La internet de los cuerpos como evolución de la internet de las cosas

En este blog hemos publicado varias entradas y referencias sobre la seguridad en la internet de las cosas. El Termcat define este concepto como la “red formada por un conjunto de objetos conectados a internet que pueden comunicarse entre sí y también con humanos, y así transmitir y tratar datos con o sin intervención humana”. Una parte de estos objetos y dispositivos conectados tiene como función captar y procesar datos o información relacionados con el cuerpo humano y hacer su seguimiento. Se habla de estos objetos o dispositivos como la internet de los cuerpos (internet of the bodiesIoB– en inglés).  

La mayoría de estos dispositivos están relacionados con la salud. En un extremo habría los dispositivos relacionados con actividades médicas, ya sea de una manera temporal (por ejemplo, pastillas que captan y transmiten información del interior del cuerpo) o permanente (como las últimas generaciones de marcapasos). En otro extremo encontraríamos la tecnología portable (wearables, en inglés), cada vez más presente en nuestra vida diaria, como los relojes o pulseras inteligentes que registran la actividad física o la frecuencia cardíaca, camas que miden la respiración, balanzas que registran el peso, la grasa o el agua del cuerpo, entre otros valores, o ropa que permite regular la temperatura corporal. [1]

En otoño de 2020 Rand Corporation publicó una investigación acerca de las oportunidades, los riesgos y la gobernanza de estos dispositivos. Por una parte, se preguntaba cuáles eran los beneficios, los riesgos para la seguridad y la privacidad y las implicaciones éticas de la internet de los cuerpos. Por otra parte, se preguntaba qué se estaba haciendo, en Estados Unidos, por regular la internet de los cuerpos y los datos recogidos por estos dispositivos. Por último, intentaba responder la pregunta de qué se podía hacer para compensar los riesgos y los beneficios de la internet de los cuerpos.

Con respecto a los riesgos en el ámbito de la privacidad, existen dudas sobre quién puede llegar a tener acceso a los datos y qué uso podría llegar a darles. En cuanto a los riesgos para la seguridad, serían equivalentes a los de otros dispositivos de la internet de las cosas, como la vulnerabilidad que supone que personas no autorizadas accedan al dispositivo, aunque en los dispositivos sobre el cuerpo humano los peligros potenciales o los daños y efectos si se materializara alguna de las vulnerabilidades serían mucho más elevados.

El rápido crecimiento y desarrollo de estas nuevas tecnologías ha hecho que no exista suficiente normativa al respecto o que todavía esté por concretar cómo se puede aplicar o adaptar la regulación existente. Además, también son necesarios una gran sensibilización y un gran trabajo por parte de los desarrolladores y fabricantes para que minimicen o eliminen las posibles vulnerabilidades de los aparatos.

Para más información:

The Internet of Bodies Will Change Everything, for Better or Worse. – https://www.rand.org/blog/articles/2020/10/the-internet-of-bodies-will-change-everything-for-better-or-worse.html

The Internet of Bodies. Opportunities, Risks, and Governance https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3226.html

[1] Otra clasificación de los dispositivos de la internet de las cosas es la que los presenta en tres generaciones: la primera la formarían los dispositivos externos al cuerpo; la segunda, los integrados al cuerpo, y la tercera, los fusionados al cuerpo.

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Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial

Durante el año 2020, el riesgo de una pandemia mundial se hizo realidad. Según varias encuestas realizadas por gobiernos y empresas, los daños causados durante el último año son muy graves e importantes en todos los ámbitos de la sociedad.

Es en este contexto que se publica la 16.ª edición del Informe de riesgos globales 2021 del Foro Económico Mundial. El análisis se centra en los riesgos y las consecuencias de ampliar las desigualdades y la fragmentación social. En algunos casos, las disparidades en los resultados de la salud, la tecnología o las oportunidades de la mano de obra son el resultado directo de la dinámica creada por la pandemia. En otros, las divisiones sociales ya presentes se han ampliado y han debilitado las redes de seguridad y las estructuras económicas en exceso.

Habría que reducir las distancias actuales, dependiendo de las acciones realizadas a raíz de la pandemia de COVID-19 para reconstruir hacia un futuro inclusivo y accesible. La inacción sobre las desigualdades económicas y la división social pueden continuar con la acción contra el cambio climático, amenaza todavía existente para la humanidad.

Se manifiesta también una creciente fragmentación social a través de riesgos persistentes y emergentes, aumento del paro, ampliación de la grieta digital y desencanto entre los jóvenes, que puede tener graves consecuencias en una era de mala coyuntura económica y de riesgos ambientales, geopolíticos y tecnológicos.

El coste humano y económico inmediato de la pandemia de COVID-19 es muy grave. Amenaza con reducir los años de progreso y de disminución de la pobreza y la desigualdad, y para avanzar, debilitar la cohesión social y la cooperación global. Las interacciones y los cambios bruscos en los mercados podrían conducir a consecuencias terribles y oportunidades perdidas para gran parte de la población mundial. El malestar social, la fragmentación política y las tensiones geopolíticas configurarán la eficacia de nuestra respuesta a las otras amenazas clave de la próxima década: ciberataques, armas de destrucción masiva y, sobre todo, el cambio climático.

En el Informe de riesgo global 2021 se comparten los resultados de la última encuesta de percepción de riesgos globales, seguidos del análisis del crecimiento económico y social, divisiones industriales, sus interconexiones e implicaciones en nuestra capacidad para resolver los principales riesgos mundiales que requieren cohesión social y cooperación global.

El informe finaliza con propuestas de mejora, de resiliencia, extraída de las lecciones de la pandemia y del análisis de riesgos históricos.

Entre los riesgos con mayor probabilidad de los siguientes diez años se encuentran los meteorológicos extremos, el fracaso de la acción climática y los daños ambientales causados por los humanos, así como la desigualdad digital y el fracaso de la ciberseguridad.

Entre los riesgos de mayor impacto para la próxima década, el informe destaca las enfermedades infecciosas –sitúa a China en primer lugar–, seguidas del fracaso de la acción climática y de otros riesgos ambientales, y también las armas de destrucción masiva, crisis de subsistencia o crisis de deuda.

Por último, también incluyen crisis de empleo y medios de subsistencia, desencanto generalizado de los jóvenes, desigualdad digital, estancamiento económico, daños ambientales causados por el hombre, erosión de la cohesión social y ataques terroristas.

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Los grupos de delincuencia organizada provocan un incremento de los delitos violentos en la Unión Europea

Un nuevo informe de Europol advierte que los grupos de delincuencia organizada utilizan cada vez más la violencia en la consecución de sus objetivos criminales, y esta violencia representa una amenaza para la seguridad pública en la UE.

Basándose en un análisis de las contribuciones de los estados miembros a Europol en los últimos años, ha habido un aumento del número de incidentes violentos asociados a la delincuencia organizada. Además, el análisis apunta a una voluntad creciente de los grupos criminales de recurrir a la violencia letal.

En este informe, Europol destaca los factores que sustentan esta tendencia y los retos que plantea a las fuerzas del orden, y desarrolla un conjunto de recomendaciones.

La participación en bandas criminales de asesinos jóvenes y sin experiencia y la accesibilidad de las armas de fuego y los explosivos, junto con incidentes violentos perpetrados a menudo en lugares públicos concurridos y a plena luz del día, son considerables amenazas a la seguridad pública.

Los grandes puertos de la UE explotados por grupos criminales como puntos de tráfico y las calles de las ciudades próximas son particularmente vulnerables a la violencia. Los grupos internacionales de delincuencia organizada han establecido puntos de recorrido en estos puertos y a su alrededor, donde se están produciendo la corrupción y la intimidación de los trabajadores que son críticos para la descarga y almacenaje de productos ilícitos y la competencia para su distribución.

El aumento de la violencia en los mercados ilícitos se puede relacionar con la creciente competencia entre redes criminales. La mayoría de las violencias mortales y graves relacionadas con las drogas se han reportado en los mercados de cocaína y cannabis, que recientemente han atraído nuevos elementos.

El informe también señala un aumento del uso de la violencia grave por parte de los grupos de delincuencia organizada para llevar a cabo sus actividades criminales. Estos delitos violentos no afectan exclusivamente a los criminales; se dirigen a no delincuentes, incluidas las víctimas de trata de seres humanos, robos violentos, policías, abogados, testigos e informantes, periodistas de investigación o trabajadores portuarios poco cooperativos.

A partir de su análisis, Europol ha elaborado un conjunto de recomendaciones para ayudar a las autoridades policiales a combatir la delincuencia organizada:

• Anticipar de manera proactiva las tendencias y cambios en los mercados criminales y las estructuras de redes.

• Adoptar un enfoque integral paso a paso que incluya la detección y la disuasión (incluido el ataque a las finanzas penales en una etapa anterior).

• Centrarse en los procesos y recursos a través de los cuales se cometen los delitos para identificar los puntos para la intervención.

• Seguir promoviendo la cooperación a nivel regional e internacional.

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Nayib Bukele considera una farsa los Acuerdos de paz de 1992 en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, canceló la conmemoración de los Acuerdos de paz de Chapultepec liderados con éxito por la ONU en 1992, que pusieron fin a una guerra civil de 12 años que dejó más de 75.000 muertos en el país centroamericano.

Organizaciones de derechos humanos, víctimas de guerra, grupos opositores, intelectuales y exguerrilleros se han posicionado contra las recientes declaraciones del presidente salvadoreño contra los Acuerdos de paz de hace 29 años.

La indignación creció en El Salvador el 16 de enero de este año cuando, por segundo año consecutivo, el mandatario rehusó conmemorar la firma de los Acuerdos de paz. Es más, declaró que los Acuerdos de paz eran una farsa, un negocio de las élites y un pacto entre corruptos. Para Bukele, la firma de los acuerdos no representó ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos, sino que se tradujo en el inicio de una etapa de más corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos, en referencia a los integrantes del Gobierno de la época y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Después de esto, un grupo de organizaciones sociales y de víctimas del enfrentamiento armado exigieron a Bukele que respetara los acuerdos y mantuviera el compromiso del Gobierno a favor de los derechos humanos, mientras que un centenar de académicos salvadoreños y extranjeros hicieron pública una carta en la que rehusaban las declaraciones del presidente y pedían respeto por la verdad y la memoria histórica.

Hay que añadir que Bukele ya había levantado una polvareda política al impedir que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza del Mozote, tras desobedecer una orden judicial para inspeccionar los archivos como parte del proceso judicial que pretende aclarar la matanza que tuvo lugar en aquella comunidad.

También han criticado a Bukele exintegrantes de las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los grupos próximos al FMLN. Muy pocas familias de este país se han librado de ser tocadas, lesionadas o partícipes de esta confrontación tan larga. Con las declaraciones negacionistas, el presidente coloca nuevamente el país en bandos, cuando los Acuerdos de paz son logros de toda la sociedad salvadoreña, más allá de los partidos políticos.

Pero el intento de Bukele de anular a los demás sí que le ha funcionado en su carrera política y es su intención declarada de vencer en las elecciones legislativas y municipales del próximo mes de febrero. Son una meta para  él y para todos los políticos que le precedieron y que ahora ya no le aplauden, sino que son un lastre, y su estrategia pasa por anularlos en las urnas y en la memoria de los salvadoreños.

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Una agenda antiterrorista para la UE: anticiparse, prevenir, proteger y responder

Así se desprende de la comunicación del pasado mes de diciembre de 2020 de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre política antiterrorista.

El reciente periodo de ataques a tierras europeas ha servido para recordar que el terrorismo sigue siendo un peligro real y actual. A medida que evoluciona esta amenaza, también tiene que hacerlo la cooperación para contrarrestarla. La naturaleza transnacional de las redes terroristas requiere un fuerte enfoque colectivo a nivel de la Unión Europea, que salvaguarde y mantenga la sociedad pluralista, los valores comunes y la forma de vida europea. Los y las ciudadanas tienen derecho a sentirse seguros en casa y en la calle, así como en internet. La UE tiene un papel clave a la hora de ayudar a garantizar esta seguridad.

La UE continúa en alerta terrorista. Persiste la amenaza yihadista o inspirada por Daesh, Al Qaeda y sus afiliados. Las amenazas de extremistas violentos de derecha e izquierda aumentan. La naturaleza de los ataques también está cambiando. La gran mayoría de los ataques recientes los llevaron a cabo individuos que actuaban solos, a menudo con una preparación limitada y armas fácilmente disponibles, dirigidos a espacios densamente concurridos o altamente simbólicos. Aunque es probable que los ataques con un solo actor sigan prevaleciendo, no se pueden excluir ataques más sofisticados. La UE también tiene que estar preparada para las amenazas de tecnologías nuevas y emergentes, como el uso malicioso de drones, la inteligencia artificial y el material químico, biológico, radiológico y nuclear. La difusión de ideologías radicales y de material de orientación terrorista se acelera mediante el uso de propaganda en línea, y el uso de las redes sociales a menudo se convierte en una parte integral del mismo ataque.

En primer lugar, hay que ser capaces de anticipar mejor las amenazas existentes y emergentes en Europa. El intercambio de información y una cultura de cooperación multidisciplinar y multinivel siguen siendo claves para una evaluación sólida de las amenazas que puede constituir la base de una política antiterrorista a prueba de futuro.

En segundo lugar, hay que trabajar para evitar que se produzcan ataques, abordando y combatiendo mejor la radicalización y las ideologías extremistas antes de que arraiguen, dejando claro que el respeto a la forma de vida europea, a sus valores democráticos y a todo lo que representa no es opcional. Esta agenda establece maneras de dar apoyo a los actores locales y construir comunidades más resistentes con prioridad, en estrecha coordinación con los estados miembros, teniendo en cuenta que algunos ataques también han sido realizados por europeos.

En tercer lugar, para proteger eficazmente a los europeos, hay que seguir reduciendo las vulnerabilidades, ya sea en espacios públicos o para las infraestructuras críticas que son esenciales para el funcionamiento de nuestras sociedades y nuestra economía. Es fundamental modernizar la gestión de las fronteras externas de la UE mediante sistemas de información de la UE a gran escala nuevos y actualizados, con un apoyo reforzado por Frontex, y garantizar controles sistemáticos en las fronteras externas de la UE. Eso es necesario para cerrar lo que de otra manera sería una grieta de seguridad a la hora de volver los combatientes terroristas extranjeros.

En cuarto lugar, para responder a los ataques cuando se produzcan, hay que aprovechar al máximo el apoyo operativo que pueden proporcionar las agencias de la UE, como Europol y Eurojust, así como asegurar el marco legal adecuado para llevar a los autores a la justicia y garantizar que las víctimas reciban el apoyo y la protección que necesitan.

Finalmente, el compromiso internacional entre los cuatro pilares de esta agenda, que facilita la cooperación y promueve la creación de capacidades, es esencial para mejorar la seguridad en la UE.

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Se incrementan un 45% los ciberataques en el ámbito de la salud

Los ciberataques contra organizaciones sanitarias de todo el mundo han aumentado más del doble que los dirigidos a otros sectores en los últimos dos meses del 2020.

Los últimos datos de los proveedores de seguridad cubren el periodo que va desde principios de noviembre hasta finales de 2020 y están comparados con los de los dos meses anteriores (septiembre-octubre).

Estos proveedores comunicaron un aumento del 45% en los ataques al sector sanitario, frente a menos de la mitad de esta cifra, el 22%, para el resto de sectores. El mes de noviembre de 2020 fue especialmente malo en el sector sanitario, que sufrió 626 ataques semanales por término medio por organización, en comparación con los 430 de los dos meses anteriores.

Aunque los ataques abarcan una gran variedad de categorías (incluidos el software de secuestro o ransomware, redes de bot, ejecución de código remoto y DDoS), el ransomware es el que presenta el mayor aumento global y el que representa la mayor amenaza.

De hecho, desde el inicio de la crisis de la COVID-19 los ciberdelincuentes con motivación financiera están persiguiendo el sector sanitario, conscientes de que los hospitales y las clínicas están ajetreados con el enorme aumento de los casos que llegan a sus puertas.

Microsoft reveló en abril que estos grupos utilizan cada vez más tácticas para establecerse en las redes, realizar movimientos laterales y robos de credenciales y filtrar datos antes de desplegar su carga útil de ransomware.

Europa central experimentó el mayor aumento de los ciberataques contra el sector sanitario durante el periodo descrito (145%), seguida de Asia Oriental (137%) y América Latina (112%).

Europa registró un aumento del 67%, aunque España duplicó los ataques y en Alemania hubo un aumento del 220%. A pesar de que Norteamérica (37%) experimentó el aumento más pequeño a nivel regional, Canadá experimentó el mayor incremento de cualquier país, un 250%.

El año pasado, varias redes hospitalarias de todo el mundo se vieron afectadas por ataques de software de secuestro, lo que provocó que los delincuentes cibernéticos tuvieran voluntad de ir a más.

Aparte, el uso del ransomware Ryuk pone el acento en la tendencia a tener ataques de secuestro más específicos y adaptados en lugar de utilizar una campaña masiva de correo basura. Eso permite a los atacantes asegurarse de que llegan a las partes más críticas de la organización y que tienen más posibilidades de recibir el rescate.El parche virtual, la educación de los empleados, estar alerta los fines de semana –cuando suelen atacar los ciberdelincuentes– y las soluciones anti-ransomware también son herramientas cruciales para luchar contra los ciberdelincuentes.

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Costa Rica, la seguridad en Centroamérica

Costa Rica está situada geográficamente en Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el mar Caribe y al oeste con el océano Pacífico. Su extensión territorial es de 51.060 kilómetros cuadrados. A 1 de enero de 2019 su población era de poco más de 5 millones de habitantes.

La tasa de homicidios dolosos en Costa Rica por cada 100.000 habitantes mantiene la tendencia a la baja desde 2017, llegando al cierre de 2019 a una tasa del 11,2, la más baja del periodo, y más baja que la media de Latinoamérica, que es del 20,1.

La tasa de muertes violentas en el año 2018 fue del 11,7 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente la mitad que la de Latinoamérica. Durante el año 2018 hubo 586 muertes violentas, 16 menos que en 2017. Esta reducción es la primera en los últimos 6 años, ya que desde el año 2012 las muertes violentas en Costa Rica presentaban una tendencia al alza.

El 91% de las víctimas de muerte violenta en el año 2018 fueron hombres; a pesar de eso, la tasa de muertes violentas de mujeres se incrementó en 0,3 puntos en comparación con el año 2017. Las principales víctimas de muertes violentas son los hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. Del total de víctimas, el 41% fueron hombres entre estas edades.

En las provincias de San José y Limón sucedió la mayor cantidad de muertes violentas. Una de cada dos muertes violentas en el país fue cometida en estas dos provincias.

En 2018 fueron denunciadas 504 violaciones y abusos deshonestos. Estos delitos son los que representan una mayor reducción en comparación con el año 2017, con una disminución del 5%.

Aproximadamente 9 de cada 10 denuncias fueron realizadas por mujeres, y las principales víctimas tenían entre 15 y 17 años. La tasa de violaciones en este grupo de mujeres es 4 veces superior al resto de grupos de edad.

Los delitos contra la propiedad son los hechos más denunciados en Costa Rica. El principal delito contra la propiedad es el hurto, con un total de 18.489 registros en 2018, lo que supone el 31% del total.

En el caso de los hurtos, la mayoría se cometieron contra personas. Con todo, los hurtos en viviendas y de vehículos presentan un porcentaje mayor en comparación con los asaltos. Finalmente, los robos se dirigieron principalmente contra viviendas, seguidos de robos de vehículos.

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El Consejo Europeo pide combatir las amenazas híbridas y reforzar la resiliencia

El Consejo Europeo ha adoptado una serie de conclusiones que piden respuestas a nivel de la Unión Europea para combatir las amenazas híbridas, incluida la desinformación y el refuerzo de la resiliencia. El Consejo señala que las nuevas tecnologías y las crisis, como la pandemia de la COVID-19, ofrecen oportunidades a los actores hostiles para ampliar sus actividades de interferencia. Estos suponen un reto adicional para los estados miembros y las instituciones de la UE, además de la gestión de la propia crisis.

El Consejo reconoce que la pandemia de la COVID-19 lleva a la UE y a sus estados miembros a ser más vulnerables a las amenazas híbridas. Estas amenazas incluyen el aumento de la propagación de la desinformación y las interferencias manipuladoras. Abordar estas amenazas, en particular las actividades cibernéticas maliciosas, la desinformación y las amenazas a la seguridad económica, requieren un enfoque integral que implica una cooperación y coordinación efectivas.

En este contexto, el Consejo reconoce que el enfoque de la UE para abordar la desinformación es multidisciplinar e implica a varias partes interesadas. El Consejo invita a la Comisión y al Alto Representante a mejorar aún más las respuestas de la UE, teniendo en cuenta los daños económicos y sociales, así como los posibles daños en la salud pública, causados por la desinformación y el uso maligno de las nuevas tecnologías emergentes, incluidas las del ámbito de la inteligencia artificial.

El Consejo también insta a continuar los esfuerzos para fortalecer a los grupos de trabajo y desarrollar el sistema de alerta rápida con el objetivo de desarrollar una plataforma integral para los estados miembros y las instituciones de la UE.

Asimismo, se invita a la Comisión a desarrollar e implementar eventualmente requisitos de transparencia adicionales para las plataformas en línea. El objetivo de estos requisitos sería promover una esfera pública digital, desarrollar una mayor rendición de cuentas y mejorar la transparencia en la resolución de la desinformación.

El Consejo señala que el compromiso y las medidas diplomáticas son una herramienta europea eficaz. Eso se añade a la mejora de la resiliencia, que sigue siendo una de las tareas más importantes y que se encuentra en el centro de los esfuerzos europeos por combatir las amenazas híbridas.

Para acabar, el Consejo invita a la Comisión y al Alto Representante a tener un papel activo en la resolución de las vulnerabilidades paneuropeas, incluida la garantía de la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro. Todo eso como medida para garantizar la seguridad económica, y proponer iniciativas diseñadas para reforzar la resiliencia y mejorar las respuestas según corresponda, teniendo en cuenta las tecnologías emergentes.

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El Estado de Oregón despenaliza todas las drogas

Oregón se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en despenalizar la tenencia de todas las drogas el 3 de noviembre de 2020.

A través de la cláusula 110, una iniciativa de votación financiada por la Drug Policy Alliance, un grupo de defensa sin ánimo de lucro, aprobó la iniciativa con más del 58% de los votos. Poseer heroína, cocaína, metanfetamina y otras drogas para uso personal ya no es un delito criminal en Oregón.

Estas drogas siguen contraviniendo la ley, como también lo hace su venta. Pero la posesión es ahora una violación civil –no  criminal– que puede provocar una multa o una terapia ordenada por el tribunal, no la pena de prisión. La marihuana, que Oregón legalizó en 2014, sigue siendo totalmente legal.

Hay tres argumentos principales para esta importante reforma de la política sobre drogas.

1. La prohibición de las drogas ha fracasado

La razón aparente para castigar duramente a los usuarios de drogas es disuadir su consumo. Pero décadas de investigaciones han concluido que el efecto disuasivo del castigo penal estricto es pequeño, si existe. Eso es especialmente cierto entre los jóvenes, que son la mayoría de los consumidores de drogas.

Los Estados Unidos tienen el porcentaje de encarcelamiento más alto del mundo y uno de los índices más elevados de consumo de drogas ilegales. Aproximadamente una persona de cada cinco encarcelados en los Estados Unidos está cometiendo un delito por drogas.

Como criminalizar las drogas no impide realmente su consumo, la despenalización no lo aumenta realmente. Portugal, que despenalizó la tenencia personal de todas las drogas en 2001 como respuesta a un elevado consumo de drogas ilícitas, tiene tasas de consumo mucho más bajas que la media europea.

2. La despenalización aprovecha mejor el dinero

Arrestar, procesar y encarcelar personas por delitos relacionados con las drogas es caro.

El economista de Harvard Jeffrey Miron calcula que todos los gastos gubernamentales relacionados con la prohibición de las drogas fueron de 47.800 millones de dólares americanos en 2016. Oregón gastó unos 375 millones de dólares en prohibición de drogas aquel año.

Oregón desviará una parte del dinero que anteriormente se utilizaba para hacer cumplir las penas por drogas para pagar una docena de nuevos centros de prevención y tratamiento de drogas en todo el estado, que se ha valorado como una estrategia significativamente más rentable. Algunos ingresos fiscales por ventas recreativas de marihuana, que superaron los 100 millones de dólares en  2019, también se destinarán a los servicios de adicción y recuperación.

3. La guerra contra las drogas se dirige ​​a personas de color

Otro objetivo de la despenalización es mitigar las importantes disparidades raciales y étnicas asociadas a la aplicación de la ley contra las drogas.

El consumo ilegal de drogas es aproximadamente comparable en todas las razas de los Estados Unidos, pero las personas de color son mucho más propensas a ser registradas, arrestadas y encarceladas por un delito relacionado con las drogas. Los delitos contra las drogas pueden incurrir en largas condenas de prisión.

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La pandemia de COVID-19 y el rol de la policía

El doctor Jonas Grutzpalk −profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Ciencias Aplicadas para la Policía y la Administración Pública de Renania del Norte-Westfalia, Alemania− hizo una investigación sobre cómo el trabajo de policía se había visto afectado por el surgimiento de la pandemia de COVID-19.

El plan de estudios de la policía de Renania del Norte-Westfalia, donde imparte clases, toca muchos temas distintos que van desde la ética, la sociología, las competencias interculturales, etc. hasta diferentes ramas del derecho (penal,  tráfico, función pública) y las llamadas “asignaturas policiales”, como ciencias forenses, tácticas, de gestión del tráfico, etc.

A partir de aquí, el doctor se planteó varias cuestiones: ¿Cómo cambia todo eso el coronavirus? ¿Cómo afecta la COVID-19 a la educación policial? ¿Y de qué formas? ¿Hay lecciones importantes para las futuras generaciones policiales que se están aprendiendo ahora mismo mientras se controla la pandemia real? ¿Puede ser que las fuerzas policiales estén aprendiendo algo sobre la vigilancia de una pandemia que se tendría que enseñar en las academias de policía de toda Europa?

En una serie de entrevistas que hizo a agentes de policía dentro y fuera del puesto de trabajo, preguntó a los entrevistados qué había aprendido la policía como institución durante la pandemia y qué tipo de procesos de aprendizaje les gustaría. Sus respuestas tocan varios temas, pero destacaban el problema creciente del escepticismo violento hacia las medidas adoptadas para allanar la curva de las nuevas infecciones.

Comunicación. Algunos de los  entrevistados argumentan que la comunicación con la gente en la calle se ha vuelto más difícil, ya que al llevar máscaras les ha dificultado la expresión a través de los gestos faciales. Y también se ha vuelto más complicado descifrar el estado emocional de las personas con que trata la policía.

Autoprotección. Escupir a agentes de policía siempre ha sido un modo de mostrar desprecio. Con la COVID-19, esta forma de ataque físico ha adquirido un significado nuevo y más peligroso, ya que también podría estar destinado a infectar intencionadamente con el coronavirus a los agentes de policía. La autoprotección de los agentes de policía, que es una parte importante del entrenamiento, pasa de este modo de evitar fuertes ataques a evitar encuentros que puedan provocar una infección. Pero eso, por descontado, amplía la distancia entre la policía y la ciudadanía, lo cual los entrevistados intentaron evitar al máximo. Queda por saber cómo los agentes de policía se pueden proteger contra los daños y ser un poco accesibles para las personas que tratan.

Enseñanza online. Las principales preocupaciones expresadas en este contexto se refieren al bienestar emocional de los estudiantes, pero también al contenido de lo que se enseña a medida que se clasifica parte del material. La educación policial está aprendiendo a tratar el tema de la educación online y hay muchas nuevas lecciones aprendidas por el camino.

Trabajo en casa y administración. Uno de los entrevistados planteó la pregunta de si la policía sería capaz de implementar el trabajo en casa. Uno de los principales problemas aquí es, por descontado, la seguridad de los datos, pero parece que también existe un problema cultural.

Estos pocos ejemplos muestran que la pandemia actual está imponiendo algunas lecciones que hay que aprender sobre la policía moderna. Todavía hay muchas más pendientes de mencionar. Lo que es interesante de estas lecciones es:

a) hasta qué punto se podrían institucionalizar

b) cómo podrían afectar a la conducta de la policía en la vida cotidiana

c) si nunca se aprenderán o más bien serán ignoradas

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