El Consejo ha renovado, sin cambios, la denominada ‘lista de terroristas de la Unión Europea’, que contiene las personas, grupos y entidades sometidos a medidas restrictivas para combatir el terrorismo.

Las 13 personas y 21 grupos y entidades de la lista están sujetos a la congelación de sus fondos y otros activos financieros en la UE. Además, les está prohibido a los operadores de la UE poner a su disposición fondos y recursos económicos.

El Consejo estableció la lista por primera vez en aplicación de la Resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, que siguió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Revisa la lista a intervalos regulares y al menos cada seis meses, en base a la información sobre nuevos hechos y novedades relacionados con las designaciones.

Este régimen de sanciones es independiente del régimen de la Unión que implementa las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) y que tiene como objetivo Al Qaeda e ISIL/Daesh, y que también permite en la Unión Europea aplicar medidas restrictivas, de forma autónoma, a ISIL/Daesh y Al Qaeda y a personas y entidades asociadas o que les dan apoyo.

Como se expresa por varios medios, la lucha contra el terrorismo es una prioridad de la UE. Los estados miembros colaboran estrechamente para prevenir ataques terroristas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Desde la Unión se trabajan aspectos diversos, tales como la prevención de la radicalización, la lista terrorista de la UE, el intercambio de información, la figura del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, acciones para cortar la financiación del terrorismo, el control de las armas de fuego, la digitalización de la cooperación judicial, medidas para frenar a los combatientes terroristas extranjeros y la cooperación con países no miembros de la UE.

Tras una serie de ataques desde el 2015, la Unión Europea ha ido adoptando varias medidas para intentar parar el terrorismo.

Aunque la responsabilidad de luchar contra la delincuencia y salvaguardar la seguridad recae principalmente en los estados miembros, los atentados terroristas de los últimos años han demostrado que esta también es una responsabilidad común que tienen que asumir de forma conjunta. La UE contribuye a la protección de sus ciudadanos actuando como principal foro de cooperación y coordinación entre los estados miembros.

La radicalización no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una amenaza bastante más grave en los últimos años.

Las tecnologías de comunicación en línea han facilitado que los terroristas se comuniquen a través de las fronteras y han amplificado la propaganda terrorista y la propagación del extremismo.

Las autoridades competentes de los estados miembros tienen el poder de emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios que pueden exigirles que eliminen contenido terrorista o que inhabiliten el acceso a este contenido en el plazo de una hora.

El intercambio eficaz de información entre las autoridades policiales, judiciales y de inteligencia de los estados miembros es crucial para luchar contra el terrorismo, rastrear a los combatientes extranjeros y hacer frente al crimen organizado.

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también son una preocupación importante para el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos.

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