Ecuador: nuevos enfrentamientos dejan más de un centenar de muertos en una prisión de Guayaquil

Ha habido al menos 116 muertos y 80 heridos –todos ellos, reclusos– en una prisión de Guayaquil como resultado de enfrentamientos entre bandas rivales en lo que sería el tercer motín del año 2021 en este centro penitenciario. En las tres ocasiones ha sido una disputa entre bandas delincuenciales con el objetivo de tomar el control de un pabellón de la prisión.

El primer motín tuvo lugar en febrero y acabó con 79 víctimas mortales y el segundo, en el mes de julio, con 22 muertos. Este tercero ha sido el de peores consecuencias.

El Centro de Privación de Libertad número 1 de Guayaquil, en Ecuador, fue escenario de enfrentamientos en los que se llegó a utilizar granadas y todo tipo de armas. Las autoridades declararon el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario.

Asimismo, las autoridades reactivaron los protocolos de seguridad en todas las prisiones del país ante la posibilidad de reproducción de nuevos enfrentamientos. Una vez se volvió a la normalidad de la vida penitenciaria, los agentes encontraron cadáveres con impactos de bala, otros mutilados o decapitados, con extremidades cortadas y efectos de granadas en los pabellones de la prisión.

Centenares de familiares de los internos se acercaron al centro penitenciario ante la falta de informaciones oficiales.

Algunas organizaciones de defensa de los presos como Human Rights Watch pidieron al gobierno ecuatoriano que investigara e identificara a los responsables de la violencia en las prisiones.

Paralelamente, también apuntan al hacinamiento de los internos en la prisión como un factor primordial para explicar estos grados de violencia. Consideran que todas las prisiones de Ecuador se encuentran muy por encima de su capacidad y no permiten una vida en condiciones dignas.

Otras organizaciones de defensa de los derechos de los presos como Alianza contra las Prisiones consideran que estos hechos tan graves no suceden sin una larga historia detrás, en la que tiene un alto grado de participación y de responsabilidad el mismo Estado.

Sin embargo, añaden que existe una elevada corrupción entre los funcionarios penitenciarios y piden cuestionar seriamente el origen del armamento que se utiliza en estos sangrantes acontecimientos.

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Aumentan en un 30% los asesinatos en Estados Unidos durante el 2020

Durante el año 2020 Estados Unidos experimentó el mayor aumento de asesinatos desde el comienzo del registro nacional norteamericano en 1960, según los datos recogidos por el FBI en su informe anual sobre delincuencia.

El mayor cambio anual anterior fue el aumento del 12,7% del año 1968. La tasa nacional (asesinatos por cada 100.000 habitantes) todavía se mantiene aproximadamente un tercio por debajo de la tasa de principios de los años noventa.

Según datos del FBI, las cifras muestran casi 5.000 asesinatos más el año pasado que en 2019, por un total de 21.500 (todavía por debajo de la época especialmente violenta de principios de los noventa).

Es posible que las razones del aumento nunca se conozcan del todo, pero los analistas han señalado muchos posibles factores que contribuyen a este, incluidos varios estrés pandémicos, el aumento de la desconfianza entre la policía y la ciudadanía a raíz del asesinato de George Floyd, la retirada de la policía en respuesta a las críticas o el incremento de llevar armas de fuego por la calle.

En torno al 77% de los asesinatos reportados en 2020 se cometieron con un arma de fuego, la cuota más alta nunca registrada, 10 puntos por encima del 67% de una década atrás.

El cambio en el asesinato fue generalizado: se trata de un fenómeno nacional, no regional. El asesinato aumentó más de un 35% en las ciudades con una población de más de 250.000 habitantes. También aumentó más del 40% en las ciudades de 100.000 a 250.000 y en torno al 25% en las ciudades de menos de 25.000.

Incluso con el aumento de los asesinatos y el incremento del 5% aproximadamente en los delitos violentos, los nuevos datos muestran que, en general, los delitos mayores cayeron entre el 4 y el 5% en 2020.

El asesinato, aunque supone un mayor coste social, constituye una pequeña porción de los crímenes más importantes, tal como lo define el FBI. Una parte de la reducción del delito general estaba claramente relacionada con la pandemia. El robo representó siete de cada diez delitos contra la propiedad, y es difícil cometer un robo en tiendas cuando las tiendas están cerradas. Pero la delincuencia general disminuía mucho antes de la pandemia: en 2020 fue el 18.º año consecutivo de la disminución de la delincuencia general.

Las pruebas sobre el empleo de los agentes de policía también han sido un factor determinante. Una encuesta realizada en 200 departamentos de policía constató grandes aumentos de las jubilaciones entre abril de 2020 y abril de 2021.

Las grandes agencias de policía eran sustancialmente más propensas que las pequeñas a denunciar un descenso de los oficiales. Newark y la ciudad de Nueva York informaron de algunos de los mayores descensos porcentuales, con la caída de Nueva York en más de 2.500 oficiales de 2019 a 2020.

Los datos delictivos de las grandes ciudades sugieren que el asesinato sigue aumentando en 2021 respecto a 2020, aunque el incremento no es tan grande. La recopilación de datos de 87 ciudades con datos públicos disponibles hasta ahora muestra un aumento de los asesinatos de un 9,9% en comparación con puntos comparables en 2020.

Algunas ciudades como Portland, Oregón y Las Vegas experimentan grandes aumentos respecto al año pasado. Otras ciudades grandes como Chicago o Nueva York están experimentando cifras similares tras unos aumentos considerables en el año 2020. Y algunos lugares como Saint Louis (que tuvo el mayor porcentaje de asesinatos de la nación en 2020) registran importantes disminuciones.

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Estabilidad en las cifras de delitos de odio violentos en Estados Unidos

La tasa de delitos de odio violentos en Estados Unidos en 2019 (1,0 delitos de odio por cada 1.000 personas de 12 años o más) no difirió significativamente de la tasa de 2005 (0,8 ilícitos por 1.000), según publica el Bureau of Justice Statistics, basándose en los datos reportados por las víctimas en la Encuesta nacional de victimización de delitos (NCVS). Durante el periodo de quince años, del 2005 al 2019, la tasa de victimizaciones de delitos de odio violentos fluctuó entre el 0,6 y el 1,1 por cada 1.000.

Por término medio, los residentes de Estados Unidos experimentaron aproximadamente 246.900 victimizaciones de delitos de odio anuales entre los citados años 2005 y 2019. El número de delitos de odio osciló entre 173.600 y 305.390 durante ese periodo. Asimismo, el número de victimizaciones totales, violentas y de delitos de odio patrimonial no varió significativamente de 2005 a 2019.

En general, las victimizaciones de delitos de odio representaron el 1,6% de todas las victimizaciones no mortales en 2019, frente al 0,9% de 2005. Las víctimas indicaron que casi dos tercios (62%) de los delitos de odio durante ese periodo fueron agresiones simples.

Durante el periodo de cinco años estudiado, se estima que el 59% de las victimizaciones de delitos de odio violentos reportadas por las víctimas estuvieron motivadas por un sesgo contra su raza, etnia u origen nacional. Esta fue la motivación más frecuentemente denunciada por un delito de odio violento. En casi una cuarta parte de las victimizaciones de este tipo de delito, las víctimas creían que eran objetivos a causa del sesgo contra su género (24%), contra personas o grupos a los que estaban asociados (23%) o contra su orientación sexual (20%). Asimismo, se creía que aproximadamente 1 de cada 10 victimizaciones de delitos de odio violentos estaban motivadas por un sesgo contra la discapacidad de la víctima (11%) o la religión (9%).

Entre los años 2010 y 2019, el número de delitos de odio registrados por las fuerzas del orden aumentó un 10% (de 6.628 a 7.314 incidentes), según el Programa de estadísticas sobre delitos de odio (HCSP) del FBI. En comparación, el volumen total de delitos registrados por los cuerpos de seguridad (incluyendo incidentes de odio y de incendios) disminuyó un 22% durante aquel periodo de diez años.

Los recuentos registrados por las fuerzas del orden y los reportados por las víctimas difieren porque los datos de la NCVS y el HCSP se recogieron a través de métodos distintos y las víctimas a menudo no se presentaron a la policía. HCSP y NCVS son las principales fuentes de información anual sobre crímenes de odio en Estados Unidos y utilizan la definición establecida por la Hate Crime Statistics Act de 1990.

De manera similar a la motivación de los delitos de odio reportados en la NCVS, la mayoría de la práctica (aproximadamente el 54%) de los delitos de odio registrados por las fuerzas del orden de 2010 a 2019 representaron el sesgo de raza, etnia o ascendencia. El 49% de estos incidentes fueron motivados por un sesgo antinegro o antiafroamericano. Durante este mismo periodo de tiempo, las fuerzas del orden registraron aumentos en el número de víctimas de delitos de odio de negros o afroamericanos (de 2.201 a 2.391 víctimas), asiáticos (de 136 a 215) y de origen árabe (de 48 a 126).

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No More Ransom evita que 1 billón de euros llegue a manos de los delincuentes

Hasta ahora, la web No More Ransom de desencriptadores de programas de secuestro (ransomware) ha ayudado a más de 6 millones de víctimas a recuperar sus ficheros, manteniendo casi 1 billón de euros lejos de las manos de los ciberdelincuentes, según informan en un reciente comunicado.

Lanzado hace cinco años, No More Ransom se mantiene a través de la cooperación entre el Centro Europeo de Ciberdelincuencia y varias empresas de ciberseguridad, como Kaspersky, McAfee, Barracuda o AWS. Su propósito es evitar que las víctimas entreguen dinero que ayude a alimentar más ataques de ransomware, según informa Europol.

No More Ransom recopila descifradores, de manera que las víctimas de programas de secuestro no tengan que pagar por recuperar sus datos y evitar que los atacantes se enriquezcan. Por eso insisten en no pagar rescates ya que, de todos modos, no existe ninguna garantía de obtener la clave de desciframiento que se necesita.

El grupo dirige a las víctimas a su herramienta Crypto Sheriff. Allí, las víctimas pueden introducir la URL o la dirección de Bitcoin dada por el atacante para pagar el rescate. La herramienta busca en la base de datos No More Ransom, donde las ofertas han pasado de los cuatro descifradores iniciales de 2016 a la lista actual de 121 herramientas para descifrar unas 152 familias de ransomware. Según el grupo, también es gratuito y está disponible en 37 idiomas.

Si no existe ningún descifrador disponible para una determinada infección de ransomware, se aconseja seguir revisando la lista, ya que No More Ransom añade periódicamente nuevas herramientas de desbloqueo.

Las copias de seguridad periódicas siguen siendo la mejor manera de proteger los datos de un ataque de programa de secuestro, según Europol. Además, recomienda a los usuarios que sean conscientes de los enlaces en los que clican y que actualicen su software de seguridad.

Ahora bien, las víctimas son cada vez más reticentes a pagar las demandas de rescate. Una encuesta de Threatpost de junio encontró que el 80% de los encuestados que se vieron afectados por un ataque de ransomware se negaron a pagar por un descifrador que podría no aparecer.

No More Ransom es una respuesta al aumento de las compañías cibernéticas, que parecen inyectar grandes cantidades de dinero en el ecosistema de ransomware. Durante la primera mitad del año 2020, los ataques representaron el 41% del total de las reclamaciones de ciberseguridad, según un informe del mes de junio de Cyber Claims Insurance.

Además de financiar una empresa criminal, el pago de programas de secuestro a actores estatales sancionados podría poner a una organización contra el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, que añadió varios grupos de ransomware a su lista de sanciones en octubre del 2020.

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Europol: nueva evaluación sobre las amenazas terroristas de las organizaciones yihadistas

Europol ha publicado la tercera edición del Informe anual sobre propaganda yihadista en línea más destacada del año 2020.

Centrándose en Estado Islámico y Al Qaeda, así como en sus ramas, el informe aborda las trayectorias de estos grupos y cómo han respondido a las dinámicas cambiantes, intentando superar los contratiempos.

Preparado por la Unidad de Referencia de Internet de la Unión Europea (EU IRU) del Centro Europeo contra el Terrorismo, esta evaluación de las amenazas se basa en fuentes primarias, incluidas las publicaciones, los vídeos y los discursos de audio de los grupos, que la EU IRU ha recogido durante el año 2020.

El informe muestra que el 2020 fue un periodo crítico en la evolución de Estado Islámico y Al Qaeda. Ambos grupos terroristas yihadistas sufrieron golpes importantes y tuvieron que adaptarse a las realidades cambiantes para sobrevivir y mantenerse relevantes. El riesgo de que la propaganda yihadista en línea se traduzca en violencia sigue siendo elevado, ya que la propaganda de los dos grupos sigue reclamando ataques de actores solitarios por parte de personas que no tienen ninguna conexión física con ninguno de los dos grupos. Entre las principales conclusiones hay que destacar:

Estado Islámico (EI)

• Bajo un nuevo liderazgo, EI muestra una creciente actividad insurgente en sus núcleos tradicionales y un alcance global continuo.

• Un año después de la derrota militar de EI, las capacidades de producción mediática del grupo siguen siendo limitadas, afectadas por la pérdida de infraestructuras y personal. Como resultado, la propaganda oficial de EI siguió disminuyendo en 2020.

• Hoy, el grupo se centra en intentar un resurgimiento en Irak y ampliar su presencia internacional potenciando todavía más su red global de afiliados.

Al Qaeda (AQ)

• A lo largo del 2020, AQ ha resistido una serie de golpes importantes y ha perdido a algunos líderes destacados.

• AQ sigue aprovechando los acontecimientos actuales para avanzar en su tendencia ideológica, que se presenta como “menos extrema” en comparación con EI.

• Al Qaeda en la península Arábiga (AQAP) quiere demostrar que todavía es capaz de montar operaciones externas, incluso si los acontecimientos parecen sugerir un descenso de las habilidades sobre el terreno.

Unidad de Referencia de Internet de la Unión Europea

La IRU UE de Europol detecta e investiga contenido malicioso en Internet y en las redes sociales. El trabajo de la IRU UE no solo produce conocimientos estratégicos sobre el terrorismo yihadista, sino que también proporciona información para utilizarla en investigaciones penales.

Esta Unidad está formada por un equipo de más de cuarenta expertos con varios conocimientos y habilidades, que van desde expertos en terrorismo de inspiración religiosa o desarrolladores de tecnologías de la información y las comunicaciones hasta oficiales de policía especializados en la lucha contra el terrorismo.

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Una investigación de la fiscalía confirmaría las negociaciones entre el gobierno de El Salvador y las maras

Según revela el rotativo salvadoreño El Faro, el fiscal Raúl Melara organizó un grupo para investigar la relación de diferentes funcionarios de los gobiernos actual y anteriores implicados en diálogos con las maras. En esta investigación se reunieron decenas de pruebas –audios, fotografías y testigos– que acabaron sin ver la luz por la destitución del fiscal Melara y su equipo.

El histórico descenso de homicidios violentos que vive El Salvador se debería a un pacto secreto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las tres bandas que controlan el país: Mara Salvatrucha, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Las pruebas que atestiguan los contactos del mandatario con los líderes de las maras serían las mejoras en las condiciones de vida en las prisiones y beneficios para sus miembros en libertad.

La Fiscalía bautizó el caso como “La Catedral”. Intervino numerosos documentos oficiales de Centros Penales y registró varias prisiones, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), donde descubrió que los líderes de las maras encarcelados en centros de máxima seguridad habían recibido visitas irregulares de funcionarios del Gobierno.

En estas visitas de funcionarios públicos, el director de Centros Penales, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a entrar en las prisiones para reunirse con los líderes de las tres maras, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluido el registro o incluso dejándoles entrar sin identificarse.

Los fiscales concluyeron que estos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes de maras en libertad que entraban para recibir instrucciones y transmitir información a los líderes encarcelados.

Gracias a las investigaciones, se conoció el listado de peticiones que las bandas habían hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo. Se trataría de una lista de 20 puntos, entre los que se incluye el fin de los operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos y de la persecución indiscriminada de los miembros de las maras solo por ir tatuados. También pedían financiación para microempresas y trabajo para sus miembros, visitas de los familiares a las prisiones y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros.

Desde la llegada al poder, el presidente Nayib Bukele ha presumido de una reducción de la violencia a niveles nunca vistos en años recientes. Las autoridades informaron de cero homicidios el 8 de agosto pasado y el Gobierno atribuyó el éxito a su plan de control territorial. Hace solamente seis años, el país centroamericano registró 147 homicidios en los cinco primeros días de agosto, con cinco policías entre las víctimas. Este año, en el mismo periodo ha habido cinco homicidios.

La Mara Salvatrucha y Barrio 18, con sus dos facciones, Los Sureños y Los Revolucionarios, son los grandes grupos criminales de El Salvador. Las autoridades estiman que hay unos 60.000 miembros activos de maras que operan en el 94% de los municipios del país, de los que 18.000 están encarcelados.

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Europol: 23 detenidos por fraude de correo electrónico comercial COVID-19

Las autoridades de Rumania, los Países Bajos e Irlanda han descubierto un esquema de fraude sofisticado que utiliza correos electrónicos  y fraudes de pagos por adelantado, como parte de una acción coordinada por Europol.

El 10 de agosto de este año, 23 sospechosos fueron detenidos en una serie de operaciones realizadas simultáneamente en los Países Bajos, Rumania e Irlanda. En total, se registraron 34 viviendas. Se cree que estos delincuentes han estafado a empresas de al menos 20 países con aproximadamente un millón de euros.

El fraude fue liderado por un grupo de delincuencia organizada que antes de la pandemia de la COVID-19 ya ofrecía ilegalmente otros productos ficticios en la venta en línea, como pellets de madera. El año pasado los delincuentes cambiaron su modus operandi y empezaron a ofrecer materiales de protección tras estallar la pandemia.

Este grupo criminal, formado por nacionales de diferentes países africanos residentes en Europa, creó direcciones de correo electrónico falsas y páginas web similares a las que pertenecen a empresas mayoristas legítimas. Haciéndose pasar por estas compañías, estos delincuentes habrían engañado a las víctimas, principalmente empresas europeas y asiáticas, para emitir órdenes y solicitarles pagos por adelantado a fin de enviarles los bienes.

Sin embargo, la entrega de la mercancía nunca se produjo y la recaudación se lavó a través de cuentas bancarias rumanas controladas por los delincuentes antes de ser retirada en los cajeros automáticos.

Europol ha dado apoyo a este caso, desde su inicio en 2017, con las siguientes acciones:

• Reunir a los investigadores nacionales de todas las partes que han colaborado estrechamente con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol para prepararse para el día de la operación.

• Proporcionar análisis y desarrollo de inteligencia continua para dar apoyo a los investigadores de campo.

• Desplegar a dos de sus expertos en ciberdelincuencia en las operaciones en los Países Bajos para dar apoyo a las autoridades holandesas con la comprobación cruzada de la información en tiempo real recopilada durante la operación y con la obtención de pruebas pertinentes.

Eurojust coordinó la cooperación judicial a la vista de las investigaciones y dio apoyo con la ejecución de varios instrumentos de cooperación judicial.

Esta acción se llevó a cabo en el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT).

Participaron en esta acción las siguientes autoridades policiales:

• Rumania: Policía Nacional (Poliția Română)

• Países Bajos: Policía Nacional (Politie)

• Irlanda: Policía Nacional (An Garda Síochána)

• Europol: Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3)

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Operación Pandora: más de 56 400 bienes culturales confiscados y 67 detenciones

A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, la edición del año 2020 de la operación Pandora contra el tráfico ilícito de bienes culturales ha sido hasta ahora la más exitosa, con más de 56.400 bienes culturales confiscados. Estos objetos incluyen restos arqueológicos, muebles, monedas, pinturas, instrumentos musicales y esculturas.

Entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 2020, Pandora V contó con la participación de las autoridades aduaneras y policiales de 31 países.

Durante la fase operativa, se llevaron a cabo decenas de miles de controles en varios aeropuertos, puertos, puntos de paso fronterizos, así como en las casas de subastas, museos y casas particulares. Como resultado, se abrieron más de 300 investigaciones y se detuvieron 67 personas.

Vista la naturaleza global de este delito, las unidades de coordinación de operaciones que trabajan 24/7 fueron creadas por la Europol, por una parte, y  por la Organización Mundial de Aduanas y la INTERPOL, por otra, para dar apoyo al intercambio de información y para difundir alertas y avisos y realizar comprobaciones en diferentes bases de datos nacionales e internacionales.

Esta operación fue dirigida por la Guardia Civil con la coordinación internacional de apoyo de la Europol, la INTERPOL y el OMD. PANDORA V se llevó a cabo en el marco de la Plataforma Multidisciplinària Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT).

Datos operativos a destacar de la operación Pandora V

• Un total de 27.300 restos arqueológicos fueron intervenidos como resultado de una única investigación llevada a cabo por la aduana francesa. Se detuvo un sospechoso, que ahora se enfrenta a una pena de prisión y a una multa de varios centenares de miles de euros.

• Durante las búsquedas en internet, la policía sueca identificó un artículo de arte popular robado en Suecia en 2019. En la misma subasta en línea, la policía descubrió un par de candelabros del siglo XVII robados en una iglesia sueca hace 8 años.

• El Cuerpo de Carabineros italianos informó de más de 2.700 bienes culturales confiscados, incluyendo cerámica, bienes arqueológicos, arte y libros por valor de 1.155.000 euros.

• La policía helénica llevó a cabo 34 detenciones y recuperó un total de 6.757 antigüedades, incluidos objetos de cerámica y mármol, así como 6.452 monedas, de las cuales 5.333 se recuperaron en una sola investigación. En un caso, dos ciudadanos griegos fueron arrestados por intentar vender 6 antigüedades de mármol y barro por 150.000 euros.

Se intervinieron un total de 50 detectores de metales y 6 de ellos fueron intervenidos directamente en yacimientos arqueológicos.

La Europol, como colíder de esta acción, jugó un papel clave en la implementación de toda la operación, facilitando el intercambio de información y proporcionando apoyo analítico y operativo. El OMD también facilitó el intercambio de inteligencia entre diferentes agencias a través de un grupo de usuarios especial creado en su plataforma de comunicación CENComm.

La INTERPOL conectó los países balcánicos y europeos participantes, facilitando el intercambio de información a través de su sistema de comunicaciones seguras. Un experto dio apoyo a toda la operación comprobando las búsquedas en la base de datos de obras de arte robadas de la INTERPOL para localizar e identificar los artículos robados.

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Combatir el abuso infantil en línea

Los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional sobre una medida temporal que permita a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, como servicios de correo electrónico y mensajería basados en web, seguir detectando, eliminando y denunciando los abusos sexuales a menores en línea, hasta que exista la legislación permanente anunciada por la Comisión Europea.

La protección de los niños contra cualquier forma de violencia o abuso es fundamental para la UE. Según Pedro Siza Vieira, ministro de Estado de Economía y Transición Digital portugués, se han acordado normas temporales efectivas y aplicables para garantizar que las actividades de detección, eliminación y notificación de material ilegal que realizan determinados proveedores de servicios electrónicos sean puramente una base voluntaria y los autores puedan ser capturados y puestos a disposición judicial.

En diciembre de 2020, entró en vigor el Código europeo de comunicaciones electrónicas (EECC), que redefinió los servicios de comunicaciones electrónicas. Esta definición incluye servicios de comunicaciones interpersonales independientes (NI-ICS), que incluye servicios de mensajería.

Algunos proveedores de NI-ICS han estado utilizando tecnologías específicas para detectar material de abuso sexual infantil en sus servicios, con el objetivo de eliminarlo e informar a las autoridades policiales en caso de procesos penales.

Como la directiva de privacidad electrónica de 2002, que garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y los datos personales del sector de las comunicaciones electrónicas, se basa en la definición de servicios de comunicaciones electrónicas del Código, los NI-ICS están ahora sometidos a las normas de confidencialidad de la directiva de privacidad electrónica y a las del Reglamento general de protección de datos (GDPR). A diferencia del GDPR, la directiva de privacidad electrónica no contiene ninguna base legal para el procesamiento voluntario de contenido o datos de tráfico con la finalidad de detectar abusos sexuales infantiles. Por lo tanto, para los servicios que forman parte del alcance de la directiva de privacidad electrónica, se requiere una excepción específica para que puedan continuar con estas valiosas prácticas.

El acuerdo establece una derogación en los artículos 5.1 y 6.1 de la directiva de privacidad electrónica, para permitir a los proveedores seguir detectando, eliminando y denunciando material de abuso sexual infantil, y aplicando tecnologías contra la preparación de los ilícitos. La Carta de los derechos fundamentales y el RGPD seguirán aplicándose en cualquier caso, y una serie de garantías adicionales garantizarán que se respete la privacidad en línea.

La Comisión ha anunciado que propondrá una legislación general para hacer frente al abuso sexual infantil en línea antes del segundo trimestre de 2021. Esta legislación tendrá como objetivo proporcionar una solución a largo plazo para sustituir esta medida temporal.

El reglamento provisional se aplicará durante tres años o hasta una fecha anterior si los legisladores adoptan el instrumento jurídico permanente y derogan estas normas temporales antes de entonces.

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Delitos graves y organizados en la Unión Europea

Recientemente Europol ha publicado la evaluación de las amenazas de delitos graves y organizados de la Unión Europea (UE), la SOCTA 2021. La SOCTA, que se hace pública cada cuatro años, presenta un análisis detallado de la amenaza de la delincuencia grave y organizada a la que se enfrenta la UE.

La SOCTA 2021 detalla las operaciones de las redes criminales en la UE y cómo sus actividades criminales y sus prácticas comerciales amenazan con minar nuestras sociedades, economía e instituciones y erosionar lentamente el estado de derecho. El informe proporciona información sin precedentes sobre el inframundo criminal de Europa basada en el análisis de miles de casos y de información proporcionada a Europol.

Entre las principales conclusiones de la SOCTA 2021 se encuentran:

La delincuencia grave y organizada nunca ha representado una amenaza tan elevada para la UE y sus ciudadanos como hoy.

La pandemia de COVID-19 y las posibles consecuencias económicas y sociales que se espera que sigan amenazan con crear las condiciones ideales para que la delincuencia organizada se extienda y se aplique en la UE y más allá. Una vez más confirmada por la pandemia, una característica clave de las redes criminales es su agilidad para adaptarse y aprovechar los cambios en el entorno en el que operan.

Igual que una organización empresarial, el núcleo de una red criminal se compone de capas directivas y operadores de campo. Este núcleo está rodeado por una serie de actores vinculados a la infraestructura criminal que proporciona servicios de apoyo.

Con cerca del 40 por ciento de las redes criminales activas en el tráfico de drogas, la producción y el tráfico de drogas siguen siendo el negocio criminal más importante de la UE.

El tráfico y la explotación de seres humanos, el contrabando de inmigrantes, los fraudes en línea y fuera de línea y los delitos contra la propiedad representan amenazas importantes para los ciudadanos de la UE.

Los delincuentes utilizan la corrupción. Casi el 60% de las redes criminales informadas participan en corrupción.

Los delincuentes ganan y blanquean miles de millones de euros anuales. La escala y la complejidad de las actividades de blanqueo de capitales en la UE se han subestimado anteriormente. Los blanqueadores profesionales de dinero han establecido un sistema financiero subterráneo paralelo y utilizan cualquier medio para infiltrarse y socavar las economías y las sociedades europeas.

Las estructuras empresariales legales se utilizan para facilitar prácticamente todo tipo de actividades delictivas que tengan un impacto en la UE. Más del 80% de las redes criminales activas en la UE utilizan estructuras comerciales legales para sus actividades criminales.

El uso de la violencia por parte de criminales implicados en delitos graves y organizados en la UE parece haber aumentado en términos de frecuencia de uso y de gravedad. La amenaza de incidentes violentos se ha incrementado con el uso frecuente de armas de fuego o explosivos en espacios públicos.

Los delincuentes son nativos digitales. Prácticamente todas las actividades delictivas presentan ahora algún componente en línea y muchos delitos han migrado completamente en línea. Los delincuentes explotan las comunicaciones cifradas para conectarse entre ellos y utilizan las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea para llegar a mayor público para anunciar bienes ilegales o difundir la información.

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