler.

Según algunos críticos, eso refleja un problema más amplio: el fracaso en la vinculación de los incidentes de racismo flagrante con un problema más amplio y profundo de la cultura policial.

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El Sistema Integral de Seguridad Pública en la ciudad de Buenos Aires

361.- baixaDesde el año 2017, la ciudad de Buenos Aires aplica el llamado Sistema Integral de Seguridad Pública, un plan exhaustivo que incluye varios aspectos, tales como la formación de la nueva Policía de Ciudad, el fortalecimiento de la integración social, la participación ciudadana, etc.

El Sistema Integral de Seguridad Pública permite coordinar los más de 32.000 agentes que trabajan de forma unificada y forman parte de la Policía de Ciudad, bomberos, emergencias, SAME, protección civil, etc. De estos 32.000, hay 24.869 efectivos que forman la Policía de Ciudad, fruto de la unificación de la Policía Metropolitana y la Policía Federal Argentina.

También se incorporaron unos 1.000 civiles destinados a comisarías para realizar tareas administrativas. Esto permitió aprovisionar el número equivalente de policías en trabajos en la calle. Estos policías atienden a un nuevo despliegue territorial, con un sistema de paradas fijas y patrullaje policial que se basa en un software que integra la densidad de población, el movimiento de personas y el mapa de delitos.

En cuanto a la tecnología, el Sistema Integral de Seguridad Pública supone una innovación en todos los ámbitos:

  • Utilización de 25.000 terminales móviles de telefonía. Se prohíbe paralelamente el uso de teléfonos privados o de otros dispositivos electrónicos para evitar distracciones.
  • Los móviles equipados con GPS para geolocalizar y hacer el registro de los recorridos de los vehículos de emergencias de forma sistemática.
  • Existencia de un anillo digital que controla 73 entradas y salidas de la ciudad con cámaras lectoras que identifican los vehículos que entran y salen.
  • En cuanto a la lucha contra la violencia machista, utilizan botones antipánico y muñequeras llamadas “Mujeres seguras”.
  • Sistema integral de videovigilancia que monitoriza todas las cámaras de la ciudad. Actualmente hay más de 10.000 cámaras instala ladas en las calles y 4.000 en los medios de transporte. De las cámaras instaladas en la calle, hay 300 que incluyen un sistema de reconocimiento facial para fugitivos de la justicia.
  • Sistema de recepción de llamadas centralizado con una sala 911 y un centro único de coordinación y control.
  • Utilización de métodos analíticos del delito para poder hacerle frente, como por ejemplo, el mapa del delito que se aplica para recopilar, procesar y analizar el comportamiento del delito en la ciudad.
  • Aplicación de un sistema único de denuncias preparado para poder llevar a cabo videoconferencias desde todas las comisarías.

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Los Estados Unidos ayudan a reforzar la seguridad ciudadana en Guatemala

344.- 6401758561_945b08b60e_bLos Estados Unidos están colaborando en reforzar las dotaciones materiales de seguridad en el Gobierno de Guatemala, a través de donaciones al Ministerio de Gobernación.

Uno de los materiales más destacados, con un coste de 1,5 millones de dólares, es un simulador virtual de tiro, según expresó Hugo Guevara, director por Guatemala de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. Aparte del simulador de tiro, también se entregaron 1.300 chalecos antibalas para  agentes del orden, 100 ordenadores con impresoras y cuatro vehículos adicionales para mejorar la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC).

La dotación de material entregado por el Gobierno norteamericano incluye 19 cámaras de seguridad fijas y cinco giratorias, 48 convertidores de medios para  estas cámaras, cuatro drones y tres furgonetas para el transporte, así como la construcción de cuatro edificios modulares para la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) del Departamento de Huehuetenango.

El acto protocolario de entrega de estas nuevas herramientas destinadas a fortalecer el trabajo de los agentes del orden y los resultados que obtengan en la lucha contra la delincuencia estuvo encabezado por el titular de Gobernación, Edgar Godoy, acompañado por el embajador en los EE.UU., Luis Arreaga, y altos mandos de la PNC.

Desde el Gobierno de Guatemala se instó a los policías a hacer un buen uso de estos nuevos instrumentos entregados por los Estados Unidos. Asimismo, el Gobierno remarcó que había que continuar con los esfuerzos por mejorar los grados de aceptación por reducir los índices de violencia y criminalidad que se dan en el país.

La nación centroamericana registra cada día una media de diez personas muertas por causas violentas, la mayoría asesinatos perpetrados con arma de fuego y, en muchos casos, relacionados con las extorsiones y las bandas.

En el último año, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha decretado cuatro estados de prevención en distintos municipios. Los estados de prevención incluyen, por ejemplo, requisas en las prisiones, recuperación de espacios físicos, limitación de reuniones al aire libre y permiso para disolver manifestaciones y grupos no autorizados.

Este último estado de prevención, aplicado a tres municipios del Departamento de Chimaltenango, acabó con 76 detenciones, 75 entradas y cacheos con resultados positivos y 43 negativos.

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La policía de Londres practica el reconocimiento facial en uno de los lugares más concurridos del distrito de compras de la ciudad

341.- monitoring-camera-city-video-royalty-free-thumbnailJusto delante de la tienda de Microsoft de Londres en Regent Street y en la entrada de la estación de metro de Oxford Circus la policía de Londres ha activado la tecnología del reconocimiento facial situando cámaras en la parte superior de furgonetas de la policía.

La Policía Metropolitana de Londres ha asegurado que el despliegue del reconocimiento facial en vivo en la capital británica persigue la reducción de los delitos graves. Pero los detractores esgrimen el impacto sobre la privacidad en uno de los distritos comerciales más concurridos del mundo.

La Policía utiliza una tecnología bastante sencilla: las cámaras escanean las caras y cuando una coincide con alguna de su lista de sospechosos, la policía tiene que actuar inmediatamente.

Pero existe cierta preocupación que la tecnología identifique personas falsamente como presuntos delincuentes, sobre todo si se trata de minorías.

El organismo no gubernamental norteamericano Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publicó un informe según el cual habían puesto a prueba la tecnología de 100 empresas distintas y se encontraron con que en la mayoría de casos las pruebas empíricas demostraban que la edad, la raza y el género afectaban la precisión. Señalaron que en algunos casos se podría identificar erróneamente a personas en ciertos grupos hasta 100 veces más frecuentemente que a otras.

Otro organismo que defiende los derechos humanos, Liberty, también quiere estar presente en la zona donde están las cámaras de reconocimiento facial, pero distribuyendo dípticos que piden a los transeúntes que se resistan al reconocimiento facial. Consideran que es probable que la tecnología identifique erróneamente mujeres y personas de comunidades étnicas negras, asiáticas y minoritarias. Por esta razón se oponen al hecho de que la policía escanee masivamente las caras de todo el mundo y obtenga datos biométricos sin consentimiento.

Por su parte, la tecnología proporcionada por la empresa japonesa NEC explica que intenta buscar coincidencias con una galería recogida previamente de caras de sospechosos conocidos por la policía. Por lo tanto, la tecnología de reconocimiento facial en vivo no almacenará las caras de la gente en ninguna base de datos.

Es más, las caras de las personas que no constan en las listas de vigilancia se verán borrosas en las imágenes que verán los oficiales de policía, y tampoco se guardarán en los archivos de los ordenadores policiales. Según fuentes policiales, las cámaras se utilizarán en lugares concretos durante un tiempo limitado.

Sin embargo, se van sumando organizaciones diversas a la lista de opositores a estas medidas policiales. La organización Big Brother Watch considera que nunca antes los ciudadanos de Londres habían sido sometidos a controles de identidad sin sospechas, ni mucho menos a gran escala, y creen que la tecnología hace menos libres a los ciudadanos, y no más seguros.

https://www.oodaloop.com/

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Huelga de policías que hace aumentar los homicidios en Brasil

340.- Policiais_ocupam_Complexo_do_AlemaoEl aumento de los homicidios, que ha llegado a quintuplicar sus cifras, se ha dado en diferentes ciudades del norte de Brasil, y coincide con una huelga de policías y bomberos que protestan por una mejora de los salarios después de seis años de congelación de las nóminas.

El gobierno federal ha enviado a más de 2.500 efectivos de tropas de refuerzo y cientos de policías han sido despedidos por haber participado en las manifestaciones en las que reclamaban una mejora de las condiciones económicas.

Cientos de policías encapuchados tensaron la seguridad del noreste de Brasil en las festividades del Carnaval, que se tuvieron que suspender. Los uniformados intentan que sus colegas no salgan a patrullar las calles y les restringen los movimientos poniendo trampas a los neumáticos para pincharles las ruedas.

La disminución de efectivos policiales ha ido paralela a un aumento de los homicidios, sobre todo en el estado de Ceará. Aunque la media de asesinatos ya era bastante alta, con seis personas muertas violentamente al día desde que empezó el año 2020, la cifra oficial se ha quintuplicado, con 150 homicidios la última semana, según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social.

La tensión en las calles ha llegado al punto de que un senador contrario a las protestas de la policía, Cid Gomes, del movimiento de izquierdas Partido Democrático Laborista, fue herido por arma de fuego cuando, con una retroexcavadora, intentó entrar por la fuerza en una comisaría de policía ocupada por los huelguistas en la ciudad de Sobral.

La respuesta del gobierno federal, a cargo del presidente Jair Bolsonaro, ha sido enviar 2.500 militares a Ceará para recuperar las calles. Además, las autoridades han despedido a más de 200 uniformados y han detenido a unos 40 efectivos con cargos de deserción.

El inicio de las protestas proviene del mes de diciembre de 2019. Policías y bomberos del estado de Ceará protestaron ante la asamblea legislativa de la capital, Fortaleza, para pedir un aumento de sueldo. Su falta de conformidad radica en el hecho de que no han recibido ningún aumento en los últimos seis años, por lo que han dejado de percibir cerca de un 27% más de ingresos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará había explicado que invertiría unos 600 millones de reales –más de 136 millones de dólares– en seguridad entre 2015 y 2018, pero no se invirtieron en lo que reclamaban los policías, sino en contratar a 10.000 uniformados nuevos y a formar 15.000 militares.

A principios de febrero, el gobierno de Ceará se comprometió a incrementar progresivamente los ingresos de los policías y bomberos, y a subir los 3.200 reales que ganan actualmente a 4.500. En dólares americanos, pasarían de ganar unos 750 a 1.025. Pero el aumento salarial se iría aplicando de forma gradual hasta 2022.

Policías y bomberos estuvieron en desacuerdo con estas gestiones y convocaron manifestaciones en las calles para expresar su descontento. Pero como la constitución brasileña prohíbe que las fuerzas del orden participen en huelgas, la justicia declaró ilegales estas protestas.

Esta decisión generó el efecto contrario al esperado y los uniformados iniciaron un paro total de sus actividades. La huelga no se ha detenido desde entonces, a pesar de los brotes de violencia y las presiones políticas y judiciales en su contra.

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