Según las investigaciones de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido los niños tienen un riesgo más alto de ser acosados, ciberacosados y que les roben la identidad cuando sean mayores, si sus padres publican sus fotos en línea.

El llamado sharenting, que consiste en documentar los momentos especiales de un niño en las redes sociales, se ha convertido en una costumbre habitual. Pero los académicos advierten que podría comportar un peligro inesperado, ya que incrementa el riesgo de que los niños se conviertan en víctimas de la ciberdelincuencia.

La reportera Shiona McCallum lo publica en la BBC y advierte que el hecho de compartir ampliamente en las redes sociales las fotos y los vídeos de los menores pone en riesgo su seguridad, privacidad y bienestar.

Los investigadores encuestaron a más de 1.000 padres en el Reino Unido y después llevaron a cabo unas entrevistas de seguimiento. Descubrieron que el 45 % de los progenitores con quienes hablaron publicaba activamente fotos en línea de sus hijos, a la vez que uno de cada seis informaba de que su hijo había sufrido daños.

Por otra parte, revelar detalles como la fecha del cumpleaños, la dirección, el nombre de los animales de compañía, etc. podría aumentar el riesgo de fraude de identidad más adelante.

Y es que cuando los padres comparten con orgullo las fotos y la información sobre sus hijos en las redes sociales, sin saberlo, los ponen en riesgo de sufrir daños en línea (ciberacoso) y en el mundo real; no solo ahora, sino también en un futuro próximo.

El sharenting es una invasión de la privacidad que desde hace tiempo es un tema controvertido. Una de las preocupaciones es que los padres, los cuidadores, los familiares y las escuelas desconocen en gran medida que las funciones de privacidad en las redes sociales pueden ser anuladas para ciertas acciones. Esta investigación demuestra que los padres sobreestiman la protección que ofrece la configuración de la privacidad.

Se sabe de delincuentes que se mueven a las partes más oscuras de Internet que presumen de que pueden utilizar la inteligencia artificial para crear imágenes sexuales y desnudos de cualquier niño, a partir de un puñado de fotos o vídeos normales. Estas imágenes pueden ser tan realistas que son indistinguibles de las reales.

Los investigadores advierten de que la inteligencia artificial plantea toda una nueva gama de peligros, incluido el riesgo de extorsión sexual, si las imágenes se utilizan para amenazar o hacer chantaje a un niño.

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Uber recibió una denuncia de agresión o conducta sexuales inapropiadas en los Estados Unidos casi cada ocho minutos por término medio, entre 2017 y 2022, según muestran los registros judiciales clasificados, lo que supone un nivel más generalizado de lo que la empresa ha revelado. Esto supone que un total de 400.181 viajes de Uber dieron lugar a denuncias de agresiones y conductas sexuales inapropiadas. Anteriormente, la empresa había notificado 12.522 denuncias de agresiones sexuales graves en este mismo periodo de tiempo, sin indicar la cifra total de denuncias de este tipo que había recibido.

Tal como publican en The New York Times las periodistas Emily Steel y Claire Fahy, Uber o Lyft ayudaron a revolucionar el transporte mundial conectante desconocidos para viajes compartidos. Millones de personas piden coches con sus aplicaciones cada día. Las empresas mantienen desde hace tiempo que la inmensa mayoría de los viajes a los Estados Unidos –el 99,9%– se producen sin incidentes de ningún tipo. Pero como Uber opera a gran escala, una fracción de un 0,1 % puede representar muchos ataques.

Uber no ha publicado los datos de los años transcurridos desde entonces, aunque las actas judiciales indican que las denuncias de incidentes han aumentado. Sí que han subrayado que en torno al 75 % de las 400.181 denuncias a la aplicación eran “menos graves”; por ejemplo, hacer comentarios sobre el aspecto de alguien, coquetear o utilizar un lenguaje sexual explícito. Estas denuncias no han sido auditadas por la empresa y podrían incluir denuncias incorrectas o fraudulentas enviadas por personas que intentan obtener un reembolso.

Dentro de empresas como Uber o Lyft, los empleados han reconocido que es probable que no se denuncien todos los casos de agresión y conducta sexuales inapropiadas por inseguridad, por intimidación, por vergüenza o porque muchos conductores saben dónde viven los pasajeros.

Con todo, Uber ha descubierto que las agresiones sexuales siguen unas pautas distintivas. Las víctimas acostumbran a ser mujeres, ya sean pasajeras o conductoras. Las agresiones se suelen producir a altas horas de la noche y en fin de semana, con recogidas que se originan cerca de un bar. En la inmensa mayoría de los casos los agresores son hombres –conductores o pasajeros– con antecedentes de denuncias por conducta sexual inapropiada y bajas calificaciones en la aplicación, según constatan los documentos internos. Las pasajeras ebrias son especialmente las más vulnerables.

Las empresas de transporte privado han puesto en marcha una serie de medidas de seguridad, como son el seguimiento por GPS, la grabación de audio opcional en la aplicación y un botón de emergencia para conectar con los servicios de emergencia.

Las agresiones sexuales son un problema en todo el sector, incluidas otras empresas de transporte por aplicación, así como los taxis tradicionales. Las investigaciones sobre la violencia de género han mostrado que este tipo de agresiones son un problema muy poco denunciado, y las comparaciones en todo el sector son difíciles porque no hay una base de datos centralizada por este tipo de incidentes.

Lyft, el rival más pequeño de Uber, también ha reportado miles de agresiones sexuales. En un comunicado, afirmaba que las denuncias de agresiones sexuales son estadísticamente muy inusuales y representan mucho menos del 1 % de los viajes. Y que las empresas de transporte seguirán invirtiendo en tecnología, políticas y alianzas para intentar prevenir y detectar situaciones inseguras.

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Hay enfrentamientos que no suceden en las zonas de guerra de Ucrania o del Oriente Medio, y sus combatientes no pertenecen a ningún ejército. Son grupos criminales con armas de uso militar que luchan a pocos centenares de kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, en el estado de Michoacan, en el occidente de México. Así lo describen en The New York Times, Paulina Villegas y Emiliano Rodríguez Mega.

Algunos de los cárteles más poderosos de México están inmersos en una violenta carrera armamentista para luchar en varios frentes: por una parte, contra el gobierno de México, que está sometido a una intensa presión por parte de los Estados Unidos para que tome medidas enérgicas contra el tráfico de drogas; de la otra, combaten entre ellos por el territorio y los recursos, lo que provoca un salto mortal entre sus miembros y los civiles que se ven atrapados en medio del conflicto.

A pesar de los desacuerdos profundos sobre las medidas que deben tomarse para enfrentarse a ellos, funcionarios y analistas de seguridad de ambos países coinciden en que los cárteles acumulan nuevos niveles de potencia de fuego, lo que está transformando algunos de estos grupos en auténticas fuerzas paramilitares.

Los traficantes de drogas y los hombres armados de los cárteles ya no utilizan pistolas o rifles automáticos, sino también minas Claymore, granadas propulsadas por cohetes, morteros fabricados a partir de tubos de tanques de gasolina y camiones blindados equipados con ametralladoras pesadas. Entierran artefactos explosivos improvisados para matar a sus rivales y modifican drones comprados por internet para convertirlos en armas de ataque cargadas con sustancias tóxicas y bombas.

Según las autoridades mexicanas, la mayoría de las armas de grado militar que adquieren algunos de estos grupos proceden de los Estados Unidos, y cada año se introducen de contrabando hasta medio millón de armas de fuego a través de la frontera. Los delincuentes también hacen trabajos de ingeniería inversa con las armas, a veces imprimiendo piezas en 3D para fabricarlas.

Como otros grupos armados de todo el mundo, los cárteles combinan armas antiguas y nuevas, con efectos letales. Los drones sobrevuelan Michoacan mientras las carreteras y los caminos que utilizan soldados y civiles están sembrados de artefactos explosivos improvisados. En los últimos dos años se han registrado más explosiones de minas que en cualquier otro lugar de México. Un escalofriante indicador de la evolución de la guerra contra las drogas.

Solo en los últimos cinco meses, al menos 10 civiles –entre los que había un niño de 14 años– han muerto asesinados por explosivos ocultos mientras trabajaban en el campo o iban hacia la escuela.

Analistas de seguridad y funcionarios mexicanos señalan que los cárteles empezaron a militarizarse a mediados de la década de los 2000, cuando los Zetas, un grupo formado por antiguos miembros del ejército, introdujeron la disciplina del campo de batalla, las comunicaciones encriptadas y el armamento pesado en el crimen organizado.

A medida que los Zetas adquirían más arsenal militar, los rivales hacían lo mismo para intentar competir con ellos. Las fuerzas de seguridad mexicanas también respondieron con tácticas y equipos cada vez más sofisticados. Más recientemente, los Estados Unidos han aportado su propia tecnología, incluyendo drones que buscan laboratorios de fentanilo.

Según las autoridades, los cárteles también fabrican cada vez más bombas químicas y cargan drones con compuestos como el fosfuro de aluminio –un pesticida tóxico que puede provocar hipoxia y fallos circulatorios– y otros pesticidas y venenos.

El incremento de drones y los artefactos explosivos improvisados han coincidido con la llegada de ciudadanos colombianos, exsoldados reclutados para entrenar a los combatientes del cártel. En poco más de siete meses, las autoridades estatales han detenido a 53 extranjeros acusados de tener vínculos con el crimen organizado; entre ellos, 23 colombianos y 20 venezolanos.

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Durante el mes de julio de 2025, una operación policial coordinada con el apoyo de la Europol, en la que participaron autoridades de Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido, condujo a la detención de siete sospechosos implicados en el tráfico de drogas por toda Europa.

La banda traficaba sobre todo con ketamina, aunque también introducía de contrabando cocaína, heroína, metanfetamina, metiledioximetamfetamina (MDMA) y precursores para fabricar drogas. Las autoridades encargadas de aplicar la ley incautaron más de 225 kg de ketamina solo en Bélgica.

La jornada de acción del mes de julio de 2025 fue la culminación de una larga investigación. La red criminal ya se había desentrañado meses antes, y durante el año 2024 se habían llevado a cabo varias operaciones contra algunos de sus miembros. En total, las investigaciones comportaron:

• 7 detenciones.
• 11 registros domiciliarios (9 en Bélgica, 1 en el Reino Unido y 1 en los Países Bajos).
• La requisición de más de 600 kg de drogas, incluyendo ketamina, anfetaminas, cannabis, heroína y cocaína.
• La requisición de más de 5 millones de euros en metálico.

Los delincuentes no solo operaban en la Europa occidental, sino que estaban repartidos por múltiples regiones del mundo. Utilizaban varios métodos sofisticados para traficar con drogas por Europa sin ser detectados, incluyendo camiones con drogas escondidas en paquetes de carga y correo, que fueron interceptados en Bélgica.

La Europol empezó a dar apoyo a la investigación en septiembre de 2024 organizando una serie de reuniones operativas y ofreciendo apoyo financiero a los estados europeos implicados en el caso. Además, los expertos de la Europol llevaron a cabo comprobaciones cruzadas y dieron apoyo operativo a las autoridades nacionales durante toda la investigación. El día de la acción policial, dos especialistas estuvieron colaborando en Bélgica y en el Reino Unido para aportar su experiencia sobre el terreno y garantizar una buena coordinación.

Participaron en la investigación los servicios policiales siguientes:

• Bélgica: Policía Judicial Federal de Flandes Oriental (Federale Gerechtelijke Politie).
• Países Bajos: IRC Países Bajos
• Reino Unido: Agencia Nacional contra el Crimen (NCA)

El tráfico de drogas es un delito dinámico, con un alto potencial desestabilizador, dado que se asocia con la violencia, la corrupción, la infiltración en la economía legal y las interconexiones mundiales. La Europol identifica el tráfico de drogas como una de las principales amenazas para la seguridad interior de la Unión Europea.

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En un artículo publicado en BBCNews a principios del mes de julio de este año, fruto de una investigación de Dan Hardoon, el autor considera que las pistolas imprimidas en 3D podrían convertirse en el arma preferida de delincuentes y extremistas violentos de todo el mundo.

Estas armas de fuego caseras, imposibles de rastrear, han sido recuperadas en varios casos criminales recientes, incluido el presunto asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de United HeralthCare, en los Estados Unidos.

Dan Hardoon ha investigado la propagación global de las armas imprimidas en 3D a través de plataformas de redes sociales como Telegram, Facebook e Instagram, y en páginas web que ofrecen guías de cómo fabricarlas. Son armas de fuego que se pueden montar con una impresora, a partir de planos descargables y algunos materiales básicos.

Diseñada para eludir las leyes de control de armas, la tecnología que permite fabricar estos artefactos ha avanzado rápidamente en la última década, y los últimos modelos son capaces de disparar varios cartuchos sin que se rompan sus componentes de plástico. Los materiales han mejorado, el coste ha bajado y la facilidad de acceso a los planos es máxima. Por todo ello, se podrían convertir en las armas preferidas de los que planean actos violentos.

La investigación de Hardoon empezó con el rastreo de anuncios de armas en Instagram y Facebook. En esta línea, el Tech Transparency Project, una organización sin ánimo de lucro que supervisa las empresas tecnológicas, encontró centenares de anuncios de armas imprimidas en 3D y de las llamadas armas fantasma.

Muchos de estos anuncios de armas guiaban a los clientes potenciales a canales de Telegram o WhatsApp. Una cuenta de Telegram con más de 1.000 suscriptores anunciaba que podía enviar armas a todo el mundo.

Sin embargo, un portavoz de Telegram afirmó que la venta de armas está explícitamente prohibida por los términos de servicio y se elimina siempre que se descubre. Los moderadores, facultados con inteligencia artificial personalizada y herramientas de aprendizaje automático, supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan informes para eliminar millones de piezas de contenido malicioso cada día, incluida la venta de armas.

A pesar de todo, lo más preocupante es que las personas que buscan armas imprimidas en 3D no necesitan comprarlas ya hechas a través de las redes sociales; pueden montarlas ellas mismas. Modelos como la FGC-9 se diseñan utilizando únicamente plástico imprimido en 3D y componentes metálicos reutilizados, sin tener que usar piezas de armas disponibles en el mercado.

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Las autoridades policiales europeas han desmantelado Archetyp Market, el mercado de la web oscura (dark web) más prolífico, después de una operación a gran escala que ha involucrado cinco países, con el apoyo de la Europol y Eurojust.

Entre el 11 y el 13 de junio de este año, se llevó a cabo una serie de acciones coordinadas en Alemania, los Países Bajos, Rumania, España y Suecia, dirigidas contra el administrador, los moderadores, los proveedores clave y la infraestructura técnica de la plataforma. Se desplegaron unos 300 agentes para aplicar la ley y asegurar pruebas críticas.

Archetyp Market ha operado como mercado de drogas durante más de cinco años, durante los cuales ha llegado a acumular a más de 600.000 usuarios en todo el mundo, con un volumen total de transacciones de al menos 250 millones de euros. Con más de 17.000 anuncios, es uno de los pocos mercados de la web oscura que permitía la venta de fentanilo y de otros opioides sintéticos altamente potentes, lo que contribuía a la creciente amenaza que representan dichas sustancias en Europa.

Como resultado de la acción policial, la infraestructura de la plataforma en los Países Bajos se desconectó y su administrador, un ciudadano alemán de 30 años, fue arrestado en Barcelona. En paralelo, se tomaron medidas en Alemania y Suecia contra un moderador y seis de los principales vendedores del mercado, y se decomisaron activos por valor de 7,8 millones de euros.

Esta operación, liderada por las autoridades alemanas, marca el final de un servicio criminal que ha permitido el comercio anónimo de un gran volumen de drogas ilícitas, como cocaína, metilendioximetamfetamina (MDMA), anfetaminas y opioides sintéticos. La resistencia, la escala y la reputación de la plataforma dentro de la comunidad criminal la sitúan al lado de mercados de la web oscura ya desaparecidos, como Dream Market i Silk Road, los dos conocidos por facilitar el tráfico de drogas en línea.

El director ejecutivo adjunto de operaciones de la Europol, Jean-Philippe Lecouffe, certifica que las fuerzas del orden han eliminado uno de los mercados de drogas más antiguos de la web oscura, y este hecho ha cortado una línea de suministro importante de algunas de las sustancias más peligrosas del mundo.

La Europol ha contribuido a la eficiencia y eficacia de las investigaciones internacionales. La agencia organizó múltiples reuniones de coordinación que permitieron que las autoridades intercambiaran información crítica para la investigación. Durante los días de acción y las investigaciones preliminares, Eurojust coordinó la ejecución de la asistencia jurídica mutua y las órdenes de investigación europeas.

El desmantelamiento llega después de años de investigación intensiva para cartografiar la arquitectura técnica de la plataforma e identificar a las personas que había detrás. Mediante el rastreo de flujos financieros, el análisis de pruebas forenses digitales y la colaboración estrecha sobre el terreno, se ha podido dar un golpe decisivo a uno de los mercados de drogas más prolíficos de la web oscura.

Al desmantelar su infraestructura y arrestar a sus actores clave, las autoridades policiales han enviado un mensaje claro: no hay refugio seguro para los que se benefician de la delincuencia.

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Un importante esfuerzo coordinado y liderado por la Unidad Nacional de Delitos Especiales de Dinamarca, con el apoyo de la Policía Sueca y la Europol, bajo la Fuerza Operativa (OFT) GRIMM, ha dado lugar a la detención de varias personas sospechosas de reclutar menores y jóvenes para cometer asesinatos por encargo en Dinamarca.

Las detenciones son el resultado de múltiples investigaciones sobre algunos intentos de asesinato ordenados a través de plataformas cifradas, incluido un ataque reciente, el 7 de mayo de este año, en Kokkedal. Un total de siete personas de entre 14 y 26 años fueron arrestadas o entregadas a las autoridades danesas desde el extranjero, en particular desde Suecia y Marruecos.

Entre los arrestados hay dos hombres de 18 años detenidos en el oeste de Suecia y sospechosos de reclutar activamente a jóvenes para cometer asesinatos selectivos en Dinamarca y Suecia. También se cree que varios sospechosos facilitaron los ataques proporcionando armas, munición y refugios a los sicarios.

Estos casos forman parte de una tendencia creciente en toda Europa a reclutar jóvenes en línea para cometer delitos violentos. Las redes criminales utilizan las redes sociales para publicar ofertas de contratos para tiroteos, un modus operandi conocido como “violencia como servicio”, que sitúa cada vez más a los menores en el centro del crimen organizado transfronterizo.

Torben Svarrer, inspector en jefe de policía de la Unidad Nacional Especial de Delitos danesa, puntualiza que las investigaciones muestran que la realidad es mucho menos lucrativa de lo que se prometía y las consecuencias pueden ser muy graves.

Theodor Smedius, superintendente del Departamento de Operaciones Nacionales de la Policía Sueca, señala que a través de la cooperación policial internacional se continuará la búsqueda de los que alimentan la violencia desde detrás del velo del anonimato, en las plataformas digitales, estén donde estén.

Estas acciones recibieron el apoyo de la Europol, a través de la OTF GRIMM, un grupo de trabajo operativo creado en abril de 2025 para abordar el uso creciente de servicios cifrados para coordinar asesinatos por encargo en toda Europa.

El grupo de trabajo actualmente reúne Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, los Países Bajos, Noruega, Suecia y la Europol. Islandia es el país más reciente en participar, lo que refuerza todavía más el esfuerzo colectivo contra la violencia como servicio. Se espera que más países se unan en los próximos meses.

Gracias a la inteligencia compartida dentro del grupo de trabajo, ya se han arrestado varios objetivos importantes, y las investigaciones continúan en toda Europa. También se están llevando a cabo esfuerzos conjuntos con proveedores de servicios en línea para ayudar a desmantelar la infraestructura criminal que permite estos ataques.

Andy Kraag, jefe del Centro Europeo de Delitos Organizados Graves de la Europol, considera que los adolescentes que reciben un pago por apretar el gatillo modificarán el crimen organizado el año 2025. No son delitos menores, se trata de una externalización calculada de asesinatos por parte de redes criminales que tratan vidas humanas como activos de un solo uso. A través de la OTF GRIMM, las fuerzas del orden rastrean a sus cerebros y desmantelan la infraestructura detrás de la que se esconden. Se considera que no hay ningún refugio seguro, ni en línea ni fuera de línea, para aquellos que comercian con la violencia.

Se anima a los padres y las comunidades a mantenerse alerta y buscar signos tempranos de reclutamiento criminal, como cambios repentinos de comportamiento o posesión inexplicable de dinero o artículos caros. La Europol ha desarrollado una guía de sensibilización que ofrece consejos prácticos para ayudar a proteger a los jóvenes de ser víctimas de estos esquemas criminales manipuladores.

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Hace unos años sorprendía saber que el narcotráfico utilizaba drones para mover pequeñas cargas ilícitas. Pero ahora, en pleno año 2025, el escenario ha dado un giro inquietante. Hoy los drones son armas de guerra: cargan explosivos improvisados y siembran el terror desde el cielo. Las víctimas ya no son solo los rivales o las autoridades policiales, sino también la población civil. ¿Qué se sabe de esta nueva herramienta del crimen organizado en México?

Junto con países en estado de guerra, como Ucrania o Siria, México también forma parte de la lista de territorios con ataques explosivos lanzados con drones. Y la cantidad de agresiones y muertes que provocan va en claro aumento.

La Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena) ha reconocido la muerte de 16 soldados el año 2022 y la de 42 durante los primeros siete meses del 2023. Por su parte, entre los años 2012 y 2014, en los Estados Unidos se detectaron 150 drones cruzando la frontera con México cargados con drogas, mientras que desde el 2022 hasta la actualidad la patrulla fronteriza del país norteamericano ha registrado el vuelo de unos 155.000 drones utilizados por el crimen organizado en la frontera.

En México son suficientes unos cuantos clics en Amazon para comprar un dron, sin que haya ninguna regulación que limite su venta o adquisición. Además, tienen un coste que es irrisorio para unas organizaciones que gastan miles de millones de dólares en armamento. Gracias a los ejemplares decomisados en operativos de la Sedena, se sabe que algunos grupos utilizan modelos básicos, de aproximadamente 700 dólares. Pero cárteles con más capacidad financiera, como Jalisco Nueva Generación, utilizan drones agrícolas de alta gama, diseñados originalmente para la fumigación.

Otra de las ventajas de estas aeronaves no tripuladas es que no se requiere un entrenamiento sofisticado para hacerlas funcionar.

Todo apunta a que los drones tienen hoy un papel más relevante en tareas de vigilancia y ataque que en el transporte de estupefacientes. Se han utilizado para lanzar artefactos explosivos con sustancias químicas, por ejemplo, en abril de 2024, en Michoacán, lo que provocó escozor y sensación de asfixia en la población civil. Inicialmente se utilizaban únicamente contra grupos rivales, pero con el tiempo han empezado a afectar las infraestructuras civiles: casas, escuelas, templos… Con todo, varias investigaciones periodísticas y académicas apuntan que los cárteles no utilizan los drones únicamente para atacar, también son unas herramientas eficaces de espionaje. Un dron puede identificar con precisión la matrícula de un vehículo en movimiento, detectar el calor corporal de una persona oculta entre los árboles o interceptar comunicaciones privadas. Todo ello sin poner en riesgo al operador.

Ante esta amenaza creciente —que incluye agresiones directas contra su personal—, Sedena ha intensificado la adquisición y el despliegue de sistemas no tripulados, diseñados no solo para tareas de vigilancia y reconocimiento, sino también para inhibir los drones enemigos. Además, Sedena trabaja junto con la Universidad Aeronáutica en Querétaro en el desarrollo del primer dron 100 % mexicano, orientado a tareas de vigilancia y combate contra la delincuencia.

En el ámbito regional, el gobierno de Michoacán ha implementado un sistema antidrones portátil que combina un radar de detección con un cañón de interferencia, capaz de derribar drones a una distancia de hasta 1,5 kilómetros.

Por su parte, la CIA ha puesto en marcha un programa de drones en México durante más de dos décadas utilizando mayoritariamente aeronaves MQ-9 Reaper —utilizadas comúnmente en operaciones antiterroristas—, para vigilar a los líderes del narcotráfico, a petición del gobierno mexicano.

En mayo de este año, desde el Senado mexicano se pidió con urgencia una reforma a la Ley de aviación civil para regular el uso de aeronaves no tripuladas. La propuesta busca establecer controles sobre los puntos de venta y exigir un registro de los que importan, comercializan y poseen drones, para poder rastrear su destino final y evitar que acaben en manos del crimen organizado.

La solicitud llega en un contexto en el que el crimen organizado ya se ha apropiado de herramientas tecnológicas para potenciar su capacidad violenta y los drones armados ya se han cobrado vidas.

Mientras tanto, México tiene que hacer frente a este nuevo tipo de violencia: una que cae del cielo, sin previo aviso y sin consecuencias claras para los responsables.

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Durante el pasado mes de mayo la Europol coordinó una jornada de acción de referencia (RAD) sobre la explotación y la radicalización en línea de menores. Durante dicha jornada se listaron más de 2.000 enlaces que apuntaban a propaganda yihadista, terrorista y de extrema derecha violenta dirigida a menores de edad.

La jornada de referencia tuvo lugar solo unas semanas después de que la Europol lanzara un nuevo grupo de trabajo operativo para abordar la tendencia creciente de reclutar jóvenes para la delincuencia grave y organizada.

Datos recientes proporcionados por la Europol revelan que actualmente los menores participan en más del 70 % de los mercados criminales. Proteger a los niños de ser reclutados y explotados por redes criminales es una de las prioridades clave de la Europol. Una fuerte colaboración entre las autoridades públicas y los socios del sector privado es esencial para prevenir la radicalización de los menores, y que se perjudiquen a sí mismos y a nuestra sociedad.

Los grupos terroristas cada vez atacan más a los jóvenes y explotan sus vulnerabilidades. También se aprovechan de sus capacidades para gestionar las destrezas en línea, a la hora de hacer avanzar agendas violentas y extremistas. Es una nueva ola que utiliza tácticas de manipulación más amplias.

Las organizaciones terroristas y sus partidarios han desarrollado nuevas tácticas para reclutar y ganar seguidores adaptando su mensaje e invirtiendo en nuevas tecnologías y plataformas para manipular y llegar a los menores.

La propaganda identificada durante la acción operativa incluye contenidos que combinan imágenes y vídeos de niños con mensajes extremistas, así como materiales que ofrecen orientación a los padres radicalizados sobre la crianza de futuros yihadistas.

Una de las observaciones clave que ha conducido a esta acción coordinada es el uso de la inteligencia artificial, especialmente en la creación de imágenes, textos y vídeos diseñados para disuadir a un público más joven. Los propagandistas invierten en contenido, vídeos cortos, memes y otros formatos visuales, esmeradamente estilizados para atraer a los menores y a las familias que pueden ser susceptibles de la manipulación extremista, así como contenido que incorpora elementos de juego con material audiovisual terrorista.

Otro tipo de contenido es la glorificación de los menores implicados en ataques terroristas. En este sentido, la propaganda terrorista se dirige predominantemente a los menores de edad y los manipula para que se unan a grupos extremistas a partir de narrativas heroicas que los retratan como “guerreros” y “la esperanza de la sociedad”.

Las niñas se mencionan con menor frecuencia, y su rol se limita en gran medida a criar y adoctrinar a futuros combatientes por la causa.

Otra técnica de manipulación preocupante durante los últimos años es el uso creciente de narrativas de víctimas, en particular imágenes de niños heridos o muertos en zonas de conflicto. Esta manipulación tiene un doble propósito: fomenta la identificación emocional con las víctimas, a la vez que incita el deseo de represalias y más violencia.

Durante el año 2024 las autoridades policiales de los estados miembros de la Unión Europea contribuyeron a resolver un gran número de casos relacionados con el terrorismo que implicaban menores de edad.

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La Policía Judicial Federal de Limburgo (Bélgica), con la colaboración de la Dirección de Protección Estatal y el Servicio de Inteligencia austríacos, y con el apoyo operativo de la Europol, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas de fuego. La operación, desarrollada durante el mes de mayo de este año, ha culminado con la incautación de 74 armas, el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas y la detención de 11 personas.

Los operativos, que se llevaron a cabo de manera coordinada en Bélgica y Austria, incluyeron el registro de más de 20 domicilios. En el conjunto de registros se intervinieron 50 pistolas, 13 armas cortas, 4 ametralladoras, 4 rifles, 1 revólver, 2 pistolas de alarma, 4 cargadores de gran capacidad, 16 cargadores más y 2 bastones policiales.

En una de las viviendas registradas se localizó un laboratorio de producción de drogas sintéticas con más de 450 kilos de una nueva sustancia, así como un almacén de cigarrillos de contrabando.

La investigación, iniciada meses atrás por la policía belga, permitió identificar a los jefes de la red, sus colaboradores y varios compradores habituales. La organización operaba desde Bélgica, pero mantenía conexiones con otros grupos dedicados al tráfico de armas por toda Europa, especialmente en Austria.

Según las autoridades, algunos de los sospechosos austríacos –dos de los cuales fueron detenidos en Bélgica– suministraban piezas de armas que posteriormente eran montadas y distribuidas ilegalmente. Algunas de estas piezas –por ejemplo, las empuñaduras– se pueden adquirir en Austria sin necesidad de licencia, lo que facilita su uso por parte de las redes criminales. La policía austríaca confirmó que las empuñaduras de las 50 pistolas confiscadas en Bélgica se habían adquirido legalmente en su país. Este hecho permitió ordenar nuevos registros en los domicilios de los detenidos, donde se intervinieron varios dispositivos electrónicos de almacenaje de datos.

La Europol dio apoyo a la operación mediante analistas operativos, que coordinaron la cooperación internacional y organizaron reuniones estratégicas. Durante los registros, se desplegó una oficina móvil de la Europol en Bélgica para facilitar la verificación cruzada de pruebas con sus bases de datos.

Este tipo de operaciones demuestran la importancia de la cooperación policial internacional para hacer frente a las nuevas formas de criminalidad organizada, que a menudo operan en red a través de varios países.

En Cataluña, los cuerpos policiales mantienen una colaboración estrecha con la Europol y otras agencias europeas para detectar, prevenir y actuar ante posibles conexiones locales con este tipo de delitos, especialmente en ámbitos sensibles como el tráfico de armas, el crimen organizado y el contrabando.

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