La Unión Europea está dificultando aún más que los delincuentes puedan eludir, por medio de las criptomonedas, las distintas reglamentaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

El Consejo Europeo ha adoptado una actualización de las normas sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos ampliando el ámbito de aplicación de las regulaciones a las transferencias de criptoactivos.

De este modo, se asegura la transparencia financiera de las transferencias de criptoactivos y se dota a la Unión de un marco sólido que cumple con las normas internacionales más exigentes sobre el intercambio de criptoactivos, para que estos no se utilicen con fines delictivos.

La ministra de Hacienda de Suecia, Elisabeth Svantesson, consideró la adopción de esta normativa por el Consejo como un paso importante en la lucha contra el blanqueo de capitales. En esta línea, sería una mala noticia para aquellos que hacen un uso indebido de los criptoactivos para sus actividades ilegales, para evitar las sanciones de la UE o para financiar el terrorismo o la guerra.

Con la adopción de estas normas, se impone a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de recabar determinada información sobre el remitente y el beneficiario de las transferencias de activos que se realicen a través de sus servicios, con independencia de importe de la transacción, y de dar acceso a esta información. Así, se asegura la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, por lo que pueden detectarse mejor y bloquearse en caso de posibles transacciones sospechosas.

Paralelamente, la UE establece un marco normativo para los criptoactivos, sus emisores y sus proveedores de servicios. De esta forma, los mercados de criptoactivos (MCA) tendrán por primera vez un marco a escala de la UE solo para este sector.

El Reglamento MCA debe proteger a los inversores mejorando la transparencia y estableciendo un marco global para emisores y prestamistas de servicios y asegurará, además, el cumplimiento de la normativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. La nueva normativa abarca a los emisores de fichas de consumo, fichas referenciadas a activos y las llamadas criptomonedas estables, así como prestamistas de servicios, como los centros de negociación y los monederos donde se almacenan los criptoactivos. Este marco regulador tiene por objeto proteger a los inversores y asegurar la estabilidad financiera, a la vez que facilita la innovación y se fomenta el atractivo del sector de los criptoactivos.

Asimismo, a tenor del carácter mundial de los mercados de criptoactivos, el marco regulador introduce un marco normativo armonizado en la Unión Europea que supone una mejora respecto a la situación actual, en la que existe legislación nacional tan solo en algunos estados miembros.

El Consejo Europeo adoptó su mandato de negociación sobre el Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos el 24 de noviembre de 2021, mientras que las propuestas relativas a reforzar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo fueron el 20 de julio de 2021. En el último caso, también figura la propuesta de creación de una nueva autoridad en la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.

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El Consejo Europeo ha aprobado una nueva ley de la Unión Europea que establece una plataforma digital que facilitará que los fiscales y los jueces que trabajen en equipos de investigación conjuntos puedan intercambiar información y presentar a los criminales ante la justicia.

Gunnar Strömmer, ministro sueco de Justicia, considera en esta línea que las actividades delictivas no se detienen en las fronteras y las investigaciones transfronterizas son esenciales para reducir la delincuencia.

Esta plataforma digital tiene que facilitar que las autoridades policiales y judiciales compartan información y pruebas y se comuniquen con sus compañeros de otros países.

La plataforma tiene que facilitar la coordinación y la gestión diaria de los equipos conjuntos de investigación (JIT). Asimismo, tiene que permitir el intercambio y el almacenaje temporal de información y las pruebas operativas, garantizando una comunicación segura y facilitando la trazabilidad de las pruebas.

La plataforma estará conectada a las herramientas informáticas utilizadas por las autoridades participantes en los JIT. Desde las instituciones se recomendará firmemente utilizar la plataforma, aunque su uso será voluntario.

Eu-LISA, la agencia de la Unión Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos a gran escala en el espacio de libertad, seguridad y justicia, se encargará de diseñar, desarrollar y operar la plataforma.

Los equipos de investigación conjuntos reúnen, durante un periodo de tiempo limitado, a autoridades de dos o más países de la UE y posiblemente de terceros para investigaciones criminales transfronterizas específicas. Los miembros de estos equipos podrán intercambiar pruebas directamente entre ellos, sin la necesidad de los procedimientos tradicionales de cooperación judicial.

Los JIT existen desde el año 2002, pero se han enfrentado con una serie de dificultades técnicas relacionadas, por ejemplo, con el intercambio electrónico seguro de información y de pruebas y con la comunicación electrónica segura.

El nuevo reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y será aplicable directamente a todos los países de la Unión Europea.

La fecha de inicio de funcionamiento de la plataforma será, como máximo, dos años y medio después de la entrada en vigor del reglamento.

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Los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea han confirmado el acuerdo alcanzado entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo sobre el proyecto de reglamento y el proyecto de directiva en lo referente al acceso transfronterizo a la evidencia electrónica. Los textos acordados permitirán que las autoridades competentes puedan dirigir las órdenes judiciales de pruebas electrónicas directamente a los proveedores de servicios de otro estado miembro.

El acuerdo responde a una petición clave de las autoridades judiciales, ya que cada vez se planifican o cometen más delitos online y las autoridades necesitan las herramientas para procesarlos como lo hacen por delitos fuera de línea. Las nuevas normas permitirán que jueces y fiscales puedan actuar rápidamente, acceder a las pruebas que necesitan, independientemente de dónde se almacenan, antes de que desaparezcan.

El reglamento sobre las órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas en procesos penales pretende introducir un mecanismo alternativo a las herramientas de cooperación internacional y asistencia judicial mutua existentes. Aborda específicamente los problemas derivados de la naturaleza volátil de la evidencia electrónica y el aspecto de la pérdida de ubicación mediante el establecimiento de nuevos procedimientos para un acceso transfronterizo rápido, eficiente y eficaz.

El reglamento crea órdenes europeas de producción y conservación que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales a fin de obtener o conservar pruebas electrónicas independientemente de la ubicación de los datos. Estos comandos pueden cubrir cualquier categoría de datos, incluidos los datos de suscriptores, tráfico y contenido. Se ha establecido un umbral para los datos de tráfico (excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario) y para los datos de contenido. Solo pueden solicitarse por delitos castigados en el país emisor con una pena máxima de prisión de al menos tres años, o por delitos específicos relacionados con la ciberdelincuencia, la pornografía infantil, la falsificación de medios de pago no monetarios o el terrorismo.

Existe un plazo obligatorio de 10 días para responder a una orden de producción. En casos de urgencia debidamente establecidos, el plazo podrá reducirse a ocho horas. Los proveedores de servicios pueden enfrentarse a sanciones si no cumplen una orden. Pueden imponerse sanciones económicas de hasta un 2% de su volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio anterior.

Salvo en los casos en que la autoridad emisora considere que el delito se ha cometido o probablemente se comete en el país emisor o cuya persona se piden los datos reside en su propio territorio, un sistema de notificación de datos de tráfico y para el contenido se crearán datos. Esta notificación tiene por objeto informar al estado de ejecución y darle la oportunidad de valorar y, en su caso, plantear uno o varios de los motivos de denegación previstos en la legislación, por ejemplo, que los datos solicitados están protegidos. El estado de ejecución dispondrá de 10 días o, en situaciones de emergencia, de 96 horas, para levantar los motivos de denegación. Si esto ocurre, el proveedor de servicios deberá detener la ejecución del pedido y no transferir los datos y la autoridad emisora retirará el pedido.

La directiva sobre designación de establecimientos y designación de representantes legales para la recogida de pruebas electrónicas en los procesos penales será un instrumento esencial para la aplicación del reglamento. Se establecen las normas aplicables al nombramiento de los representantes legales de los prestadores de servicios o a la designación de sus establecimientos designados que se encargan de recibir y dar respuesta a estas órdenes. Esto es necesario debido a la falta de un requisito legal general para que los proveedores de servicios no comunitarios estén presentes físicamente en la Unión. Además, los representantes legales o establecimientos designados en virtud de esta directiva también podrían participar en los procedimientos nacionales.

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Internet y las comunicaciones digitales han cambiado para siempre nuestra forma de vivir, trabajar y hacer negocios. Estos avances tecnológicos, sin duda alguna, han mejorado muchos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, también han sido aceptados y aprovechados por delincuentes, terroristas y otros actores peligrosos. Las leyes australianas han luchado por seguir el ritmo, creando retos importantes para las agencias que tengan una necesidad legítima de ejercer poderes de vigilancia electrónica.

Las agencias policiales, incluidos los cuerpos de anticorrupción, y la Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) requieren a veces acceso a una información específica.

El objetivo de esta reforma de vigilancia electrónica es desarrollar una nueva ley única que:

• proteja mejor la información y los datos de las personas, incluso reflejando qué significa comunicarse en el siglo XXI;
• asegure que las agencias policiales y la ASIO tengan los poderes que necesitan para investigar delitos graves y amenazas a la seguridad;
• sea transparente y utilizable para las agencias operativas y los órganos de supervisión, así como para la industria que deba cumplir las obligaciones del marco;
• modernice y racionalice lo más tecnológicamente posible, mediante la actualización de conceptos clave e identificando claramente las agencias que pueden solicitar el acceso a esta información;
• contenga umbrales adecuados y controles sólidos, efectivos y coherentes, límites, salvaguardias y supervisión del uso de estos poderes intrusivos;
• proteja a la comunidad de delitos y amenazas graves.

Sin acceso a esta información, las fuerzas del orden no podrían prevenir y perseguir las actividades delictivas más graves, como los abusos sexuales infantiles, el crimen organizado y la ciberdelincuencia. Para ASIO, acceder a esta información y a los datos es fundamental para proteger a Australia de graves amenazas a la seguridad nacional, como el terrorismo o la injerencia extranjera en las instituciones democráticas australianas.

La protección y el acceso a esta información y a los datos se rigen por una serie de leyes:

• la Ley de telecomunicaciones (intercepción y acceso) de 1979 (Ley TIA)
• la Ley de dispositivos de vigilancia de 2004 (Ley SD)
• partes de la Ley de organización de inteligencia de seguridad de Australia de 1979 (Ley ASIO)
• partes de la Ley de telecomunicaciones de 1997 (Ley de telecomunicaciones)
• partes discretas de otras leyes de la Commonwealth y estatales y territoriales.

Estas leyes protegen varios tipos de información y datos de personas de acceso no autorizado y solo permiten que las agencias gubernamentales accedan legalmente a la información y a los datos en circunstancias limitadas. Las leyes también exigen a las empresas propietarias de las telecomunicaciones que proporcionen servicios para proteger esta información y para ayudar a las agencias gubernamentales a acceder a esta en determinadas circunstancias.

El proyecto de reforma tiene como objetivo derogar la Ley TIA, la Ley SD y las partes relevantes de la Ley ASIO y sustituir el mosaico actual de leyes por una única ley, racionalizada y tecnológicamente neutra.

El desarrollo del nuevo marco será la mayor reforma de Australia en leyes de seguridad nacional en más de cuatro décadas. El nuevo marco se desarrollará en línea con los principios y valores que subrayan la sociedad democrática liberal australiana. Por tanto, es fundamental que la política que sustenta el nuevo marco esté informada por las opiniones de los afectados, las partes interesadas y la sociedad australiana.

https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-publications/submissions-and-discussion-papers/reform-of-australias-electronic-surveillance-framework-discussion-paper

Feu clic per accedir a electronic-surveillance-framework-discussion-paper.pdf

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El presidente colombiano, Ivan Duque, sancionó el pasado 25 de enero la Ley de seguridad ciudadana, una norma que fue presentada después de las protestas del año 2021 y que considera como un triunfo de la legalidad a pesar de haber sido motivo de controversia, por cuanto abre la puerta al uso de armas en defensa propia.

Esta es una de las principales críticas que recibe la ley, y es que abre la posibilidad al uso de armas siempre que sea en defensa propia contra una agresión injusta, sin que después exista ningún tipo de responsabilidad penal.

Según explica la web dw.com, en un acto que se desarrolló en la Casa de Nariño y en el que estuvieron presentes diferentes representantes de la Administración, el presidente sancionó tres leyes emblemáticas: un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional, un estatuto del patrullero y una Ley de seguridad nacional. El Gobierno colombiano considera que estas tres normas aportan principios como los derechos humanos, proteger la vida y defender los bienes de la ciudadanía.

En concreto, consideran que la Ley de seguridad ciudadana da tranquilidad a las personas, sobre todo a los campesinos y al empresariado, en tanto que evitará que nadie pueda sustraerles por la fuerza la propiedad, que solo podría ser reclamada por una autoridad competente. Al mismo tiempo, para el presidente se trata de una norma nueva, precisa y que cierra grietas en la criminalidad.

Ministros como los del Interior –Daniel Palacios– o de Justicia –Wilson Ruiz– consideran que las leyes son anheladas y esperadas, con garantía de derechos y libertades y destinadas a combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.

A partir de ahora, los soldados y policías, según el Gobierno, tendrán una ley que los representa y con un régimen disciplinario que les permite estar protegidos, pero que les exige actuar con excelencia.

La Ley de seguridad ciudadana es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta. Precisamente, esta ley fue presentada tras las manifestaciones que se produjeron en Colombia en el año 2021, que empezaron a causa de una propuesta de reforma tributaria y se extendieron cerca de dos meses, en los que hubo informes sobre graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo de abuso de la fuerza policial, episodios de vandalismo y de civiles armados que disparaban contra manifestantes.

Una de las principales críticas a la ley es que prevé la legítima defensa privilegiada cuando la víctima se defiende contra quien entre de manera ilegal en su hogar o en su vehículo.

Además, modifica el Código penal para aumentar las penas para quien cometa delitos contra integrantes de las fuerzas de seguridad o personas defensoras de los derechos humanos, mientras que las penas para los que afecten a las infraestructuras destinadas a seguridad ciudadana, transporte masivo o instalaciones militares o de policía serán de 48 a 144 meses.

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El Consejo Europeo ha adoptado conclusiones, en marzo de 2021, sobre la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea para la década digital. Esta Estrategia fue presentada por la Comisión y el Alto Representante para Asuntos Exteriores en diciembre de 2020. Se describe el marco de la acción de la UE para proteger a los ciudadanos y a las empresas de las ciberamenazas, promover sistemas de información seguros y proteger un ciberespacio global, abierto, libre y seguro.

Las conclusiones señalan que la ciberseguridad es esencial para construir una Europa resistente, verde y digital. Se fijaron como objetivo clave alcanzar la autonomía estratégica preservando una economía abierta. Eso incluye reforzar la capacidad de tomar decisiones autónomas en materia de ciberseguridad, con el objetivo de reforzar el liderazgo digital y las capacidades estratégicas de la UE.

En sus conclusiones, el Consejo destaca una serie de ámbitos de actuación en los próximos años, incluidos:

– Los planes para crear una red de centros de operaciones de seguridad en toda la UE para controlar y anticipar las señales de ataques a las redes.

– La definición de una unidad cibernética conjunta que proporcionaría un enfoque claro en el marco de gestión de crisis de ciberseguridad de la UE.

– Su firme compromiso de aplicar y completar rápidamente la implementación de las medidas de la caja de herramientas 5G de la UE y de continuar los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad de las redes 5G y el desarrollo de las generaciones de redes futuras.

– La necesidad de un esfuerzo conjunto para acelerar la adopción de estándares clave de seguridad en Internet, ya que son fundamentales para aumentar el nivel global de seguridad y apertura de internet global, aumentando la competitividad de la industria de la UE.

– La necesidad de apoyar el desarrollo de un ciframiento fuerte como medio de protección de los derechos fundamentales y la seguridad digital, a la vez que garantiza la capacidad de las autoridades judiciales y policiales de ejercer sus poderes tanto en línea como fuera de línea.

– El aumento de la eficacia y la eficiencia de la caja de herramientas de ciberdiplomacia, prestando especial atención a la prevención y la lucha contra los ciberataques con efectos sistémicos que pueden afectar a las cadenas de suministro, la infraestructura crítica y los servicios esenciales, las instituciones y los procesos democráticos y socavar la seguridad económica.

– La propuesta del posible establecimiento de un grupo de trabajo sobre ciberinteligencia para reforzar la capacidad dedicada de la UE en este dominio.

– La importancia de reforzar la cooperación con las organizaciones internacionales y los países socios para avanzar en la comprensión compartida del panorama de las ciberamenazas.

– La propuesta de desarrollar una agenda externa de creación de capacidades cibernéticas de la UE para aumentar la ciberresiliencia y las capacidades en todo el mundo.

Con el fin de garantizar el desarrollo, la implementación y el seguimiento de las propuestas presentadas en la Estrategia de ciberseguridad, el Consejo anima a la Comisión y al Alto Representante a establecer un plan de aplicación detallado. El Consejo también supervisará los avances en la implementación de las conclusiones mediante un plan de acción que se revisará y actualizará regularmente.

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El gobierno noruego ha presentado una propuesta al Parlamento para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo propio, una medida que tiene el objetivo de sustituir el castigo por la ayuda. Es un planteamiento idéntico al propuesto, por ejemplo, en Portugal.

El uso y tenencia de drogas ilícitas seguirá siendo ilegal, pero en lugar de sanciones, las personas a las que se les encuentren pequeñas cantidades serán derivadas a un servicio de asesoramiento municipal obligatorio, donde recibirán información sobre los riesgos y las consecuencias negativas del consumo de estupefacientes y donde se les ofrecerá ayuda, tratamiento y seguimiento.

El ejecutivo nórdico –liderado por el partido conservador de la primera ministra Erna Solberg junto con liberales y democristianos– justifica el cambio asegurando que varias décadas de criminalización han demostrado que esta estrategia no funciona y que la persecución penal de los consumidores contribuye a la estigmatización y a la exclusión social y hace que eviten buscar ayuda por miedo a ser sancionados.

Según los últimos datos oficiales, en 2018 murieron 286 personas por sobredosis en Noruega, que tiene unas cifras de muertes relacionadas con las drogas en relación con la población mucho más elevadas que la media de Europa.

Teniendo en cuenta que muchos adictos a las drogas son policonsumidores, el texto detalla que una persona podrá tener hasta tres sustancias diferentes a la vez, siempre que cada una no supere el umbral fijado. En cambio, la tenencia de cantidades superiores y cualquier otra implicación con drogas ilegales, como la importación, fabricación y venta, seguirá siendo procesada penalmente.

El debate sobre la despenalización del consumo de drogas en Noruega empezó en 2016; ha basado su propuesta para reformar la política de drogas en un informe elaborado por un comité de expertos creado hace dos años por el Parlamento, aunque ha optado por rebajar las cantidades permitidas para no facilitar el tráfico y el acceso. El ejecutivo liberal-conservador controla tan solo una minoría del Parlamento noruego, por lo que necesitará el apoyo de la oposición para sacar adelante la reforma, y no está clara la posición de todos los partidos. Entre los contrarios a la medida están los democristianos, que forman parte de la coalición de gobierno, aunque se espera que voten a favor por lealtad.

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La Unión Europea trabaja para evitar que los terroristas utilicen Internet para radicalizar, reclutar o incitar a la violencia. El Consejo Europeo ha adoptado un reglamento sobre la difusión de contenido terrorista en línea.

El objetivo de la legislación es eliminar rápidamente el contenido terrorista en línea y establecer un instrumento común para todos los estados miembros al efecto. Las normas se aplicarán a los proveedores de servicios que ofrecen servicios en la UE, tengan o no su establecimiento principal en los estados miembros.

La radicalización y la incitación a la violencia a través de las redes sociales y las plataformas de vídeo o la transmisión en directo de ataques son cada vez más frecuentes en los ataques terroristas recientes. Con las nuevas normas adoptadas por el Consejo, las autoridades policiales dispondrán de un instrumento eficaz para hacer frente a esta amenaza.

La cooperación voluntaria con los proveedores de servicios continuará, pero la legislación proporcionará herramientas adicionales para que los estados miembros puedan aplicar la retirada rápida de contenido terrorista cuando sea necesario.

Las autoridades competentes de los estados miembros podrán emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios, eliminar el contenido terrorista o inhabilitar el acceso a todos los estados miembros. Los proveedores de servicios tendrán que eliminar o desactivar el acceso al contenido en un plazo de una hora.

Los proveedores de servicios expuestos a contenido terrorista tendrán que tomar medidas específicas para hacer frente al uso indebido de sus servicios y protegerlos contra la difusión de contenido terrorista. La decisión sobre la elección de las medidas corresponde al proveedor de servicios.

La legislación también prevé un alcance claro y una definición uniforme y clara del contenido terrorista con el fin de respetar plenamente los derechos fundamentales. Asimismo, incluye soluciones efectivas tanto para los usuarios cuyo contenido se haya eliminado como para los proveedores de servicios que presenten una reclamación.

La adopción de la posición del Consejo en primera lectura sigue un acuerdo provisional sobre el texto alcanzado entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo el 10 de diciembre de 2020. La actuación jurídica tiene que ser adoptada por el Parlamento Europeo en segunda lectura antes de ser publicada en el Diario Oficial de la UE. El reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación y empezará a aplicarse un año después.

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Los legisladores de México aprobaron hace unas semanas un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, un verdadero hito para un país que se encuentra inmerso en una guerra contra las drogas y que se podría convertir en el mayor mercado de cannabis del mundo, lo cual deja Estados Unidos entre dos vecinos –contando Canadá– vendedores de marihuana.

La votación en la Cámara de Diputados, 316 a 129, se produjo más de dos años después de que la Corte Suprema de México dictaminara que la prohibición de la marihuana recreativa en el país era inconstitucional y más de tres años después de que el país legalizara el cannabis medicinal.

La medida permitiría a los usuarios fumar marihuana y, con un permiso, cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa. También otorgaría licencias a los productores –desde pequeños agricultores hasta productores comerciales– para cultivar y vender la cosecha.

Si se aprueba la medida, México se unirá a Canadá y Uruguay en una pequeña pero creciente lista de países que han legalizado la marihuana en el continente americano, lo que añadiría un nuevo impulso al movimiento contra las prohibiciones en la región. En Estados Unidos, los demócratas del Senado también han prometido eliminar la prohibición federal de la droga este año.

Los expertos en seguridad coinciden en que el impacto de la ley sobre la violencia probablemente será mínimo: con 15 entidades de Estados Unidos que han legalizado la marihuana –argumentan–, el cultivo se ha convertido en una parte relativamente pequeña del negocio del narcotráfico mexicano, con los cárteles centrándose en productos más rentables como el fentanilo y las metanfetaminas.

Los defensores de la legalización de la marihuana creen que el proyecto de ley tiene un alcance demasiado limitado, aunque represente un avance simbólico en el esfuerzo por poner fin a una guerra contra las drogas que ha costado más de 150.000 vidas.

El proyecto de ley establece que los pequeños agricultores y los indígenas tengan prioridad en la concesión de licencias, pero solo estipula que estos grupos vulnerables puedan recibir más de una licencia.

Con más de 120 millones de personas, México representaría el mayor mercado de marihuana del mundo por población. El cultivo podría convertirse en un gran negocio en el país, un potencial impulso financiero para una economía muy golpeada por la crisis del coronavirus.

Algunos activistas temen que la ley favorezca a las grandes empresas, dándoles el acceso a toda la cadena de suministro de la marihuana desde la semilla hasta la venta, mientras deja a los pequeños productores y vendedores fuera del lucrativo mercado.

El proyecto de ley permitiría a los consumidores individuales llevar hasta 28 gramos de marihuana y cultivar seis plantas de cannabis en casa. El cannabis también podría ser adquirido por los mayores de 18 años en negocios autorizados, y cultivado a mayor escala por grupos con licencia. La marihuana medicinal, que México legalizó en 2017, sería regulada por separado por la Secretaría de Salud.

Los activistas locales afirman que las restricciones en la posesión limitarán el impacto del proyecto de ley, en particular para los consumidores con pocos ingresos, que podrían ser víctimas de la extorsión de la policía, algo habitual en México.

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Oregón se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en despenalizar la tenencia de todas las drogas el 3 de noviembre de 2020.

A través de la cláusula 110, una iniciativa de votación financiada por la Drug Policy Alliance, un grupo de defensa sin ánimo de lucro, aprobó la iniciativa con más del 58% de los votos. Poseer heroína, cocaína, metanfetamina y otras drogas para uso personal ya no es un delito criminal en Oregón.

Estas drogas siguen contraviniendo la ley, como también lo hace su venta. Pero la posesión es ahora una violación civil –no  criminal– que puede provocar una multa o una terapia ordenada por el tribunal, no la pena de prisión. La marihuana, que Oregón legalizó en 2014, sigue siendo totalmente legal.

Hay tres argumentos principales para esta importante reforma de la política sobre drogas.

1. La prohibición de las drogas ha fracasado

La razón aparente para castigar duramente a los usuarios de drogas es disuadir su consumo. Pero décadas de investigaciones han concluido que el efecto disuasivo del castigo penal estricto es pequeño, si existe. Eso es especialmente cierto entre los jóvenes, que son la mayoría de los consumidores de drogas.

Los Estados Unidos tienen el porcentaje de encarcelamiento más alto del mundo y uno de los índices más elevados de consumo de drogas ilegales. Aproximadamente una persona de cada cinco encarcelados en los Estados Unidos está cometiendo un delito por drogas.

Como criminalizar las drogas no impide realmente su consumo, la despenalización no lo aumenta realmente. Portugal, que despenalizó la tenencia personal de todas las drogas en 2001 como respuesta a un elevado consumo de drogas ilícitas, tiene tasas de consumo mucho más bajas que la media europea.

2. La despenalización aprovecha mejor el dinero

Arrestar, procesar y encarcelar personas por delitos relacionados con las drogas es caro.

El economista de Harvard Jeffrey Miron calcula que todos los gastos gubernamentales relacionados con la prohibición de las drogas fueron de 47.800 millones de dólares americanos en 2016. Oregón gastó unos 375 millones de dólares en prohibición de drogas aquel año.

Oregón desviará una parte del dinero que anteriormente se utilizaba para hacer cumplir las penas por drogas para pagar una docena de nuevos centros de prevención y tratamiento de drogas en todo el estado, que se ha valorado como una estrategia significativamente más rentable. Algunos ingresos fiscales por ventas recreativas de marihuana, que superaron los 100 millones de dólares en  2019, también se destinarán a los servicios de adicción y recuperación.

3. La guerra contra las drogas se dirige ​​a personas de color

Otro objetivo de la despenalización es mitigar las importantes disparidades raciales y étnicas asociadas a la aplicación de la ley contra las drogas.

El consumo ilegal de drogas es aproximadamente comparable en todas las razas de los Estados Unidos, pero las personas de color son mucho más propensas a ser registradas, arrestadas y encarceladas por un delito relacionado con las drogas. Los delitos contra las drogas pueden incurrir en largas condenas de prisión.

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