Actualmente, ya puede afirmarse que el “éxito” del Gobierno de El Salvador en el desmantelamiento de las maras es innegable. De la misma forma que se ha producido una fuerte centralización casi absoluta del poder en manos del presidente Nayib Bukele pero en detrimento del Estado de derecho.

Por su parte, la mayoría de los salvadoreños aceptan este pacto y apoyan a su presidente, algo que no ha pasado desapercibido para el resto de dirigentes de la región que afrontan sus propias crisis sobre crimen organizado. Sin embargo, algunas voces ya se han levantado para evitar que varios dirigentes se vean tentados a buscar la misma solución a sus problemas.

Pero lo cierto es que esto ya ha empezado a suceder. Como informan varios medios como Nuso, Hispanidad, Elconfidencial o Washingtonpost, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también decretó el pasado mes de diciembre el estado de excepción para facilitar la lucha contra las maras . Ecuador declaró cuatro regímenes de excepción durante el año 2022 militarizando centros penitenciarios y zonas con altas tasas de homicidios, y Jamaica hizo lo propio con el objetivo de combatir un repunte de la violencia a manos de varias organizaciones criminales.

Hace pocos días, El Salvador ofreció ayuda a Haití, el país más pobre de Latinoamérica y devastado por las bandas, para implementar su propio plan de control territorial. Y es que en una región que lleva décadas batallando por establecer una respuesta adecuada al crimen organizado, las políticas de Bukele resultan cada vez más atractivas. Sobre todo cuando estas políticas de seguridad cuentan con financiación internacional como la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una entidad con base en Honduras y uno de cuyos miembros es España.

Para algunos estudiosos de la problemática, el fin de las maras en El Salvador podría marcar el inicio de la era de la militarización y de las megaprisiones en Latinoamérica y el Caribe. En el caso de El Salvador, la campaña de detenciones masivas ha supuesto poner entre rejas a 60.000 personas, el 1% de la población salvadoreña. De esta forma, el país cuenta con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo (1.536 internos por cada 100.000 habitantes), a la vez que ha reducido drásticamente la tasa de asesinatos. En 2022, la tasa se situó en 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en 2015 era de 105.

Actualmente, los miembros de las marasque no han sido detenidos se encuentran en desbandada, incapaces de recibir órdenes de unas estructuras criminales descabezadas y una presencia menor o incluso inexistente en barrios que antes se encontraban bajo el control absoluto de estas bandas.

Mientras, los que se encuentran encarcelados deben recibir el apoyo económico de sus familias, ya que deben comprar paquetes de comida y productos básicos por valor de 170 dólares al mes. El sistema es sencillo: los familiares no pueden llevarles nada procedente de fuera de la prisión, por lo que no les queda otra salida que comprarles estos paquetes.

Más allá de las injusticias, muchos advierten que los resultados inmediatos del régimen de excepción esconden la marea de problemas que pueden verse detonados por esa ola sin precedentes de detenciones y represión. Y algunos expertos subrayan que la historia de El Salvador demuestra que estas políticas de mano dura a veces dan resultados a corto plazo, pero en realidad están generando un caldo de cultivo para que grupos criminales se reciclen, recluten a más personas y, a la larga, se fortalezcan aún más.

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