La Oficina Nacional de Estadística (ONS, por su sigla en inglés) del Reino Unido informó de un aumento del 25% en el número de delitos de fraude en 2021 en comparación con 2020. El fraude, que representa más del 40% de todos los delitos contra las personas, es el delito más común en el Reino Unido.

Como si estas estadísticas no fueran lo suficientemente alarmantes, también existe la creencia de que popularmente se culpa a las víctimas de fraude por ser ingenuas o confiar demasiado. Pero ya sería hora de aceptar que esto le puede pasar a cualquiera. Se ha convertido en un problema tal que habría que revisar el concepto de fraude como una experiencia que solo sufren personas vulnerables. Y es que el cerebro humano no puede mantenerse al día con todos los nuevos tipos de fraude habilitados por la tecnología.
Como publicaba recientemente el rotativo The Conversation, se necesita un nuevo enfoque que responsabilice a las instituciones financieras y las empresas de identificar o facilitar el fraude y aproveche la inteligencia artificial para detectar transacciones sospechosas. No es razonable esperar que los consumidores sepan cuándo están siendo estafados si los bancos y las plataformas de redes sociales no pueden.
Un informe de 2023 de UK Finance indica que existe una tendencia creciente entre los estafadores a fijarse como objetivo a los jóvenes de 18 a 24 años, que tienen muchas más probabilidades de caer en una estafa por suplantación de identidad que personas de 65 años o más. Además, la tasa de jóvenes de 13 a 17 años que son víctimas de estafas a través de los videojuegos también ha experimentado un fuerte aumento.
Sin embargo, los programas sobre cómo protegerse del fraude que se ofrecen actualmente son más bien escasos. Por ejemplo, la organización benéfica para niños NSPCC tiene programas para proteger a los menores de los abusos en línea y que se puedan mantener seguros mientras usan las redes sociales y de posibles contenidos legales pero nocivos, pero no para protegerlos de las estafas en línea. La prevención del fraude debería enseñarse en las escuelas y universidades como parte del plan de estudios.
Una de las teorías más importantes en criminología es la teoría de la disuasión, que dice que la reducción del crimen está relacionada con la gravedad del castigo y, lo que es más importante, con la probabilidad de ser atrapado. La investigación sugiere que aumentar la probabilidad de capturar al infractor es mucho más efectivo que aumentar el castigo. Sin embargo, los estafadores no tienen demasiados motivos para preocuparse. Según fuentes gubernamentales del Reino Unido, el fraude representa más del 40% de todos los delitos, pero se destina menos del 1% de los recursos policiales a combatirlo.
De hecho, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) señaló que una cuarta parte de las personas que habían perdido dinero por fraude habían dicho que el proceso había comenzado en las plataformas de redes sociales.
La naturaleza de las redes sociales ofrece a los estafadores la posibilidad de esconderse tras perfiles falsos y fingir que funcionan como un negocio legítimo. También permiten a los estafadores llegar a millones de personas que solo deben hacer un clic, de entre las cuales son especialmente vulnerables los adultos más jóvenes, que suelen hacer un uso más intensivo y prolífico de las redes sociales.
La FTC ha emitido órdenes a varias redes sociales, incluidas Meta, TikTok y YouTube, para solicitarles información sobre cómo detectan anuncios maliciosos y estafas.
Mientras tanto, los legisladores de California están considerando un proyecto de ley que ofrezca a las personas mayores más protección contra el fraude y responsabilice a los bancos cuando los cajeros automáticos faciliten transacciones fraudulentas.
En el Reino Unido, en mayo de 2023 se presentó al Parlamento una estrategia antifraude que proponía una serie de medidas, como la prohibición de todas las llamadas telefónicas relacionadas con productos financieros.
Estos dos proyectos de ley son un movimiento en la dirección correcta, pero es necesario trabajar más y con más urgencia. Los responsables políticos deben asignar fondos a la investigación, y las agencias policiales deben introducir leyes que brinden más protección a las personas y colaborar con los organismos internacionales de aplicación de la ley, como la Interpol.
El fraude afecta a la sociedad en todos los niveles: individuos, organizaciones y gobiernos.
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