En una operación coordinada por Europol y con la participación de nueve países, las fuerzas del orden han intervenido el mercado ilegal de la web oscura llamado Monopoly Market y han detenido a 288 sospechosos implicados en la compra o venta de drogas en esta web. La policía se incautó de más de 50,8 millones de euros (53,4 millones de dólares) en efectivo y monedas virtuales, 850 kg de drogas y 117 armas de fuego. Las drogas intervenidas incluían más de 258 kg de anfetaminas, 43 kg de cocaína, 43 kg de MDMA y más de 10 kg de LSD y píldoras de éxtasis.

Esta operación, con el nombre en clave de SpecTor, estaba integrada por una serie de acciones complementarias separadas en Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza.

Europol ha ido recopilando informes y documentos basados en las pruebas aportadas por las autoridades alemanas, que se apoderaron con éxito de la infraestructura criminal del mercado en diciembre de 2021. Estos documentos de objetivos, creados mediante la comparación cruzada y el análisis de los datos y pruebas recopilados, sirvieron de base para investigaciones de cientos de personas.

Los vendedores detenidos como consecuencia de la acción policial contra Monopoly Market también estaban activos en otros mercados ilícitos, por lo que se impidió la extensión del comercio de drogas y bienes ilícitos en la red oscura. Como resultado, 288 vendedores y compradores que habían participado en decenas de miles de ventas de bienes ilícitos fueron arrestados en toda Europa, Estados Unidos y Brasil. Algunos de esos sospechosos eran considerados objetivos de alto valor por Europol.

Las detenciones tuvieron lugar en Estados Unidos (153), Reino Unido (55), Alemania (52), Países Bajos (10), Austria (9), Francia (5), Suiza (2), Polonia (1) y Brasil (1). Una serie de investigaciones para identificar a personas adicionales detrás de las cuentas de la web oscura todavía están en curso. A medida que las autoridades policiales obtuvieron acceso a las extensas listas de compradores y vendedores, miles de clientes de todo el mundo corren también el riesgo de ser procesados.

En el período previo a esta operación coordinada, las autoridades alemanas y estadounidenses también cerraron Hydra, que era el mercado de la web oscura con mayor recaudación, con unos ingresos estimados de 1.230 millones de euros, en abril de 2022. La retirada de Hydra supuso la incautación por las autoridades alemanas de 23 millones de euros en criptomonedas.

En cuanto a detenciones, la operación tuvo aún mayor éxito que las operaciones anteriores con el nombre en clave DisrupTor (2020), con 179 detenciones, y Dark HunTor (2021), con 150. Esto muestra una vez más que la colaboración internacional entre las autoridades policiales es clave para combatir el crimen en la red oscura.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol facilitó el intercambio de información en el marco del Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), alojado en la sede de Europol en La Haya, en los Países Bajos. Tras contrastar las pruebas a través de las bases de datos de Europol, sus analistas prepararon documentos con objetivos e informes cruzados que contenían datos valiosos para identificar a vendedores en la web oscura. Europol también coordinó la acción policial internacional.

Europol presta apoyo a los 27 estados miembros de la Unión Europea en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia. También trabaja con muchos estados socios no comunitarios y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recogida de inteligencia, Europol dispone de las herramientas y recursos que necesita para hacer que Europa sea más segura.

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La llegada de las tecnologías basadas en cadenas de bloques o blockchain ha abierto una nueva frontera para las personas que quieren hacer transacciones financieras y otras de forma remota, anónima y sin necesidad de un tercero como un banco. La criptomoneda es, cada vez más, una forma de pago aceptada en muchas transacciones comerciales legítimas, pero también se utiliza para facilitar muchas actividades ilegales, en gran parte, justamente, por su capacidad de facilitar transacciones mayoritariamente anónimas de forma remota.

Desde Estados Unidos, con el apoyo del National Institute of Justice (NIJ), investigadores de RAND Corporation y el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía identificaron, en unas jornadas, las principales necesidades para mejorar las políticas y los procedimientos policiales sobre criptomonedas. Estas necesidades se refieren a políticas para la gestión de claves digitales, recursos para la formación de las fuerzas del orden sobre blockchain y criptomoneda y herramientas para investigar este tipo de monedas.

Los participantes priorizaron las necesidades asociadas a aumentar el nivel de conocimiento de los oficiales e investigadores, formar o contratar a expertos que puedan ayudar con las investigaciones y adaptar las políticas y procedimientos existentes para garantizar que las criptomonedas se gestionan de manera responsable.

Entre las recomendaciones que se hicieron en las jornadas, hay que destacar:

• Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para asegurar rápidamente los activos de criptomoneda durante las investigaciones.
• Desarrollar políticas y procedimientos de buenas prácticas para minimizar las oportunidades de manipulación incorrecta de la criptomoneda.
• Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para almacenar, transferir y redactar claves digitales de criptomoneda dentro de los sistemas de gestión de registros.
• Catalogar y dar a conocer los recursos de formación que ya están disponibles, incluida la formación que no está adaptada a los profesionales de la justicia.
• Desarrollar sistemas de intercambio regionales o nacionales que faciliten el intercambio de materiales de formación e inteligencia para casos en curso.
• Desarrollar materiales modelo que se puedan adaptar fácilmente para la formación de aspirantes, investigadores, expertos forenses, fiscales, jueces y otros.
• Realizar investigaciones para examinar el equilibrio de habilidades y conocimientos que buscan las agencias policiales a la hora de contratar y evaluar si es probable que cumplan las necesidades actuales y futuras.
• Convocar a un grupo permanente de profesionales y expertos que puedan examinar y generar requisitos para las organizaciones de investigación y desarrollo.
• Trabajar con entidades federales, estatales, locales y privadas (por ejemplo, el Laboratorio Regional de Informática Forense o Abogados sin Fronteras) para poner a disposición los recursos adecuados de seguimiento de criptomonedas para poder compartir los costes más fácilmente.
• Evaluar los costes y beneficios del desarrollo de un centro de información del sector privado que permita al sector público y a las entidades del sector privado verificadas coordinarse (de la misma manera que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados examina los materiales potencialmente abusivos).

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Tal y como publicó recientemente The Conversation, el profesor de la Universidad de Rutgers, Alexander Hinton, considera que la expresión ‘lobo solitario’ es engañosa, ya que los extremistas violentos casi siempre forman parte de un grupo, y el uso repetido de esta expresión podría impedir conseguir frutos de los esfuerzos por combatir la violencia proveniente de la extrema derecha. En todo caso, esto podía ser cierto mucho antes de la era de las redes sociales.

Tras décadas de investigación sobre numerosos ataques que han dejado muchos muertos, ya está documentado que los extremistas casi siempre forman parte de una manada, no son lobos solitarios. Pero el mito del tirador como un lobo solitario sigue siendo tenaz y reaparece en la cobertura mediática después de casi todos los tiroteos masivos o actos de violencia de extrema derecha.

Hinton considera que este mito desvía a la gente de las causas reales de la violencia extremista, lo que obstaculiza la capacidad de la sociedad para prevenir los ataques.

La amenaza del terrorismo interno sigue siendo alta en Estados Unidos, especialmente el peligro que representan los extremistas del poder blanco, muchos de los cuales creen que los blancos están siendo “sustituidos” por personas negras.

Los extremistas de extrema derecha pueden llevar a cabo un ataque solos físicamente o como parte de un grupo reducido de personas, pero casi siempre están conectados y se identifican con grupos y causas mayores.

La gran mayoría de los extremistas de extrema derecha son, de hecho, hombres y mujeres corrientes. Viven en zonas rurales, suburbios y ciudades. Son estudiantes y profesionales que trabajan. Y creen que su causa está justificada.

Hay muchos ejemplos de matanzas de ciudadanos negros cometidas por hombres blancos como Patrick Crusius o Gendron, o el caso de Timothy McVeigh, presentado a menudo como el arquetípico loco lobo solitario que voló el edificio federal de Oklahoma City en 1995.

De hecho, McVeigh formaba parte de un grupo. Tenía cómplices y estaba conectado a través del panorama extremista de extrema derecha. Lo mismo ocurre con Gendron y Crusius, que también fueron caracterizados en la cobertura mediática como lobos solitarios. Ambos estaban activos en las plataformas de redes sociales de extrema derecha y habían publicado manifiestos antes de sus ataques. El manifiesto de Gendron habla de cómo se radicalizó en la web oscura y cómo se inspiró para atacar tras ver vídeos de la masacre de 51 personas de Brenton Tarrant en 2019 en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda.

Casi una cuarta parte del manifiesto de Gendron está extraída directamente del de Tarrant, que llevaba por título ‘El gran reemplazo’. Este miedo a la sustitución de los blancos, centrado en torno a la percepción de su disminución demográfica, también fue un motivo para Crusius. Su manifiesto rinde homenaje a Tarrant, antes de explicar que su ataque fue “una respuesta a la invasión hispánica de Texas”. El mito del lobo solitario sugiere también que los extremistas son desviados anormales con personalidades antisociales.

Mediante el uso de este término, que individualiza el extremismo, Hinton considera que los funcionarios del orden público también pueden despolitizar su trabajo. En lugar de centrarse en movimientos como el nacionalismo blanco que tienen simpatizantes en los distintos niveles de gobierno, desde los sheriffs hasta los senadores, se centran en los individuos.

Esta comprensión proporciona una base para desarrollar estrategias a largo plazo para evitar que extremistas como Gendron y Crusius lleven a cabo ataques más violentos.

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El Consejo ha renovado, sin cambios, la denominada ‘lista de terroristas de la Unión Europea’, que contiene las personas, grupos y entidades sometidos a medidas restrictivas para combatir el terrorismo.

Las 13 personas y 21 grupos y entidades de la lista están sujetos a la congelación de sus fondos y otros activos financieros en la UE. Además, les está prohibido a los operadores de la UE poner a su disposición fondos y recursos económicos.

El Consejo estableció la lista por primera vez en aplicación de la Resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, que siguió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Revisa la lista a intervalos regulares y al menos cada seis meses, en base a la información sobre nuevos hechos y novedades relacionados con las designaciones.

Este régimen de sanciones es independiente del régimen de la Unión que implementa las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) y que tiene como objetivo Al Qaeda e ISIL/Daesh, y que también permite en la Unión Europea aplicar medidas restrictivas, de forma autónoma, a ISIL/Daesh y Al Qaeda y a personas y entidades asociadas o que les dan apoyo.

Como se expresa por varios medios, la lucha contra el terrorismo es una prioridad de la UE. Los estados miembros colaboran estrechamente para prevenir ataques terroristas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Desde la Unión se trabajan aspectos diversos, tales como la prevención de la radicalización, la lista terrorista de la UE, el intercambio de información, la figura del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, acciones para cortar la financiación del terrorismo, el control de las armas de fuego, la digitalización de la cooperación judicial, medidas para frenar a los combatientes terroristas extranjeros y la cooperación con países no miembros de la UE.

Tras una serie de ataques desde el 2015, la Unión Europea ha ido adoptando varias medidas para intentar parar el terrorismo.

Aunque la responsabilidad de luchar contra la delincuencia y salvaguardar la seguridad recae principalmente en los estados miembros, los atentados terroristas de los últimos años han demostrado que esta también es una responsabilidad común que tienen que asumir de forma conjunta. La UE contribuye a la protección de sus ciudadanos actuando como principal foro de cooperación y coordinación entre los estados miembros.

La radicalización no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una amenaza bastante más grave en los últimos años.

Las tecnologías de comunicación en línea han facilitado que los terroristas se comuniquen a través de las fronteras y han amplificado la propaganda terrorista y la propagación del extremismo.

Las autoridades competentes de los estados miembros tienen el poder de emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios que pueden exigirles que eliminen contenido terrorista o que inhabiliten el acceso a este contenido en el plazo de una hora.

El intercambio eficaz de información entre las autoridades policiales, judiciales y de inteligencia de los estados miembros es crucial para luchar contra el terrorismo, rastrear a los combatientes extranjeros y hacer frente al crimen organizado.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también son una preocupación importante para el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos.

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Actualmente, ya puede afirmarse que el “éxito” del Gobierno de El Salvador en el desmantelamiento de las maras es innegable. De la misma forma que se ha producido una fuerte centralización casi absoluta del poder en manos del presidente Nayib Bukele pero en detrimento del Estado de derecho.

Por su parte, la mayoría de los salvadoreños aceptan este pacto y apoyan a su presidente, algo que no ha pasado desapercibido para el resto de dirigentes de la región que afrontan sus propias crisis sobre crimen organizado. Sin embargo, algunas voces ya se han levantado para evitar que varios dirigentes se vean tentados a buscar la misma solución a sus problemas.

Pero lo cierto es que esto ya ha empezado a suceder. Como informan varios medios como Nuso, Hispanidad, Elconfidencial o Washingtonpost, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también decretó el pasado mes de diciembre el estado de excepción para facilitar la lucha contra las maras . Ecuador declaró cuatro regímenes de excepción durante el año 2022 militarizando centros penitenciarios y zonas con altas tasas de homicidios, y Jamaica hizo lo propio con el objetivo de combatir un repunte de la violencia a manos de varias organizaciones criminales.

Hace pocos días, El Salvador ofreció ayuda a Haití, el país más pobre de Latinoamérica y devastado por las bandas, para implementar su propio plan de control territorial. Y es que en una región que lleva décadas batallando por establecer una respuesta adecuada al crimen organizado, las políticas de Bukele resultan cada vez más atractivas. Sobre todo cuando estas políticas de seguridad cuentan con financiación internacional como la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una entidad con base en Honduras y uno de cuyos miembros es España.

Para algunos estudiosos de la problemática, el fin de las maras en El Salvador podría marcar el inicio de la era de la militarización y de las megaprisiones en Latinoamérica y el Caribe. En el caso de El Salvador, la campaña de detenciones masivas ha supuesto poner entre rejas a 60.000 personas, el 1% de la población salvadoreña. De esta forma, el país cuenta con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo (1.536 internos por cada 100.000 habitantes), a la vez que ha reducido drásticamente la tasa de asesinatos. En 2022, la tasa se situó en 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en 2015 era de 105.

Actualmente, los miembros de las marasque no han sido detenidos se encuentran en desbandada, incapaces de recibir órdenes de unas estructuras criminales descabezadas y una presencia menor o incluso inexistente en barrios que antes se encontraban bajo el control absoluto de estas bandas.

Mientras, los que se encuentran encarcelados deben recibir el apoyo económico de sus familias, ya que deben comprar paquetes de comida y productos básicos por valor de 170 dólares al mes. El sistema es sencillo: los familiares no pueden llevarles nada procedente de fuera de la prisión, por lo que no les queda otra salida que comprarles estos paquetes.

Más allá de las injusticias, muchos advierten que los resultados inmediatos del régimen de excepción esconden la marea de problemas que pueden verse detonados por esa ola sin precedentes de detenciones y represión. Y algunos expertos subrayan que la historia de El Salvador demuestra que estas políticas de mano dura a veces dan resultados a corto plazo, pero en realidad están generando un caldo de cultivo para que grupos criminales se reciclen, recluten a más personas y, a la larga, se fortalezcan aún más.

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El Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos se ha visto afectado recientemente por un incidente cibernético que se produjo en una de sus oficinas de campo más destacadas, aunque fue controlado en un breve periodo de tiempo.

Según algún investigador, este incidente malicioso afectó a parte de su red utilizada en investigaciones de imágenes de explotación sexual infantil.

El FBI envió un breve comunicado a los medios de comunicación en el que admitía esta circunstancia maliciosa en su red y que se estaba trabajando para obtener información adicional del origen del problema. También destacaba que, al tratarse de una investigación en curso, la agencia norteamericana no ofrecía más detalles sobre las circunstancias y el origen del ciberataque. Por último, se entendía que se indagaría sobre qué tipo de ataque fue y de dónde provino.

Entre otros medios, el periodista Phil Muncaster lo explicaba a través de la web Infosecurity Magazine. Profundizaba en el ataque a la red explicando que no es la primera vez que la oficina norteamericana es atacada. En 2021, una dirección de correo electrónico oficial se vio comprometida y se utilizó para enviar correo basura a por lo menos 100.000 destinatarios. Aparentemente, un mensaje interceptado citaba a la Agencia de seguridad cibernética y de infraestructuras del DHS (CISA) y afirmaba que los destinatarios estaban en el extremo receptor de un ciberataque importante.

Más tarde, el FBI confirmó que los piratas informáticos se habían aprovechado de una configuración incorrecta en un sistema informático que utilizaba para comunicarse con los colaboradores de la aplicación de la ley estatales y locales: el Portal de empresa de la policía (LEEP).

Austin Berglas, jefe global de servicios profesionales de BlueVoyant, es un antiguo agente especial asistente a cargo de la sucursal cibernética de la oficina de Nueva York del FBI. Berglas explicó que las investigaciones sobre delitos contra menores a menudo implican la recogida y el análisis de evidencias digitales. Así, una vez que se obtienen o se han confiscado las pruebas mediante consentimiento o proceso legal, los medios digitales (teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento externos) se proporcionan a un miembro del equipo de respuesta al análisis informático (CART) del FBI: agentes especiales certificados y examinadores forenses.

Todas las pruebas digitales se escanean para encontrar software malicioso o ficheros maliciosos antes de procesarlas en ordenadores con software forense especializado utilizado para extraer la información contenida en los dispositivos. Estos ordenadores forenses son autónomos y no están conectados a ningún sistema interno clasificado.

Eso quiere decir que, incluso si una nueva variante de software malicioso se desplaza desde un dispositivo confiscado a un ordenador forense, se contendría en la red de examen.

El potencial que este software malicioso se propague e infecte a otros medios de investigación en la red CART es real, pero, para preservar la evidencia original, los examinadores forenses producen copias de trabajo para analizarlas y revisarlas.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró a principios de año el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión donde recluirán hasta 40.000 internos, todos ellos presuntos miembros de las maras, con el objetivo, según el Gobierno salvadoreño, de ganar la guerra a la delincuencia.

Esta gigantesca prisión ha sido construida en tan solo siete meses y se desconoce a día de hoy el coste real de la instalación. Se encuentra en una zona aislada del ámbito rural y está dotada de los últimos avances en tecnología.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping-pong, pero solo para uso de los guardias. Para los reclusos hay zonas de talleres destinados a tareas laborales. También hay salas para audiencias judiciales virtuales, a fin de que los encarcelados no tengan que salir del centro penitenciario. Asimismo, hay celdas de castigo, oscuras y sin ventanas, con el objeto de sancionar a los encarcelados con mala conducta.

El centro penitenciario ha sido construido con muros reforzados, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad por todas partes, escáneres de cuerpo entero para los que ingresen, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, que será vigilado día y noche por unos 600 soldados y 250 policías.

La prisión ha sido presentada como la mayor de toda América, con una gran puesta en escena y como uno de los grandes retos conseguidos por el Gobierno salvadoreño. De esta manera, el presidente Bukele sigue con su particular guerra contra las maras, fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, que acusan al Gobierno de utilizar la tortura, los arrestos arbitrarios y las desapariciones forzadas en la lucha contra estas organizaciones delictivas y que, de momento, ha dejado al menos 175 muertos en 11 meses.

Paralelamente, la Policía Nacional Civil ha publicado sus estadísticas, con las cuales ha cerrado el mes de enero de 2023 con una tasa anualizada inferior a 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que convertiría a El Salvador en el país con la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano. En este contexto, no hay que olvidar que durante el estado de excepción, que hace prácticamente un año que empezó, han sido detenidos más de 60.000 presuntos miembros de maras.

Estas actuaciones gubernamentales y policiales han comportado fuertes protestas de organismos y colectivos defensores de los derechos humanos. Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch explica que se han cometido abusos a gran escala, como masificaciones en las prisiones, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia policial.

Entre los 60.000 detenidos, hay centenares de menores de edad que han sido procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del proceso y menosprecian las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las maras.

Una de las voces críticas de esta ofensiva contra las maras, el rector jesuita de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, considera que con la construcción de la nueva prisión el Gobierno no apuesta por la rehabilitación de los reclusos.

Pero el Gobierno de Nayib Bukele menosprecia a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a los medios de comunicación, a quienes acusa de defender a los miembros de las maras.

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El pasado 15 de diciembre de 2022, la Unidad de Referencia en Internet de la Unión Europea (EU IRU) en Europol coordinó el segundo Día de Acción de Referencias (RAD) contra el contenido violento de extrema derecha y terrorista online. La acción coordinada implicó a unidades especializadas de 14 países, incluidos 13 estados miembros de la UE y un país no comunitario.

En la operación se detectaron más de 800 artículos relacionados a 34 plataformas afectadas por la proliferación de contenidos extremistas violentos online.

Las autoridades participantes participaron en la detección y señalización de contenido terrorista a los proveedores de servicios online y en la evaluación de sus respuestas.

Las actividades dieron lugar a la derivación de 831 ítems en 34 plataformas afectadas. Los referidos materiales incluyen contenido producido por organizaciones de extrema derecha u otras que lo favorecen. También incluye contenidos difundidos en relación con los atentados terroristas motivados por el extremismo violento. Estos materiales incluyen retransmisiones en directo, manifiestos, reivindicaciones y celebraciones de ataques.

Con esta jornada se deja patente que el extremismo violento es una preocupación creciente en Europa y en todas partes, sobre todo desde los hechos de Bratislava (Eslovaquia) y Buffalo (EE.UU.).

Desde la primera vez que se organizó el Día de Acción de Referencias dirigido a este tipo de contenido online en 2021, la amenaza que supone el extremismo violento y el terrorismo sigue aumentando. Los atentados terroristas de Buffalo y Bratislava ilustraron una preocupante proliferación de actividades terroristas y de extrema derecha violentas a nivel mundial. Los autores de estos ataques formaban parte de comunidades transnacionales online y se inspiraron en otros extremistas y terroristas violentos de la derecha. En sus manifiestos, los actores terroristas han destacado el papel fundamental de la propaganda online en el proceso de radicalización. Esto muestra cómo el abuso de internet sigue siendo un aspecto importante de la radicalización y el reclutamiento violento de la extrema derecha.

Las RAD consolidan los esfuerzos de las fuerzas del orden para hacer frente a la creación y difusión de propaganda extremista y terrorista violenta online. Durante las actividades coordinadas, los participantes remiten contenidos vinculados a material de propaganda a los proveedores de servicios online, invitándoles a evaluar y eliminar los contenidos que incumplan sus condiciones de servicio. Y, paralelamente, se invita a las plataformas a reforzar sus protocolos de moderación para evitar este tipo de abuso en el futuro.

Los países participantes en esta edición fueron Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Reino Unido.

Cabe subrayar que con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de crimen. Europol trabaja también con muchos estados socios no comunitarios y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recogida de inteligencia, Europol tiene las herramientas y los recursos que necesita para hacer que el territorio europeo sea un espacio más seguro.

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Los cárteles mejicanos están aportando conocimientos sobre drogas en territorio de la Unión Europea. En concreto, sobre la cocaína y la metanfetamina, lo que podría acarrear un aumento de la violencia y la aparición del fentanilo como potenciales amenazas futuras.

Europol y Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos publicaron el pasado mes de diciembre de 2022 un informe de análisis conjunto que mostraría que grupos criminales mexicanos han trabajado conjuntamente con redes delictivas de la UE para potenciar el tráfico de metanfetamina y cocaína desde Sudamérica hacia la Unión Europea.

Esta nueva forma de colaboración criminal también se extiende a la producción del clorhidrato de cocaína y la metanfetamina. Aunque todavía no existen indicios de la existencia de un mercado de fentanilo en la UE, el descubrimiento de instalaciones de producción y la intervención de la sustancia en la Unión generan preocupación por el posible surgimiento de un mercado de fentanilo.

Es la primera vez que autoridades policiales europeas y estadounidenses elaboran un documento conjunto en la lucha contra el narcotráfico mundial. El informe, titulado Complejidades y conveniencias en el comercio internacional de drogas: la implicación de actores criminales mexicanos en el mercado de drogas de la UE, es fruto del intercambio continuo de información operativa y estratégica entre los analistas y los policías de ambos lados del Atlántico.

La evaluación más reciente de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE demostró que las redes criminales son cada vez más internacionales y especializadas en alcance, con un 65% de los grupos criminales activos formados por miembros de diversas nacionalidades. La presencia de actores criminales mexicanos que colaboran con actores de la UE en el mercado de drogas europeo sigue también esta tendencia.

El informe conjunto profundiza en cómo las redes criminales implicadas cooperan entre sí, especialmente mediante el uso de actores especializados en diferentes fases de sus operaciones. Los distintos actores incluyen facilitadores como especialistas de laboratorio, enviados, intermediarios y proveedores de servicios de blanqueo de capitales. Las fuerzas del orden han detenido a especialistas de laboratorios mexicanos, también conocidos como cocineros, que trabajaban en puestos de producción en Europa. Estos actores son especialmente importantes por su conocimiento único de cómo producir rendimientos más altos y potentes del producto final y obtener cristales de metanfetamina más grandes y rentables.

El informe afirma también que los cárteles mexicanos cooperan con redes criminales con sede en la UE para traficar tanto con metanfetamina como con cocaína en los puertos europeos para distribuirlas o para transitar a mercados aún más lucrativos de Asia y Oceanía. El uso de envíos ocultos, como la cocaína escondida en bloques de hormigón térmico celular, o los planes para establecer rutas de contrabando de cocaína desde Colombia hasta los aeropuertos del sur de Italia con jets privados, muestran la naturaleza en constante evolución de estas actividades criminales. Los funcionarios corruptos de los sectores público y privado actúan como facilitadores y ayudan a aumentar la probabilidad de traficar con éxito los envíos de drogas a Europa.

En suelo estadounidense, los cárteles mexicanos tienen una historia de establecer centros de tráfico de drogas y sólidas asociaciones criminales, y de utilizar la violencia para conseguir el control del territorio en el que operan. Una mayor presencia de cárteles mexicanos en la UE también podría acarrear un aumento de los beneficios para ellos y sus colaboradores criminales, así como un aumento de la violencia en Europa.

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Europol coordinó durante seis meses del año 2022 la tercera edición de la operación Escudo, una iniciativa global para luchar contra el tráfico de medicamentos y sustancias dopantes falsificados. En esta acción se incautaron más de 10,5 millones de medicamentos, 349 sospechosos detenidos o denunciados a las autoridades judiciales y 10 laboratorios clandestinos de sustancias clausurados.

En esta operación participaron autoridades policiales y aduaneras de 28 países (19 estados miembros de la UE y 9 países terceros). La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) coordinó a las agencias aduaneras, mientras que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ofreció apoyo financiero. Frontex, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Organización Mundial de Aduanas (OMD) y las agencias nacionales de medicina apoyaron la operación.

Durante la operación, los agentes del orden desarticularon 59 grupos criminales y detuvieron o denunciaron a las autoridades judiciales a 349 sospechosos. Paralelamente, las autoridades se incautaron de cantidades masivas de medicamentos, productos y sustancias dopantes, alimentos y suplementos deportivos ilegales, así como vacunas contra la COVID, productos sanitarios y dispositivos médicos falsificados. Las sustancias dopantes y los medicamentos para la disfunción eréctil fueron de los artículos más incautados. Para aumentar la prevención y la concienciación, algunos estados participantes lanzaron campañas antidopaje y realizaron controles.

El balance final de la operación Escudo fue el siguiente: embargos por valor de más de 40 millones de euros, decomiso de más de 10,5 millones de unidades de medicamentos y sustancias dopantes, incautación de más de 1 millón de pruebas de COVID falsificadas, 195 investigaciones realizadas, 349 sospechosos detenidos o denunciados a las autoridades judiciales, investigados 59 grupos de crimen organizado, 10 laboratorios subterráneos cerrados, 588 webs monitorizadas, 89 sitios web cerradas, más de 218.000 envíos revisados incautados, 3.526 controles antidopaje realizados en competición (39 positivos) y, finalmente, 3.245 controles antidopaje fuera de competición realizados (9 positivos).

En el transcurso de la operación se han descubierto muchos casos de tráfico de medicamentos a gran escala, lo que confirma que puede ser tan lucrativo o incluso más lucrativo que el narcotráfico. Si bien estos delitos generan ganancias ilícitas masivas para los traficantes y falsificadores, las finanzas públicas y los sistemas de atención social de algunos estados miembros sufren costes financieros muy elevados. El coste para la salud pública también es importante, ya sea por el tratamiento de conductas adictivas o por las consecuencias de las sobredosis o la escasez.

Aunque las redes criminales todavía están aprovechando las oportunidades que ofrece la pandemia de la COVID-19, el tráfico de medicamentos y equipos de protección ha experimentado una disminución importante debido a la elevada atención al fenómeno y al intenso seguimiento por parte de las fuerzas del orden. Los gobiernos que ofrecían las vacunas sin coste alguno contribuyeron a crear una situación desfavorable para los delincuentes que pretenden alimentar un mercado ilegal. En algunos casos, podrían detectarse y frustrar varios intentos de fraude dirigidos a los organismos nacionales responsables del suministro de medicamentos y dispositivos de protección.

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