El pasado mes de octubre, el rotativo The New York Times publicaba un artículo del investigador Eyal Press en el que cuestionaba el tratamiento y la respuesta que se da en Estados Unidos a los enfermos mentales que participan en delitos de odio. Press es el autor del libro Trabajo bruto: trabajos esenciales y el coste oculto de la desigualdad en Estados Unidos.
El autor explica que desde el comienzo de la pandemia de covid, una ola de violencia contra los estadounidenses de origen asiático se ha extendido por todo el país. Ha habido agresiones flagrantes en las que las víctimas han sido escupidas, golpeadas, empujadas desde el andén del metro, apuñaladas o disparadas con armas de fuego. Esta impactante cantidad de ataques que han sido noticia ha supuesto que la mayoría de las personas arrestadas ha resultado tener graves problemas de salud mental.
Aunque los delitos de odio contra personas asiático-estadounidenses han disminuido en Nueva York durante la primera mitad del año 2022, la superposición entre los ataques por prejuicios y las enfermedades mentales ha persistido. El Departamento de Policía de Nueva York anunció que, de las 100 personas detenidas por delitos de odio en la ciudad durante los primeros cuatro meses de 2022, la mitad había sido calificada anteriormente como persona con trastornos emocionales.
Press considera que dados estos patrones de comportamiento, el papel que pueden desarrollar las enfermedades mentales en la violencia por motivos raciales le convierte en un tema pendiente y necesario de resolver. Y hay que huir de la creencia de que este debate reforzaría los estereotipos negativos, puesto que las personas que experimentan una enfermedad mental son mucho más propensas a ser víctimas de la violencia que a ser sus victimarias. Otro peligro sería que se invocara la enfermedad mental para desviar la atención de la retórica y las ideas que inspiran actos de extremismo violento.
Edwuard Dunbar, profesor de psicología de la Universidad de California, investigador sobre delitos motivados por prejuicios, considera que no es sorprendente que durante la pandemia algunas personas con trastornos mentales cometieran acciones agresivas, debido a los constantes discursos anti-asiáticos en el debate público.
Lo que denuncia Press en su artículo es que la mayoría de las personas con enfermedades mentales que fueron detenidas por atacar a personas asiáticas en la ciudad de Nueva York durante la pandemia no sólo tenían problemas mentales, sino que se encontraban desamparadas.
La organización comunitaria The Anti Police-Terror Project proclamaba en un díptico de propaganda que las enfermedades mentales no son un delito, abogando por mantener a estas personas fuera del sistema judicial penal.
Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, ha propuesto crear una clasificación aparte para los delincuentes con enfermedades mentales, como forma de señalar que sus casos son distintos. El objetivo sería que estas personas recibieran tratamiento en vez de encarcelarlas. La imposición de duras sanciones penales a estos infractores es quizás ineficaz.
Un mejor enfoque sería invertir recursos en los defectuosos sistemas de salud mental que dejan a tantas personas altamente inestables sin atención a largo plazo. Abordar otros problemas sociales también ayudaría, ya que una serie de investigaciones cada vez más numerosa sugiere que las personas con enfermedades mentales graves son más propensas a cometer actos de violencia cuando están expuestas a otros factores de riesgo, como serían las experiencias traumáticas durante la infancia, la precariedad financiera o vivir en vecindarios con altos índices de delincuencia. El tratamiento por sí solo no resolvería estos problemas, pero encerrar a estas personas en prisiones tampoco hará que desaparezcan.
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