En los últimos dos años, los principales puertos del noroeste de Europa han registrado una notable caída en las incautaciones de cocaína. A simple vista, la tendencia podría interpretarse como éxito de las políticas de seguridad. Puertos como Rotterdam, Amberes o Hamburgo -que durante años habían sido las principales puertas de entrada de cocaína en el continente- han reforzado controles, cooperación internacional y medidas anticorrupción. Sin embargo, un análisis más profundo revela una realidad más compleja: la disminución de las intervenciones no implica necesariamente una reducción del tráfico, sino una transformación de sus dinámicas.

Los indicadores de mercado no apuntan a escasez. En varios países de Europa occidental, los precios al por mayor y al por menor han descendido mientras la demanda se mantiene estable o crece. Esto sugiere un escenario de sobreoferta, coherente con el aumento sostenido de la producción en países como Colombia. En otras palabras, la presión policial no ha detenido el flujo, sino que ha obligado a las organizaciones criminales a innovar.

Una primera adaptación clara es el cambio en el tamaño de los envíos. Las grandes partidas de varias toneladas, altamente rentables, pero también muy arriesgadas, han dejado paso a envíos más pequeños y frecuentes. Esta fragmentación reduce las pérdidas en caso de intercepción y dificulta la detección mediante patrones tradicionales de inteligencia.

Cuando la vigilancia aumenta en un punto, el tráfico se desplaza hacia otras rutas. Este fenómeno, conocido como efecto waterbed, es ya visible en Europa. El endurecimiento de los controles en Rotterdam, Amberes y Hamburgo ha ido acompañado de un incremento de la actividad en puertos del norte y el este del continente, así como en la región báltica y el sudeste europeo.

Esta redistribución comporta riesgos adicionales: llegada de nuevos actores criminales, aumento de la competencia violenta, presión sobre instituciones con menos recursos y mayor vulnerabilidad a la corrupción. El resultado no es menos cocaína, sino una problemática más dispersa y difícil de gestionar de forma coordinada.

Las organizaciones criminales también han sofisticado sus métodos de ocultación. Además del tráfico en contenedores, se observan prácticas como descargas en el mar, escondidos bajo el casco de los barcos o el uso de cocaína licuada y químicamente modificada para camuflarla como productos legales. También proliferan laboratorios de extracción y procesamiento dentro del territorio europeo, una señal preocupante de proximización de la cadena de valor ilícita.

Este fenómeno va acompañado de una presencia creciente de organizaciones criminales latinoamericanas en Europa, como el Primeiro Comando de Capital de Brasil, el Clan del Golfo o el Cártel de Sinaloa. Su implantación no sólo refuerza las redes de distribución, sino que facilita la transferencia de conocimiento, contactos y capacidad logística.

Ante este escenario, la respuesta no puede ser exclusivamente nacional. Las iniciativas de cooperación e intercambio de información son esenciales. Reforzar el mandato de Europol y potenciar las herramientas judiciales de Eurojust son pasos necesarios para evitar que el éxito local genere vulnerabilidades regionales.

La lucha contra el narcotráfico no es ya sólo una cuestión de intercepción física de mercancías, sino de inteligencia, anticipación y visión estratégica compartida. Los datos de incautaciones, por sí solas, pueden crear una falsa sensación de control. El verdadero reto es entender que se trata de un adversario altamente adaptable.

La reducción de las intervenciones puede parecer una victoria, pero podría ser, en realidad, un espejismo blanco. Sólo con cooperación sostenida, análisis prospectivo y una aproximación integral a la seguridad se puede evitar que el problema simplemente cambie de forma mientras sigue creciendo.

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Marsella vive una escalada de violencia vinculada al narcotráfico que ha generado lo que autoridades, profesionales del derecho y actores comunitarios describen como una psicosis colectiva: un estado de miedo constante, trauma social y percepción de pérdida de control del estado sobre partes del territorio urbano. El elemento más alarmante de esta crisis es el auge de asesinatos de menores y el creciente papel de adolescentes, incluso niños, tanto como víctimas como actores forzados dentro de las redes criminales.

El caso que ha sacudido recientemente a la opinión pública es el asesinato de Adel, un chico de 15 años, ejecutado con un disparo en la cabeza y posteriormente calcinado en una playa de la ciudad. Su cuerpo fue descubierto por otros niños que iban a la escuela, un episodio que simboliza hasta qué punto la violencia se ha normalizado y se ha vuelto pública, visible y aparentemente arbitraria.

Según datos del Ministerio de Justicia francés, el número de menores implicados en el tráfico de drogas se ha multiplicado por cuatro en los últimos ocho años. En Marsella, el narcotráfico ha evolucionado hacia un modelo fragmentado, pero altamente competitivo, en el que una organización dominante (la denominada DZ Mafia) opera mediante una estructura de tipo franquicia, con múltiples puntos de venta gestionados por jóvenes reclutados, a menudo a través de redes sociales.

Este nuevo ecosistema criminal se caracteriza por:

• Desaparición de los códigos tradicionales del crimen organizado (no atacar de día, no exponer cuerpos, no implicar a menores).
• Violencia extrema y demostrativa, incluyendo ejecuciones públicas, cuerpos quemados y difusión de vídeos en las redes.
• Reclutamiento masivo de menores, muchos de ellos migrantes o adolescentes vulnerables, a menudo sometidos a coacciones, deudas ficticias y violencia física.

Actores locales describen una situación de anarquía criminal, donde la lógica del miedo ha sustituido a cualquier jerarquía estable. Los jóvenes, expuestos a diario a muertes violentas, han perdido tanto el miedo a matar como el miedo a morir.

El asesinato de Mehdi Kessaci, un agente de policía en prácticas de 20 años, sin vínculos con el narcotráfico, marcó un punto de inflexión. Se cree que su muerte fue un mensaje intimidatorio dirigido a su hermano, Amine Kessaci, activista antidrogas y figura emergente en el ámbito político local. Este caso refuerza la percepción de que ni siquiera los actores institucionales o sus familiares están fuera del alcance de las bandas.

Abogados, periodistas y activistas han empezado a reducir o abandonar su actividad, o a realizarla bajo protección policial, por miedo a represalias. Algunos profesionales del derecho afirman abiertamente que el Estado de derecho ha quedado subordinado al poder de las bandas en determinados barrios.

Ante esta situación, las autoridades han intensificado las operaciones policiales mediante lo que llaman bombardeos de seguridad: intervenciones masivas y repetidas en zonas de alta criminalidad, con unidades antidisturbios, cierre de puntos de venta y detenciones constantes.

Las cifras muestran actividad significativa:

• Más de 40 puntos de venta recientemente desmantelados.
• 42 millones de euros en bienes criminales incautados en un año.
• Una estimación de hasta 20.000 personas implicadas directa o indirectamente en el negocio de la droga en Marsella.
• Un mercado nacional del narcotráfico valorado en 7.000 millones de euros anuales.

Sin embargo, incluso responsables policiales y fiscales reconocen que muchos de los detenidos son jóvenes explotados, algunos retenidos contra su voluntad, y que la represión no detiene el constante flujo de nuevos reclutas.

Uno de los elementos más preocupantes es el uso abierto de TikTok y otras redes sociales para anunciar la venta de drogas y reclutar a menores con ofertas de “trabajo” aparentemente legítimas. Se prometen ingresos elevados (200-500 € diarios), pero la realidad es a menudo de esclavitud moderna, con violencia, abusos sexuales y amenazas contra las familias.

La crisis ha reabierto un intenso debate político. Sectores de ultraderecha reclaman el estado de emergencia, mayor poder para la policía y restricciones migratorias severas, atribuyendo el problema a la inmigración masiva y al fracaso de la integración. Otras voces -abogados, expertos y periodistas- rechazan esta lectura y alertan contra el uso del miedo como herramienta política. Argumentan que la violencia es el resultado de décadas de abandono social, pobreza estructural, corrupción y políticas públicas fallidas, y que la represión policial sólo trata los síntomas, no las causas.

Marsella ejemplifica una crisis de seguridad híbrida, donde crimen organizado, exclusión social, digitalización del delito y debilitamiento de la confianza institucional convergen. La psicosis que se extiende por la ciudad no es sólo miedo a la violencia, sino la sensación de que el orden social se está erosionando y de que las soluciones tradicionales ya no son suficientes.

Para los expertos en seguridad, el caso de Marsella plantea una pregunta clave: cómo recuperar el control sin alimentar una espiral de represión que acabe profundizando el mismo problema que se quiere resolver.

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Una acción policial a gran escala, llevada a cabo dentro de la operación Fabryka, coordinada por Europol, condujo al desmantelamiento de una red criminal que operaba en toda la UE. Se llevaron a cabo esfuerzos coordinados en Polonia, así como en Bélgica, Alemania y Países Bajos. Estas acciones se dirigieron a una red sospechosa de importar gran cantidad de precursores utilizados para la producción de drogas sintéticas en laboratorios de varios países.

Además, la red participó en actividades de blanqueo de capitales para promover sus operaciones ilícitas. Durante el transcurso de la investigación, las autoridades policiales determinaron que la red podría haber importado más de 1.000 toneladas de precursores, suficientes para producir más de 300 toneladas de drogas sintéticas como MDMA, anfetamina y catinona.

Se estima que las actividades ilegales generan miles de millones en beneficios delictivos para las redes criminales implicadas. Los activos criminales fluyen hacia la economía legal, creando riesgos significativos de distorsión del mercado, competencia desleal e infiltración sistemática de negocios legítimos por parte del crimen organizado.

La investigación comenzó en 2024 a partir de la inteligencia compartida por la policía polaca, concretamente por la Unidad de Delitos de Droga de la Jefatura de la Policía Provincial de Wrocław. La información proporcionada por los agentes de policía de la Baja Silesia fue fundamental para iniciar el caso y facilitar la posterior cooperación internacional dentro del grupo de trabajo. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, se llevaron a cabo más de 20 jornadas de acción, dirigidas a grupos criminales conectados, sus instalaciones de producción y sitios de almacenamiento en toda Europa. La operación culminó con una jornada de acción coordinada contra la presunta red mayorista responsable de la importación y distribución de productos químicos precursores.

Esta red era responsable de la importación, reempaquetamiento y distribución de precursores utilizados en la producción de drogas sintéticas. Los productos químicos, procedentes de China e India, entraban en la UE a través de varios países y se transportaban a Polonia para su reempaquetamiento y posterior distribución en laboratorios ilegales de toda la UE. Desde el inicio de la investigación en 2024, Europol apoyó jornadas de acción dirigidas a diferentes células de la red, así como a grupos conectados implicados en la producción de drogas sintéticas en laboratorios.

Los resultados generales de todos los días de acción (de febrero de 2025 a enero de 2026) incluyen más de:

• 20 días de acción: 85 detenciones; 100 registros; así como: 50 puntos de entrega identificados; 24 laboratorios a escala industrial desmantelados; 16 lugares de almacenamiento encontrados; Confiscaciones múltiples:

• Unos 500.000€ en metálico.
• 3.559 kilogramos y 982 litros de drogas (incluidas 4-CMC, catinona, MDMA, aceite de anfetamina).
• Más de 120.000 litros de residuos químicos tóxicos.
• 1.000 toneladas de precursores (productos químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas).

La estructura operativa de esta red criminal era compleja, con siete empresas legales en Polonia que facilitaban las actividades de importación y distribución, y una coordinación de liderazgo de alto nivel que conectaba a los distintos grupos criminales de los países de la UE.

En algunos casos, las propias células criminales que operaban dentro de la red más amplia gestionaban tanto la logística para el suministro de precursores como la coordinación de la producción en laboratorios clandestinos. La principal red criminal objetivo de esta investigación está compuesta predominantemente por ciudadanos polacos, con la participación de algunos ciudadanos belgas y neerlandeses que operaban dentro de grupos interconectados.

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Las autoridades policiales europeas y sudamericanas siguen intensificando sus esfuerzos por desmantelar las principales redes criminales responsables del tráfico de cocaína hacia Europa. Tres operaciones recientes, coordinadas con el apoyo de Europol, ponen de manifiesto tanto la complejidad de las rutas utilizadas por el crimen organizado como la creciente importancia de la cooperación internacional para hacerle frente. Estas actuaciones han afectado a redes con conexiones a Colombia, Brasil y Grecia, y han permitido intervenir en todas las fases de la cadena criminal: desde el origen de la droga hasta su recepción en el continente europeo.

La primera investigación se centró en una red liderada por un ciudadano neerlandés con acceso directo a traficantes de alto nivel en Colombia. El individuo, de 56 años, residía en Ibiza, pero viajaba con frecuencia a Países Bajos y otros países europeos. Según las autoridades, coordinaba la entrada de grandes cargamentos de cocaína en Europa con el soporte activo de sus dos hijos.

El caso salió a relucir a raíz de la información obtenida a partir de la plataforma cifrada Sky ECC, una herramienta ampliamente utilizada por organizaciones criminales y que ha sido clave en numerosas investigaciones europeas. A partir de estos datos, la policía neerlandesa, desplegó labores de vigilancia, análisis de inteligencia y escuchas telefónicas que permitieron identificar intentos en curso de coordinar nuevos envíos.

La red estuvo vinculada a seis cargamentos de cocaína interceptados en Reino Unido, España y Países Bajos. El 2 de diciembre de 2025, el principal sospechoso fue detenido en Ibiza, mientras que sus hijos, de 31 y 23 años, fueron arrestados en La Haya y Haarlem.

Operación brasileña de tráfico marítimo a gran escala

La segunda actuación tuvo como objetivo una organización criminal brasileña especializada en el transporte marítimo de cocaína a gran escala en Europa. El grupo se encargaba de adquirir embarcaciones, formar tripulaciones y modificar barcos pesqueros para ocultar la droga.

Las rutas utilizadas incluían puntos de salida en la costa brasileña y una etapa intermedia en África Occidental, antes del traslado final a aguas europeas.

Un momento clave de la investigación tuvo lugar en noviembre de 2024, cuando las autoridades portuguesas, en colaboración con la policía federal brasileña y las autoridades de Cabo Verde, interceptaron un barco pesquero con bandera brasileña en el oeste de Cabo Verde. A bordo se hallaron 1,6 toneladas de cocaína y se detuvieron a seis miembros de la tripulación.

Posteriormente, en septiembre de 2025, las fuerzas de seguridad desmantelaron la rama europea de la red, con 37 detenciones en España, incluido el responsable de la infraestructura logística. Por último, el 11 de diciembre de 2025, una operación coordinada en Brasil culminó con ocho nuevas detenciones, entre ellas dos objetivos de alto valor, y la incautación de bienes por valor superior a 1,5 millones de euros.

Red criminal griega y transferencias en alta mar

La tercera operación apuntó a una red criminal griega que utilizaba el método de transferencia en alta mar para el tráfico de cocaína. El grupo desplegó un barco pesquero que salió de Grecia, recorrió una ruta pasando por África Occidental y cruzó el Atlántico para recoger un cargamento procedente de América Latina.

El 14 de diciembre de 2025, las autoridades detuvieron a diez sospechosos: cinco miembros de la tripulación en el mar y cinco individuos en Grecia, incluido un objetivo de alto valor.

En ambos casos, Europol actuó como eje central de la cooperación internacional, facilitando el intercambio de información, proporcionando soporte analítico y coordinando reuniones operativas entre los países implicados. También participaron otros organismos clave como Frontex y el MAOC-(N), especialmente en las operaciones marítimas.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia más amplia de la Unión Europea contra el crimen organizado, articulada a través de la plataforma EMPACT. Los casos demuestran que sólo mediante una cooperación sostenida, multinivel y transnacional es posible atacar de forma efectiva las estructuras que sustentan el tráfico de cocaína hacia Europa.

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Durante más de quince años, Vyacheslav Penchukov -conocido en el submundo digital como Tank- fue una de las figuras más enigmáticas y buscadas del cibercrimen internacional. Carismático, imprevisible y asombrosamente sociable, Penchukov no destacó por una habilidad técnica excepcional, sino por una capacidad innata para ganarse la confianza y construir redes de colaboradores. Desde la cárcel de Englewood, en Colorado, donde cumple dos condenas de nueve años, ha ofrecido su primera entrevista extensa, revelando detalles inéditos de las operaciones, alianzas y mentalidad de las ciberbandas que han sembrado el caos global durante dos décadas.

La historia de Penchukov comienza lejos de las montañas rocosas que rodean a Englewood. En Donetsk (Ucrania), se inició en el hacking adolescente buscando trucos para videojuegos como FIFA 99 o Counter-Strike. Con el tiempo, este aprendizaje informal le condujo a encabezar Jabber Zeus, un grupo que, a finales de los 2000, utilizaba el sofisticado malware Zeus para infiltrarse en cuentas bancarias de empresas, ayuntamientos y ONG. En sólo tres meses, más de 600 víctimas británicas perdieron más de 4 millones de libras.

Tank era entonces un joven de veinticinco años que vivía entre coches alemanes de alta gama, sesiones de DJ nocturnas y una oficina clandestina en la que él y su equipo robaban dinero durante jornadas de seis o siete horas. Según explica, en aquella época el cibercrimen era dinero fácil: bancos desprotegidos, policías desbordados y un mundo digital poco preparado.

Pero la fiesta terminó cuando el FBI interceptó sus conversaciones en Jabber y descubrió su identidad a partir de un detalle banal: el nacimiento de su hija. Una operación internacional, Trident Breach, acabó con múltiples detenciones, pero Tank huyó gracias a un aviso ya la rapidez de su Audi S8 con motor Lamborghini. Tras esconderse un tiempo, intentó reformarse gestionando un negocio de carbón. Sin embargo, los sobornos constantes de funcionarios ucranianos y el impacto de la guerra en el Donbass le empujaron de nuevo al delito.

A partir del 2018, Penchukov volvió con más fuerza, ahora inmerso en el ecosistema del ransomware, un negocio mucho más lucrativo que el robo bancario tradicional. Formó parte de grupos tan conocidos como Maze, Egregor, Conti o IcedID, especializados en infectar sistemas corporativos, extorsionar empresas e incluso hospitales. A su juicio, los beneficios podían alcanzar los 200.000 dólares mensuales, aunque dentro de los foros criminales corrían rumores sobre rescates millonarios.

La comunidad hacker, según explica, funciona por mentalidad de rebaño: cuando un grupo logra un botín excepcional, cientos de imitadores lanzan ataques similares sin considerar las consecuencias humanas. Y es que para muchos de estos delincuentes, las víctimas son cifras y los perjuicios, asuntos cubiertos por seguros.

Uno de los puntos más polémicos de su testimonio es la confirmación, con naturalidad, de que varios grupos de ransomware mantenían contactos habituales con los servicios de seguridad rusos, incluido el FSB. Esta hipótesis ya había sido señalada por múltiples agencias occidentales, pero Tank describe estas conexiones como práctica habitual.

También habla de su relación antigua con Maksim Yakubets, supuesto líder de Evil Corp. y objeto de una recompensa de 5 millones de dólares. Eran amigos, salían juntos por Moscú y Yakubets, aparentemente obsesionado con mostrar su riqueza, iba rodeado de guardaespaldas. Pero cuando Yakubets fue detenido en el 2019, la comunidad del cibercrimen le dio la espalda. Penchukov asegura que él mismo lo evitó por miedo a ser relacionado con él.

La captura de Penchukov en 2022 fue digna de una película: una operación en Suiza con francotiradores en las azoteas, agentes encapuchados y sus hijos como testigos involuntarios. Todavía considera que el operativo fue excesivo, pero las miles de víctimas que han perdido ahorros, trabajo o estabilidad probablemente discreparían.

En Englewood, Tank pasa los días estudiando idiomas, haciendo deporte y obteniendo titulaciones de secundaria. En la recta final de su confesión, Penchukov admite que su ruina vino de los propios colaboradores con los que había compartido fortuna y riesgo. En el cibercrimen, afirma, no puedes tener amigos. Todos desconfiaban de todos; muchos, cuando eran detenidos, se convertían en informantes. La paranoia es la única constante en la vida criminal.

Ahora, mientras espera una posible reducción de condena y se enfrenta a una orden de restitución de 54 millones de dólares, Tank echa la vista atrás con una mezcla de orgullo, nostalgia y justificación. Habla del pasado con un tono casi romántico, como una aventura lejana. Pero los rastros de su legado —empresas arruinadas, hospitales paralizados, familias afectadas— siguen vivos.

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El mundo se encuentra en un momento decisivo. Las economías ilícitas —desde el tráfico de drogas hasta los delitos cibernéticos o las falsificaciones— están creciendo y adaptándose a una velocidad que desafía a gobiernos, instituciones y comunidades. Lejos de ser un fenómeno marginal, el crimen organizado se ha convertido en una fuerza que erosiona la democracia, pone en riesgo la soberanía de los Estados y amenaza la paz y la seguridad internacionales.

En este contexto, el Índice Global de Crimen Organizado se convierte en mucho más que una herramienta de medición: es un espejo que refleja tendencias profundas dentro de los Estados y del sistema internacional. Y su tercera edición nos permite, por primera vez, seguir la evolución de estos fenómenos a lo largo de cinco años.

Los datos de la edición de este año muestran cambios clave en la economía criminal global. Uno de ellos es el ascenso imparable de las drogas sintéticas y de la cocaína, que dominan cada vez más los mercados. Este crecimiento responde a actores criminales capaces de adaptarse rápidamente a:

• los gustos cambiantes de los consumidores,
• las mejoras tecnológicas en la producción,
• y redes de tráfico más interconectadas que nunca.

El Índice detecta un aumento acelerado de las formas de criminalidad no violentas, como por ejemplo:

• los delitos financieros,
• el fraude y las estafas digitales,
• los delitos ciberdependientes.

Estas actividades, cada vez más integradas en los sistemas financieros y digitales transnacionales, no necesitan violencia para causar enormes daños. Empresas, gobiernos y ciudadanos acaban pagando el precio.

Otro ejemplo es la falsificación, que crece en todas partes alimentada por la inflación, la inestabilidad laboral y las tensiones comerciales. Cuando los ingresos disminuyen, la demanda de productos falsificados tiende a aumentar.

El Índice también revela que los actores criminales vinculados al Estado siguen siendo los más prevalentes. Sin embargo, son los actores extranjeros los que experimentan el crecimiento global más pronunciado. Esto confirma que el crimen organizado es más móvil, flexible y transnacional que nunca.

Además, el sector privado —ya sea de forma voluntaria o por negligencia— desempeña un papel creciente como facilitador del crimen, especialmente en ámbitos como la logística, las finanzas o la tecnología.

Aunque muchos mercados criminales están en expansión, las puntuaciones de resiliencia de los Estados se han estancado. Un ejemplo claro es la cooperación internacional: tradicionalmente un punto fuerte, pero ahora debilitada por un sistema global más polarizado y un retroceso del multilateralismo.

Es una señal alarmante, especialmente en el 25º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

A pesar de este panorama complejo, los datos también ofrecen un mensaje de esperanza. El Índice demuestra que reforzar elementos clave de resiliencia puede:

• reducir la influencia de los actores criminales,
• transformar comunidades enteras,
• y orientar a las sociedades hacia trayectorias más positivas.

El Índice no es solo un diagnóstico: es unaherramienta de soluciones. Señala vulnerabilidades, pero también muestra caminos de reforma, fortalecimiento institucional y empoderamiento de la sociedad civil.

En definitiva, el Índice ofrece una base de evidencia compartida para que gobiernos, responsables políticos, ONG y actores internacionales puedan convertir el conocimiento en políticas y la urgencia en acción. En un momento en que el crimen organizado evoluciona más rápido que nunca, esta mirada global y comparativa es esencial para orientar las decisiones del futuro.

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La suplantación de identificación de llamadas se produce cuando los delincuentes falsifican la información que se muestra en los teléfonos, haciendo que los números parezcan legítimos para así, engañar a las víctimas. Esta práctica está causando importantes daños financieros y sociales, con una pérdida estimada de 850 millones de euros anuales en todo el mundo.

Europol pide una respuesta europea coordinada para abordar la suplantación de identificación de llamadas, una herramienta cada vez más común, utilizada para el fraude online y las estafas de ingeniería social.

Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto siguen siendo el principal punto de entrada de estas estafas, representando aproximadamente el 64% de los casos denunciados. Al esconder sus verdaderas identidades y ubicaciones, los delincuentes engañan a las víctimas para que revelen información personal, transfieran fondos o concedan acceso a dispositivos y cuentas, lo que dificulta extremadamente que las fuerzas del orden puedan rastrearlas y procesarlas.

La suplantación de identificación de llamadas es cada vez más explotada por redes criminales organizadas que operan en múltiples jurisdicciones. Los estafadores suplantan a bancos, agencias gubernamentales o incluso miembros de la familia para ganarse la confianza. Algunos lo utilizan para los llamados incidentes de swatting, haciendo llamadas de emergencia falsas desde la dirección de una víctima, desencadenando respuestas de emergencia a gran escala.

Las investigaciones muestran la aparición de un modelo de negocio de «spoofing como servicio», que proporciona herramientas prefabricadas para suplantar a entidades de confianza como las fuerzas del orden o las instituciones financieras. Operando desde el extranjero, estas redes explotan las lagunas jurisdiccionales para evadir la detección y procesamiento.

El desequilibrio actual, en el que la suplantación de identidad es fácil de realizar, pero difícil de investigar, es insostenible. Europol insta a medidas que hagan más costoso y técnicamente complejo para los delincuentes esconderse tras identidades falsas, al tiempo que permiten a los investigadores actuar rápidamente a través de las fronteras.

Una encuesta de Europol realizada en 23 países reveló importantes retos en la implementación de medidas contra la suplantación de identificación de llamadas. Esto significa que la población combinada de aproximadamente 400 millones de personas sigue siendo susceptible a este tipo de ataques.

Las fuerzas del orden destacaron los principales obstáculos, como la limitada cooperación con los operadores de telecomunicaciones, las regulaciones fragmentadas y la falta de herramientas técnicas para identificar y bloquear las llamadas falsas.

Europol y sus socios han identificado tres prioridades:

• Normas técnicas armonizadas: desarrollar mecanismos en toda la UE para rastrear las llamadas fraudulentas, verificar los identificadores de llamadas legítimos y bloquear el tráfico engañoso.

• Mejora de la colaboración transfronteriza: fortalecer la cooperación entre las fuerzas del orden, los reguladores y la industria para compartir información y pruebas de forma eficiente.

• Convergencia normativa: alinear las normas nacionales para permitir el rastreo legal, esclarecer los usos legítimos del enmascaramiento del identificador de llamadas y promover herramientas antifraude probadas.

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La insólita fuga de 20 reclusos vinculados a la temida banda Barrio 18 ha puesto a Guatemala en estado de alerta. La escapada, que se produjo de forma paulatina y silenciosa, ha desatado una crisis de seguridad, purgas en el sistema penitenciario y presiones internacionales.

Los hechos ocurrieron en la cárcel de Fraijanes II, un centro de máxima seguridad en las afueras de Ciudad de Guatemala, especialmente diseñado para recluir a miembros de bandas. Aunque las fugas se produjeron a lo largo de varias semanas, no se hicieron públicas hasta pasar unas semanas.

La situación se complicó aún más porque se produjo poco después de que Estados Unidos designase a la banda Barrio 18 como organización terrorista extranjera, igualándola a cárteles de droga y grupos violentos internacionales.

Con sólo uno de los fugitivos recapturados —Byron Fajardo Revolorio, alias Black Demon, condenado a 180 años de internamiento—, el gobierno guatemalteco ha movilizado hasta 45.000 agentes policiales y ha pedido apoyo a Interpol y países vecinos, especialmente México, para localizar a los delincuentes.

La reacción de Estados Unidos no se ha hecho esperar: su embajada en Guatemala ha calificado los hechos de totalmente inaceptables y exige una respuesta contundente. La colaboración bilateral incluye ya tecnología de reconocimiento facial, formación de funcionarios penitenciarios e incluso planes para la construcción de una nueva prisión de ultra seguridad con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense.

El ministro de Interior, Francisco Jiménez, no ha sorteado responsabilidades: Es una quiebra gravísima del sistema penitenciario. Las autoridades admiten que los controles internos eran mínimos, que no existía tecnología para verificar la identidad de los reclusos y que es posible que hubiera complicidad interna o sobornos.

La dirección del sistema penitenciario fue destituida, incluido su jefe, Luis Alfonso Godínez, y se pedirá a los directores de prisión que pasen el polígrafo, para detectar vínculos con bandas criminales.

Barrio 18: una amenaza activa desde dentro de las prisiones

Barrio 18, a menudo comparada con la MS-13, mantiene una fuerte presencia en Guatemala con unos 12.000 miembros, de los que 3.000 están encarcelados. Muchos de sus líderes han continuado operando desde dentro de las cárceles, práctica habitual en países de América Latina, donde la corrupción facilita la introducción de móviles y otros medios de comunicación ilegal.

Una pieza clave en este escenario es Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo, supuesto jefe de Barrio 18. Su reciente traslado a otra cárcel provocó altercados en varias cárceles, hasta que un juez ordenó su regreso a Fraijanes II, algo que según muchos analistas podría haber precipitado la fuga colectiva.

Esta crisis pone en evidencia las graves deficiencias del sistema penitenciario guatemalteco y la complejidad de combatir bandas como Barrio 18. Con una combinación de corrupción interna, tecnología insuficiente y presión internacional creciente, Guatemala afronta un reto mayúsculo para restablecer el control y evitar que estas organizaciones terroristas operen impunemente desde dentro de los muros.

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Las denuncias por delitos sexuales y acoso en los trenes del Reino Unido han aumentado más de un 37% desde el año 2015, según datos recogidos por la BBC a través de una solicitud de información a la Policía de Transporte Británica (BTP). Sólo el pasado año se registraron 2.661 incidentes en Inglaterra, Escocia y Gales, una cifra que evidencia la persistencia de un problema creciente en la seguridad del transporte público.

De los casos denunciados, uno de cada diez afectaba a menores de edad, algunos menores de 13 años. En total, en los últimos diez años se ha notificado más de 22.000 delitos sexuales relacionados con la red ferroviaria británica.

Las autoridades señalan que parte del incremento de denuncias puede estar relacionado con una mayor concienciación social y una mejor disposición de las víctimas a denunciar. El gobierno británico ha destacado que el aumento de casos reportados no implica necesariamente un incremento real de los delitos, sino que puede reflejar que más personas se sienten capaces de comunicar lo sufrido.

Sin embargo, la Policía de Transporte Británica reconoce que la situación es preocupante y que los incidentes siguen estando infrareportados. Muchas víctimas, según las autoridades, todavía dudan en denunciar por miedo, vergüenza o falta de confianza en el sistema.

Para combatir el fenómeno, se han reforzado las patrullas policiales —incluyendo agentes de paisano— en trenes y estaciones. Estos equipos están formados específicamente para detectar comportamientos sospechosos, como personas que buscan ubicarse cerca de mujeres que viajan solas o aparentemente vulnerables.

Los datos muestran un aumento notable de los casos con menores implicados: las denuncias por delitos sexuales con víctimas menores de 18 años se han triplicado en la última década, pasando de 146 en 2015 a 443 en 2025. En total, hay más de 2.900 informes.

La BTP advierte que esta tendencia se explica en parte por las nuevas técnicas de investigación y la presencia de agentes encubiertos, pero remarca que es necesario continuar promoviendo la denuncia y la educación en prevención.

El caso del director de tren Nicholas McMurray, condenado a siete años de cárcel por agredir sexualmente a una pasajera de 18 años, ha sido uno de los más mediáticos. El hombre, empleado de la compañía Great Western Railway, fue arrestado inmediatamente después de la denuncia e incluido en el registro de delincuentes sexuales de por vida. La empresa le destituyó de forma inmediata y reiteró su tolerancia cero hacia cualquier comportamiento de este tipo.

Por su parte, el gobierno británico ha anunciado una inversión de 17 millones de libras esterlinas para mejorar la video vigilancia en las estaciones y facilitar la identificación de los sospechosos. Las autoridades esperan que esta medida contribuya a acelerar las investigaciones y reducir la impunidad de los delincuentes.

La policía anima tanto a las víctimas como a los testigos a informar inmediatamente de cualquier incidente, incluso si puede parecer menor. Los pasajeros pueden enviar un mensaje de texto al número 61016 con los detalles del incidente, lugar y hora.

El Rail Delivery Group, organismo que representa a las compañías ferroviarias, comparte esta posición y asegura que todas las denuncias serán tratadas con la máxima seriedad.

A pesar de las campañas de concienciación y el aumento de la vigilancia, los datos muestran que el transporte público sigue siendo un espacio donde muchas mujeres y menores no se sienten seguros. Expertos en seguridad e igualdad de género apuntan a que es necesario combinar las medidas policiales con educación, sensibilización y formación de los trabajadores del transporte, así como fomentar un cambio social que rechace cualquier forma de acoso.

Aunque el número de denuncias pueda reflejar mayor confianza en el sistema, la realidad es que miles de pasajeros siguen expuestos a situaciones de intimidación y violencia sexual. La lucha por garantizar que cada trayecto sea seguro y respetuoso sigue siendo, hoy, uno de los principales retos del transporte público en Reino Unido.

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Una contraseña débil. Esto es todo lo que necesitó a un grupo de piratas informáticos para destruir una empresa británica con 158 años de historia y dejar a 700 personas sin trabajo.

La empresa de transportes KNP, con sede en Northamptonshire, es un ejemplo trágico de cómo los ciberataques pueden hacer caer incluso negocios consolidados. El caso revela una realidad inquietante: miles de empresas en el Reino Unido son víctimas de ransomware, una de las amenazas del cibercrimen más importantes hoy día.

En el año 2023, KNP gestionaba una flota de 500 camiones bajo la marca Knights of Old. A pesar de cumplir los estándares de seguridad informática y disponer de un seguro contra ciberataques, la empresa fue víctima de un grupo llamado Akira.

Tal como explica Richard Bilton para BBC Panorama, los hackers accedieron al sistema adivinando la contraseña de un empleado. Una vez dentro, cifraron todos los datos y bloquearon los sistemas internos, lo que dejó la empresa totalmente paralizada.

Aunque no se especificó una cifra, una empresa especializada en negociación de rescate estimó que la demanda podría llegar a los 5 millones de libras. KNP no pudo pagarlo, se perdieron todos los datos y la empresa fue a la quiebra.

Richard Horne, CEO del Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC), advierte que hace falta una respuesta urgente y que las empresas tienen que tomar medidas serias para proteger sus sistemas y negocios.

El NCSC, que forma parte de la GCHQ (Government Code and Cypher School), la agencia de inteligencia del Reino Unido, recibe informes de un gran ciberataque cada día. Sus equipos intentan detectar y frenar a los hackers antes de que puedan desplegar el ransomware, pero la tarea es titánica.

Según el gobierno británico, el año pasado se produjeron 19.000 ataques de ransomware. La media de demanda es de unos 4 millones de libras, y aproximadamente un tercio de las empresas acaban pagando.

Este tipo de ingeniería social fue el método utilizado en el caso del ataque a Marks & Spencer, en el que los atacantes consiguieron acceder a los sistemas mediante la manipulación telefónica.

Según los expertos, muchos de los nuevos hackers empiezan en el mundo del juego y acaban utilizando sus habilidades en el cibercrimen. El ransomware se puede comprar fácilmente a la web oscura, y es una vía rápida para obtener grandes sumas de dinero con poco riesgo de ser atrapados.

El gobierno propone ahora prohibir a las entidades públicas pagar rescates y que las empresas privadas tengan que notificar cualquier ataque y obtener permiso para hacer cualquier pago.

Después de perder la empresa, Paul Abbott, director de KNP, ha empezado a realizar charlas de concienciación y afirma que las empresas deberían demostrar que tienen los sistemas actualizados, como una especie de ciber-MOT (como la ITV de la seguridad digital).

El consultor Paul Cashmore, que asesoró KNP después del ataque, asegura que estos ataques son obra del crimen organizado, y que se está haciendo muy poco para atrapar a los autores.

El caso de KNP es un aviso para todas las empresas: una sola contraseña débil puede tener consecuencias desastrosas. En un entorno cada vez más digitalizado, la ciberseguridad no es una opción, es una necesidad crítica.

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