El Consejo ha renovado, sin cambios, la denominada ‘lista de terroristas de la Unión Europea’, que contiene las personas, grupos y entidades sometidos a medidas restrictivas para combatir el terrorismo.

Las 13 personas y 21 grupos y entidades de la lista están sujetos a la congelación de sus fondos y otros activos financieros en la UE. Además, les está prohibido a los operadores de la UE poner a su disposición fondos y recursos económicos.

El Consejo estableció la lista por primera vez en aplicación de la Resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, que siguió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Revisa la lista a intervalos regulares y al menos cada seis meses, en base a la información sobre nuevos hechos y novedades relacionados con las designaciones.

Este régimen de sanciones es independiente del régimen de la Unión que implementa las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) y que tiene como objetivo Al Qaeda e ISIL/Daesh, y que también permite en la Unión Europea aplicar medidas restrictivas, de forma autónoma, a ISIL/Daesh y Al Qaeda y a personas y entidades asociadas o que les dan apoyo.

Como se expresa por varios medios, la lucha contra el terrorismo es una prioridad de la UE. Los estados miembros colaboran estrechamente para prevenir ataques terroristas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Desde la Unión se trabajan aspectos diversos, tales como la prevención de la radicalización, la lista terrorista de la UE, el intercambio de información, la figura del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, acciones para cortar la financiación del terrorismo, el control de las armas de fuego, la digitalización de la cooperación judicial, medidas para frenar a los combatientes terroristas extranjeros y la cooperación con países no miembros de la UE.

Tras una serie de ataques desde el 2015, la Unión Europea ha ido adoptando varias medidas para intentar parar el terrorismo.

Aunque la responsabilidad de luchar contra la delincuencia y salvaguardar la seguridad recae principalmente en los estados miembros, los atentados terroristas de los últimos años han demostrado que esta también es una responsabilidad común que tienen que asumir de forma conjunta. La UE contribuye a la protección de sus ciudadanos actuando como principal foro de cooperación y coordinación entre los estados miembros.

La radicalización no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una amenaza bastante más grave en los últimos años.

Las tecnologías de comunicación en línea han facilitado que los terroristas se comuniquen a través de las fronteras y han amplificado la propaganda terrorista y la propagación del extremismo.

Las autoridades competentes de los estados miembros tienen el poder de emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios que pueden exigirles que eliminen contenido terrorista o que inhabiliten el acceso a este contenido en el plazo de una hora.

El intercambio eficaz de información entre las autoridades policiales, judiciales y de inteligencia de los estados miembros es crucial para luchar contra el terrorismo, rastrear a los combatientes extranjeros y hacer frente al crimen organizado.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también son una preocupación importante para el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos.

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Actualmente, ya puede afirmarse que el “éxito” del Gobierno de El Salvador en el desmantelamiento de las maras es innegable. De la misma forma que se ha producido una fuerte centralización casi absoluta del poder en manos del presidente Nayib Bukele pero en detrimento del Estado de derecho.

Por su parte, la mayoría de los salvadoreños aceptan este pacto y apoyan a su presidente, algo que no ha pasado desapercibido para el resto de dirigentes de la región que afrontan sus propias crisis sobre crimen organizado. Sin embargo, algunas voces ya se han levantado para evitar que varios dirigentes se vean tentados a buscar la misma solución a sus problemas.

Pero lo cierto es que esto ya ha empezado a suceder. Como informan varios medios como Nuso, Hispanidad, Elconfidencial o Washingtonpost, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también decretó el pasado mes de diciembre el estado de excepción para facilitar la lucha contra las maras . Ecuador declaró cuatro regímenes de excepción durante el año 2022 militarizando centros penitenciarios y zonas con altas tasas de homicidios, y Jamaica hizo lo propio con el objetivo de combatir un repunte de la violencia a manos de varias organizaciones criminales.

Hace pocos días, El Salvador ofreció ayuda a Haití, el país más pobre de Latinoamérica y devastado por las bandas, para implementar su propio plan de control territorial. Y es que en una región que lleva décadas batallando por establecer una respuesta adecuada al crimen organizado, las políticas de Bukele resultan cada vez más atractivas. Sobre todo cuando estas políticas de seguridad cuentan con financiación internacional como la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una entidad con base en Honduras y uno de cuyos miembros es España.

Para algunos estudiosos de la problemática, el fin de las maras en El Salvador podría marcar el inicio de la era de la militarización y de las megaprisiones en Latinoamérica y el Caribe. En el caso de El Salvador, la campaña de detenciones masivas ha supuesto poner entre rejas a 60.000 personas, el 1% de la población salvadoreña. De esta forma, el país cuenta con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo (1.536 internos por cada 100.000 habitantes), a la vez que ha reducido drásticamente la tasa de asesinatos. En 2022, la tasa se situó en 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en 2015 era de 105.

Actualmente, los miembros de las marasque no han sido detenidos se encuentran en desbandada, incapaces de recibir órdenes de unas estructuras criminales descabezadas y una presencia menor o incluso inexistente en barrios que antes se encontraban bajo el control absoluto de estas bandas.

Mientras, los que se encuentran encarcelados deben recibir el apoyo económico de sus familias, ya que deben comprar paquetes de comida y productos básicos por valor de 170 dólares al mes. El sistema es sencillo: los familiares no pueden llevarles nada procedente de fuera de la prisión, por lo que no les queda otra salida que comprarles estos paquetes.

Más allá de las injusticias, muchos advierten que los resultados inmediatos del régimen de excepción esconden la marea de problemas que pueden verse detonados por esa ola sin precedentes de detenciones y represión. Y algunos expertos subrayan que la historia de El Salvador demuestra que estas políticas de mano dura a veces dan resultados a corto plazo, pero en realidad están generando un caldo de cultivo para que grupos criminales se reciclen, recluten a más personas y, a la larga, se fortalezcan aún más.

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El Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos se ha visto afectado recientemente por un incidente cibernético que se produjo en una de sus oficinas de campo más destacadas, aunque fue controlado en un breve periodo de tiempo.

Según algún investigador, este incidente malicioso afectó a parte de su red utilizada en investigaciones de imágenes de explotación sexual infantil.

El FBI envió un breve comunicado a los medios de comunicación en el que admitía esta circunstancia maliciosa en su red y que se estaba trabajando para obtener información adicional del origen del problema. También destacaba que, al tratarse de una investigación en curso, la agencia norteamericana no ofrecía más detalles sobre las circunstancias y el origen del ciberataque. Por último, se entendía que se indagaría sobre qué tipo de ataque fue y de dónde provino.

Entre otros medios, el periodista Phil Muncaster lo explicaba a través de la web Infosecurity Magazine. Profundizaba en el ataque a la red explicando que no es la primera vez que la oficina norteamericana es atacada. En 2021, una dirección de correo electrónico oficial se vio comprometida y se utilizó para enviar correo basura a por lo menos 100.000 destinatarios. Aparentemente, un mensaje interceptado citaba a la Agencia de seguridad cibernética y de infraestructuras del DHS (CISA) y afirmaba que los destinatarios estaban en el extremo receptor de un ciberataque importante.

Más tarde, el FBI confirmó que los piratas informáticos se habían aprovechado de una configuración incorrecta en un sistema informático que utilizaba para comunicarse con los colaboradores de la aplicación de la ley estatales y locales: el Portal de empresa de la policía (LEEP).

Austin Berglas, jefe global de servicios profesionales de BlueVoyant, es un antiguo agente especial asistente a cargo de la sucursal cibernética de la oficina de Nueva York del FBI. Berglas explicó que las investigaciones sobre delitos contra menores a menudo implican la recogida y el análisis de evidencias digitales. Así, una vez que se obtienen o se han confiscado las pruebas mediante consentimiento o proceso legal, los medios digitales (teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento externos) se proporcionan a un miembro del equipo de respuesta al análisis informático (CART) del FBI: agentes especiales certificados y examinadores forenses.

Todas las pruebas digitales se escanean para encontrar software malicioso o ficheros maliciosos antes de procesarlas en ordenadores con software forense especializado utilizado para extraer la información contenida en los dispositivos. Estos ordenadores forenses son autónomos y no están conectados a ningún sistema interno clasificado.

Eso quiere decir que, incluso si una nueva variante de software malicioso se desplaza desde un dispositivo confiscado a un ordenador forense, se contendría en la red de examen.

El potencial que este software malicioso se propague e infecte a otros medios de investigación en la red CART es real, pero, para preservar la evidencia original, los examinadores forenses producen copias de trabajo para analizarlas y revisarlas.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró a principios de año el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión donde recluirán hasta 40.000 internos, todos ellos presuntos miembros de las maras, con el objetivo, según el Gobierno salvadoreño, de ganar la guerra a la delincuencia.

Esta gigantesca prisión ha sido construida en tan solo siete meses y se desconoce a día de hoy el coste real de la instalación. Se encuentra en una zona aislada del ámbito rural y está dotada de los últimos avances en tecnología.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping-pong, pero solo para uso de los guardias. Para los reclusos hay zonas de talleres destinados a tareas laborales. También hay salas para audiencias judiciales virtuales, a fin de que los encarcelados no tengan que salir del centro penitenciario. Asimismo, hay celdas de castigo, oscuras y sin ventanas, con el objeto de sancionar a los encarcelados con mala conducta.

El centro penitenciario ha sido construido con muros reforzados, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad por todas partes, escáneres de cuerpo entero para los que ingresen, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, que será vigilado día y noche por unos 600 soldados y 250 policías.

La prisión ha sido presentada como la mayor de toda América, con una gran puesta en escena y como uno de los grandes retos conseguidos por el Gobierno salvadoreño. De esta manera, el presidente Bukele sigue con su particular guerra contra las maras, fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, que acusan al Gobierno de utilizar la tortura, los arrestos arbitrarios y las desapariciones forzadas en la lucha contra estas organizaciones delictivas y que, de momento, ha dejado al menos 175 muertos en 11 meses.

Paralelamente, la Policía Nacional Civil ha publicado sus estadísticas, con las cuales ha cerrado el mes de enero de 2023 con una tasa anualizada inferior a 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que convertiría a El Salvador en el país con la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano. En este contexto, no hay que olvidar que durante el estado de excepción, que hace prácticamente un año que empezó, han sido detenidos más de 60.000 presuntos miembros de maras.

Estas actuaciones gubernamentales y policiales han comportado fuertes protestas de organismos y colectivos defensores de los derechos humanos. Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch explica que se han cometido abusos a gran escala, como masificaciones en las prisiones, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia policial.

Entre los 60.000 detenidos, hay centenares de menores de edad que han sido procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del proceso y menosprecian las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las maras.

Una de las voces críticas de esta ofensiva contra las maras, el rector jesuita de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, considera que con la construcción de la nueva prisión el Gobierno no apuesta por la rehabilitación de los reclusos.

Pero el Gobierno de Nayib Bukele menosprecia a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a los medios de comunicación, a quienes acusa de defender a los miembros de las maras.

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El pasado 15 de diciembre de 2022, la Unidad de Referencia en Internet de la Unión Europea (EU IRU) en Europol coordinó el segundo Día de Acción de Referencias (RAD) contra el contenido violento de extrema derecha y terrorista online. La acción coordinada implicó a unidades especializadas de 14 países, incluidos 13 estados miembros de la UE y un país no comunitario.

En la operación se detectaron más de 800 artículos relacionados a 34 plataformas afectadas por la proliferación de contenidos extremistas violentos online.

Las autoridades participantes participaron en la detección y señalización de contenido terrorista a los proveedores de servicios online y en la evaluación de sus respuestas.

Las actividades dieron lugar a la derivación de 831 ítems en 34 plataformas afectadas. Los referidos materiales incluyen contenido producido por organizaciones de extrema derecha u otras que lo favorecen. También incluye contenidos difundidos en relación con los atentados terroristas motivados por el extremismo violento. Estos materiales incluyen retransmisiones en directo, manifiestos, reivindicaciones y celebraciones de ataques.

Con esta jornada se deja patente que el extremismo violento es una preocupación creciente en Europa y en todas partes, sobre todo desde los hechos de Bratislava (Eslovaquia) y Buffalo (EE.UU.).

Desde la primera vez que se organizó el Día de Acción de Referencias dirigido a este tipo de contenido online en 2021, la amenaza que supone el extremismo violento y el terrorismo sigue aumentando. Los atentados terroristas de Buffalo y Bratislava ilustraron una preocupante proliferación de actividades terroristas y de extrema derecha violentas a nivel mundial. Los autores de estos ataques formaban parte de comunidades transnacionales online y se inspiraron en otros extremistas y terroristas violentos de la derecha. En sus manifiestos, los actores terroristas han destacado el papel fundamental de la propaganda online en el proceso de radicalización. Esto muestra cómo el abuso de internet sigue siendo un aspecto importante de la radicalización y el reclutamiento violento de la extrema derecha.

Las RAD consolidan los esfuerzos de las fuerzas del orden para hacer frente a la creación y difusión de propaganda extremista y terrorista violenta online. Durante las actividades coordinadas, los participantes remiten contenidos vinculados a material de propaganda a los proveedores de servicios online, invitándoles a evaluar y eliminar los contenidos que incumplan sus condiciones de servicio. Y, paralelamente, se invita a las plataformas a reforzar sus protocolos de moderación para evitar este tipo de abuso en el futuro.

Los países participantes en esta edición fueron Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Reino Unido.

Cabe subrayar que con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de crimen. Europol trabaja también con muchos estados socios no comunitarios y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recogida de inteligencia, Europol tiene las herramientas y los recursos que necesita para hacer que el territorio europeo sea un espacio más seguro.

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Los cárteles mejicanos están aportando conocimientos sobre drogas en territorio de la Unión Europea. En concreto, sobre la cocaína y la metanfetamina, lo que podría acarrear un aumento de la violencia y la aparición del fentanilo como potenciales amenazas futuras.

Europol y Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos publicaron el pasado mes de diciembre de 2022 un informe de análisis conjunto que mostraría que grupos criminales mexicanos han trabajado conjuntamente con redes delictivas de la UE para potenciar el tráfico de metanfetamina y cocaína desde Sudamérica hacia la Unión Europea.

Esta nueva forma de colaboración criminal también se extiende a la producción del clorhidrato de cocaína y la metanfetamina. Aunque todavía no existen indicios de la existencia de un mercado de fentanilo en la UE, el descubrimiento de instalaciones de producción y la intervención de la sustancia en la Unión generan preocupación por el posible surgimiento de un mercado de fentanilo.

Es la primera vez que autoridades policiales europeas y estadounidenses elaboran un documento conjunto en la lucha contra el narcotráfico mundial. El informe, titulado Complejidades y conveniencias en el comercio internacional de drogas: la implicación de actores criminales mexicanos en el mercado de drogas de la UE, es fruto del intercambio continuo de información operativa y estratégica entre los analistas y los policías de ambos lados del Atlántico.

La evaluación más reciente de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE demostró que las redes criminales son cada vez más internacionales y especializadas en alcance, con un 65% de los grupos criminales activos formados por miembros de diversas nacionalidades. La presencia de actores criminales mexicanos que colaboran con actores de la UE en el mercado de drogas europeo sigue también esta tendencia.

El informe conjunto profundiza en cómo las redes criminales implicadas cooperan entre sí, especialmente mediante el uso de actores especializados en diferentes fases de sus operaciones. Los distintos actores incluyen facilitadores como especialistas de laboratorio, enviados, intermediarios y proveedores de servicios de blanqueo de capitales. Las fuerzas del orden han detenido a especialistas de laboratorios mexicanos, también conocidos como cocineros, que trabajaban en puestos de producción en Europa. Estos actores son especialmente importantes por su conocimiento único de cómo producir rendimientos más altos y potentes del producto final y obtener cristales de metanfetamina más grandes y rentables.

El informe afirma también que los cárteles mexicanos cooperan con redes criminales con sede en la UE para traficar tanto con metanfetamina como con cocaína en los puertos europeos para distribuirlas o para transitar a mercados aún más lucrativos de Asia y Oceanía. El uso de envíos ocultos, como la cocaína escondida en bloques de hormigón térmico celular, o los planes para establecer rutas de contrabando de cocaína desde Colombia hasta los aeropuertos del sur de Italia con jets privados, muestran la naturaleza en constante evolución de estas actividades criminales. Los funcionarios corruptos de los sectores público y privado actúan como facilitadores y ayudan a aumentar la probabilidad de traficar con éxito los envíos de drogas a Europa.

En suelo estadounidense, los cárteles mexicanos tienen una historia de establecer centros de tráfico de drogas y sólidas asociaciones criminales, y de utilizar la violencia para conseguir el control del territorio en el que operan. Una mayor presencia de cárteles mexicanos en la UE también podría acarrear un aumento de los beneficios para ellos y sus colaboradores criminales, así como un aumento de la violencia en Europa.

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Europol coordinó durante seis meses del año 2022 la tercera edición de la operación Escudo, una iniciativa global para luchar contra el tráfico de medicamentos y sustancias dopantes falsificados. En esta acción se incautaron más de 10,5 millones de medicamentos, 349 sospechosos detenidos o denunciados a las autoridades judiciales y 10 laboratorios clandestinos de sustancias clausurados.

En esta operación participaron autoridades policiales y aduaneras de 28 países (19 estados miembros de la UE y 9 países terceros). La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) coordinó a las agencias aduaneras, mientras que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ofreció apoyo financiero. Frontex, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Organización Mundial de Aduanas (OMD) y las agencias nacionales de medicina apoyaron la operación.

Durante la operación, los agentes del orden desarticularon 59 grupos criminales y detuvieron o denunciaron a las autoridades judiciales a 349 sospechosos. Paralelamente, las autoridades se incautaron de cantidades masivas de medicamentos, productos y sustancias dopantes, alimentos y suplementos deportivos ilegales, así como vacunas contra la COVID, productos sanitarios y dispositivos médicos falsificados. Las sustancias dopantes y los medicamentos para la disfunción eréctil fueron de los artículos más incautados. Para aumentar la prevención y la concienciación, algunos estados participantes lanzaron campañas antidopaje y realizaron controles.

El balance final de la operación Escudo fue el siguiente: embargos por valor de más de 40 millones de euros, decomiso de más de 10,5 millones de unidades de medicamentos y sustancias dopantes, incautación de más de 1 millón de pruebas de COVID falsificadas, 195 investigaciones realizadas, 349 sospechosos detenidos o denunciados a las autoridades judiciales, investigados 59 grupos de crimen organizado, 10 laboratorios subterráneos cerrados, 588 webs monitorizadas, 89 sitios web cerradas, más de 218.000 envíos revisados incautados, 3.526 controles antidopaje realizados en competición (39 positivos) y, finalmente, 3.245 controles antidopaje fuera de competición realizados (9 positivos).

En el transcurso de la operación se han descubierto muchos casos de tráfico de medicamentos a gran escala, lo que confirma que puede ser tan lucrativo o incluso más lucrativo que el narcotráfico. Si bien estos delitos generan ganancias ilícitas masivas para los traficantes y falsificadores, las finanzas públicas y los sistemas de atención social de algunos estados miembros sufren costes financieros muy elevados. El coste para la salud pública también es importante, ya sea por el tratamiento de conductas adictivas o por las consecuencias de las sobredosis o la escasez.

Aunque las redes criminales todavía están aprovechando las oportunidades que ofrece la pandemia de la COVID-19, el tráfico de medicamentos y equipos de protección ha experimentado una disminución importante debido a la elevada atención al fenómeno y al intenso seguimiento por parte de las fuerzas del orden. Los gobiernos que ofrecían las vacunas sin coste alguno contribuyeron a crear una situación desfavorable para los delincuentes que pretenden alimentar un mercado ilegal. En algunos casos, podrían detectarse y frustrar varios intentos de fraude dirigidos a los organismos nacionales responsables del suministro de medicamentos y dispositivos de protección.

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El Consejo Europeo ha abierto un período de negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Delitos Medioambientales con el objetivo de conseguir un instrumento jurídico destinado a proteger con más firmeza el medio ambiente.

La propuesta pretende mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra el medio ambiente con una mejor definición de los delitos medioambientales y con la adición de nuevas tipologías. Asimismo, se armonizan los niveles de sanciones a las personas físicas y, por primera vez, también a las personas jurídicas.

En lugar de los nueve delitos recogidos actualmente en el Derecho penal europeo, en las negociaciones se definen 20 delitos, ampliando y detallando el ámbito de las conductas prohibidas para atentar contra el medio ambiente. Entre los nuevos delitos destacan el tráfico de madera –principal causa de deforestación en algunas partes del mundo–, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos y las graves infracciones de la legislación sobre productos químicos.

En cuanto a las personas físicas que cometan alguno de los actos objeto de esta propuesta, se establecen las siguientes sanciones:

• Por los delitos cometidos de forma intencionada y que causen la muerte a alguna persona, una pena de prisión mínima de diez años.
• Por los delitos cometidos, al menos, por negligencia grave que causen la muerte a alguna persona, pena de mínimo cinco años.
• Para el resto de delitos cometidos de forma intencionada incluidos en la legislación, una condena mínima de tres años de reclusión.

En el caso de las personas jurídicas, el texto establece las siguientes sanciones:

• Por los delitos de mayor gravedad, una multa máxima de al menos el 5% del volumen de negocio total en el ámbito de la persona jurídica, o bien 40 millones de euros.
• Para el resto de delitos, una multa máxima a partir del 3% del volumen de negocios total en el mundo de la persona jurídica, o 24 millones de euros.

También se podrán adoptar otras medidas adicionales, como la obligación de que el infractor restablezca el medio ambiente o compense los daños, su exclusión del acceso a financiación pública o la retirada de permisos o autorizaciones.

Además, el texto incorpora la necesidad de impartir formación a aquellos que trabajan para detectar, investigar y enjuiciar los delitos contra el medio ambiente y dotar a estos servicios de los recursos suficientes.

Asimismo, contiene disposiciones sobre la ayuda y asistencia a las personas que denuncian delitos medioambientales, a los defensores del medio ambiente y a las personas afectadas por este tipo de delitos.

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Los patrones de delincuencia en los últimos años se han visto sustancialmente afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19 y las restricciones gubernamentales en el contacto social.

De todo los datos estudiados, los de la Encuesta de delitos para Inglaterra y Gales se basan en nueve meses de recopilación de datos entre octubre de 2021 y junio de 2022. Estas cifras muestran que el crimen total ha disminuido un 8% respecto al año 2020. Según estas estimaciones, los adultos mayores de 16 años experimentaron 9,4 millones de delitos, debido sobre todo a la disminución de los robos, de un 19%.

Por su parte, los delitos de fraude aumentaron significativamente durante la pandemia y todo indica que lentamente van disminuyendo hacia niveles inferiores al estallido de la covid.

Los datos de delitos registrados por la policía dan una idea de los delitos de menor volumen pero de mayor daño que la encuesta no cubre o captura bien. En esta línea, las cifras policiales indican un descenso de los robos del 23%, de los delitos relacionados con armas de fuego de un 10% o de los homicidios de un 5%. Sin embargo, las cifras de las fuerzas del orden indican que todavía es temprano para certificar si los datos representan un cambio en las tendencias a largo plazo.

Los delitos sexuales registrados por la policía han aumentado un 21% en comparación con el año anterior a la pandemia, ya que en este período de restricción de contacto social disminuyeron significativamente. Este incremento hasta los 196.889 delitos es la cifra anual más alta jamás registrada en Inglaterra y Gales. De todos los delitos de naturaleza sexual registrados por la policía, el período hasta junio de 2022, el 36% (70.600) fueron delitos de violación. Esto supone un incremento de más del 20% frente a los 59.046 de marzo de 2020. El resto de delitos sexuales aumentaron hasta 126.289 ilícitos.

En cuanto a los delitos de homicidio, se produce una disminución del 5% de los 716 delitos hasta marzo de 2020 a los 679 en 2022. De esos 679 casos, en el 38% se produjo la muerte mediante el uso de un arma blanca.

El incremento del 8% en los delitos con cuchillos u objetos punzantes se debe sobre todo a tres áreas policiales concretas: la Metropolitana, que aumenta de 10.605 delitos a 11.232; West Midlands, que pasa de 3.299 casos a 4.958, y Greater Manchester, que incrementa los delitos de 3.297 a 3.563. En línea con estas cifras, la policía de Inglaterra y Gales denunció un 9% más la posesión de armas blancas, que pasó de 23.242 en marzo de 2020 a 25.287 en junio de 2022. Según se especifica, esto puede estar causado por el aumento de acciones específicas policiales para combatir el crimen con cuchillos.

Respecto al uso de armas de fuego, la policía registró 5.976 delitos en el período hasta junio de 2022. Esto supone una disminución del 10% respecto al período de 2020.

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Una operación coordinada contra el fraude del comercio electrónico ha comportado la detención de 59 presuntos estafadores yla activación de nuevas pistas de investigación en toda Europa, como parte de la Acción de comercio electrónico de 2022 (eComm 2022).

La operación, de un mes de duración (del 1 al 31 de octubre de 2022), contó con la participación de 19 países que han luchado contra las redes criminales que utilizan información robada de tarjetas de crédito para pedir productos de gran valor en las tiendas en línea.

La acción fue coordinada por el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol y el Merchant Risk Council y recibió la asistencia directa de comerciantes, empresas logísticas, bancos y sistemas de tarjetas de pago.

A pesar de que los pagos en línea son generalmente muy seguros, sobre todo gracias a los métodos de autenticación segura del cliente, ampliamente implementados en Europa, los delincuentes están alterando continuamente sus técnicas para encontrar nuevas maneras de robar dinero.

Los resultados del eComm 2022 ha identificado las siguientes amenazas clave para el sector del comercio electrónico:

• Phishing, vishing y smishing: los números de tarjeta de crédito robados se obtienen a menudo mediante ataques de phishing/vishing/smishing mediante los cuales los delincuentes contactan con personas por teléfono, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o correo electrónico e intentan convencerles para que entreguen la información de su tarjeta de crédito. A veces, estos ataques prometen una recompensa, otras veces suplantan a una empresa de confianza o a una agencia gubernamental.

• Fraude de adquisición de cuentas: este fraude se produce cuando un delincuente accede a la cuenta de un usuario en una tienda de comercio electrónico. Eso se puede conseguir mediante una variedad de métodos, como comprar contraseñas robadas, códigos de seguridad o información personal en la web oscura o implementar con éxito un esquema de pesca contra un cliente determinado. Una vez han obtenido acceso a la cuenta de un usuario, los delincuentes pueden participar en actividades fraudulentas. Por ejemplo, pueden cambiar los detalles de la cuenta de un usuario, comprar en las tiendas de comercio electrónico, retirar fondos e incluso acceder a otras cuentas de ese usuario.

• Fraude de triangulación: este tipo de fraude se produce cuando los delincuentes en línea configuran un sitio web falso o una réplica y atraen a los compradores con productos baratos. A veces, estas webs falsas pueden aparecer en los anuncios o se envían al correo electrónico de un usuario dirigiéndose al sitio web mediante un intento de pesca. El problema es que estos bienes, en realidad, no existen o, por descontado, nunca se envían.

Mediante una campaña de concienciación, las fuerzas del orden europeas se han unido con Europol y el Merchant Risk Council para compartir consejos prácticos sobre cómo burlar a los delincuentes que intentan abusar de la experiencia de compra en línea.

El objetivo de la campaña es hacer que el comercio electrónico sea más seguro promoviendo métodos seguros de compra en línea y ayudando a los nuevos comerciantes a abrir su tienda en línea sin riesgo de ciberataques.

Los países y socios participantes promocionan la campaña a través de sus canales de redes sociales utilizando la etiqueta #SellSafe para ayudar a los comerciantes a entender los riesgos del fraude de comercio electrónico.

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