Es coordinador de proyectos transversales y de impulso de acciones formativas del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC). Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB). Master “La ciudad: políticas, proyectos y gestión” por la UB. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Fue el primer subdirector general de Coordinación de las Policías Locales. Ha sido concejal, vicepresidente de la Diputación de Barcelona y diputado en el Parlamento de Catalunya. Autor de varias publicaciones, la última: Del Estatuto a la autodeterminación (2013).

¿El concepto “Policía de Cataluña” introducido por la Ley 4/2003 es más un desiderátum que una realidad?         

Hoy el concepto “Policía de Cataluña” es una realidad, pero incompleta. La idea de que es Policía de Cataluña la que depende de las instituciones catalanas, Generalitat y ayuntamientos, o sea, la Policía de la Generalitat − Mossos d’Esquadra y policías locales, nació en los años ochenta a partir del modelo diseñado por Jaume Curbet. Expresaba una voluntad política inequívoca de construcción de una herramienta fundamental para el autogobierno del país. Se impulsaron algunos mecanismos legales imprescindibles para construir sistema: la primera Ley de coordinación de las policías locales (1984), sustituida luego por la Ley de 1991; la Ley de creación de la Escuela de Policía de Cataluña (1985), años después derogada por la Ley del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (2007) y la Ley de la Policía de la Generalidad − Mossos d’Esquadra (1994), y, más tarde, la Ley del sistema de seguridad (2003).  Estas leyes están hoy día superadas por la realidad, y la política de coordinación de las policías locales no ha dispuesto, a pesar de la voluntad de sus responsables sucesivos, de los recursos humanos y económicos que exigía la apuesta por un sistema de policía.

¿Qué reformas hay que introducir en el sistema de policía de Cataluña para responder adecuadamente a los retos de la seguridad ciudadana? ¿Conoce iniciativas que se estén poniendo en práctica en otros lugares que serían útiles en nuestro país?   

Nos hace falta la tantas veces anunciada Ley del Sistema de Policía de Cataluña. Es verdad que dentro del marco jurídico actual se podrían impulsar algunas de las iniciativas que necesitamos, pero no es menos cierto que hay tres factores que hacen imprescindible una ley: la aprobación del Estatuto de 2006, con nuevas competencias para la Generalidad en materia de seguridad (incluidas la definición del cuerpo de Mossos d’Esquadra como policía integral y la ordenación de las policías locales, no la simple coordinación); la finalización el año 2008 del despliegue territorial del cuerpo de Mossos sustituyendo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, y la aparición de nuevas formas de delincuencia, incluida la nueva amenaza terrorista. La única ley posterior al Estatuto es la del Instituto de Seguridad Pública. Es necesario un nuevo texto legal que supere las leyes de 1991 y 1994, y que actualice el marco estatutario de los Mossos y las policías locales, con una parte común para ambos cuerpos y una parte específica para cada uno. Estos últimos años, otras comunidades han seguido avanzando y ahora van por delante de nosotros: el País Vasco, con la convocatoria unificada de policías locales este curso; las nuevas leyes de Navarra (2015), aunque algunos de sus artículos hayan sido anulados por el Tribunal Constitucional; la Comunidad Valenciana (2017); las Baleares (2017) o la Comunidad de Madrid (2018). Desgraciadamente, hemos dejado de ser pioneros.

¿Cuál debe ser la responsabilidad de los municipios en el mantenimiento de la seguridad?         

Los municipios tienen definidas sus competencias y el papel de los alcaldes y alcaldesas y de las juntas de seguridad locales. Los planes locales de seguridad son una buena herramienta. Pero es necesario que la Generalidad ayude a los municipios, especialmente a los medianos y pequeños. Existen 214 cuerpos de policía local. Hoy el marco constitucional no permite la fusión de Mossos y policías locales, y dudo de que esta fuera la solución. Pero es imprescindible que las 214 policías locales, manteniendo su dependencia municipal, actúen, cada vez más, a través de mecanismos que unifiquen, ordenen y dignifiquen su papel.

¿Está bien diseñado el rol del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña o habría que hacer cambios para fomentar una mejora del sistema de Policía? ¿Haría falta algún órgano más de “sistema”?                                                                                    

La Ley de 2007 es muy avanzada, define el Instituto como mucho más que una simple suma de escuelas y se adapta al nuevo Estatuto: es un buen instrumento, que prevé, por ejemplo, que el Instituto actúe en materia de selección de las policías locales, tal como empiezan a hacer las comunidades que he mencionado antes, o que intervenga en el ámbito de la seguridad privada. El hecho de que ahora sea un centro adscrito a la Universidad de Barcelona e imparta el grado en seguridad tiene una gran trascendencia. Pero el ISPC necesita recursos económicos para mantener y actualizar las instalaciones y para impulsar mucho más la investigación; debería convertirse en un punto de referencia europeo en la reflexión e investigación sobre algunos temas: me atrevería a sugerir la mediación policial o la lucha contra la violencia machista.

Por otra parte, la nueva ley tendría que crear nuevos órganos para integrar mejor a las policías locales en el sistema: una mesa negociadora de las condiciones laborales en el ámbito nacional, una unidad centralizada de asuntos internos, una unidad central de compras de material… Hay muchas propuestas para construir un auténtico Sistema de Policía de Cataluña. Ojalá que, cuando las circunstancias lo permitan, empecemos a recuperar el tiempo perdido, a partir del consenso institucional y político que debe inspirar las políticas públicas de seguridad.

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Como delegada general del Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), Elizabeth Johnston es responsable de la estrategia y el desarrollo de EFUS, junto con el Comité Ejecutivo, así como de la gestión general de la organización. También es delegada general del Foro Francés para la Seguridad Urbana desde febrero de 2016.

Por otra parte, es miembro del Consejo Asesor del Parlamento Mundial de Alcaldes y colaboradora de la Universidad de Lieja (Bélgica). Anteriormente, y tras iniciar su carrera en una comunidad local, Elizabeth Johnston fue directora del Programa de la Fundación Franco-Americana y experta en prevención de violencia del Banco Mundial. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Assas (Francia), en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale (USA) y en Políticas Públicas por la Universidad de Marne-La-Vallée (Francia).

¿Cuáles serán los retos de la seguridad urbana en las próximas décadas? ¿Nos podría comentar los cuatro riesgos más importantes para la seguridad urbana para los próximos años?

Uno de los retos principales en materia de seguridad que afecta a todas nuestras ciudades europeas es la complejidad creciente y la rápida evolución de las amenazas a que se enfrentan. Aparte de los problemas cotidianos de seguridad, que siguen siendo importantes, nuestras ciudades gestionan las consecuencias de fenómenos globales que van mucho más allá: el tráfico de personas y de bienes, las redes terroristas, la ciberdelincuencia, etc. Estos fenómenos exigen a las fuerzas de seguridad ser altamente técnicas y tener capacidad de innovación y adaptación, lo que sacude los marcos administrativos habituales e impone nuevos partenariados y nuevas formas de plantear la seguridad.

Otro gran reto es el aumento de la desigualdad social y económica: alimenta un resentimiento que puede convertirse en violencia y delincuencia y debilita la cohesión social, que es la única garantía de una seguridad sostenible. Estas desigualdades también contribuyen al fenómeno de la polarización y dificultan todavía más la construcción del bien común de la seguridad.

Vinculadas a este fenómeno de polarización en relación con el de la globalización de los problemas, las ciudades tienen que hacer frente a una desconfianza por parte de los ciudadanos que es cada vez mayor con respecto a su acción pública. Construir y cultivar una relación de confianza entre las autoridades públicas y los ciudadanos es esencial para aplicar una política de seguridad sostenible, y, por eso, las ciudades también tienen que innovar en términos de transparencia, diálogo e, incluso, coproducción.

¿Cuál tiene que ser el papel de la ciudadanía en materia de seguridad urbana? ¿Se trata del rol de destinatario del servicio de seguridad pública?

Como toda política pública, las medidas de prevención y seguridad urbana tienen que definirse en función de las necesidades de los ciudadanos. Cada barrio, cada ciudad es diferente y sólo implicando plenamente a los habitantes podremos proponer respuestas adecuadas. Las personas tienen que participar en todas las etapas de nuestras políticas: diseño, aplicación y evaluación. Uno de los principales retos actuales es el de basar la participación ciudadana en los principios de solidaridad y representatividad para tener en cuenta a la sociedad en toda su diversidad. Las mujeres, la gente mayor y también los jóvenes no pueden ser sólo objetivo de las políticas de seguridad: tienen que convertirse en agentes de prevención y desarrollar plenamente su papel en la coproducción.

¿Todavía hay lugar para el Estado en materia de seguridad urbana o es un tema que debe tratarse desde las comunidades locales y en el ámbito internacional?

Las autoridades locales han demostrado durante muchos años que son actores esenciales para actuar sobre el entorno vital, sobre la seguridad cotidiana de los habitantes de las ciudades. Fenómenos como el extremismo violento o el crimen organizado tienen repercusiones que sobrepasan las fronteras regionales y nacionales. A menudo son el resultado de redes muy ágiles que se despliegan por toda Europa e, incluso, a escala internacional. Todos los niveles de gobierno tienen que trabajar unidos para poder adoptar respuestas complementarias. Además, actualmente, los gobiernos nacionales y europeos hacen que los entes territoriales sean muy dependientes, tanto desde el punto de vista económico como de legislación, de otros niveles de gobierno.

¿Cuáles son los protagonistas de la seguridad urbana? ¿Qué papel juegan la policía y la justicia?

La policía, la justicia y las instituciones penitenciarias tienen un papel clave en la seguridad urbana. No obstante, otros actores como las instituciones locales, la sociedad civil o el sector privado también juegan un papel clave, dando forma al concepto de “coproducción”. Las instituciones policiales y judiciales tienen que adaptarse a estos partenariados desarrollando doctrinas de trabajo y formando a sus funcionarios.

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