Durante una jornada de acción ejecutada conjuntamente por 10 países, fueron detenidos 132 miembros de una de las redes criminales más poderosas del mundo. A primera hora del 3 de mayo, las autoridades policiales de Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Rumanía, Brasil y Panamá registraron varias viviendas e intervinieron algunas empresas. Más de 2.770 agentes participaron sobre el terreno durante la vasta operación.

Eurojust y Europol apoyaron esta operación internacional contra la ‘Ndrangheta, que hasta el momento se ha convertido en el mayor éxito que ha implicado al sindicato policriminal italiano. La organización mafiosa es responsable de gran parte del comercio de cocaína en Europa, combinado con el blanqueo sistemático de dinero, el soborno y la violencia.

La red criminal investigada estaba liderada por varias familias poderosas de la ‘Ndrangheta con sede principalmente en la ciudad de San Luca, que se encuentra en la provincia italiana de Reggio Calabria. Algunas de estas familias han estado involucradas en una violencia de clanes de décadas conocida como ‘feudo de San Luca’, que culminó con tiroteos masivos en Italia y en el extranjero como, por ejemplo, la masacre de Duisburgo en Alemania del año 2007.

Los miembros de la red criminal participaron en conspiraciones criminales no solo para formar parte de una organización mafiosa, sino también para ser responsables del tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego, la tenencia ilegal de armas de fuego, el blanqueo de capitales, el registro fraudulento de activos, el fraude fiscal y la evasión fiscal, así como la ayuda y complicidad con los fugitivos (que desde entonces han sido detenidos). Dos de esos fugitivos habían estado en la lista de entre los más buscados de la Unión Europea.

La red criminal italiana se dedicaba principalmente al narcotráfico internacional desde América del Sur a Europa, así como hacia Australia. Las autoridades descubrieron que la red trabajaba en colaboración con el grupo de crimen organizado colombiano Gulf Clan y un grupo criminal de habla albanesa que operaba en Ecuador y en varios países europeos.

Además, los clanes de la ‘Ndrangheta estaban implicados en el tráfico internacional de armas de fuego desde Pakistán hasta Sudamérica, proporcionando material al famoso grupo criminal PCC (Primeiro Comando da Capital) a cambio de envíos de cocaína. Los investigadores realizaron un seguimiento del flujo de dinero en un extenso sistema global de blanqueo de capitales, con inversiones masivas en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil.

El grupo criminal invertía sus beneficios en bienes inmuebles, restaurantes, hoteles, empresas de lavado de coches, supermercados y otras actividades comerciales. Para pagar la cocaína o transferir activos ilícitos, los delincuentes a menudo confiaban en facilitadores que utilizaban el sistema de la hawala.

Eurojust apoyó a las autoridades policiales implicadas creando y financiando dos equipos de investigación conjuntos. La agencia también acogió diez reuniones de coordinación tras crear un centro para permitir una rápida cooperación entre las autoridades judiciales implicadas en la jornada de acción. Se abrieron tres casos vinculados a Eurojust a petición de las autoridades italianas, alemanas y belgas. Eurojust también facilitó la transmisión y ejecución de las órdenes de investigación europeas.

El proyecto de análisis de Europol sobre el crimen organizado italiano apoyó a la investigación como caso prioritario. Proporcionó informes de concordancia cruzada a las unidades nacionales de investigación implicadas. En total, se intercambiaron más de 200 mensajes SIENA entre los países implicados. Además de apoyar la propia investigación, el proyecto de análisis también apoyó la búsqueda de los tres fugitivos.

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Los últimos datos publicados por el proyecto Tracking (In)Justice de Canadá sugieren que el número medio anual de muertes con implicación de la policía entre los años 2011 y 2022 aumentó en dos tercios, en comparación con la cifra media anual de la década anterior. Los miembros del proyecto, Andrew Crosby, Alexander McClelland y Tanya L. Sharpe, creen que este incremento, junto con la disparidad racial y las variaciones jurisdiccionales en estas cifras, apoyan la necesidad de pedir una mayor responsabilidad, transparencia y control de la conducta policial en Canadá.

Según los autores del proyecto, está claro que los encuentros mortales con la policía aumentan año tras año en Canadá. El número de civiles que mueren en incidentes con la policía cuando se utiliza la fuerza se ha incrementado constantemente desde el año 2000. Este hecho está dejando a las familias y las comunidades con poco apoyo o recursos para rendir cuentas.

Pero uno de los principales problemas es que no existe ningún organismo ni institución canadiense o foránea que trabaje, por ejemplo, en un conjunto de datos actualizado y centralizado o que haga un seguimiento de las muertes y proporcione información sobre la víctima, la ubicación, el servicio policial implicado, el tipo de fuerza utilizado y otros muchos detalles contextuales.

Sólo lo hacen los miembros del proyecto Tracking (In)Justice, que documentan y analizan las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza en Canadá. Tracking (In)Justice es una asociación de académicos y defensores que tienen como objetivo arrojar luz sobre la violencia policial para ayudar a informar las demandas de responsabilidad, transparencia y cambios en la institución policial.

Recoger esta información otorga la posibilidad de efectuar nuevas preguntas, como por qué algunos cuerpos policiales producen muertes de personas con mayor frecuencia que otras.

Hace tiempo que se ha pedido que la policía y los gobiernos recojan y compartan datos sobre incidentes en los que el uso de la fuerza causó heridas y muertes a civiles. Periodistas, académicos, grupos de la sociedad civil y familias de las víctimas se han comprometido en esta labor desde hace ya mucho tiempo.

Las conclusiones preliminares indican que los incidentes de uso de la fuerza van en aumento, y el mayor número se produjo en el año 2022. Parte de esta tendencia a largo plazo puede deberse a un mayor acceso a la información sobre asesinatos y muertes con implicación de la policía. Pero el acceso a la información por sí solo no explica el notable aumento de los últimos años.

Según datos de Tracking (In)Justice, hubo una media de 22,7 muertes con implicación de la policía entre 2000 y 2010. En comparación, una media de 37,8 personas murieron cada año entre los años 2011 y 2022. Esto supone un aumento del 66,5%.

Las muertes por disparos también parece que se están produciendo con mayor frecuencia. Tracking (In)Justice documentó 704 muertes en Canadá entre 2000 y 2022 con utilización de la fuerza policial.

Los datos incluyen muertes por tiroteos policiales y casos en los que una persona falleció tras ser sometida a otros tipos de armas policiales (por ejemplo, tásers) o intervenciones físicas.

Estos datos se recopilaron accediendo a información disponible públicamente de los medios de comunicación e informes oficiales. Los datos contienen información relacionada con la víctima, incluidos el nombre, edad y raza cuando se conoce. También documentan la ubicación de la muerte, la policía implicada y el mayor nivel de fuerza utilizado.

Siguiendo patrones de desigualdad que vienen de lejos, existen importantes disparidades raciales persistentes en el aumento global de las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza.

Las personas negras e indígenas representan en torno al 10% de la población en Canadá, pero son el 27,2% de las muertes por tiroteo con implicación de la policía cuando se ha identificado la raza de la víctima.

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El uso de videocámaras que llevan en el cuerpo los policías es un área de interés emergente para las políticas públicas y la práctica policial. Las cámaras policiales pueden generar eficiencia en costes y tiempo para la policía, influir en las decisiones operativas de las fuerzas del orden y ayudar a prevenir problemas entre los ciudadanos y los uniformados. Un objetivo de las cámaras que llevan las fuerzas del orden sería optimizar la recogida de evidencias policiales y mejorar el comportamiento tanto de la policía como de los ciudadanos.

El cuerpo de policía de Australia Occidental es responsable de vigilar los 2,5 millones de kilómetros cuadrados de esta zona, que cuenta con más de 150 comisarías en ocho distritos metropolitanos y siete regionales. El programa aplicado, tal y como informa el National Institute of Justice de Estados Unidos, se desarrolló durante un período de 6 meses a partir del inicio del año 2022, y consistía en equipar a todos los agentes de policía que trabajan en la calle con cámaras corporales. El resultado fue de más de 1,4 millones de cargas de evidencias del uso de las videocámaras. El programa, que se basaba en el despliegue de esta tecnología de cámaras mejorada, fue capaz de transmitir imágenes de vídeo en directo a los centros de mando y a miembros del personal.

No hubo diferencias estadísticamente significativas en las órdenes de alejamiento emitidas o en las agresiones a la policía entre los días de tratamiento con cámaras policiales y los días de control (cuando ningún agente llevaba cámaras). Los días de tratamiento tuvieron índices estadísticamente significativos de uso de la fuerza, quejas de los ciudadanos contra la policía y cargos penales, en comparación con los días de control.

La revisión de este estudio se centró en la recopilación de evidencias y resultados del comportamiento policial-público. Los datos de los resultados se obtuvieron a partir de numerosos conjuntos de datos operativos. Una calificación sin efectos implica que la implementación del programa es poco probable que dé los resultados previstos y puede dar lugar a resultados negativos, como fue el caso.

No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre la duración media de una grabación de audio de una entrevista en días de tratamiento de vídeo corporal, en comparación con los días de control, cuando no se utilizaron cámaras. Tampoco hubo en los siguientes casos: tasa de asaltos a la policía, avisos de infracción del código penal o en las tasas de órdenes de alejamiento emitidas por la policía.

Las tasas de uso de la fuerza fueron mayores los días de tratamiento de cámaras corporales, en comparación con los días de control. Hubo un incidente de uso de la fuerza por cada 1.000 trabajos de envío asistido por ordenador en los días de tratamiento y 0,7 incidencias por cada 1.000 trabajos de envío asistido por ordenador en los días de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y en la dirección opuesta a la esperada.

Las quejas de los ciudadanos contra la policía eran más frecuentes en los días de tratamiento con cámaras, en comparación con los días de control. Hubo 0,7 quejas por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador en los días de tratamiento y 0,4 quejas por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador en los días de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y en la dirección opuesta a la esperada.

Las tasas de cargos penales fueron mayores los días de tratamiento con cámaras corporales, en comparación con los días de control. Hubo 139,2 cargos penales por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador los días de tratamiento, frente a 125,5 cargos penales por cada 1.000 puestos de trabajo asistido por ordenador los días de control. Esta diferencia fue estadísticamente significativa.

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