Categoria: castellà

Conducir bajo los efectos de las drogas en Estados Unidos

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Se estima que, durante el año 2022, 13,6 millones de personas en Estados Unidos condujeron en algún momento bajo los efectos de algún tipo de drogas ilícitas.

Cuando actualmente se investigan casos de conducción bajo el efecto de alguna sustancia prohibida y víctimas mortales en accidentes de tráfico, el Consejo Nacional de Seguridad recomienda que los laboratorios de toxicología forense analicen regularmente la sangre para detectar al menos alguna de las 35 drogas más comunes que se encuentran detrás de muchos de estos casos.

No obstante, las limitaciones pueden interferir en la comprensión de la frecuencia con la que el consumo de drogas contribuye a los incidentes de conducción bajo sus efectos. Para entenderlo mejor, los investigadores financiados por el National Institute of Justice del Centro de Investigación y Educación de Ciencias Forenses de los EE. UU. examinaron muestras de sangre de más de 2.500 casos y crearon una imagen más detallada de cómo las drogas interfieren en la conducción.

La conducción bajo los efectos se asocia a menudo con el consumo de alcohol, y evidentemente este motivo está detrás de accidentes, lesiones y víctimas mortales. Según la National Highway Traffic Safety Administration, una persona murió cada 39 minutos en un accidente relacionado con el abuso de alcohol en 2021 en los EE. UU. Pero el alcohol no es la única preocupación. El uso de drogas ilícitas, drogas legalizadas como el cannabis o el abuso de medicamentos con receta también pueden perjudicar las habilidades del conductor y por diferentes causas, y eso no se acaba investigando.

Estas drogas incluyen nuevas sustancias psicoactivas emergentes, medicamentos con receta y drogas tradicionales de abuso con prevalencia limitada o regional, muchas de las cuales requieren instrumentación avanzada para poder detectarlas. La mayoría de los laboratorios hacen pruebas de fármacos de nivel I, pero sólo hacen pruebas de fármacos de nivel II seleccionados cuando son relevantes a nivel regional. Por lo tanto, no se entiende bien la frecuencia y los tipos de sustancias de nivel II que contribuyen a los casos de conducción con problemas con drogas y a los choques mortales.

Si una muestra cumple o supera un umbral de concentración de alcohol en sangre predeterminado, algunos laboratorios no llevarán a cabo otra prueba de drogas adicional. Este umbral suele estar marcado en el 0,08% o en el 0,10%. El nivel de alcohol en sangre proscrito per se en todos los estados es del 0,08% (excepto en Utah, donde es del 0,05%). Los laboratorios que se adhieren a esta práctica no detectarán otros fármacos que puedan provocar o contribuir a la conducción bajo efectos.

Esta prueba de límite puede interferir en una comprensión completa de la implicación de las drogas en la conducción. ¿Por qué la utilizan tantos laboratorios?

  • Los laboratorios de toxicología tienen presupuestos y recursos limitados.
  • La conducción de riesgo se puede explicar no solamente por la concentración de alcohol en sangre.
  • La falta de sanciones por consumo de drogas significa que habría que medir más allá del nivel de alcoholemia.
  • Las agencias que utilizan los servicios de los laboratorios han solicitado este límite.
  • Se admiten las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad.
  • Los investigadores estimaron la frecuencia con la que los fármacos contribuyen al problema probando 2.514 casos con un alcance de 850 fármacos terapéuticos. Se examinaron muestras de sangre seleccionadas aleatoriamente de un grupo de casos sospechosos de conducción bajo los efectos. Las muestras se recogieron en Horsham, Pensilvania, entre 2017 y 2020. De los 2.514 casos sospechosos examinados:
  • La positividad global de las drogas (fármacos de nivel I o de nivel II) fue del 79%, casi el doble del 40% positivo por alcohol.
  • Una parte más pequeña de los casos (23%) dieron positivo tanto en drogas como en alcohol.
  • Solo el 17% de los casos fueron positivos solo por alcohol.
  • Los cannabinoides naturales experimentaron un aumento estadísticamente significativo de la positividad durante los cuatro años de estudio.

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El Consejo Europeo avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales

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El Consejo Europeo ha adoptado un paquete de nuevas normas contra el blanqueo de capitales que debe proteger a los ciudadanos de la UE y su sistema financiero contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y junto con este paquete de normas, una nueva agencia con sede en Frankfurt supervisará el trabajo de los actores implicados. Esta nueva herramienta debe garantizar que los estafadores, el crimen organizado y los terroristas no tengan espacio para legitimar sus ingresos a través del sistema financiero.

Con el nuevo paquete, todas las normas que se aplican al sector privado se transferirán a una nueva regulación directamente aplicable, mientras que una directiva tratará la organización de las autoridades nacionales competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El reglamento armoniza exhaustivamente las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez en toda la UE, cerrando así cualquier resquicio a los estafadores. También amplía las normas contra el blanqueo de capitales a nuevas entidades obligadas, como la mayoría del sector ‘cripto’, comerciantes de bienes de lujo y clubs y agentes de fútbol. Asimismo, el reglamento establece requisitos más estrictos, regula la propiedad efectiva y fija un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, entre otras cosas.

La directiva mejorará la organización de los sistemas estatales de lucha contra el blanqueo de capitales estableciendo reglas claras sobre cómo trabajan conjuntamente las unidades de inteligencia financiera (UIF, los organismos nacionales que recaban información sobre actividades financieras sospechosas o inusuales en los estados miembros) y los supervisores.

A tal efecto, el reglamento crea una nueva Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), que tendrá competencias de supervisión directas e indirectas sobre las entidades de alto riesgo del sector financiero.

Vista la naturaleza transfronteriza de la delincuencia financiera, la nueva autoridad debe aumentar la eficiencia mediante la creación de un mecanismo integrado con los supervisores nacionales para garantizar que las entidades obligadas cumplan las obligaciones relacionadas con el sector financiero. AMLA también debe tener un papel de apoyo con respecto al sector no financiero, y debe coordinar y dar apoyo a las UIF.

Además de las facultades de control y para garantizar el cumplimiento, en los casos de incumplimiento grave, sistemático o reiterado de los requisitos directamente aplicables, la Autoridad impondrá sanciones pecuniarias a los sujetos obligados seleccionados.

La nueva directiva contra el blanqueo de capitales también prescribe que los estados miembros de la UE hagan que la información de los registros de cuentas bancarias centralizadas, que contengan datos sobre quién tiene una cuenta bancaria y dónde, esté disponible a través de un único punto de acceso.

Como la directiva AML (del inglés Anti-Money Laundering) tiene que proporcionar acceso al punto único solamente a las UIF, el Consejo ha adoptado una directiva separada para garantizar que las autoridades policiales estatales tengan acceso a estos registros mediante el punto de acceso único. Esta directiva también incluye la armonización del formato de los extractos bancarios. Este acceso directo y el uso de formatos armonizados por parte de los bancos es un instrumento importante en la lucha contra los delitos y en los esfuerzos por localizar y confiscar el producto del crimen.

Este es el paso final del procedimiento de adopción del reglamento. La normativa ALA se aplicará a los tres años de su entrada en vigor. Los estados miembros tendrán dos años para transponer algunas partes de la directiva ALA y tres años para otras.

AMLA tendrá la sede en Frankfurt y empezará a operar a mediados de 2025.

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El Consejo de Europa aprueba conclusiones para una Unión más cibersegura y resiliente

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El Consejo de Europa ha aprobado unas conclusiones sobre el futuro de la ciberseguridad con el objetivo de proporcionar orientación y establecer los principios para construir una Unión Europea más cibersegura y resiliente. En los últimos años, las amenazas a la ciberseguridad han aumentado significativamente en cuanto al nivel, su complejidad y la escala. Esto ha sucedido junto a un incremento significativo de las tensiones geopolíticas globales.

La ciberseguridad opera a múltiples niveles, y se concentra sobre todo en la seguridad de las empresas, gobiernos y ciudadanos. Todo el mundo merece una internet segura y la tranquilidad que se consigue al operar con ella. Todo el mundo merece sentirse seguro, tanto online como fuera de línea. Para las instituciones de la UE, es necesario construir un mundo digital robusto y resiliente mediante medidas proactivas y la cooperación internacional.

El Consejo ha expuesto los principios a desarrollar en los próximos meses para construir una Unión más cibersegura y resiliente. Centrarse en la implementación, la adopción de estándares armonizados, la certificación, la seguridad de la cadena de suministro, la cooperación con el sector privado, el apoyo a las pymes y una financiación adecuada deberían estar entre las principales prioridades para al futuro.

Las conclusiones del Consejo recuerdan la importancia de centrarse en la implementación, reforzar la coordinación y colaboración y evitar la fragmentación de las normas de ciberseguridad en la legislación sectorial. También piden aclarar aún más los roles y responsabilidades en el ámbito cibernético, reforzar la cooperación en la lucha contra el ciberdelito y trabajar en un plan revisado del marco de gestión de la cibercrisis. Destaca el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y la necesidad de dar respuesta a los retos que plantean las nuevas tecnologías.

Desde las instituciones europeas se fomenta un enfoque de múltiples partes interesadas, incluida la cooperación con el sector privado y el mundo académico, para cerrar la brecha de competencias. Subrayando la importancia de atraer capital privado, las conclusiones del Consejo insisten en la necesidad de una financiación adecuada. También se destaca la dimensión exterior, recordando que sería necesaria una política internacional activa para reforzar la cooperación con terceros países, especialmente en el contexto transatlántico, como contribución a un ecosistema internacional fuerte. A la vista del nivel de amenaza cambiante y creciente, el Consejo invita finalmente a la Comisión Europea y al Alto Representante a presentar una estrategia de ciberseguridad.

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El Consejo adopta el pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo

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El Consejo de Europa ha adoptado una reforma histórica del sistema europeo de asilo y migración. Ello establece un conjunto de normas que ayudarán a gestionar las llegadas de personas de forma ordenada, creando procedimientos eficientes y uniformes y garantizando un reparto justo de las cargas entre los estados miembros.

El pacto de asilo y migración debe garantizar un sistema migratorio más justo y fuerte. Estas nuevas normas deben hacer más eficaz el sistema europeo de asilo y aumentar la solidaridad entre los estados miembros. La Unión Europea continuará también su estrecha cooperación con terceros países para hacer frente a las causas fundamentales de la migración irregular. Sólo trabajando conjuntamente pueden encontrarse respuestas al reto global de la migración.

El Consejo ha adoptado un total de 10 actos legislativos que reforman todo el marco europeo para la gestión del asilo y la migración.

El Reglamento de cribado permitirá a las autoridades nacionales derivar a los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo a una frontera exterior al procedimiento correspondiente, asegurando que los controles de identificación, seguridad y vulnerabilidad y la evaluación de la salud se lleven a cabo de forma uniforme.

Las nuevas normas sobre la base de datos actualizada de Eurodac permitirán recopilar datos (también biométricos) más precisos y completos sobre diversas categorías de migrantes, incluidos los solicitantes de protección internacional y las personas que llegan de forma irregular a la Unión Europea. Esto ayudará a informar de la elaboración de políticas y mejorará el control de la migración irregular y los movimientos no autorizados.

El Reglamento del procedimiento de asilo racionaliza el procedimiento europeo de asilo e introduce un procedimiento fronterizo obligatorio en casos bien definidos. El Reglamento del procedimiento fronterizo de retorno se ocupa de los retornos de las personas cuya solicitud en este procedimiento fronterizo es desestimada. El Reglamento de gestión de asilo y migración determina qué estado miembro es responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y, por primera vez, introduce un justo reparto de responsabilidades entre los estados miembros. Gracias a la regulación de la crisis, la UE estará mejor equipada para tratar las solicitudes de asilo en circunstancias excepcionales.

El Reglamento de la calificación y la Directiva de condiciones de acogida establecen normas uniformes para los criterios para la concesión de la protección internacional y los estándares para la acogida de solicitantes de asilo. Esto también debería ayudar a reducir los movimientos secundarios entre los estados miembros.

Una novedad importante de la reforma es el procedimiento fronterizo obligatorio. Este procedimiento se aplicará a determinadas categorías de solicitantes de asilo (por ejemplo, aquellos procedentes de países con bajas tasas de reconocimiento de asilo). El objetivo del procedimiento es evaluar rápidamente en las fronteras exteriores de la UE si las solicitudes son infundadas o inadmisibles. Las personas sometidas al procedimiento fronterizo de asilo no estarán autorizadas a entrar en el territorio de la UE.

Otro aspecto importante de la reforma del sistema migratorio es la introducción de un mecanismo de solidaridad para garantizar un reparto más justo de la responsabilidad. Las nuevas normas combinan la solidaridad obligatoria para apoyar a los estados miembros que afrontan una fuerte afluencia de migrantes con flexibilidad en cuanto al tipo de contribuciones. Las contribuciones de los estados miembros podrán consistir en reubicaciones, contribuciones económicas o, cuando se acuerde con el estado miembro beneficiario, medidas alternativas de solidaridad.

Con el fin de afrontar mejor las situaciones de crisis (llegadas masivas e instrumentalización) y de fuerza mayor, los estados miembros pueden derogar determinadas normas y pedir una solidaridad reforzada de otros países de la UE. Las posibles excepciones se aplican, por ejemplo, a los plazos para registrar a los solicitantes de asilo y a la duración del procedimiento fronterizo.

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Permiso único de trabajo y residencia para nacionales de terceros países en la Unión Europea

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El Consejo europeo ha adoptado una revisión de la Directiva sobre el permiso único, que supone actualizar la Directiva de 2011, en vigor, y tiene por objeto atraer las capacidades y el talento que necesita la Unión y abordar las deficiencias respecto a la migración legal en la UE.

Se establece el procedimiento administrativo para un permiso único tanto por el derecho a trabajar como por el derecho a residir en la Unión Europea y establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de países terceros. Esta revisión prevé un procedimiento de solicitud abreviado y tiene la intención de reforzar los derechos de los trabajadores de terceros países al permitir un cambio de trabajo y un periodo limitado sin trabajar.

Los trabajadores de terceros países pueden presentar una solicitud desde el territorio de un tercer país o, si son titulares de un permiso de residencia válido, desde dentro de la Unión. Si un Estado miembro decidiera expedir el permiso único, esta decisión serviría tanto de permiso de residencia como de permiso de trabajo.

La Directiva sobre el permiso único revisada incluye plazos más estrictos para la decisión de expedir un permiso, que se tendrá que tramitar en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud. Si los estados miembros optan por comprobar la situación del mercado laboral antes de decidir si conceden el permiso único (por ejemplo, para evaluar la necesidad de un perfil de trabajador de un tercer país), esta comprobación también debe realizarse durante el mismo periodo de 90 días. El plazo para adoptar una decisión se podrá prorrogar excepcionalmente por otros 30 días en caso de solicitudes complejas.

La revisión introduce la novedad de que los titulares del permiso único podrán cambiar de trabajo. Este cambio puede estar sujeto a la notificación a las autoridades, y los estados miembros podrán efectuar una comprobación del mercado laboral. Además, los países de la Unión podrán exigir un periodo mínimo durante el cual el titular del permiso único esté obligado a trabajar para el primer trabajo.

La actualización también establece normas que se pueden aplicar en caso de paro del titular del permiso único. En estos casos, se permite la permanencia de los trabajadores de terceros países en el territorio del Estado miembro si el periodo total de desempleo no supera los tres meses durante el periodo de validez del permiso único o los seis meses después de dos años de permiso.

Los estados miembros disponen de dos años para incorporar las disposiciones de la Directiva a su ordenamiento jurídico interno.

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La Unión Europea sigue estrechando el asedio a la delincuencia organizada

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El Consejo europeo ha adoptado una Directiva que establece una serie de normas básicas para toda la UE sobre el seguimiento, identificación, embargo, comiso y gestión de los bienes de origen delictivo, relacionados con varios delitos.

La Directiva tiene que contribuir a que los estados miembros estén mejor preparados para la lucha contra la delincuencia organizada, y también obligará a los países de la Unión a velar por que las autoridades dispongan de los recursos que necesitan para sus actividades. Las normas también se aplicarán a la vulneración de medidas restrictivas.

Y es que, según datos de Europol, las organizaciones delictivas acumulan unos ingresos que se estiman en al menos 139.000 millones de euros al año.

Los estados miembros tendrán que posibilitar el embargo de bienes y, en caso de condena firme, el comiso de los instrumentos y productos derivados de una infracción penal. Además, tendrán que adoptar normas que posibiliten el comiso de bienes de un valor equivalente al de los productos del delito.

Cuando estos activos o bienes de origen delictivo se hayan transferido a un tercero, también tiene que ser posible decomisarlos si el tercero en cuestión sabía o habría sabido que la finalidad de la transferencia o adquisición era evitar el comiso.

Asimismo, las nuevas normas permitirán a los estados miembros decomisar el patrimonio no explicado, cuando los bienes se vinculen a comportamientos delictivos en el marco de una organización delictiva y comporten un beneficio económico sustancial.

Con respecto a los organismos de recuperación y gestión de activos, se reforzarán los organismos de recuperación de activos encargados de la cooperación transfronteriza. Estos darán apoyo a las autoridades nacionales y a la Fiscalía Europea en las investigaciones de seguimiento de activos. Para desarrollar estas funciones, los organismos tendrán acceso a las bases de datos y registros pertinentes.

Los organismos de gestión de activos serán designados por los estados miembros y, o bien gestionarán los bienes embargados o decomisados directamente, o bien darán apoyo a otros organismos competentes.

La nueva Directiva también prevé la venta de los bienes embargados si se cumplen determinadas condiciones, incluido antes del comiso definitivo, por ejemplo, si se trata de bienes perecederos.

La Directiva tiene que entrar en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los estados miembros dispondrán de 30 meses por incorporar las disposiciones de la normativa a la legislación nacional.

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Los ciberdelincuentes pueden acceder a las huellas digitales de los navegadores

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La huella digital del navegador es una de las muchas tácticas que utilizan los delincuentes, en el phishing, para eludir las comprobaciones de seguridad y alargar así la utilidad de las campañas de ataque maliciosas.

Aunque las organizaciones han utilizado de forma legítima la huella dactilar del navegador para identificar de manera única los navegadores web durante los últimos 15 años, ahora también la explotan habitualmente los ciberdelincuentes: un estudio reciente muestra que uno de cada cuatro actores de phishing utiliza alguna forma de esta técnica.

El director de Inteligencia Operacional de Fortra’s PhishLabs, Kevin Cryan, explica en el estudio que la huella dactilar del navegador utiliza una variedad de comprobaciones del lado del cliente para establecer identidades del navegador, que después se pueden utilizar para detectar robots u otras visitas a webs no deseadas. En este contexto, se pueden recoger numerosos datos como parte de la toma de huellas dactilares, tales como el huso horario, la configuración de idioma, la dirección IP, la configuración de cookies, la resolución de la pantalla, la privacidad del navegador o la cadena de agente de usuario.

Muchos proveedores utilizan legítimamente la huella digital del navegador para detectar que los robots hacen un uso indebido de sus servicios y otras actividades sospechosas, pero los autores de sitios de phishing también se han dado cuenta de sus ventajas y están utilizando la técnica para evitar sistemas automatizados que puedan marcar su sitio web como phishing. Mediante la implementación de sus propios controles de huellas dactilares del navegador que carga el contenido de su sitio, los ciberdelincuentes pueden ocultar el contenido del phishing en tiempo real.

Por ejemplo, Fortra ha observado que los malhechores utilizan la huella digital del navegador para evitar el proceso de revisión de anuncios de Google. Dado que el proceso de revisión de Google es semiautomatizado, la implementación de las comprobaciones de huellas dactilares del navegador permitió a los delincuentes identificar cuándo el servidor estaba viendo los destinos de sus anuncios en comparación con un usuario normal. Si el actor de la amenaza sospechaba de una actividad de Google, se mostraba contenido benigno. Esto provocó que los informes de phishing fueran rechazados por Google porque no podía detectarse contenido malicioso.

La manera en que Cloudfare lucha contra los bots sirve de ejemplo de un proveedor legítimo que utiliza técnicas de huellas dactilares del navegador para identificar y bloquear robots. Cada vez que un sitio web se carga con el modo de lucha contra bots, se ejecuta un JavaScript que envía los resultados a Cloudflare. Dependiendo de los resultados, se presentará un captcha o se bloqueará.

Si el JavaScript se decodifica, los equipos de seguridad verán que alguien está investigando, y pueden inferir, a partir de las cadenas que se muestran, que está solicitando numerosas propiedades del navegador y realizando pruebas para ver los resultados.

Una vez finalizado el JavaScript, genera una huella digital y envía toda la información al sitio de phishing donde los resultados son analizados por el servidor. Dependiendo de lo que determine, se mostrará contenido benigno o malicioso.

Esta impronta digital contiene todas las propiedades del navegador, incluida información sobre las dimensiones de la pantalla, el sistema operativo, el hardware de la GPU, la zona horaria y muchos otros puntos de datos. Toda esta información combinada puede hacer que sea muy fácil determinar si su navegador es real o un emulador.

En el pasado, los ciberdelincuentes podían evitar fácilmente la detección aprovechando un servidor intermedio y cambiando su UserAgent. Sin embargo, la huella digital del navegador es muy eficaz para identificar estos sistemas automatizados: hace posible que los autores modifiquemos el contenido de su sitio en función de los resultados. Entender las propiedades del navegador que están recopilando los delincuentes con la toma de huellas digitales es fundamental para los equipos de seguridad para evitar sospechas.

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¿Qué es el delito del robo de identidad?

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El robo de identidad y el fraude de identidad se refieren a delitos en los que alguien obtiene y utiliza indebidamente la información de identificación personal de otra persona de una forma que implica fraude o engaño, normalmente para obtener un beneficio económico. El robo de identidad puede causar mucho más daño que la simple pérdida de dinero. Tras el robo de identidad, las víctimas pueden tener problemas para obtener una ocupación laboral o vivienda debido a las consecuencias financieras negativas de este ilícito. Las víctimas del robo de identidad también pueden sufrir un importante estrés emocional y físico debido a las consecuencias de este delito.

Existe un informe de la Oficina Estadística Judicial (Bureau of Justice Statistics)  de Estados Unidos que afirma que unos 23 millones de residentes de 16 años o más declararon haber sido víctimas del robo de identidad durante el año 2018. Para el 90% de estas víctimas, el delito implicó el uso indebido o el intento de uso indebido de al menos un tipo de cuenta existente, como tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Las víctimas denunciaron más de 15.000 millones de dólares en pérdidas financieras a causa del robo de identidad durante ese año.

Sin embargo, dado que muchos delitos de este tipo nunca se denuncian a las fuerzas del orden, el alcance total del robo de identidad puede ser difícil de medir. Solo un 7% de las víctimas de robo de identidad en el 2018 denunciaron el delito a la policía. Por el contrario, la mayoría de las víctimas (88%) contactaron con una compañía de tarjetas de crédito o un banco a raíz del robo. La mayoría de las víctimas dicen que no denunciaron el delito a la policía porque se ocuparon de otra forma (la mayoría de veces, poniéndose en contacto con su entidad financiera).

Las personas mayores son especialmente vulnerables a los delitos de robo de identidad. En el año fiscal 2019, el robo de identidad, el fraude y los delitos financieros fueron el segundo tipo de victimización más común denunciado por las víctimas de edad avanzada.

Con el apoyo de la Oficina para Víctimas del Delito (Office for Victims of Crime, OVC), el Centro de Recursos del Robo de Identidad, Identity Theft Resource Center (ITRC), se ofrece asesoramiento gratuito sobre delitos de identidad y asistencia a las víctimas. El ITRC ofrece consejos y estrategias para prevenir el robo de identidad personal y empresarial y también asesoramiento directo sobre delitos de identidad y asistencia a las víctimas sin coste alguno. En 2022, OVC otorgó 2 millones de dólares al ITRC para mejorar y ampliar sus operaciones, lo que le permitió responder a nuevas amenazas y retos para las víctimas del robo de identidad y del ciberdelito.

El informe de investigación sobre robo de identidad y fraude de la OVC ofrece una visión general del estado actual del robo de identidad basado en la investigación y la experiencia práctica. Tiene como objetivo ayudar a los proveedores de servicios y a las víctimas a identificar áreas de mejora para abordar el fraude de identidad y otras formas de victimización.

Además, OVC ofrece un programa de formación online gratuito y a ritmo propio para ayudar a los proveedores de servicios a atender a las víctimas de robo de identidad y facilitar su recuperación económica y emocional.

Para los proveedores de servicios a las víctimas, entender las distintas necesidades de las víctimas del robo de identidad es un paso importante para mejorar su respuesta. Desarrollado con el apoyo de OVC, el conjunto de herramientas de construcción respecto al robo de identidad NITVAN 2020 apoya a los proveedores de servicios, a las víctimas y a otras personas para abordar los derechos y necesidades de las víctimas del robo de identidad.

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Las mujeres representan el 12% de las policías en Estados Unidos

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El equipo del National Policing Institute (NPI) elabora mensualmente InFocus, una serie de publicaciones en las que se abordan varios problemas a los que se enfrenta la policía en Estados Unidos. Cada mes se publica un reportaje sobre un tema específico, compartiendo conocimientos en este campo, los resultados de la investigación en curso y recursos que pueden beneficiar a las agencias policiales. Últimamente, han tratado a fondo el rol de las mujeres en la policía estadounidense.

Actualmente, las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población estadounidense, pero sólo un 12% de los agentes de policía. Estos datos no son una sorpresa porque los investigadores llevan décadas hablando de la falta de mujeres policía. Ya en diciembre de 1974, esta organización publicó un manual de casi 100 páginas para orientar a las agencias policiales sobre el reclutamiento y la formación de las mujeres policía. Aunque esto fue hace casi cincuenta años, es evidente que la profesión -y el resto de la sociedad- siguen enfrentándose al mismo problema.

Según esos datos, en 1974 había cerca de 1.000 mujeres policía en Estados Unidos. Hoy en día se estima que hay 96.000. Sin embargo, las estadísticas obligan a preguntarse, en 2024, por qué no se ven más mujeres uniformadas.

Existen distintas investigaciones que sugieren que las mujeres reciben menos quejas por sus actuaciones, emplean menos las armas de fuego y tienen menos probabilidades de utilizar una fuerza excesiva. Sus comunidades las perciben como más honestas y comprensivas, y con frecuencia producen mejores resultados para las víctimas de delitos, especialmente en los casos de las víctimas de delitos sexuales, cuando las agentes de policía trabajan en sus casos.

Si se sabe que las mujeres pueden aportar cualidades y experiencias vitales únicas a este trabajo, ¿cómo conseguir que haya más mujeres que entiendan que son las personas adecuadas para trabajar para la policía?

Reclutar a más mujeres para una agencia de policía contribuye a tener una fuerza de trabajo que refleja mejor la diversidad de la comunidad a la que da servicio. Esta práctica tiene ventajas como mejorar la legitimidad, el rendimiento y la confianza.

La investigación también expresa que la diversidad de género comporta poner más énfasis en el cuidado y el bienestar. Un estudio realizado en más de 50 jurisdicciones demostró que la diferencia en la atención, la capacidad de respuesta, la empatía y la ayuda que ofrecen las agentes de policía hizo aumentar la satisfacción de la comunidad y el sentimiento de legitimidad policial. Los datos destacaban particularmente esas cualidades y su papel en las comunidades marginadas.

Cientos de agencias policiales se han adherido a la Iniciativa 30×30 y se han comprometido a ayudar a reclutar a un 30% de mujeres en las clases académicas para policía en 2030. Con una coalición de líderes policiales, investigadores y organizaciones profesionales a la cabeza, 30×30 ofrece educación, recursos y técnicas de asistencia para orientar a las agencias a mantener y hacer avanzar a las mujeres policía. Actualmente, el NPI lidera el Centro de Asistencia Técnica 30×30 y está desarrollando herramientas y recursos para ayudar a las agencias a alcanzar sus objetivos, como:

  • Preparar la contratación. La Oficina COPS ofrece recomendaciones sobre cómo atraer y retener a mujeres en la profesión.
  • Consideración por los padres que trabajan. La crisis de las guarderías en Estados Unidos está paralizando la fuerza de trabajo. Afortunadamente, existen soluciones, como la guardería personalizada del Departamento de Policía de San Diego, que ofrece tarifas reducidas y paga a los empleados del centro salarios por encima de la media.
  • Fomentar el desarrollo profesional. La Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas en la Aplicación de la Ley (National Association Women Law Enforcement Ejecutivas (NAWLEE) apoya a las mujeres policía mediante la formación y la tutoría entre iguales para ayudar a las mujeres a avanzar en su carrera profesional.
  • Aprender unos de otros.
  • Celebrar el liderazgo transformador.

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Cambios en la mortalidad por arma de fuego en Estados Unidos

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Durante los últimos 40 años, las muertes por lesiones con arma de fuego en Estados Unidos (por homicidios, suicidios o accidentes) alcanzaron su máximo a principios y mediados de los años noventa; después disminuyeron durante la década siguiente y se mantuvieron relativamente bajas durante casi 15 años.

Durante el mismo período, la tasa de suicidios con arma de fuego alcanzó su punto más bajo a mediados de la década del 2000 y desde entonces ha ido aumentando casi cada año. La tasa de homicidios por arma de fuego alcanzó su punto más bajo en 2014, pero desde entonces ha aumentado rápidamente y en 2023 esta tasa estaba cerca de su nivel máximo, como los datos de principio de la década de 1990.

Muchos estados de Estados Unidos han seguido un patrón de violencia por arma de fuego similar al patrón del país en general durante ese período, mientras que otros estados han visto aumentar la tasa de violencia por arma de fuego en relación con la tasa nacional. Estos estados incluyen Wisconsin, Delaware y Minnesota para los homicidios por arma de fuego y Alaska, Dakota del Norte y Montana para los suicidios con arma de fuego. En cambio, hay estados donde ha disminuido la violencia en relación con las medias nacionales durante este período, como Wyoming, Idaho y Nueva York para los homicidios por arma de fuego y Hawai, California y el Distrito de Columbia para los suicidios con arma de fuego.

Hay muchos factores que afectan a las tendencias de la violencia por arma de fuego en cada estado, como las condiciones económicas cambiantes, la demografía de la población del estado y las tendencias nacionales. También se ha demostrado que los cambios en las políticas estatales de armas de fuego afectan a las tasas de mortalidad. La herramienta que estudia los efectos de la legislación sobre armas de fuego ilustra las estimaciones de muchos de ellos.

Como parte del proyecto Gun Policy in America de RAND Corporation, este estudio proporciona al lector información sobre la distribución de muertes por arma de fuego en los distintos estados de Estados Unidos. Para obtener más detalles sobre la metodología y las fuentes de datos, es necesario consultar la documentación del estudio.

Todas las estimaciones de mortalidad se construyen a partir de los datos online de ámbito general para la investigación epidemiológica (CDC WONDER) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC WONDER es un sitio web que publica datos públicos de su sistema nacional de vigilancia de estadísticas vitales.

Algunas subpoblaciones pueden ser demasiado pequeñas en un solo estado y año para proporcionar una estimación fiable. Además, las protecciones de privacidad de los CDC prohíben la divulgación de las tasas de mortalidad calculadas a partir de menos de diez muertes. Las estimaciones del estudio están diseñadas para abordar estos retos utilizando datos de varios años cuando la estimación que utiliza el año más reciente de datos no sería fiable o comprometería la privacidad.

Los datos sobre las leyes estatales se extraen de la base de datos de RAND de legislación estatal sobre armas de fuego. Los datos legislativos son actuales hasta el 1 de enero de 2024 (no recogen los cambios legales más recientes).

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