La llegada de las tecnologías basadas en cadenas de bloques o blockchain ha abierto una nueva frontera para las personas que quieren hacer transacciones financieras y otras de forma remota, anónima y sin necesidad de un tercero como un banco. La criptomoneda es, cada vez más, una forma de pago aceptada en muchas transacciones comerciales legítimas, pero también se utiliza para facilitar muchas actividades ilegales, en gran parte, justamente, por su capacidad de facilitar transacciones mayoritariamente anónimas de forma remota.
Desde Estados Unidos, con el apoyo del National Institute of Justice (NIJ), investigadores de RAND Corporation y el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía identificaron, en unas jornadas, las principales necesidades para mejorar las políticas y los procedimientos policiales sobre criptomonedas. Estas necesidades se refieren a políticas para la gestión de claves digitales, recursos para la formación de las fuerzas del orden sobre blockchain y criptomoneda y herramientas para investigar este tipo de monedas.
Los participantes priorizaron las necesidades asociadas a aumentar el nivel de conocimiento de los oficiales e investigadores, formar o contratar a expertos que puedan ayudar con las investigaciones y adaptar las políticas y procedimientos existentes para garantizar que las criptomonedas se gestionan de manera responsable.
Entre las recomendaciones que se hicieron en las jornadas, hay que destacar:
- Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para asegurar rápidamente los activos de criptomoneda durante las investigaciones.
- Desarrollar políticas y procedimientos de buenas prácticas para minimizar las oportunidades de manipulación incorrecta de la criptomoneda.
- Identificar políticas y procedimientos de buenas prácticas para almacenar, transferir y redactar claves digitales de criptomoneda dentro de los sistemas de gestión de registros.
- Catalogar y dar a conocer los recursos de formación que ya están disponibles, incluida la formación que no está adaptada a los profesionales de la justicia.
- Desarrollar sistemas de intercambio regionales o nacionales que faciliten el intercambio de materiales de formación e inteligencia para casos en curso.
- Desarrollar materiales modelo que se puedan adaptar fácilmente para la formación de aspirantes, investigadores, expertos forenses, fiscales, jueces y otros.
- Realizar investigaciones para examinar el equilibrio de habilidades y conocimientos que buscan las agencias policiales a la hora de contratar y evaluar si es probable que cumplan las necesidades actuales y futuras.
- Convocar a un grupo permanente de profesionales y expertos que puedan examinar y generar requisitos para las organizaciones de investigación y desarrollo.
- Trabajar con entidades federales, estatales, locales y privadas (por ejemplo, el Laboratorio Regional de Informática Forense o Abogados sin Fronteras) para poner a disposición los recursos adecuados de seguimiento de criptomonedas para poder compartir los costes más fácilmente.
- Evaluar los costes y beneficios del desarrollo de un centro de información del sector privado que permita al sector público y a las entidades del sector privado verificadas coordinarse (de la misma manera que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados examina los materiales potencialmente abusivos).
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