El Consejo Europeo y representantes del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional para añadir las tipologías del matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada como tipos de explotación incluidos en la ley antitrata de personas de la Unión Europea.

La actualización de la directiva sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos también requerirá que los países de la UE se aseguren de que las personas que utilizan conscientemente los servicios prestados por víctimas de la trata puedan enfrentarse a distintos tipos de sanciones. Otros cambios se refieren al fortalecimiento del apoyo y asistencia a las víctimas, así como a las medidas de prevención del delito.

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo acordaron mencionar explícitamente en la directiva que la gestación subrogada, el matrimonio forzado y la adopción ilegal son tipos de explotación que entran dentro del ámbito de la definición de trata. La lucha contra la trata para la explotación de la gestación subrogada, que es cuando una mujer se compromete a dar a luz a un hijo en nombre de otra persona o pareja para convertirse en los padres del hijo tras el nacimiento, se dirigirá a aquellos que coaccionen o engañen a las mujeres para que actúen como madres subrogadas.

La inclusión de estas formas de trata en la ley antitrata de la UE tendrá en cuenta la prevalencia y la relevancia de estas formas de explotación.

Como ocurre en la actual directiva, las nuevas modalidades de explotación serán sancionadas con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, o diez años de reclusión en los casos agravados.

El Consejo y el Parlamento de la UE también han decidido incluir una nueva circunstancia agravante en la ley para tener en cuenta el efecto amplificador que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación respecto a ese delito. Esto incluye que el agresor haya facilitado la difusión, a través de las nuevas tecnologías, de imágenes, vídeos o material análogo de naturaleza sexual con la víctima.

También se intensificarán las sanciones a las personas jurídicas, como las empresas responsables de delitos de trata de personas. A partir de ahora se las excluirá del acceso a la financiación pública, incluidos los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias, y la retirada de permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la comisión del delito.

El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo prevé que los estados miembros tengan que tipificar como delito si una persona que utiliza el servicio prestado por una víctima de trata sabe que esa persona es una víctima. En estos casos, los estados miembros garantizarán que ese delito sea castigado con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Según la ley actual, los estados miembros tan solo deberían considerar como delito el uso de servicios de personas explotadas por los traficantes de personas.

En 2011, la UE adoptó una directiva sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas de este delito. Se trata de un instrumento clave en la lucha contra la trata de seres humanos, puesto que establece normas mínimas para la definición de delitos y sanciones penales. También incluye normas a nivel de la Unión para reforzar la prevención y protección de las víctimas.

Según datos de la Comisión Europea, la explotación sexual y laboral son los principales fines de la trata de seres humanos. Sin embargo, la mendicidad o la extracción de órganos –ya mencionada explícitamente en la directiva de 2011– y el matrimonio forzado y la adopción ilegal –que no se mencionan de forma explícita– representan actualmente el 11% de todas las víctimas en la UE en 2020.

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El Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo político relativo a una regulación de la UE sobre la recuperación y la incautación de activos. La nueva directiva establece normas mínimas en toda la Unión sobre el rastreo, la identificación, la congelación, la incautación y la gestión de bienes delictivos. Este acuerdo debe potenciar las capacidades de los estados miembros para luchar contra el crimen organizado.

La directiva debe aplicarse a una amplia gama de delitos, como el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de seres humanos y el tráfico de drogas. También comporta la obligación de los estados miembros de garantizar que las autoridades implicadas en el rastreo, congelación y gestión de dinero delictivo disponen de personal cualificado y de recursos financieros, técnicos y tecnológicos adecuados.

Las normas propuestas también se aplicarán a la violación de las sanciones una vez adoptada una directiva aún pendiente sobre la definición de delitos penales y sanciones por la violación de las medidas restrictivas de la UE. Como resultado, las personas y empresas que se beneficien de eludir las sanciones verán cómo sus rendimientos se embargarán al igual que los de los traficantes de seres humanos o los de los cárteles de la droga.

Los estados miembros tendrán que reforzar las oficinas de recuperación de activos, cuya función será facilitar la cooperación transfronteriza en relación con las investigaciones de rastreo de activos.

Las oficinas de recuperación de activos también tendrán el encargo de rastrear e identificar dinero delictivo, en apoyo de las investigaciones de rastreo de activos realizadas por las autoridades estatales y la Fiscalía Europea. También llevarán a cabo tareas de localización y decomiso de los productos que sean objeto de una orden de embargo o decomiso dictada por un organismo de otro Estado miembro.

Para que las oficinas de recuperación de activos puedan desempeñar sus tareas, los gobiernos de los estados miembros tendrán que asegurarse de darles acceso a las bases de datos y registros nacionales pertinentes. En algunos casos, el acceso deberá ser inmediato y directo.

Según el texto acordado, los estados miembros deben adoptar medidas que permitan la congelación de bienes para asegurar una eventual incautación y garantizar, en caso de condena firme, la incautación de los instrumentos y productos derivados de un delito penal.

Sin embargo, los estados miembros no solo estarán obligados a garantizar la incautación del dinero delictivo. También tendrán que adoptar normas que les permitan incautar bienes de un valor correspondiente al rendimiento delictivo.

Cuando se cedan a un tercero bienes o bienes delictivos de igual valor, también deben poder comisarse, pero solo si el tercero sabía o debería haber sabido que el objetivo de la transmisión o adquisición era evitar el decomiso.

En algunos casos, la incautación de beneficios penales también será posible cuando se haya iniciado un procedimiento penal pero no se pueda continuar.

Por primera vez para muchos estados miembros, una nueva directiva sobre la incautación de riquezas inexplicables permitirá, bajo determinadas condiciones, la incautación de bienes identificados en el contexto de una investigación en relación con delitos penales, siempre que un tribunal estatal esté convencido de que los bienes identificados provienen de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y que estas actividades dan lugar a un beneficio económico sustancial. El acuerdo presta especial atención a las garantías procesales.

Los estados miembros tendrán que designar autoridades (oficinas de gestión de activos) para gestionar los bienes congelados o incautados, ya sea mediante la gestión directa o mediante la prestación de apoyo y experiencia a otros organismos responsables de la gestión de los bienes congelados e incautados. Los estados miembros también deberán permitir la venta de bienes congelados, incluso antes de la incautación definitiva, en determinadas condiciones, por ejemplo, si los bienes son perecederos.

Según los datos de Europol, las organizaciones criminales acumulan ingresos que se estima que ascienden al menos a 139.000 millones de euros anuales.

A pesar de la existencia de una serie de leyes de la UE sobre el rastreo y la incautación de bienes ilegales, en 2020, el Consejo pidió a la Comisión que fortaleciera el marco legal. El Parlamento Europeo pidió también normas de recuperación de activos más estrictas. Este proyecto de directiva se propuso el 25 de mayo de 2022.

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Para garantizar un tráfico rodado más seguro en toda Europa, el Consejo Europeo ha adoptado sus posiciones comunes sobre dos propuestas de la Comisión Europea que forman parte del llamado paquete legislativo sobre seguridad vial:

• Las directivas de 2006 y 2022, así como las normativas de 2012 y 2018 sobre carnés de conducir
• La directiva de 2015 sobre intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y facilitar la libre circulación de los ciudadanos dentro de la UE. La propuesta debe verse como una revisión completa de la directiva existente desde que la última gran reforma se llevó a cabo en 2006 y tuvo que ser transpuesta por los estados miembros hasta 2013. La propuesta introduce cuatro nuevos elementos principales en el régimen actual:

• Un plan europeo para conductores novatos que permite la conducción acompañada tras obtener el permiso a los 17 años.
• Condiciones más estrictas para los conductores novatos durante sus dos primeros años (o más según las normas de los estados miembros) de conducción.
• Un carné de conducir móvil como parte de la cartera de identidad digital europea.
• El uso de las autoevaluaciones como filtro hacia el examen médico del estado de forma del conductor.

El eje general de la propuesta de la Comisión se mantuvo en la posición común del Consejo. Sin embargo, el Consejo introdujo varios cambios en la propuesta de la Comisión, que pueden resumirse de la siguiente manera:

• Mantener voluntariamente el acortamiento de los períodos de validez de los permisos de conducir de las personas mayores.
• Un esquema más claro del control de la aptitud física y psíquica para conducir antes de la expedición y renovación del carnet de conducir.
• Alineación de los elementos técnicos de los permisos de conducir móviles con la revisión del reglamento de identidad digital.
• Orientaciones más detalladas para la evaluación por parte de la Comisión del marco de seguridad vial de terceros países.
• Perfeccionamiento de los requisitos para el acompañante en el régimen de conducción acompañada que será obligatorio solamente para el carné de categoría B.
• Reformulación de las condiciones del período de prueba en función de las competencias y prácticas establecidas de los estados miembros.
• Posibilidad para el ciudadano de realizar un examen teórico, en determinadas condiciones, en el Estado miembro de ciudadanía cuando sea diferente del Estado miembro de residencia, pero no esta opción para la prueba práctica.

En cuanto a la directiva sobre intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico, la propuesta pretende garantizar que los conductores no residentes respeten las normas de tráfico cuando circulen en otros estados miembros.

El Consejo mantuvo el eje general de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, el Consejo introdujo varios cambios en la propuesta, principalmente con el objetivo de esclarecer el alcance y las definiciones del acto jurídico. Esto implica, entre otros:

• Introducir el concepto de «persona interesada» y aclarar las funciones y responsabilidades de los puntos de contacto nacionales y de las autoridades competentes.
• Se añaden más delitos a la propuesta de la Comisión, como los casos de no respetar las restricciones de acceso de vehículos o las normas en un paso a nivel ferroviario, así como los casos de atropello.
• Más clarificación de los diferentes procedimientos relacionados con el acceso a los datos de matrícula de los vehículos y las diferentes opciones que tienen las autoridades competentes para solicitar asistencia mutua para asegurarse de que la persona interesada está identificada y que el aviso de infracción de tráfico llega al sitio correcto.
• Todas las garantías necesarias establecidas para proteger los derechos fundamentales del conductor o cualquier otra persona interesada.

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Para hacer de la Unión Europea un líder en nuestra sociedad basada en los datos, el Consejo adoptó un nuevo reglamento en materia de normas armonizadas sobre el uso y el acceso justo a los datos.

La Ley de Datos de la UE impone a los fabricantes y proveedores de servicios la obligación de permitir a sus usuarios, ya sean empresas o particulares, acceder a los datos generados por el uso de sus productos o servicios —desde máquinas de café hasta aerogeneradores— y reutilizarlos. También permite a los usuarios compartir estos datos con terceros. Por ejemplo, los propietarios de automóviles podrían elegir en un futuro no muy lejano compartir determinados datos del vehículo con un mecánico o con su compañía de seguros.

El reglamento establece nuevas normas sobre quién puede acceder a los datos generados en la UE en todos los sectores económicos y utilizarlos. Tiene como objetivo:

• Garantizar la equidad en la asignación del valor de los datos entre los actores del entorno digital.
• Estimular un mercado de datos competitivo.
• Abrir oportunidades para la innovación basada en datos.
• Hacer que los datos sean más accesibles para todos.

La nueva reglamentación también pretende facilitar el cambio entre los proveedores de servicios de tratamiento de datos, establece salvaguardas contra la transferencia ilegal de datos y prevé el desarrollo de estándares de interoperabilidad para la reutilización de datos entre sectores.

Se busca el objetivo de dar tanto a los individuos como a las empresas más control sobre sus datos mediante un derecho de portabilidad reforzado, que permita copiar o transferir datos fácilmente desde diferentes servicios, en los que los datos son generados con objetos inteligentes, máquinas y dispositivos. La nueva reglamentación empoderará a los consumidores y las empresas al darles voz sobre lo que se puede hacer con los datos que generen sus productos conectados.

La nueva regulación permitirá a los usuarios de dispositivos conectados, que van desde electrodomésticos inteligentes hasta máquinas industriales, acceder a los datos generados por su uso, que a menudo son recopilados exclusivamente por los fabricantes y los proveedores de servicios.

Con respecto a los datos del internet de las cosas (IoT), la nueva reglamentación se centra, en particular, en las funcionalidades de los datos recopilados por los productos conectados en lugar de centrarse en los productos en sí.

La nueva Ley garantiza un nivel adecuado de protección de los secretos comerciales y los derechos de propiedad intelectual, acompañado de las garantías pertinentes contra posibles comportamientos abusivos. Aunque fomenta el intercambio de datos, el nuevo reglamento tiene como objetivo apoyar a la industria de la UE al tiempo que ofrece salvaguardas para circunstancias excepcionales y mecanismos de resolución de disputas.

También contiene medidas para evitar el abuso de los desequilibrios contractuales en los contratos de intercambio de datos a causa de las condiciones contractuales injustas impuestas por una parte, con una posición negociadora significativamente más fuerte. Estas medidas protegerán a las empresas de la Unión de los acuerdos injustos y darán más margen de maniobra a las pymes.

El reglamento proporciona los medios para que los organismos del sector público, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y los organismos de la UE puedan acceder a los datos del sector privado que sean necesarios en circunstancias excepcionales y utilizarlos, especialmente en caso de una emergencia pública, como inundaciones e incendios forestales, o para cumplir una tarea de interés público.

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Como resultado de varias negociaciones, el Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo político sobre la actualización normativa de la Unión Europea que facilita el intercambio automatizado de datos para la mejora de la cooperación policial.

En el ámbito europeo, la lucha contra la delincuencia es un interés y una responsabilidad comunes. El acuerdo alcanzado debe mejorar la seguridad de los ciudadanos europeos, dado que la policía podrá realizar rápidamente búsquedas de ADN, de huellas dactilares, de imágenes faciales, de datos de matrícula de vehículos y de registros policiales en bases de datos de las fuerzas del orden de toda Europa.

El marco existente, a menudo conocido como Prüm I, permite a las autoridades policiales consultar las bases de datos nacionales de otros estados miembros en materia de datos de ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos. En el proceso de mejorar la coordinación, si se les ofrece un hit, las autoridades pueden solicitar rápidamente los datos relevantes a sus homólogos extranjeros.

Los colegisladores acordaron ampliar las categorías de datos para las que se pueden producir intercambios automatizados. Una vez que la normativa actualizada entre en vigor, las autoridades policiales también podrán utilizar el esquema de Prüm I para buscar imágenes faciales y antecedentes policiales. Además, si la legislación nacional lo permite, también serán posibles las búsquedas en todas las categorías para encontrar personas desaparecidas o identificar restos humanos.

Si la búsqueda en la base de datos da como resultado una coincidencia positiva, el país en cuestión debe proporcionar los datos relevantes (por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, delito relacionado con los datos) en un plazo máximo de 48 horas.

La nueva normativa también moderniza la infraestructura técnica que sustenta el intercambio de información. La nueva regulación de Prüm I prevé que eu-LISA (la agencia de la UE a cargo de los grandes sistemas informáticos, como el Sistema de Información de Schengen) implante una vía para facilitar el establecimiento de conexiones entre los estados miembros (y Europol) para recuperar datos. Esta conexión consistirá en una herramienta de búsqueda y un canal de comunicación seguro. La autoridad policial que busca una coincidencia enviará sus datos (por ejemplo, una huella digital) a esta conexión y, desde allí, la solicitud de consulta se enviará a las bases de datos de todos los demás Estados miembros de la UE y de Europol.

Para las búsquedas automatizadas de índices de expedientes policiales, los Estados miembros y Europol utilizarán el Sistema Europeo de Índice de Ficheros Policiales (EPRIS).

Según las nuevas normas, Europol, la agencia de la UE que apoya a los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada y grave, también podrá buscar en bases de datos nacionales para verificar la información que ha recibido de terceros países.

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La presidencia del Consejo Europeo y los negociadores del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre una propuesta de ley de la UE que mejoraría significativamente la investigación y el procesamiento de los delitos contra el medio ambiente.

La nueva directiva pretende establecer normas mínimas sobre la definición de delitos y sanciones penales para proteger mejor el medio ambiente, en sustitución de la anterior directiva de 2008, que ha quedado obsoleta ante la evolución de la legislación ambiental de la Unión.

La directiva define los delitos medioambientales con mayor precisión y añade nuevos tipos de delitos ambientales. También armoniza el nivel de sanciones para las personas físicas y, por primera vez, para las personas jurídicas en todos los estados miembros de la UE.

El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron aumentar de nuevo a 18 el número de delitos que existen actualmente en el derecho penal de la UE. Esto amplía y clarifica el tipo de conductas prohibidas que perjudican al medio ambiente. Los nuevos delitos incluyen el tráfico de madera, que es una de las principales causas de la deforestación en algunas partes del mundo, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de los buques y varios incumplimientos graves de la legislación sobre productos químicos.

El Consejo y el Parlamento Europeo también acordaron una llamada cláusula de infracción calificada. Las infracciones a que se refiere la directiva, y que se cometan intencionadamente, se consideran delitos calificados si causan destrucción, daños irreversibles, generalizados y sustanciales o daños de larga duración, generalizados y sustanciales a un ecosistema de tamaño o valor ambiental considerable, o a un hábitat natural dentro de un sitio protegido, o a la calidad del aire, el suelo o el agua.

En el caso de las personas físicas que cometan alguna de las infracciones previstas por la directiva, el texto establece las siguientes sanciones y que suponen un endurecimiento respecto a las anteriores:

• para delitos dolosos que causen la muerte a cualquier persona, una pena máxima de prisión de al menos diez años

• para el delito calificado de consecuencias catastróficas, una pena máxima de prisión de ocho años como mínimo

• para delitos cometidos con, al menos, una negligencia grave que causen la muerte a cualquier persona, una pena máxima de prisión de al menos cinco años.

• para otros delitos dolosos incluidos en la legislación, una pena máxima de prisión de al menos cinco años o al menos tres años.

En el caso de las personas jurídicas, la ley establece las siguientes sanciones:

• para las infracciones más graves, una multa máxima de al menos el 5% de la total facturación mundial de la persona jurídica o, alternativamente, 40 millones de euros

• para el resto de delitos, una multa máxima de al menos el 3% de la facturación mundial total de la persona jurídica o, alternativamente, 24 millones de euros

También pueden adoptarse medidas adicionales, como obligar al infractor a restaurar el medio ambiente o compensar los daños, excluirlo del acceso a la financiación pública o retirarle los permisos o autorizaciones.

Además, los estados miembros tendrán que garantizar que se ofrece formación a quienes trabajan para detectar, investigar y perseguir los delitos medioambientales, como jueces, fiscales y autoridades policiales. Los países de la UE también tendrán que asegurarse de que estas autoridades disponen de los recursos adecuados, por ejemplo, en cuanto al número de personal cualificado y a los recursos financieros para llevar a cabo sus funciones de acuerdo con la directiva. La directiva contiene también disposiciones sobre apoyo y asistencia a las personas que denuncian delitos medioambientales, defensores del medio ambiente y personas afectadas por estos delitos.

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Para intentar una mejora de la resiliencia cibernética de la Unión Europea, permitiendo la adopción futura de esquemas de certificación europeos para los llamados servicios de seguridad gestionados, los representantes de los estados miembros (Coreper) alcanzaron una posición común sobre la propuesta de modificación específica de la normativa sobre ciberseguridad (CSA) de la UE de 2019.

Los servicios de seguridad gestionados, prestados a los clientes por empresas especializadas, son cruciales para la prevención, detección, respuesta y recuperación de los incidentes de ciberseguridad. Pueden consistir, por ejemplo, en la detección o respuesta a incidencias, las llamadas pruebas de penetración o las auditorías de seguridad, o la consultoría.

Presentada junto con una propuesta de acto de cibersolidaridad de la Unión para reforzar las capacidades de ciberseguridad en la UE, la enmienda dirigida a la CSA pretende incluir los esquemas europeos de certificación de ciberseguridad para los servicios de seguridad gestionados en el ámbito de aplicación del reglamento CSA de 2019.

Por tanto, esta modificación permitirá establecer esquemas europeos de certificación para estos servicios. Ayudará a aumentar su calidad y comparabilidad, a favorecer la aparición de proveedores de servicios de ciberseguridad de confianza y a evitar la fragmentación del mercado interior dado que algunos estados miembros ya han iniciado la adopción de esquemas nacionales de certificación de servicios de seguridad gestionados.

La posición del Consejo contiene las siguientes enmiendas principales a la propuesta de la Comisión:

• Aclara la definición de servicios de seguridad gestionados y la alineación con la directiva revisada de sistemas de información de red (NIS 2).

• El texto alinea los objetivos de seguridad de estos esquemas de certificación con los objetivos de seguridad de otros esquemas de acuerdo a la actual Ley de ciberseguridad.

• El texto incluye modificaciones en el anexo de la Ley de ciberseguridad, que contiene una lista de requisitos que deben cumplir los organismos de evaluación de la conformidad.

• Se han introducido una serie de modificaciones técnicas y de redacción para garantizar que todas las disposiciones relevantes de la normativa CSA vigente se apliquen también a los servicios de seguridad gestionados.

La Ley de ciberseguridad, aprobada en 2019, estableció el primer marco de certificación de ciberseguridad para todos los estados miembros. La certificación de ciberseguridad es voluntaria, salvo que la legislación de la Unión o de los estados miembros especifique lo contrario.

La propuesta de la Comisión, aprobada el 18 de abril de 2023, tiene como objetivo una modificación específica del ámbito de aplicación del acta de ciberseguridad, que permitiría a la Comisión adoptar actos de ejecución sobre esquemas europeos de certificación de ciberseguridad para los servicios de seguridad gestionados, además de la información y la tecnología, productos (TIC), servicios TIC y procesos TIC, que están cubiertos por la actual Ley de ciberseguridad.

Como información complementaria para este acuerdo, se anexan los documentos previos:

Reglamento que modifica la CSA en lo que se refiere a los servicios de seguridad gestionados, mandato de negociación del Consejo, 15 de noviembre de 2023

Modificación específica del CSA (CSA+), propuesta de la Comisión, 18 de abril de 2023

Información general de la Comisión, 18 de abril de 2023

Directiva revisada de redes y sistemas de información (NIS 2), 27 de diciembre de 2022

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El Consejo ha aprobado unas conclusiones sobre el empoderamiento digital para proteger y hacer cumplir los derechos fundamentales en la era digital.

Actualmente, la digitalización impregna todos los aspectos de nuestras sociedades y vidas personales. Es vital que este mundo digital sea un lugar en el que se respeten los derechos fundamentales y donde las personas puedan hacer valer sus derechos.

El texto reafirma que los derechos fundamentales se aplican igualmente, sea online y fuera de línea, y todo el mundo debería tener la oportunidad y el apoyo para adquirir las competencias digitales básicas para poder comprender y ejercer sus derechos. Estas competencias también son necesarias para disfrutar de todo el potencial de los servicios públicos y privados, que cada vez se prestan más online.

Las conclusiones se centran en torno a dos pilares: el empoderamiento digital de las personas y de los sectores clave y la construcción de un entorno digital seguro donde se protejan los derechos fundamentales.

1. Empoderamiento digital de personas y sectores clave:

En el contexto de que, según datos de Eurostat, el 46% de los ciudadanos europeos no tienen suficientes competencias digitales básicas, el Consejo invita a los estados miembros a tomar medidas, como:

• Promover la adecuada alfabetización mediática y digital.

• Tomar medidas para garantizar que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos online.

• Sensibilizar sobre la importancia de proteger la privacidad.

• Asignar financiación para apoyar la educación, la formación y el desarrollo de habilidades en medios digitales adaptados a las necesidades de distintos grupos de personas.

2. Construcción de un entorno digital seguro donde se protejan los derechos fundamentales:

Nuestro entorno digital puede verse amenazado por varias amenazas, como la desinformación online, que provoca una erosión de la confianza en las instituciones y los medios. El aumento del discurso de odio, los delitos de odio y la ciberdelincuencia también pone en riesgo nuestros derechos fundamentales online.

Y aunque la inteligencia artificial puede tener efectos positivos significativos, si no tiene suficiente transparencia y si se utiliza sin las garantías y controles de calidad adecuados, también puede presentar retos para el respeto de los derechos fundamentales y la lucha contra las discriminaciones.

Para desarrollar un entorno digital seguro, el Consejo solicita a los estados miembros que, entre otras cosas, sigan luchando contra el discurso de odio online, sobre todo mejorando la capacidad de las autoridades judiciales y policiales para investigar y perseguir este tipo de delitos online.

Se invita también a la Comisión Europea a combatir la desinformación online y el contenido ilegal mediante la supervisión y aplicación de las reglas de la Ley de servicios digitales recientemente aprobada, y evaluando periódicamente la aplicación del Código de prácticas reforzado sobre desinformación del año 2022, así como el Código de Conducta.

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Los representantes de los estados miembros de la Unión han llegado a un acuerdo sobre el componente final de una política europea común de asilo y migración. En una reunión del comité de representantes permanentes del Consejo, los estados miembros han sellado su mandato de negociación sobre un reglamento para situaciones de crisis, incluida la instrumentalización de la migración y la fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo. Esta posición debe constituir la base de las negociaciones entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo.

Varios representantes políticos europeos lo consideran un gran paso al frente en un tema crítico para el futuro de la UE. Con el acuerdo se logra una mejor posición para llegar a un acuerdo sobre todo el pacto de asilo y migración con el Parlamento Europeo a finales de este año.

La nueva reglamentación establece el marco que permitiría a los estados miembros abordar las situaciones de crisis en el ámbito del asilo y la migración mediante el ajuste de determinadas normas, por ejemplo, en lo que se refiere al registro de solicitudes de asilo o al procedimiento de frontera de asilo. Estos países también podrían pedir medidas de solidaridad y apoyo a la UE y sus estados miembros.

En una situación de crisis o fuerza mayor, los estados miembros pueden ser autorizados a aplicar normas específicas sobre el asilo y el procedimiento de retorno. En este sentido, entre otras medidas, el registro de las solicitudes de protección internacional podrá completarse como máximo cuatro semanas después de realizarse, aligerando la carga de las administraciones nacionales con sobreesfuerzos.

Un estado miembro que se enfrenta a una situación de crisis puede solicitar contribuciones solidarias a otros países de la Unión. Estas aportaciones pueden tomar la forma de:

• La reubicación de solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional desde el estado miembro en situación de crisis a los estados miembros contribuyentes.

• Compensaciones de responsabilidad, es decir, el estado miembro de apoyo asumiría la responsabilidad de examinar las solicitudes de asilo con el objetivo de aliviar al estado miembro que se encuentra en una situación de crisis.

• Aportaciones económicas o medidas alternativas de solidaridad.

Estas medidas excepcionales y ese apoyo solidario requieren la autorización del Consejo, de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, y en pleno cumplimiento de los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países y de los apátridas.

El reglamento que aborda la situación de crisis y la fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo forma parte del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea el 23 de septiembre de 2020. El pacto consta de un conjunto de propuestas para reformar las normas de migración y asilo de la UE. Otras propuestas de referencia, además del reglamento de crisis, incluyen el reglamento de gestión de asilo y migración y el reglamento del procedimiento de asilo.

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El Consejo Europeo ha dado finalmente luz verde a una nueva ley de la Unión Europea que impulsará el intercambio de información digital entre las autoridades nacionales y Eurojust en casos de terrorismo. Gracias a un intercambio más eficiente sobre las investigaciones y la persecución de los delitos de terrorismo, las autoridades de los estados miembros y las agencias de la UE tendrán acceso a la información más completa y actualizada sobre casos de terrorismo.

Varias autoridades europeas ya se han mostrado satisfechas por la aprobación de esta ley, ya que supone un salto cualitativo en cuanto al intercambio de información entre los estados miembros y Eurojust y permitirá progresos significativos en la persecución de los delitos de terrorismo.

Hasta ahora, los estados miembros compartían información con Eurojust sobre casos relacionados con el terrorismo a través de varios canales, a veces no siempre seguros. Además, el registro judicial antiterrorista actual no permite una correcta comprobación cruzada de la información.

El reglamento aprobado debe solucionar estas deficiencias y permitir a Eurojust jugar un papel más relevante en el apoyo a la coordinación y cooperación entre las autoridades nacionales que investigan y persiguen los delitos de terrorismo.

De acuerdo con las nuevas normas, los estados miembros tendrán que proporcionar a Eurojust información sobre cualquier investigación penal sobre delitos de terrorismo tan pronto como estos casos se deriven a las autoridades judiciales. Según establece la nueva legislación:

• Debe crear un sistema moderno y digital de gestión de casos que almacene esta información y permita contrastarla.

• Debe facultar a Eurojust para detectar mejor los vínculos entre investigaciones y juicios transnacionales en el ámbito del terrorismo y para informar de forma proactiva a los estados miembros sobre los vínculos hallados.

• Crea un canal de comunicación digital seguro entre los estados miembros y Eurojust.

• Debe simplificar la cooperación con terceros países otorgando a los fiscales de enlace adscritos a Eurojust acceso al sistema de gestión de casos.

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