Los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea han confirmado el acuerdo alcanzado entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo sobre el proyecto de reglamento y el proyecto de directiva en lo referente al acceso transfronterizo a la evidencia electrónica. Los textos acordados permitirán que las autoridades competentes puedan dirigir las órdenes judiciales de pruebas electrónicas directamente a los proveedores de servicios de otro estado miembro.

El acuerdo responde a una petición clave de las autoridades judiciales, ya que cada vez se planifican o cometen más delitos online y las autoridades necesitan las herramientas para procesarlos como lo hacen por delitos fuera de línea. Las nuevas normas permitirán que jueces y fiscales puedan actuar rápidamente, acceder a las pruebas que necesitan, independientemente de dónde se almacenan, antes de que desaparezcan.

El reglamento sobre las órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas en procesos penales pretende introducir un mecanismo alternativo a las herramientas de cooperación internacional y asistencia judicial mutua existentes. Aborda específicamente los problemas derivados de la naturaleza volátil de la evidencia electrónica y el aspecto de la pérdida de ubicación mediante el establecimiento de nuevos procedimientos para un acceso transfronterizo rápido, eficiente y eficaz.

El reglamento crea órdenes europeas de producción y conservación que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales a fin de obtener o conservar pruebas electrónicas independientemente de la ubicación de los datos. Estos comandos pueden cubrir cualquier categoría de datos, incluidos los datos de suscriptores, tráfico y contenido. Se ha establecido un umbral para los datos de tráfico (excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario) y para los datos de contenido. Solo pueden solicitarse por delitos castigados en el país emisor con una pena máxima de prisión de al menos tres años, o por delitos específicos relacionados con la ciberdelincuencia, la pornografía infantil, la falsificación de medios de pago no monetarios o el terrorismo.

Existe un plazo obligatorio de 10 días para responder a una orden de producción. En casos de urgencia debidamente establecidos, el plazo podrá reducirse a ocho horas. Los proveedores de servicios pueden enfrentarse a sanciones si no cumplen una orden. Pueden imponerse sanciones económicas de hasta un 2% de su volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio anterior.

Salvo en los casos en que la autoridad emisora considere que el delito se ha cometido o probablemente se comete en el país emisor o cuya persona se piden los datos reside en su propio territorio, un sistema de notificación de datos de tráfico y para el contenido se crearán datos. Esta notificación tiene por objeto informar al estado de ejecución y darle la oportunidad de valorar y, en su caso, plantear uno o varios de los motivos de denegación previstos en la legislación, por ejemplo, que los datos solicitados están protegidos. El estado de ejecución dispondrá de 10 días o, en situaciones de emergencia, de 96 horas, para levantar los motivos de denegación. Si esto ocurre, el proveedor de servicios deberá detener la ejecución del pedido y no transferir los datos y la autoridad emisora retirará el pedido.

La directiva sobre designación de establecimientos y designación de representantes legales para la recogida de pruebas electrónicas en los procesos penales será un instrumento esencial para la aplicación del reglamento. Se establecen las normas aplicables al nombramiento de los representantes legales de los prestadores de servicios o a la designación de sus establecimientos designados que se encargan de recibir y dar respuesta a estas órdenes. Esto es necesario debido a la falta de un requisito legal general para que los proveedores de servicios no comunitarios estén presentes físicamente en la Unión. Además, los representantes legales o establecimientos designados en virtud de esta directiva también podrían participar en los procedimientos nacionales.

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Internet y las comunicaciones digitales han cambiado para siempre nuestra forma de vivir, trabajar y hacer negocios. Estos avances tecnológicos, sin duda alguna, han mejorado muchos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, también han sido aceptados y aprovechados por delincuentes, terroristas y otros actores peligrosos. Las leyes australianas han luchado por seguir el ritmo, creando retos importantes para las agencias que tengan una necesidad legítima de ejercer poderes de vigilancia electrónica.

Las agencias policiales, incluidos los cuerpos de anticorrupción, y la Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) requieren a veces acceso a una información específica.

El objetivo de esta reforma de vigilancia electrónica es desarrollar una nueva ley única que:

• proteja mejor la información y los datos de las personas, incluso reflejando qué significa comunicarse en el siglo XXI;
• asegure que las agencias policiales y la ASIO tengan los poderes que necesitan para investigar delitos graves y amenazas a la seguridad;
• sea transparente y utilizable para las agencias operativas y los órganos de supervisión, así como para la industria que deba cumplir las obligaciones del marco;
• modernice y racionalice lo más tecnológicamente posible, mediante la actualización de conceptos clave e identificando claramente las agencias que pueden solicitar el acceso a esta información;
• contenga umbrales adecuados y controles sólidos, efectivos y coherentes, límites, salvaguardias y supervisión del uso de estos poderes intrusivos;
• proteja a la comunidad de delitos y amenazas graves.

Sin acceso a esta información, las fuerzas del orden no podrían prevenir y perseguir las actividades delictivas más graves, como los abusos sexuales infantiles, el crimen organizado y la ciberdelincuencia. Para ASIO, acceder a esta información y a los datos es fundamental para proteger a Australia de graves amenazas a la seguridad nacional, como el terrorismo o la injerencia extranjera en las instituciones democráticas australianas.

La protección y el acceso a esta información y a los datos se rigen por una serie de leyes:

• la Ley de telecomunicaciones (intercepción y acceso) de 1979 (Ley TIA)
• la Ley de dispositivos de vigilancia de 2004 (Ley SD)
• partes de la Ley de organización de inteligencia de seguridad de Australia de 1979 (Ley ASIO)
• partes de la Ley de telecomunicaciones de 1997 (Ley de telecomunicaciones)
• partes discretas de otras leyes de la Commonwealth y estatales y territoriales.

Estas leyes protegen varios tipos de información y datos de personas de acceso no autorizado y solo permiten que las agencias gubernamentales accedan legalmente a la información y a los datos en circunstancias limitadas. Las leyes también exigen a las empresas propietarias de las telecomunicaciones que proporcionen servicios para proteger esta información y para ayudar a las agencias gubernamentales a acceder a esta en determinadas circunstancias.

El proyecto de reforma tiene como objetivo derogar la Ley TIA, la Ley SD y las partes relevantes de la Ley ASIO y sustituir el mosaico actual de leyes por una única ley, racionalizada y tecnológicamente neutra.

El desarrollo del nuevo marco será la mayor reforma de Australia en leyes de seguridad nacional en más de cuatro décadas. El nuevo marco se desarrollará en línea con los principios y valores que subrayan la sociedad democrática liberal australiana. Por tanto, es fundamental que la política que sustenta el nuevo marco esté informada por las opiniones de los afectados, las partes interesadas y la sociedad australiana.

https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-publications/submissions-and-discussion-papers/reform-of-australias-electronic-surveillance-framework-discussion-paper

Click to access electronic-surveillance-framework-discussion-paper.pdf

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El presidente colombiano, Ivan Duque, sancionó el pasado 25 de enero la Ley de seguridad ciudadana, una norma que fue presentada después de las protestas del año 2021 y que considera como un triunfo de la legalidad a pesar de haber sido motivo de controversia, por cuanto abre la puerta al uso de armas en defensa propia.

Esta es una de las principales críticas que recibe la ley, y es que abre la posibilidad al uso de armas siempre que sea en defensa propia contra una agresión injusta, sin que después exista ningún tipo de responsabilidad penal.

Según explica la web dw.com, en un acto que se desarrolló en la Casa de Nariño y en el que estuvieron presentes diferentes representantes de la Administración, el presidente sancionó tres leyes emblemáticas: un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional, un estatuto del patrullero y una Ley de seguridad nacional. El Gobierno colombiano considera que estas tres normas aportan principios como los derechos humanos, proteger la vida y defender los bienes de la ciudadanía.

En concreto, consideran que la Ley de seguridad ciudadana da tranquilidad a las personas, sobre todo a los campesinos y al empresariado, en tanto que evitará que nadie pueda sustraerles por la fuerza la propiedad, que solo podría ser reclamada por una autoridad competente. Al mismo tiempo, para el presidente se trata de una norma nueva, precisa y que cierra grietas en la criminalidad.

Ministros como los del Interior –Daniel Palacios– o de Justicia –Wilson Ruiz– consideran que las leyes son anheladas y esperadas, con garantía de derechos y libertades y destinadas a combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.

A partir de ahora, los soldados y policías, según el Gobierno, tendrán una ley que los representa y con un régimen disciplinario que les permite estar protegidos, pero que les exige actuar con excelencia.

La Ley de seguridad ciudadana es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta. Precisamente, esta ley fue presentada tras las manifestaciones que se produjeron en Colombia en el año 2021, que empezaron a causa de una propuesta de reforma tributaria y se extendieron cerca de dos meses, en los que hubo informes sobre graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo de abuso de la fuerza policial, episodios de vandalismo y de civiles armados que disparaban contra manifestantes.

Una de las principales críticas a la ley es que prevé la legítima defensa privilegiada cuando la víctima se defiende contra quien entre de manera ilegal en su hogar o en su vehículo.

Además, modifica el Código penal para aumentar las penas para quien cometa delitos contra integrantes de las fuerzas de seguridad o personas defensoras de los derechos humanos, mientras que las penas para los que afecten a las infraestructuras destinadas a seguridad ciudadana, transporte masivo o instalaciones militares o de policía serán de 48 a 144 meses.

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El Consejo Europeo ha adoptado conclusiones, en marzo de 2021, sobre la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea para la década digital. Esta Estrategia fue presentada por la Comisión y el Alto Representante para Asuntos Exteriores en diciembre de 2020. Se describe el marco de la acción de la UE para proteger a los ciudadanos y a las empresas de las ciberamenazas, promover sistemas de información seguros y proteger un ciberespacio global, abierto, libre y seguro.

Las conclusiones señalan que la ciberseguridad es esencial para construir una Europa resistente, verde y digital. Se fijaron como objetivo clave alcanzar la autonomía estratégica preservando una economía abierta. Eso incluye reforzar la capacidad de tomar decisiones autónomas en materia de ciberseguridad, con el objetivo de reforzar el liderazgo digital y las capacidades estratégicas de la UE.

En sus conclusiones, el Consejo destaca una serie de ámbitos de actuación en los próximos años, incluidos:

– Los planes para crear una red de centros de operaciones de seguridad en toda la UE para controlar y anticipar las señales de ataques a las redes.

– La definición de una unidad cibernética conjunta que proporcionaría un enfoque claro en el marco de gestión de crisis de ciberseguridad de la UE.

– Su firme compromiso de aplicar y completar rápidamente la implementación de las medidas de la caja de herramientas 5G de la UE y de continuar los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad de las redes 5G y el desarrollo de las generaciones de redes futuras.

– La necesidad de un esfuerzo conjunto para acelerar la adopción de estándares clave de seguridad en Internet, ya que son fundamentales para aumentar el nivel global de seguridad y apertura de internet global, aumentando la competitividad de la industria de la UE.

– La necesidad de apoyar el desarrollo de un ciframiento fuerte como medio de protección de los derechos fundamentales y la seguridad digital, a la vez que garantiza la capacidad de las autoridades judiciales y policiales de ejercer sus poderes tanto en línea como fuera de línea.

– El aumento de la eficacia y la eficiencia de la caja de herramientas de ciberdiplomacia, prestando especial atención a la prevención y la lucha contra los ciberataques con efectos sistémicos que pueden afectar a las cadenas de suministro, la infraestructura crítica y los servicios esenciales, las instituciones y los procesos democráticos y socavar la seguridad económica.

– La propuesta del posible establecimiento de un grupo de trabajo sobre ciberinteligencia para reforzar la capacidad dedicada de la UE en este dominio.

– La importancia de reforzar la cooperación con las organizaciones internacionales y los países socios para avanzar en la comprensión compartida del panorama de las ciberamenazas.

– La propuesta de desarrollar una agenda externa de creación de capacidades cibernéticas de la UE para aumentar la ciberresiliencia y las capacidades en todo el mundo.

Con el fin de garantizar el desarrollo, la implementación y el seguimiento de las propuestas presentadas en la Estrategia de ciberseguridad, el Consejo anima a la Comisión y al Alto Representante a establecer un plan de aplicación detallado. El Consejo también supervisará los avances en la implementación de las conclusiones mediante un plan de acción que se revisará y actualizará regularmente.

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El gobierno noruego ha presentado una propuesta al Parlamento para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo propio, una medida que tiene el objetivo de sustituir el castigo por la ayuda. Es un planteamiento idéntico al propuesto, por ejemplo, en Portugal.

El uso y tenencia de drogas ilícitas seguirá siendo ilegal, pero en lugar de sanciones, las personas a las que se les encuentren pequeñas cantidades serán derivadas a un servicio de asesoramiento municipal obligatorio, donde recibirán información sobre los riesgos y las consecuencias negativas del consumo de estupefacientes y donde se les ofrecerá ayuda, tratamiento y seguimiento.

El ejecutivo nórdico –liderado por el partido conservador de la primera ministra Erna Solberg junto con liberales y democristianos– justifica el cambio asegurando que varias décadas de criminalización han demostrado que esta estrategia no funciona y que la persecución penal de los consumidores contribuye a la estigmatización y a la exclusión social y hace que eviten buscar ayuda por miedo a ser sancionados.

Según los últimos datos oficiales, en 2018 murieron 286 personas por sobredosis en Noruega, que tiene unas cifras de muertes relacionadas con las drogas en relación con la población mucho más elevadas que la media de Europa.

Teniendo en cuenta que muchos adictos a las drogas son policonsumidores, el texto detalla que una persona podrá tener hasta tres sustancias diferentes a la vez, siempre que cada una no supere el umbral fijado. En cambio, la tenencia de cantidades superiores y cualquier otra implicación con drogas ilegales, como la importación, fabricación y venta, seguirá siendo procesada penalmente.

El debate sobre la despenalización del consumo de drogas en Noruega empezó en 2016; ha basado su propuesta para reformar la política de drogas en un informe elaborado por un comité de expertos creado hace dos años por el Parlamento, aunque ha optado por rebajar las cantidades permitidas para no facilitar el tráfico y el acceso. El ejecutivo liberal-conservador controla tan solo una minoría del Parlamento noruego, por lo que necesitará el apoyo de la oposición para sacar adelante la reforma, y no está clara la posición de todos los partidos. Entre los contrarios a la medida están los democristianos, que forman parte de la coalición de gobierno, aunque se espera que voten a favor por lealtad.

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La Unión Europea trabaja para evitar que los terroristas utilicen Internet para radicalizar, reclutar o incitar a la violencia. El Consejo Europeo ha adoptado un reglamento sobre la difusión de contenido terrorista en línea.

El objetivo de la legislación es eliminar rápidamente el contenido terrorista en línea y establecer un instrumento común para todos los estados miembros al efecto. Las normas se aplicarán a los proveedores de servicios que ofrecen servicios en la UE, tengan o no su establecimiento principal en los estados miembros.

La radicalización y la incitación a la violencia a través de las redes sociales y las plataformas de vídeo o la transmisión en directo de ataques son cada vez más frecuentes en los ataques terroristas recientes. Con las nuevas normas adoptadas por el Consejo, las autoridades policiales dispondrán de un instrumento eficaz para hacer frente a esta amenaza.

La cooperación voluntaria con los proveedores de servicios continuará, pero la legislación proporcionará herramientas adicionales para que los estados miembros puedan aplicar la retirada rápida de contenido terrorista cuando sea necesario.

Las autoridades competentes de los estados miembros podrán emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios, eliminar el contenido terrorista o inhabilitar el acceso a todos los estados miembros. Los proveedores de servicios tendrán que eliminar o desactivar el acceso al contenido en un plazo de una hora.

Los proveedores de servicios expuestos a contenido terrorista tendrán que tomar medidas específicas para hacer frente al uso indebido de sus servicios y protegerlos contra la difusión de contenido terrorista. La decisión sobre la elección de las medidas corresponde al proveedor de servicios.

La legislación también prevé un alcance claro y una definición uniforme y clara del contenido terrorista con el fin de respetar plenamente los derechos fundamentales. Asimismo, incluye soluciones efectivas tanto para los usuarios cuyo contenido se haya eliminado como para los proveedores de servicios que presenten una reclamación.

La adopción de la posición del Consejo en primera lectura sigue un acuerdo provisional sobre el texto alcanzado entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo el 10 de diciembre de 2020. La actuación jurídica tiene que ser adoptada por el Parlamento Europeo en segunda lectura antes de ser publicada en el Diario Oficial de la UE. El reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación y empezará a aplicarse un año después.

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Los legisladores de México aprobaron hace unas semanas un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, un verdadero hito para un país que se encuentra inmerso en una guerra contra las drogas y que se podría convertir en el mayor mercado de cannabis del mundo, lo cual deja Estados Unidos entre dos vecinos –contando Canadá– vendedores de marihuana.

La votación en la Cámara de Diputados, 316 a 129, se produjo más de dos años después de que la Corte Suprema de México dictaminara que la prohibición de la marihuana recreativa en el país era inconstitucional y más de tres años después de que el país legalizara el cannabis medicinal.

La medida permitiría a los usuarios fumar marihuana y, con un permiso, cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa. También otorgaría licencias a los productores –desde pequeños agricultores hasta productores comerciales– para cultivar y vender la cosecha.

Si se aprueba la medida, México se unirá a Canadá y Uruguay en una pequeña pero creciente lista de países que han legalizado la marihuana en el continente americano, lo que añadiría un nuevo impulso al movimiento contra las prohibiciones en la región. En Estados Unidos, los demócratas del Senado también han prometido eliminar la prohibición federal de la droga este año.

Los expertos en seguridad coinciden en que el impacto de la ley sobre la violencia probablemente será mínimo: con 15 entidades de Estados Unidos que han legalizado la marihuana –argumentan–, el cultivo se ha convertido en una parte relativamente pequeña del negocio del narcotráfico mexicano, con los cárteles centrándose en productos más rentables como el fentanilo y las metanfetaminas.

Los defensores de la legalización de la marihuana creen que el proyecto de ley tiene un alcance demasiado limitado, aunque represente un avance simbólico en el esfuerzo por poner fin a una guerra contra las drogas que ha costado más de 150.000 vidas.

El proyecto de ley establece que los pequeños agricultores y los indígenas tengan prioridad en la concesión de licencias, pero solo estipula que estos grupos vulnerables puedan recibir más de una licencia.

Con más de 120 millones de personas, México representaría el mayor mercado de marihuana del mundo por población. El cultivo podría convertirse en un gran negocio en el país, un potencial impulso financiero para una economía muy golpeada por la crisis del coronavirus.

Algunos activistas temen que la ley favorezca a las grandes empresas, dándoles el acceso a toda la cadena de suministro de la marihuana desde la semilla hasta la venta, mientras deja a los pequeños productores y vendedores fuera del lucrativo mercado.

El proyecto de ley permitiría a los consumidores individuales llevar hasta 28 gramos de marihuana y cultivar seis plantas de cannabis en casa. El cannabis también podría ser adquirido por los mayores de 18 años en negocios autorizados, y cultivado a mayor escala por grupos con licencia. La marihuana medicinal, que México legalizó en 2017, sería regulada por separado por la Secretaría de Salud.

Los activistas locales afirman que las restricciones en la posesión limitarán el impacto del proyecto de ley, en particular para los consumidores con pocos ingresos, que podrían ser víctimas de la extorsión de la policía, algo habitual en México.

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Oregón se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en despenalizar la tenencia de todas las drogas el 3 de noviembre de 2020.

A través de la cláusula 110, una iniciativa de votación financiada por la Drug Policy Alliance, un grupo de defensa sin ánimo de lucro, aprobó la iniciativa con más del 58% de los votos. Poseer heroína, cocaína, metanfetamina y otras drogas para uso personal ya no es un delito criminal en Oregón.

Estas drogas siguen contraviniendo la ley, como también lo hace su venta. Pero la posesión es ahora una violación civil –no  criminal– que puede provocar una multa o una terapia ordenada por el tribunal, no la pena de prisión. La marihuana, que Oregón legalizó en 2014, sigue siendo totalmente legal.

Hay tres argumentos principales para esta importante reforma de la política sobre drogas.

1. La prohibición de las drogas ha fracasado

La razón aparente para castigar duramente a los usuarios de drogas es disuadir su consumo. Pero décadas de investigaciones han concluido que el efecto disuasivo del castigo penal estricto es pequeño, si existe. Eso es especialmente cierto entre los jóvenes, que son la mayoría de los consumidores de drogas.

Los Estados Unidos tienen el porcentaje de encarcelamiento más alto del mundo y uno de los índices más elevados de consumo de drogas ilegales. Aproximadamente una persona de cada cinco encarcelados en los Estados Unidos está cometiendo un delito por drogas.

Como criminalizar las drogas no impide realmente su consumo, la despenalización no lo aumenta realmente. Portugal, que despenalizó la tenencia personal de todas las drogas en 2001 como respuesta a un elevado consumo de drogas ilícitas, tiene tasas de consumo mucho más bajas que la media europea.

2. La despenalización aprovecha mejor el dinero

Arrestar, procesar y encarcelar personas por delitos relacionados con las drogas es caro.

El economista de Harvard Jeffrey Miron calcula que todos los gastos gubernamentales relacionados con la prohibición de las drogas fueron de 47.800 millones de dólares americanos en 2016. Oregón gastó unos 375 millones de dólares en prohibición de drogas aquel año.

Oregón desviará una parte del dinero que anteriormente se utilizaba para hacer cumplir las penas por drogas para pagar una docena de nuevos centros de prevención y tratamiento de drogas en todo el estado, que se ha valorado como una estrategia significativamente más rentable. Algunos ingresos fiscales por ventas recreativas de marihuana, que superaron los 100 millones de dólares en  2019, también se destinarán a los servicios de adicción y recuperación.

3. La guerra contra las drogas se dirige ​​a personas de color

Otro objetivo de la despenalización es mitigar las importantes disparidades raciales y étnicas asociadas a la aplicación de la ley contra las drogas.

El consumo ilegal de drogas es aproximadamente comparable en todas las razas de los Estados Unidos, pero las personas de color son mucho más propensas a ser registradas, arrestadas y encarceladas por un delito relacionado con las drogas. Los delitos contra las drogas pueden incurrir en largas condenas de prisión.

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El mes de diciembre de 2020, el Consejo Europeo aprobó unas conclusiones en que reconoce el mayor uso de productos de consumo y dispositivos industriales conectados a internet y los riesgos que eso comporta para la privacidad, la seguridad de la información y la ciberseguridad.

Considera que los dispositivos conectados, entre los que se incluyen las máquinas, los sensores y las redes que componen la internet de las cosas, desarrollarán un papel fundamental en la configuración del futuro digital de Europa.

Las conclusiones definen las prioridades para abordar esta cuestión crucial y fomentar la competitividad mundial de la industria europea de la internet de las cosas garantizando el máximo nivel de resiliencia, seguridad y protección.

Las conclusiones hacen énfasis en la importancia de evaluar si se requiere una legislación horizontal a largo plazo para abordar todas las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad de los dispositivos conectados, como la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad, lo que supondría también especificar las condiciones necesarias para comercializarlos.

Entre otras conclusiones destacan las siguientes:

• La Unión Europea y sus estados miembros tienen que garantizar la soberanía digital y la autonomía estratégica, preservando al mismo tiempo una economía abierta.
• Además de garantizar un alto nivel de seguridad de los dispositivos conectados, también es importante sensibilizar más a los consumidores sobre los riesgos que estos dispositivos pueden generar en la privacidad y la seguridad.
• Subraya que hay que establecer normas, criterios o especificaciones técnicas en materia de ciberseguridad para los dispositivos conectados y recomienda reforzar la tarea de las organizaciones europeas de normalización en este ámbito.
• La ciberseguridad y la privacidad tienen que considerarse requisitos esenciales en la innovación de productos, así como en los procesos de producción y desarrollo, incluida la fase de diseño, y tienen que garantizarse a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y en toda la cadena de suministro.

Finalmente, la certificación de ciberseguridad, que se define en el Reglamento sobre la ciberseguridad, será esencial para aumentar el nivel de seguridad del mercado único digital. ENISA, la Agencia de la UE para  la Ciberseguridad, ya está trabajando en esquemas de certificación de la ciberseguridad, y en las conclusiones se invita a la Comisión a que considere solicitar propuestas de esquemas de certificación de la ciberseguridad para los dispositivos conectados y los servicios conexos.

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El pasado 14 de noviembre de 2018, la Comisión Europea publicó el borrador del primer acuerdo al que ha conseguido llegar con el Gobierno británico liderado por Theresa May, en lo referente a la cuestión del Brexit. May compareció en el número 10 de Downing Street para anunciar el apoyo al acuerdo por parte de su gabinete, una tarea que no fue nada fácil para la primera ministra, debido a la división que las negociaciones del Brexit han provocado en el Gobierno británico. La primera ministra lo calificó como “el mejor acuerdo que se ha podido negociar”. Ahora, con el aval de los dos principales protagonistas, el texto tiene que ser aprobado por los líderes de los 27 estados europeos, los cuales recibieron el borrador el mismo día de su publicación, y por el Parlamento británico, un paso que se prevé todavía más complicado que los anteriores.

El borrador resuelve algunas de las principales incertidumbres que se presentaban con la salida del Reino Unido de la Unión: la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, el estatus de los ciudadanos europeos residentes en el archipiélago y de los británicos residentes en el continente, el control de Gibraltar, las obligaciones financieras del Reino Unido y el acuerdo comercial. Aparte de estos temas de gran relevancia e interés general, el acuerdo también dedica unas páginas a determinar la desconexión del Reino Unido en el ámbito de la colaboración policial y judicial.

El artículo 62 del acuerdo establece la continuación de la colaboración en aquellos procesos judiciales de causas penales entre la Unión Europea y el Reino Unido durante el periodo de transición de la salida de la Unión. Así, el proceso de ejecución de las euroórdenes de detención seguirá siendo como hasta ahora, hasta al menos el 31 de diciembre de 2021, cuando se prevé que se acabe el periodo de transición de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Así, se mantendrán los acuerdos establecidos por el Consejo de Justicia e Interior del Consejo Europeo.

De la misma manera, durante el periodo de transición, el proceso de intercambio de información en cuanto a los antecedentes y los registros penales seguirá siendo el mismo que antes de la puesta en marcha de la iniciativa del Brexit, a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), con el fin de agilizar los procesos judiciales en materia penal en los diferentes estados miembros de la Unión. Una vez acabado el periodo de transición, el ECRIS dejará de funcionar como mecanismo de intercambio de información entre los estados miembros restantes y el Reino Unido.

El mismo artículo también prevé la participación de las autoridades competentes del Reino Unido en aquellos equipos de investigación en los que participaban antes de la finalización del proceso de transición, con la misma finalidad de consolidar la cooperación entre los estados miembros de la Unión en causas penales. Con el fin de poder finalizar procedimientos penales en curso, el Eurojust puede seguir proporcionando información al Reino Unido y viceversa.

El acuerdo también prevé los mecanismos de actuaciones y cooperación policiales en el territorio del Reino Unido o en el territorio de los estados miembros en los que esté involucrado el Reino Unido. Estos están establecidos en el artículo 63 del borrador.

Aparte de los acuerdos en materia de cooperación policial y judicial mencionados hasta ahora, el artículo 156 del borrador de acuerdo establece que el Reino Unido está obligado a seguir contribuyendo, hasta la finalización del periodo de transición en diciembre de 2021, a la financiación basada en la renta nacional bruta (GNI, por las siglas en inglés) de diferentes agencias europeas dedicadas a temas de seguridad y defensa: la Agencia de Defensa Europea, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, el Centro de Satélites de la Unión Europea. También tendrá que seguir asumiendo la parte proporcional de los costes, de acuerdo con el producto nacional bruto (GNP, por las siglas en inglés) de las operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE.

Estas contribuciones se tienen que llevar a cabo de acuerdo con el principio de cooperación sincera y buena fe, establecido en el artículo 5 del borrador. Ambas partes deben tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que surgen del acuerdo del Brexit.

En el siguiente enlace se puede encontrar entero el borrador de acuerdo de salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, publicado el 14 de noviembre de 2018: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf

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