El informe Mass Incarceration: The Whole Pie 2025, elaborado por Wendy Sawyer y Peter Wagner, ofrece una visión global y rigurosa del sistema de encarcelamiento en Estados Unidos, con el objetivo de desmontar mitos persistentes y aportar datos claros en un debate cada vez más politizado. En un contexto en el que la seguridad se utiliza a menudo para justificar políticas punitivas, el estudio demuestra que muchas de estas medidas no sólo son ineficaces, sino que pueden empeorar la seguridad pública.

Actualmente, casi 2 millones de personas están privadas de libertad en EE.UU. en un mosaico de sistemas (cárceles estatales y federales, prisiones locales, centros juveniles, detención de inmigración, hospitales psiquiátricos y otros), con un coste anual mínimo de 182.000 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no reflejan la enorme rotación del sistema: cada año, más de 7 millones de personas pasan por la cárcel preventiva, a menudo por delitos menores o sin condena firme.

Uno de los puntos clave del informe es que la mayoría de personas en las cárceles locales (jails) no han sido condenadas. Están en prisión preventiva porque no pueden pagar la fianza, no porque representen un peligro inmediato. Este uso extensivo de la detención previa al juicio tiene un impacto directo en la seguridad: rompe vínculos familiares y laborales, agrava problemas de salud mental y aumenta la probabilidad de reincidencia.

El estudio también desmiente la idea de que la masificación penitenciaria sea principalmente consecuencia de la guerra contra las drogas o de las prisiones privadas. Aunque los delitos relacionados con drogas siguen siendo relevantes (más de 360.000 personas encarceladas), 4 de cada 5 personas encarceladas lo están por otros tipos de delitos. Además, casi la mitad de la población reclusa está clasificada bajo la categoría legal de delitos violentos, una etiqueta a menudo engañosa que incluye conductos sin daño físico real.

Desde el punto de vista de la seguridad, una de las conclusiones más importantes es que el encarcelamiento masivo no reduce el crimen. Los datos muestran que los índices de criminalidad están en mínimos históricos, a pesar de los discursos políticos alarmistas. Además, las penas largas y las duras condiciones de reclusión no tienen efecto disuasorio y pueden tener un impacto criminógeno, aumentando el riesgo de delitos futuros una vez la persona es liberada.

Por último, el informe alerta contra el uso de prisiones como sustituto de servicios sociales y sanitarios. Las prisiones no son espacios adecuados para el tratamiento de trastornos mentales ni adicciones, y el fracaso en este ámbito tiene consecuencias directas para la seguridad colectiva.

En conjunto, The Whole Pie 2025 defiende que reducir el encarcelamiento de forma inteligente es una estrategia de seguridad, no una amenaza. Las políticas basadas en datos, prevención, servicios comunitarios y respuestas proporcionadas al delito son mucho más efectivas para construir sociedades seguras que la lógica del castigo masivo.

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