La llegada de las tecnologías basadas en cadenas de bloques o blockchain ha abierto una nueva frontera para las personas que quieren hacer transacciones financieras y otras de forma remota, anónima y sin necesidad de un tercero como un banco. La criptomoneda es, cada vez más, una forma de pago aceptada en muchas transacciones comerciales legítimas, pero también se utiliza para facilitar muchas actividades ilegales, en gran parte, justamente, por su capacidad de facilitar transacciones mayoritariamente anónimas de forma remota.

Desde Estados Unidos, con el apoyo del National Institute of Justice (NIJ), investigadores de RAND Corporation y el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía identificaron, en unas jornadas, las principales necesidades para mejorar las políticas y los procedimientos policiales sobre criptomonedas. Estas necesidades se refieren a políticas para la gestión de claves digitales, recursos para la formación de las fuerzas del orden sobre blockchain y criptomoneda y herramientas para investigar este tipo de monedas.

Los participantes priorizaron las necesidades asociadas a aumentar el nivel de conocimiento de los oficiales e investigadores, formar o contratar a expertos que puedan ayudar con las investigaciones y adaptar las políticas y procedimientos existentes para garantizar que las criptomonedas se gestionan de manera responsable.

Entre las recomendaciones que se hicieron en las jornadas, hay que destacar:

• Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para asegurar rápidamente los activos de criptomoneda durante las investigaciones.
• Desarrollar políticas y procedimientos de buenas prácticas para minimizar las oportunidades de manipulación incorrecta de la criptomoneda.
• Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para almacenar, transferir y redactar claves digitales de criptomoneda dentro de los sistemas de gestión de registros.
• Catalogar y dar a conocer los recursos de formación que ya están disponibles, incluida la formación que no está adaptada a los profesionales de la justicia.
• Desarrollar sistemas de intercambio regionales o nacionales que faciliten el intercambio de materiales de formación e inteligencia para casos en curso.
• Desarrollar materiales modelo que se puedan adaptar fácilmente para la formación de aspirantes, investigadores, expertos forenses, fiscales, jueces y otros.
• Realizar investigaciones para examinar el equilibrio de habilidades y conocimientos que buscan las agencias policiales a la hora de contratar y evaluar si es probable que cumplan las necesidades actuales y futuras.
• Convocar a un grupo permanente de profesionales y expertos que puedan examinar y generar requisitos para las organizaciones de investigación y desarrollo.
• Trabajar con entidades federales, estatales, locales y privadas (por ejemplo, el Laboratorio Regional de Informática Forense o Abogados sin Fronteras) para poner a disposición los recursos adecuados de seguimiento de criptomonedas para poder compartir los costes más fácilmente.
• Evaluar los costes y beneficios del desarrollo de un centro de información del sector privado que permita al sector público y a las entidades del sector privado verificadas coordinarse (de la misma manera que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados examina los materiales potencialmente abusivos).

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Tal y como publicó recientemente The Conversation, el profesor de la Universidad de Rutgers, Alexander Hinton, considera que la expresión ‘lobo solitario’ es engañosa, ya que los extremistas violentos casi siempre forman parte de un grupo, y el uso repetido de esta expresión podría impedir conseguir frutos de los esfuerzos por combatir la violencia proveniente de la extrema derecha. En todo caso, esto podía ser cierto mucho antes de la era de las redes sociales.

Tras décadas de investigación sobre numerosos ataques que han dejado muchos muertos, ya está documentado que los extremistas casi siempre forman parte de una manada, no son lobos solitarios. Pero el mito del tirador como un lobo solitario sigue siendo tenaz y reaparece en la cobertura mediática después de casi todos los tiroteos masivos o actos de violencia de extrema derecha.

Hinton considera que este mito desvía a la gente de las causas reales de la violencia extremista, lo que obstaculiza la capacidad de la sociedad para prevenir los ataques.

La amenaza del terrorismo interno sigue siendo alta en Estados Unidos, especialmente el peligro que representan los extremistas del poder blanco, muchos de los cuales creen que los blancos están siendo “sustituidos” por personas negras.

Los extremistas de extrema derecha pueden llevar a cabo un ataque solos físicamente o como parte de un grupo reducido de personas, pero casi siempre están conectados y se identifican con grupos y causas mayores.

La gran mayoría de los extremistas de extrema derecha son, de hecho, hombres y mujeres corrientes. Viven en zonas rurales, suburbios y ciudades. Son estudiantes y profesionales que trabajan. Y creen que su causa está justificada.

Hay muchos ejemplos de matanzas de ciudadanos negros cometidas por hombres blancos como Patrick Crusius o Gendron, o el caso de Timothy McVeigh, presentado a menudo como el arquetípico loco lobo solitario que voló el edificio federal de Oklahoma City en 1995.

De hecho, McVeigh formaba parte de un grupo. Tenía cómplices y estaba conectado a través del panorama extremista de extrema derecha. Lo mismo ocurre con Gendron y Crusius, que también fueron caracterizados en la cobertura mediática como lobos solitarios. Ambos estaban activos en las plataformas de redes sociales de extrema derecha y habían publicado manifiestos antes de sus ataques. El manifiesto de Gendron habla de cómo se radicalizó en la web oscura y cómo se inspiró para atacar tras ver vídeos de la masacre de 51 personas de Brenton Tarrant en 2019 en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda.

Casi una cuarta parte del manifiesto de Gendron está extraída directamente del de Tarrant, que llevaba por título ‘El gran reemplazo’. Este miedo a la sustitución de los blancos, centrado en torno a la percepción de su disminución demográfica, también fue un motivo para Crusius. Su manifiesto rinde homenaje a Tarrant, antes de explicar que su ataque fue “una respuesta a la invasión hispánica de Texas”. El mito del lobo solitario sugiere también que los extremistas son desviados anormales con personalidades antisociales.

Mediante el uso de este término, que individualiza el extremismo, Hinton considera que los funcionarios del orden público también pueden despolitizar su trabajo. En lugar de centrarse en movimientos como el nacionalismo blanco que tienen simpatizantes en los distintos niveles de gobierno, desde los sheriffs hasta los senadores, se centran en los individuos.

Esta comprensión proporciona una base para desarrollar estrategias a largo plazo para evitar que extremistas como Gendron y Crusius lleven a cabo ataques más violentos.

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El Consejo ha renovado, sin cambios, la denominada ‘lista de terroristas de la Unión Europea’, que contiene las personas, grupos y entidades sometidos a medidas restrictivas para combatir el terrorismo.

Las 13 personas y 21 grupos y entidades de la lista están sujetos a la congelación de sus fondos y otros activos financieros en la UE. Además, les está prohibido a los operadores de la UE poner a su disposición fondos y recursos económicos.

El Consejo estableció la lista por primera vez en aplicación de la Resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, que siguió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Revisa la lista a intervalos regulares y al menos cada seis meses, en base a la información sobre nuevos hechos y novedades relacionados con las designaciones.

Este régimen de sanciones es independiente del régimen de la Unión que implementa las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) y que tiene como objetivo Al Qaeda e ISIL/Daesh, y que también permite en la Unión Europea aplicar medidas restrictivas, de forma autónoma, a ISIL/Daesh y Al Qaeda y a personas y entidades asociadas o que les dan apoyo.

Como se expresa por varios medios, la lucha contra el terrorismo es una prioridad de la UE. Los estados miembros colaboran estrechamente para prevenir ataques terroristas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Desde la Unión se trabajan aspectos diversos, tales como la prevención de la radicalización, la lista terrorista de la UE, el intercambio de información, la figura del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, acciones para cortar la financiación del terrorismo, el control de las armas de fuego, la digitalización de la cooperación judicial, medidas para frenar a los combatientes terroristas extranjeros y la cooperación con países no miembros de la UE.

Tras una serie de ataques desde el 2015, la Unión Europea ha ido adoptando varias medidas para intentar parar el terrorismo.

Aunque la responsabilidad de luchar contra la delincuencia y salvaguardar la seguridad recae principalmente en los estados miembros, los atentados terroristas de los últimos años han demostrado que esta también es una responsabilidad común que tienen que asumir de forma conjunta. La UE contribuye a la protección de sus ciudadanos actuando como principal foro de cooperación y coordinación entre los estados miembros.

La radicalización no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una amenaza bastante más grave en los últimos años.

Las tecnologías de comunicación en línea han facilitado que los terroristas se comuniquen a través de las fronteras y han amplificado la propaganda terrorista y la propagación del extremismo.

Las autoridades competentes de los estados miembros tienen el poder de emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios que pueden exigirles que eliminen contenido terrorista o que inhabiliten el acceso a este contenido en el plazo de una hora.

El intercambio eficaz de información entre las autoridades policiales, judiciales y de inteligencia de los estados miembros es crucial para luchar contra el terrorismo, rastrear a los combatientes extranjeros y hacer frente al crimen organizado.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también son una preocupación importante para el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos.

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Actualmente, ya puede afirmarse que el “éxito” del Gobierno de El Salvador en el desmantelamiento de las maras es innegable. De la misma forma que se ha producido una fuerte centralización casi absoluta del poder en manos del presidente Nayib Bukele pero en detrimento del Estado de derecho.

Por su parte, la mayoría de los salvadoreños aceptan este pacto y apoyan a su presidente, algo que no ha pasado desapercibido para el resto de dirigentes de la región que afrontan sus propias crisis sobre crimen organizado. Sin embargo, algunas voces ya se han levantado para evitar que varios dirigentes se vean tentados a buscar la misma solución a sus problemas.

Pero lo cierto es que esto ya ha empezado a suceder. Como informan varios medios como Nuso, Hispanidad, Elconfidencial o Washingtonpost, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también decretó el pasado mes de diciembre el estado de excepción para facilitar la lucha contra las maras . Ecuador declaró cuatro regímenes de excepción durante el año 2022 militarizando centros penitenciarios y zonas con altas tasas de homicidios, y Jamaica hizo lo propio con el objetivo de combatir un repunte de la violencia a manos de varias organizaciones criminales.

Hace pocos días, El Salvador ofreció ayuda a Haití, el país más pobre de Latinoamérica y devastado por las bandas, para implementar su propio plan de control territorial. Y es que en una región que lleva décadas batallando por establecer una respuesta adecuada al crimen organizado, las políticas de Bukele resultan cada vez más atractivas. Sobre todo cuando estas políticas de seguridad cuentan con financiación internacional como la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una entidad con base en Honduras y uno de cuyos miembros es España.

Para algunos estudiosos de la problemática, el fin de las maras en El Salvador podría marcar el inicio de la era de la militarización y de las megaprisiones en Latinoamérica y el Caribe. En el caso de El Salvador, la campaña de detenciones masivas ha supuesto poner entre rejas a 60.000 personas, el 1% de la población salvadoreña. De esta forma, el país cuenta con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo (1.536 internos por cada 100.000 habitantes), a la vez que ha reducido drásticamente la tasa de asesinatos. En 2022, la tasa se situó en 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en 2015 era de 105.

Actualmente, los miembros de las marasque no han sido detenidos se encuentran en desbandada, incapaces de recibir órdenes de unas estructuras criminales descabezadas y una presencia menor o incluso inexistente en barrios que antes se encontraban bajo el control absoluto de estas bandas.

Mientras, los que se encuentran encarcelados deben recibir el apoyo económico de sus familias, ya que deben comprar paquetes de comida y productos básicos por valor de 170 dólares al mes. El sistema es sencillo: los familiares no pueden llevarles nada procedente de fuera de la prisión, por lo que no les queda otra salida que comprarles estos paquetes.

Más allá de las injusticias, muchos advierten que los resultados inmediatos del régimen de excepción esconden la marea de problemas que pueden verse detonados por esa ola sin precedentes de detenciones y represión. Y algunos expertos subrayan que la historia de El Salvador demuestra que estas políticas de mano dura a veces dan resultados a corto plazo, pero en realidad están generando un caldo de cultivo para que grupos criminales se reciclen, recluten a más personas y, a la larga, se fortalezcan aún más.

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