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Décima edición del informe de la Agencia Europea de la Ciberseguridad -ENISA

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Esta es la décima edición del informe ENISA Threat Landscape (ETL), un informe anual sobre el estado global de las amenazas en el ámbito de la ciberseguridad. El documento identifica las principales amenazas, las principales tendencias observadas con respecto a las amenazas, los actores de la amenaza y las técnicas de ataque, así como el análisis de impacto y motivación. También describe las medidas de mitigación más relevantes en la actualidad.

El trabajo de este año ha vuelto a contar con el apoyo del Grupo de trabajo ad hoc de ENISA sobre paisajes de amenaza a la ciberseguridad (CTL). Durante el periodo de informe del ETL 2022, las principales amenazas identificadas incluyen: ransomware, software malicioso, amenazas de ingeniería social, amenazas contra los datos, amenazas contra la disponibilidad: denegación de servicio, amenazas de Internet, desinformación y ataques a la cadena de suministro.

Para cada una de las amenazas identificadas, se proponen determinadas técnicas de ataque, incidentes y tendencias notables junto con medidas de mitigación. Con respecto a las tendencias durante el periodo de elaboración del informe, el documento destaca lo siguiente:

Impacto de la geopolítica en el panorama de las amenazas a la ciberseguridad:

  • El conflicto entre Rusia y Ucrania ha remodelado el panorama de las amenazas durante el periodo de elaboración del informe.
  • La geopolítica sigue teniendo un impacto muy fuerte en las operaciones cibernéticas.
  • Los ataques destructivos son un componente destacado de las operaciones de los actores estatales.
  • La desinformación es una herramienta en la ciberguerra. Se utilizó incluso antes de que empezara la guerra “física” como actividad preparatoria para la invasión rusa de Ucrania.

El ransomware y los ataques contra la disponibilidad son los más altos durante el periodo del informe:

  • Aumento significativo de los ataques contra la disponibilidad, especialmente DDoS, y la guerra en curso son los motivos principales de estos ataques.
  • El phishing vuelve a ser el vector más común para el acceso inicial. Los avances en la sofisticación de la pesca, la fatiga de los usuarios y la pesca orientada y basada en el contexto han provocado este incremento. Los nuevos cebos en las amenazas de ingeniería social se están centrando en el conflicto Ucrania-Rusia de una forma parecida a lo que pasó durante la situación de covid.
  • El software malicioso vuelve a aumentar tras la disminución que se notó, vinculada a la pandemia de la COVID-19.
  • Los DDoS son cada vez mayores y complejos, se están avanzando hacia redes móviles e IoT y se utilizan en el contexto de la ciberguerra.

Las nuevas amenazas, híbridas y emergentes, están marcando el panorama de amenazas con un gran impacto.

  • Desinformación y falsificaciones profundas con inteligencia artificial.
  • Entender las tendencias relacionadas con los actores de las amenazas, sus motivaciones y sus objetivos ayuda mucho a planificar las defensas de ciberseguridad y las estrategias de mitigación. Por lo tanto, a efectos del ETL 2022, se vuelven a considerar las siguientes cuatro categorías de actores de amenaza de ciberseguridad: actores patrocinados por el estado, actores de cibercrimen, actores piratas informáticos y hacktivistas.

Mediante un análisis continuo, ENISA obtuvo tendencias, patrones y conocimientos para cada una de las principales amenazas presentadas en el informe ETL 2022. Las conclusiones y los juicios clave de esta evaluación se basan en recursos múltiples y disponibles que se proporcionan en las referencias utilizadas para el desarrollo de este documento. El informe se dirige principalmente a los decisores estratégicos y a los responsables políticos, a la vez que es de interés para la comunidad técnica de ciberseguridad.

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La Unión Europea refuerza la ciberseguridad y la resiliencia en toda la Unión

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El Consejo Europeo adoptó determinados aspectos legislativos con el fin de aplicarlos a un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión. El objetivo es mejorar todavía más la resiliencia y las capacidades de respuesta a incidentes del sector público y privado y de la Unión en conjunto.

La nueva directiva, denominada ‘NIS2’, sustituirá a la directiva actual sobre seguridad de redes y sistemas de información (la directiva NIS). Con esta iniciativa, desde el mismo Consejo consideran que sin duda la ciberseguridad seguirá siendo un reto clave para los próximos años. En esta línea, la nueva legislación es una apuesta enorme para nuestras economías y nuestros ciudadanos.

La NIS2 establecerá la línea de base para las medidas de gestión del riesgo de ciberseguridad y las obligaciones de información en todos los sectores que están cubiertos por la directiva, como la energía, el transporte, la salud y la infraestructura digital.

La directiva revisada tiene como objetivo armonizar los requisitos de ciberseguridad y la implementación de medidas de ciberseguridad en los diferentes estados miembros. Para conseguirlo, establece normas mínimas para un marco normativo y mecanismos para una cooperación efectiva entre las autoridades relevantes de cada estado miembro. Actualiza la lista de sectores y actividades sujetas a obligaciones de ciberseguridad y prevé recursos y sanciones para garantizar su ejecución.

La directiva establecerá formalmente la Red Europea de Organización de Enlace de Crisis Cibernéticas, EU-CYCLONE, que prestará apoyo a la gestión coordinada de incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala.

Si bien, según la antigua directiva NIS, los estados miembros eran los encargados de determinar qué entidades cumplirían los criterios para calificarse como operadores de servicios esenciales, la nueva directiva NIS2 introduce una regla de límite de tamaño como regla general para la identificación de entidades reguladas. Eso significa que todas las entidades medianas y grandes que operan dentro de los sectores o prestan servicios objeto de la directiva entrarán en su ámbito de aplicación.

A pesar de que la directiva revisada mantiene esta norma general, su texto incluye disposiciones adicionales para garantizar la proporcionalidad, un mayor nivel de gestión del riesgo y criterios de criticidad claros para permitir a las autoridades nacionales determinar otras entidades cubiertas.

El texto también aclara que la directiva no se aplicará a las entidades que desarrollen actividades en ámbitos como la defensa o la seguridad nacional, la seguridad pública y la aplicación de la ley. El poder judicial, los parlamentos y los bancos centrales también quedan excluidos de su ámbito.

La NIS2 se aplicará igualmente a las administraciones públicas a nivel central y regional. Además, los estados miembros pueden decidir que se aplique a estas entidades también a nivel local.

Por otra parte, la nueva directiva se ha alineado con la legislación sectorial específica, en particular la regulación sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) y la directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (CER), para proporcionar claridad jurídica y garantizar la coherencia entre la NIS2 y estos actos.

Un mecanismo voluntario de aprendizaje entre iguales aumentará la confianza mutua y el aprendizaje de las buenas prácticas y experiencias en la Unión, contribuyendo así a alcanzar un alto nivel común de ciberseguridad.

La nueva legislación también racionaliza las obligaciones de declaración para evitar que se produzca una sobreinformación y una carga excesiva para las entidades cubiertas.

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Una nueva ley en Texas permite llevar armas de fuego sin licencia

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La nueva ley estadounidense que se aplica en el estado de Texas que permite que la mayoría de adultos mayores de 21 años puedan llevar un arma de fuego sin tener licencia ha provocado fuertes divisiones entre partidarios y detractores de la medida. Hay alguaciles, líderes policiales y fiscales de distrito de áreas urbanas de Texas que consideran alarmante el incremento de personas que llevan armas y de tiros improvisados que esto ha supuesto.

Asimismo, sobre todo en zonas y condados rurales, otros alguaciles consideran que no ha habido cambios en profundidad desde la aplicación de la nueva ley. Y entre los defensores de los derechos de llevar armas consideran que desde que más gente va armada podría ser la explicación de por qué los tiroteos han disminuido en algunas partes del estado.

Lejos de ser un caso atípico, la nueva ley de Texas es un paso más en el esfuerzo de expandir la eliminación de casi todas las restricciones por llevar pistolas. Cuando la ley de portación sin permiso del estado de Alabama esté vigente en enero de 2023, la mitad de los estados de EEUU, desde Maine hasta Arizona, no requerirán una licencia para llevar una pistola.

El impulso legislativo de varios estados ha coincidido con un poder judicial federal que se ha ido inclinando cada vez más a favor de llevar armas y en contra de los esfuerzos estatales por regularlas. El problema es que Texas es el estado con mayor población que ha retirado las restricciones a llevar armas de fuego. Cinco de las 15 ciudades más grandes de EE.UU. están en Texas, y por tanto este enfoque de permisividad con las armas es un nuevo hecho en la vida en las áreas urbanas en una medida que no se ve en otros estados.

Hasta el día de hoy, no se han publicado estadísticas de los tiroteos en el estado de Texas desde que la ley entró en vigor en septiembre de 2021. Los detractores de la ley son pesimistas con las cifras después de que los homicidios y los suicidios con armas de fuego se dispararan en 2020, el primer año de la pandemia, para continuar aumentando el año 2021 y llegando a las tasas más altas de las últimas tres décadas.

Los departamentos de policía de las grandes ciudades y los principales grupos encargados de hacer cumplir la ley se opusieron a la nueva ley de armas de fuego cuando se presentó ante la Legislatura estatal en la primavera de 2021, preocupados por la pérdida de requisitos de capacitación necesarios para un permiso y un mayor peligro para los oficiales.

Los policías denuncian que en la actualidad las discusiones entre personas bebidas en la fronteriza de Eagle Pass, la gente que sale de juerga por la noche, las peleas por un puesto de aparcamiento o por mala conducción o las infidelidades conyugales acaban en tiroteos. Y lo ratifican a tenor del incremento de denuncias que reciben los fiscales de Houston de incidentes armados en todas partes.

La ley todavía prohíbe llevar una pistola a aquellos condenados por un delito grave, a quienes están bajo los efectos del alcohol o cometen otros delitos. En esta línea, los defensores de la ley subrayan que en el condado de Harris, los casos penales relacionados con la posesión ilegal de armas han aumentado considerablemente desde que la nueva ley entró en vigor: 3.500 durante el año 2022 frente a los 2.300 de todo el 2021.

Y en Dallas ha aumentado, desde la aprobación de la ley, la cifra de homicidios considerados “justificables”, como los realizados en defensa propia. En esta línea, el autor del libro More guns, less crime, John R. Lott Jr., subraya que su investigación ya predecía este escenario: una mayor reducción del crimen si las personas que son víctimas más probables de delitos violentos van armadas.

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Encuesta y datos de delincuencia en Inglaterra y Gales de junio de 2022: aumentan los delitos sexuales y el uso de armas blancas

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Los patrones de delincuencia en los últimos años se han visto sustancialmente afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19 y las restricciones gubernamentales en el contacto social.

De todo los datos estudiados, los de la Encuesta de delitos para Inglaterra y Gales se basan en nueve meses de recopilación de datos entre octubre de 2021 y junio de 2022. Estas cifras muestran que el crimen total ha disminuido un 8% respecto al año 2020. Según estas estimaciones, los adultos mayores de 16 años experimentaron 9,4 millones de delitos, debido sobre todo a la disminución de los robos, de un 19%.

Por su parte, los delitos de fraude aumentaron significativamente durante la pandemia y todo indica que lentamente van disminuyendo hacia niveles inferiores al estallido de la covid.

Los datos de delitos registrados por la policía dan una idea de los delitos de menor volumen pero de mayor daño que la encuesta no cubre o captura bien. En esta línea, las cifras policiales indican un descenso de los robos del 23%, de los delitos relacionados con armas de fuego de un 10% o de los homicidios de un 5%. Sin embargo, las cifras de las fuerzas del orden indican que todavía es temprano para certificar si los datos representan un cambio en las tendencias a largo plazo.

Los delitos sexuales registrados por la policía han aumentado un 21% en comparación con el año anterior a la pandemia, ya que en este período de restricción de contacto social disminuyeron significativamente. Este incremento hasta los 196.889 delitos es la cifra anual más alta jamás registrada en Inglaterra y Gales. De todos los delitos de naturaleza sexual registrados por la policía, el período hasta junio de 2022, el 36% (70.600) fueron delitos de violación. Esto supone un incremento de más del 20% frente a los 59.046 de marzo de 2020. El resto de delitos sexuales aumentaron hasta 126.289 ilícitos.

En cuanto a los delitos de homicidio, se produce una disminución del 5% de los 716 delitos hasta marzo de 2020 a los 679 en 2022. De esos 679 casos, en el 38% se produjo la muerte mediante el uso de un arma blanca.

El incremento del 8% en los delitos con cuchillos u objetos punzantes se debe sobre todo a tres áreas policiales concretas: la Metropolitana, que aumenta de 10.605 delitos a 11.232; West Midlands, que pasa de 3.299 casos a 4.958, y Greater Manchester, que incrementa los delitos de 3.297 a 3.563. En línea con estas cifras, la policía de Inglaterra y Gales denunció un 9% más la posesión de armas blancas, que pasó de 23.242 en marzo de 2020 a 25.287 en junio de 2022. Según se especifica, esto puede estar causado por el aumento de acciones específicas policiales para combatir el crimen con cuchillos.

Respecto al uso de armas de fuego, la policía registró 5.976 delitos en el período hasta junio de 2022. Esto supone una disminución del 10% respecto al período de 2020.

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¡Ojo con las estafas! Llegan fechas de muchas compras en línea

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Una operación coordinada contra el fraude del comercio electrónico ha comportado la detención de 59 presuntos estafadores yla activación de nuevas pistas de investigación en toda Europa, como parte de la Acción de comercio electrónico de 2022 (eComm 2022).

La operación, de un mes de duración (del 1 al 31 de octubre de 2022), contó con la participación de 19 países que han luchado contra las redes criminales que utilizan información robada de tarjetas de crédito para pedir productos de gran valor en las tiendas en línea.

La acción fue coordinada por el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol y el Merchant Risk Council y recibió la asistencia directa de comerciantes, empresas logísticas, bancos y sistemas de tarjetas de pago.

A pesar de que los pagos en línea son generalmente muy seguros, sobre todo gracias a los métodos de autenticación segura del cliente, ampliamente implementados en Europa, los delincuentes están alterando continuamente sus técnicas para encontrar nuevas maneras de robar dinero.

Los resultados del eComm 2022 ha identificado las siguientes amenazas clave para el sector del comercio electrónico:

• Phishing, vishing y smishing: los números de tarjeta de crédito robados se obtienen a menudo mediante ataques de phishing/vishing/smishing mediante los cuales los delincuentes contactan con personas por teléfono, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o correo electrónico e intentan convencerles para que entreguen la información de su tarjeta de crédito. A veces, estos ataques prometen una recompensa, otras veces suplantan a una empresa de confianza o a una agencia gubernamental.

• Fraude de adquisición de cuentas: este fraude se produce cuando un delincuente accede a la cuenta de un usuario en una tienda de comercio electrónico. Eso se puede conseguir mediante una variedad de métodos, como comprar contraseñas robadas, códigos de seguridad o información personal en la web oscura o implementar con éxito un esquema de pesca contra un cliente determinado. Una vez han obtenido acceso a la cuenta de un usuario, los delincuentes pueden participar en actividades fraudulentas. Por ejemplo, pueden cambiar los detalles de la cuenta de un usuario, comprar en las tiendas de comercio electrónico, retirar fondos e incluso acceder a otras cuentas de ese usuario.

• Fraude de triangulación: este tipo de fraude se produce cuando los delincuentes en línea configuran un sitio web falso o una réplica y atraen a los compradores con productos baratos. A veces, estas webs falsas pueden aparecer en los anuncios o se envían al correo electrónico de un usuario dirigiéndose al sitio web mediante un intento de pesca. El problema es que estos bienes, en realidad, no existen o, por descontado, nunca se envían.

Mediante una campaña de concienciación, las fuerzas del orden europeas se han unido con Europol y el Merchant Risk Council para compartir consejos prácticos sobre cómo burlar a los delincuentes que intentan abusar de la experiencia de compra en línea.

El objetivo de la campaña es hacer que el comercio electrónico sea más seguro promoviendo métodos seguros de compra en línea y ayudando a los nuevos comerciantes a abrir su tienda en línea sin riesgo de ciberataques.

Los países y socios participantes promocionan la campaña a través de sus canales de redes sociales utilizando la etiqueta #SellSafe para ayudar a los comerciantes a entender los riesgos del fraude de comercio electrónico.

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Las renuncias de oficiales de policía aumentan un 72% en el último año en Inglaterra y Gales

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A principios del mes de noviembre de este año, apareció publicado un estudio en el periódico digital The Conversation en el que las profesoras inglesas de Criminología de la Universidad de Portsmouth Jemma Tyson y Sarah Charman profundizaban en las causas del incremento de renuncias de oficiales de policía en Inglaterra y Gales.

Las autoras explican que ser policía había sido durante muchos años un trabajo de por vida. Había tasas muy bajas de abandono y tasas elevadas de lealtad, donde las carreras de 30 años o más eran la norma. Pero parece ser que las cosas han cambiado.

Según datos oficiales del Gobierno, la cifra de renuncias voluntarias al servicio de policía en Inglaterra y Gales ha aumentado un 72% entre los años 1996 y 2022, pasando de 1.996 bajas a 3.433. Además, las renuncias voluntarias representan actualmente el 42% de todos los abandonos de la policía, en comparación con el 33% del año anterior. Y si se compara con hace diez años, el año 2012, hubo 1.158 renuncias voluntarias, lo cual representa solamente el 18% de todos los que abandonaron. Por lo tanto, en tan solo diez años las renuncias voluntarias han aumentado un 196%.

Lo que en 2016 era considerado como una rotación positiva por el Consejo Nacional de Jefes de Policía, actualmente ya es un grave problema. Las dos autoras del estudio consideraron que tenían que investigar las causas por las que cesan los funcionarios. Durante dos años entrevistaron a unos 100 exoficiales de policía de Inglaterra y Gales que habían abandonado voluntariamente el servicio.

La principal motivación para abandonar el trabajo son problemas internos y organizativos, entre otros: los exoficiales se quejaron de un liderazgo deficiente, de la falta de oportunidades de promoción o progresión y de no tener voz en la organización. Los policías que habían abandonado la organización declaraban que no se sentían valorados y que les faltaban modelos apropiados en los rangos superiores. De este hecho, se quejaban sobre todo las mujeres oficiales con hijos.

Los exoficiales entrevistados declararon que se habían sentido como un simple número por parte de la fuerza policial y que sus voces no eran escuchadas. Asimismo, no sentían que podían compartir sus opiniones o participar en la toma de decisiones sobre temas que les afectaban en el trabajo diario, ya que consideraban que los jefes ocupaban el tiempo resolviendo sus propias carreras y preocupaciones.

Esta sensación de vacío también fue compartida por policías que fueron enviados a lugares no deseados después de promocionar, de volver de una ausencia o a causa de la reestructuración dentro de la organización.

Las investigadoras también constataron que la mayoría de entrevistados respondieron que su decisión de renunciar fue la correcta, lo cual no ocultaba su decepción, arrepentimiento y tristeza al marcharse.

Estos sentimientos de ausencia de apoyo de la organización se ven agravados por la falta de entrevistas de salida significativas. Solo a un 35% de los oficiales entrevistados se les ofreció la posibilidad de realizar una encuesta de salida.

Comprender por qué ha habido un aumento del 196% en las renuncias voluntarias del servicio de policía en Inglaterra y Gales en la última década puede ser una tarea dolorosa para muchas fuerzas policiales, pero sin esta información, la retención solo puede empeorar. Iniciar aquellas conversaciones difíciles y proporcionar a los que abandonan la voz que les falta dentro de la organización es el primer paso para resolver el problema.

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Trabajando para la reducción de las muertes bajo custodia policial en Estados Unidos

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La página web de investigación sobre ámbitos relacionados con la seguridad rand.org ha publicado un estudio realizado por un grupo de investigadores que han llevado a cabo una investigación con el objetivo de disminuir el número de muertes que se producen en Estados Unidos bajo custodia de las fuerzas del orden.

El grupo de investigadores estadounidenses ─Duren Banks, Michael G. Planty, Madison Fann, Lynn Langton, Dulani Woods, Michael J.D. Vermeer y Brian A. Jackson─ plantearon la investigación con la voluntad de identificar las necesidades altamente prioritarias para el sistema de justicia penal estadounidense, partiendo de algunas cuestiones importantes:

  • ¿Cuáles son las distintas definiciones y métricas de las muertes que se producen en la custodia de las fuerzas del orden?
  • ¿Qué barreras o facilitadores afectan a la comunicación de esta información a escala estatal o nacional?
  • ¿Qué información sobre las muertes que se producen durante la custodia policial es fundamental para apoyar las políticas y prácticas diseñadas para reducir estas muertes?

Por su parte, el Congreso estadounidense en 2013 promulgó la Ley de informes de muerte en custodia (DCRA) para abordar la falta de información fiable sobre las muertes relacionadas con la aplicación de la ley en las instituciones correccionales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llevado a cabo varias actividades diseñadas para responder a las disposiciones especificadas en la legislación de la DCRA, así como en sus propios mandatos federales, para una comprensión integral de la prevalencia y las características de las muertes que se producen en la custodia policial. A pesar de estos esfuerzos, actualmente ningún programa nacional de recogida de datos describe todas las muertes que se producen bajo la custodia uniformada. Estos datos son fundamentales para apoyar las estrategias para reducir estas muertes: promover la seguridad pública a través de respuestas adecuadas a los delitos denunciados, los llamamientos de servicio y los encuentros policía-comunidad, y generar confianza con las comunidades.

Para entender mejor las necesidades sobre el desarrollo y el aprovechamiento de datos de una recopilación de cifras nacionales de muertes relacionadas con la aplicación de la ley, los investigadores consideraron que limitar el alcance de la recogida de datos a los incidentes mortales sería insuficiente para entender y reducir las muertes bajo custodia de las fuerzas del orden.

Entre las recomendaciones de los autores del estudio cabe destacar:

  • Especificar estándares nacionales para una colección más inclusiva que recoja todos los incidentes críticos (incidentes mortales y todos aquellos en los que la policía utiliza la fuerza letal), independientemente de si el incidente provoca una muerte.
  • Apoyar informes más fiables y completos a los sistemas existentes que dependen de la participación de las fuerzas del orden asignando recursos a los proveedores de datos, aprovechando la información que ya recogen estas agencias y, de otra forma, incentivando la participación.
  • Trabajar con la comunidad investigadora, las fuerzas del orden y otras partes interesadas pertinentes para desarrollar indicadores y conjuntos de herramientas adecuados y difundir información sobre el uso adecuado y responsable de estos datos.
  • Desarrollar una taxonomía de muertes o incidentes críticos que se produzcan en la custodia de las fuerzas policiales para proporcionar el contexto necesario para entender el papel de las fuerzas del orden.

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La dispersión de las personas sin hogar las criminaliza

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Una investigación de varios criminólogos realizada en diez ciudades de Inglaterra y Gales descubre que las demandas de espacio público solo acaban reciclando el problema de las personas sin techo. Varios rotativos ingleses se hicieron eco de ello, entre estos, The Guardian.

Los ayuntamientos que utilizan órdenes de protección del espacio público (PSPO – Public Space Protection Orders) para imponer multas de 100 libras destinadas a controlar los llamados ‘comportamientos antisociales’, la única cosa que provocan es simplemente el regreso, una y otra vez, al mismo espacio de las personas sin hogar.

El estudio ha constatado que la dispersión de los indigentes desde los centros de las ciudades no consigue parar este comportamiento antisocial y, en cambio, provoca una criminalización errónea de estas personas.

La investigación de la Universidad de Sheffield Hallam, con recomendaciones finales para un trato más justo para las personas que viven en la calle, ha sido avalada por Crisis, la organización benéfica para personas sin techo. Los ayuntamientos de Inglaterra y Gales que utilizan PSPO para imponer multas de 100 libras para controlar o prohibir comportamientos como beber, montar tiendas de campaña o dormir en el espacio público, simplemente ven que con las personas que viven en la calle, esta problemática no se resuelve.

Las órdenes también se utilizan erróneamente para orientarse a comportamientos que no se podrían considerar antisociales, como pedir limosna o dormir al raso, donde es poco probable un efecto perjudicial. Y en algunos casos las personas sin hogar han descrito, además, abusos físicos y verbales por parte de los funcionarios policiales.

Las PSPO se han utilizado en Inglaterra desde el año 2014 para disuadir comportamientos considerados antisociales, pero el foco en su impacto en los que duermen en la calle se produce en medio del aumento del sinhogarismo causado por el incremento de los desahucios. Cerca de 20.000 hogares en Inglaterra y Gales quedaron vacíos a causa de los desahucios durante el periodo 2021/22, casi 9.000 más respecto al periodo anterior, según cifras anuales publicadas por el Departamento de Vivienda y Comunidades.

En una ciudad costera al este de Inglaterra, por ejemplo, donde la mendicidad, el consumo de drogas, el consumo de bebidas en la calle, la micción y la defecación, dormir en lugares públicos o montar tiendas de campaña están prohibidos, a menudo se puede ver a autóctonos o turistas paseando mientras comen o beben y no se les aplica esta legislación.

Un portavoz del Consejo de Jefes de la Policía Nacional considera que el trabajo que últimamente se ha hecho junto con Crisis ha ayudado a garantizar que los agentes puedan entender por qué las personas acaban durmiendo en la calle, qué apoyo necesitan y, sobre todo, qué se puede hacer para ayudarlos a escapar del sinhogarismo.

Por su parte, desde la junta de comunidades de la Asociación de Gobiernos Locales, Cllr Nesil Caliskan cree que las PSPO se tienen que utilizar como parte de un paquete más amplio de medidas que se unan con servicios de apoyo para ayudar a abordar las causas intrínsecas de las personas sin techo.

De otro modo, los poderes de dispersión asociados a las PSPO han creado círculos viciosos de intimidación, dispersión y desplazamiento que solo reciclan el problema de las personas que viven en la calle en lugar de disuadir, y menos aún prevenir, los problemas asociados al sinhogarismo. Esta sería una de las principales conclusiones del estudio según Peter Squires, profesor emérito de Criminología y Políticas Públicas de la Universidad de Brighton.

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Delitos de odio y enfermedades mentales en Estados Unidos

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El pasado mes de octubre, el rotativo The New York Times publicaba un artículo del investigador Eyal Press en el que cuestionaba el tratamiento y la respuesta que se da en Estados Unidos a los enfermos mentales que participan en delitos de odio. Press es el autor del libro Trabajo bruto: trabajos esenciales y el coste oculto de la desigualdad en Estados Unidos.

El autor explica que desde el comienzo de la pandemia de covid, una ola de violencia contra los estadounidenses de origen asiático se ha extendido por todo el país. Ha habido agresiones flagrantes en las que las víctimas han sido escupidas, golpeadas, empujadas desde el andén del metro, apuñaladas o disparadas con armas de fuego. Esta impactante cantidad de ataques que han sido noticia ha supuesto que la mayoría de las personas arrestadas ha resultado tener graves problemas de salud mental.

Aunque los delitos de odio contra personas asiático-estadounidenses han disminuido en Nueva York durante la primera mitad del año 2022, la superposición entre los ataques por prejuicios y las enfermedades mentales ha persistido. El Departamento de Policía de Nueva York anunció que, de las 100 personas detenidas por delitos de odio en la ciudad durante los primeros cuatro meses de 2022, la mitad había sido calificada anteriormente como persona con trastornos emocionales.

Press considera que dados estos patrones de comportamiento, el papel que pueden desarrollar las enfermedades mentales en la violencia por motivos raciales le convierte en un tema pendiente y necesario de resolver. Y hay que huir de la creencia de que este debate reforzaría los estereotipos negativos, puesto que las personas que experimentan una enfermedad mental son mucho más propensas a ser víctimas de la violencia que a ser sus victimarias. Otro peligro sería que se invocara la enfermedad mental para desviar la atención de la retórica y las ideas que inspiran actos de extremismo violento.

Edwuard Dunbar, profesor de psicología de la Universidad de California, investigador sobre delitos motivados por prejuicios, considera que no es sorprendente que durante la pandemia algunas personas con trastornos mentales cometieran acciones agresivas, debido a los constantes discursos anti-asiáticos en el debate público.

Lo que denuncia Press en su artículo es que la mayoría de las personas con enfermedades mentales que fueron detenidas por atacar a personas asiáticas en la ciudad de Nueva York durante la pandemia no sólo tenían problemas mentales, sino que se encontraban desamparadas.

La organización comunitaria The Anti Police-Terror Project proclamaba en un díptico de propaganda que las enfermedades mentales no son un delito, abogando por mantener a estas personas fuera del sistema judicial penal.

Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, ha propuesto crear una clasificación aparte para los delincuentes con enfermedades mentales, como forma de señalar que sus casos son distintos. El objetivo sería que estas personas recibieran tratamiento en vez de encarcelarlas. La imposición de duras sanciones penales a estos infractores es quizás ineficaz.

Un mejor enfoque sería invertir recursos en los defectuosos sistemas de salud mental que dejan a tantas personas altamente inestables sin atención a largo plazo. Abordar otros problemas sociales también ayudaría, ya que una serie de investigaciones cada vez más numerosa sugiere que las personas con enfermedades mentales graves son más propensas a cometer actos de violencia cuando están expuestas a otros factores de riesgo, como serían las experiencias traumáticas durante la infancia, la precariedad financiera o vivir en vecindarios con altos índices de delincuencia. El tratamiento por sí solo no resolvería estos problemas, pero encerrar a estas personas en prisiones tampoco hará que desaparezcan.

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Las medidas anti-covid provocan un ligero aumento de la violencia contra la policía en Alemania

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En 2021 se registraron en Alemania 39.649 actos violentos contra la policía, lo que implica un aumento del 1,8% en relación con el año anterior y la continuación de una leve tendencia al alza desde el año 2014 (con la excepción de 2017). Los Länder con mayor incremento fueron Mecklenburg-Pomerania Occidental (31%), Hessen (19,1%) y Berlín (15,4%), mientras Baden-Württemberg (-2,1%) y Baviera (-6 ,3%) han experimentado descensos. Curiosamente, este último ha experimentado el mayor número de asesinatos (4 casos, 6 víctimas [1]) y robos con violencia (20 casos, 25 víctimas).

El número de víctimas de esta violencia fueron 88.626 agentes (un 4,5% más que el año anterior), de los que un 79,3% eran varones y un 49,5% tenían entre 25 y 35 años. La inmensa mayoría de los actos violentos (87%) se produjeron como resistencia a intervenciones policiales.

Los agresores eran fundamentalmente varones (84,2%), alemanes (70,6%) y con más de 25 años (69,6%). Un 75,6 por ciento de los detenidos eran personas conocidas de la policía. El porcentaje de inmigrantes detenidos por estos delitos desciende un 9,6%, los de residentes ilegales y solicitantes de asilo se reduce en un 5,2%.

Las tipologías delictivas de los ataques incluyen asesinato, homicidio, lesiones (dolosas y culposas), robo con violencia, coacciones, detención ilegal, amenazas, resistencia y atentado a agentes de la autoridad. Sin embargo, hay que remarcar que los delitos con mayor índice de violencia experimentan un descenso: asesinato (-6), homicidio (-27), robos con violencia (-27) y lesiones simples o leves (-612). Los aumentos más significativos se encuentran en la resistencia contra la autoridad con motivo del ejercicio de sus funciones en sus diferentes versiones (48%).

La causa más clara de este incremento parecen ser las medidas restrictivas de la movilidad decretadas para combatir a la COVID19, que fueron contestadas frecuentemente por una parte de la población. Los incrementos de los actos violentos coinciden (con alguna salvedad) con los meses con restricciones más duras en vigor con motivo de la pandemia.

Acceso al informe completo 

[1] Los asesinatos no han sido consumados necesariamente.

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